La Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814. Las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto. Según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo.

Como en 2009 cuando se sancionó la ley que lo creó, el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Córdoba sigue planteando diferencias irreconciliables entre el sector rural y el ambientalismo.

Este año, la Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814, que pinta a estos ecosistemas en tres colores, según su estado de conservación y las actividades permitidas. Pero en este espacio, las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto consensuado para que la Legislatura lo apruebe.

Hace unos días, la Federación Agraria Argentina (FAA) dejó clara su postura de que el OTBN de Córdoba está “sobredimensionado” y que requiere un sinceramiento.

“Creemos que la cobertura vegetal ‘bosque nativo’ en la provincia no debería superar en total los dos millones de hectáreas, correspondiendo a la categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla alrededor de 1.5 millones hectáreas”, detalla un documento presentado en esta mesa de diálogo. Pero según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo, es decir, 1,6 millones de hectáreas más que la postura de la FAA.

El trabajo fue realizado en 2009 por los ecólogos Marcel Zak y Marcelo Cabido, y es el estudio científico del bosque nativo cordobés más detallado hasta la fecha. En el recuento se incluyen el bosque abierto, matorrales en diferentes estados y ecosistemas halófitos (ambientes salinos).

El mapa provincial actual suma cuatro millones de hectáreas, es decir 1,9 millones más de hectáreas que la idea de la FAA. “Las gravísimas distorsiones originadas en el mapa inicial y en toda la etapa reglamentaria de la ley más una gestión arbitraria y discrecional por parte de la autoridad de aplicación concluyeron en una errónea clasificación de las categorías de conservación”, señalan desde la FAA.

Uno de los argumentos de la FAA para reducir la superficie protegida es el mismo que el esbozado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) hace unas semanas: el ser humano debe manejar los predios con ambientes autóctonos degradados, como matorrales, para que el bosque vuelva.

Desde el ambientalismo sostienen que estos matorrales brindan la mayoría de los servicios ecosistémicos por los cuales la ley decidió proteger los bosque como mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de carbono responsable de cambio climático.

“Querer excluir del OTBN estructuras de vegetación simplemente por no haber llegado a su estado de máximo desarrollo arbóreo no es correcto, según los criterios propuestos por las diferentes resoluciones”, señala un documento firmado por integrantes del Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), varios institutos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. También sostienen que la ley no permite recategorizar hacia clasificaciones de menor valor, como proponen desde el sector rural.

Los ruralistas quieren la producción silvopastoril. Desde el ambientalismo sostienen que la actividad silvopastoril en zona amarilla debería estar sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que la ley no permite el desmonte selectivo ni la implantación de pasturas exóticas.

Fuentes: La Voz del Interior

Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo están difundiendo un manifiesto en el que proponen un nuevo modelo de desarrollo para el anunciado Banco de BRICS, una institución de financiamiento y desarrollo que está siendo fomentado por los gobiernos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La declaración se produce después de la reciente cumbre de los presidentes de los BRICS celebrado en Ufa, Rusia. Las organizaciones establecen que es necesario repensar el desarrollo.

«El modelo actual de desarrollo en muchos países emergentes y en desarrollo se basa en las estrategias y políticas específicas para la exportación de materias primas. Este modelo conlleva daños sociales, es ambientalmente insostenible y genera desigualdades dentro y entre países. Si el Nuevo Banco de Desarrollo quiere cambiar esta realidad, debe comprometerse con los cuatro principios siguientes», dice el manifiesto. El primer principio es que el nuevo banco debe promover el desarrollo para todos, ya que cuando no se satisfacen las necesidades de las personas, las inversiones no generan desarrollo. Para las organizaciones, el NBD debe apoyar un desarrollo incluyente, accesible y participativo con las opciones de las comunidades; debe apuntar a la pobreza y las desigualdades, eliminar barreras de acceso a las oportunidades, respetar los derechos humanos, las culturas locales y el medio ambiente. Además, el NBD debe priorizar las inversiones transformadoras que no se limiten a gran megaproyectos a gran escala y centralizados. En su lugar, debe centrarse en la infraestructura social para las poblaciones más pobres y excluidas, proporcionando acceso a los servicios públicos, vivienda, educación y el florecimiento de las economías locales. El segundo principio es que debe ser transparente y democrático, es decir, accesible al público en general. Por lo tanto, el NBD debe garantizar que la información bajo su custodia, la elaboración de las políticas internas y el manejo de sus operaciones sea transparente, accesible y participativo, para que las comunidades que sean afectadas por las actividades de NBD tengan acceso a la información y la posibilidad de influir y moldear las decisiones de las inversiones. El NBD también debe construir estructuras de gobierno democráticas, transparentes y representativasque aseguren un tratamiento equitativo y no discriminatorio entre los proveedores y los beneficiarios. «El desarrollo no es exclusivo de los Estados, aunque éstos corresponde larendición de cuentas y la definición de responsabilidades. El NBD debe proporcionar espacios a otras partes interesadas – incluyendo, de manera pero no exhaustiva, a sindicatos, movimientos sociales, comunidades y organizaciones no gubernamentales – para que participen en la elección, diseño, implementación y seguimiento de los proyectos NDB «, expresa el texto de la nota. Fijar reglas «fuertes” y garantizar que sean respetadas, este es el tercer principio propuesto. El nuevo Banco de Desarrollo debe garantizar que las comunidades y Establecer reglas «robustas» y asegurarse que sean respetadas es el tercer principio propuesto. El nuevo Banco de Desarrollo debe garantizar que las comunidades y el medio ambiente comparten los beneficios de sus actividades, y no sean afectados negativamente por ellos. Las políticas y procedimientos internos del NBD se deben desarrollar con los más altos estándares de protección de los derechos humanos y el medio ambiente y, por lo menos, debe ser compatible con el derecho internacional. Si la legislación interna de un país en el que se realizan las inversiones es diferente de las políticas NBD, se sugiere que la norma aplicable debe ser la que ofrece el más alto nivel de protección del medio ambiente y para las comunidades. Las políticas y procedimientos internos del NBD deben ser elaborados conforme los más altos estándares de protección de los derechos humanos y del medio ambiente y, por lo menos, deben ser consistentes con el derecho internacional. Si la ley doméstica de un país donde las inversiones se realizan con diferencias de las políticas del NBD, se sugiere que la norma aplicable debe ser aquella que ofrezca el más alto nivel de protección ambiental y para las comunidades. El NBD también debe instituir mecanismos para una mayor rendición de cuentas y responsabilidad, incluyendo mecanismos independientes para asegurar que sus estructuras cumplan con sus propias políticas, que recursos estén disponibles para las comunidades puedan reparar daños generados por los proyectos y que la institución pueda extraer lecciones de su propia experiencia y mejorar a partir de ella. Para las organizaciones y movimientos sociales que firman el manifiesto, un buen punto de partida en este sentido son los Criterios de Efectividad de Mecanismos de Reclamo no Judiciales, de los Principios Orientadores de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] para Empresas y Derechos Humanos. El cuarto y último principio es que debe promover el desarrollo sostenible, que es la espina dorsal del mandato del NBD. «Teniendo en cuenta los cambios climáticos y sus actuales efectos dañinos sobre el desarrollo y la tendencia a su agravamiento para el futuro, las inversiones del NBD deben promover soluciones a largo plazo que sean sostenibles y con capacidad de recuperar los daños (resiliencia). Esto significa respetar los derechos de las comunidades sobre sus territorios y un medio ambiente limpio, rompiendo el actual modelo de extracción contaminante, depredadora e intensiva en recursos naturales que se están realizando en los países en desarrollo hace demasiado tiempo». Firman el manifiesto: Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (Rebrip) – Brasil; Conectas Derechos Humanos – Brasil; Friends of the Siberian Forests – Rusia; Centre for Applied Legal Studies– África do Sul; Ecoa – Ecologia e Ação – Brasil; Consumer Unity and Trust Society [(CUTS International) – Índia; OT Watch – Mongólia; Foundation for Environmental Rights, Advocacy & Development (Fenrad) – Nigéria; Jamaa Resource Initiatives – Quênia; ActionAid International; Rivers without Boundaries – Mongolia; Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights – EUA e Suíça; Global Network for Good Governance (GNGG) – Camarones; Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca – Brasil; Friends of the Earth US – EUA; Foundation for the Conservation Of The Earth (Focone)- Nigéria; Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia; Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – Argentina; Instituto de Pesquisa y Formación Indígena (Iepé) – Brasil; Social Justice Connection – Canadá; Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) – Guatemala; Fundar, Centro de Análisis e Investigación – México; Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (Adev) – República do Congo; e Civicus: World Alliance for Citizen Particpation – África do Sul. También: Fórum da Amazonia Oriental (Faor) – Brasil; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc) – Perú; International Rivers – International Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) – Argentina; Otros Mundos – México; Sexual Minorities Uganda (Smug) – Uganda; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) – Regional; Rede de Cooperação Amazônica (RCA) – Brasil; Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) – México; Lumière Synergie pour le Développement – Senegal; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) – Perú; Centro Terra Viva – Estudos e Advocacia Ambiental – Moçambique; Inclusive Development International – EUA; Fundación Ambiente y Recursos Naturales – Argentina; FIAN International – Brasil; Accountability Counsel – EUA; Justicia Asbl – Congo; L’Association des Jeunes Filles pour la Promotion de L’Espace Francophone – Guiné Equatorial – Conakry; Forest Peoples Programme – Reino Unido; Arab NGO Network for Development (ANND) – Líbano; International Accountability Project Southern African Faith Communities’ Environment Institute – África do Sul; ONG Hadassa – Gabão; Institute for Economic Research on Innovation – África do Sul; y la Anistia Internacional.

Fuente: Adital, Noticias de América Latina y Caribe