Preocupante situación de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo

Durante el año 2016 más de 280 personas defensoras de derechos humanos y del ambiente fueron asesinadas en 25 países, marcando una creciente radicalización de la violencia hacia éstas. Los numerosos asesinatos que se produjeron durante las primeras semanas del año 2017 han ratificado esta preocupante tendencia. Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado que aboga por un cambio en la situación de aquellos que han visto vulnerados sus derechos como consecuencia de la protección del medioambiente, el territorio, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

“El 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros. Cáceres había dedicado varios años al intento de detener la construcción de una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad en Intibucá, en el oeste de Honduras, la cual ponía en peligro una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo indígena lenca. Menos de un año antes de su muerte, había pronunciado un discurso conmovedor ante un auditorio abarrotado cuando le entregaron el Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015 por su excepcional valentía en el ámbito del activismo ambiental”

Así comienza el último informe de Global Witness, organización que se encarga de exponer los lazos ocultos entre la demanda de los recursos naturales, la corrupción, los conflictos armados y la destrucción del medioambiente. El motivo de este informe es exponer la situación de peligro que vivencian los/as defensores/as de derechos humanos (DDHH) en Honduras, identificado por el reporte como “el país más mortífero del mundo para el activismo ambiental”. Se documentan los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la imposición de presas, minas, tala o agricultura en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política. Las causas fundamentales de estos abusos son la corrupción generalizada y el incumplimiento de una consulta adecuada a los afectados por estos proyectos.

Según la investigación de Global Witness, desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados. A lo largo de 2016, defensores y defensoras de derechos humanos de todas las regiones del mundo se han enfrentado a ataques debido a su labor para mejorar y defender los derechos humanos de sus comunidades. Han sido perseguidos tanto por actores estatales como no estatales que buscaban desalentar, desacreditar e interrumpir sus actividades no violentas.

De acuerdo con FrontLine Defenders en su último informe de finales de 2016 el número de asesinatos de ese año supuso un incremento respecto a la cifra del año anterior. Alrededor de 281 personas fueron asesinadas en 25 países. El 49% de estos/as defensores/as trabajaban en la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Algunos de los casos se produjeron cuando estos/as defensores/as locales iniciaron campañas contra empresas multinacionales y se resistieron a la ocupación de sus tierras, así como a las reubicaciones forzosas, que a menudo se realizaban sin una consulta o compensación adecuadas.

Sumado a los anteriores, ProtectDefenders.eu, el mecanismo de defensores/as de la Unión Europea reconoció que, en todo el mundo, los/as defensores/as de DDHH son sometidos con asiduidad a momentos de acoso y acusaciones penales falsas destinadas a paralizar, intimidar y deslegitimizar sus actividades por los derechos humanos. Tienen dificultades al desarrollar su trabajo en entornos cada vez más restrictivos en los que el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica; no existen. Permanentemente se revocan licencias de ONG de derechos humanos, se embargan cuentas bancarias y se viola su derecho a acceder a fondos extranjeros. Una cantidad creciente de Estados también ha desarrollado un patrón sistemático de obstáculos contra la libertad de movimiento (mediante el uso de prohibiciones de viaje) de los/as defensores/as de los derechos humanos, con la clara intención de aislarlos.

El asesinato de los/as defensores/as impacta de una forma que vas más lejos aún que su propia muerte. Afectan a toda la comunidad de derechos humanos. Las organizaciones que se han encargado de investigar acerca de esta situación en el mundo, a menudo se han topado con que sus asesinatos han estado enmarcados usualmente en previas protestas frente a compañías multinacionales. Asimismo, se destaca el papel de complicidad de los gobiernos para con estas actitudes que han devenido con la muerte de centenares de personas a lo largo del mundo.

Las tierras ricas en recursos naturales de América Central y del Sur, África y Asia continúan siendo motivo de conflicto entre la industria extractiva y los pueblos indígenas en el marco de proyectos frecuentemente financiados por instituciones financieras internacionales (IFIs) o por empresas occidentales y chinas. La falta de controles y balances sobre las cuestiones de derechos humanos en el seno de esas instituciones, a menudo acompañada de la ya mencionada complicidad del Gobierno de turno, ha resultado en la intimidación de la población local y en otras cosas más graves, lo que ha llevado a estos a considerar que sus preocupaciones no han sido debidamente atendidas.

En lo que va de este 2017, ya se han visualizado nuevos asesinatos a defensores/as. Isidro Baldenegro, indígena ecologista, defensor de los bosques en la sierra Tarahumara, México, fue asesinado durante el mes de enero. Dos semanas después Juan Ontiveros Ramos, defensor mexicano fue golpeado brutalmente junto con otros miembros de su familia y se lo llevaron a la fuerza. El 1 de febrero, el cuerpo del activista fue hallado. De la misma forma, el martes 17 de enero, manifestantes lideraron una manifestación pacífica contra una planta hidroeléctrica en Guatemala. Pero el evento terminó con muerte después de que los paramilitares mataron y al activista de 72 años, Sebastián Alonso.

Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado para evitar que este tipo de conductas contra los/as defensores/as ambientales y de derechos humanos se sigan perpetuando en este 2017. Nuestro trabajo ha estado íntimamente relacionado con el monitoreo de proyectos financiados por instituciones financieras internacionales, así como también buena parte de aquellos proyectos que han contado con financiamiento chino. Destacamos la necesidad que la sociedad civil continúe con sus tareas de control sobre este tipo de proyectos, al mismo tiempo que se garantice el respeto por los derechos de quienes ejercemos este tipo de tareas.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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