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Un grupo de diputadas y diputados nacionales presentó un proyecto de resolución apoyando el pedido de 27 organizaciones para que el Consejo Nacional de las Mujeres «informe sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley N° 26.485 , en el art 9”.

Ya pasaron más de dos meses de la multitudinaria movilización del 3 de junio que se realizó bajo la consigna “Ni una menos”, y del reiterado pedido de información al Consejo Nacional de las Mujeres por parte de las organizaciones sociales para que se de a conocer el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A pesar del tiempo transcurrido y de los reiterados reclamos, aún no se ha dado a conocer dicho Plan.

Un grupo de diputadas y diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para solicitar al Consejo Nacional de las Mujeres que “informe sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley N° 26.485 , en el art 9”. El proyecto se realizó en apoyo al reclamo iniciado por 27 organizaciones a partir de la multitudinaria movilización que se realizó el pasado 3 de junio bajo la consigna «Ni Una Menos», en contra de la violencia de género.

El proyecto lleva la firma de Carla Carrizo (Suma+), Virginia Linares (GEN-FAP), Felipe Sola (FR), Alicia Ciciliani y Gabriela Troiano (PS), Susana Toledo (UCR), y otros representantes del pueblo en la cámara baja.

Los fundamentos del proyecto de resolución recuerdan que la ley N° 26.485, en su artículo 9°, establece entre las funciones del Consejo Nacional de la Mujer «la elaboración, implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Asimismo, los y las diputadas firmantes consideran que “la existencia de dicho Plan permitiría avanzar en lo dispuesto por el inciso b) del mismo artículo. El cual dispone: Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”.

Las organizaciones que suscribieron la carta son: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Amnistía Internacional Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; FUNDEPS; Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); CLADEM Argentina; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF); Feministas en Acción; el Programa de Investigación y Abogacía Feminista de la Universidad de Palermo; la Fundación Siglo 21; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); FIFCJ; el Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI); la Asociación Civil El Ágora; Walk Free; la Colectiva Feminista La Revuelta; la Cátedra Libre de Géneros, Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Comahue; la Asociación Descosidas; el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional; el Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari y la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac).

 

Contacto: Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

Con motivo de las elecciones nacionales Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), fijadas para el próximo 9 de agosto, revisamos algunos de los spots de campaña ofrecidos por las distintas fuerzas políticas, analizando en ellos la ausencia, o presencia, de perspectiva de género y la vulneración de derechos garantizados por ley.

Casos analizados: 

Las propagandas políticas utilizan como herramienta predilecta los spots televisivos, videos de corta duración con mensajes directos y efectistas, reproducidos en medios de difusión masiva. Desafortunadamente, algunos de estos videos han evidenciado la dificultad para evitar mensajes que tienen a mujeres y niñas como objeto de distintos tipos de violencias o no reflejan la complejidad de las temáticas vinculadas a las desigualdades estructurales de género ni la ampliación de derechos vinculados a estos temas que ha habido en nuestra sociedad en los últimos años.

Un spot publicitario del precandidato presidencial Mauricio Macri, Vendo rosas para comprarme la bici, abrió un intenso debate en distintos ámbitos acerca del abuso de poder que queda plasmado sobre el cuerpo de la nena que lo protagoniza. La notable incomodidad de la niña, ante la insistencia en el contacto físico de Macri, no es tenida en cuenta como una expresión de violencia sobre ella; quizás en sentido contrario, esta violencia pretende ser mostrada como un gesto de cariño del adulto que “pasa por encima” de la voluntad de la nena. No es casual que sea el mismo precandidato que tiempo atrás aludió a los “piropos“  de los varones hacia las mujeres como algo que ellas quieren, aceptan e inclusive, disfrutan. Son expresiones de una mirada patriarcal que considera tanto que las mujeres pueden ser objeto de uso, al servicio de la mirada masculina; como que un/a niña/o no debe negarse al acercamiento con una persona adulta, sin respetar el articulado de leyes nacionales e internacionales que, entre otras cosas, dicen que lxs niñxs “tienen derecho a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio” (Art. 9, Ley Nacional 26061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes).

Por otra parte, se trata de un discurso que naturaliza el trabajo infantil. La niña le muestra “su producción de flores” y él ofrece comprarle una, en un intento por “colaborar” para que pueda comprarse su bicicleta. Más allá de que el trabajo infantil está prohibido en Argentina (Ley 26390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Prohibición del Trabajo Adolescente), el spot expone una perspectiva benefactora sobre la sociedad y no de construcción de ciudadanía; el candidato con recursos puede resolver un día de la venta de la nena comprándole rosas, pero sin el ofrecimiento de políticas públicas para salir de la pobreza ni para eliminar, justamente, una práctica prohibida por ley y nociva para cualquier niña/o.

Ninguna de estas circunstancias queda librada al azar en una publicidad: la niñez, la mujer, el trabajo, envían un mensaje claro al espectador: se están desconociendo derechos que la ciudadanía ganó trabajosamente en los últimos años.

Por otro lado, en el spot del gobernador de la provincia de Córdoba Juan Manuel De la Sota, Discurso de noviazgo, el mensaje violento contra las mujeres no fue disimulado. La desafortunada analogía entre las elecciones PASO y las relaciones interpersonales, reproduce la idea patriarcal de mujeres ubicadas en lugares de objetos, en roles pasivos y a los varones en posiciones dominantes y hegemónicas, perpetuando la generación de todos los tipos de violencia que sufren las mujeres: el novio –futuro esposo- puede flirtear e intercambiar novias durante el noviazgo, ya que no se trataría de una instancia definitiva como el matrimonio; sin embargo, esto no es un acuerdo que han pautado con su novia “oficial”, sólo él está escogiendo entre varias opciones mientras ella asiste pasiva y desconcertada a las confesiones de él. Desde el spot se propone una analogía con las PASO, en la que hay varios candidatos para elegir, y la decisión definitiva –el matrimonio- sería durante las elecciones de octubre.

El spot del candidato Daniel Scioli, La victoria de la familia, si bien no incurre en discursos sexistas ni violentos explícitos como los anteriores, no contribuye a la construcción de valores inclusivos en relación a los modelos de familia. Se expone un modelo tradicional, que deja de lado la realidad de las familias no heterosexuales, reconocidas legalmente en nuestro país a partir de la Ley de Matrimonio Igualitario. La construcción familiar que pueda realizarse desde espacios simbólicos impacta en lo permitido o excluido dentro de los vínculos sociales: presentar modelos diversos de familia, o una familia con integrantes diversos, legitimaría y reforzaría los derechos garantizados en relación a este tema por la mencionada ley.

Por último, si bien saludamos la iniciativa del candidato de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, de incluir en un spot a la violencia de género como tema central de campaña, advertimos sobre la necesidad de considerar a este tipo de violencia como una problemática estructural de toda la sociedad,  que se relaciona con la desigual distribución de las relaciones de poder –por tanto un abordaje integral de la misma involucraría una revisión profunda por parte de los varones de los roles históricos de dominación que han asumido-. Justamente porque se trata de una problemática que involucra a la sociedad completa, los varones violentos no son “bestias” –sino varones comunes socializados en la dominación masculina- y las mujeres violentadas no son particularmente vulnerables; se trata de situaciones que pueden afectar, y lo hacen, a todos los sectores educativos, económicos y sociales. Por último advertimos sobre la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo si se desea trabajar con perspectiva de género.

La Ley nº 26.485 de Protección Integral de las Mujeres en los Ámbitos en que se desarrollan sus Relaciones Interpersonales  dispone en su artículo 6, que la difusión de mensajes e imágenes en los medios que humillen o atenten contra la dignidad de las mujeres, es considerada violencia mediática.

Por su parte, la Ley nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene, dentro de sus objetivos, promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado en los medios, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.

Estas leyes deben ser aplicadas a los spots de campaña, como a cualquier contenido reproducido en los medios de comunicación.

La violencia mediática y la discriminación de género en radio y televisión, pueden ser denunciadas por todos nosotros en:

Fuente:

Monitoreo de medios de comunicación acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS). Ver también en: Informe de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad sobre el caso

Consultar comunicados anteriores.

Contacto: 

 Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos

 vir.pedraza@fundeps.org

A dos meses de la multitudinaria movilización bajo la consigna “Ni Una Menos”, 27 organizaciones de la sociedad civil reiteramos el pedido realizado al Consejo Nacional de las Mujeres, exigiendo la inmediata difusión pública del «Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres»; tal como establece la Ley nº 26.485 de protección integral a las mujeres. Además reclamamos a candidatas y candidatos que expresen sus propuestas sobre el tema.

Desde Fundeps participamos y apoyamos la iniciativa que exige un plan de acción que proteja a las mujeres contra la violencia de género. Públicamos a continuación la gacetilla envíada a todos los medios y organizaciones el pasado 3 de agosto:

(Buenos Aires, 3 de agosto de 2015) – A través de una carta dirigida a Mariana Gras Buscetto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) presentada el pasado 8 de junio, 27 organizaciones requerimos la inmediata y amplia difusión pública del «Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

A dos meses de la multitudinaria movilización bajo la consigna “Ni Una Menos”, con la suma de 43 adhesiones personales e institucionales a la carta y 2341 firmas reunidas en la Plataforma de Walk Free, reiteramos nuestro pedido:

  • Exigimos al Consejo Nacional de las Mujeres la elaboración, implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción, de acuerdo con la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
  • Advertimos que la ausencia de un Plan Nacional provoca la superposición de esfuerzos y falta de eficacia de las iniciativas creadas para dar algún tipo de respuesta a la violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias fatales se comprueban con alarmante cotidianeidad.

Además, interpelamos a candidatas y candidatos, en especial quienes aspiran a la presidencia, a que respondan públicamente: ¿Cuáles son sus propuestas para abordar el problema de la violencia contra las mujeres y qué recursos financieros e institucionales se comprometen a involucrar?

 

Contactos para prensa:

Natalia Gherardi – ELA (011) 15-4491-9292

Daniela Fagioli – Mujeres en Lucha MPLD-MTK (011) 15-4045-2394

Mabel Bianco – FEIM (011) 15-6478-3635

Raquel Vivanco – MuMaLá (011) 15-3086-1345

Liliana Tojo – CEJIL (011) 15-3340-9795

Milena Páramo – Cladem Argentina (011) 15-5375-2086

Monique Altschul – MEI (011) 15-5310-0711

María Eugenia Miranda – Walk Free (011) 15-5346-7558

Organizaciones participantes:

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Amnistía Internacional Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; FUNDEPS; Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); CLADEM Argentina; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF); Feministas en Acción; el Programa de Investigación y Abogacía Feminista de la Universidad de Palermo; la Fundación Siglo 21; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); FIFCJ; el Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI); la Asociación Civil El Ágora; Walk Free; la Colectiva Feminista La Revuelta; la Cátedra Libre de Géneros, Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Comahue; la Asociación Descosidas; el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional; el Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari y la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la salud sexual y reproductiva.

A lo largo de todo 2014, hemos crecido en diversos aspectos y alcanzado objetivos y metas, que es para nosotros una satisfacción presentarles nuestro Informe de Actividades 2014. 

Durante el año 2014, hemos logrado diversificar nuestra agenda de trabajo, no solo en temas abordados sino también en la forma de llevar a cabo nuestra incidencia social. Desde la incorporación de nuevos integrantes en todas las áreas, a la participación en redes y la colaboración con nuevos socios. Realizamos investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con otras organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Estamos seguros de poder alcanzar una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en tanto trabajemos por la efectiva vigencia de los derechos humanos. Por eso desde nuestras tres áreas, apuntamos a desarrollar temáticas relacionadas a los derechos humanos con la convicción que, a través de procesos participativos y democráticos, vamos a generar un desarrollo más sustentable.

Agradecemos a todas las instituciones y los socios que confiaron en nuestro trabajo, y apuntamos a terminar este 2015 recorriendo nuevos caminos.

Los invitamos a leer nuestro informe en el siguiente link: http://bit.ly/1OzVAI7; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

El pasado viernes 26 de junio, en Paraná, más de 187 organizaciones expusieron en la primera Audiencia Pública 2015, organizada por la Defensoría del Público. Con la consigna ¿Cómo nos ven los medios?, durante más de ocho horas se abordaron variadas temáticas en relación a este eje.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organizó la primera Audiencia Pública 2015 región centro, en la que participaron organizaciones de distintas localidades de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Misiones y La Pampa.

Las instituciones participes provenían de distintos sectores y entre ellas hubo sindicatos, medios comunitarios y gestionados por pueblos originarios, asociaciones de sordos y de intérpretes de lengua de señas, organizaciones sociales, comunidades campesinas, organismos públicos, instituciones educativas, productores audiovisuales, adultos mayores, grupos de investigación, etc.

A partir del disparador sobre cuáles son las representaciones que los medios de comunicación audiovisual construyen, se plantearon distintas temáticas como género y diversidad sexual, discapacidad, vejez, juventud y niñez, el mundo del trabajo, violencia institucional, entre otras. Desde nuestra Área de Derechos Humanos, en torno al tema género, se presentó nuestro proyecto de Violencia Mediática y se profundizó sobre las representaciones sexistas y no sexistas que promueven los medios de comunicación.

Agradecemos a la Defensoría del Público la invitación y celebramos la concreción de estos espacios de participación y construcción ciudadana. Vemos enriquecedora la oportunidad de intercambiar perspectivas con organizaciones, y entre todos reclamar la comunicación como un derecho.

 

Más información

Defensoría del Público

 

Contacto

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org

El lunes 8 de junio se presentó, ante el Consejo Nacional de Mujeres, el pedido mediante el cual se exige la difusión del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.

Desde FUNDEPS acompañamos este pedido de difusión del Plan Nacional, que ha sido mencionado en distintas instancias, por funcionarios e instrumentos oficiales, pero del cuál no hay información disponible. A continuación, se transcribe la gacetilla de prensa difundida por las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa:

Una treintena de organizaciones exige el Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres

En una carta dirigida a la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, diversas organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos y de las mujeres exigieron la inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como establece la ley N° 26.485.

(Buenos Aires, 08 de junio de 2015) – A través de una carta dirigida a Mariana Gras Buscetto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), 27 organizaciones requirieron la “inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres”. En declaraciones públicas recientes Gras Buscetto sostuvo que el Plan Nacional de Acción ha sido aprobado y se encuentra en ejecución. Lo mismo informó el Estado argentino en presentaciones oficiales realizadas ante organismos internacionales. Sin embargo, el mismo no ha sido difundido en Argentina ni se encuentra información disponible en la página web del CNM. La elaboración, implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción es responsabilidad del CNM de acuerdo con el artículo 9(a) de la Ley 26.485 de Protección Integral  a las Mujeres.

Las instituciones y agrupaciones que suscribieron la nota trabajan desde hace muchos años en la promoción de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, a través del acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas a través de la investigación, la incidencia en ámbitos nacionales e internacionales y la asistencia a quienes atraviesan distintas manifestaciones de violencia en Argentina. Firmaron la carta: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Amnistía Internacional Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); CLADEM Argentina; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF); Feministas en Acción; el Programa de Investigación y Abogacía Feminista de la Universidad de Palermo; la Fundación Siglo 21; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); FIFCJ; el Programa de Género de la Universidad Nacional de Córdoba; el Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI); la Asociación Civil El Ágora; Walk Free; la Colectiva Feminista La Revuelta; la Cátedra Libre de Géneros, Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Comahue; la Asociación Descosidas; el Frente Popular Darío Santillan Corriente Nacional; el Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari y la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la salud sexual y reproductiva.

En el texto las organizaciones explican que enmarcan la petición en el derecho a la información pública y por considerar que tanto la difusión como el acceso al Plan Nacional de Acción revisten un claro interés público.

La carta finaliza solicitando a la Presidenta del CNM -en tanto autoridad de aplicación de la Ley 26.485- que ponga a disposición de manera inmediata el Plan Nacional de Acción “incluyendo sus objetivos, etapas de implementación, alcance, recursos asignados e indicadores de proceso y de resultado, así como las evaluaciones anuales realizadas desde el inicio de su aplicación”.

 

Contacto: Virginia Pedraza / vir.pedraza@gmail.com

El miércoles 3 de junio se marchará a nivel nacional bajo la consigna #NiUnaMenos. El objetivo es manifestarse en contra de la violencia de género y los femicidios. En Córdoba la concentración comenzará a las 18 hs en Colón y Cañada.

La violencia en contra de las mujeres no es un problema de hoy, sólo que hoy decimos ¡BASTA!

En Argentina, muere una mujer asesinada cada 32 horas. El año pasado fallecieron 277 a causa de violencia de género. 15 de esas muertes sucedieron en la provincia de Córdoba.

En lo que va del 2015, ya hubo siete femicidios en la provincia. Todos los casos fueron difundidos públicamente.

Las muertes provocadas por violencia de género son una epidemia que se esparce cada vez más. La consigna «Ni Una Menos» es un manifiesto en contra de la violencia causada a las mujeres, a la discriminación, la invisibilización y la objetivación de la mitad de la población mundial.

Desde FUNDEPS junto con otras organizaciones, venimos trabajando arduamente en contra de esta problemática aberrante en nuestra sociedad, y principalmente en la provincia de Córdoba, a través de la coordinación de diversos acompañamientos, actividades e intervenciones, y la promoción de la sensibilización por parte del Estado y distintos actores sociales también. Es por esto que adherimos e invitamos a que todxs participemos de la marcha bajo esta consigna, que se convoca para el día 3 de junio a las 18 hs. en Av. Colón y Cañada.

«Basta de femicidios, ni una mujer menos. El machismo mata, todxs debemos ponerle un freno a la violencia»

 

Contacto: 

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

Tras haber compartido distintos espacios y conociendo nuestros equipos, hemos confirmado nuestro compromiso de trabajo junto a la Fundación Plurales, a través de un Convenio de colaboración mutua. El mismo tiene como objetivo establecer mecanismos de apoyo entre las organizaciones, generando espacios en los que cada una de las partes pueda aportar la especialidad que le ha dado la experiencia.

En el marco de un diálogo participativo, se ha identificado la necesidad de complementar el trabajo de ambas fundaciones y coordinar acciones en forma conjunta. Tanto nuestra fundación como Fundación Plurales nos desempeñamos en diferentes campos, con especialidades y experiencias que pueden alcanzar mejores resultados con mayor alcance.

Ambas organizaciones confluyen en la realización de misiones afines, principalmente en la incidencia de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la participación pública, y la promoción de empoderamiento e inclusión social de comunidades en situación de riesgo y vulnerabilidad. Buscamos potenciar nuestros resultados a partir de la generación de tematicas comunes. Nuestro principal enfoque de trabajo estará relacionado con los ejes de: acceso al agua, a la tierra y la vivienda, equidad de género, promoción de un desarrollo sustentable con miras a un ambiente sano, participación pública y acceso a la información.

Es siempre una buena noticia encontrar confianza y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, ya que estas uniones son necesarias para lograr mayor alcance e impacto en los cambios locales, regionales y globales, desde una perspectiva de derechos humanos.

 

Son bienvenidos a visitar la web de nuestros nuevos compañeros de trabajo: http://www.plurales.org/

 

Contacto: 

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos

 vir.pedraza@fundeps.org

Desde nuestra Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, iniciamos un espacio de monitoreo permanente de medios masivos, acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina. En esta primera instancia, analizamos el informe “Piropo vas a llorar: después de Aixa, nos prohíben la seducción espontánea”, emitido por el programa Duro de Domar.

Caso: Informe del programa Televisivo “Duro de Domar” llamado “Piropo vas a llorar: después de Aixa, nos prohíben la seducción espontánea”, publicado por Canal 9 el día 8 de Abril del 2015.

El pasado 8 de abril, el programa televisivo de Canal 9 “Duro de Domar” transmitió un informe sobre la denuncia pública realizada por la joven Aixa Ruzzo, a través de un video en YouTube, sobre el acoso callejero que sufre desde hace más de un mes en la puerta de su casa, por parte de un grupo de trabajadores de una empresa que provee servicios eléctricos.El programa reproduce el contenido del video de Aixa combinándolo, en forma grotesca e irónica, con imágenes y representaciones que tienden a simplificar y parodiar la gravedad del acoso verbal sufrido por ella, difamándola y humillándola.

Luego de la presentación del caso, el informe justifica el acto de “seducción espontánea propio de los varones” mostrando imágenes con contenido sexista. Asimismo, reproduce los desafortunados dichos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  Mauricio Macri, cuando tiempo atrás expresó en una entrevista radial: “En el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquella que dice que no, que me ofende, no le creo nada”.

En el avance del informe se expone la repercusión mediática que tuvo el caso, planteando la idea de una exageración sobre el acoso verbal, deshonrando los dichos de la joven: “Con todo respeto a Aixa, no está copado eso de imaginar un Mangeri en cada obra de construcción”.

La Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485) explica en su artículo 6 que la difusión de mensajes e imágenes en los medios que humillen o atenten contra la dignidad de las mujeres, es considerada violencia mediática. Por su parte, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) tiene, dentro de sus objetivos, promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado en los medios, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.

 

La violencia mediática y la discriminación de género en radio y televisión, pueden ser denunciadas por todos nosotros en:

La Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. (Tel: 0800 999 3333)

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. (Tel: 0800-345-0285)

El Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión.

 

Fuente: Informe de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad sobre el caso

 

Contacto: 

 Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

FUNDEPS continúa con el compromiso asumido en lo que respecta a Violencia Mediática y Simbólica hacia las mujeres y/o de Género, junto con la Asociación Civil Comunicar para la Igualdad. En este marco, se hará un monitoreo de los órganos del estado encargados de aplicar normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las mujeres y/o de Género.

Durante el transcurso del año 2014, nuestro equipo consolidó una alianza de trabajo junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, a los fines de la realización de un proyecto conjunto que se centra en el monitoreo de la aplicación de las normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de Género. Nuestro principal objetivo es hacer un seguimiento de la implementación de las políticas públicas sobre comunicación y género desarrolladas en los últimos años en nuestro país, inéditas en el mundo.

Es imperiosa la realización de una valoración crítica de los últimos años transcurridos desde la implementación de las políticas señaladas, con el objetivo de generar herramientas para continuar avanzando en el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres y de las personas habitualmente sometidas a situaciones de desigualdad debidas a su identidad de género u opción sexual.

Las instituciones que trabajamos en este proyecto, hemos asumido el compromiso de seguir en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y/o de género y trabajar activamente desde sus espacios de acción en la generación de incidencia en políticas públicas que importen el desarrollo de una sociedad más equitativa e igualitaria.

Desde el trabajo realizado por ambas instituciones, y a partir de las necesidades que surgen de la problemática relacionada con la existencia y persistencia de contenidos de corte sexista que importan violencia simbólica y mediática en los medios de comunicación audiovisuales de Argentina, es que FUNDEPS y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad han generado este espacio de compromiso y colaboración a los fines de desarrollar herramientas útiles a la sociedad civil y la comunidad, que se traducirán en un informe sobre los Mecanismos implementados por los Órganos Estatales a los fines de aplicar las normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de Género, que terminará de confeccionarse durante el transcurso de este año.

Más información:

– Asociación Civil Comunicar Igualdad

Contacto:  

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida.

El 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia Contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, en homenaje a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo, en Santo Domingo, en el año 1960.
Este día señala tradicionalmente el inicio de 16 días de Activismo contra la violencia hacia las Mujeres, que concluye el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos).

Una de cada tres mujeres y niñas experimenta violencia a lo largo de su vida, por eso las organizaciones de la sociedad civil insistimos en la necesidad de un compromiso real y constante por parte de los Estados, para lograr un cambio y combatir esta epidemia desde lo político y lo social, generando acciones concretas y promoviendo el compromiso ciudadano en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Seguimos reconociendo que en las últimas décadas hemos logrado avanzar como sociedad en el reconocimiento de derechos y en la facilitación de medios para denunciar y sancionar los actos de violencia, promover educación en igualdad, y crear espacios de participación en el desarrollo de políticas. Sin embrago, nos encontramos lejos del objetivo y necesitamos seguir hacia adelante.

La protección de los derechos humanos de las mujeres goza de jerarquía constitucional a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y en especial la problemática de la violencia contra las mujeres se encuentra tratada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer «Convencion de Belem Do Para», esta última ratificada por nuestro país. En nuestro orden interno, la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres es el marco regulatorio que establece los tipos y modalidades del ejercicio de la violencia, como lo son la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática, entre otras.

En este día hay que reasumir el compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y continuar trabajando todos los días del año, reclamando, promoviendo, educando y denunciando estos hechos que se constituyen como una de las mayores violaciones de derechos humanos de nuestros tiempos.

Hace unos días, en Santiago de Chile, representantes de los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 aprobaron dar inicio a las negociaciones para la creación de un acuerdo regional en esta área.

El proceso de gobernabilidad internacional ambiental tiene su origen en 1972 en la Conferencia de Estocolmo y sucesivamente en diferentes conferencias y cumbres. En 1992 en la Cumbre de Río, en la “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo” se recepta el principio 10 que hace referencia a los derechos de acceso en materia ambiental: derecho a la información, a la participación en la toma de decisiones y al acceso a la justicia. Esta declaración, de alcance global, no es vinculante para los Estados por lo que se necesita su operatividad.

Por ello, en el ámbito europeo se dictó en 1998 el Convenio de Aarhus como instrumento que regula y da operatividad a estos tres pilares de la democracia ambiental siendo vinculante para países de Europa, Asia Central y la Comunidad Europea.

Convenio Regional para América Latina

En el ámbito latinoamericano, esperamos que para 2015-2016 se dicte un Convenio Regional que operativice el principio 10 y que refleje de manera efectiva los estándares más altos del acceso a la información, participación y justicia ambiental. Se han realizado diferentes reuniones y encuentros para avanzar en este proceso que cuenta con la CEPAL como Secretaría técnica. En las últimas cuatro reuniones de Puntos Focales de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10, se evidencia un claro avance y participación comprometida de los países signatarios para la concreción del instrumento regional.

La primera reunión se realizó en Santiago de Chile los días 6 y 7 de noviembre del 2012 donde delegados de los países signatarios acordaron una Hoja de Ruta para la cabal implementación del convenio regional. La segunda, tuvo lugar en Guadalajara (México) el 18 de abril de 2013, en la cual se aprobó un Plan de Acción hasta 2014 para fortalecer los derechos de acceso en temas ambientales. La tercera, se llevó a cabo en Lima (Perú) el 30 y 31 de octubre de 2013, acordándose líneas de acción para el 2014 en materia de fortalecimiento de capacidades y cooperación.

Recientemente, del 4 al 6 de noviembre de 2014, se llevó a cabo en Santiago de Chile la cuarta reunión de Puntos Focales, en donde los representantes de los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 aprobaron dar inicio a las negociaciones para la creación de un acuerdo regional en esta área.

Desde 2012 a la fecha la Declaración ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, y Uruguay. En la cuarta reunión participaron además como observadores Antigua y Barbuda, Nicaragua y Santa Lucía. Los asistentes celebraron la reciente incorporación de Bolivia y El Salvador y recordaron que el proceso está abierto a todos los países de América Latina y el Caribe.

En esta última reunión, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, destacó que el futuro instrumento no debe ser meramente declarativo sino que debe ser ambicioso y establecer obligaciones legales claras y concretas que garanticen de manera efectiva los tres pilares de los derechos de acceso en materia ambiental: información, participación y justicia. Estas negociaciones, deberán basarse en los contenidos mínimos de San José de Costa Rica.

Desde FUNDEPS se apoyará el trabajo sostenido de otras ONGs de la región para trabajar en la implementación efectiva de los derechos de acceso y cooperar con los gobiernos a través de recomendaciones y/o intercambios de ideas para avanzar hacia un instrumento regional.

Más información:

– Comunicado de prensa de la reunión de la CEPAL

– Propuesta de naturaleza y contenidos del instrumento regional de principios de acceso en materia ambiental – Contenidos mínimos de San Jose de Costa Rica

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