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Los cambios impulsados por el Banco plantean un debilitamiento deliberado del Mecanismo, sobre todo en materia de Accesibilidad e Independencia, aspectos cruciales para lograr un instrumento efectivo y eficiente.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es un mecanismo independiente dentro del entramado institucional del Banco Interamericano de Desarroll (BID) que tiene como objetivo responder a las inquietudes y quejas de individuos o comunidades afectadas por “algún daño sustancial, adverso y directo como consecuencia de un posible incumplimiento por parte del Banco de alguna de sus políticas operativas en una operación financiada por la Institución.[1] A su vez, a través de su accionar busca mejorar los resultados sociales y ambientales de las operaciones del Banco. De allí la importancia de este instrumento para la protección del ambiente y los derechos humanos en los países donde el Banco actúa; y lo preocupante que resultan los cambios que pretende introducir el Banco, que implicarían un evidente debilitamiento del Mecanismo y un claro retroceso en el proceso de fortalecimiento del mismo, iniciado en 2010.

Justamente, en el año 2010 el MICI reemplazó al fallido e ineficiente Mecanismo Independiente de Investigación (MII) en lo que representó una positiva apuesta del Banco por fortalecer y hacer más eficiente el Mecanismo. Sin embargo, en el año 2013 se inició una nueva revisión del mismo que derivó, tras una Primer Fase de Consulta Pública, en la elaboración de un Borrador de Política Revisada del MICI, recientemente publicado por el Banco. El documento fue sometido a una Segunda Fase de Consulta Pública recientemente finalizada, el 15 de septiembre pasado, donde el Banco estuvo recibiendo las opiniones y comentarios de la  sociedad civil respecto al mismo.

Es en ese marco en el cuál un conjunto de más de 20 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del mundo[2] enviaron un documento de Comentarios al Borrador de la Política Revisada, expresando su gran preocupación por los cambios que está planteando el Banco. El documento, en cuya elaboración FUNDEPS ha participado activamente, resalta el fuerte retroceso que representa la propuesta del Banco, sobre todo en materia de Accesibilidad e Independencia del Mecanismo, y plantea una serie de críticas y recomendaciones entre las cuales destacan:

  • La Política Revisada no sólo representa un debilitamiento y retroceso en relación al Mecanismo aún vigente, sino también en relación al resto de los mecanismos de rendición de cuentas existentes en otras Instituciones similares al BID. Mientras la mayoría de los mecanismos de dichas instituciones tienden a facilitar y promover el acceso a sus mecanismos; el BID está pretendiendo hacer lo opuesto estableciendo un mecanismo poco accesible, poco independiente y por tanto, muy poco confiable y efectivo;
  • El Borrador de Política Revisada establece disposiciones que ponen en jaque la  independencia del Mecanismo además de crear una gran cantidad de obstáculos innecesarios para acceder al mismo y hacer mucho más complicada la presentación de una Solicitud por parte de los afectados;
  • Se han podido apreciar, a lo largo de todo el proceso de revisión que implementó el Banco, una serie de irregularidades y falencias en especial respecto a las Consultas Públicas y la incorporación de comentarios de la sociedad civil, que ponen en duda la legitimidad de todo el proceso; por lo que el Banco debe establecer un proceso participativo e inclusivo de implementación del nuevo mecanismo que permita paliar dichas irregularidades.

A su vez, el documento plantea una amplia y detallada serie de comentarios y sugerencias sobre el Borrador de Política Revisada en materia de Implementación; Accesibilidad; Independencia; Efectividad; Estructura, Manato y Proceso; y Terminología y Definiciones. (Ver el Documento completo)

FUNDEPS ha venido participando activamente en el proceso de revisión del MICI (ver comunicado “Organizaciones de la sociedad civil reclaman al BID un proceso de consulta pública efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del MICI”) procurando evitar el debilitamiento del Mecanismo, lo que redundaría evidentemente en menores posibilidades de remediación para aquellos afectados por proyectos financiados por el Banco. En ese sentido, y en el marco de su participación en el mes de octubre en las próximas Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI en Washington DC, el equipo de Gobernabilidad Global de FUNDEPS realizará reuniones de incidencia sobre el Directorio Ejecutivo del Banco y el personal del MICI con el objetivo de expresar la fuerte preocupación de la sociedad civil en torno a la revisión del Mecanismo y evitar el debilitamiento del Mecanismo.

Más información:

Página web del MICI

Propuesta de Política Revisada

Resumen de los Principales Cambios Propuestos

Política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 2010 (actualmente en vigencia).

Archivos Adjuntos:

Comentarios_al_borrador_de_politica_revisada_del_MICI – BID_-_espanol.pdf

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org


[1] Ver sección del MICI en la página web del BID: http://www.iadb.org/es/mici/inicio,7736.html
[2] Accountability Counsel de EEUU – Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) de México – Center for International Environmental Law (CIEL) de EEUU – Comisión de Justicia y Paz de Colombia – Comunidades Unidas Macroproyecto Aeropuerto El Dorado de Colombia – Corporativa de Fundaciones AC de México – Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú – Ecoa de Brasil – EarthRights International de EEUU – Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina – Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Chile – Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) de Argentina – Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. de México – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina – Human Rights Clinic at the University of Texas at Austin, School of Law de EEUU – Human Rights Council de Etiopía – Jamaa Resource Initiatives de Kenia – Natural Justice de Sudáfrica – Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) de EEUU – Social Justice Connection de Canadá – Centre for Research on Multinational Organizations (SOMO) de Holanda – Yansa Foundation de EEUU.

En los últimos años China ha incrementado sustancialmente el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Existe una preocupación en organizaciones de la sociedad civil por los estándares ambientales y de derechos humanos.

La reciente gira latinoamericana del presidente de la República Popular China Xi Jinping por los países de Brasil, Argentina, Cuba y Venezuela y los correspondientes acuerdos tanto bilaterales como multilaterales firmados por el mandatario, no hicieron más que reforzar una tendencia que se ha venido profundizando poco a poco en el transcurso de los últimos años: la creciente presencia de China en la región, traducida en un incremento sustancial en el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Las visitas oficiales que, durante 2013, realizó el presidente chino a México y diferentes países centroamericanos y del Caribe, y las visitas oficiales del anterior primer ministro chino Wen Jiabao a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en 2012 que derivaron en la creación del Fondo de Cooperación China – América Latina, son ejemplos concretos de ello.

Si se analizan los principales acuerdos firmados durante esta gira presidencial, se podrá apreciar fácilmente que el sector de infraestructura es el destino preponderante de las inversiones chinas, sobre todo en materia de transporte y energía. Así, por ejemplo, los acuerdos firmados en Argentina implicarían la inversión de más de 4.800 millones de dólares para la recuperación de ferrocarriles (ex Belgrano Cargas), el financiamiento de represas hidroeléctricas, y diversos acuerdos en materia de energía nuclear, infraestructura, agricultura e industria naval, entre otros (listado de acuerdos suscriptos). En el caso de Venezuela los acuerdos involucraron financiamiento de proyectos sociales y de infraestructura y un convenio con PDVSA para investigación de minerales, mientras que en Brasil, el mandatario chino asistió a la VI Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en donde se estableció  la creación de un Fondo de Reservas y del Banco de Desarrollo de los BRICS (denominado Nuevo Banco de Desarrollo), que tiene como finalidad movilizar recursos para proyectos de infraestructura y el desarrollo sostenible en economías emergentes y en desarrollo; y se plantea como una “alternativa” al Banco Mundial y el FMI.

Si se observan los números totales, desde 2005 en adelante China ha dado créditos a la región superando los 100 billones de dólares, en un relación que muchos han definido como “mutuamente beneficiosa”, ya que por su parte China obtiene los recursos y materias primas que demanda su economía en pleno crecimiento (básicamente alimentos y recursos energéticos), mientras que los países latinoamericanos acceden a un importante y necesitada fuente de financiamiento externo.

Sin embargo, lo que no se está teniendo en cuenta en ese análisis y está siendo en gran medida soslayado por los diferentes actores tanto públicos como privados de los países latinoamericanos, son los riesgos en materia socioambiental y de Derechos Humanos que pueden traer aparejados los proyectos e iniciativas financiadas por esta vía. Los cuales, por lo general, cuentan con requisitos y estándares socioambientales más flexibles que los de las fuentes tradicionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el BID, por ejemplo. Los cuales, de por sí, continúan siendo fuertemente cuestionados desde la sociedad civil por su incapacidad de abordar efectivamente la protección del Medio Ambiente y los Derechos Humanos de las poblaciones involucradas.

A su vez, resulta muy difícil poder acceder a información certera y fidedigna acerca de las inversiones chinas (montos, condiciones, características del financiamiento, actores involucrados, etc.) tanto en la región en general como en Argentina en particular, ya que no existen actualmente una gran cantidad de actores (ya sea de la sociedad civil, como de la academia, del sector privado o incluso la esfera pública) que se dediquen a hacer un seguimiento y monitoreo pormenorizado de este tipo de financiamiento y, más importante aún, de sus impactos e implicancias en cada uno de los países.

En un escenario con estas características, donde por un lado el monto de las inversiones y créditos se incrementan exponencialmente y por el otro, la información es escasa y ambigua, algunos actores de la sociedad civil han comenzado a involucrarse en el tema procurando realizar actividades de investigación y seguimiento, e incluso elaborando herramientas que permitan una  mayor comprensión de las características y particularidades de las inversiones chinas en la región.

Recientemente, por caso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador presentó el “Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior”, una herramienta teórico-práctica destinada a servir como guía para las comunidades locales y difundir parámetros en relación a derechos y sostenibilidad frente a las inversiones y créditos chinos. El documento, elaborado por Paulina Garzón, representa un gran avance para las comunidades y demás sectores de la sociedad civil involucrados y contribuye sustancialmente para una mejor comprensión de una temática de creciente relevancia para nuestra región.

Por su parte, y teniendo en cuenta esta creciente necesidad, FUNDEPS ha iniciado recientemente un trabajo de monitoreo y seguimiento de esta agenda en el marco del trabajo de investigación e incidencia que lleva adelante sobre los diferentes actores regionales del financiamiento para el desarrollo.

Más información:

CDES – Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

La sociedad civil latinoamericana debe actuar de manera urgente frente al riesgo de debilitamiento de las salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial. Mayores precisiones en cuanto al debilitamiento de esos estándares y las respuestas desde organizaciones de la sociedad civil.

Un borrador filtrado de la propuesta del nuevo marco de políticas de salvaguardias para el Banco Mundial deja en evidencia lo que la sociedad civil venía temiendo desde el inicio mismo del proceso de revisión, en el año 2012: un evidente riesgo de debilitamiento de los estándares ambientales y sociales destinados a proteger a las personas y el medioambiente de los impactos negativos ocasionados por los proyectos financiados por el Banco.

Si bien el borrador presenta algunos avances secundarios, resulta evidente que el nuevo régimen de salvaguardias que se está proponiendo para la institución representa un claro retroceso en materia estándares socioambientales; y prácticamente echará por tierra toda una generación de logros y avances de la sociedad civil y de comunidades afectadas en pos del fortalecimiento de las mismas. A su vez, representa un peligroso precedente para otras Instituciones Financieras que actúan en la región, como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) o la CAF (Corporación Andina de Fomento/Banco de Desarrollo de América Latina), que suelen tomar al Banco Mundial como “modelo a seguir”.

Sin embargo, aún no es demasiado tarde para actuar, ya que los Directores Ejecutivos del Banco deben reunirse el próximo 30 de julio para decidir si el borrador avanza a la siguiente fase (segunda ronda de consultas) o debe ser devuelto a la Gerencia del Banco para ser modificado. Es por ello que resulta de imperiosa urgencia que la sociedad civil latinoamericana se contacte con los Directores Ejecutivos de la región que estarán reuniéndose el próximo 30 de julio a fin de expresarles su preocupación en relación al borrador de las nuevas salvaguardias y reclamarles que la misma sea enviada nuevamente a la Gerencia para su reforma.

A continuación los datos de contacto de los Directores Ejecutivos que representan a los países de la región:

  • Director de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay: César Guido Forcieri (argentino) – Correo: cforcieri@worldbank.org
  • Director de México, Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y España: Juan José Bravo Moisés (mexicano) – Correo: jbravomoises@worldbank.org
  • Director de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Republica Dominicana y otros: Roberto Tan (filipino) – Correo: rtan1@worldbank.org. Suplente: Rogerio Studart (brasileño) – Correo: rstudart@worldbank.org

Algunas Organizaciones de la Sociedad Civil ya se han comunicado con Directores Ejecutivos y funcionarios del Banco Mundial para expresar su preocupación por estos posibles cambios. Así, en una comunicación enviada el pasado 24 de julio, se expresó la oposición al borrador. A modo de ejemplo, se marcaron puntos como «la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación».

FUNDEPS ha estado siguiendo el proceso de revisión de las salvaguardias del Banco, ha mantenido una serie de reuniones de incidencia en los últimos meses (ver aquí) y a pesar de haber intentado, infructuosamente, contactarse en reiteradas oportunidades con el Director Ejecutivo argentino César Guido Forcieri, volverá a intentar comunicarse con él para expresar la preocupación en torno al borrador de las nuevas políticas de salvaguardias y la necesidad de su reformulación.

Más información:

Carta de OSC al Directorio Ejecutivo y funcionarios del Banco Mundial – 24/07/2014

Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «El Paquetazo: El Banc/o Mundial Amenaza Con Debilitar Sus Salvaguardas y Abrir una Brecha Hacia la Flexibilización Mundial de Estándares Sociales y Ambientales»

Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «The World Bank Moves to Weaken its Protection for the Poor»

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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El Director de Derechos Humanos de Cancillería recibió a representantes de la sociedad civil para dialogar sobre la posición de Argentina en la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Director General de Derechos Humanos de Cancillería, el Ministro Federico Villegas Beltrán, recibió el pasado lunes a un grupo de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre la actuación de Argentina en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante el mes de Junio el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibirá los informes realizados por el Comité Asesor de Derechos humanos y Empresas, y se debatirá la posibilidad de avanzar hacia un instrumento internacional que regle la responsabilidad de las empresas en materia de Derechos Humanos. Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, FUNDEPS envió al Canciller Héctor Timerman una carta solicitando que en las próximas sesiones del Comité se respalde la elaboración de un tratado internacional sobre la materia.

Actualmente numerosas empresas comerciales están directa o indirectamente vinculadas a una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo. Existe además una profunda preocupación por la forma en que se ven afectados los derechos de los sectores de trabajo más vulnerables: mujeres, jóvenes, personas en situación de pobreza, campesinos y pueblos indígenas, niñas y niños, entre otros. Asimismo, se ha registrado un importante aumento de los ataques, persecuciones, intimidaciones y restricciones a las defensoras y defensores de los derechos humanos, tanto a miembros de organizaciones de la sociedad civil, como de sindicatos y representantes de los pueblos indígenas.

En el marco de las Naciones Unidas el vínculo entre empresas y Derechos Humanos se encuentra regulado por tres pilares fundamentales: el deber de protección de los estados frente a los abusos de Derechos Humanos cometidos por terceros, el deber de las empresas de respetarlos y su correlativa responsabilidad, y el acceso a de las víctimas a la justicia, para alcanzar una efectiva reparación. Sobre estos pilares se han desarrollado los Principios Rectores y otras normas como las directrices OCDE, y el marco de sostenibilidad y estándares de desempeño de la CFI.

Normas de este tipo aparecen no sólo en regulaciones autónomas sino también en leyes ambientales, de defensa del consumidor, de protección laboral y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, los estudios muestran que aunque hay un gran número de normas que directa o indirectamente regulan el deber de debida diligencia empresarial, en la práctica no se ejecutan o se no se aplican plenamente.

La Treaty Alliance

Frente a este panorama existe un movimiento que reclama elevar el nivel de compromiso, evolucionando de los principios rectores del 2011 a un tratado vinculante sobre responsabilidad empresarial en Derechos Humanos. Un tratado que pueda garantizar la aplicación de las obligaciones sobre Derechos Humanos a las operaciones de las empresas, así como las obligaciones de monitoreo y regulación a las corporaciones, de proveer remedios efectivos a las personas afectadas por violaciones por parte de las empresas y de generar mecanismos internacionales de control e implementación.

La Treaty Alliance ha elaborado una declaración en este sentido, que ya ha sido firmada por más de 400 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas quienes acercaron la comunicación formal a la Cancillería de Argentina.

La visión de Cancillería

Durante la reunión, el Ministro Federico Villegas Beltrán se manifestó a favor de los beneficios que podría reportar un instrumento como el que se reclama. Argentina es pionera en esta materia y está produciendo jurisprudencia de avanzada al respecto con los últimos juicios sobre responsabilidad empresaria en crímenes de lesa humanidad, como es caso de la azucarera Ledesma o las automotrices Ford y Mercedes Benz. Sin embargo el ministro se mostró prudente y mencionó la importancia de establecer objetivos progresivos, que permitan alcanzar el consenso de los países donde se concentran los capitales de la mayoría de las grandes empresas. Con todo, la participación Argentina en el concejo trabajará para alcanzar el consenso necesario para avanzar elevar el nivel de compromiso de los estados con los Principios Rectores.

Desde FUNDEPS, se continuará trabajando para promover el establecimiento de marcos legales que hagan exigibles los derechos humanos no sólo a frente a los Estados sino también frente a instituciones como las empresas, cuyo poder e impacto ha ido creciendo en los últimos tiempos.

 

Más información:

Carta a Cancillería – Derechos Humanos y Empresas – 20 de mayo de 2014

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FUNDEPS estuvo presente en la reunión que discute el proyecto de política ambiental convocada por la Comisión Conjunta de la Legislatura de Córdoba. Documento de trabajo detallando observaciones y críticas centrales al proyecto de ley.

Los días 24 y 25 de abril pasados se llevó a cabo, en la ciudad de Lima (Perú), el taller regional “Tendencias de las inversiones de infraestructura en la región: Cambio Climático y Gobernanza”, cuyo objetivo consistió en conocer y debatir el impacto económico y socioambiental de las inversiones en infraestructura financiadas por la banca multilateral y los bancos nacionales de desarrollo en América Latina. El Evento fue organizado por AAyS (Asociación Ambiente y Sociedad) de Colombia; CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales) de Ecuador; CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) de Bolivia; DAR (Derecho Ambiente y Recursos Naturales) de Perú; IBASE (Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos) de Brasil; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación de México y FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) de Argentina.

El primer día del evento estuvo dedicado a la presentación de trabajos y publicaciones de diferentes organizaciones de la región que se han venido realizando en el transcurso de los últimos meses y que abordan desde diversas temáticas, el panorama actual existente en la región en materia de gobernanza y financiamiento en infraestructura; salvaguardias socioambientales y derechos humanos; y cambio climático. De esta manera, las presentaciones giraron en torno a megaproyectos de infraestructura en la Amazonía, el financiamiento de infraestructura por parte de la banca multilateral y los bancos de desarrollo nacionales, las inversiones chinas en la región, el financiamiento en Cambio Climático y los procesos de participación ciudadana en espacios como la UNASUR o el BNDES, entre otros temas. A su vez, se dedicó un espacio para la discusión en torno a la estrategia a adoptar por parte de la sociedad civil latinoamericana en relación a la próxima COP-20 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) a realizarse justamente en la ciudad de Lima en el mes de diciembre de este año.

De este modo quedó plasmado el complejo panorama que presenta el financiamiento en infraestructura en la región:

  • Multiplicidad de actores involucrados, ya sean bancos multilaterales internacionales como el Banco Mundial o regionales como el BID y la CAF; bancos de desarrollo nacionales como el BNDES de Brasil;
  • Foros o espacios más globales, como el G-20, los BRICS o la misma UNASUR, a través de su Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) encargado de implementar en la región la criticada Iniciativa IIRSA.
  • Creciente inversión china en la región
  • Mayor participación del sector privado de manera directa o a través de Asociaciones Público-Privadas.
  • Procesos de debilitamiento de salvaguardias ambientales por parte de las principales instituciones que brindan financiamiento
  • Falta de cumplimiento efectivo y garantía de los derechos humanos por parte de los Estados al impulsar proyectos de desarrollo.

En el segundo día del evento la agenda se centró en una actividad en calidad de taller donde los participantes, provenientes de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil de la mayor parte de los países de la región, se dedicaron a identificar prioridades de trabajo y a avanzar en la construcción de una agenda de estrategias y acciones articuladas a nivel regional que permitan encarar de manera efectiva un panorama tan complejo y preocupante como el mencionado.
El taller de Lima comprende un importante paso en búsqueda de una mayor articulación y coordinación entre las diversas organizaciones de la región que permita incidir de manera efectiva sobre procesos que resultan imposibles de encarar de manera individual. En ese sentido, se invita a todas aquellas organizaciones interesadas, a sumarse en este proceso de articulación y trabajo colectivo tendiente a promover un modelo de desarrollo más sustentable, participativo y respetuoso de los derechos humanos para nuestra región.

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Organizaciones de la Sociedad Civil de la región publican un documento que demanda la adopción de una Política de Acceso a la Información por parte del Banco.

En el marco del trabajo realizado en pos de transparentar las actividades del BNDES,  FUNDEPS junto a un grupo de organizaciones y redes de trabajo pertenecientes a diferentes países latinoamericanos publicaron recientemente el documento Lineamientos para la Discusión: Implementación de una Política de Acceso a la Información para el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Esta publicación fue presentada en el mes de noviembre de 2013 en un taller internacional de la sociedad civil sobreTransparencia en el BNDES, realizado en la ciudad de Brasilia. La investigación se realizó con el objetivo de servir como insumo para las futuras acciones de incidencia y trabajo conjunto entre la sociedad civil latinoamericana y el Banco, en un momento en que la Institución ha comenzado a dar incipientes pero prometedores pasos en materia de transparencia y participación social.

El documento está estructurado en dos secciones: la primera exhibe los argumentos (y los posibles beneficios) por los cuáles se hace necesario que el Banco adopte una Política de Acceso a la Información específica; y presenta una serie de justificativos para explicar los motivos que suele utilizar el para restringir la información, como el Secreto Bancario o la Soberanía de los Estados, por ejemplo. La segunda sección contiene específicamente una Política Modelo de Acceso a la Información para el Banco, estableciendo principios, garantías y mecanismos para asegurar la transparencia en la institución.

Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, resaltó la importancia de este tipo de documentos e indicó que “la adopción de una Política de Acceso a la Información con las características reflejadas en esta publicación constituye un requisito necesario y fundamental no sólo para garantizar que el BNDES brinde información completa en tiempo y forma acerca de los proyectos que financia en la región, sino también para que adopte un régimen de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo. Actualmente, existen reclamos en gran parte de los proyectos en los que el Banco se ve involucrado por sus fuertes impactos a nivel social y ambiental. De allí que es necesario asegurar que estos proyectos puedan efectivamente promover el desarrollo, y que lo hagan en un marco de transparencia».
La publicación es el resultado del trabajo colectivo realizado por las siguientes organizaciones: Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia); Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES (Ecuador); Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA (Bolivia); Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB (Bolivia); Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA (Regional); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú); Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – FOCO (Argentina); Forum Solidaridad Perú (Perú); Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN (Argentina); FUNDAR Centro de Análisis e Investigación (México); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS (Argentina); Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas – IBASE (Brasil); Instituto de Estudios Socio Económicos – INESC (Brasil); y la Red Jurídica Amazónica – RAMA (Regional).
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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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La delegación de la sociedad civil mantuvo reuniones en diferentes ciudades europeas con funcionarios gubernamentales y delegados del Banco Mundial en el marco del proceso de revisión de salvaguardias de la Institución.

Entre el 10 y el 18 de marzo, FUNDEPS formó parte de una delegación de la sociedad civil conformada por representantes de organizaciones de Sudamérica, Centroamérica y África, y respaldada por el Centro de Información Bancaria (BIC, por sus siglas en inglés). La misma viajó a diferentes ciudades europeas (Londres, Bruselas, La Haya y París) con el fin de participar en una serie de reuniones de trabajo e incidencia en el marco del proceso de revisión de las salvaguardias ambientales y sociales que está llevando a cabo actualmente el Banco Mundial. Estas últimas consisten en una serie de reglas y procedimientos que deben cumplir tanto el Banco como los países prestatarios a la hora de solicitar financiamiento de la Institución, y que buscan garantizar que las operaciones financiadas por la misma no traigan aparejados impactos sociales y/o ambientales en los lugares donde se desarrollan. (Ver Políticas de salvaguardia del Banco Mundial)

En el proceso de revisión de salvaguardias sociales y ambientales existen dos posiciones opuestas. Por un lado, organizaciones de la sociedad civil buscan elevar estos estándares para asegurar que las operaciones del Banco Mundial respeten derechos humanos y garanticen la protección del ambiente. Y por otro lado, el Banco busca mejorar su competitividad frente a otras instituciones financieras que apoyan cada vez más grandes proyectos.

Además de mantener reuniones particulares con funcionarios de gobierno, representantes y Directores Ejecutivos europeos del Banco Mundial; la delegación participó en reuniones y talleres internos de la sociedad civil, entre ellas la reunión internacional de EuroIFInet realizada los días 12 y 13 de marzo en la ciudad de Bruselas. En dichas reuniones se puso énfasis, entre otras cosas, en la necesidad de que las salvaguardas adopten las normas y estándares internacionales más altos y cubran todas las operaciones del Banco de manera integral.

“El objetivo principal de la participación de FUNDEPS en esta delegación, fue transmitir a los representantes del Banco y funcionarios europeos las preocupaciones y visiones que hay desde América Latina respecto al proceso de revisión de las salvaguardias de la Institución. Entre estas preocupaciones se destaca, sobre todo, la posibilidad de que el marco de salvaguardias del Banco Mundial se vea diluido o debilitado, para facilitar la aprobación del financiamiento a proyectos y, de esta manera, recuperar parte del terreno que el Banco Mundial viene perdiendo frente al aumento de inversiones de nuevos bancos de desarrollo  que cuentan con regímenes de salvaguardias menos estrictos (o que directamente carecen de los mismos), como el BNDES, la CAF o el Banco de Desarrollo de China (CDB), por ejemplo. Recordemos que gran parte de los proyectos financiados por este tipo de instituciones provocan fuertes impactos sociales y ambientales en los países donde se desarrollan. De allí la importancia que adquiere un marco de salvaguardias robusto y efectivo para poder garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente”, señaló Gonzalo Roza, Coordinador del Programa de Gobernabilidad Global de FUNDEPS.

Cabe destacar que una potencial dilución de las salvaguardias del Banco Mundial tendría un efecto negativo para la sociedad civil latinoamericana, no sólo en relación a los proyectos financiados por el mismo Banco Mundial en la región, sino también respecto del financiamiento de otras instituciones como las mencionadas previamente, ya que por lo general, el Banco Mundial es visto como el “modelo a seguir” por otras instituciones financieras.

En ese sentido, resulta importante que la sociedad civil haga oír fuerte su voz en este proceso de revisión reclamando al Banco Mundial la adopción de salvaguardias aún más robustas y abarcativas que las existentes, incluyendo temas que hasta el momento no son contemplados por las salvaguardias actuales, como Derechos Humanos o Cambio Climático, por mencionar algunos.

Para mayor información:

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Sin la participación de la sociedad civil, la Asamblea de Gobernadores del BID decidió aprobar una histórica reestructuración de la institución con el objetivo de consolidar sus actividades con el sector privado.

En el marco de la Reunión Anual 2014 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada los días 27 y 30 de marzo en la ciudad de Bahía, Brasil, los gobernadores del Banco (ministros de Hacienda/Economía, presidentes de bancos centrales y altos funcionarios públicos de los países miembros) decidieron aprobar una profunda reestructuración interna que apunta a ampliar y mejorar la atención al sector privado.

A partir de la reestructuración aprobada en Bahía, “toda la relación del Banco con el sector privado será asumida por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que estamos llamando ‘New Corp’, o ‘Nueva Corporación’, que asumirá en la práctica las cuatro ventanillas de BID que actualmente atienden al sector privado”, explicó la ministra de Planificación de Brasil, Miriam Belchior, quien agregó que “si bien la vocación principal del BID ha sido y será trabajar con el sector público de sus países prestatarios, ha llegado el momento para dar un paso fundamental en relación del trabajo del grupo BID con el sector privado”. De esta manera, esta “Nueva Corporación” tendrá un rol y una relevancia similar al que actualmente tiene la Corporación Financiera Internacional (CFI), institución encargada de canalizar el financiamiento al sector privado dentro del Grupo Banco Mundial.

A su vez, los gobernadores decidieron capitalizar esta “Nueva Corporación” y dotarla de una estructura que permita aumentar su eficacia, además de considerar que su principal área de acción debería ser la inversión en infraestructura, en un contexto regional actual donde la inversión privada viene ganando fuerza en las últimas décadas. Con estas consideraciones, será una área a la que habrá que seguir de cerca para asegurar mecanismos transparentes de toma de decisiones y respeto por derechos humanos y normas de protección ambiental.

Decisiones importantes sin la participación de la sociedad civil

Un aspecto que resulta sumamente preocupante es que la aprobación de esta histórica reestructuración del Banco se dio en un contexto en donde se excluyó a la sociedad civil de la posibilidad de participar en la Asamblea por primera vez desde 2006, lo que generó un fuerte cuestionamiento por parte de un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas, FUNDEPS.

De acuerdo a Patricia Miranda (Latindadd) y María José Romero (Eurodad): “en una decisión polémica, el BID decidió organizar más bien un foro para organizaciones de sociedad civil dos semanas antes, en la misma ciudad, negando así el acceso de la sociedad civil a dialogar con los tomadores de decisión, los Ministros de Finanzas y la prensa. Esto se da a pesar de que las OSC han participado en reuniones anuales previas cuando se tomaron decisiones sumamente importantes, incluyendo el alivio de la deuda con el BID y la recapitalización del banco.” Miranda y Romero agregaron que “más allá de los temas que estén en la agenda de este año, el BID es un banco regional de desarrollo, y se espera que sus procesos sigan los más altos estándares en términos de participación democrática y rendición de cuentas. La falta de una adecuada implementación de tales estándares al excluir repentinamente a las organizaciones de sociedad civil socava la credibilidad del Banco y plantea serios riesgos a su reputación. Esto también pone sobre la mesa preocupaciones sobre cómo el banco implementará sus acciones futuras, teniendo en cuenta que su objetivo es la implementación de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Las organizaciones de la sociedad civil continuarán abogando por un proceso abierto y democrático.”

Para mayor información ver:

BID excluye a sociedad civil de su asamblea (28-03-2014) – por Patricia Miranda (Latindadd) y María José Romero (Eurodad).

Grupo BID avanza en consolidación de actividades del sector privado (30-03-2014) – Comunicado de prensa BID.

El BID crea la “Nueva Corporación” para atender al sector privado (30-03-2014) – Agencia EFE.

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Tras el fuerte trabajo interno realizado por la sociedad civil latinoamericana durante 2013, el año 2014 se presenta como un año clave para promover la transparencia y el acceso a la información dentro del BNDES y de allí, apuntar a fortalecer el régimen de salvaguardias socio-ambientales de la Institución.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) constituye, hoy en día, una de las principales fuentes de financiamiento de obras de infraestructura en la región latinoamericana, siendo la Argentina uno de sus principales clientes. Sin embargo, el fuerte crecimiento que ha experimentado el Banco en su nivel de actividades a lo largo de las últimas décadas y que le ha permitido traspasar las fronteras nacionales de Brasil con sus operaciones, no ha venido acompañado por el correspondiente adecuamiento de sus políticas operacionales y normas de funcionamiento a los altos estándares vigentes en los países latinoamericanos, e incluso en Instituciones Financieras Internacionales u organismos multilaterales que operan en la región, tales como el Banco Mundial, el BID o la OEA, entre otros. Al menos en lo que se refiere a salvaguardias socio-ambientales, participación pública y transparencia; lo que constituye una importante fuente de preocupación para la Sociedad Civil de América Latina, ya que gran parte de los proyectos financiados por el BNDES acarrean enormes impactos socio-ambientales en los territorios en donde se desarrollan, y las posibilidades de participación y de acceso a la información de dichos proyectos se encuentra sumamente limitadas.

En este contexto, durante el año 2013 FUNDEPS ha trabajado, junto a un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tanto brasileñas como del resto de los países de Sudamérica, en pos de transparentar las acciones y financiamientos de esta Institución en la región. Así, por ejemplo, tras haber participado en diversos talleres de trabajo sobre el accionar del BNDES realizados en los meses de Junio y Octubre de 2013 en la ciudad de Río de Janeiro, FUNDEPS tuvo una participación activa en el Taller Internacional de la Sociedad Civil “Agenda BNDES: diálogos, convergencias e incidencia” realizado los días 26 y 27 de noviembre pasados, en la ciudad de Brasilia (Brasil). En dicho evento FUNDEPS presentó, junto a otras organizaciones de la región, el documento “Lineamientos para la Discusión sobre la Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, el cuál contiene una Política Modelo de Acceso a la Información para el Banco y una serie de contraargumentos a los motivos alegados por la institución para restringir la información. Ambos recursos tienen el ánimo de servir como insumos básicos y esenciales para las futuras acciones de incidencia sobre el Organismo.

El 2014 parece ser un año clave en ese sentido, ya que el Banco ha decidido abrir una puerta de diálogo con la Sociedad Civil y constituir un espacio institucionalizado de discusión con las OSC, donde se aborden diferentes temáticas referidas al accionar y funcionamiento del Organismo. La primera de dichas reuniones, pactada para Febrero de 2014, abordará justamente el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del BNDES, lo que constituye sin dudas una oportunidad única para trabajar junto al Banco en vistas de perfeccionar su régimen de transparencia y acceso a la información. La mala noticia es que dicho espacio estará circunscripto, al menos por el momento, sólo a organizaciones brasileñas, sin la participación del resto de las organizaciones de la región. A pesar de este impedimento, FUNDEPS continuará trabajando a lo largo de 2014 en pos de transparentar las acciones del BNDES y conseguir que el Banco adopte una Política de Acceso a la Información propia, requisito previo para poder incidir efectivamente en el fortalecimiento de las salvaguardias socio-ambientales aplicadas a los proyectos financiados por la Institución.

Recurso:

Documento de Trabajo – Tansparencia, una cuenta pendiente para el BNDES

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Esta publication es el resultado de un trabajo conjunto entre diversas organizaciones regionales de la sociedad civil interesadas en promover la transparencia y el acceso a la información en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES), dada la importancia que este ha cobrado recientemente en los países de la región. La primera parte del documento presenta algunas ideas y argumentos iniciales de por qué es necesaria una Política de Acceso a la Información al interior del Banco, considerando algunas limitaciones previamente esbozadas por representantes del BNDES, como la soberanía de los Estados, la dependencia a la política externa y el secreto bancario. La segunda parte del documento presenta una propuesta base de Política de Acceso a la Información para el Banco, la cual considera los más altos estándares de transparencia que manejan otros Bancos Nacionales de Desarrollo, Instituciones Financieras Nacionales e Internacionales y, también, los principios y mecanismos de la Ley de Acceso a la Información Brasileña.

La creación de este espacio abierto tuvo una positiva recepción entre organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Asimismo, se destacó la necesidad de asegurar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación de comunidades siendo la UNASUR un espacio desde el cual en muchos casos se impulsan grandes proyectos de altos impactos.

Con la presencia de un importante número de organizaciones y movimientos sociales tanto nacionales como regionales, el 19 y 20 de Septiembre pasados se llevó a cabo, en la ciudad de Buenos Aires, la Reunión Preparatoria del 1° Foro de Participación Ciudadana de UNASUR.

Organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, la reunión tuvo como principal objetivo sociabilizar con la ciudadanía sudamericana las Directrices de Funcionamiento del Foro, aprobadas por el Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la UNASUR en Agosto de 2013; y debatir respecto a cómo debe ser la organización interna del mismo y su funcionamiento, en vistas a la próxima realización del 1° Foro de Participación Ciudadana (FPC) a realizarse el mes de Noviembre próximo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

La dinámica de la reunión se basó en la organización de grupos de trabajo conformados por los representantes de los actores sociales sudamericanos y algunos representantes y funcionarios de los Estados miembros de UNASUR, en cada uno de los cuáles se debatió acerca de los tres temas principales de la agenda: la Organización Interna del Foro; las temáticas regionales a tratar dentro del Foro; y la “Hoja de Ruta” hacia el 1° Foro en Cochabamba.

La creación de un espacio de participación de la ciudadanía en el marco del proceso de integración a nivel regional que lleva adelante la UNASUR resulta sumamente bienvenido y esperado, en virtud de lo estipulado en el Artículo 18 de su Tratado Constitutivo. Es por ello que la mayor parte los actores sociales que participaron de la reunión se encargaron de resaltar y felicitar la decisión política de los Estados Miembros de proceder a la creación de este Foro de Participación Ciudadana.

De todas maneras, si bien en el transcurso de las jornadas los grupos de trabajo reflejaron su intención de validar y fortalecer esta iniciativa, también destacaron fuertemente la necesidad de trabajar de manera exhaustiva y continua en la organización interna del Foro para poder alcanzar un funcionamiento efectivo del mismo. En virtud de ello, se resaltó la importancia de que, entre otras cosas:

  • Tanto el FPC como la UNASUR en general deben sostener el principio de Transparencia y Pleno Acceso a la Información en su funcionamiento, lo que implica dar a conocer a la ciudadanía la información (temas a discutir, documentos, acuerdos, agendas de trabajo, etc.) en tiempo y forma.
  • Se implementen mecanismos claros, sencillos y funcionales que garanticen una participación amplia e inclusiva en el FPC, haciendo especial énfasis en la participación de las comunidades de base, pueblos originarios y demás actores sociales.
  •  Se garantice la participación civil en los Consejos Sectoriales de UNASUR y demás foros e instancias institucionales que hayan sido o sean creadas en un futuro. Ello en virtud de la heterogeneidad de agendas de trabajo e intereses de los diferentes actores sociales que compondrán el FPC y la necesidad de poder participar en determinadas sectores temáticos del proceso de integración sudamericano.
  •  Los países miembros se comprometan a dotar al FPC con un presupuesto adecuado para la correcta implementación del mismo, sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones de participación y comunicación, tanto interna como externa, del Foro.
  •  Se establezca un cronograma de acciones y objetivos en vistas a la realización del 1° Foro de Participación Ciudadana en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

Cabe destacar que la participación en el FPC está abierta a cualquier organización, movimiento social, comunidad o individuo particular de Sudamérica, por lo que se convoca y anima a todos aquellos que estén interesados en participar de este proceso llamado a jugar un rol fundamental en la integración de los pueblos de Sudamérica. Ya que, tal como se encargó de enfatizar una y otra vez a lo largo de la reunión la representante de la Cancillería Argentina Marcela Bordenave, Punto Focal para la Participación Ciudadana de Argentina ante UNASUR: “La integración regional sudamericana no es de los gobiernos. Es de los pueblos”.

Ver el Acta de la Reunión de Actores Sociales Suramericanos preparatoria del 1° Foro de Participación Ciudadana de UNASUR

Para Mayor Información:

Página Web de UNASUR

Página web de Cancillería Argentina – Sección de la Subsecretaría de Política Latinoamericana

Tratado Constitutivo de UNASUR

Directrices para el Funcionamiento del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR

Declaración de Paramaribo – Agosto de 2013

Decisión N°2/2013 de UNASUR – Aprobación de las Directrices del Foro de Participación Ciudadana

Decisión N°7/2012 de UNASUR – Creación del Foro de Participación Ciudadana

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

FUNDEPS acompaña el pedido de 110 organizaciones no gubernamentales para que el Banco Mundial modifique criterios vinculados a proyectos en el área de salud y promueva activamente la cobertura universal de salud.

En el cierre de las reuniones anuales del Banco Mundial, que tuvieron lugar en Tokyo, Japón, numerosas organizaciones no gubernamentales presentaron una carta pidiendo que el Banco Mundial modifique criterios vinculados a proyectos en el área de salud y promueva activamente la cobertura universal de salud.

En el marco de su trabajo por el derecho a la salud, FUNDEPS acompañó esta iniciativa en la que se hacen recomendaciones concretas para que el Banco Mundial modifique prácticas en el área de salud. La perspectiva general de este pedido es entender a la salud como un derecho que no puede estar dominado por reglas de mercado sino por una lógica de protección de los sectores más vulnerables, quienes en la práctica ven negado su derecho a la salud. Entre esas recomendaciones se destacan las siguientes:

  • Realizar esfuerzos activos para promover el acceso universal a cobertura de salud.
  • Promover la eliminación de los sistemas de tarifas por el acceso a servicios de salud.
  • Apoyar la inversión pública en materia de salud sin privilegiar soluciones orientadas al sector privado.
  • Asegurar que los proyectos del Banco Mundial tengan impactos positivos en los dos quintiles más pobres de las poblaciones en las que se apoyen proyectos de desarrollo.
  •  Avalar la participación de organizaciones de la sociedad civil en la definición de políticas de salud pública.

Estas organizaciones monitorearán las respuestas a estos pedidos y los impactos de los programas del Banco Mundial en el efectivo goce del derecho a la salud.

Más información:

Nota pidiendo cambios en la perspectiva de los programas del Banco Mundial en el área de Salud (En inglés)

Contacto:

Juan Carballo

juanmcarballo@fundeps.org