Listado de la etiqueta: Participación Ciudadana

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Intervención al AFSCA: necesidad de debates abiertos y participativos y búsqueda de pluralidad en discusiones públicas

A partir de la utilización de los mecanismos establecidos por la ley 26522, y ante el decreto de intervención al AFSCA y AFTIC, desde FUNDEPS expresamos preocupación y resaltamos la importancia de los lineamientos de esta normativa.

Una decisión que afecta la autonomía y autarquía y desconoce procesos participativos para la designación y remoción de autoridades

Defendemos la autonomía y autarquía del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) establecidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y la Ley Argentina Digital 27.078. Asimismo, destacamos que esa normativa estableció procesos democráticos y participativos para la conformación y evaluación de sus autoridades cuya utilización se ha obviado.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 236/2015, el 23 de diciembre se intervino a la AFSCA y AFTIC, estableciéndose la disolución de su directorio y designando a dos interventores. El objetivo es evaluar internamente a dichos entes, para conocer si existen irregularidades y/o anomalías en su accionar y regularizar su situación. No puede pasarse por alto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Art. 14) y la Ley Argentina Digital (Art. 84), establecen procesos para la remoción de las autoridades de los órganos de aplicación de dichas normas, que garantizan la participación y representación de la ciudadanía y el derecho de defensa. En este sentido, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización son los encargados de tal función, y no el Poder Ejecutivo Nacional (a través de una intervención), que se ha arrogado tales facultades a través del DNU 13/2015.

Es necesario defender la participación y representación de la ciudadanía, considerada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, tanto para la designación como para la remoción de lxs funcionarixs de las autoridades de aplicación. Consideramos que son presupuestos fundamentales para un control democrático, para la garantía y continuidad de las políticas para la lucha contra la inequidad y la violencia.

Preocupaciones por posibles modificaciones sin las necesarias discusiones abiertas y participativas

Entre los motivos que justifican este decreto se menciona la falta de avances significativos, en “la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Se cita entre las razones a la “falta de adecuación de la normativa vigente del país a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores”. Asimismo, el decreto hace referencia a ciertas anomalías, así como la existencia de gran cantidad de expedientes paralizados en condiciones de ser resueltos y conflictos judiciales motivados por decisiones adoptadas por AFSCA y AFTIC, entre otros.

Además, es relevante hacer referencia a los dichos del Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El mismo expresó en conferencia de prensa que “la ley de medios no se iba a tocar por ahora”. En los días previos, también había afirmado frente a varios medios de comunicación que «la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno» (ver nota completa).

En este punto es preciso resaltar que la Ley 26.255 surgió a partir de un proceso democrático, por lo que esperamos que las reformas que pudieren corresponder se realicen por vía parlamentaria, respetando el origen plural y democrático de la misma. Incluso el avance en esta normativa fue reconocida a nivel internacional por el ex relator de las Organizaciones Unidas, Frank William La Rue, quien expresó: «La norma sentó las bases, no sólo para Argentina, sino también para el continente; es una ley que ha probado en la práctica ser lo correcto para democratizar el manejo de los medios y hacer avanzar la democracia« (ver nota completa).

El rol de la Ley 26.522 como marco legal e institucional a partir del trabajo de FUNDEPS

Desde FUNDEPS hemos trabajado arduamente, durante el último año, en el monitoreo de los órganos de aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos la AFSCA, con especial relación al ejercicios de las facultades otorgadas para el control de contenidos que importen discriminación o violencia mediática y simbólica de género.

Así, entre otras actividades vinculadas a este marco normativo e institucional, podemos destacar las siguientes:

Informe sobre caso de violencia mediática, 14 de abril de 2015.

Participación en audiencia pública de la Defensoría del Público, 29 de junio de 2015.

Análisis de contenido de violenciacc  mediático en spots de campañas electorales, 6 de agosto de 2015:

Denuncia a programa televisivo de Córdoba por transmisión de estereotipos nocivos desde perspectiva de género, 19 de septiembre de 2015.

Denuncia por contenido homofóbico en una entrevista en programa radial, 28 de noviembre de 2015.

En el marco de nuestro trabajo, afirmamos que AFSCA, junto con otros organismos como Defensoría del Público, el Observatorio de la Discriminación de Radio y TV, han implementado políticas tendientes a modificar los patrones socioculturales que estereotipan y denigran a la mujer, así como también los que discriminan a las personas por motivos de género u orientación sexual. Las políticas públicas de género y comunicación, si bien tienen muchos aspectos por mejorar, son valiosas en cuanto apuntan a una de las causas más profundas de la desigualdad y la violencia de género, que son los patrones socioculturales. Principalmente, desde la creación de Defensoría del Público, se ha llevado adelante una importante tarea pedagógica dirigida a productores de contenidos audiovisuales y publicidad, para educar sobre violencia mediática y simbólica, además de receptar reclamos y sugerencias de la ciudadanía y sensibilizar a la población acerca esta problemática. En este punto, el papel de AFSCA es fundamental, porque es el único organismo que en el conjunto de estas políticas que tiene facultad de sancionar en caso de que se incurriere en violencia mediática y/o simbólica.

Además de responder a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, estas políticas se han basado en legislación local, como la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que define los contenidos y modalidades de la violencia mediática y simbólica hacia las mujeres. Por otro lado, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 70 enuncia que: “la programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en (…) el sexo, la orientación sexual (…)”. A la vez en su artículo 71 dispone que los productores, distribuidores y emisores de contenidos, deben velar por el cumplimiento de varias leyes, entre ellos la antes mencionada Ley 26.485.

Por todo esto, creemos de gran relevancia que se continúe con las políticas públicas que hasta ahora se han mostrado efectivas, como las relativas a la violencia mediática y/o simbólica contra la mujer y de género.

La libertad de expresión como derecho colectivo y la intervención estatal para asegurar la pluralidad de voces

Las deficiencias del gobierno anterior en la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual son muchas. Entre ellas, se incluyen los énfasis en ciertos aspectos de la misma en desmedro de otras, el favorecimiento de medios cercanos al poder ejecutivo, el abandono del objetivo de desconcentración y alineamiento de una autoridad autónoma y autárquica al ejecutivo. Sin embargo, creemos que es positiva la opción de una mayor regulación en el ámbito de la comunicación que facilite una protección al aspecto colectivo del derecho a la libertad de expresión. En ese marco, esfuerzos enfocados en eliminar estereotipos que afectan la igualdad de género o de diversidades sexuales, no pueden realizarse adecuadamente si la única regulación es la del mercado.

Por todo esto, creemos fundamental rescatar la importancia de la intervención del estado para asegurar una pluralidad de voces en las discusiones públicas, algo que motivó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esperamos que las nuevas autoridades nacionales aseguren ese objetivo y lo hagan a través de la promoción de discusiones públicas abiertas y participativas.

 

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo – juanmcarballo@fundeps.org

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derehos Humanos – vir.pedraza@fundeps.org

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos – carotamagnini@fundeps.org

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Fortaleciendo los derechos de las comunidades guaraníes del norte argentino

En el marco del programa de fortalecimiento de organizaciones de mujeres defensoras de derechos ambientales financiado por la Unión Europea, invitados por la ONG Plurales, participamos del Encuentro de Mujeres Indígenas en la localidad de Irigoyen de la provincia de Santa, y de la Comisión de Mujeres organizada en Santa Clara, provincia de Jujuy.

Las comunidades indígenas guaraníes, con gran participación de las mujeres de estos pueblos, hace años que intentan detener los atropellos que sufren por parte de los grandes terratenientes y por nuevos adquirentes de las tierras en que viven y que históricamente les han pertenecido.

  • Comunidad Ava guaraní Estación El Tabacal. En el departamento de Orán, Salta, la comunidad “Ava guaraní Estación El Tabacal” viene resistiendo hace más de diez años los intentos de desposesión y expulsión de sus territorios por parte de Seaboard Corporation, transnacional que administra el Ingenio Azucarero San Martín del Tabacal, fundado a comienzos de siglo y hoy devenido una gran empresa agroindustrial(ver conflicto con El Tabacal). Dicho ingenio, a pesar de haber generado desarrollo económico y social para la zona, lo ha hecho históricamente sometiendo a condiciones indignas a sus trabajadores, y al mismo tiempo, ha venido pretendiendo por medios violentos de hecho y de acciones judiciales desplazar a las comunidades indígenas que ocupan las tierras lindantes al mismo denominadas “La Loma”. El tribunal de Orán tiene a su cargo la causa de interdicción posesoria desde el año 2004 y aún está pendiente la sentencia. Es importante destacar que hubo relevamientos antropológicos periciales que concluyeron en la pertenencia histórica de tales territorios a las comunidades guaraníes que actualmente viven allí.

  • Comunidad guaraní Tentague Jecobe Iyampibae. Unos 150 km más al sur, en la localidad de Santa Clara, Departamento de Santa Bárbara, Jujuy, el pueblo guaraní “Tentague Jecobe Iyampibae” se encuentra en similares condiciones de hostigamiento a sus derechos, ya que extranjeros franceses han comprado miles de hectáreas en las que habitan, y los tribunales penales de San Salvador de Jujuy los han condenado como “usurpadores” ordenando el desalojo de sus tierras a principios del año 2014(ver web de ENOTPO). Dicha sentencia fue apelada por la abogada Silvana Morel, defensora de los pueblos indígenas, por lo que se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Jujuy. En el recurso judicial fue presentado como un hecho nuevo la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que les reconoce la ocupación y la propiedad comunitaria de las 4270 hectáreas que ancestralmente han habitado, luego de los relevamientos realizados. Con estas nuevas evidencias reconocidas por el Estado Nacional, el máximo tribunal provincial no tendría más remedios que revocar la sentencia de desalojo y absolver a los condenados. Además los diferentes niveles de gobierno deberían reconocer la propiedad colectiva de las tierras a la comunidad a los fines de dar cumplimiento a las garantías constitucionales y convencionales referidas a pueblos originarios.

En recorrido por el norte argentino, el equipo legal de FUNDEPS estuvo intercambiando conocimientos y asesorando legalmente a las comunidades indígenas. También se coordinaron posibles redes de trabajo con los abogados y abogadas de las mismas y con la ONG Plurales, a los fines de poder colaborar con eventuales participaciones judiciales y con amplia difusión de las problemáticas de los territorios guaraníes del Norte argentino.

Más información:

Contacto: 

Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org

Agustín Filippi, agustinfilippi@fundeps.org

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Bosques, género, ambiente y derechos humanos en el viaje de FUNDEPS por el norte de Argentina

En visita a Jujuy y Salta, el equipo legal de FUNDEPS participó de encuentros con autoridades, organizaciones y comunidades indígenas de las provincias de Salta y Jujuy y de Bolivia.

Como parte del proyecto de fortalecimiento de la implementación del marco legal de protección de bosque nativo, el equipo de FUNDEPS visitó Salta y Jujuy, reuniéndose con autoridades, organizaciones y comunidades vinculadas a la temática.

Tanto la provincia de Salta como la de Jujuy cuentan con importantes zonas de bosque nativo. Estas zonas han sido deforestadas en los últimos años a pesar de la aprobación de la ley de presupuestos mínimos de protección de bosque nativo.

De acuerdo a la plataforma Global Forest Watch, estos son los datos diferenciados para cada provincia:
– Salta: 1.185.326 hectáreas deforestadas en el período 2001-2014 incluyendo 50.606 en 2014.
– Jujuy: 67.043 hectáreas deforestadas en el período 2001-2014 incluyendo 4.030 en 2014.

Los miembros del equipo de FUNDEPS nos reunimos con autoridades del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, con el Presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Cámara de Diputados de Jujuy, con la Organización No Gubernamental Bosque Modelo Jujuy y con la Sala de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Jujuy.

Asimismo, participamos de un encuentro de mujeres de comunidades indígenas de Argentina y Bolivia en el que, además de problemáticas vinculadas a bosques, se discutió sobre herramientas legales para la protección del ambiente y los derechos humanos en general. Este encuentro, organizado por Fundación Plurales, tuvo lugar en Hipólito Yrigoyen, Salta. Del mismo modo, visitamos una comunidad indígena guaraní en la localidad de Santa Clara, Jujuy.

Desde FUNDEPS, seguiremos con el trabajo de monitoreo e incidencia para el fortalecimiento del marco legal de protección de bosques nativos tanto en Córdoba como en otros provincias. Además, creemos importante conectar la problemática de bosques con otros temas de derechos humanos como salud, vivienda o derecho a un ambiente sano, en particular en grupos vulnerables como mujeres de comunidades indígenas.

 

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Este 25 de noviembre FUNDEPS vuelve a marchar bajo la consigna #NiUnaMenos

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, desde FUNDEPS volvemos a marchar bajo la consigna #NiUnaMenos y convocamos a todos a sumarse.

El 3 de junio marchamos en contra de la violencia de género bajo la consigna #NiUnaMenos. Sin embargo, los actos de violencia hacia las mujeres siguieron siento noticia. A eso se suma la represión en el cierre del XXX Encuentro de Mujeres y la falta de una respuesta orgánica y categórica de los estados en sus tres poderes. Por eso, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer volvemos a marchar.

Las muertes provocadas por violencia de género son una epidemia que se esparce cada vez más. en nuestro país, una mujer es asesinada cada 30 horas por el solo hecho de pertenecer al género. La consigna «Ni Una Menos» es un manifiesto en contra de la violencia hacia el género femenino, a la discriminación, la invisibilización y la objetivación de la mitad de la población mundial.

Desde FUNDEPS junto con otras organizaciones, venimos trabajando arduamente en contra de esta problemática aberrante en nuestra sociedad, y principalmente en la provincia de Córdoba, a través de la coordinación de diversos acompañamientos, actividades e intervenciones, y la promoción de la sensibilización por parte del Estado y distintos actores sociales también. En concreto, como miembros del Movimiento de Organizaciones de Mujeres y Derechos Humanos de Córdoba, colaboramos en algunas de las reuniones de organización de la marcha. Es por esto que adherimos e invitamos a que todos y todas participemos de la marcha bajo esta consigna, que se convoca para el día 25 de noviembre a las 17 desde Colón y Cañada. Aquellos que quieran sumarse más tarde, la concentración será en la Ex- Plaza Velez Sarsfield desde las 19. 

«Basta de femicidios, ni una mujer menos. El machismo mata, todxs debemos ponerle un freno a la violencia»

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Virginia Pedraza / Co – coordinadora del Área de Derechos Humanos
vir.pedraza@fundeps.org

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Ante nueva reunión regional sobre democracia ambiental, fuerte apoyo de expertos de derechos humanos de la ONU

Delegados de los 20 países firmantes de la declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, se reunirán en Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015 para continuar con la negociación de un acuerdo regional sobre estas materias.

La Segunda Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, bajo la organización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Panamá, tendrá lugar en la Ciudad de Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015. Se negociarán aspectos sustantivos del instrumento regional, en especial el preámbulo y los artículos 1 a 10 del documento preliminar elaborado por la CEPAL. Además se trabajarán las propuestas realizadas por los diferentes países, como también las de los insumos recibidos por el público.

Desde Ginebra, a través de una declaración pública (22 de octubre de 2015) un grupo de expertos[1] en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para lograr un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Consideraron que “esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional y proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países”. Reconocieron la transparencia del proceso y la amplia participación pública en todo momento de las deliberaciones, resaltando esta modalidad como una buena práctica internacional relativa a la participación de diferentes actores en procesos intergubernamentales.

Los expertos afirmaron que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos y la diversidad biológica.

Sin embargo, advirtieron que si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema. Respecto a este último tema, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, en representación de los expertos dijo, “Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil”.

Desde Fundeps continuamos participando como observadores de este proceso regional a fin de lograr el más alto nivel de fortalecimiento e implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Así también, consideramos valioso y oportuno el aporte realizado por los expertos en derechos humanos de la ONU, ya que un instrumento jurídicamente vinculante proporcionará herramientas legales que aseguren el disfrute efectivo de los derechos de acceso.

[1]Los expertos forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

 

 

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María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

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30º Encuentro Nacional de Mujeres: entre el reclamo y el duelo

La ciudad de Mar del Plata, los días 10, 11 y 12 de octubre, albergó alrededor de 60.000 mujeres en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, en el que se realizaron más de 60 talleres de discusión y debate y una gran marcha de reclamo y visibilización.

Participaron un sinnúmero de mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, esparciéndose por toda la ciudad con la esperanza de lograr un avance en el ejercicio de sus derechos, en el de sus hermanas, madres, amigas, compañeras e hijas. Este ha sido el encuentro más multitudinario de nuestra historia, y es un espacio que sigue generando avances en el intercambio de experiencias, que dan lugar a la conformación de estrategias y promoción de políticas que respeten los derechos humanos de las mujeres; así podemos combatir la violencia de género, la trata de mujeres, la mortandad materna por abortos clandestinos, la desigualdad en la participación, en el acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, entre otras.

No puede dejar de nombrarse como principal evento a la imponente marcha que duró más de tres horas, y que fue una oportunidad para el reclamo, el encuentro y la invitación a participar de estos espacios por la lucha, que todavía continúa. Sin perjuicio de ello, el machismo no dejó de oírse en la represión sufrida por mujeres, niñas, niños y jóvenes frente a la Catedral de la ciudad, y por los 9 femicidios sucedidos en la última semana, dos de ellos en Mar del Plata en medio del transcurso del encuentro, y las situaciones de patoteo, agresiones y abusos que no dejaron de suceder.

Sin embargo las mujeres siguen de pie, diciendo BASTA a la violencia machista y femicida, exigiendo la respuesta de las autoridades, garantes de sus derechos, que hacen agua ante los aberrantes hechos cotidianos que son impuestos a todas. Estamos en duelo, pero también acompañamos en la construcción colectiva que propone el Encuentro Nacional de Mujeres y celebramos para que el próximo año siga multiplicándose la participación en Rosario, nueva sede para el año 2016.

 

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Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

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Fundeps participa de la Conferencia Trinacional de Mujeres en el Gran Chaco

El día sábado 26 de septiembre Fundeps formará parte de un encuentro en el que participarán mas de 150 mujeres que representarán organizaciones de Paraguay, Bolivia y Argentina. El encuentro se propone generar espacios de diálogo y participación que permitan afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrenta la región.

Los días 25, 26 y 27 de septiembre 2015 se desarrollará en la Universidad Provincial de Córdoba, el Encuentro Trinacional del Colectivo de Mujeres del Chaco Americano.
Este evento, en el que participarán más de  150 mujeres de organizaciones de Bolivia, Paraguay y Argentina, se realiza en el marco del Proyecto Fortaleciendo a las  Defensoras de Derechos Ambientales en el Chaco Americano coordinado por el Fondo de Mujeres del Sur (Argentina y Paraguay), Plurales (Argentina) y el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCCIMCAt, Bolivia), con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Esta iniciativa -que cuenta con la participación de numerosas organizaciones e instituciones de mujeres, ambientales y sociales- se propone como un espacio que promoverá el diálogo e impulsará el intercambio en torno a las principales oportunidades  que tienen los grupos o que necesitan consolidar para afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrentadas en la región.
Su finalidad es la de generar un tiempo y un espacio de participación ciudadana activa de las mujeres representantes de sus organizaciones, en la que podrán conocerse, compartir experiencias y aprendizajes, construir nuevos caminos  y puentes entre ellas y sus organizaciones y espacios locales.

 

Contacto

Virgina Pedraza / Co – Coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@gmail.com

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Fundeps participa de una consulta regional para fortalecer el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales

Fundeps, como organización miembro de la Iniciativa de Acceso (TAI), envió comentarios y sugerencias a un documento elaborado por la CEPAL, que es la base para mejorar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio.

La Iniciativa de Acceso (TAI) es la red mundial más grande de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que los ciudadanos tengan el derecho y capacidad de influir en las decisiones sobre los recursos naturales que sostienen a sus comunidades.

Como parte de la coalición global de organizaciones de la sociedad civil TAI, Fundeps envió comentarios y observaciones al Documento preliminar del Instrumento Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, elaborado por CEPAL. Este es el documento base de las negociaciones internacionales que se están llevando adelante para mejorar la cabal implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio, a través de la cual se consagran los derechos de acceso.

El equipo de trabajo de FUNDEPS, coordinó parte del trabajó sobre el documento y marcó la importancia de reformular el objetivo del acuerdo, proponiendo la siguiente redacción: “El objetivo último del presente acuerdo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y sostenible mediante la efectiva aplicación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Rio”. Entre otros aportes enviados a modo de sugerencia, cabe destacar que al texto propuesto se incorporaron conceptos como el de Justicia Ambiental,  principio de educación y congruencia, entre otras sugerencias que esperamos sean atendidas por los gobiernos partes.

Para mayor información: http://www.cepal.org/es/principio-10 

Para ver el documento preliminar del Acuerdo regional sobre el Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe con las sugerencias realizadas por Fundeps, hacé click acá.

 

Contacto:

Juan Carballo – Directo Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org.

Yamile Najle – Coordinadora del área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

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Diputados apoyan el pedido de 27 organizaciones para que se difunda el Plan Nacional en contra de la violencia de género

Un grupo de diputadas y diputados nacionales presentó un proyecto de resolución apoyando el pedido de 27 organizaciones para que el Consejo Nacional de las Mujeres «informe sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley N° 26.485 , en el art 9”.

Ya pasaron más de dos meses de la multitudinaria movilización del 3 de junio que se realizó bajo la consigna “Ni una menos”, y del reiterado pedido de información al Consejo Nacional de las Mujeres por parte de las organizaciones sociales para que se de a conocer el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A pesar del tiempo transcurrido y de los reiterados reclamos, aún no se ha dado a conocer dicho Plan.

Un grupo de diputadas y diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para solicitar al Consejo Nacional de las Mujeres que “informe sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley N° 26.485 , en el art 9”. El proyecto se realizó en apoyo al reclamo iniciado por 27 organizaciones a partir de la multitudinaria movilización que se realizó el pasado 3 de junio bajo la consigna «Ni Una Menos», en contra de la violencia de género.

El proyecto lleva la firma de Carla Carrizo (Suma+), Virginia Linares (GEN-FAP), Felipe Sola (FR), Alicia Ciciliani y Gabriela Troiano (PS), Susana Toledo (UCR), y otros representantes del pueblo en la cámara baja.

Los fundamentos del proyecto de resolución recuerdan que la ley N° 26.485, en su artículo 9°, establece entre las funciones del Consejo Nacional de la Mujer «la elaboración, implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Asimismo, los y las diputadas firmantes consideran que “la existencia de dicho Plan permitiría avanzar en lo dispuesto por el inciso b) del mismo artículo. El cual dispone: Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”.

Las organizaciones que suscribieron la carta son: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Amnistía Internacional Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; FUNDEPS; Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); CLADEM Argentina; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF); Feministas en Acción; el Programa de Investigación y Abogacía Feminista de la Universidad de Palermo; la Fundación Siglo 21; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); FIFCJ; el Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI); la Asociación Civil El Ágora; Walk Free; la Colectiva Feminista La Revuelta; la Cátedra Libre de Géneros, Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Comahue; la Asociación Descosidas; el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional; el Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari y la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac).

 

Contacto: Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

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Participemos todos en la elaboración del Acuerdo Regional en asuntos ambientales

Nuestra fundación está participando del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Por medio de la siguiente carta, los invitamos a involucrarse en la construcción del Documento Base para la Negociación, a través de comentarios y sugerencias.

Carta de invitación

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables  (Fundeps), como socio TAI (The Access Initiative), está participando activamente en el seguimiento del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en base al Principio 10 de la Declaración de Rio. Por lo mismo, invitamos cordialmente a comentar el Documento Base para la Negociación elaborado por CEPAL, que se envía adjunto a la presente.

Nuestro equipo de trabajo se encuentra encargado de la coordinación y sistematización de los comentarios sobre el texto del preámbulo y de los artículos Nº 1 (objetivos), Nº 2 (definiciones), Nº 3 (principios), Nº 4 (ámbito de aplicación), Nº 5 (obligaciones generales) y Nº 8 (participación del público en toma de decisiones ambientales) de dicho documento. Podemos asimismo receptar o canalizar comentarios sobre todo el texto del documento.

En consecuencia, por su experticia e influencia en esta materia, y con el objetivo de obtener ideas, comentarios, objeciones y sugerencias colaborativas sobre cómo mejorar el texto para la negociación, para que se haga efectiva una amplia participación es que se realiza la presente invitación a participar comentando el documento.

Los comentarios serán recibidos para su sistematización hasta el día 10 de Julio del corriente año. También los mismos pueden mandarse directamente a la secretaria de CEPAL hasta el 31 de agosto de 2015. Por favor, ante cualquier consulta o sugerencia, no dude en contactarse con nosotros.

¡Esperamos contar con su aporte para seguir trabajando en la implementación del Principio 10 de Rio!

Un cordial saludo,
Juan Carballo, Director Ejecutivo.
Yamile Najle, Coordinadora Área de Derechos Humanos.

Vinculo al documento elaborado por CEPAL

 

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Noticias relacionadas

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FUNDEPS en la Audiencia Pública 2015 de la Defensoría del Público

El pasado viernes 26 de junio, en Paraná, más de 187 organizaciones expusieron en la primera Audiencia Pública 2015, organizada por la Defensoría del Público. Con la consigna ¿Cómo nos ven los medios?, durante más de ocho horas se abordaron variadas temáticas en relación a este eje.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organizó la primera Audiencia Pública 2015 región centro, en la que participaron organizaciones de distintas localidades de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Misiones y La Pampa.

Las instituciones participes provenían de distintos sectores y entre ellas hubo sindicatos, medios comunitarios y gestionados por pueblos originarios, asociaciones de sordos y de intérpretes de lengua de señas, organizaciones sociales, comunidades campesinas, organismos públicos, instituciones educativas, productores audiovisuales, adultos mayores, grupos de investigación, etc.

A partir del disparador sobre cuáles son las representaciones que los medios de comunicación audiovisual construyen, se plantearon distintas temáticas como género y diversidad sexual, discapacidad, vejez, juventud y niñez, el mundo del trabajo, violencia institucional, entre otras. Desde nuestra Área de Derechos Humanos, en torno al tema género, se presentó nuestro proyecto de Violencia Mediática y se profundizó sobre las representaciones sexistas y no sexistas que promueven los medios de comunicación.

Agradecemos a la Defensoría del Público la invitación y celebramos la concreción de estos espacios de participación y construcción ciudadana. Vemos enriquecedora la oportunidad de intercambiar perspectivas con organizaciones, y entre todos reclamar la comunicación como un derecho.

 

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Defensoría del Público

 

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Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org

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FUNDEPS junto con otras ONG’S exige que se difunda el Plan Nacional contra la violencia hacia las Mujeres

El lunes 8 de junio se presentó, ante el Consejo Nacional de Mujeres, el pedido mediante el cual se exige la difusión del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.

Desde FUNDEPS acompañamos este pedido de difusión del Plan Nacional, que ha sido mencionado en distintas instancias, por funcionarios e instrumentos oficiales, pero del cuál no hay información disponible. A continuación, se transcribe la gacetilla de prensa difundida por las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa:

Una treintena de organizaciones exige el Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres

En una carta dirigida a la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, diversas organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos y de las mujeres exigieron la inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como establece la ley N° 26.485.

(Buenos Aires, 08 de junio de 2015) – A través de una carta dirigida a Mariana Gras Buscetto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), 27 organizaciones requirieron la “inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres”. En declaraciones públicas recientes Gras Buscetto sostuvo que el Plan Nacional de Acción ha sido aprobado y se encuentra en ejecución. Lo mismo informó el Estado argentino en presentaciones oficiales realizadas ante organismos internacionales. Sin embargo, el mismo no ha sido difundido en Argentina ni se encuentra información disponible en la página web del CNM. La elaboración, implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción es responsabilidad del CNM de acuerdo con el artículo 9(a) de la Ley 26.485 de Protección Integral  a las Mujeres.

Las instituciones y agrupaciones que suscribieron la nota trabajan desde hace muchos años en la promoción de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, a través del acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas a través de la investigación, la incidencia en ámbitos nacionales e internacionales y la asistencia a quienes atraviesan distintas manifestaciones de violencia en Argentina. Firmaron la carta: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Amnistía Internacional Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); CLADEM Argentina; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF); Feministas en Acción; el Programa de Investigación y Abogacía Feminista de la Universidad de Palermo; la Fundación Siglo 21; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); FIFCJ; el Programa de Género de la Universidad Nacional de Córdoba; el Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI); la Asociación Civil El Ágora; Walk Free; la Colectiva Feminista La Revuelta; la Cátedra Libre de Géneros, Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Comahue; la Asociación Descosidas; el Frente Popular Darío Santillan Corriente Nacional; el Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari y la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la salud sexual y reproductiva.

En el texto las organizaciones explican que enmarcan la petición en el derecho a la información pública y por considerar que tanto la difusión como el acceso al Plan Nacional de Acción revisten un claro interés público.

La carta finaliza solicitando a la Presidenta del CNM -en tanto autoridad de aplicación de la Ley 26.485- que ponga a disposición de manera inmediata el Plan Nacional de Acción “incluyendo sus objetivos, etapas de implementación, alcance, recursos asignados e indicadores de proceso y de resultado, así como las evaluaciones anuales realizadas desde el inicio de su aplicación”.

 

Contacto: Virginia Pedraza / vir.pedraza@gmail.com