A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610, Fundeps presenta un relevamiento provincial que sistematiza avances, barreras y buenas prácticas en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Córdoba. El informe aporta evidencia producida junto a equipos de salud y activismos feministas, en un contexto nacional desafiante para la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
A más de cinco años de la sanción de la Ley N° 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), el acceso efectivo al aborto seguro continúa presentando desafíos en su implementación que requiere monitoreo, producción de evidencia y estrategias sostenidas de fortalecimiento de la política pública. En este marco, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentamos la investigación “Interrupción del embarazo en la provincia de Córdoba: avances y desafíos en la implementación de la Ley N° 27.610”, que sistematiza barreras persistentes y buenas prácticas en el sistema público de salud de la provincia de Córdoba.
Este informe es el resultado de una investigación desarrollada entre los meses de mayo y octubre de 2025, orientada a identificar las condiciones reales de acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva en Córdoba. A partir de un relevamiento participativo con efectores y efectoras de la salud, el estudio realizado por Consuelo González Clariá, en articulación con el área de Géneros y Diversidad de Fundeps, aporta información relevante para mejorar la implementación de los servicios y consolidar prácticas que garanticen derechos, especialmente en contextos adversos.
La investigación se desarrolló con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Incluyó 80 encuestas a trabajadores y trabajadoras de la salud de distintos departamentos y jurisdicciones de la provincia, con un análisis estadístico descriptivo no probabilístico, y cinco entrevistas semiestructuradas seleccionadas mediante una muestra intencionada. La encuesta fue respondida mayoritariamente por profesionales de medicina familiar o general (51,2%) y de trabajo social (22,5%), y en menor medida por ginecología y obstetricia (11%) y psicología (7,5%). Lo que da cuenta del carácter interdisciplinario que hoy asume la garantía del derecho al aborto en el sistema público.
Un diagnóstico situado sobre el acceso al aborto en la provincia
Los resultados de la investigación muestran un proceso sostenido de expansión y normalización de la práctica del aborto en la provincia. La interrupción del embarazo —ya sea con el uso de misoprostol solo, el esquema combinado de misoprostol y mifepristona, o mediante la Aspiración Manual Endouterina (AMEU)— se garantiza en todos los niveles de atención, con variaciones a nivel regional.
Casi el 80 % de las personas encuestadas afirmó que la práctica se resuelve en una o dos consultas, lo que da cuenta de un proceso de simplificación de la atención y de fortalecimiento de circuitos institucionales.
Persisten desafíos en la implementación del procedimiento instrumental de AMEU que se concentra en algunos centros de salud con trayectoria en su realización, a los que se suman algunas experiencias más recientes en el primer y segundo nivel de atención. Sólo el 22 % de las personas encuestadas afirmó que se realiza la práctica de AMEU en las instituciones en las que trabajan. Los principales obstáculos los constituyen la falta de formación técnica, práctica supervisada, articulación con servicios de emergencia y la posibilidad de garantizar espacio y baño para la recuperación.
En términos de apoyo institucional a los equipos de salud que garantizan abortos, se observan diferencias significativas entre la ciudad capital y el interior provincial. En la ciudad de Córdoba, la mayoría de las y los profesionales de salud manifestaron recibir “bastante” (55%) o “mucho apoyo” (25%) para la realización de IVE. En el interior, en cambio, el escenario es más dispar: el 90 % de las respuestas se reparte casi en tercios entre “mucho”, “bastante” y “poco” apoyo, con menores niveles de apoyo en el norte y oeste provincial.
Los conflictos institucionales se concentran principalmente en las áreas de farmacia, guardia y ginecología. En este sentido, se destaca como buena práctica la prolijidad administrativa, que permite construir alianzas internas y generar confianza a partir de la identificación del equipo de IVE con valores como la transparencia y la responsabilidad.
Las entrevistas permiten afirmar que el reconocimiento institucional de la práctica no fue un proceso automático ni lineal: el conocimiento, el compromiso y la legitimidad de los equipos se construyeron a lo largo de los años, mediante estrategias sostenidas de formación, trabajo interdisciplinario, construcción de consensos y acumulación de experiencia dentro de las instituciones.
En este sentido, las condiciones precarias de contratación atentan contra la estabilidad de los equipos y la sostenibilidad del servicio. Mientras en la capital se concentran los cargos de planta permanente que existen, en los centros de atención primaria del interior el monotributo sigue siendo la modalidad principal, configurándose además como un factor central de desgaste para quienes garantizan cotidianamente este derecho.
Barreras persistentes y buenas prácticas que sostienen el acceso
Si bien los avances son evidentes, el mapeo identifica barreras estructurales que continúan condicionando el acceso, especialmente en el interior provincial. Más de la mitad de las personas encuestadas señaló que las personas usuarias tienen dificultades vinculadas al transporte y los traslados (52%), seguidas por la falta de personal (41%) y obstáculos para la obtención de turnos y problemas económicos en general (33,8%).
En relación con los recursos disponibles para garantizar el acceso al aborto, solo el 20 % refirió dificultades para acceder a medicamentos, siendo la mifepristona el insumo más problemático, seguida por el misoprostol. Ante la falta de insumos, el 50 % afirmó que suspende la práctica y deriva, mientras que el 43 % indicó que realiza el reclamo. Esto se explica por la decisión institucional de los gobiernos provincial y municipal de la capital de Córdoba de garantizar el acceso a la práctica, a pesar del recorte a nivel nacional en el envío de medicamentos. Así mismo, cobra una fundamental importancia la presencia de redes feministas en los espacios de atención, gestión y en organizaciones que articulan con el sistema de salud para garantizar el derecho. En cuanto a las capacitaciones, poco más de la mitad de las personas encuestadas recibió formación específica en IVE, con marcadas desigualdades regionales.
El estudio también reveló la existencia de malos tratos hacia personas usuarias: un tercio de las y los profesionales identificó este tipo de situaciones en los centros de salud en los que trabaja, aunque es posible que exista un subregistro.
En contraposición, se observa una amplia extensión de buenas prácticas en la atención de niñas, niños y adolescentes. Persisten desafíos en la atención a la población LGBTIQ+ y a personas con discapacidad, lo que se vincula con las dificultades para sostener abordajes interdisciplinarios en las condiciones laborales actuales.
Un proceso colectivo en un contexto desafiante
La presentación de este relevamiento se inscribe en un escenario nacional restrictivo, marcado por el debilitamiento de políticas públicas y la retracción del financiamiento destinado a las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, resulta clave reafirmar la vigencia de la Ley 27.610 y la necesidad de su institucionalización más allá del gobierno de turno. El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de garantizar el acceso oportuno, digno y de calidad a la interrupción voluntaria del embarazo, y de remover activamente las barreras que lo obstaculizan.
Hoy su implementación se sostiene en un entramado histórico de redes feministas, activismos territoriales, organizaciones sociales y el compromiso de los equipos de salud.
El pasado 9 de diciembre, en el Museo de Antropologías de la UNC, Fundeps presentó un avance de este informe en el encuentro “Acceso al aborto en Córdoba: miradas y recursos para su fortalecimiento”, un espacio de intercambio que reunió a referentes del activismo feminista, equipos de salud, funcionarias y organizaciones sociales. Allí se compartieron los principales hallazgos de la investigación, se presentó un recursero digital para equipos de salud —con guías, publicaciones y recursos audiovisuales desde una perspectiva de derechos— y una campaña de comunicación dirigida a usuarias jóvenes, orientada a fortalecer el acceso a información clara, confiable y oportuna.
Apuestas sostenidas desde Fundeps
Desde el área de Géneros y Diversidad, durante 2025 trabajamos intensamente para fortalecer los derechos sexuales y (no) reproductivos , aún en un contexto de profunda crisis para las organizaciones sociales. Entre las principales acciones destacamos la realización del segundo Encuentro Provincial de Profesionales de la Salud: “Redes de compromiso y cuidados: la práctica de AMEU en Córdoba y el acceso al aborto en niñeces, juventudes y diversidades”; y las capacitaciones en AMEU a equipos de salud de Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero y Del Campillo con el acompañamiento de la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez. Además, seguimos trabajando en la promoción a través de talleres de ESI con docentes y estudiantes de nivel medio, junto a la Diplomatura de ESI de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en articulación con Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
Asimismo, desarrollamos un curso virtual autoadministrado sobre el acceso al aborto legal en Córdoba, que estará disponible a partir de marzo de 2026.
Este trabajo no hubiera sido posible sin la articulación con el Equipo del Consultorio de Salud Integral, la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez, la Diplomatura de ESI de la FFyH, La Casita Trans, UEPC, y sin el compromiso cotidiano de los activismos feministas y de los equipos de salud que garantizan el acceso muchas veces en el anonimato.
El relevamiento que presentamos es una herramienta más para seguir fortaleciendo redes y construir estrategias conjuntas para defender un derecho conquistado.
Invitamos a activistas, equipos de salud, organizaciones sociales, funcionarias y a todas las personas interesadas en el fortalecimiento del derecho al aborto a leer, compartir y usar este informe como insumo para la acción colectiva.
Garantizar el acceso al aborto no es solo cumplir una ley: es sostener, todos los días, una política pública de justicia social y de derechos humanos.
Autora:
Carola Bertona, carolabertona@fundeps.org
Contacto:
Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org
Convocatoria para sumarse a una acción colectiva en defensa del derecho al aborto
Desde el año 2024, el Estado Nacional incumple con sus obligaciones de garantizar el acceso al derecho al aborto de las personas gestantes en todo el país.
Por ese motivo, en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, se tramita una acción judicial colectiva en la que se exige al Estado Nacional el cumplimiento de sus obligaciones de abastecimiento y distribución de medicación esencial para garantizar abortos. La acción fue iniciada por la Asociación Civil La Ciega.
En este marco, la justicia ordenó la amplia difusión de la causa y fijó un plazo para que todas las personas y organizaciones que se consideren afectadas por la falta de insumos para acceder a un aborto puedan presentarse y participar del juicio. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 28 de marzo de este año.
Podes consultar más información en la página web del Poder Judicial de la Nación, ingresando el número de expediente (Expediente N° FLP 1876/2025) en el apartado “Consulta de Causas Judiciales”.
Para recibir asesoramiento sobre cómo presentarse o presentar tu organización, podés contactarte con el equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al correo electrónico consultas@cels.org.ar.
Esta es una nueva oportunidad para participar y defender activamente la implementación de la ley 27.610 y el derecho de acceso al aborto de todas las personas gestantes en nuestro país.
Contacto:
Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org
Fundeps tiene nuevo Director
Luciano es Licenciado en Comunicación Social y cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la comunicación comunitaria, la formación y la promoción de derechos. A lo largo de su recorrido profesional también ha acompañado a organizaciones sociales, espacios educativos y organismos públicos, aportando una mirada que articula reflexión, práctica y compromiso con la participación y el fortalecimiento del entramado social.
Confiamos en que su experiencia y su forma de entender la comunicación como una herramienta para ampliar derechos serán un aporte valioso para esta nueva etapa de Fundeps, en un contexto que sigue planteando grandes desafíos para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, queremos expresar un profundo agradecimiento a Mayca Balaguer y Eliana Juncos, quienes durante más de diez años fueron parte fundamental de la organización, llegando a desempeñarse como directora ejecutiva y vicedirectora respectivamente.
A lo largo de este tiempo, su compromiso y liderazgo fueron clave para consolidar el trabajo institucional de Fundeps, fortalecer al equipo y ampliar nuestras agendas de investigación, incidencia y formación. En un escenario complejo, supieron sostener y cuidar un proyecto colectivo que hoy sigue creciendo gracias a ese recorrido compartido.
Les agradecemos profundamente el trabajo y la dedicación puesta en este espacio durante todos estos años. Sabemos que seguirán aportando a la defensa y ampliación de derechos con la misma experiencia, la sensibilidad y la convicción que pusieron en este camino.
Cada etapa trae nuevos desafíos y también nuevas oportunidades. Desde Fundeps seguimos apostando al trabajo colectivo, a la construcción de alianzas y a la defensa de los derechos humanos como camino para construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles.
Organizaciones y comunidades exigen respeto a los derechos en la Asamblea Anual del BID en Asunción
Las organizaciones que integramos el Grupo de Trabajo sobre el BID aprovecharemos la Asamblea para sostener reuniones con autoridades del Banco, gobiernos y otros actores. Entre los temas que buscamos poner en la agenda están las crecientes restricciones al espacio cívico en la región, los riesgos asociados a la mercantilización de la naturaleza, el rol del BID en la Amazonía, el desarrollo de corredores regionales de infraestructura y los desafíos de impulsar una transición energética verdaderamente justa.
Agenda de participación
Durante la semana de la Asamblea, participaremos en diversas actividades de diálogo y articulación.
Alertas sobre el programa Conexión Sur
En el marco de la Asamblea, presentaremos observaciones sobre el programa South Connection Regional Program for South American Connectivity (Conexión Sur en español), una iniciativa del BID orientada a impulsar corredores regionales de transporte, logística, energía y conectividad digital en América del Sur.
Si bien reconocemos la importancia de mejorar la conectividad regional, el diseño actual del programa presenta riesgos sociales, ambientales y de gobernanza si no se introducen cambios sustantivos.
El programa prioriza la competitividad global y la integración en cadenas de valor internacionales, con fuerte énfasis en corredores logísticos, puertos y transmisión energética, mientras dedica poca atención a los impactos territoriales, las economías locales y las necesidades de las comunidades que habitan las zonas donde se desarrollarán estas infraestructuras.
Sin estrategias complementarias de desarrollo productivo local, los nuevos corredores podrían reforzar patrones económicos basados en la exportación de materias primas y actividades extractivas, sin generar mejoras sustantivas en la calidad de vida de las poblaciones locales.
Proyecto BID en Paraguay
Por otra parte, el Corredor Vial Bioceánico, financiado por el BID con un préstamo de 200 millones de dólares al gobierno de Paraguay, busca conectar el puerto de Santos en Brasil con puertos del norte de Chile, con el objetivo de facilitar el comercio internacional y el acceso a mercados en la región occidental del país. Sin embargo, organizaciones y comunidades locales han expresado preocupación por la falta de consulta adecuada con pueblos indígenas como los ayoreo, y por los posibles impactos del proyecto, que podrían incluir desplazamientos, pérdida de medios de vida, riesgos de violencia de género, presión sobre los territorios indígenas y daños a la biodiversidad en una de las zonas más frágiles del Chaco paraguayo.
Participación y transparencia
Desde el grupo de trabajo también expresa preocupación por la limitada participación de la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades locales y poblaciones afrodescendientes en el diseño de varias iniciativas estratégicas del Banco, entre ellas Conexión Sur, el programa Amazonía Siempre y el Plan de Acción sobre Biodiversidad y Capital Natural.
Estos procesos han ofrecido pocos espacios de diálogo significativo con los actores que viven en los territorios donde se implementarán estas iniciativas. En el caso del Plan de Biodiversidad, por ejemplo, organizaciones advierten que, pese a las referencias a enfoques inclusivos en el documento, no hubo instancias sustantivas de intercambio con estos grupos durante su elaboración.
Fortalecer la participación temprana, la transparencia y la rendición de cuentas es clave para mejorar la calidad de las políticas del Banco y prevenir conflictos socioambientales.
En este contexto, un espacio de la agenda estará dedicado a un diálogo con equipos del Banco para presentar un relevamiento sobre las tendencias actuales de restricciones al espacio cívico. Esperamos compartir recomendaciones desde la sociedad civil y conocer los pasos concretos que el Banco está tomando para abordar estas situaciones.
Transición energética justa
Finalmente, estaremos presentando nuestras preocupaciones sobre cómo el BID está abordando la transición energética en la región. Si bien reconocemos la urgencia de avanzar hacia matrices energéticas bajas en carbono, el enfoque actual del BID aún reproduce lógicas de “business as usual”.
Entre las principales críticas se encuentra el continuo apoyo a infraestructura de combustibles fósiles, incluyendo la promoción del gas como tecnología de transición, la expansión de la minería y del hidrógeno verde en la región sin procesos adecuados de información, consulta y evaluación de impactos. Frente a ello, demandamos al BID que priorice la justicia social y ambiental, fortalezca la aplicación de salvaguardas, garantice la participación efectiva de las comunidades afectadas y desarrolle un plan energético alineado con el Acuerdo de París y los derechos humanos.
En un contexto regional marcado por crisis climática, conflictos socioambientales y reducción del espacio cívico, la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas son condiciones fundamentales para asegurar que las inversiones en infraestructura y energía contribuyan realmente al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades.
Contacto:
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Más de 160 organizaciones piden a la Fórmula 1 terminar con los patrocinios de tabaco y nicotina
La Fórmula 1 puso fin a los patrocinios de cigarrillos en 2006. Sin embargo, actualmente las tabacaleras Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT) promocionan bolsitas de nicotina —uno de sus productos más recientes— mediante el patrocinio de equipos de F1. PMI patrocina al equipo Ferrari para promover su producto Zyn, mientras que BAT patrocina al equipo McLaren con su marca Velo. Los logotipos aparecen de manera destacada en los autos y en los trajes de carrera de sus pilotos estrella, entre ellos el campeón mundial 2025 Lando Norris y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton. Estos patrocinios también se difunden ampliamente en redes sociales ante cientos de millones de seguidores/as.
Al mismo tiempo, la Fórmula 1 ha trabajado activamente para ampliar su audiencia juvenil a nivel global, incluyendo recientes alianzas con Disney, Lego y Hot Wheels de Mattel. Estas colaboraciones incluyen la presencia de Mickey y sus amigos en carreras de F1, así como productos exclusivos de Lego y Hot Wheels dirigidos a las infancias. Según la propia F1, más de 4 millones de niños y niñas de entre 8 y 12 años siguen el deporte en la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que el 54% de sus seguidores/as en TikTok y el 40% en Instagram tienen menos de 25 años.
“Al patrocinar equipos de Fórmula 1, las compañías tabacaleras intentan llegar a los mismos jóvenes que la F1 ha buscado atraer. La Fórmula 1 no debe ser cómplice de esta estrategia. Para proteger la salud de sus jóvenes aficionados, es fundamental que actualice su prohibición de patrocinios de cigarrillos para incluir otros productos de tabaco y nicotina, como las bolsitas de nicotina”, señala la carta dirigida al CEO de la F1, Stefano Domenicali.
En cartas separadas, las organizaciones instamos a los directores ejecutivos de Disney, Lego y Mattel a sumarse al llamado para que la Fórmula 1 prohíba todo tipo de patrocinios vinculados al tabaco y la nicotina.
“Las tabacaleras buscan asociar sus marcas con la Fórmula 1 y sus pilotos más reconocidos porque saben que los niños, niñas y adolescentes las verán”, afirmó Yolonda C. Richardson, presidenta y directora ejecutiva de Campaign for Tobacco-Free Kids. “Promocionar productos de tabaco y nicotina en los mismos espacios donde participan Disney, Lego y Hot Wheels forma parte de una estrategia constante de la industria para captar a nuevas generaciones, mientras sostiene que sus productos son solo para personas adultas. La F1 debe proteger a niños y niñas y poner fin de inmediato a cualquier vínculo con la industria tabacalera, asegurando que no se convierta en una plataforma para promover productos dañinos y adictivos.”
Las bolsitas de nicotina conllevan riesgos importantes para la salud de las nuevas generaciones. Estos productos exponen al público joven a altos niveles de nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede afectar el desarrollo del cerebro —que continúa hasta aproximadamente los 25 años— y aumentar la vulnerabilidad a otras adicciones. En Estados Unidos, las bolsitas de nicotina son el único tipo de producto de tabaco cuyo consumo juvenil ha aumentado en los últimos años.
La carta dirigida a la Fórmula 1 fue firmada por 162 organizaciones de 57 países.
Contacto
Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org
Interrupción del embarazo en Córdoba: avances y desafíos en la implementación de la Ley 27.610
A más de cinco años de la sanción de la Ley N° 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), el acceso efectivo al aborto seguro continúa presentando desafíos en su implementación que requiere monitoreo, producción de evidencia y estrategias sostenidas de fortalecimiento de la política pública. En este marco, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentamos la investigación “Interrupción del embarazo en la provincia de Córdoba: avances y desafíos en la implementación de la Ley N° 27.610”, que sistematiza barreras persistentes y buenas prácticas en el sistema público de salud de la provincia de Córdoba.
Este informe es el resultado de una investigación desarrollada entre los meses de mayo y octubre de 2025, orientada a identificar las condiciones reales de acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva en Córdoba. A partir de un relevamiento participativo con efectores y efectoras de la salud, el estudio realizado por Consuelo González Clariá, en articulación con el área de Géneros y Diversidad de Fundeps, aporta información relevante para mejorar la implementación de los servicios y consolidar prácticas que garanticen derechos, especialmente en contextos adversos.
La investigación se desarrolló con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Incluyó 80 encuestas a trabajadores y trabajadoras de la salud de distintos departamentos y jurisdicciones de la provincia, con un análisis estadístico descriptivo no probabilístico, y cinco entrevistas semiestructuradas seleccionadas mediante una muestra intencionada. La encuesta fue respondida mayoritariamente por profesionales de medicina familiar o general (51,2%) y de trabajo social (22,5%), y en menor medida por ginecología y obstetricia (11%) y psicología (7,5%). Lo que da cuenta del carácter interdisciplinario que hoy asume la garantía del derecho al aborto en el sistema público.
Un diagnóstico situado sobre el acceso al aborto en la provincia
Los resultados de la investigación muestran un proceso sostenido de expansión y normalización de la práctica del aborto en la provincia. La interrupción del embarazo —ya sea con el uso de misoprostol solo, el esquema combinado de misoprostol y mifepristona, o mediante la Aspiración Manual Endouterina (AMEU)— se garantiza en todos los niveles de atención, con variaciones a nivel regional.
Casi el 80 % de las personas encuestadas afirmó que la práctica se resuelve en una o dos consultas, lo que da cuenta de un proceso de simplificación de la atención y de fortalecimiento de circuitos institucionales.
Persisten desafíos en la implementación del procedimiento instrumental de AMEU que se concentra en algunos centros de salud con trayectoria en su realización, a los que se suman algunas experiencias más recientes en el primer y segundo nivel de atención. Sólo el 22 % de las personas encuestadas afirmó que se realiza la práctica de AMEU en las instituciones en las que trabajan. Los principales obstáculos los constituyen la falta de formación técnica, práctica supervisada, articulación con servicios de emergencia y la posibilidad de garantizar espacio y baño para la recuperación.
En términos de apoyo institucional a los equipos de salud que garantizan abortos, se observan diferencias significativas entre la ciudad capital y el interior provincial. En la ciudad de Córdoba, la mayoría de las y los profesionales de salud manifestaron recibir “bastante” (55%) o “mucho apoyo” (25%) para la realización de IVE. En el interior, en cambio, el escenario es más dispar: el 90 % de las respuestas se reparte casi en tercios entre “mucho”, “bastante” y “poco” apoyo, con menores niveles de apoyo en el norte y oeste provincial.
Los conflictos institucionales se concentran principalmente en las áreas de farmacia, guardia y ginecología. En este sentido, se destaca como buena práctica la prolijidad administrativa, que permite construir alianzas internas y generar confianza a partir de la identificación del equipo de IVE con valores como la transparencia y la responsabilidad.
Las entrevistas permiten afirmar que el reconocimiento institucional de la práctica no fue un proceso automático ni lineal: el conocimiento, el compromiso y la legitimidad de los equipos se construyeron a lo largo de los años, mediante estrategias sostenidas de formación, trabajo interdisciplinario, construcción de consensos y acumulación de experiencia dentro de las instituciones.
En este sentido, las condiciones precarias de contratación atentan contra la estabilidad de los equipos y la sostenibilidad del servicio. Mientras en la capital se concentran los cargos de planta permanente que existen, en los centros de atención primaria del interior el monotributo sigue siendo la modalidad principal, configurándose además como un factor central de desgaste para quienes garantizan cotidianamente este derecho.
Barreras persistentes y buenas prácticas que sostienen el acceso
Si bien los avances son evidentes, el mapeo identifica barreras estructurales que continúan condicionando el acceso, especialmente en el interior provincial. Más de la mitad de las personas encuestadas señaló que las personas usuarias tienen dificultades vinculadas al transporte y los traslados (52%), seguidas por la falta de personal (41%) y obstáculos para la obtención de turnos y problemas económicos en general (33,8%).
En relación con los recursos disponibles para garantizar el acceso al aborto, solo el 20 % refirió dificultades para acceder a medicamentos, siendo la mifepristona el insumo más problemático, seguida por el misoprostol. Ante la falta de insumos, el 50 % afirmó que suspende la práctica y deriva, mientras que el 43 % indicó que realiza el reclamo. Esto se explica por la decisión institucional de los gobiernos provincial y municipal de la capital de Córdoba de garantizar el acceso a la práctica, a pesar del recorte a nivel nacional en el envío de medicamentos. Así mismo, cobra una fundamental importancia la presencia de redes feministas en los espacios de atención, gestión y en organizaciones que articulan con el sistema de salud para garantizar el derecho. En cuanto a las capacitaciones, poco más de la mitad de las personas encuestadas recibió formación específica en IVE, con marcadas desigualdades regionales.
El estudio también reveló la existencia de malos tratos hacia personas usuarias: un tercio de las y los profesionales identificó este tipo de situaciones en los centros de salud en los que trabaja, aunque es posible que exista un subregistro.
En contraposición, se observa una amplia extensión de buenas prácticas en la atención de niñas, niños y adolescentes. Persisten desafíos en la atención a la población LGBTIQ+ y a personas con discapacidad, lo que se vincula con las dificultades para sostener abordajes interdisciplinarios en las condiciones laborales actuales.
Un proceso colectivo en un contexto desafiante
La presentación de este relevamiento se inscribe en un escenario nacional restrictivo, marcado por el debilitamiento de políticas públicas y la retracción del financiamiento destinado a las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, resulta clave reafirmar la vigencia de la Ley 27.610 y la necesidad de su institucionalización más allá del gobierno de turno. El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de garantizar el acceso oportuno, digno y de calidad a la interrupción voluntaria del embarazo, y de remover activamente las barreras que lo obstaculizan.
Hoy su implementación se sostiene en un entramado histórico de redes feministas, activismos territoriales, organizaciones sociales y el compromiso de los equipos de salud.
El pasado 9 de diciembre, en el Museo de Antropologías de la UNC, Fundeps presentó un avance de este informe en el encuentro “Acceso al aborto en Córdoba: miradas y recursos para su fortalecimiento”, un espacio de intercambio que reunió a referentes del activismo feminista, equipos de salud, funcionarias y organizaciones sociales. Allí se compartieron los principales hallazgos de la investigación, se presentó un recursero digital para equipos de salud —con guías, publicaciones y recursos audiovisuales desde una perspectiva de derechos— y una campaña de comunicación dirigida a usuarias jóvenes, orientada a fortalecer el acceso a información clara, confiable y oportuna.
Apuestas sostenidas desde Fundeps
Desde el área de Géneros y Diversidad, durante 2025 trabajamos intensamente para fortalecer los derechos sexuales y (no) reproductivos , aún en un contexto de profunda crisis para las organizaciones sociales. Entre las principales acciones destacamos la realización del segundo Encuentro Provincial de Profesionales de la Salud: “Redes de compromiso y cuidados: la práctica de AMEU en Córdoba y el acceso al aborto en niñeces, juventudes y diversidades”; y las capacitaciones en AMEU a equipos de salud de Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero y Del Campillo con el acompañamiento de la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez. Además, seguimos trabajando en la promoción a través de talleres de ESI con docentes y estudiantes de nivel medio, junto a la Diplomatura de ESI de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en articulación con Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
Asimismo, desarrollamos un curso virtual autoadministrado sobre el acceso al aborto legal en Córdoba, que estará disponible a partir de marzo de 2026.
Este trabajo no hubiera sido posible sin la articulación con el Equipo del Consultorio de Salud Integral, la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez, la Diplomatura de ESI de la FFyH, La Casita Trans, UEPC, y sin el compromiso cotidiano de los activismos feministas y de los equipos de salud que garantizan el acceso muchas veces en el anonimato.
El relevamiento que presentamos es una herramienta más para seguir fortaleciendo redes y construir estrategias conjuntas para defender un derecho conquistado.
Invitamos a activistas, equipos de salud, organizaciones sociales, funcionarias y a todas las personas interesadas en el fortalecimiento del derecho al aborto a leer, compartir y usar este informe como insumo para la acción colectiva.
Garantizar el acceso al aborto no es solo cumplir una ley: es sostener, todos los días, una política pública de justicia social y de derechos humanos.
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Autora:
Carola Bertona, carolabertona@fundeps.org
Contacto:
Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org
Interrupción del embarazo en Córdoba: avances y desafíos en la implementación de la Ley N° 27.610
El informe presenta los resultados de una investigación orientada a identificar las condiciones de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el sistema de salud pública de la provincia de Córdoba. A través de un relevamiento participativo con 80 efectores de salud que garantizan la práctica en 18 departamentos, se indagó en las características de los equipos, las condiciones de acceso al aborto legal, la implementación de la técnica de Aspiración Manual Endouterina, el impacto del contexto actual y buenas prácticas en la atención a poblaciones específicas. Un insumo para la incidencia y el fortalecimiento del acceso al aborto seguro en el territorio provincial.
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Organizaciones cordobesas llaman a defender el agua
No se trata de una discusión técnica; lo que está en juego es la protección de ecosistemas estratégicos que garantizan el acceso al agua, la biodiversidad y condiciones de vida dignas a millones de personas, así como los derechos de las generaciones presentes y futuras.
En un contexto de crisis climática, retrocesos normativos ambientales y creciente persecución de defensores ambientales, la eventual reforma de la Ley de Glaciares implica un grave riesgo ambiental, social y jurídico.
Cualquier intento de reducir, flexibilizar o fragmentar los niveles de protección alcanzados vulnera, entre otros, el principio de progresividad y el principio de no regresión, pilares del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos. Estos principios, reconocidos por el sistema interamericano y expresamente incorporados en el Acuerdo de Escazú, obligan al Estado a fortalecer (y no debilitar) los estándares de tutela ambiental existentes. Además, debilita el sistema de presupuestos mínimos del artículo 41 de la Constitución Nacional, en un escenario ya marcado por sequías, incendios forestales y pérdida acelerada de biodiversidad.
Por todo ello, rechazamos cualquier intento de reforma regresiva de la Ley de Glaciares y exigimos el pleno respeto del marco constitucional y convencional vigente.
Llamamos a las y los legisladores nacionales a asumir su responsabilidad histórica en la defensa del agua y del interés público ambiental. Convocamos a organizaciones de la sociedad civil, espacios académicos, comunidades, sindicatos y colectivos comprometidos con los derechos humanos y la justicia ambiental a sostener y fortalecer la vigencia de esta ley que protege el agua, la vida y el futuro.
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Foro Ambiental Córdoba; Jóvenes por el Clima Córdoba; Somos Río; La Poderosa; Plurales; Mesa por el Agua y el Ambiente Alta Gracia, Natura Argentina, Fuera Porta, CISCSA, Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín, Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA), Preservando el Parque de la Vida, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Asociación Civil Aguas del Río Yuspe, Autoconvocados en defensa del ambiente, Madres de Barrio Ituzaingo, Comunidad Tulian, Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de San Marcos Sierras.
Mucho más que etiquetas: claves jurídicas para defender el derecho a la alimentación adecuada
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una política pública clave para el fortalecimiento del derecho humano a la alimentación adecuada y a la salud en Argentina. Su diseño integral, basado en evidencia científica y en un enfoque de derechos humanos, la convierte en un eje estructurante de las políticas alimentarias y en una herramienta central para regular el entorno alimentario y proteger a la población, especialmente a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, a poco de iniciada su implementación, la ley comenzó a enfrentar un escenario de regresión normativa. Las resistencias de la industria alimentaria, lejos de limitarse al plano discursivo, se tradujeron en flexibilizaciones regulatorias y decisiones administrativas que debilitan los estándares de protección definidos por el Congreso. Estas medidas, impulsadas desde organismos estatales mediante normas de jerarquía inferior, ponen en riesgo derechos ya conquistados y comprometen las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado argentino en materia de derechos humanos.
Frente a este escenario, Mucho más que etiquetas: Claves jurídicas para la defensa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se presenta como un esfuerzo colectivo y una herramienta estratégica para la defensa activa de la Ley PAS. El compendio reúne aportes de distintas autoras y autores que, desde enfoques jurídicos complementarios, brindan argumentos claros y accionables para sostener su plena vigencia, exigir su implementación efectiva y disputar los retrocesos en los planos político, institucional y judicial.
La Ley PAS como punto de inflexión en la regulación alimentaria
En su artículo, María Eugenia Marichal analiza la Ley PAS como una respuesta a la fragmentación histórica de la regulación alimentaria en Argentina. La presenta como una “sutura normativa” que articula salud, producción, consumo e inocuidad desde un enfoque de derechos, y destaca la necesidad de defender la autonomía sanitaria del Estado frente a intentos de desregulación administrativa y armonización regional que priorizan intereses comerciales.
La alimentación saludable desde un enfoque de derechos humanos
Maximiliano Carrasco aborda la ley desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos y la vincula con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado. Su aporte central es claro: la Ley PAS expresa los principios de progresividad y no regresividad, y cualquier medida que reduzca sus estándares activa una presunción de ilegitimidad que debe ser estrictamente controlada.
Los tribunales como espacio de disputa
En su trabajo conjunto, María Laura Fons Camarena y Agustina Mozzoni muestran cómo la Ley PAS fortalece la exigibilidad judicial del derecho a la alimentación adecuada. Al aportar mayor densidad normativa, la ley permite superar enfoques asistenciales y habilita litigios estratégicos que colocan al Poder Judicial como una barrera clave frente a la interferencia corporativa y los retrocesos normativos.
Aportes de la justicia ambiental al derecho a la alimentación
Ananda María Lavayen propone una lectura innovadora que conecta la alimentación adecuada con la experiencia de la justicia ambiental. Su artículo recupera herramientas como la legitimación amplia, la carga dinámica de la prueba y los enfoques de justicia estructural, y señala que la plena implementación de la Ley PAS es una condición necesaria para avanzar en la exigibilidad efectiva de este derecho.
La Ley PAS y el sistema de protección de consumidores
Desde el derecho consumeril, Dante Rusconi analiza cómo la Ley PAS se integra al sistema federal de defensa de consumidores y consumidoras. Su aporte destaca el rol estratégico de provincias y municipios, que cuentan con facultades concretas para fiscalizar y sancionar incumplimientos, incluso frente a escenarios de inacción o regresión por parte del Estado nacional.
Una herramienta para la defensa activa
Lejos de ser un análisis meramente descriptivo, Mucho más que etiquetas busca fortalecer las capacidades de incidencia, litigio y control ciudadano frente a un contexto de debilitamiento de las políticas públicas de salud. La publicación reafirma que defender la Ley PAS es defender el derecho a la alimentación adecuada, la salud pública y el rol del Estado como garante de derechos.
Contacto:
Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org
Mucho más que etiquetas: Claves jurídicas para la defensa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable
En un contexto de retrocesos normativos que amenazan políticas públicas de salud, este compendio jurídico aporta herramientas concretas para defender la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. La publicación reúne aportes de distintas autoras y autores que, desde enfoques jurídicos complementarios, brindan argumentos claros y accionables para sostener su plena vigencia, exigir su implementación efectiva y disputar los retrocesos en los planos político, institucional y judicial. Un esfuerzo colectivo para fortalecer el derecho humano a la alimentación adecuada en Argentina.
¿Cómo puede el BID hacer una mejor contribución para una Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe?
En 2024, organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe participaron en un espacio de diálogo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Transición Energética Justa. El informe sistematiza las principales alertas planteadas por las organizaciones respecto al accionar del BID, incluyendo el respaldo a combustibles fósiles, la ausencia de metas claras, la falta de participación efectiva y los impactos sobre comunidades y defensores ambientales, y propone recomendaciones para avanzar hacia una transición energética con enfoque de derechos.
Argentina y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura: características del primer préstamo aprobado en el país
Este informe, elaborado por FARN, Fundeps y Fundación CAUCE, analiza el primer financiamiento aprobado por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) en Argentina y sus implicancias socioambientales. A partir del caso del proyecto eólico en Tierra del Fuego, el documento resulta clave para comprender los desafíos del financiamiento internacional de la transición energética y la importancia de garantizar transparencia, participación ciudadana y estándares ambientales adecuados.
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura: claves del primer financiamiento en Argentina
Sin embargo, a pesar de su aprobación, el proyecto se canceló recientemente. Las causas se explican por la falta de garantías soberanas y el cambio en el escenario político nacional —tras la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.
El análisis realizado por FARN, Fundeps y Fundación CAUCE examina el proyecto, sus implicancias socioambientales y los desafíos que plantea en relación con el financiamiento internacional para la transición energética. Además, el documento ofrece una revisión del rol del BAII en la región y del marco institucional que regula su intervención en proyectos de infraestructura.
El caso del parque eólico en Tierra del Fuego permite observar cómo la combinación entre geopolítica y cambios de prioridades nacionales puede influir en la ejecución de proyectos estratégicos. También subraya la importancia de contar con transparencia, acceso a la información pública y mecanismos efectivos de participación ciudadana, especialmente cuando se trata de obras que podrían generar impactos en áreas naturales protegidas, como la Reserva Costa Atlántica, un sitio Ramsar de relevancia internacional para aves migratorias.
Este estudio se suma al trabajo de monitoreo que las organizaciones vienen realizando sobre las instituciones financieras internacionales que operan en América Latina.
Actualización
Luego del cierre de edición del documento, el BAII canceló oficialmente el proyecto debido a que el Estado Nacional Argentino no otorgó la garantía soberana requerida.
Si bien esta definición modifica el estado administrativo de la iniciativa, no cambia la relevancia del análisis, que sigue siendo clave para comprender cómo se estructuran estos financiamientos, qué estándares aplican y cuáles son las oportunidades y tensiones que enfrenta la transición energética en Argentina.
La ficha oficial del proyecto puede consultarse aquí.
Un debate necesario sobre la transición energética
La experiencia del BAII en Argentina permite abrir preguntas sobre cómo avanzar hacia una transición energética justa, con garantías socioambientales robustas, participación ciudadana efectiva y coherencia entre las necesidades locales y los compromisos internacionales; y el rol de los bancos multilaterales de desarrollo.
Desde nuestras organizaciones seguimos impulsando la construcción de información pública, el monitoreo ciudadano y la defensa de los derechos ambientales como pilares para una transición que respete los territorios y las comunidades.
Contacto:
Gonzalon Roza, gon.roza@fundeps.org