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Democracia, Género, Noticias

Organizaciones de la sociedad civil y académicas rechazan ante el Senado la candidatura de Lijo y García-Mansilla a la CSJN

Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina nos presentamos ante la Cámara de Senadores de la Nación para exponer los motivos por los que consideramos que los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de nuestro país.

Como organizaciones de la academia y la sociedad civil con larga trayectoria en materia de derechos humanos, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos.

Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura. 

Por su parte, Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes. 

Asimismo, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la flagrante falta de representación de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema. La inclusión de nuevos miembros debería reflejar la diversidad de género y de especialización temática y regional, para asegurar una representación adecuada de un país federal como el nuestro. Es necesario recalcar que la diversidad de género en los cargos públicos y en los órganos de toma de decisiones, resulta un requisito legalmente vinculante derivado de nuestra constitución y tratados internacionales. 

Además, en esta oportunidad algunas organizaciones remitieron preguntas y cuestionamientos para que sean contestadas por parte de los candidatos de manera pública, tal como lo habilita el procedimiento de la Cámara Alta. 

Las preguntas presentadas a García Mansilla incluyen: ¿Cómo justifica su candidatura a la Corte Suprema en un contexto donde se exige una representación equitativa de género y su nombramiento perpetuaría la subrepresentación de mujeres en el tribunal? ¿Qué acciones concretas ha tomado para avanzar en los derechos de las mujeres y diversidades en su carrera?. Mientas que las preguntas formuladas a Lijo fueron: ¿Cómo puede su candidatura contribuir a una representación equitativa de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cómo garantiza la transparencia y ética en sus decisiones judiciales?

En estos contextos, creemos imprescindible que desde el Senado se consulte a los candidatos en las líneas aquí expresadas, así como también se indague en forma pormenorizada sobre los puntos neurálgicos que hemos advertido en nuestras impugnaciones. 

Exigimos que las y los Senadoras y Senadores estén a la altura de las circunstancias, y NO presten el acuerdo para la aprobación de estas candidaturas en defensa de los Derechos Humanos y los más altos valores de justicia.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

19 de agosto de 2024
Etiquetas: Acceso a la Justicia, Democracia, Género, Género y participación
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La Legislatura de Córdoba otorgó a Fundeps un bene La Legislatura de Córdoba otorgó a Fundeps un beneplácito por el Tercer encuentro Redes de compromiso y cuidados: “Acceso a la salud sexual integral. Debates urgentes”. El encuentro se realizó el pasado 20 de junio y reunió a más de cien profesionales de toda la provincia.

La mención (aprobada por unanimidad) fue iniciativa de la Legisladora Karen Acuña, en coautoría con las legisladoras Silvina Jurich, Ariela Szpanin, Doris Mansilla y Julieta Rinaldi. La misma expresa: “iniciativas con estas características, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, resultan fundamentales para fortalecer la protección y el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, al tiempo que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria".

Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo y fortalece sin dudas los vínculos y el camino conjunto en pos del acceso a derechos en nuestra provincia.
Este viernes 31 de julio realizamos un nuevo encue Este viernes 31 de julio realizamos un nuevo encuentro de formación en derechos sexuales y (no) reproductivos. 

En articulación con el Consultorio de Salud Integral y con el aval de la DAJA, compartimos la jornada de capacitación con profesionales del Hospital Vicente Agüero de Jesús María.

Más de 15 profesionales de diversas disciplinas se dieron cita, para conocer diferentes aspectos de la práctica de AMEU y fortalecer su trabajo diario, en pos del acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Como en cada instancia, celebramos el compromiso de cada participante y agradecemos especialmente a la Dra. Kenia Torres y al Director del Hospital, Dr. Javier Díaz, por la predisposición para recibirnos.
La información como herramienta ya está disponible La información como herramienta ya está disponible en Aprender con Fundeps.

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✊ Una victoria para quienes defienden el ambiente en América Latina y el Caribe: la Corte confirmó que proteger a las personas defensoras del ambiente no es opcional. Es una obligación legal.

⚖️ Para explicar qué exige esa protección, la Corte se apoyó en el Acuerdo de Escazú. Resultado: la gran mayoría de Estados de América Latina y el Caribe no pueden ignorar los estándares de Escazú, incluso si aún no han ratificado el tratado.

🔎 La implicación es clara: los países de la región deben fortalecer el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de quienes defienden el ambiente. 

📝 La Opinión abre nuevas rutas para frenar la criminalización de personas defensoras, responder a las restricciones al espacio cívico y defender la participación pública en países como Costa Rica, Guatemala y Perú. Compartimos el análisis de  @manizalmigrante del @ciel_org

📣 La discusión ya no es si los países de América Latina y el Caribe deben proteger a quienes defienden el ambiente. Eso ya está claro. Ahora hay que usar la Opinión: en tribunales, reformas, debates públicos y procesos de movilización para exigir mejores garantías y mayor protección.

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