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Los días 2 y 3 de marzo se llevó a cabo la conferencia sobre inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe en el campus de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires.

Los días 2 y 3 de marzo se realizó en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) la conferencia ‘Repensando el rol de las inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe’ organizada por el Transnational Institute (TNI) y la UNSAM. 

Ambos días participaron exponentes no solo de Argentina, también se contó con la presencia de especialistas de Chile, Bolivia, Brasil, México y Perú. En el primer día de conferencia se abordaron cuestiones como el rol de  las inversiones extranjeras directas (IED) para el desarrollo sustentable en el actual contexto de crisis climática; la IED en América Latina, incluida las inversiones chinas y lo sectores claves en los que se encuentran. Además, se discutieron las potenciales implicancias de la región en la Nueva Ruta de la Seda. 

Como conclusiones principales del primer día, se puede mencionar la necesidad de China de recursos primarios extractivos, principal motivo de su relacionamiento con América Latina y el Caribe. El traslado de la Inversión Extranjera Directas (IED) de impactos ambientales a los países de la región. Por último, la continua violación de la inversiones chinas al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas

Por otro lado, en el segundo día se produjo un mayor  intercambio de opiniones entre los exponentes y el público presente respetando los temas pactados en el Programa, como la IED China en la región, específicamente  las características, impactos y desafíos a los que se enfrentan los países de América Latina, haciendo hincapié en Argentina, Brasil, México, Bolivia y Chile. Por último, los temas que generaron mayor intercambio de opiniones fueron la relación IED-modelos de desarrollo sustentables y, por otro lado, cuál es el tipo de IED que queremos, es decir si ésta puede contribuir al desarrollo nacional teniendo en consideración la sustentabilidad ecológica.

Respecto al segundo día, las cuestiones que tuvieron gran fuerza fueron las relativas a qué  patrón sigue China en los distintos países de la región. Así, surgieron cuestiones como la creciente demanda  de Litio por parte de China, su asociación con empresas de otros Estados para obtener su tecnología (transferencia tecnológica), la expansión de proyectos bioceánicos, los proyectos de represas hidroeléctricas y el aumento de conflictos ecoterritoriales, por mencionar algunos.

En nuestras región, en las últimas décadas las inversiones chinas han crecido de manera exponencial, superando a las inversiones de los organismos multilaterales tradicionales (como el Banco Mundial y BID). Con estas inversiones, viene aparejada la falta de controles, los impactos ambientales y sociales y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se puede pasar por alto la relación asimétrica que existe entre la región y el país asiático reproduciendo los clásicos patrones desiguales de relacionamiento que han caracterizado a América Latina y el Caribe, antes con Estados Unidos y Europa, ahora con la República Popular de China. 

En consecuencia, es importante generar una mayor articulación entre sociedad civil, academia, comunidades afectadas y todas aquellas partes interesadas para exigir una forma de relacionamiento más igualitaria y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales, ausentes hasta el momento. Es en este marco que se encuadra nuestra participación en la conferencia y el interés de Fundeps por fortalecer los vínculos con instituciones académicas tanto nacionales como internacionales que aborden la cuestión d elas inversiones chinas y su impacto sobre el ambiente y los derechos humanos.

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  • Sofía Brocanelli

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El discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas del Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández presentó numerosas iniciativas y enunciación de políticas que son alentadoras en cuanto al acceso y goce de los derechos humanos, pero también dejó en el tintero cuestiones preocupantes y contradictorias en cuanto a políticas ambientales, de salud, y de inclusión, entre otras.

Dentro de los muchos anuncios, aquellas políticas relativas al fortalecimiento de la calidad institucional son las que mayor expectativa generan. La recurrente referencia al diálogo, al consenso y a la pluralidad son signos de voluntad hacia una democracia sana y duradera. También, estas propuestas muestran un claro interés en seguir desarrollando herramientas que mejoren la participación ciudadana, lo que ha sido y sigue siendo una deuda en el Estado argentino.

Entre los anuncios más importantes en materia institucional, se pueden destacar:

  •  La creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que en palabras del presidente “implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”. El mismo tendrá como misión ser el motor de políticas de Estado y políticas de la sociedad, y propone promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro, atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde,  atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales y afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces.En este punto cabe decir que en relación a la la agenda ambiental, la idea de atender de modo urgente el fenómeno del  cambio climático, resulta contradictoria con el resto del discurso, ya que el tinte extractivista de la política productiva que se advierte en él, excluye la posibilidad real de un abordaje serio a la problemática, respetuosa de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia.

    Por otra parte, es de destacar la voluntad política de apostar a la transparencia de las instituciones estatales, sin olvidar los avances que han sido logrados en los últimos años con relación al desarrollo de herramientas de gobierno abierto y de acceso a la información pública.

  • La creación de un Cuerpo Profesional de Servidores Públicos formados desde la academia, con arraigo a la carrera administrativa y para la transformación del Estado en la promoción de cambios de calidad en el sector público.La calidad institucional desde la carrera administrativa y con foco en la educación pública, podría significar un avance importante, y es momento de que el Estado tenga a disposición personas capacitadas que puedan aceitar los mecanismos vetustos y burocráticos que obstruyen la implementación de las políticas.
  • La creación de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas, también con énfasis en mejorar la implementación de medidas y acciones desde la administración estatal, para mejorar la efectividad de su tarea.Este tipo de iniciativas son bienvenidas, pero siempre que se implementen mecanismos para el monitoreo de su funcionamiento y participación desde la ciudadanía. Asimismo, es de suma importancia que el control sobre la calidad y efectividad de las políticas también se realice con acento en la transparencia y en la rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a la inversión pública.
  • Además, se destaca la iniciativa de reforma de Justicia Federal, en el marco del cual se creará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. El mismo se propone ser un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial.En este punto, es importante tener especial atención en los principios de la división de poderes en los procesos que vayan a iniciarse a partir de las iniciativas propuestas desde este órgano. Asimismo, es de fundamental importancia la colaboración de los tres poderes del Estado, para promover un real acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En lo que a salud pública respecta, más allá de la destacable referencia a vacunas, es preocupante la falta de mención al abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles: no se mencionaron medidas relativas a consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente.

Siguiendo la misma línea, y específicamente sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, se advierte un abordaje parcial de la problemática que no incluye la perspectiva de alimentación adecuada y de calidad, lo que resulta preocupante dados los altos índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestro país, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

En materia de integración global, se observa una agenda inclusiva, para avanzar en la asociación con países desarrollados, emergentes y en desarrollo. El presidente destacó tanto el diálogo con potencias de América y Europa como asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.

Resulta muy importante mejorar la asociación estratégica integral con China, pero es fundamental asegurar que tal relación no profundice las relaciones crecientemente asimétricas entre los dos países, y que no redunde en esquemas económicos de reprimarización de la economía argentina.

Políticas con perspectiva de géneros y diversidad sexual

Uno de los puntos más destacados del discurso fue el anuncio que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de legalización del aborto. El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que tiene el estado actual de la legislación, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Si bien aún no se conocen detalles del proyecto, el tratamiento de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene de la lucha incansable del movimiento de mujeres que reclaman este derecho desde hace años, y esperan que se trate de un proyecto fiel a los puntos que contempla aquel que fuera presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el año pasado.

Asimismo, Fernández anunció que enviará otro proyecto de ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en la primera infancia, al que se refirió como el programa de los primeros 1000 días.

Además, hizo tres anuncios relativos a la erradicación de la violencia de género:

  • Implementación de la Ley Micaela.
  • Lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021.
  • Ratificación del Convenio N ° 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

Sin dudas, este tipo de iniciativas dan fe del interés de este gobierno por erradicar las violencias contra las mujeres, lo que es impostergable. Sin embargo, llama la atención que se hayan omitido mencionar los derechos que aún faltan reconocer a otros colectivos e identidades, como el cupo laboral para las personas trans. Al hablar de aborto, solo se enunció a las mujeres, pasando por alto que hay otras personas gestantes que también pueden cursar embarazos no deseados. Es imprescindible atender a los factores que reproducen las desigualdades estructurales de estos colectivos.

Por eso es relevante remarcar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas y su correspondiente presupuesto con perspectiva de géneros, que contemplen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto se puede concretar a través de medidas que acompañen las trayectorias laborales y profesionales de personas LGBTIQ+, como por ejemplo, la implementación del cupo laboral trans.

Otra vez la deuda con el ambiente

En líneas generales, la perspectiva “ambiental” adoptada en el discurso de apertura de sesiones, se puede caracterizar como una visión extractivista, que contempla a los bienes ambientales tan solo como recursos para el desarrollo económico y social. Esto puede percibirse en aquellos tramos del discurso en los cuales se anunciaron, por ejemplo, iniciativas vinculadas con la promoción de proyectos e inversiones en materia de hidrocarburos y minería. A más, estas fueron calificadas por el presidente como la “palanca para el desarrollo productivo” del país.

Tal línea discursiva, resulta desalentadora en el contexto ambiental actual, el cual se encuentra teñido de tragedias socio-ambientales a causa del cambio climático, que afectan diferenciadamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de que se mencionan algunas pequeñas líneas de abordaje al cambio climático, tal idea resulta contradictoria con el posicionamiento extractivista que el presidente sostuvo a lo largo de todo el discurso, e incluso contradice los esfuerzos a nivel local y mundial tendientes a disminuir la promoción de aquellas industrias generadoras de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), como así también en diversificar las fuentes de energía.

En el ámbito local, recientemente Argentina sancionó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en contra del cambio climático, plasmando las directrices a seguir en torno al fenómeno. Uno de los objetivos de la ley (art.2, ley 27.520), consiste en establecer asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.

Asimismo, entre las medidas de mitigación que la ley prevé, se menciona la utilización progresiva de energías renovables, con la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la ley de política ambiental nacional n° 25.675, mediante el llamado “principio preventivo”, procura prevenir, antes que nada, los daños al ambiente.

Todo esto, debe de ser enmarcado también en el Acuerdo de París, Protocolo de Kyoto y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Ellos tienen entre sus objetivos principales, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.

También es preciso señalar que la República Argentina, posee una matriz energética cuyo 81.6 por ciento, proviene de combustibles fósiles, observándose sólo un ínfimo porcentaje en relación a otros tipos de energía (nuclear, hidráulica, eólica,etc).  Ello resulta de importancia debido a que, si la matriz energética no es diversificada, necesariamente requerirá de mayor producción y refinación de hidrocarburos. Así, la tendencia al autoabastecimiento, sin dudas implica un crecimiento en la explotación de dicha fuente energética, repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos relacionados a los Gases de Efecto Invernadero.

De tal modo, una política basada en perspectivas extractivistas, como aquella anunciada por el presidente, tiene serias implicancias. En primer lugar, desoye los principios que orientan al desarrollo sustentable, para emprender un “desarrollo” que no contempla la variable ambiental. En segundo lugar, incumple aquellos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico, que imponen obligaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, ignora la circunstancia de que cualquier afectación ambiental tiene serias repercusiones en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, estropeando sin dudas la justicia social de un modo directo.

Es por esto, que una política ambiental, en particular que contemple los efectos del cambio climático, debe de buscar el desarrollo de fuentes de energía renovables, contemplar verdaderas acciones de adaptación y mitigación, promoviendo el desarrollo con justicia y equidad ambiental, social e intergeneracional.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

El artículo plantea un abordaje del financiamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, procurando analizar en qué medida el rol que juega el recientemente creado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) como “motor financiero” de la Iniciativa, representa (o no) una oportunidad para dotar de mayor sustentabilidad ambiental y social a los proyectos de infraestructura llevados adelante en el marco de la “Nueva Ruta de la Seda Verde”.

El Primer Plan Quinquenal Integrado firmado entre Argentina y China para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021), contiene 16 proyectos a desarrollarse en el país. Dentro de éstos se encuentran la construcción de dos centrales nucleares. La elección de construir plantas nucleares en vez de invertir en energía eólica y solar, produce ciertas inquietudes por los riesgos que implica la energía nuclear.

El fortalecimiento de la relación sino-argentina se observó con la firma del Primer Plan Quinquenal (2017-2021) entre ambos actores, el cual incluye 16 proyectos a llevarse a cabo en el país con financiamiento chino. Uno de los proyectos que genera cuestionamientos económicos, pero sobre todo ambientales, es el de la construcción de dos centrales nucleares, Atucha III y IV.

En torno a las centrales nucleares hay opiniones a favor y en contra. Hay defensores de este tipo de energía por las bajas emisiones. Sin embargo, cada vez hay una mayor cantidad de opositores a la energía nuclear por sus impactos al medio ambiente, el riesgo que significa y lo costosa que es en relación a la energía eólica y solar.

Nuestro país cuenta con tres reactores nucleares, el primero, Atucha I, fue construida en 1974; la segunda central es la de Embalse que comenzó a operar en 1984 y la tercera central fue Atucha II, la cual comenzó a funcionar en el sistema nacional a partir del año 2014. La energía de tipo nuclear representa en el país el 6% de la matriz energética.

El acuerdo de la construcción de dos centrales nucleares data desde el gobierno de Cristina Kirchner, quien acordó su construcción con China en el año 2015. Cuando asumió Macri como presidente, se puso en duda la efectividad de este tipo de energía; sin embargo se ratificó el acuerdo con China sobre la construcción de las centrales nucleares (Atucha III y IV). A pesar de ello, por la crisis económica que atraviesa el país, el gobierno tuvo que optar por construir una sola central para que el tamaño del préstamo no sea tan grande y el país pueda afrontarlo.

Así, se construirá la central nuclear Atucha III que sumará a la red 745 megavatios y estará localizada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. El contrato para la construcción de esta central incluye un préstamo de China por $10.000 millones de dólares, lo cual cubre el 85% de los costos de construcción; el restante será invertido por Argentina.

En un primer momento, cuando se firmó el acuerdo, los gobiernos de ambos países manifestaron la importancia de firmar los contratos antes de septiembre de 2017, y, en consecuencia, comenzar la construcción de una de las centrales ese mismo años y de la segunda en el 2019. Sin embargo, ninguno de estos hechos sucedió. 
Este Plan Quinquenal tiene por propósito aumentar la complementariedad, la cooperación y beneficios en el sector de las infraestructuras, contribuyendo al desarrollo de las relaciones económicas bilaterales y de las naciones de ambos países.

El financiamiento chino ha crecido notablemente en América Latina y el Caribe, y Argentina no ha sido la excepción a este crecimiento. Las relaciones entre ambos países ha evolucionado de tal manera que China tiene importancia como prestamista bilateral, donde la mayor cantidad de préstamos se ha destinado a infraestructura y proyectos energéticos.

Desde Fundeps se realizó a principios de año un pedido de información al gobierno Nacional por el Primer Plan Quinquenal entre China y Argentina, haciendo hincapié en la construcción de las centrales nucleares. Las principales cuestiones que se consultaron fueron acerca de las modalidades y características del financiamiento que acordó el gobierno argentino para financiar las obras que contempla el Primer Plan Quinquenal; las dependencias, funcionarios y demás actores involucrados.

En cuanto a la construcción de las centrales nucleares, tema de relevancia en la solicitud de información, se solicitó el estado de construcción de las centrales nucleares, cuáles han sido los lineamientos sociales y ambientales de las instituciones que se encuentran involucradas en el proyecto, cuáles eran los lugares preseleccionados  y seleccionados para realizar la construcción, los estudios que se efectuaron para seleccionar el lugar de construcción de las centrales y, si ha habido evaluación de impacto ambiental (EIA) como si hubieron instancias de participación ciudadana. 

Si bien la solicitud fue respondida fuera de término (julio), no se respondieron de manera efectiva las preguntas realizadas al Ministerio de Energía y al de Hacienda. Solo por mencionar algunas cuestiones de la respuesta a la solicitud, no se brindaron los documentos de la EIA, muchos menos los estudios realizados para seleccionar a Lima, (provincia de Buenos Aires)  como el lugar para la construcción de la central nuclear. En líneas generales, las respuestas a las preguntas realizadas fueron escuetas, y la mayoría, por no decir todas, no brindaron los datos solicitados por Fundeps. 

En materia de acceso a la información a nivel nacional se ha avanzado, ya que como ciudadanos se pueden realizar solicitudes de información a través de la web. Sin embargo, todavía queda por hacer mucho trabajo en materia de gobierno abierto, ya que las respuestas a las solicitudes de información eluden la raíz de la pregunta que se realiza. No se encuentra mucha información disponible y, tampoco, al solicitar a las entidades responsables, se obtiene la información que se requiere. 

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Autores

Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El 23 de agosto pasado, Fundeps participó del Congreso Nacional ALADAA en el marco de la agenda del área de Gobernabilidad Global sobre inversiones chinas en América Latina

El pasado 22 y 23 de agosto del 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto el IX Congreso Nacional de ALADAA (Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África) Argentina “Culturas en Movimiento: Potencialidades y Desafíos en la Globalización. Asia y África desde América Latina”. Fundeps participó presentando un trabajo titulado “El rol del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) en la Nueva Ruta de la Seda Verde”, el cual fue expuesto por el voluntario del área de Gobernabilidad Global, Mariano Camoletto.

El artículo aborda el financiamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, analizando el rol del AIIB como motor financiero de la misma. Además, explora si el financiamiento a través del AIIB representa una posibilidad de dotar de mayor sustentabilidad ambiental y social a los proyectos implementados en el marco de la Nueva Ruta de la Seda (también conocido como la Iniciativa de La Franja y la Ruta), el mega proyecto a escala global impulsado por China.

El AIIB, cuya sede se encuentra en Pekín, se creó en 2015 por iniciativa de China y cuenta actualmente con más de 100 miembros, entre los que se encuentra Argentina. El banco tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y social de Asia con el enfoque puesto en la infraestructura sostenible, la movilización de capital privado y la conectividad. Para su cumplimento, el AIIB cuenta con una cartera de 100 mil millones de dólares y la estrategia se basa en el concepto Lean, Clean and Green a través del cual el banco busca ser eficiente, ágil, ético y respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a las políticas operacionales del banco, las más importantes son el Marco Ambiental y Social y el Mecanismo de Rendición de Cuentas. En cuanto al primero, fue aprobado en el 2016 y tiene como propósito ayudar al banco y sus clientes a alcanzar resultados positivos de desarrollo ambiental y socialmente sostenible en sus proyectos, además de exponer los objetivos institucionales para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales en los proyectos financiados por el banco. Asimismo, el cumplimiento de éstas políticas son de carácter obligatorio para poder acceder al financiamiento del banco.

En lo que respecta al Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco, éste fue lanzado en  2018 y tiene como propósito recibir las quejas y solicitudes de aquellas comunidades o poblaciones afectadas negativamente por proyectos financiados por el Banco. El mecanismo tiene dos funciones esenciales: la primera de ellas es la resolución de disputas mediante el diálogo y el entendimiento de las partes afectadas; y en segundo lugar, el de revisión de cumplimiento, que consiste en que éste mecanismo investigue si el Banco ha cumplido con sus obligaciones respecto a la buena aplicación de las políticas operacionales del mismo.

El objetivo principal de nuestra participación como expositores en este Congreso fue la de promover el acercamiento de la Fundación a la comunidad académica tanto nacional como provincial, para el estudio de las inversiones e iniciativas chinas (tales como el AIIB) y su impacto en la sociedad, que por lo general se ve reflejado en proyectos de infraestructura con potenciales (o reales) impactos a nivel ambiental y social. El trabajo conjunto tiene el propósito de analizar y comprender el modelo de inserción sociopolítico y económico de China en América Latina y, en especial, en Argentina; así como las estrategias que los países latinoamericanos implementan frente a este fenómeno en el marco de la Ruta de la Seda.

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Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Este documento de trabajo detalla las características principales del recientemente creado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB por sus siglas en inglés), abordando su estructura, su funcionamiento y actuales proyectos financiados y el rol que cumple China en la institucionalización del mismo.

En el marco de la cumbre del G20 celebrada en Argentina en el 2018, los Jefes de Estado de Argentina y China firmaron 30 acuerdos comerciales y de inversión por los próximos cinco años. Estos acuerdos forman parte del Segundo Plan Quinquenal de Acción Conjunta entre ambos países. 

El 2 de diciembre de 2018, el presidente argentino Mauricio Macri y el presidente chino Xi Jinping firmaron treinta acuerdos comerciales y de inversión en el marco del Segundo Plan de Acción Conjunta 2019-2023 entre nuestro país y la República Popular de China. 

Este Segundo Plan Quinquenal, al igual que el primero, busca reforzar la relación bilateral y constituye una hoja de ruta con acciones a realizarse en una serie de ámbitos. La mayoría de los acuerdos son de índole económico-comercial e incluyen las áreas de infraestructura, inversiones, finanzas, transporte, minería, energía, ciencia y tecnología, turismo, cooperación Sur-Sur y comercio electrónico. 

Entre los acuerdos, uno de los de mayor relevancia es la formalización del intercambio de monedas (swap) con el país asiático por un monto de 8.500 millones de dólares sumándose al ya existente de 11.000 millones de dólares. 

Los acuerdos que ya se encontraban firmados al momento del anuncio del Segundo Plan fueron el de Cooperación para Proyectos de Desarrollo Agrícola Integral en Nuevas Áreas Irrigadas del Plan Nacional del Agua de la Argentina, el Memorándum de Entendimiento sobre la protección medioambiental y el desarrollo sostenible, y el establecimiento del Instituto Confucio en la Universidad de Córdoba. 

También se han firmado acuerdos con empresas como el “Term Sheet” entre el Ministerio de Hacienda de Argentina y el Banco de Desarrollo de China (CDB) para la creación de un Fondo por un monto estimado de hasta USD 1.000 millones, con el objeto de financiar “Capital de Trabajo”; el Convenio Marco de Promoción del Comercio de Productos Oleaginosos entre la Secretaría de Gobierno de Agroindustria  y China Grain Reserves Group Ltd. Company (SINOGRAIN). 

Los siguientes acuerdos fueron firmados luego de ser anunciados: el Acuerdo Marco de Cooperación entre China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) y el Banco de la Nación Argentina; la Adición al Contrato de Financiamiento para la «Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas»; el Acuerdo de Financiamiento entre el Ministerio de Hacienda de Argentina y el Banco de Desarrollo de China (CDB) para la Adquisición de Material Rodante para el Ferrocarril Roca Eléctrico y, por último, el contrato Comercial entre el Ministerio de Transporte y la empresa china CRCC para la recuperación del Ferrocarril San Martín Cargas (Etapa I: renovación y mejoramiento de vías). 

Por último, se encuentran los siguientes acuerdos:

  • Acuerdo sobre la Prórroga de la Validez del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE);
  • Convenio para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal (CDI);
  • Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación Fiscal y Financiera;
  • Memorando de Entendimiento sobre la Promoción de la Cooperación Comercial y de Inversiones; 
  • Memorando de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de la Cooperación en los Sectores de Infraestructura;
  • Ampliación del SWAP de monedas; 
  • Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Cerezas Frescas Argentinas a China; 
  • Memorándum de Entendimiento sobre Comercio Electrónico; 
  • Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Comercio de Servicios; 
  • Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne Ovina y Caprina a China;
  • Adecuación del Protocolo Sanitario para la Exportación de Caballos en Pie a China;
  • Convención entre China y Argentina sobre la prevención y combate al tráfico ilícito de bienes culturales, y la devolución de bienes culturales ilegalmente transferidos; 
  • Plan Ejecución de Cooperación Cultural entre China y Argentina 2019-2023; 
  • Acuerdo sobre reconocimiento recíproco de certificados de educación superior;
  • Acuerdo entre la Academia China de Ciencias Sociales de China y la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva sobre el establecimiento del centro virtual de ciencias sociales China-Argentina;
  • Acuerdo Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Radio, Cine y Televisión de China y el Sistema Federal de Medios Públicos;
  • Acuerdo de Cooperación entre el Grupo de Medios de China y Radio y Televisión de Argentina; 
  • Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre la Comisión Nacional de Supervisión de China y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina;
  • Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobierno de Modernización y la Academia China de Gobierno.

El interés del país asiático por realizar inversiones en Argentina está ligado a las acciones que ha llevado a cabo desde los últimos años en la región de América Latina, posicionándose como uno de los principales inversores. El Primer Plan Quinquenal entre Argentina y China significó el afianzamiento de lazos en sus relaciones bilaterales con la mirada en desarrollar una estrategia de cooperación. Con el Segundo Plan se avanza un paso más en el fortalecimiento y la profundización de la relación bilateral entre ambos países. 

Para Argentina, los acuerdos representan una oportunidad de desarrollo en el futuro, sin embargo hay que ser cautelosos en cuanto a los riesgos y los potenciales aspectos negativos de los mismos, que pueden derivar en incrementos desmedidos de la deuda, impactos negativos a nivel socio-ambiental de los proyectos de infraestructura, problemas de competitividad en el ámbito comercial o incluso cierta tendencia hacia la reprimarización de la económica argentina hacia la que apuntan varios de los acuerdos. Y no hay que olvidarse de sumar, a todo ello, la opacidad y poca transparencia en cuanto a acceso a información que rodea a la gran mayoría de estos acuerdos, cuyos aspectos generales tal vez salgan a la luz, pero no así sus detalles y especificaciones en cuanto a su implementación.

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Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 15 de marzo, China aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) 284 de las recomendaciones realizadas en su tercer Examen Periódico Universal (EPU). Éstas se encuentran orientadas a evitar violaciones de derechos humanos en el ámbito de sus inversiones en el extranjero. Sin dudas, se trata de un hecho sin precedentes.

La República Popular China (China) se comprometió, ante Naciones Unidas, a respetar los derechos humanos en sus inversiones en el exterior. Aceptó el 82% de las recomendaciones realizadas por decenas de países en su tercer Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es una evaluación realizada cada cuatro años y medio por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR). Permite calificar el comportamiento de cada Estado miembro a la hora de implementar los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas.

A continuación, se mencionan algunas de las recomendaciones más relevantes que fueron aceptadas:

  1. Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura, dentro y fuera de su territorio, sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Ecuador);
  2. Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero (Perú);
  3. Adoptar nuevas medidas sobre las empresas y los derechos humanos de conformidad con sus obligaciones internacionales y garantizar que las empresas que operan en zonas de alto riesgo o en conflicto realicen la diligencia debida en materia de derechos humanos de conformidad con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (Estado de Palestina);
  4. Continuar aplicando las leyes, regulaciones y estándares chinos, tales como los Principios Rectores sobre Negocios y Derechos Humanos, a las compañías chinas que operan más allá de las fronteras de China (Kenia);

La delegación china manifestó, que su apertura para acoger las recomendaciones mencionadas “demuestra completamente la determinación china y su actitud abierta y activa hacia la promoción y protección de los derechos humanos”. Ahora bien, China deberá informar en dos años en su Revisión de Medio Término ante el CDHNU, el progreso logrado tras la implementación de estas recomendaciones. Asimismo, tendrá que desarrollar un plan de acción para asegurar que sus compañías e inversionistas respeten los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.

María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expresó que “este compromiso no debe ser considerado una promesa de papel; al contrario, las organizaciones sociales en todo el mundo debemos tomar la palabra al Estado chino, mantenernos vigilantes y reportar a las Embajadas chinas y CDHNU cuando existan violaciones en los proyectos chinos, y exigir reparación a los derechos vulnerados de las víctimas y del ambiente”.

Cabe destacar, que el año pasado el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) presentó un informe en el marco del EPU, junto con otras 17 ONGs latinoamericanas, examinando 18 proyectos con participación china en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. El reporte reflejaba que las compañías y bancos chinos han violado sistemáticamente varios derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de Naciones Unidas.

Lo que ha sucedido en Ginebra el 15 de marzo es un hecho sin precedentes que debe celebrarse. De igual manera, es importante rescatar que los resultados obtenidos deben atribuirse en gran parte, al arduo trabajo realizado por numerosas organizaciones de la sociedad civil, en la región y el mundo.

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Video: Consideration of the Universal Periodic Review outcome of China

Reporte: Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú

Autora

Melanie Mackenzie

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

Luego de un año de reuniones y actividades, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires la Cumbre del G20, la primera celebrada en Sudamérica. La misma contó con la presencia de los principales líderes mundiales; y si bien fue considerada un éxito en términos logísticos por parte del gobierno nacional, no arrojó grandes resultados en términos multilaterales.

La Cumbre de líderes del G-20 organizada este año por Argentina como presidente “pro témpore” del foro se produjo en un contexto signado principalmente por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China; y las dificultades internas que están afrontando gran parte de los líderes de los países que conforman el grupo. Entre ellas, destacan sin dudas las protestas civiles que jaquean al gobierno de Emmanuel Macron en Francia, las acusaciones contra el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman por la muerte de un periodista; e incluso la crisis económica que afronta el gobierno nacional en Argentina, a lo que se sumaron también las dudas tanto internas como externas en cuanto a  la capacidad del gobierno de Mauricio Macri para organizar un evento de las magnitudes del G-20.

De todas formas, una vez finalizada la cumbre la organización de la misma fue considerada un éxito por parte del gobierno, e incluso se consiguió firmar un documento final (aunque sus compromisos resultan muy tibios) a pesar de las escasas probabilidades que existían de lograr un consenso entre los países miembros.La Declaración de los líderes del G20 2018 hace hincapié en el desarrollo equitativo y sostenible como desafío que todos los Estados enfrentan. Entre las cuestiones que la Declaración  menciona, se destacan los pilares sobre los que la cumbre trabajó de manera prioritaria este año, por decisión del propio gobierno argentino, a saber: el Futuro del Trabajo, Infraestructura para el Desarrollo, la Seguridad Alimentaria y una perspectiva transversal de género que abarcó toda la agenda del G20. La Declaración también menciona en diversos pasajes ciertos compromisos internacionales respecto al Cambio Climático y el Acuerdo de París (aunque Estados Unidos dejó plasmada en la Declaración su decisión de retirarse del Acuerdo); las entidades financieras internacionales y la necesidad de robustecer al FMI y al Banco Mundial; la igualdad de género y el acceso a la salud, entre otros. En materia de Infraestructura, la Declaración señala: “A fin de abordar la persistente brecha de financiamiento en infraestructura, reafirmamos nuestro compromiso de atraer capitales privados para la inversión en infraestructura. Para lograrlo, endorsamos la Hoja de Ruta hacia la Infraestructura Como una Clase de Activo”

Recordemos que el G20 es un foro internacional que está integrado por 19 Estados y la Unión Europea:  Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. España forma parte como invitado permanente. Además el país que preside el foro elige a otros invitados, y para este año Argentina invitó a Chile y a los Países Bajos.

Las áreas de trabajo del G-20 son: finanzas, agricultura, anticorrupción, comercio e inversiones, desarrollo, economía digital, educación, empleo, salud, sustentabilidad climática y transiciones energéticas.

Si bien la Cumbre en Buenos Aires no arrojó acuerdos resonantes a nivel multilateral, el evento resultó sin dudas positivo para el gobierno nacional, que sale fortalecido por la organización sin mayores inconvenientes del evento; y sobre todo, por la agenda de reuniones y acuerdos bilaterales con otras naciones que se dio en el marco de la Cumbre. Así, el gobierno de Cambiemos gestionó diversas reuniones bilaterales y cerró una serie de  acuerdos de inversión y comerciales con el propósito de promover el desarrollo económico del país. Así, de las 17 reuniones bilaterales que el gobierno llevó a cabo y los más de 50 acuerdos firmados, se destacan:

  • 30 acuerdos comerciales entre China y Argentina que representan alrededor de 5000 millones de dólares. El Plan de Acción Conjunta firmado abarca temas relacionados a inversiones, infraestructura, ferrocarriles, energía térmica, solar, eólica, minería, salud, transporte y educación, entre otros. En ellos está incluido el contrato comercial para reactivar el ferrocarril San Martín Cargas, cuya inversión inicial será de 1089 millones de dólares y estará a cargo de la empresa china CRCC (China Railway Construction Corporation Limited); y la firma de protocolos para el ingreso de equinos en pie, ovinos y caprinos patagónicos a China y un protocolo sanitario para exportar cerezas argentinas.
  • A su vez, con China también se firmaron acuerdos de inversión para proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APPs) en materia de energía y transporte (rutas); y se acordó la ampliación del Swap (intercambio) de monedas por un monto de 60 mil millones de yuanes (un equivalente a 8.600 millones de dólares) que serán destinados a robustecer las reservas del Banco Central.
  • Con Estados Unidos el acuerdo más relevante se dio con las cartas de intención firmadas con la agencia de inversión de Estados Unidos, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) que se prevé pueden llegar a movilizar más de 3000 millones de dólares. Algunas de estas cartas de intención con la OPIC contemplan el respaldo financiero para el proyecto de APP del tramo del Corredor vial C (Buenos Aires-Mendoza); y proyectos en materia de energía solar (los proyectos Ullum I, II y III);  energía eólica (Chubut Norte III y IV); energía eólica (Parque eólico Cañadón León en Santa Cruz); y obras para un gasoducto en Vaca Muerta.
  • Con Francia se realizó un convenio de financiamiento por 360 millones de dólares para recuperar la capacidad del patrullaje naval marítimo, y acuerdos en el ámbito cultural y educativo;
  • Con el Banco Europeo de Inversiones se acordó el financiamiento de obras de ampliación y mejora en los servicios de agua potable para el área metropolitana y del conurbano de Buenos Aires; y la consolidación de la Gestión Integral de Residuos y Valorización Energética en Jujuy;
  • Los Jefes de Estado de Japón y Argentina firmaron un Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países, cuyo objeto es fomentar las inversiones japonesas en diversos sectores de la economía argentina;
  • Con la Federación de Rusia, se firmó un Acuerdo de pesca y acuicultura y un documento estratégico sobre la cooperación Argentina-Rusa en el campo del uso pacífico de la energía nuclear.

Más allá de la Cumbre

Vale recordar que la Cumbre realizada en Buenos Aires fue sólo el cierre de un proceso mucho más extenso que inició a fines de Noviembre de 2017 cuando Argentina asumió la presidencia “pro témpore” del G-20 a fines de Noviembre de 2017 y culminó con el traspaso de la misma a Japón. Durante el transcurso de este año se llevaron a cabo numerosas reuniones y eventos enmarcados en el G-20, así como un intenso trabajo en cada uno de los grupos de afinidad del foro: Business 20 (B20, que engloba al sector privado); Civil 20 (C20, que engloba a sociedad civil); Labour 20 (L20, que engloba a sindicatos y trabajadores); Science 20 (S20, que engloba a la comunidad científica) Think 20 (T20, que engloba a los Think Tanks y la comunidad académica);  Women 20 (W20, que engloba a las mujeres) y Youth 20 (Y-20, que engloba a los jóvenes).

En el caso de FUNDEPS, participamos activamente del Civil 20, donde co-coordinamos, junto con Eurodad, uno de los 8 grupos de trabajo del C20 para este año: el grupo de Inversiones e Infraestructura. Durante el transcurso del año el grupo trabajó de manera virtual e incluso se reunió en dos ocasiones, tanto para la reunión de grupos de trabajo como para el Summit del C-20 realizados en Buenos Aires en Abril y Agosto respectivamente. El resultado del trabajo de los grupos de trabajo del C20 se plasmó en un documento con recomendaciones de políticas, el cual fue entregado al presidente Macri durante la Cumbre del C20 y constituyó un insumo de parte de sociedad civil para las discusiones que se dieron en el marco del G-20.

Más Información:

Declaración de Líderes del G20. Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible

Página oficial del G-20

Página Oficial del C20

Policy Pack: Recomendaciones del C20 al G20 de 2018

Documento del sub-grupo sobre Financiamiento de Infraestructura

Documento del sub-grupo sobre Conducta Empresarial Responsable

La sociedad civil presenta recomendaciones al G20 en la Cumbre del Civil-20 – FUNDEPS – 15/08/2018

La sociedad civil se reunió en el C20 – FUNDEPS – 17/04/2018

G20 dejó acuerdos con intención de inversiones por u$s 8.000 millones – ámbito.com

Expectativa y realidad de los acuerdos económicos de Argentina en el G20 – Noticias

Autoras:

Macarena Mustafá – Sofía Brocanelli

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

 

 

El presente documento propone un breve recorrido por el Acuerdo Plan Quinquenal entre la República Argentina y la República Popular China firmado por el presidente Mauricio Macri en 2017. Dicho plan pretende afianzar las relaciones entre ambas naciones y diseñar una estrategia de cooperación en el campo de la infraestrucutra.

El presente documento compila información básica en relación a 8 proyectos emblemáticos con financiamiento chino en la Argentina gestionados durante las presidencias de Cristina Fernández y Mauricio Macri; y que reflejan la creciente relevancia de las inversiones chinas en Argentina.

El presente documento de trabajo plantea un breve análisis de las relaciones actuales entre la República Popular China y la Argentina en un contexto tanto nacional como internacional; y teniendo en cuenta aspectos como la relación del gigante asiático con los gobiernos kirchneristas, el cambio de gobierno ocurrido en Argentina a finales de 2015, la realidad económica argentina y la elección del republicano Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.