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FUNDEPS continúa con el compromiso asumido en lo que respecta a Violencia Mediática y Simbólica hacia las mujeres y/o de Género, junto con la Asociación Civil Comunicar para la Igualdad. En este marco, se hará un monitoreo de los órganos del estado encargados de aplicar normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las mujeres y/o de Género.
Durante el transcurso del año 2014, nuestro equipo consolidó una alianza de trabajo junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, a los fines de la realización de un proyecto conjunto que se centra en el monitoreo de la aplicación de las normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de Género. Nuestro principal objetivo es hacer un seguimiento de la implementación de las políticas públicas sobre comunicación y género desarrolladas en los últimos años en nuestro país, inéditas en el mundo.
Es imperiosa la realización de una valoración crítica de los últimos años transcurridos desde la implementación de las políticas señaladas, con el objetivo de generar herramientas para continuar avanzando en el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres y de las personas habitualmente sometidas a situaciones de desigualdad debidas a su identidad de género u opción sexual.
Las instituciones que trabajamos en este proyecto, hemos asumido el compromiso de seguir en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y/o de género y trabajar activamente desde sus espacios de acción en la generación de incidencia en políticas públicas que importen el desarrollo de una sociedad más equitativa e igualitaria.
Desde el trabajo realizado por ambas instituciones, y a partir de las necesidades que surgen de la problemática relacionada con la existencia y persistencia de contenidos de corte sexista que importan violencia simbólica y mediática en los medios de comunicación audiovisuales de Argentina, es que FUNDEPS y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad han generado este espacio de compromiso y colaboración a los fines de desarrollar herramientas útiles a la sociedad civil y la comunidad, que se traducirán en un informe sobre los Mecanismos implementados por los Órganos Estatales a los fines de aplicar las normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de Género, que terminará de confeccionarse durante el transcurso de este año.
Más información:
– Asociación Civil Comunicar Igualdad
Contacto:
Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org
La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida.
El 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia Contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, en homenaje a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo, en Santo Domingo, en el año 1960.
Este día señala tradicionalmente el inicio de 16 días de Activismo contra la violencia hacia las Mujeres, que concluye el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos).
Una de cada tres mujeres y niñas experimenta violencia a lo largo de su vida, por eso las organizaciones de la sociedad civil insistimos en la necesidad de un compromiso real y constante por parte de los Estados, para lograr un cambio y combatir esta epidemia desde lo político y lo social, generando acciones concretas y promoviendo el compromiso ciudadano en la lucha contra la violencia hacia la mujer.
Seguimos reconociendo que en las últimas décadas hemos logrado avanzar como sociedad en el reconocimiento de derechos y en la facilitación de medios para denunciar y sancionar los actos de violencia, promover educación en igualdad, y crear espacios de participación en el desarrollo de políticas. Sin embrago, nos encontramos lejos del objetivo y necesitamos seguir hacia adelante.
La protección de los derechos humanos de las mujeres goza de jerarquía constitucional a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y en especial la problemática de la violencia contra las mujeres se encuentra tratada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer «Convencion de Belem Do Para», esta última ratificada por nuestro país. En nuestro orden interno, la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres es el marco regulatorio que establece los tipos y modalidades del ejercicio de la violencia, como lo son la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática, entre otras.
En este día hay que reasumir el compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y continuar trabajando todos los días del año, reclamando, promoviendo, educando y denunciando estos hechos que se constituyen como una de las mayores violaciones de derechos humanos de nuestros tiempos.
Hace unos días, en Santiago de Chile, representantes de los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 aprobaron dar inicio a las negociaciones para la creación de un acuerdo regional en esta área.
El proceso de gobernabilidad internacional ambiental tiene su origen en 1972 en la Conferencia de Estocolmo y sucesivamente en diferentes conferencias y cumbres. En 1992 en la Cumbre de Río, en la “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo” se recepta el principio 10 que hace referencia a los derechos de acceso en materia ambiental: derecho a la información, a la participación en la toma de decisiones y al acceso a la justicia. Esta declaración, de alcance global, no es vinculante para los Estados por lo que se necesita su operatividad.
Por ello, en el ámbito europeo se dictó en 1998 el Convenio de Aarhus como instrumento que regula y da operatividad a estos tres pilares de la democracia ambiental siendo vinculante para países de Europa, Asia Central y la Comunidad Europea.
Convenio Regional para América Latina
En el ámbito latinoamericano, esperamos que para 2015-2016 se dicte un Convenio Regional que operativice el principio 10 y que refleje de manera efectiva los estándares más altos del acceso a la información, participación y justicia ambiental. Se han realizado diferentes reuniones y encuentros para avanzar en este proceso que cuenta con la CEPAL como Secretaría técnica. En las últimas cuatro reuniones de Puntos Focales de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10, se evidencia un claro avance y participación comprometida de los países signatarios para la concreción del instrumento regional.
La primera reunión se realizó en Santiago de Chile los días 6 y 7 de noviembre del 2012 donde delegados de los países signatarios acordaron una Hoja de Ruta para la cabal implementación del convenio regional. La segunda, tuvo lugar en Guadalajara (México) el 18 de abril de 2013, en la cual se aprobó un Plan de Acción hasta 2014 para fortalecer los derechos de acceso en temas ambientales. La tercera, se llevó a cabo en Lima (Perú) el 30 y 31 de octubre de 2013, acordándose líneas de acción para el 2014 en materia de fortalecimiento de capacidades y cooperación.
Recientemente, del 4 al 6 de noviembre de 2014, se llevó a cabo en Santiago de Chile la cuarta reunión de Puntos Focales, en donde los representantes de los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 aprobaron dar inicio a las negociaciones para la creación de un acuerdo regional en esta área.
Desde 2012 a la fecha la Declaración ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, y Uruguay. En la cuarta reunión participaron además como observadores Antigua y Barbuda, Nicaragua y Santa Lucía. Los asistentes celebraron la reciente incorporación de Bolivia y El Salvador y recordaron que el proceso está abierto a todos los países de América Latina y el Caribe.
En esta última reunión, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, destacó que el futuro instrumento no debe ser meramente declarativo sino que debe ser ambicioso y establecer obligaciones legales claras y concretas que garanticen de manera efectiva los tres pilares de los derechos de acceso en materia ambiental: información, participación y justicia. Estas negociaciones, deberán basarse en los contenidos mínimos de San José de Costa Rica.
Desde FUNDEPS se apoyará el trabajo sostenido de otras ONGs de la región para trabajar en la implementación efectiva de los derechos de acceso y cooperar con los gobiernos a través de recomendaciones y/o intercambios de ideas para avanzar hacia un instrumento regional.
Más información:
– Comunicado de prensa de la reunión de la CEPAL
Contacto:
Desde FUNDEPS reafirmamos nuestro compromiso de trabajo por los derechos humanos de las mujeres con la adhesión al “Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales”, propuesta de acción de la Defensoría del Público, que promueve la construcción de capacidades ciudadanas sobre comunicación con enfoque de género en los medios audiovisuales.
Desde FUNDEPS reafirmamos nuestro compromiso de trabajo por los derechos humanos de las mujeres con la adhesión al “Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales”, propuesta de acción de la Defensoría del Público, que promueve la construcción de capacidades ciudadanas sobre comunicación con enfoque de género en los medios audiovisuales.
En el marco del compromiso asumido, el 26 de agosto participamos en la Mesa de Trabajo de la Región Centro, jornada en la que las organizaciones de la sociedad civil logramos elaborar propuestas para el desarrollo de buenas prácticas en los contenidos y productos audiovisuales, con enfoque de género y en respeto a los colectivos de la diversidad LGTBI. El desarrollo del evento tuvo dos mesas de diálogo y discusión, la primera relacionada con la necesidad de implementar prácticas que consideren a la problemática de la violencia y discriminación hacia las mujeres, teniendo como centro la revisión de los contenidos, desde las noticias que informan casos de violencia machista, hasta la emisión de propagandas que acentúan los estereotipos patriarcales. La segunda mesa se enfocó en la necesidad de observar las coberturas relacionadas con la diversidad sexual e identidad de género, generando recomendaciones para que su trato sea particularmente respetuoso y remarcando como indispensable la visibilización, la eliminación de la estigmatización y el respeto por la autodeterminación como derecho humano.
Nuestras propuestas tuvieron como principio rector la necesidad de mejorar la efectividad de los procesos de sanción establecidos por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, para aquellos medios que emitan contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes, como es establecido por los art. 70 y 71 de la mencionada ley. Asimismo, entendemos indispensable la formación, sensibilización y capacitación a los/as generadores/as de contenidos, como presupuesto primordial para la construcción de este nuevo enfoque para los productos audiovisuales en nuestro país.
Más información:
Con una gran convocatoria, se realizó la Jornada sobre Derecho y Violencia: Perspectiva de Género y Práctica Jurídica. Este evento organizada por FUNDEPS en colaboración con la Universidad Siglo 21 significó un espacio para discutir sobre esta problemática y resaltar la necesidad de abordarla con una perspectiva de derechos humanos.
Desde el ejercicio del derecho, es indispensable pensar y repensar nuestras prácticas, intentando lograr una posición crítica para construir y, por otro lado, deconstruir desde una perspectiva de derechos humanos. La problemática de la violencia de género es una de las violaciones de derechos humanos más graves de nuestra época, y nuestros operadores jurídicos reciben muy poca formación y capacitación relacionada con ello, y el panorama se oscurece aún más si hablamos de sensibilización en perspectiva de género y la realidad de las mujeres y de los colectivos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex (LGTBI).
Es por ello que, desde FUNDEPS, junto con la Universidad Empresarial Siglo 21, organizamos la Jornada de Capacitación y Sensibilización «Derecho y Violencia: Perspectiva de Género y Práctica Jurídica», destinada a futuros y jóvenes operadores/as jurídicos/as, no sólo de la carrera de abogacía, sino intentando contemplar la necesaria interdisciplinariedad que la temática requiere. El evento se enmarcó en el compromiso asumido por nuestra fundación con la Campaña Únete del Secretariado de Naciones Unidas, que promueve la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, uniendo esfuerzos con el Área de Responsabilidad Social Universitaria y la Carrera de Abogacía de la Universidad Empresarial Siglo 21.
La jornada fue una tarde de encuentro, que contó con una mesa de tres expositores especializados en la problemática. En primera instancia, la Lic. Adriana Spila, Periodista y Directora del Periódico Ñu Porá, Ex presidenta de la Comisión de Género y DDHH del Consejo Provincial de la Mujer, Presidenta del Centro Acción de las Mujeres, Miembro del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, entre otros logros en su carrera de activismo feminista. Ella dio un recorrido sobre los conceptos principales sobre la perspectiva de género, destacando la importancia de la aplicación de los tratados de derechos humanos, en especial aquellos que tratan específicamente sobre derechos humanos de las mujeres, y realizando criticas específicas como la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la educación y formación de los profesionales y de los miembros/as del Poder Judicial, la indispensable aplicación de las normas desde esa perspectiva, y el tratamiento y discusión de figuras normativas que amparen mayores derechos.
Posteriormente, expuso la Dra. Natalia Milisenda, Doctoranda en Derecho y Cs. Sociales, quien forma parte del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la UNC y el Programa de Ética y Filosofía Política de la UNC, es Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la UNC, abogada de la organización Católicas por el Derecho a Decidir e Integrante de la Alianza Argentina de Abogados por los Derechos de las Mujeres. Su presentación nos invitó a reflexionar sobre los conceptos de heteronormatividad y su relación directa con la perspectiva de género. Desde su experiencia de litigio en la causa del homicidio de Natalia «Pepa» Gaitán, nos pudo mostrar cómo la violencia hacia las mujeres y las personas LGTBI, se relaciona con las complejas construcciones socio-culturales que generan relaciones de poder jerárquicas que establecen una norma de comportamiento que permite la exclusión y el sometimiento, legitimando el ejercicio de la violencia.
Por último, el Dr. Gabriel Alejandro Martín, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ex Jefe de Área de la Unidad de Constatación de la Dirección de Violencia Familiar y Ex Jefe de Área de Asistencia Jurídica Gratuita (Dirección de Política Judicial y Reforma Procesal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, también nos enriqueció con su experiencia cotidiana en la práctica del derecho relacionada con esta problemática en particular. Hablando en carácter personal, el Dr. Martín nos destacó la urgencia del tratamiento de la violencia doméstica, particularmente la de género, y la necesidad de utilizar todas las herramientas de reconocimiento y acceso a los derechos que todos los operadores jurídicos tengamos a nuestro alcance. Nos puso en contacto directo con la práctica y nos invitó a seguir con una constante formación, destacando la necesidad del trabajo interdisciplinario, de la sensibilización y del compromiso.
La experiencia del debate y críticas realizada entre el público y los expertos fue sumamente enriquecedora, y demostró el compromiso e interés por parte de la audiencia. La mesa de expositores y de debate fue moderada por la Lic. Gabriela Socias, Maestranda en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Co-fundadora de Asociación Civil Remanyao, Integrante de la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva, de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes Rumbo a Cairo+20, y de Juventud con Voz.org.
Agradecemos la presencia de quienes avalaron y acompañaron el proceso de la realización de este evento, en particular al Consejo Provincial de la Mujer, y a las organizaciones amigas Derecho Entre Lineas y Global Shapers Hub Córdoba. Es necesario agradecer también a los amigos de la Campaña Lazo Blanco Argentina-Uruguay, que han acompañado a FUNDEPS desde el comienzo en la construcción de nuestra agenda en género y derechos de las mujeres. Finalmente, la Jornada fue especial gracias a la audiencia de más de 250 personas que asistieron, se interesaron, preguntaron y generaron un ambiente de debate, esencial para seguir construyendo nuestros derechos como sociedad.
Informe paralelo al Comité de las naciones unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, apoyado por FUNDEPS.