Durante el mes de abril, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó nuevas directrices para la mejora en su Fase de Consulta. Se trató de un proceso participativo que involucró a diferentes organizaciones de la sociedad civil en la revisión del primer borrador.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es la entidad encargada de receptar quejas respecto de cualquier proyecto financiado por el Grupo BID. En este sentido, cualquier agrupación de dos o más personas que se viese afectada por un proyecto financiado por estas instituciones, puede acudir al mecanismo en busca de una solución. Cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

A los fines de llevar a cabo su tarea, el MICI dispone de dos funciones o fases: (a) Verificación de la Observancia y (b) Consulta. Quien presenta la queja puede elegir utilizar una de las funciones o ambas. La Verificación de la Observancia es llevada adelante por el MICI exclusivamente y se trata de una investigación respecto de la violación de alguna de las políticas operativas del banco. La Consulta, involucra tanto a quienes presentan la queja como a la parte que ha tomado el préstamo. Esta última función se trata de un proceso similar a una mediación y su objetivo es lograr el consenso entre las partes involucradas para llegar una solución.

Sobre esta segunda fase, el MICI elaboró un documento para uso interno que pretende mejorar el proceso de queja para quienes deciden utilizar esta función del mecanismo. A este respecto, cabe mencionar que esta función debe atender específicamente a las necesidades de las partes involucradas y al contexto de la queja. En estas nuevas directrices se puso especial atención a las comunidades afectadas que presentan la queja, como así también a los riesgos y peligros en los que se pueden ver envueltas. Esto cobra una especial importancia siendo que los últimos años han dejado en claro que los defensores y defensoras de DDHH viven en una situación de constante peligro.

En este sentido, la presentación de una queja ante el MICI puede tornarse en algo que puede poner en riesgo la vida y/o seguridad de quienes acuden al mecanismo. Las nuevas directrices tratan de abordar este tema sosteniendo que el MICI debe actuar frente a las situaciones de imbalances de poder, y al mismo tiempo lograr que el proceso de mediación sea adecuado a las necesidades de las partes. Dentro de esta lógica, las directrices proponen abordar la fase de consulta atendiendo a seis (6) principios importantísimos: (a) el Co-Diseño de los procesos, (b) la Acción sin Daño, (c) la Buena Fe, (d) la Voluntariedad, (e) la Sostenibilidad y (f) la Atención a las Simetrías.

De lo último se sigue que el afán de delinear estas reglas tiene como objetivo mejorar de manera considerable el proceso de queja, al mismo tiempo que robustece la política general del MICI. Consideramos que este es un paso fundamental en la adopción de mejores estándares que garanticen la rendición de cuentas de las instituciones financieras y el acceso a un remedio efectivo por parte de las comunidades afectadas. De igual forma, aplaudimos que la adopción de estas directrices se haya hecho en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Eso dejó en claro que el MICI está dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo y que han sido capaces de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener.

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