Las organizaciones aquí firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales (punto 7), van a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental.

El presidente manifiesta públicamente que promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental redundará en la generación de riqueza; premisa ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población, y a la manera en que obstruye el desarrollo productivo de las naciones. La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona.

Las afirmaciones del presidente suponen, además, un mundo que ya no existe. La inserción del país en el escenario internacional implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales y a los requisitos para acceder a membresías de grupos de países. No es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo.

El Pacto de Mayo firmado en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán debe marcar un camino en favor de la concordia y la unidad nacional y dejar de lado enemistades innecesarias. Lamentablemente, la mención a las “minorías ruidosas” y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido.

Los defensores del ambiente en los territorios juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza. Sin estos ecosistemas, sin ambiente, no hay progreso posible.

De igual forma, las organizaciones ambientales han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Además, las organizaciones no gubernamentales son componentes legítimos de la sociedad civil en las democracias modernas de todo el mundo.

A 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta.

En este marco, reclamamos a las autoridades nacionales y provinciales que se garantice a todos los argentinos su derecho constitucional a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente, y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental.

Organizaciones firmantes:

• Agencia de Cooperación para el Desarrollo
• Ahora qué?
• Alianza x el Clima
• AsAE
• Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
• Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
• Asociana
• Aves Argentinas
• Banco de Bosques
• CAUCE (Cultura Ambiental Causa Ecologista)
• CeDePesca
• CeIBA (Centro de Investigación del Bosque Atlántico)
• CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
• Circulo de Políticas Ambientales
• Comunidad Verde
• Conciencia Solidaria
• Consciente Colectivo
• Ecohouse
• FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
• FSAC
• Fundación Ambiente y Medio
• Fundación Avina
• Fundación Biodiversidad Argentina
• Fundación Cambio Democrático
• Fundación Hábitat y Desarrollo
• Fundación Mil Aves – Córdoba
• Fundación Patagonia Natural
• Fundación Protestante Hora de Obrar
• Fundación Somuncura
• Fundación Yuchan
• Fundeps
• Futuro
• IIED-AL (Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo IIED-América Latina)
• Instituto de Conservación de Ballenas
• Isla Verde – Sembrando conciencia
• Jóvenes por el Clima
• Laudato Si – Ecología integral
• Los Verdes
• Natura Argentina
• PEM (Por El Mar)
• Plurales
• Proyectar ONG
• Proyecto Quimilero
• Red Agroforestal Chaco Argentina
• Red de Mujeres en diálogo ambiental
• RUCC
• SAREM
• Somos Red – agroecología y cooperación
• Surfrider – Foundation Argentina
• Sustentabilidad Sin Fronteras
• UICN – Comité Nacional Argentina
• Unidos por Nuestras Acequias
• Viento Sur – Zapala
• WCS Argentina
• Wetlands International

En el marco de las protestas que se vienen llevando adelante en contra del proyecto de la Autovía de Punilla, algunas de las personas defensoras ambientales que resisten en contra del proyecto fueron citadas para su imputación y en algunos casos, hubo detenciones por parte de las autoridades judiciales.

Las personas defensoras del territorio y del ambiente de Punilla llevan un largo tiempo resistiendo el avance del proyecto de Autovía de Punilla. En el devenir de esta resistencia son víctimas de distintos actos de violencia institucional. Celebramos el fallo dictado por el Juzgado de Control y Faltas N° 9 que resuelve hacer lugar al habeas corpus colectivo de carácter preventivo  presentado a favor de las personas defensoras de derechos humanos de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

En estas semanas algunas personas defensoras territoriales y ambientales vienen sufriendo persecución policial, sometimiento a procesos penales, imputaciones por parte de fiscales, e  incluso se produjeron detenciones. Se les atribuyen delitos tales como el de amenazas y resistencia a la autoridad, en el marco de las diversas protestas sociales que vienen llevándose adelante en torno al avance de la Autovía de Punilla.

Hay que destacar que en un contexto de lucha y de resistencia por la defensa del ambiente, las manifestaciones o acciones dadas en el ejercicio del derecho de protesta no pueden ser tergiversadas y manipuladas para la aplicación ilegítima del sistema penal (cosa que suele suceder). La criminalización como estrategia para lograr el amedrentamiento, descalificar el reclamo ambiental y justificar la utilización de la fuerza pública y de mecanismos represivos -privación de la libertad-, constituyen una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales y comprometen la responsabilidad internacional del Estado (Acuerdo de Escazú entre ellos). 

Las persecuciones,  imputaciones, investigaciones y detenciones dispuestas en contra de les defensores de Punilla encienden las alertas y exigen atención. Pues existen matices que colocan al accionar del Estado bajo sospecha de criminalización como método para acallar la protesta social. Las supuestas amenazas o actos de resistencia a la autoridad, sobre las cuales se asentaron las imputaciones -según manifestaron les defensores- fueron en el marco de un legítimo reclamo colectivo -protesta social sostenida en el tiempo- en un acto en defensa del ambiente en contra de un proyecto emprendido por el Estado. Esto debe alertar a las autoridades a fin de que se adopten medidas que garanticen la protección de sus derechos humanos, y extremar los recaudos ante cualquier privación de la libertad o afectación de otro derecho. 

La criminalización de defensores ambientales estigmatiza a la vez que constituye una intimidación tendiente a atemorizar y como consecuencia debilitar las actividades de defensa del territorio y del ambiente hasta su desaparición. Es un deber del Estado proteger el derecho a defender el ambiente e implementar medidas de acción que fomenten un entorno seguro y libre de violencias, y que se investigue cualquier violación de derechos humanos en su contra.  

En este marco el 24 de agosto la Jueza de Control y Faltas N° 9, en los autos “Rocío Loza, habeas corpus” (Expte. n° 11120830), en un fallo novedoso y ejemplar hizo lugar a un habeas corpus colectivo preventivo dirigido a proteger los derechos fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, pobladores de los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas. Señala que la violencia institucional que viene ejerciendo la policía de la provincia en contra de las personas defensoras ambientales es grave y no puede ser desconocida por el Estado quien tiene la obligación y responsabilidad de dar adecuada custodia al colectivo ambientalista en cumplimiento de Escazú. 

Expresa además que las y los integrantes de las fuerzas policiales son los encargados de cuidar a la sociedad, “ (…)  los que deben, con el poder que les confiere la ley, garantizar que todos los habitantes de esta provincia vivamos una vida en el marco del pleno goce de los derechos individuales, con el límite del respeto de los derechos del prójimo, pero sin que esto sea utilizado como “excusa” o argumento para cercenar otros derechos, en el caso, los reclamados por el colectivo ambientalista”, 

En ese mismo sentido, en una sentencia innovadora,  la Jueza resuelve: exhortar a la policía de la Provincia de Córdoba a que se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria de las personas defensoras ambientales de las localidades señaladas; exhortar a la Sra. Jefa de Policía de Córdoba para que haga conocer al personal de la policía que según los protocolos y la legislación vigente “la privación de la libertad solo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria”; recomendar al Gobierno de Córdoba la elaboración de un protocolo destinado a regular específicamente a regular las prácticas y criterios de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones sociales que reclamen la protecciones de derechos constitucionales; encomendar a la Jefa de Policía que ponga en conocimiento de la policía provincial la presente sentencia. 

Desde Fundeps repudiamos la criminalización de personas defensoras ambientales, instamos  a las autoridades a resguardar y proteger los derechos fundamentales de quienes resisten y luchan por defender el ambiente cordobés, y celebramos el reciente fallo el cual constituye un importante avance en el reconocimiento y defensa de derechos del colectivo ambientalista. 

Autora

María Laura Carrizo

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

En el marco del acampe de vecines en la localidad de Molinari por la construcción de la Autovía de Punilla, el Juzgado de Control de Cosquín resolvió una acción de habeas corpus. En la resolución, el Tribunal remarcó la obligación de garantizar un entorno seguro para las personas defensoras ambientales de acuerdo a los estándares que fija el Acuerdo de Escazú. 

Tal y como trascendiera en los medios de comunicación, durante las primeras semanas de mayo un grupo autoconvocado de vecines se encontraba acampando en la localidad de Molinari como modo de protesta en contra de la construcción de la Autovía de Punilla. En favor de este grupo de personas, se presentó una acción de habeas corpus ante el Juzgado de Control de la ciudad de Cosquín. 

Recordemos que esta acción está prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. En resumidas cuentas, tiene como fin la protección de la libertad física de las personas ante cualquier amenaza cierta o efectiva privación de la libertad que sea ilegal (arrestos/ detenciones).

Tras analizar la situación, el Tribunal dio las razones por las cuales consideró que no se encontraban dados los requisitos para la procedencia del habeas corpus. Consideró, de acuerdo a la prueba colectada, que no se había llevado a cabo ningún arresto o detención ilegal, ni existía una amenaza cierta e inminente de privación de la libertad física.

No obstante, el Juzgado consideró otros derechos en juego como el de protesta, de peticionar ante las autoridades, de opinión, entre otros. Así, respecto al modo en que se produjo el desalojo de les vecines por parte de las fuerzas de seguridad -según sus dichos-, consideró que esto debía ser materia de investigación por parte de los órganos correspondientes (Fiscalía de Instrucción) remitiendo copia de las actuaciones. 

Lo interesante y novedoso de la resolución es que, yendo más allá del objeto estricto de la acción de habeas corpus, el Tribunal valoró los dichos de les vecines en relación a lo sucedido y la naturaleza ambiental de la protesta. En ese enfoque, recomendó a las autoridades policiales y a la Fiscalía de Instrucción que se garantice un entorno seguro para el ejercicio de estos derechos -siempre y cuando no se afecten otros derechos-, citando y aplicando el artículo 9 del Acuerdo de Escazú sobre defensores ambientales. 

Este tratado, recordemos, es el único instrumento internacional que garantiza a las personas defensoras ambientales estándares de protección específicos de sus derechos. Este marco de protección se debe a que Latinoamérica y Caribe es la región más peligrosa para personas defensoras del ambiente (227 muertes en 2020 según Global Witness Foundation). 

Si bien el Acuerdo de Escazú lleva un año en vigor, la resolución del Juzgado de Control de Cosquín se trataría del primer precedente judicial en la región de Latinoamérica y Caribe en aplicar la disposición sobre defensores ambientales de Escazú para garantizar un entorno seguro, de acuerdo a lo registrado a la fecha. Aun ante la inexistencia de una normativa específica a nivel local, estas cláusulas resultan plenamente operativas y deben ser aplicadas por toda autoridad estatal. Sin dudas, el avance jurisprudencial constituye un fuerte impulso en el camino hacia la efectiva implementación de Escazú.

Ver resolución judicial del Juzgado de Control 

• Auto Interlocutorio Nº93 – Habeas Corpus

Más Información

• El desalojo en Molinari y las garantías del Acuerdo de Escazú

Contacto

Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

*Foto extraída de La Izquierda Diario