Listado de la etiqueta: Inversiones Chinas

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Reclamo por mayores estándares de protección de DD.HH. en megaproyectos de infraestructura

Actualmente, la región de América Latina ha asistido a un cambio rotundo en materia de grandes inversiones para el desarrollo. Tradicionalmente, las instituciones financieras internacionales (IFIs) ocuparon un rol fundamental a la hora de apoyar los proyectos de desarrollo en la región. El Grupo Banco Mundial y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo estuvieron detrás de las grandes inversiones en el área de infraestructura.

Esta situación, se ha visto modificada ante el aumento de la presencia de la República Popular China como el principal inversor en esta materia. A este respecto, es necesario resaltar que esta situación ha traído aparejado una fuerte discusión en lo que refiere a estándares socio-ambientales. Las IFIs tradicionales cuentan con normativas que, si bien están lejos de funcionar de manera adecuada en la práctica, mínimamente buscan garantizar el cumplimiento de determinados estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos  en sus proyectos. En el caso delas instituciones chinas, por el contrario,  la situación es más compleja, ya que en la mayoría de los casos dichas instituciones carecen de transparencia o de normativas claras y robustas en materia socio-ambiental.

La consecuencia de la convivencia de estos dos grupos de instituciones –las IFIs tradicionales y las chinas– ha dado un balance negativo y esto se ha evidenciado en el retroceso de las salvaguardas en organismos como el Banco Mundial. En este sentido, la estructura de financiamiento actual en América Latina ha visto descender sus estándares, generando situaciones graves de vulneración de derechos a la hora de poner en marcha grandes proyectos de infraestructura. Durante el año 2016, 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida reivindicando sus derechos ante el avance de grandes proyectos petroleros y mineros. El 60% de esas muertes se dio en América Latina y el 40% pertenecía a pueblos originarios.

A partir de este marco, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, reunió a un grupo de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incidir en la mejora de los estándares socio-ambientales en megaproyectos de infraestructura. En la Cuarta Reunión Regional de Derechos Humanos, Transparencia e Inversiones, celebrada en Lima el 30 y 31 de agosto, las organizaciones reunidas se pronunciaron por la urgente necesidad de asegurar los derechos de defensores y defensoras ambientales. Asimismo, se destacaron los crecientes casos de corrupción en torno a los megaproyectos y la falta de acceso a la información pública.

La declaración luego de la reunión señaló que: “varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del Acuerdo Regional del Principio 10”. Los grandes proyectos de infraestructura entonces, hoy por hoy siguen siendo el escenario para la problematización de cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas.

Varios gobiernos de América Latina han adherido a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por su nombre en inglés) y por lo tanto se han comprometido a implementar políticas que fomenten la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto implica necesariamente, que estos esfuerzos por ‘abrir el Estado’ deban expandirse a la rama medioambiental y de infraestructura. Actualmente esto es una deuda pendiente y de los 3000 compromisos asumidos ante OGP, sólo 54 pertenecen al ámbito de la infraestructura. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Uruguay son las naciones América Latina y el Caribe que han elaborado metas en relación a esta materia. Empero, los problemas persisten y la situación de los derechos humanos en torno a los megaproyectos ha ido empeorando. En adición, luego de la Cuarta Reunión de la Coalición Regional, se destacó que “es importante que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes”. Esto es especialmente importante a la hora de lograr el involucramiento y monitoreo de la sociedad en los procesos de obra pública (en todo el ciclo de los proyectos).

En Argentina esta realidad se replica. Actualmente se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que se han visto envueltos en casos de corrupción y cuya información no fue compartida con la ciudadanía. Se puede mencionar entre ellos a: las represas hidroeléctricas en la Provincia de Santa Cruz y los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba.

La situación generalizada de los derechos humanos en torno a los megaproyectos de infraestructura es alarmante. Siguen siendo numerosos los casos en los que las comunidades cercanas se ven perjudicadas por este tipo de obras. Sumado a ello, la matanza de defensores y defensoras ambientales se ha agravado en los últimos dos años. En este contexto, desde FUNDEPS adherimos a la Declaración de Lima e instamos a los gobiernos latinoamericanos a avanzar hacia políticas más transparentes en esta temática.

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– Declaración de Lima

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Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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Gonzalo Roza gon.roza@fundeps.org

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Participamos del taller sobre acciones de incidencia frente a inversiones chinas en la región

Representantes de sociedad civil y de comunidades nativas participaron del taller en la ciudad de Bogotá (Colombia). El resultado fue la elaboración de una agenda que complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas planteadas desde sociedad civil y la academia.

El pasado 17 y 18 de mayo, el taller fue organizado por el por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación. El taller buscó fortalecer el accionar conjunto de la sociedad civil (comunidades, movimientos y organizaciones sociales, nacionales y locales) que están siendo afectados por proyectos financiados por banca china y qué realizan seguimiento de los impactos sociales y ambientales de estas inversiones en América Latina.

Se abordaron temas relacionados con las políticas sociales y ambientales actualmente implementadas por instituciones chinas, el análisis del financiamiento chino presente en la región, proyectos a los que se destina y la identificación de los impactos de estos proyectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Asistimos junto a representantes de sociedad civil de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y representantes de comunidades nativas y campesinas.

Recalcamos la alarmante situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y las defensoras ambientales en contextos de inversión china en países de la región, quiénes no sólo son criminalizados por la defensa de sus derechos colectivos sino que no cuentan con la debida protección del Estado. Logramos afianzar la Alianza Continental de seguimiento a las inversiones chinas para hacer frente a la estrategia geopolítica que busca mantener el modelo de exportación constante de materias primas en América Latina y el Caribe.

Quienes participamos del Taller coincidimos en que el debilitamiento de los marcos ambientales y sociales de la región no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades involucradas en el espacio de influencia de los proyectos que son financiados por la banca china. A esto se le suma el carácter no vinculante de los lineamientos de la banca china. La no existencia de protección a nivel nacional y a nivel de la banca multilateral coloca en una situación de riesgo a las comunidades que están siendo afectadas por la inversión.

Como resultado del Taller se elaboró una agenda de incidencia que reúne y complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas de reforma planteadas desde sociedad civil y la academia. En ese sentido, a nivel internacional se plantea nuevos estándares para las empresas y la banca china que garantice el cumplimiento, una mayor participación y procesos de consulta efectivos; a nivel nacional, una estrategia conjunta que revierta el debilitamiento de la legislación socio-ambiental y brinde garantías de acceso equitativo a la justicia para los defensores y las defensoras ambientales.

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María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

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Panorama General de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú – Marzo 2017

Esta publicación revisa cuál ha sido la actividad comercial y en materia de inversiones de un país con una actividad económica importante a nivel global y en ascenso como lo es China, hacia la región de América Latina y el Caribe (ALC), mirando más a detalle los casos de Argentina, Colombia, México y Perú. El objetivo particular es brindar un análisis detallado, de las inversiones chinas a nivel nacional en cada uno de los países antes señalados. Para ello, se ahonda en los antecedentes, la situación actual y las tendencias a futuro de las relaciones bilaterales entre cada uno de los países y China en materia de IED. A su vez, se analizan los marcos normativos nacionales, los principales sectores de inversión y se brindan datos de la experiencia de cada una de las organizaciones que participaron en la elaboración del documento en el proceso de investigación, búsqueda de información y monitoreo del financiamiento chino en estos países.

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La obra de gasoductos troncales en Córdoba tiene financiamiento chino

La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.

El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a  la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.

Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.

Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.

En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.

Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.

Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.

Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Inversiones chinas en Argentina: los acueductos en Entre Ríos

Dentro de la larga lista de inversiones chinas en Argentina, el caso de los acueductos en la provincia de Entre Ríos ha sido uno de los más controvertidos. Irregularidades en el proceso de licitación, aprobación y ejecución del proyecto han despertado el recelo y los reclamos de varios sectores de la sociedad civil.

En un contexto internacional cambiante, en el que los actores de habitual importancia han ido mutando, Argentina se ha encontrado con dificultades para el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. A lo largo de los últimos años, especialmente desde la gestión Kirchner, el escenario de las inversiones extranjeras en Argentina ha estado signado por la preponderancia de la República Popular China. Varios de los grandes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo tienen por detrás el respaldo de empresas del país asiático.

Hay dos proyectos que se han trabajado entre la Nación y la provincia de Entre Ríos desde hace algunos años y tuvieron que ver con la posibilidad de construir dos acueductos para riego en el norte entrerriano. Para la construcción de estos, el gobierno de la provincia y la “China State Construction Engineering Corporation” (CSCEC) suscribieron una carta compromiso para el aprovisionamiento de agua dulce, incorporando 200.000 hectáreas de riego.

A mediados de junio de 2013 la CSCEC expresó su interés en invertir en obras de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Durante un encuentro con representantes de la empresa, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador Sergio Urribarri “propuso tres líneas básicas de acción: obras de riego, enlace metropolitano Paraná-Santa Fe y desarrollo portuario”. Según el gobernador, el desarrollo de las obras estaría ligado en gran medida a aumentar la capacidad productiva de la provincia.

El Acuerdo con China para la construcción de los dos acueductos se firmó el 18 de julio de 2014. En el marco de los acuerdos estratégicos para obras de infraestructura, firmados en la Casa Rosada entre Xi Jinping y Cristina Fernadez de Kirchner, encuentro en el que participó Urribarri.

Los acueductos tendrán una longitud total de 546 kilómetros entre ramal principal y ramales secundarios. Son dos obras, la primera en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación para implementar un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, para la producción arrocera, citrícola y fruti–hortícola. El segundo en el departamento La Paz para realizar un acueducto del Norte entrerriano, con el aporte de aguas del río Paraná y dotar a un área marginal del acceso al agua para riego.

Los costos de las obras totalizan un monto cercano a los USD 98.000.000, según los datos presentados por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” en sus informes de factibilidad de los cuales la provincia debería aportar el 20%. Sin embargo, el presupuesto de la CSCEC fue de USD 430.387.552 adjudicada sin licitación no concurso de precios. El financiamiento provendría del banco ICBC, con un crédito de USD 366 millones a 15 años (con un período de gracia de 5) con una tasa libor más 4,5%. Asimismo, el contrato de crédito prevé como legislación aplicable la misma que la de Inglaterra.

El proyecto provocó rechazos en algunos sectores, como las organizaciones nucleadas dentro de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, que impulsaron la nulidad de la ley que, entre otros puntos, habilitó el otorgamiento directo, sin licitación pública, de la obra a una empresa de capitales chinos, como así también un endeudamiento que supera los 430 millones de dólares. La Fundación M’biguá y Justicia Ambiental también alertaron sobre la falta de transparencia e información sobre el proyecto.

El caso de los acueductos es el primero en llegar a la justicia. Como se expuso más arriba la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley N° 10.352 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse con la institución financiera de China. Esta acción se basa en que esta ley no ha cumplimentado los requisitos formales que la constitución provincial insta para su aprobación, por ejemplo: no se realizó Evaluación de Impacto Ambiental, no existe ningún dictamen de las comisiones de Hacienda y Economía, ni de la fiscalía de Estado, entre otras irregularidades. La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.

Entre los puntos principales de la demanda completa se encuentran:

– Ineficacia de la Ley 10.352 por irregularidades en su tramitación.

– Inobservancia del Principio de Razonabilidad.

Autorización al Gobernador a convenir y mantener en secreto el contrato celebrado con el Banco Chino.

– Autorización al Gobernador a contratar con el Banco Chino ICBC un préstamo en el que Entre Ríos acepta regirse por la legislación inglesa.

– Violación del deber constitucional de publicidad de los actos de gobierno.

– Privación de información como derecho humano.

– Se omitió la realización previa y precautoria de Estudios de impacto Ambientales y sus procesos evaluatorios con las debidas Audiencias Públicas y el dictado de los Actos Administrativos previos a la autorización de contratación de la obra y a la autorización de la celebración de acuerdos de inversión y/o endeudamiento.

– Violación de la Ley de Contabilidad Pública. (Arrogándose así el P.E. inconstitucionalmente facultades propias del Poder Legislativo).

– Violación de la Ley de Obras Públicas.

– Se ignoraron las garantías constitucionales contenidas en la Sección II – Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo sustentable de la Constitución Provincial.

De acuerdo a medios locales: “Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones”.

De acuerdo con Jorge Daneri miembro de la Fundación M’biguá, se está conformando un paquete de potenciales mega inversiones en la región que además de los acueductos se incluiría un proyecto de represa hidroeléctrica entre las provincias de Corrientes y Santa Fe, en el límite norte de Entre Ríos. De acuerdo con el Dr. Daneri, el mecanismo es el mismo en todos los proyectos: inexistencia de debate parlamentario de los proyectos, menos aún en las provincias involucradas, por lo tanto, enmudecimiento del federalismo de concertación social y consultas ciudadanas.

Desde FUNDEPS hemos estado trabajando en el seguimiento del caso de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, que también cuentan con financiamiento chino. Parte del proceso de aprobación y ejecución de este proyecto, puede identificarse con lo sucedido en Entre Ríos. La falta de transparencia en ciertas cuestiones como la presentación y publicación del estudio de impacto ambiental, hacen sonar una alarma en lo que respecta a los estándares ambientales y de DD.HH.

Asimismo, consideramos de especial relevancia resaltar que la importancia recientemente adquirida por la República Popular China en materia de inversiones en proyectos de infraestructura, se traduce en una necesidad para que la sociedad civil monitoree los procesos de diseño, aprobación y ejecución de estos proyectos. Las irregularidades más arriba mencionadas son consecuencia de políticas que aún carecen de transparencia y que no se enmarcan en un paradigma de rendición de cuentas.

Más información

Un Acuerdo Chino

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Comenzó la obra de gasoductos troncales en Córdoba

Durante el mes de agosto comenzaron las obras para la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba, en algunos de los ramales. El proyecto ha sido resultado de largas negociaciones y aún quedan interrogantes por resolver: ¿Cuáles serán los impactos ambientales?, ¿Cuáles han sido los términos de negociación con los bancos y empresas chinas?

El pasado 15 de agosto comenzó la obra destinada a la construcción de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. La constructora brasileña Odebrecht es la encargada de realizar los trabajos en dos tramos: el anillo del Gran Córdoba y el de la Ruta 2.

El proyecto incluye financiamiento chino para otros ramales y estas dos obras que involucran unos 855 millones de pesos. El ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, quien hace un mes regresó de China, aseguró:

Están construyendo los obradores para comenzar con los trabajos en los sistemas del Gran Córdoba y el de la ruta 2, en Noetinger. En el mes de agosto, la construcción de esos dos tramos estará en marcha. Tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo cual para diciembre de 2017 deberían estar terminados.

Durante su viaje el ministro encabezó varias rondas de negocios en las que se expusieron varios proyectos – energéticos y de saneamiento – para la adquisición de mayores financiamientos. Es el funcionario provincial más involucrado en la negociación entre las empresas constructoras y los bancos chinos que financiarán la megaobra. La misma tiene un presupuesto global de 8.700 millones de pesos para los 10 sistemas de gasoductos que se construirán en toda la provincia. Particularmente, para el tramo adjudicado a la empresa brasileña, se aprobó la emisión de títulos públicos para el financiamiento de la obra; de acuerdo con el decreto del poder ejecutivo n° 759, del 21 de junio de 2016.

Fuente: La Voz del Interior (Consultado el 29/09/2016)

Odebrecht es la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos, como sí ocurre con las otras empresas contratistas.

En las últimas semanas, la empresa brasileña aportó cinco millones de dólares por su cuenta (unos 75 millones de pesos) y otros 200 millones de pesos que le prestó la empresa Puente Hermanos, una de las principales operadoras de la Bolsa de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS se ha estado trabajando en el monitoreo de este proyecto y para ello ya se han presentado solicitudes de información a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Esto, con la finalidad de relevar información importante respecto al detalle de los acuerdos establecidos con los bancos chinos y otras entidades extranjeras y sobre los posibles impactos sociales y ambientales que esta megaobra podría acarrear.

Si bien estas solicitudes de información fueron presentadas hace más de cinco meses, aún no se ha recibido respuesta alguna por parte de las dependencias correspondientes y por esa razón quedan varios interrogantes para responder respecto de esta gigante obra de infraestructura en la cual se ha embarcado la provincia de Córdoba. De la misma forma, tampoco se ha esclarecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados. Desde el gobierno no se ha informado el verdadero impacto de la construcción de los gasoductos con respecto a la mejora y alcance en la provisión del servicio de gas.

Más información:

– La Voz del Interior: “Los gasoductos en Córdoba se repartirán en tres grupos” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Gasoductos: ofrecen más fondos en China para iniciar las obras” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Larga Odebrecht, con caños Techint” (Consultado el 29/09/2016)

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Gonzalo Roza, Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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El Factor China

¿Qué información está disponible sobre las inversiones chinas en América Latina y el Caribe y cómo afectan estar inversiones a la gobernanza de los recursos naturales en Perú, Colombia, Argentina y México?

El Grupo Regional de Financiamiento e Infraestructura (GREFI) analizó los cambios que se están produciendo en el flujo de inversiones chinas en la región y sus impactos en la gobernanza de los recursos naturales, en un evento en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI de este año.

A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre China y América Latina se han intensificado enormemente. Se estima que el intercambio de comercial ha crecido de 12 mil a 169 mil millones de dólares entre los años 2000 al 2014 y el año 2015. En este sentido, Pekín anunció la creación de un fondo de inversión de 10 mil millones de dórales para la cooperación bilateral con Latinoamérica para proyectos de tecnología, energía, minería e infraestructura. Su estrategia de crecimiento en América Latina es bastante clara.

Frente a sus inmensas necesidades de materias primas, llega a competir con otras instituciones financieras que por su larga historia y por el trabajo realizado a partir de grandes movimientos de la sociedad civil de la región, han ido generando mecanismos de acceso a la información y políticas para la protección socioambiental. Estos procesos han sido largos y siguen su curso. Nuevos desafíos como la armonización del derecho a la consulta previa y el cambio climático con las estrategias de crecimiento económico para nuestros países, ha hecho que se sigan exigiendo cambios y mejoras.

Con la llegada de China y una alta canalización de recursos en la región, acompañados de una estrategia clara en cuanto su modelo de crecimiento en la región que necesita de materias primas a un ritmo constante, GREFI trae a la discusión algunas preguntas que creemos fundamentales para nuestros países ¿Qué sucede cuando un actor de estas características llega a nuestros países? ¿Cómo se puede acceder a la información sobre las inversiones procedentes de China en la región? ¿Cómo impactan estas inversiones?

Los conflictos socioambientales relacionados a inversiones extractivas y de infraestructura son una realidad reciente debido a marcos regulatorios débiles, baja capacidad de supervisión de los mismos, conflictos entre diferentes niveles de gobierno e mecanismo de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes, entre muchos otros factores. Sumado a esto es importante considerar el poco conocimiento que todavía se tiene sobre las compañías chinas, y sobre todo de los marcos regulatorios nacionales con los que trabajan.

La falta de transparencia, el poco acceso a información relevante sobre financiamiento chino y acuerdos bilaterales firmados, es otro asunto sobre el que todos debemos demandar cambios, antes que nuestra capacidad de exigencia se haga más pequeña en comparación con la creciente influencia de china en las políticas de desarrollo en América Latina.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: www.grefi.info

 

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Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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El Poder Legislativo cordobés ratifica gasoductos y aprueba nueva toma de deuda

A pesar de las críticas levantadas por sectores de la oposición, preocupados por la toma de deuda y la participación de la constructora brasileña Odebrecht -salpicada por casos de corrupción en Brasil- en el proyecto de Gasoductos Troncales, la Unicameral aprobó las dos leyes impulsadas por Unión por Córdoba.

El oficialismo logró sancionar, en la sesión ordinaria del pasado 16 de marzo presidida por Martín Llaryora, las dos iniciativas enviadas por el gobernador. Por un lado se avaló la nueva toma de deuda para financiar obras y, por otro, se ratificó el decreto por el que se adjudicó la licitación para realizar el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba (ver aquí). Con la instalación proyectada de 2.336 kilómetros de gasoductos integrados en 10 sistemas regionales, este programa integral implicará una fuerte inversión en materia energética y dotará de gas natural a unas 170 localidades.

Durante el debate parlamentario, que se extendió por más de cinco horas y pudo ser presenciado por miembros de nuestro equipo del Área de Gobernabilidad Global, la mayoría del pleno legislativo autorizó al Poder Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público para el financiamiento de las obras licitadas por un monto de aproximadamente 893 millones de dólares; monto que se tomará de préstamos de entidades financieras de la República Popular de China.

Por otra parte, la asamblea legislativa autorizó al Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público por hasta 1.096 millones de dólares implementando un Programa Global de Emisión de Deuda. De esa cantidad, 596 millones son para rescate y canje del Boncor 2017, mientras que los otros 500 millones tendrán como destino la financiación de obras de infraestructura y la cancelación de pasivos, según lo comunicado por el Gobierno.

Cabe recordar que los sistemas Norte y Sur de los gasoductos estarán a cargo de la UTE: China Petroleum Pipeline Bureau y la cordobesa Electroingeniería SA. En tanto, China Com­muni­cations Construction Company LTD y la argentina ­Iecsa operarán en las zonas Este y Centro II. El resto de los sistemas (Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y Sureste) serán realizados por la compañía brasileña Norberto Odebrecht SA.

Buena parte del debate estuvo atravesado por críticas que pronunciaron legisladores que votaron en contra de las leyes impulsadas por Unión por Córdoba. Desde la oposición, García Elorrio, Montero, Salas y Quinteros plantearon que debió haberse votado en doble lectura y aprobado con mayorías agravadas, porque ambas iniciativas configuran empréstitos, por lo tanto deberían haber sido tratadas, como dice la Constitución, con doble lectura y aprobadas con mayoría agravada.

Además, el proyecto de los gasoductos sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos  por la falta de transparencia y por la participación en el mismo de la constructora brasileña Odebrecht, adjudicataria de 6 de los 10 sistemas de gasoductos, y cuyo expresidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado recientemente en Brasil a 19 años de prisión por actos de corrupción y lavado de dinero.

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 Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Se aprueba el proyecto de gasoductos con financiamiento chino

Tras un trabajo de evaluación de 152 ofertas técnicas, económicas y financieras, serán tres los grupos que construirán los 10 sistemas de gasoductos troncales en Córdoba que beneficiarán a más de 685 mil cordobeses de 167 localidades, con un presupuesto que supera los $ 8.600 millones.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, comunicó que la expectativa es arrancar los trabajos a mitad de año y las obras se realizarían en 33 meses. La vía asiática cubre el 85 por ciento del presupuesto, con el pago de un seguro al inicio de la operación (condición insalvable), siempre que la compañía oriental tenga, por lo menos, la mitad más uno de participación en la unión de empresas y que la obra involucre exportaciones desde China por 20 a 30 por ciento de materiales. Participan los bancos ICBC y Bank of China.

Los grupos que lograron los mayores puntajes están integrados por empresas argentinas, chinas y brasileñas. Se preadjudicaron los sistemas Norte y Sur al grupo integrado por la unión transitoria de empresas (UTE) de China Petroleum Pipeline Bureau y Electroingeniería. Por su parte, la unión entre China Communications Construction Company y la local Iecsa tendrá a su cargo los sistemas Este y Centro II, mientras que la brasileña Norberto Odebrecht realizará los restantes: Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sudeste (ruta 11).

La Provincia aún no tiene datos precisos sobre la cantidad de empleo directo e indirecto que producirán las obras. La visita presidencial a la provincia de Córdoba en el mes de enero confirmó el apoyo de la Casa Rosada al Gobierno provincial. La Nación aportará 2.900 millones de pesos para los gasoductos troncales (8.600 millones de presupuesto total) y los 70 millones de pesos mensuales (3.430 en total) que la Provincia dejará de pagar por la Central Térmica de Pilar.

Desde FUNDEPS, monitorearemos el avance de este proyecto, buscando asegurar que su ejecución respete la normativa de protección ambiental y participación ciudadana.

 

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
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El creciente rol de China en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica

Discusiones sobre las implicancias del creciente rol de China en el financiamiento del desarrollo en Latinoamérica en general y de Argentina en particular.

De acuerdo a datos recientemente publicados por el Inter-American Dialogue, China sigue ampliando su rol como financiador de grandes proyectos en la región. Durante el 2015, el financiamiento chino a Latinoamérica fue mayor que el del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. El financiamiento chino sigue teniendo un fuerte foco en el sector extractivo y de infraestructura; desde 2005 China ha financiado proyectos de infraestructura por 40,3 mil millones de dólares y 70,2 mil millones en el sector energético.

En este contexto, Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, participó de la mesa de diálogo que se realizó a fines de enero en Washington DC organizado por el Inter-American Dialogue. En este encuentro, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil discutieron sobre las implicancias de esta creciente relevancia de China en la región en cuanto a los estándares sociales y ambientales de este financiamiento.

Desde FUNDEPS, se continuará monitoreando el perfil del financiamiento proveniente de fuentes chinas, los estándares socio-ambientales de estos proyectos y el respeto a la normativa de participación, acceso a la información y protección ambiental.

 

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
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Se cayó el financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil para los gasoductos de Córdoba

Resultaba previsible la caída definitiva del financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), para la construcción de los cinco gasoductos que atravesarían la provincia. El nuevo panorama incluye la posibilidad de financiamiento chino el cuál se caracteriza, al igual que el del BNDES, por la falta de transparencia y regulaciones socioambientales.

El anhelado “Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba”, impulsado en 2008 bajo la gestión de Juan Schiaretti encontró finalmente un desenlace abrupto pero previsible. El financiamiento de 257 millones de dólares, que iba a significar la posibilidad de acceso al gas natural a más de 80 localidades cordobesas, ya había sido aprobado por el BNDES. Sin embargo, debido a mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional, se cayó de manera definitiva en las últimas horas. Como era de prever, la entidad bancaria le comunicó a las autoridades del gobierno de Córdoba que los plazos para llevar a cabo el desembolso de los fondos se habían vencido, dando por finalizado el mismo.

El retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía de la Nación, así como también los recientes casos de corrupción en Brasil que salpicaron el proyecto (ver aquí), constituyeron una serie de trabas y contratiempos que dilataron los procesos burocráticos y el posterior incumplimiento de los plazos.

A pesar de ello, y dado el carácter estratégico que reviste una obra de tal magnitud para la provincia, resulta probable que en un futuro cercano, las autoridades busquen financiamiento internacional proveniente de otros actores. Incluso ya se ha comenzado a mencionar la posibilidad de financiamiento chino para la realización de la obra. Este caso en particular esta contextualizado por una tendencia general a nivel nacional, de una fuerte disminución de financiamientos provenientes del BNDES en desmedro de aquél proveniente de los bancos chinos (ver aquí). Justamente la presencia china en la región a través de inversiones en infraestructura y otros rubros, se encuentra en crecimiento siendo una de sus prioridades dentro de su política exterior (ver aquí). En este marco, no resultaría extraño que los fondos para la ejecución de la obra terminen proviniendo finalmente de la República Popular de China. Más aún, si tenemos presente las buenas relaciones entre ambos gobiernos y los recientes acuerdos celebrados entre nuestro país y el gigante asiático.

Más allá de cuál sea el origen final del financiamiento, resulta importante que la sociedad civil cordobesa se asegure que el proyecto se diseñe e implemente teniendo en cuenta los correspondientes estándares de transparencia, participación y protección de los derechos humanos y el ambiente. Requisitos y estándares que, por lo general, resultan difíciles e incluso imposibles de hallar en el accionar tanto del BNDES como de los propios bancos chinos (ver aquí).

 

Más información:

– “Se cayó de manera definitiva el proyecto de los gasoductos”, La Voz del Interior – 10-03-2015.

– “La Argentina nao-tem financiamiento: se derrumbo el crédito del Bndes al país”, Perfil.com – 07-03-2015.

– “Financiamiento del Proyecto de gasoductos troncales de Córdoba bajo sospecha de estar vinculado a caso de corrupción”, FUNDEPS – 26-12-2014

– “China y su creciente rol en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica”, FUNDEPS – 17-09-2014

– “Un año clave para la transparencia en el BNDES”, FUNDEPS – 06-02-2014

 

Contacto:

– Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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China y su creciente rol en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica

En los últimos años China ha incrementado sustancialmente el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Existe una preocupación en organizaciones de la sociedad civil por los estándares ambientales y de derechos humanos.

La reciente gira latinoamericana del presidente de la República Popular China Xi Jinping por los países de Brasil, Argentina, Cuba y Venezuela y los correspondientes acuerdos tanto bilaterales como multilaterales firmados por el mandatario, no hicieron más que reforzar una tendencia que se ha venido profundizando poco a poco en el transcurso de los últimos años: la creciente presencia de China en la región, traducida en un incremento sustancial en el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Las visitas oficiales que, durante 2013, realizó el presidente chino a México y diferentes países centroamericanos y del Caribe, y las visitas oficiales del anterior primer ministro chino Wen Jiabao a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en 2012 que derivaron en la creación del Fondo de Cooperación China – América Latina, son ejemplos concretos de ello.

Si se analizan los principales acuerdos firmados durante esta gira presidencial, se podrá apreciar fácilmente que el sector de infraestructura es el destino preponderante de las inversiones chinas, sobre todo en materia de transporte y energía. Así, por ejemplo, los acuerdos firmados en Argentina implicarían la inversión de más de 4.800 millones de dólares para la recuperación de ferrocarriles (ex Belgrano Cargas), el financiamiento de represas hidroeléctricas, y diversos acuerdos en materia de energía nuclear, infraestructura, agricultura e industria naval, entre otros (listado de acuerdos suscriptos). En el caso de Venezuela los acuerdos involucraron financiamiento de proyectos sociales y de infraestructura y un convenio con PDVSA para investigación de minerales, mientras que en Brasil, el mandatario chino asistió a la VI Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en donde se estableció  la creación de un Fondo de Reservas y del Banco de Desarrollo de los BRICS (denominado Nuevo Banco de Desarrollo), que tiene como finalidad movilizar recursos para proyectos de infraestructura y el desarrollo sostenible en economías emergentes y en desarrollo; y se plantea como una “alternativa” al Banco Mundial y el FMI.

Si se observan los números totales, desde 2005 en adelante China ha dado créditos a la región superando los 100 billones de dólares, en un relación que muchos han definido como “mutuamente beneficiosa”, ya que por su parte China obtiene los recursos y materias primas que demanda su economía en pleno crecimiento (básicamente alimentos y recursos energéticos), mientras que los países latinoamericanos acceden a un importante y necesitada fuente de financiamiento externo.

Sin embargo, lo que no se está teniendo en cuenta en ese análisis y está siendo en gran medida soslayado por los diferentes actores tanto públicos como privados de los países latinoamericanos, son los riesgos en materia socioambiental y de Derechos Humanos que pueden traer aparejados los proyectos e iniciativas financiadas por esta vía. Los cuales, por lo general, cuentan con requisitos y estándares socioambientales más flexibles que los de las fuentes tradicionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el BID, por ejemplo. Los cuales, de por sí, continúan siendo fuertemente cuestionados desde la sociedad civil por su incapacidad de abordar efectivamente la protección del Medio Ambiente y los Derechos Humanos de las poblaciones involucradas.

A su vez, resulta muy difícil poder acceder a información certera y fidedigna acerca de las inversiones chinas (montos, condiciones, características del financiamiento, actores involucrados, etc.) tanto en la región en general como en Argentina en particular, ya que no existen actualmente una gran cantidad de actores (ya sea de la sociedad civil, como de la academia, del sector privado o incluso la esfera pública) que se dediquen a hacer un seguimiento y monitoreo pormenorizado de este tipo de financiamiento y, más importante aún, de sus impactos e implicancias en cada uno de los países.

En un escenario con estas características, donde por un lado el monto de las inversiones y créditos se incrementan exponencialmente y por el otro, la información es escasa y ambigua, algunos actores de la sociedad civil han comenzado a involucrarse en el tema procurando realizar actividades de investigación y seguimiento, e incluso elaborando herramientas que permitan una  mayor comprensión de las características y particularidades de las inversiones chinas en la región.

Recientemente, por caso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador presentó el “Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior”, una herramienta teórico-práctica destinada a servir como guía para las comunidades locales y difundir parámetros en relación a derechos y sostenibilidad frente a las inversiones y créditos chinos. El documento, elaborado por Paulina Garzón, representa un gran avance para las comunidades y demás sectores de la sociedad civil involucrados y contribuye sustancialmente para una mejor comprensión de una temática de creciente relevancia para nuestra región.

Por su parte, y teniendo en cuenta esta creciente necesidad, FUNDEPS ha iniciado recientemente un trabajo de monitoreo y seguimiento de esta agenda en el marco del trabajo de investigación e incidencia que lleva adelante sobre los diferentes actores regionales del financiamiento para el desarrollo.

Más información:

CDES – Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior

Contacto:

– Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org