Listado de la etiqueta: Gobierno Abierto

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Avances y preocupaciones sobre el discurso del presidente

El discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas del Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández presentó numerosas iniciativas y enunciación de políticas que son alentadoras en cuanto al acceso y goce de los derechos humanos, pero también dejó en el tintero cuestiones preocupantes y contradictorias en cuanto a políticas ambientales, de salud, y de inclusión, entre otras.

Dentro de los muchos anuncios, aquellas políticas relativas al fortalecimiento de la calidad institucional son las que mayor expectativa generan. La recurrente referencia al diálogo, al consenso y a la pluralidad son signos de voluntad hacia una democracia sana y duradera. También, estas propuestas muestran un claro interés en seguir desarrollando herramientas que mejoren la participación ciudadana, lo que ha sido y sigue siendo una deuda en el Estado argentino.

Entre los anuncios más importantes en materia institucional, se pueden destacar:

  •  La creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que en palabras del presidente “implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”. El mismo tendrá como misión ser el motor de políticas de Estado y políticas de la sociedad, y propone promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro, atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde,  atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales y afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces.En este punto cabe decir que en relación a la la agenda ambiental, la idea de atender de modo urgente el fenómeno del  cambio climático, resulta contradictoria con el resto del discurso, ya que el tinte extractivista de la política productiva que se advierte en él, excluye la posibilidad real de un abordaje serio a la problemática, respetuosa de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia.

    Por otra parte, es de destacar la voluntad política de apostar a la transparencia de las instituciones estatales, sin olvidar los avances que han sido logrados en los últimos años con relación al desarrollo de herramientas de gobierno abierto y de acceso a la información pública.

  • La creación de un Cuerpo Profesional de Servidores Públicos formados desde la academia, con arraigo a la carrera administrativa y para la transformación del Estado en la promoción de cambios de calidad en el sector público.La calidad institucional desde la carrera administrativa y con foco en la educación pública, podría significar un avance importante, y es momento de que el Estado tenga a disposición personas capacitadas que puedan aceitar los mecanismos vetustos y burocráticos que obstruyen la implementación de las políticas.
  • La creación de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas, también con énfasis en mejorar la implementación de medidas y acciones desde la administración estatal, para mejorar la efectividad de su tarea.Este tipo de iniciativas son bienvenidas, pero siempre que se implementen mecanismos para el monitoreo de su funcionamiento y participación desde la ciudadanía. Asimismo, es de suma importancia que el control sobre la calidad y efectividad de las políticas también se realice con acento en la transparencia y en la rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a la inversión pública.
  • Además, se destaca la iniciativa de reforma de Justicia Federal, en el marco del cual se creará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. El mismo se propone ser un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial.En este punto, es importante tener especial atención en los principios de la división de poderes en los procesos que vayan a iniciarse a partir de las iniciativas propuestas desde este órgano. Asimismo, es de fundamental importancia la colaboración de los tres poderes del Estado, para promover un real acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En lo que a salud pública respecta, más allá de la destacable referencia a vacunas, es preocupante la falta de mención al abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles: no se mencionaron medidas relativas a consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente.

Siguiendo la misma línea, y específicamente sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, se advierte un abordaje parcial de la problemática que no incluye la perspectiva de alimentación adecuada y de calidad, lo que resulta preocupante dados los altos índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestro país, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

En materia de integración global, se observa una agenda inclusiva, para avanzar en la asociación con países desarrollados, emergentes y en desarrollo. El presidente destacó tanto el diálogo con potencias de América y Europa como asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.

Resulta muy importante mejorar la asociación estratégica integral con China, pero es fundamental asegurar que tal relación no profundice las relaciones crecientemente asimétricas entre los dos países, y que no redunde en esquemas económicos de reprimarización de la economía argentina.

Políticas con perspectiva de géneros y diversidad sexual

Uno de los puntos más destacados del discurso fue el anuncio que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de legalización del aborto. El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que tiene el estado actual de la legislación, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Si bien aún no se conocen detalles del proyecto, el tratamiento de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene de la lucha incansable del movimiento de mujeres que reclaman este derecho desde hace años, y esperan que se trate de un proyecto fiel a los puntos que contempla aquel que fuera presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el año pasado.

Asimismo, Fernández anunció que enviará otro proyecto de ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en la primera infancia, al que se refirió como el programa de los primeros 1000 días.

Además, hizo tres anuncios relativos a la erradicación de la violencia de género:

  • Implementación de la Ley Micaela.
  • Lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021.
  • Ratificación del Convenio N ° 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

Sin dudas, este tipo de iniciativas dan fe del interés de este gobierno por erradicar las violencias contra las mujeres, lo que es impostergable. Sin embargo, llama la atención que se hayan omitido mencionar los derechos que aún faltan reconocer a otros colectivos e identidades, como el cupo laboral para las personas trans. Al hablar de aborto, solo se enunció a las mujeres, pasando por alto que hay otras personas gestantes que también pueden cursar embarazos no deseados. Es imprescindible atender a los factores que reproducen las desigualdades estructurales de estos colectivos.

Por eso es relevante remarcar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas y su correspondiente presupuesto con perspectiva de géneros, que contemplen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto se puede concretar a través de medidas que acompañen las trayectorias laborales y profesionales de personas LGBTIQ+, como por ejemplo, la implementación del cupo laboral trans.

Otra vez la deuda con el ambiente

En líneas generales, la perspectiva “ambiental” adoptada en el discurso de apertura de sesiones, se puede caracterizar como una visión extractivista, que contempla a los bienes ambientales tan solo como recursos para el desarrollo económico y social. Esto puede percibirse en aquellos tramos del discurso en los cuales se anunciaron, por ejemplo, iniciativas vinculadas con la promoción de proyectos e inversiones en materia de hidrocarburos y minería. A más, estas fueron calificadas por el presidente como la “palanca para el desarrollo productivo” del país.

Tal línea discursiva, resulta desalentadora en el contexto ambiental actual, el cual se encuentra teñido de tragedias socio-ambientales a causa del cambio climático, que afectan diferenciadamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de que se mencionan algunas pequeñas líneas de abordaje al cambio climático, tal idea resulta contradictoria con el posicionamiento extractivista que el presidente sostuvo a lo largo de todo el discurso, e incluso contradice los esfuerzos a nivel local y mundial tendientes a disminuir la promoción de aquellas industrias generadoras de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), como así también en diversificar las fuentes de energía.

En el ámbito local, recientemente Argentina sancionó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en contra del cambio climático, plasmando las directrices a seguir en torno al fenómeno. Uno de los objetivos de la ley (art.2, ley 27.520), consiste en establecer asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.

Asimismo, entre las medidas de mitigación que la ley prevé, se menciona la utilización progresiva de energías renovables, con la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la ley de política ambiental nacional n° 25.675, mediante el llamado “principio preventivo”, procura prevenir, antes que nada, los daños al ambiente.

Todo esto, debe de ser enmarcado también en el Acuerdo de París, Protocolo de Kyoto y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Ellos tienen entre sus objetivos principales, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.

También es preciso señalar que la República Argentina, posee una matriz energética cuyo 81.6 por ciento, proviene de combustibles fósiles, observándose sólo un ínfimo porcentaje en relación a otros tipos de energía (nuclear, hidráulica, eólica,etc).  Ello resulta de importancia debido a que, si la matriz energética no es diversificada, necesariamente requerirá de mayor producción y refinación de hidrocarburos. Así, la tendencia al autoabastecimiento, sin dudas implica un crecimiento en la explotación de dicha fuente energética, repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos relacionados a los Gases de Efecto Invernadero.

De tal modo, una política basada en perspectivas extractivistas, como aquella anunciada por el presidente, tiene serias implicancias. En primer lugar, desoye los principios que orientan al desarrollo sustentable, para emprender un “desarrollo” que no contempla la variable ambiental. En segundo lugar, incumple aquellos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico, que imponen obligaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, ignora la circunstancia de que cualquier afectación ambiental tiene serias repercusiones en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, estropeando sin dudas la justicia social de un modo directo.

Es por esto, que una política ambiental, en particular que contemple los efectos del cambio climático, debe de buscar el desarrollo de fuentes de energía renovables, contemplar verdaderas acciones de adaptación y mitigación, promoviendo el desarrollo con justicia y equidad ambiental, social e intergeneracional.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

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Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción: Necesitamos de políticas públicas integrales

La corrupción impacta negativamente en la calidad de nuestra democracia y afecta la vigencia de los derechos humanos, particularmente de aquellos grupos y comunidades más vulnerabilizados. Al reducir la cantidad y calidad de recursos públicos disponibles, se ven especialmente menoscabados los derechos económicos, sociales y culturales de la población. 

En materia de lucha contra la corrupción, nuestro país aún tiene pendiente numerosas reformas. Entre ellas, podemos mencionar como puntos ineludibles la modificación de la ley de ética pública, la sanción de un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, implementar políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejorar los organismos de control, implementar políticas de transparencia en los mercados y flujos financieros. También es necesario institucionalizar espacios de participación ciudadana, no solo en materia de lucha contra la corrupción, sino para garantizar una democracia más inclusiva.  

En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, las organizaciones de la sociedad civil resaltamos que para poder prevenir, detectar y sancionar la corrupción de manera exitosa son necesarias políticas públicas integrales, destinadas a los distintos sectores del Estado y los actores privados. Para eso, es necesario generar consensos amplios y robustos entre los diversos actores sociales. En este sentido, el Acuerdo Social Anticorrupción, elaborado por un grupo diverso de organizaciones y especialistas, tiene como finalidad trazar una hoja de ruta de las políticas públicas que se debieran implementar para construir un país con menos corrupción y, por ende, más justo e igualitario. 

Es posible acceder al documento en www.acuerdoanticorrupcion.org.

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Próximamente: Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto

Desde el mes de junio, se vienen llevando adelante distintas instancias de co-creación entre sociedad civil y gobierno en miras a la elaboración del Cuarto Plan de Gobierno Abierto de Argentina. Éste será publicado a comienzos de septiembre y aún hay instancias de participación virtual para quienes tengan interés en realizar aportes.

Argentina ya lleva implementados tres planes de Gobierno Abierto, elaborados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). En 2020 deberá implementarse el Cuarto Plan, por lo que desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto -compuesta por representantes de gobierno y de sociedad civil- se receptaron propuestas para la elaboración de los nuevos compromisos. 

Para trabajar en profundidad la elaboración de dichos compromisos, se desarrollaron 14 mesas de diversas temáticas tales como: Industrias Extractivas, Asuntos Indígenas, Transparencia Presupuestaria, Obra Pública, Trata de Personas, Agua y Saneamiento, Acceso a la Justicia, Género y otras. Desde Fundeps, estuvimos participando en la mesa de Gobiernos Subnacionales y en la mesa convocada por el INAM que abordó la federalización de la Ley Micaela. 

Asimismo, estuvimos presentes en la redacción ambos compromisos, que van a someterse a consulta pública durante el mes de Agosto. Para participar de la consulta pública, tiene que ingresarse al siguiente enlace.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Pasó la cumbre de OGP dejando más preguntas que respuestas

Durante la semana del 27 al 31 de mayo, tuvo lugar la Cumbre Global de la Open Government Partnership, en Ottawa, Canadá. Gobiernos, sociedad civil y aficionados/as a los temas de transparencia, se reunieron para debatir sobre las bondades de la apertura gubernamental. ¿Que nos dejó la conferencia?

La Open Government Partnership (OGP o Alianza para el Gobierno Abierto), es una iniciativa multilateral formada en el año 2008 por sugerencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama ante la Asamblea General de la ONU. Desde ese momento, la impronta de esta ‘institución’ ha sido lograr que los gobiernos alrededor del mundo logren implementar más y mejores políticas públicas de transparencia, apertura y participación ciudadana.

Por medio de planes de acción que duran dos años, los Estados se comprometen a diseñar políticas más cercanas a la realidad ciudadana, que transparenten los actos de gobiernos y permitan la participación social. Se trata de acciones cortas y concretas, cuya finalidad es lograr la construcción de instituciones más sólidas, inclusivas y confiables.

La OGP, desde su concepción, lleva adelante ‘Cumbres Globales’ que sirvan de espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de gobierno abierto. En 2019, se desarrolló la sexta cumbre, con más de 1000 participantes de aproximadamente 90 países del mundo y más de 80 paneles de expertos y expertas.

No obstante, luego de haber recorrido la Cumbre y participado de las discusiones, aparecen más preguntas y dudas, que respuestas. A pesar de que los espacios de las Cumbres Globales sirvan para conocer la realidad del gobierno abierto en otros lugares del mundo, el verdadero objetivo es el de lograr que dicho intercambio provea herramientas para acercar el gobierno a la ciudadanía en general. La idea clave, siempre ha sido ¿Cómo hacer que la apertura gubernamental cambie la vida de las personas y lleve soluciones a los problemas sociales actuales?

Este 2019, los paneles y charlas estuvieron muy enfocados en la cuestión de los principios del Gobierno Abierto, más que en las soluciones que este paradigma puede proveer. En términos generales, quedó una sensación de ‘vuelta atrás’ en las discusiones, retomando viejas problemáticas y dejando por fuera cuestiones importantes como: la salud, el medioambiente, el cambio climático, los servicios públicos, el acceso al agua, la educación, los recursos naturales, entre otros derechos. Si bien en un momento, desde OGP se impulsó la idea de comenzar a prestar atención a las cuestiones más concretas en donde se puede hacer un aporte, esta Cumbre pareció no recogerla.

En 2017, en la Cumbre Regional para las Américas de OGP, el lema fue lograr dar un paso más adelante con la idea de Gobierno Abierto, para ver resultados concretos. Lamentablemente, esto parece no estar presente en las discusiones de hoy en día. A pesar de haber logrado incluir la cuestión de género mediante la creación de la Feminist Open Government, aún quedan brechas por abordar en cuestiones de derechos humanos en general.

En 2019 el lema fue la ‘inclusión’. Empero, la Cumbre no fue inclusiva. Aquellos a quienes se pretende incluir en las discusiones de gobierno abierto, no estuvieron presentes en ese espacio: pueblos indígenas y afrodescendientes, grupos vulnerables y marginalizados, entre otros. Empoderar a quienes ya están empoderados, no tiene sentido. Convencer a quienes ya estamos convencidos que el gobierno abierto funciona, tampoco.

Para lograr un avance en esta materia, es crucial poder incluir a quienes no tienen acceso a la tecnología, a quienes ven vulnerados sus derechos y a quienes no tienen voz a la hora de la toma de decisiones.

Dentro de los debates de este año, se destacó la poca y casi ínfima cantidad de compromisos relacionados con participación ciudadana e inclusión. A pesar de ello, fue bueno saber que América Latina es la región más pujante en este sentido, con más de la mitad de los compromisos en este ámbito. ¿Es suficiente? No. Queda mucho por recorrer y solucionar. Sin ir más lejos, América Latina es también la región más peligrosa para los/as defensores/as de derechos humanos.

¿De qué manera el gobierno abierto puede subsanar esta contradicción? Somos la región que más avances ha hecho en temas de transparencia, pero la más peligrosa para quienes buscan participar en la toma de decisiones. Los niveles generales de apertura han mejorado, empero la gente nunca ha desconfiado más de las instituciones. El espacio de la Cumbre debiera haber servido para poner sobre la mesa estas problemáticas.

Es importante poder debatir sobre qué pasa luego de la transparencia, qué pasa luego de la publicación de datos ¿cómo eso se traduce en políticas públicas de mayor calidad, informadas y participativas? ¿cómo ser más inclusivos/as y lograr que esas políticas representen a todos los grupos sociales? En la cumbre se plantearon muchos problemas pero pocas soluciones. Es necesario lograr que los gobiernos se comprometan a elaborar planes más transformadores que fortalezcan las instituciones desde sus cimientos, y no con iniciativas de dos años (o menos) que luego no se traducen en prácticas estables. Nuevamente, ¿cómo se logra la trascendencia del gobierno abierto? ¿cómo evitar que esto sea una moda pasajera que cambie al momento en que los gobiernos en el poder, dejen paso a nuevos actores políticos?

Para el año 2020, Argentina tendrá la presidencia de OGP. Deseamos que pueda afrontar todos estos desafíos y como sociedad civil pondremos nuestro esfuerzo en ello, para incluir a quienes no estuvieron presentes este año y hablar de los temas que nos quitan de nuestros lugares de conformidad y privilegio. Es hora de que el ‘gobierno abierto’ deje de ser algo que se discute en círculos de ‘iluminados’ y elites, para que finalmente logre que quienes deben ser incluidos, puedan participar efectivamente y sin temores.

 

Más información:

Cumbre Global de OGP 2019

Cumbre regional de OGP para las Américas 2017

 

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Organizaciones impulsan una ley de Estado Abierto en Salta

Tras varios meses de espera, el gobierno de la provincia de Salta presentó un anteproyecto de ley de Estado Abierto, meta comprometida por la provincia en el 2017 para el III Plan de la Alianza para el Gobierno Abierto. Organizaciones de todo el país sumaron aportes al texto del proyecto.

Luego de más de un año de demora en el cumplimiento de un compromiso que asumió la provincia de Salta en materia de transparencia, finalmente las organizaciones lograron destrabar la discusión y acceder al anteproyecto de Ley de Estado Abierto. Se trata de un compromiso que Urtubey asumió en el marco del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un plan de trabajo firmado en 2017 junto a áreas del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso, el Consejo de la Magistratura y otras 10 provincias que sumaron compromisos subnacionales.

«Salta no cuenta aún con una ley que garantice el acceso a la información pública y la transparencia. Si el gobierno cumple con su compromiso, y se sanciona la Ley de Estado Abierto, habremos dado un paso significativo en materia de calidad institucional y democrática», afirma Gonzalo Guzmán Coraita, Director de Salta Transparente.

El proyecto de ley persigue el objetivo de regular el acceso a la información y la transparencia en la provincia, una de las pocas que no cuenta con esta normativa. Desde la Sociedad Civil el planteo es claro: es necesario que sea ley, y para ello el proyecto debe llegar finalmente a la Legislatura y que el debate sea abierto y de cara a la ciudadanía para continuar participando del proceso de formación de la ley, y garantizar que sea completa e integral, como se propone.

Es fundamental que la normativa alcance como sujetos obligados a todos los poderes del Estado provincial, que ponga a disposición no sólo información administrativa sino también la relativa al trabajo particular de cada área y que queden claras las funciones y autonomía del órgano garante, cómo se constituirá y se elegirán sus miembros.

Salta Transparente, organización local que encabeza el trabajo de la sociedad civil en temas de transparencia, acceso a la información y ética pública viene trabajando junto a la Fundación Directorio Legislativo y organizaciones provinciales, en el monitoreo de compromisos asumidos por los gobiernos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se trabajó en recomendaciones y aportes junto a organizaciones de distintos puntos del país como Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Fundación Nuestra Mendoza, Fundación Conocimiento Abierto, Fundeps, CLADH, Escuela de Fiscales, FEIM, Fundación Transparencia Ciudadana, entre otras.

El pasado 21 de mayo, el gobernador Urtubey envió a la legislatura el proyecto, con algunos de los cambios presentados por la sociedad civil al proyecto original. Aún no hemos recibido respuesta y justificación sobre la incorporación de los comentarios elevados. La aprobación de esta norma significa un gran avance a nivel provincial en materia de acceso a la información, transparencia y gobierno abierto. Se sentaría un precedente para el avance del resto del país en legislaciones más robustas sobre acceso a la información.

Más información:

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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¿De qué trata el plan nacional anticorrupción que busca consolidar la “transparencia y la integridad”?

La corrupción es un fenómeno complejo, multifacético, social, político y económico, que afecta a todos los países, con consecuencias graves. De acuerdo con el Banco Mundial “…la corrupción es comúnmente definida como el abuso de un cargo público o privado para beneficio propio…”

El pasado jueves 11 de abril el gobierno hizo oficial, a través de un decreto, el lanzamiento de un nuevo plan anticorrupción que regirá en el periodo 2019-2023.  Esta medida fue impulsada por la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, que se encuentra bajo el comando de Fernando Sánchez. El plan se basa principalmente en cuatro convenciones internacionales que han sido ratificadas por nuestro país:

  1. Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (CICC).
  2. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).
  3. Convención de Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional.
  4. Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Además, se han tenido en cuenta las evaluaciones que los mecanismos de seguimiento han realizado para argentina.

Se trata de un paquete de 250 iniciativas que van ser aplicadas durante los próximos 5 años, en concordancia con una variedad objetivos prioritarios y lineamientos estratégicos. Cada una de ellas tiene un determinado plazo de ejecución, cuyo cumplimiento estará a cargo del organismo responsable que se le haya asignado. La normativa alcanzará a 48 organismos estatales comprometidos, 22 centralizados y 26 descentralizados.

Según Laura Alonso, en una entrevista para el diario La Prensa, el nuevo plan parte de “tres ejes fundamentales: promoción de la integridad y la transparencia; el control y la sanción de la corrupción en el ámbito administrativo; y en comprometer a todos los Ministerios y a las agencias descentralizadas del Poder Ejecutivo nacional, a que propusieran políticas específicas sectoriales.”

Dentro de los objetivos prioritarios previamente mencionados podemos encontrar: Fortalecimiento institucional, Modernización del Estado e Inserción inteligente al mundo, que a su vez se relacionan con los lineamientos estratégicos mencionados por la titular de la Oficina Anticorrupción. De igual forma, como base, el plan toma el paradigma de gobierno abierto y transparencia.

Dentro de las reformas y acciones propuestas se establece el trabajo en:

  • Sistemas de contratación pública: se prevé transparentar todo lo relativo a la contratación pública, establecimiento de sistemas informáticos y el desarrollo de mesas participativas para la gobernanza de la obra pública. Asimismo, se busca implementar programas de integridad y sistemas de contrataciones abiertas.
  • Transparencia activa focalizada: remite a la publicación proactiva de información clave en temas de corrupción: presupuesto, compras y contrataciones, dotación de personal, beneficiarios de subsidios y transferencias, publicidad oficial, financiamiento a partidos políticos, entre otros. De igual manera se capacitará a los funcionarios implicados en temas de acceso a la información pública y se publicará un índice de transparencia activa.

Esta serie de reformas son un punto de partida clave para la consolidación de un Estado eficiente, con un alto grado de transparencia y adaptable a las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea. Es además importante que la sociedad civil esté atenta al cumplimiento e implementación de las medidas descritas en el plan. Es importante que un Estado acompañe las medidas de sanción y castigo a la corrupción, con sistemas de fortalecimiento y transparencia institucional que prevengan los delitos de este estilo. Por esto último, celebramos el plan, y esperamos que tenga continuidad luego de las elecciones 2019. En adición, se espera que existan reportes periódicos que muestren el avance de las acciones en marcha para cumplimentar lo propuesto.

Más información:

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Agustina Palencia –  agustinapalencia@fundeps.org

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¿De qué trata el plan nacional anticorrupción que busca consolidar la “transparencia y la integridad”?

La corrupción es un fenómeno complejo, multifacético, social, político y económico, que afecta a todos los países, con consecuencias graves. De acuerdo con el Banco Mundial “…la corrupción es comúnmente definida como el abuso de un cargo público o privado para beneficio propio…”

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Organizaciones se reúnen con el Consejo Federal para la Transparencia por primera vez

Durante el 21 de mayo se llevó adelante la tercera reunión del Consejo Federal para la Transparencia en la ciudad de Salta. Por primera vez, se abrió un espacio para la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Pasó la tercera reunión del Consejo Federal para la Transparencia en la ciudad de Salta. El 21 de mayo, representantes de los gobiernos provinciales concurrieron a la primera sesión de 2019 del órgano creado por la ley nacional de acceso a la información pública.

En 2018, en Buenos Aires, se realizaron los dos primeros encuentros y se dejó pautado que para este año las provincias anfitrionas deberían ir cambiando. Para la segunda mitad del año se espera que Tierra del Fuego aloje a los/as funcionarios/as.

¿Qué es el Consejo Federal para la Transparencia? El artículo 29 de la ley 27275 de acceso a la información pública establece que se trata de un organismo interjurisdiccional de carácter permanente, que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Luego de la entrada en vigencia de la ley a finales de 2017, en el año 2018 comenzó a funcionar el Consejo.

Tal y como explicita el texto de la norma, se trata de un organismo en el que participan representantes de todas las provincias, para concertar políticas de transparencia y acceso a la información. Se reúnen dos veces al año, y por primera vez, se abrió el espacio para que participen organizaciones de la sociedad civil. La apertura de esta instancia fue gracias a la presentación de una carta, realizada por la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (de la cual Fundeps es miembro fundador) a finales de 2018.

Durante esta tercera sesión, Fundeps, Poder Ciudadano y Salta Transparente, estuvimos presentes en representación de la ROCC para plantear nuestras preocupaciones y perspectivas sobre la situación del derecho de acceso a la información a nivel provincial. Propusimos específicamente la creación de un plan nacional de acción para la estandarización de los principios de transparencia en todo el territorio nacional. A este respecto, se planteó la posibilidad de tomar como punto de partida, la ley nacional de AIP. De igual manera, mencionamos la necesidad de que el Consejo funcione como espacio que abrace la causa de la ética pública, y sea capaz de establecer directrices específicas sobre este tema y el acceso a la información (sobre todo, en lo que a declaraciones juradas refiere).

La sesión en Salta tuvo por objeto también revisar el mandato y estatuto del Consejo. De acuerdo a lo expuesto por Eduardo Bertoni (presidente del Consejo y titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública), la revisión incluiría la incorporación de un espacio para las OSC de manera permanente en las reuniones. También, aseguró que la estandarización de los principios de transparencia en todo el país es la razón de ser de este organismo.

La reunión contó además con la presencia del Banco Mundial, institución que ha tenido a cargo el relevamiento de datos acerca del estado de situación de la normativa sobre acceso a la información pública en las provincias. Se presentaron los avances y resultados, y estarán disponibles en los próximos días. Este estudio fue sólo de análisis legislativo, sin ahondar en las cuestiones de implementación de las leyes en cada provincia. En términos generales, lo arrojado por la evaluación da cuenta de un panorama muy dispar en lo que acceso a la información se refiere. Mientras que hay provincias con normas de avanzada en esta materia, otras (entre las que se pudiera incluir a Córdoba), tienen leyes que datan de muchos años y que restringen más que lo garantizan el derecho a disponer de los datos e información en manos del Estado.

Como integrantes de la sociedad civil, aplaudimos la iniciativa y agradecemos el espacio otorgado. Esperamos que para las próximas reuniones, asistan una mayor cantidad de representantes de las provincias. Lamentablemente, este encuentro contó sólo con la presencia de 7 provincias y particularmnte, Córdoba no estuvo presente. Es fundamental que, para lograr una verdadera sinergia entre el Estado y la ciudadanía, cada representante provincial se haga presente en este espacio. De otra manera, no se puede avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información de forma integral y completa en la Argentina.

Más información:

Ley de Acceso a la Información Pública

Sitio web de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Minutas de las reuniones del Consejo Federal para la Transparencia

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Participamos de la Conferencia Regional Anticorrupción

Durante la semana del 6 al 10 de mayo se llevó a cabo la Conferencia Regional Anticorrupción para América de Sur y México, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Representantes de la sociedad civil, gobierno y sector privado, se reunieron para debatir sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.

La jornada constó de 4 días de trabajo en los que 20 organizaciones de la sociedad civil, representantes de 10 gobiernos y algunas personas pertenecientes al sector privado, trabajaron en recomendaciones para el avance en la implementación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción. Los ejes del debate fueron: sistemas de integridad, responsabilidad legal corporativa, protección de reportantes y cooperación judicial internacional.

Las organizaciones de la sociedad civil, trabajamos en una serie de recomendaciones por cada uno de los temas que fueron propuestos. En términos generales, se planteó la necesidad de abordar de manera transversal: (i) el acceso a la información pública; (ii) modelos de gestión de la información abiertos e interconectados de beneficiarios reales, declaraciones juradas de interés, declaraciones juradas de bienes, etc; (iii) la independencia e integridad del poder judicial y los organismos de control; y (iv) la creación de indicadores y categorías para medir el avance en la implementación de la Convención.

Particularmente, sobre cada eje las OSC recomendamos lo siguiente:

  • Sistemas de integridad: en general se identificó la necesidad de contar con normativa y sistemas más robustos que permitan mayor transparencia de las declaraciones juradas. En necesario contar con plataformas unificadas orientadas a mejorar la accesibilidad de esta información (disponibilidad en formatos abiertos, por ejemplo). Además, los Estados deben avanzar en la creación de marcos legales que contemplen regulen posibles conflictos de interés mediante el impedimento del paso de personas del sector privado al público y viceversa (puertas giratorias).
  • Responsabilidad legal de las personas jurídicas: se destacó la urgencia para que las empresas adopten programas o planes de integridad, de manera obligatoria. Especialmente para aquellas que contratan con el Estado. Asimismo, es de vital importancia ponderar el tamaño de las empresas y el nivel de riesgo de exposición a delitos de corrupción. Sobre esto, deben existir regímenes especiales para pymes y organizaciones de la sociedad civil.  
  • Protección de denunciantes: se marcó que resulta indispensable desarrollar políticas públicas, marcos legales y mecanismos independientes que implementen y otorguen protección activa y efectiva a los/as denunciantes, testigos y reportantes. Esto, para evitar que la posibilidad que sean víctimas de represalias.
  • Cooperación judicial internacional: la sociedad civil recomendó la existencia de mecanismos que, respetando la confidencialidad de los procesos, permitan involucrar a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para ayudar a implementar casos de reparación, proveer evidencia y ejercer un adecuado control social de los procesos de cooperación judicial internacional en casos de corrupción.

Luego de 4 días de conferencia, los Estados por su parte, trabajaron en un documento específico de recomendaciones que se comprometieron a cumplimentar. Será trabajo de la sociedad civil monitorear dichos compromisos y velar por su efectiva aplicación en pos de avanzar con la implementación de la convención.

Más información:

Recomendaciones de la sociedad civil.

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Transparencia y rendición de cuentas en las campañas electorales

Cada 30 de octubre se celebra el día de la recuperación de la democracia en Argentina; para recordar el momento en que culminó el período de facto que se extendió desde 1976 a 1983. Hoy, a 35 años de las elecciones que otorgaron el cargo de presidente a Raúl Alfonsín, aún es difícil hablar de transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales argentinos.

En el mes de julio de este año, se abrió una investigación judicial preliminar a partir de revelaciones que el periodista Juan Amorín publicó en el sitio El Destape respecto de la campaña legislativa de 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Según lo informado, más de 200 beneficiarios de planes sociales figuran como aportantes a esa coalición, al igual que numerosas personas que aparecen como afiliadas al Pro y que denuncian no haberse afiliado nunca a esa agrupación. La causa fue iniciada por el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello y luego fue girada al juzgado con competencia electoral bonaerense que está a cargo del juez Adolfo Ziulu.

Simultáneamente, la Cámara Nacional Electoral como autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral, mediante una auditoría interna objetó la rendición de cuentas de la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones del 2017. Además, la auditoría advirtió sobre otras irregularidades como aportes efectuados por empresas o entidades prohibidos por la ley. De esta manera, le entidad aconsejó al juez federal Adolfo Ziulu no aprobar la rendición de cuentas de la campaña de Cambiemos de cara a las elecciones primarias del año pasado.

Asimismo, a raíz de la mencionada publicación se iniciaron otras dos causas. Una de ellas es instruida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, y se investiga el presunto lavado de dinero al desconocerse el origen de los fondos. La otra se inició con la denuncia de la diputada Teresa García (FPV) por la posible comisión de hechos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos, y violación de secretos y privacidad. La misma quedó en el juzgado de Ernesto Kreplak.

Como consecuencia, el gobierno de Mauricio Macri apuró el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos, con el fin -entre otros- de prohibir los aportes de dinero en efectivo en las campañas electorales y habilitar el aporte de personas jurídicas.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC), una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro, sostiene que desde la reforma electoral nacional de 2009, Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basan principalmente en aportes públicos. La norma, hasta el momento, fue aplicada en tres procesos electorales y sirvió de marco para el ejercicio del financiamiento ordinario de los partidos.

CIPECC analiza que el balance de esa experiencia acumulada es desparejo. Por un lado, se garantiza un piso de equidad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación masiva. Por otro, hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas. Esta informalidad tiene efectos perjudiciales para la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero proveniente de actividades ilícitas.

La importancia de la rendición de cuentas en las campañas electorales denota la necesidad de contar con un gobierno abierto en este sentido. Un gobierno abierto es un gobierno transparente, es decir, un gobierno que fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y que proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. También, es un gobierno colaborativo lo que implica un gobierno que compromete a los ciudadanos y otros actores, internos y externos a la administración, en su propio trabajo. Por último, un gobierno participativo, lo cual significa que favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos.

La transparencia no aporta valor por sí misma si no se vincula con la rendición de cuentas. Así, mientras la transparencia privilegia una condición informativa, la rendición de cuentas implica la presentación de evidencias que lleven a la argumentación para justificar el ejercicio de la autoridad o la responsabilidad asignada.

Existen organizaciones que trabajan en promover esta transparencia. La Alianza para el Gobierno Abierto, en inglés conocida como OGP (Open Government Partnership), es una iniciativa multilateral que involucra a gobiernos y a organizaciones de la sociedad civil para promover la transparencia, la participación y la innovación gubernamental. Argentina se incorporó en 2012 y hoy lleva en marcha su tercer Plan de Acción. Entre los compromisos consensuados se encuentra la elaboración de un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que atienda los problemas identificados y garantice el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Se busca garantizar la visibilidad del origen y destino de los fondos destinados a financiar la política, el conocimiento por parte dela ciudadanía en línea y en tiempo real de las transacciones realizadas con los fondos partidarios en campaña y el control ciudadano sobre cómo se financian los partidos. 

Lo sucedido en la campaña electoral legislativa en 2017 demuestra el estadio de inmadurez de nuestra democracia. En vistas de las elecciones 2019, entonces, resulta imprescindible que la ciudadanía esté alerta y exija que la rendición de cuentas esté presente en todo momento. Los resultados de la investigación realizada, surgieron de una fuente accesible a toda la sociedad, de datos abiertos que todxs teníamos a nuestra disposición. Esto finalmente manifiesta que es responsabilidad de la ciudadanía apropiarnos de la información que el Estado publica para controlar los actos de gobierno.

Autora:

Stefania Piñero 

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Conversatorio sobre «Transparencia y Rendición de Cuentas»

El día miércoles 3 de octubre se llevará a cabo el Conversatorio de “Transparencia y Rendición de Cuentas” en The Tech Pub ubicado en Velez Sarfield 576 – 5to piso, Ciudad de Córdoba.

La entrada es gratuita y con cupos limitados, para asistir debes completar el formulario haciendo click aquí

El conversatorio contará con dos paneles en los cuales se tratarán diversas temáticas, entre ellas:

  • Acceso a la información y justicia ambiental
  • Asociaciones publicas-privadas
  • Transparencia en el sistema penitenciario
  • Gobierno abierto

Las personas que disertarán serán:

  • Leandro Gómez – Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
  • Valeria Enderle – Fundación Cultura Ambiental Causa Ecologista (CAUCE)
  • Fabiola Cantú – Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH)
  • María Gabriela Larrauri – Asociación Civil para la Construcción de un Gobierno Abierto (AGA)
  • Melisa Gorondy – Instituto Federal de Gobierno (IFG)

Accedé al PROGRAMA COMPLETO

¡Te esperamos!

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Gobierno Abierto: Argentina buscando avanzar con firmeza

Durante el mes de abril, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, disertó en el Palacio San Martín en materia de Gobierno abierto, ratificando el compromiso del Estado argentino con las políticas que promuevan el acceso fácil de la información de gestión pública a la ciudadanía. Lo hizo para presentar el lanzamiento del “Estudio OCDE sobre Gobierno Abierto en Argentina”, acompañado por la Secretaria General Adjunta de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la finlandesa Meri Kiviniemi, y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris.

El estudio de la OCDE se realizará a lo largo de este año 2018 y se espera presentarlo al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en abril del 2019. Dicho reporte presentará dos objetivos principales: primero, apoyar la implementación de estrategias e iniciativas de gobierno abierto a través de un análisis profundo del estado actual de las reformas del gobierno nacional enfocadas a fomentar la aplicación de estos principios, tanto en la administración pública nacional como provincial. Como segundo objetivo, intentará acompañar a las provincias argentinas en el proceso de mejorar sus estrategias e iniciativas de gobierno abierto, a través de un enfoque basado en datos y revisión por pares. Dicho proceso de revisión incluirá visitas a tres provincias del país, seleccionadas conjuntamente por la OCDE y el gobierno argentino.

El Gobierno Abierto es una forma de desarrollar políticas públicas de manera abierta, con el objetivo de facilitar el acceso a la información, incentivar la participación ciudadana e intensificar el sistema de rendición de cuentas. Implica una modalidad de gestión pública más transparente, participativa y que mejora la colaboración entre el Estado, el Gobierno y la Sociedad Civil.  Este movimiento tuvo sus orígenes en la Gran Bretaña de los ’70, como un movimiento que buscaba desarticular el secretismo y obscuridad burocrática que regían la política británica. Actualmente está impulsado a nivel internacional por la llamada Alianza de Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para avanzar en la promoción del Gobierno Abierto

Por otro lado, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una organización que agrupa a 35 países, entre los que se encuentran los más importantes centros económicos y financieros, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Ésta ha apoyado las iniciativas de Gobierno Abierto y ha emitido recientemente una Recomendación para que los países, tanto Miembros como no-Miembros que adhieran a la recomendación, adopten e implementen  estrategias e iniciativas  de gobierno abierto que promuevan los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas  y participación  de las partes interesadas en el diseño y entrega de políticas y servicios públicos, de manera abierta e inclusiva.

Argentina tiene una larga historia de relacionamiento con la OCDE, adhiriéndose a múltiples declaraciones y convenciones de la Organización, así como participando de órganos oficiales y el Centro del Desarrollo de la OCDE. Sin embargo, no es Miembro aún y es bien sabido que desde el gobierno nacional se desearía poder conseguir la invitación formal de la Organización para pasar a serlo, o cuanto menos  mantener las mejores relaciones posibles con quienes la integran, puesto que se trata de los países de donde proviene gran parte de la Inversión Extranjera Directa (IED). Por lo tanto, es de gran importancia para el Gobierno someterse a un estudio por la OCDE y que, sobre todo, arroje buenos resultados que puedan mejorar su imagen internacional.

Sin embargo, y más allá de lo que la importancia de este estudio de la OCDE para el gobierno nacional y los resultados que arroje, debe aclararse que aún queda mucho por andar en el camino del gobierno abierto en Argentina. Su aplicación efectiva debe basarse en el acceso abierto y fácil de la información pública por la sociedad civil, pero también debe contener mecanismos adecuados que aseguren que esta sociedad civil pueda participar e interactuar con la toma de decisiones a partir de esta información. Por último, pero no menos importante, entre las medidas debe incluirse las pertinentes a la desburocratización, que faciliten el ejercicio de las dos anteriores.

Partiendo de lo establecido en Tercer Plan de Acción Nacional para el período 2017-2019 lanzado por Ministerio de Modernización y los compromisos que este propone, puede observarse que desde el Estado argentino sólo se ha avanzado en cuanto a la primera característica de un gobierno abierto, la accesibilidad a la información por parte del público general y no sin problemas, como detalla el portal de la Open Government Partership en su sección dedicada a la Argentina.

Vale también aclarar que los movimientos relacionados con hacer efectiva y real la participación de la sociedad civil de momento parecen haberse limitado a actividades de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto y demás jornadas y relevamiento de demandas: lejos del establecimiento eficaz de mecanismos institucionales que se integren a la toma de decisiones. En cuanto a la desburocratización, se han hecho avances de la mano del uso de las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación ligadas a internet para agilizar trámites y consultas desde la sociedad hacia el Estado, como la implementación en 2016 de la Plataforma de Consulta Pública. Sin embargo, aún quedan diversos ámbitos donde la reducción de la burocracia no ha llegado, por no mencionar que aún queda por verse hasta qué punto estas herramientas sean efectivas dentro del camino hacia un gobierno abierto.

Claramente, considerando todo lo anterior, puede afirmarse que, en pos de alcanzar una toma de decisiones en políticas públicas transparente, con participación ciudadana y rendición de cuentas, deben realizarse muchos más avances que hasta ahora. Quizás el anunciado estudio de la OCDE abra una ventana para que organizaciones, expertos y la sociedad en general puedan hacer oír su voz e impulsar las medidas necesarias.

Autor:

Agustín Fernandez Righi

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org