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En el marco de la actual revisión de la política de salvaguardas del Banco Mundial, FUNDEPS y otras 68 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, enviaron al banco una carta reclamando una mayor transparencia en la divulgación del borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social.

Transcurridos cuatro años desde el inicio del proceso de revisión, el Banco Mundial no ha dejado claro en qué momento se hará público el borrador de su nueva política de salvaguardas. Esto impide que la sociedad civil pueda observar el borrador final antes de la deliberación final del Directorio para su aprobación, a pesar que en los últimos años muchos de estos actores aportaron sus percepciones y recomendaciones al procedimiento.

El pasado jueves 26 de mayo, en una carta enviada al Directorio Ejecutivo del Banco, 69 organizaciones – incluyendo a FUNDEPS – demandaron que el borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social sea divulgado públicamente de manera previa a la deliberación de su aprobación por parte del Directorio. Lo cual resultaría consistente con la Política de Acceso a la Información del Banco. La carta enfatiza que la nueva política de salvaguardas tendrá una enorme implicancia en  el nivel de protección de los derechos humanos y la integridad medioambiental en todos los proyectos de desarrollo financiados por la Institución. Muchas de las cuestiones que se debaten en esta revisión son centrales en la agenda de desarrollo global actual, incluyendo el derecho a la tierra, la protección de los bosques y los hábitats naturales, el cambio climático, y la no discriminación e inclusión.

Esperamos recibir una respuesta satisfactoria de la Institución, ya que la divulgación del borrador de manera previa a su consideración por el Directorio dotaría de mayor transparencia a un proceso que fue fuertemente criticado desde sus inicios por parte de la sociedad civil. Para acceder a la carta enviada al Banco (en inglés) acceder aquí.

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

A la vista de la rápida reducción de los espacios de participación de la sociedad civil y los crecientes ataques a defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, firma una declaración sobre la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales para asegurar la participación y rendición de cuentas significativas y eficaces dentro de sus inversiones, y para fomentar un entorno propicio para la libertad de expresión, reunión y asociación.

A continuación, parte de la declaración:

En los últimos años, diversas instituciones financieras internacionales, (IFI’s) como el Grupo del Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otros bancos regionales de desarrollo e inversión, han acentuado cada vez más la importancia de la participación, la gobernanza efectiva y la rendición de cuentas para el desarrollo. Como ha sido señalado tanto por especialistas en derechos humanos como en desarrollo, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, reunión y asociación es indispensable para un desarrollo participativo, sostenible y responsable. (1)

En muchos de los países donde invierten las IFI’s, estos derechos se ven vulnerados por actos que incluyen desde la violenta represión de protestas y la criminalización de expresiones, hasta la aprehensión y detención arbitraria de defensores de derechos humanos, así como restricciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) (2) . En 2014, Global Witness identificó 116 asesinatos de defensores del derecho a la tierra, al territorio y derechos ambientales en 17 países, lo cual representa un promedio de más de dos casos por semana (3). Este clima de violencia, intimidación y reducción de los espacios para la sociedad civil hace que sea prácticamente imposible una participación pública genuina en el desarrollo. También agrava considerablemente el riesgo de que las actividades financiadas por las IFI contribuyan a violaciones de derechos humanos o exacerben estos abusos (4). 

En todas sus actividades, las IFI´s deben hacer todo lo posible dentro de sus atribuciones para contribuir a generar un entorno que propicie la participación pública y donde las personas tengan los medios necesarios para definir sus propias agendas de desarrollo y exigir que sus gobiernos, donantes, empresas y otros actores rindan cuentas. Las IFI deberían además asegurar que sus actividades no impliquen ni propicien violaciones de derechos humanos, lo cual incluye adoptar todas las medidas que permitan identificar y abordar riesgos para los derechos humanos en todas sus acciones. 

Los actores que suscriben esta carta instamos a todas las IFI´s a garantizar que las actividades que financian respeten los derechos humanos y que haya espacios a través de los cuales las personas puedan participar en el desarrollo de los proyectos de las IFI y exigir que estas rindan cuentas, sin poner en riesgo su seguridad. Alentamos a las IFI a contribuir activamente al cumplimiento efectivo de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como otros derechos humanos relacionados, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en todas sus actividades.

Asimismo, exhortamos a los gobiernos que son accionistas de instituciones financieras internacionales a que apoyen activamente estas reformas en cada una de las IFI de las cuales son miembros.

Instamos a las instituciones financieras internacionales a realizar las siguientes acciones:

1. Como parte de los compromisos a nivel de países y a nivel de proyectos, analizar de manera sistemática el contexto en el cual se manifiestan las libertades de expresión, reunión y asociación, y el efectivo ejercicio de otros derechos humanos que son cruciales para el desarrollo, así como las implicaciones para la eficacia del desarrollo y los resultados conseguidos por los proyectos. Incorporar este análisis a las estrategias de desarrollo y el diseño de proyectos en los países, entre otras cosas, identificando las acciones y medidas que serán adoptadas por la IFI y el cliente para abordar cualquier tipo de riesgos.

2. Formular e institucionalizar métodos creativos para posibilitar que las personas, incluidos grupos que sufren marginación y discriminación, puedan participar y expresarse libremente en proyectos de desarrollo financiados por las IFI que puedan afectarlas o que deberían beneficiarlas, sin riesgo de soportar represalias.

3. Analizar y adoptar medidas en forma sistemática para mitigar los riesgos vinculados con proyectos que puedan afectar las libertades de expresión, reunión y asociación, y otros derechos humanos, como los derechos económicos, sociales y culturales.

4. Adoptar políticas para asegurar que las inversiones en tecnología de la información y las comunicaciones no se utilicen para limitar la libertad de expresión ni violar obligaciones internacionales relativas a los derechos a la privacidad.

5. Desde las primeras etapas de la definición de un proyecto, y hasta después de concluida su ejecución, adoptar todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo de cualquier tipo de amenazas, ataques o represalias contra miembros de la comunidad, trabajadores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil por participar en el desarrollo del proyecto, criticar o repudiar un proyecto o manifestarse de otro modo contra un proyecto (o ser percibido como detractor de este). Tales medidas deberían incluir: incorporar cláusulas para evitar represalias en contratos de préstamo y crear un sistema de respuesta urgente para actuar ante amenazas contra quienes critican proyectos.

6. Destacar sistemáticamente la importancia de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación para un desarrollo participativo, sostenible y con rendición de cuentas, en los diálogos con todos los niveles de gobierno y en las publicaciones relevantes de las IFI. En el supuesto de propuestas que pudieran implicar retrocesos para la protección de estos derechos, subrayar a los gobiernos el impacto adverso que tales propuestas podrían tener para la efectividad del desarrollo y las actividades de la IFI en el país.

7. Con respecto a mecanismos de cumplimiento/rendición de cuentas: crear medidas para proteger el derecho de las personas a una reparación de daño, incluido el derecho a acudir libremente a los procesos de los mecanismos de rendición de cuentas de las IFI y participar activamente en estos; asegurar que las comunidades que probablemente resulten afectadas por un proyecto sepan que pueden acudir a los mecanismos de rendición de cuentas y quejas, y no teman por su seguridad; asignar a los mecanismos de rendición de cuentas las herramientas y las potestades necesarias para abordar situaciones en las cuales los reclamantes sufran represalias luego de haber participado o intentado utilizar un proceso de dichos mecanismos; y tomar previsiones para que las investigaciones sobre cumplimiento también examinen cualquier tipo de represalias tomadas contra quienes se oponen al proyecto y/o participan en el proceso del mecanismo.

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(1) Daniel Kaufmann, “Human Rights, Governance, and Development: An empirical perspective”, en World Bank Institute, Development Outreach, octubre de 2006, http://siteresources.worldbank.org/EXTSITETOOLS/Resources/KaufmannDevtOu…, págs. 15- 20; Hans-Otto Sano, “Development and Human Rights: The Necessary, but Partial Integration of Human Rights and Development”, Human Rights Quarterly, vol. 22.3 (2000), págs. 734-52.

(2) Amnistía Internacional, “La situación de los derechos humanos en el mundo 2015/2016”, 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/; Civicus, “Civil Society Watch Report”, junio de 2015, http://www.civicus.org/index.php/en/media-centre-129/news-and-resources-127/2245-new-civicus-report-civil-society-rights-violated-in-96-countries.

(3) Global Witness, “How Many More? 2014’s Deadly Environment: the killing and intimidation of environmental and land activists, with a spotlight on Honduras”, abril de 2015. 

(4) Human Rights Watch, “Bajo su propia responsabilidad: Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial”, 22 de junio de 2015, https://www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-against-cr… Oxfam International, “The Suffering of Others: The human cost of the International Finance Corporation’s lending through financial intermediaries”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-suffering-of-others-international-finance-corporation-020415-en.pdf.

Más información:

Declaración: Responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de asegurar una participación y rendición de cuentas genuina y efectiva en sus inversiones, y de promover un entorno propicio para las libertades de expresión, reunión y asociación 

Si desea suscribir la declaración, acceda aquí: bit.ly/1V50PEH

Contacto: 

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

¿Qué información está disponible sobre las inversiones chinas en América Latina y el Caribe y cómo afectan estar inversiones a la gobernanza de los recursos naturales en Perú, Colombia, Argentina y México?

El Grupo Regional de Financiamiento e Infraestructura (GREFI) analizó los cambios que se están produciendo en el flujo de inversiones chinas en la región y sus impactos en la gobernanza de los recursos naturales, en un evento en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI de este año.

A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre China y América Latina se han intensificado enormemente. Se estima que el intercambio de comercial ha crecido de 12 mil a 169 mil millones de dólares entre los años 2000 al 2014 y el año 2015. En este sentido, Pekín anunció la creación de un fondo de inversión de 10 mil millones de dórales para la cooperación bilateral con Latinoamérica para proyectos de tecnología, energía, minería e infraestructura. Su estrategia de crecimiento en América Latina es bastante clara.

Frente a sus inmensas necesidades de materias primas, llega a competir con otras instituciones financieras que por su larga historia y por el trabajo realizado a partir de grandes movimientos de la sociedad civil de la región, han ido generando mecanismos de acceso a la información y políticas para la protección socioambiental. Estos procesos han sido largos y siguen su curso. Nuevos desafíos como la armonización del derecho a la consulta previa y el cambio climático con las estrategias de crecimiento económico para nuestros países, ha hecho que se sigan exigiendo cambios y mejoras.

Con la llegada de China y una alta canalización de recursos en la región, acompañados de una estrategia clara en cuanto su modelo de crecimiento en la región que necesita de materias primas a un ritmo constante, GREFI trae a la discusión algunas preguntas que creemos fundamentales para nuestros países ¿Qué sucede cuando un actor de estas características llega a nuestros países? ¿Cómo se puede acceder a la información sobre las inversiones procedentes de China en la región? ¿Cómo impactan estas inversiones?

Los conflictos socioambientales relacionados a inversiones extractivas y de infraestructura son una realidad reciente debido a marcos regulatorios débiles, baja capacidad de supervisión de los mismos, conflictos entre diferentes niveles de gobierno e mecanismo de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes, entre muchos otros factores. Sumado a esto es importante considerar el poco conocimiento que todavía se tiene sobre las compañías chinas, y sobre todo de los marcos regulatorios nacionales con los que trabajan.

La falta de transparencia, el poco acceso a información relevante sobre financiamiento chino y acuerdos bilaterales firmados, es otro asunto sobre el que todos debemos demandar cambios, antes que nuestra capacidad de exigencia se haga más pequeña en comparación con la creciente influencia de china en las políticas de desarrollo en América Latina.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: www.grefi.info

 

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Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

FUNDEPS formará parte del Secretariado Internacional desarrollado por Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. El fin es apoyar los esfuerzos respecto al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Proyecto de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos, así como en actividades de difusión e incidencia en América Latina.

Desde la Fundacion para el Desarrollo de Políticas Sustentables tenemos el agrado de anunciarles el primer paso hacia la creación de un Secretariado Internacional. Siendo miembro de Coalition for Human Rights in Development formaremos parte del Secretariado, para apoyar los esfuerzos respecto al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Proyecto de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos, así como también en actividades de difusión e incidencia en América Latina.

Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global de FUNDEPS, liderará el trabajo como staff de la Secretaría de la Coalición. Gonzalo tiene mucha experiencia en investigación e incidencia en derechos humanos y ambiente, gobernabilidad global, instituciones financieras y mecanismos de rendición de cuenta.

El Secretariado Internacional incluirá staff de varias regiones, a los fines de permitir a la Coalición un mejor apoyo de sus miembros globales, además de estar más conectada con los impactos del financiamiento para el desarrollo y las luchas por los derechos humanos. Esperamos que se puedan añadir puestos en África y Asia durante el siguiente año.

Contacto:

Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

A pesar de las críticas levantadas por sectores de la oposición, preocupados por la toma de deuda y la participación de la constructora brasileña Odebrecht -salpicada por casos de corrupción en Brasil- en el proyecto de Gasoductos Troncales, la Unicameral aprobó las dos leyes impulsadas por Unión por Córdoba.

El oficialismo logró sancionar, en la sesión ordinaria del pasado 16 de marzo presidida por Martín Llaryora, las dos iniciativas enviadas por el gobernador. Por un lado se avaló la nueva toma de deuda para financiar obras y, por otro, se ratificó el decreto por el que se adjudicó la licitación para realizar el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba (ver aquí). Con la instalación proyectada de 2.336 kilómetros de gasoductos integrados en 10 sistemas regionales, este programa integral implicará una fuerte inversión en materia energética y dotará de gas natural a unas 170 localidades.

Durante el debate parlamentario, que se extendió por más de cinco horas y pudo ser presenciado por miembros de nuestro equipo del Área de Gobernabilidad Global, la mayoría del pleno legislativo autorizó al Poder Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público para el financiamiento de las obras licitadas por un monto de aproximadamente 893 millones de dólares; monto que se tomará de préstamos de entidades financieras de la República Popular de China.

Por otra parte, la asamblea legislativa autorizó al Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público por hasta 1.096 millones de dólares implementando un Programa Global de Emisión de Deuda. De esa cantidad, 596 millones son para rescate y canje del Boncor 2017, mientras que los otros 500 millones tendrán como destino la financiación de obras de infraestructura y la cancelación de pasivos, según lo comunicado por el Gobierno.

Cabe recordar que los sistemas Norte y Sur de los gasoductos estarán a cargo de la UTE: China Petroleum Pipeline Bureau y la cordobesa Electroingeniería SA. En tanto, China Com­muni­cations Construction Company LTD y la argentina ­Iecsa operarán en las zonas Este y Centro II. El resto de los sistemas (Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y Sureste) serán realizados por la compañía brasileña Norberto Odebrecht SA.

Buena parte del debate estuvo atravesado por críticas que pronunciaron legisladores que votaron en contra de las leyes impulsadas por Unión por Córdoba. Desde la oposición, García Elorrio, Montero, Salas y Quinteros plantearon que debió haberse votado en doble lectura y aprobado con mayorías agravadas, porque ambas iniciativas configuran empréstitos, por lo tanto deberían haber sido tratadas, como dice la Constitución, con doble lectura y aprobadas con mayoría agravada.

Además, el proyecto de los gasoductos sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos  por la falta de transparencia y por la participación en el mismo de la constructora brasileña Odebrecht, adjudicataria de 6 de los 10 sistemas de gasoductos, y cuyo expresidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado recientemente en Brasil a 19 años de prisión por actos de corrupción y lavado de dinero.

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 Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) creada en el 2003, es una alianza estratégica internacional que reúne a gobiernos, empresas extractivas y grupos de la sociedad civil de 49 países para desarrollar e implementar criterios de transparencia en los pagos que provienen de la actividad extractiva.

En la jornada previa a la Conferencia Global del EITI, el día martes 23 de febrero en el edificio del Centro de Convenciones de Lima, se llevaron a cabo distintas actividades. El evento oficial consistió en un panel de presentación de los Estudios de Transparencia Regional de los 10 años de Perú en el EITI,  donde se expusieron casos de Buenas Prácticas en Transparencia y Rendición de Cuentas por parte de la USAID en “Pro participación. Sociedad Civil Vigilante y Propositiva“; los alcances e implementaciones del MIM PERÚ, programa que intenta mejorar la inversión trabajando junto a los municipios; y la presentación de una herramienta de trabajo elaborada por la OCDE que se publicaría en el próximo mes de abril, acerca de la detección y el abordaje de corrupción en la cadena de valor de extractivos, una tipología de riesgos, medidas de mitigación e incentivos. En último lugar se presentó la Declaración de América por la Transparencia en las Industrias Minera y de Hidrocarburos, que fue objeto de críticas y sugerencias para una mejor redacción.

Al mismo tiempo y en salas contiguas se fueron llevando adelante eventos paralelos organizados por distintos grupos de la sociedad civil de Perú y de la región. En estos se polemizó el rol del EITI, demostrando sus limitaciones y formulando diferentes críticas su funcionamiento, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL de Naciones Unidas, entre otros. Destacamos la presencia de importantes figuras, como el Dr. Dondo Subsecretario de Política Minera del nuevo Ministerio de Energía y Minería del gobierno argentino, en la mesa de fortalecimiento de la gobernanza en las industrias extractivas en 2016 junto a representantes de los países de la región, organizada por el BID. En la misma Dondo se pronunció afirmando el interés del nuevo gobierno en explotación minera y en el EITI por cuestiones de transparencia. También hizo alusión a la reciente quita de las retenciones a la actividad minera en el país medida que busca, según palabras del Dr. Dondo, volver a la República Argentina más competitiva en esta actividad y la descentralización impositiva, ya que antes la percepción de este impuesto se concentraba en el gobierno nacional. Luego de su intervención, Martín Walter representante del BID se ofreció para que el gobierno argentino realizara todas las consultas necesarias durante esta reforma política, y aconsejó dialogar con los países que ya estaban trabajando el tema para que no se vuelvan a repetir errores en la región.

En el marco de estas actividades FUNDEPS suscribió el Posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana  ante la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas.

 

Contacto:

María Victoria Gerbaldo – Área de Gobernabilidad Global

victoriagerbaldo@fundeps.org

Los días 24 y 25 de febrero se estará llevando a cabo en Lima, la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, suscribe al posicionamiento regional.

La EITI es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 48 países con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas.

Es importante señalar que en centro América, EITI ha estado sujeta a fuertes cuestionamientos y hay señalamientos en torno a la falta de legitimidad del proceso, dado que numerosas organizaciones han señalado la imposición de la iniciativa como un medio para promover la actividad extractiva, ante el rechazo social a la misma existente en estos países.

De esta manera, diversos países están recurriendo a este espacio de gobernanza para lograr allegarse de información que por diversas razones, no se encuentra disponible actualmente, así como para fortalecer los espacios de participación.

Haciendo click acá se puede leer completo el documento que contiene el posicionamiento regional en el marco de la Conferencia Global EITI, al que suscribe FUNDEPS.

Contacto:

María Victoria Gerbaldo / Área de Gobernabilidad Global
victoriagerbaldo@fundeps.org 

Tras un trabajo de evaluación de 152 ofertas técnicas, económicas y financieras, serán tres los grupos que construirán los 10 sistemas de gasoductos troncales en Córdoba que beneficiarán a más de 685 mil cordobeses de 167 localidades, con un presupuesto que supera los $ 8.600 millones.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, comunicó que la expectativa es arrancar los trabajos a mitad de año y las obras se realizarían en 33 meses. La vía asiática cubre el 85 por ciento del presupuesto, con el pago de un seguro al inicio de la operación (condición insalvable), siempre que la compañía oriental tenga, por lo menos, la mitad más uno de participación en la unión de empresas y que la obra involucre exportaciones desde China por 20 a 30 por ciento de materiales. Participan los bancos ICBC y Bank of China.

Los grupos que lograron los mayores puntajes están integrados por empresas argentinas, chinas y brasileñas. Se preadjudicaron los sistemas Norte y Sur al grupo integrado por la unión transitoria de empresas (UTE) de China Petroleum Pipeline Bureau y Electroingeniería. Por su parte, la unión entre China Communications Construction Company y la local Iecsa tendrá a su cargo los sistemas Este y Centro II, mientras que la brasileña Norberto Odebrecht realizará los restantes: Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sudeste (ruta 11).

La Provincia aún no tiene datos precisos sobre la cantidad de empleo directo e indirecto que producirán las obras. La visita presidencial a la provincia de Córdoba en el mes de enero confirmó el apoyo de la Casa Rosada al Gobierno provincial. La Nación aportará 2.900 millones de pesos para los gasoductos troncales (8.600 millones de presupuesto total) y los 70 millones de pesos mensuales (3.430 en total) que la Provincia dejará de pagar por la Central Térmica de Pilar.

Desde FUNDEPS, monitorearemos el avance de este proyecto, buscando asegurar que su ejecución respete la normativa de protección ambiental y participación ciudadana.

 

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

Discusiones sobre las implicancias del creciente rol de China en el financiamiento del desarrollo en Latinoamérica en general y de Argentina en particular.

De acuerdo a datos recientemente publicados por el Inter-American Dialogue, China sigue ampliando su rol como financiador de grandes proyectos en la región. Durante el 2015, el financiamiento chino a Latinoamérica fue mayor que el del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. El financiamiento chino sigue teniendo un fuerte foco en el sector extractivo y de infraestructura; desde 2005 China ha financiado proyectos de infraestructura por 40,3 mil millones de dólares y 70,2 mil millones en el sector energético.

En este contexto, Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, participó de la mesa de diálogo que se realizó a fines de enero en Washington DC organizado por el Inter-American Dialogue. En este encuentro, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil discutieron sobre las implicancias de esta creciente relevancia de China en la región en cuanto a los estándares sociales y ambientales de este financiamiento.

Desde FUNDEPS, se continuará monitoreando el perfil del financiamiento proveniente de fuentes chinas, los estándares socio-ambientales de estos proyectos y el respeto a la normativa de participación, acceso a la información y protección ambiental.

 

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

En el marco de la consulta pública, realizada el pasado 8 de diciembre en la ciudad de México, más de 180 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe enviaron un posicionamiento frente al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, solicitando respuestas de los Directores Ejecutivos que representan a la región.

El pasado martes 8 de diciembre el Banco Mundial llevó adelante, en la ciudad de México, una consulta pública en relación al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social (MAS), en el marco de la revisión de las Políticas de Salvaguardas de la Institución. Este proceso, iniciado hace ya más de tres años, ha tenido una participación limitada de la ciudadanía y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), no ha sido ampliamente difundido y ha carecido de información oportuna para su revisión de manera previa a la consulta y de criterios claros que establezcan cómo los representantes del Banco responderán a las preocupaciones y propuestas que las OSC han realizado.

El nuevo borrador del MAS está siendo ampliamente criticado por diversos motivos. En particular, se destaca que el Banco no tiene un compromiso explícito respecto a respetar los derechos humanos, que se refleje en sus políticas. El MAS propuesto evita referencias a estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que es indispensable si se quiere lograr un desarrollo sustentable. Además, el Marco está permeado de un lenguaje ambiguo, es decir, no cuenta con procedimientos definidos, plazos claros y criterios y requisitos obligatorios.

Además, la propuesta del Banco deja abierto el cumplimiento de los estándares, es decir, no define claramente cuándo ni cómo se debe cumplir con lo establecido en el MAS. En el marco vigente, un requisito indispensable consiste en evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales de manera previa a la aprobación de un proyecto, así como publicar las evaluaciones antes de la fase de evaluación de proyectos de alto riesgo. El nuevo Marco, por el contrario, establece que las evaluaciones ambientales y sociales deben iniciarse “lo más temprano posible”, por lo que de entrada pone en riesgo los procesos de consulta, ya que éstos no pueden realizarse de manera efectiva sin que se cuente con la información completa y detallada acerca de un determinado proyecto.

Por esto, más de 180 organizaciones de la región de América Latina y el Caribe (ALC), entre ellas FUNDEPS, se han posicionado frente a este borrador, que va en contra de la misión principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida. Las organizaciones solicitan una respuesta por parte de los Directores Ejecutivos que representan a la región de ALC.

El MAS del Banco Mundial baja el estándar tanto para el propio Banco, como para toda la comunidad internacional. En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, este borrador estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas en el ámbito de desarrollo bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad.

 

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

Fundeps participó en las distintas mesas de debate y en la organización de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Luego de una semana de trabajo, elaboramos junto con el Grupo Regional Sobre Financiamiento e infraesctructura, del que formamos parte, algunas reflexiones y conclusiones.

Desde el 5 hasta el 12 de octubre en Lima, Perú, se llevaron a cabo las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ante ese encuentro, Fundeps como parte del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), co-organizó un evento alternativo a esas reuniones, que concluyó con una marcha de protesta que unió a organizaciones de la sociedad civil y a movimientos sociales. En ocasión de estos eventos, Fundeps, participó en numerosas mesas de discusión en temas de protección del ambiente, respeto a derechos humanos y participación. Como resultado de la semana de trabajo en Lima, junto con el GREFI, compartimos algunas reflexiones frente a la experiencia, los procesos en marcha y los desafíos que tenemos en adelante como organizaciones de la sociedad civil:

 1. En primera instancia, queremos agradecer los esfuerzos de muchísimas personas e instituciones que hicieron del foro alternativo un espacio desde donde discutir el rol de instituciones financieras internacionales en nuestra región y el mundo.

2. Generamos una instancia en el que participaron miles de personas, muchas organizaciones y movimientos sociales y que esperamos haya podido generar redes de contacto para continuar esa colaboración.

3. Ese espacio nos permitió hacer escuchar otra mirada sobre las dinámicas de financiamiento para el desarrollo que implican fuertes impactos en el ambiente y en el derecho de las personas y que consolidan un proceso de toma de decisión alejado de las personas a las que supuestamente busca beneficiar.

4. Creemos que uno de los principales méritos de este esfuerzo compartido fue justamente el de conectar demandas de diferentes niveles y de diferentes actores. Así, se hicieron reclamos sistémicos respecto del modelo extractivista y de procesos de toma de decisiones globales sin participación ni rendición de cuentas.

5. Se conectaron las dinámicas de debilitamiento de estándares socio-ambientales en el marco de instituciones financieras internacionales con similares procesos a nivel local, donde las garantías legales de protección social y ambiental o se han debilitado considerablemente o no se implementan efectivamente generando una gran cantidad de conflicto socio ambientales en el marco de los cuales son vulnerados todo tipo de derechos.

6. En este contexto, destacamos también la multitudinaria marcha de protesta, que mostró otro mensaje a las reuniones oficiales, haciendo llegar una variedad de reclamos.

Respecto de los desafíos a los que nos enfrentamos, esperamos que podamos seguir haciendo el esfuerzo de conectar las discusiones globales con las necesidades locales y regionales. Esperamos esto en particular de la discusión de las políticas de salvaguardas del Banco Mundial.

En este punto, y conectado con lo anterior, nos preocupa especialmente la dinámica de competencia por debilitar esos marcos de protección, en una carrera que acentúa el carácter de entidad financiera del Banco Mundial, mucho más que su rol como un actor de políticas de desarrollo. Además, en contextos nacionales y regionales de debilitamiento de marcos legales, nos preocupa la decisión de apoyarse en los sistemas de país sin generar mecanismos de revisión de su implementación efectiva.

Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, creemos que parte de la estrategia de discusión y rechazo de las salvaguardas sociales y ambientales incluyó una fragmentación sectorial de los temas en debate, que quizás debilitó nuestra capacidad de oposición.

Quizás esto sea una de las razones que explique por qué el Banco ha seguido avanzando en este proceso, a pesar de las múltiples y variadas muestras de rechazo. Tal vez la experiencia de Lima, en el que logramos conectar reclamos muy variados en una sola estrategia de oposición y conectamos esos reclamos con los contextos locales y regionales pueda servir como punto de partida para futuros esfuerzos colectivos.

 Más información: www.grefi.info

 Contacto:

Gonzalo Roza /Coordinador del Área de Gobernabilidad Global 

 gon.roza@fundeps.org

Juan Carballo / Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

FUNDEPS, como parte de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), abre una consulta sobre una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo.

Las actividades para el desarrollo pueden tener un profundo impacto en la efectiva vigencia de los derechos humanos. Desafortunadamente, las herramientas estándares de planificación del desarrollo, selección, evaluación y monitoreo no están diseñados para captar plenamente su impacto en los derechos humanos. Por lo tanto, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), una alianza global de la que FUNDEPS forma parte, ha venido llevando adelante un proyecto para desarrollar una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo. Para mayor detalle, haga click aquí.

 

¿Qué es esta herramienta?

Un componente clave de esta metodología ha sido la elaboración de una Herramienta de Análisis de Oportunidades y Riesgos (AOR). La AOR ha sido diseñada para ser utilizada por Instituciones financieras y gobiernos, que planifiquen e implementen proyectos y actividades de desarrollo. La AOR llevará al usuario a través de un proceso que identifique y evalúe riesgos y oportunidades asociadas para  los derechos humanos, permita ajustar el diseño de una actividad para responder a los mismos y desarrolle indicadores  y un plan de monitoreo.

AOR está basado en un Registro de Estándares, organizado en 12 Áreas temáticas y acompañadas por un set de preguntas de indicadores de riesgo y de evaluación de impacto. Haga click aquí para acceder los estándares e indicadores. Haga click aquí para mayor información.

Este es un proyecto ambicioso, que busca contribuir a la protección de los derechos humanos en el desarrollo. En este contexto, abrimos una consulta para poder crear una herramienta innovadora que demuestre tanto a gobiernos como instituciones financieras qué significa identificar y responder a riesgos e impactos en derechos humanos.

 

Cómo participar de la consulta

  • Documentos en borrador: Es posible acceder al Registro de Estándares e Indicadores directamente aquí. Los hemos organizado por área temática así pueden verse directamente los aspectos que más se vinculan con la experiencia de cada particiapnte.
  • Encuesta online: Hemos desarrollado un cuestionario online que se puede completar haciendo click aquí
  • Comentarios en documentos: Es posible enviar comentarios usando directamente los archivos de las tablas, con control de cambios, a esta dirección: hr_consultation@fundeps.org
  • Entrrevistas personales: Hemos dispuesto un equipo de trabajo para organizar reuniones virtuales para recibir comentarios y observaciones. Para hacerlo, comunicarse con el correo hr_consultation@fundeps.org.

– Fecha límite: 31 de Octubre.