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Desde FUNDEPS expresamos nuestra preocupación por el la falta de transparencia y claridad en el manejo del presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres anunciado en el último Boletín Oficial.

El día 11 de enero del corriente año, la modificación presupuestaria para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género (PNA) quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hasta diciembre de 2016, existió un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que incluía una partida para el CNM y el PNA por 47 millones de pesos, a lo que se sumó un aumento de 20 millones de pesos al presupuesto original previsto para el CNM. La Ley de Presupuesto 2017 fue promulgada entonces con ese incremento de 96 a 116 millones para 2017. En la actual decisión administrativa 12/2017 del Jefe de Gabinete, solo se designó el monto de 96 millones para el CNM lo cual implica una reducción de 67 millones de pesos del presupuesto asignado.

 

A partir de esta confusa situación, fue presentada una acción de amparo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. Las organizaciones realizaron una presentación ante la Justicia para que declare inconstitucional la reducción de los fondos asignados al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, demandando al Estado por la violación de la división de poderes y el uso discrecional de “superpoderes”.

Las autoridades del Consejo Nacional de la Mujer, intentaron desmentir esta información mediante un comunicado de prensa oficial  y diversas declaraciones en los medios de comunicación, asegurando que se trató de un “error”  y que la partida presupuestaria, si bien no estaba debidamente publicada en el Boletín Oficial, estaba garantizada por el Ministerio de Hacienda.

Resaltamos la importancia de realizar la asignación presupuestaria conforme los procedimientos establecidos, a los fines de no debilitar la calidad institucional y respetar los procesos democráticos. Por otro lado, si la eliminación de estos fondos en la Decisión Administrativa fue producto de un error, para tener validez el mismo debe ser rectificado y publicado en el Boletín Oficial, conforme se rige el proceso formal. Al día de hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde la publicación de dicha Decisión Administrativa, aún no se ha hecho oficial. Esto pone de manifiesto la gravedad de la situación y del manejo poco claro y transparente de presupuesto por parte de la Jefatura de Gabinete.

Siendo la partida presupuestaria anunciada en el PNA uno de los puntos en que se avanzó en la protección hacia las mujeres, expresamos nuestra preocupación ante esta evidencia de fragilidad institucional, falta de claridad y de transparencia que logra debilitar los logros alcanzados en contra de la violencia de género. Esta situación vulnera los derechos de las mujeres y niñas, en un país donde cada 18 horas una mujer muere víctima de violencia.

Sumamos también nuestro reclamo por una mayor transparencia en los mecanismos de monitoreo de los fondos públicos para la ejecución presupuestaria y mayor claridad en las decisiones que se toman desde organismos del Estado que afectan la vida de millones de mujeres.

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Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

Ante la conflictiva situación que atraviesa la provincia de Córdoba respecto a la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, la Dirección Nacional de Bosques, considera imprescindible, previa la aprobación legal, disponer del mapa, informes técnicos, y asegurar una adecuada participación, a los fines de garantizar la observancia de las disposiciones de la ley 26.331.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Dirección de Bosques, dio a conocer sus consideraciones en relación al proceso de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos que afronta la provincia de Córdoba, en respuesta a una petición realizada por el Foro Ambiental Córdoba, por medio de nota con fecha 27/01/2017.

– Expresó su preocupación por el incumplimiento por parte de la provincia de Córdoba de los plazos establecidos para la actualización. En ese sentido, recordó que ya había solicitado la entrega de avances referentes al proceso de actualización. En esas comunicaciones con la el Gobierno provincial comunicó los lineamientos y la visión a tener en cuenta para los procedimientos de ajuste y acreditación de la actualización de los OTBN (conforme notas remitidas con fecha 23/02/16 y 06/04/2016).

– Informó que, en agosto de 2016, la autoridad local de aplicación compartió de manera informal un primer proyecto de actualización. La Dirección Nacional detectó cambios significativos respecto el primer mapa de OTBN provincial, y destacó dos puntos: “un incremento en la superficie de bosque nativo declarado y un importante pasaje de bosques nativos de Categoría I (rojo) a Categoría II (amarillo)”.

– Verificó el intercambio de avances sobre la actualización y existencia de posturas antagónicas de diversos actores, conforme su participación en reuniones de la mesa interinstitucional de diálogo convocada por la Secretaría General de la Gob. de Córdoba, la Sec. De Ambiente y la Sec. de Agricultura. En esta instancia no hace referencia a ningún proceso para tratar de acercar las posiciones antagónicas.

– Observó, entre otras, que el proyecto de ley de OTBN no permite conocer las superficies de bosques nativos por categoría de conservación, lo que es imprescindible para su acreditación.

En síntesis, destacó, que a los fines de llevar a cabo el análisis para la acreditación del OTBN de la provincia de Córdoba, es necesario:

1. Disponer del proyecto de ley completo (el mismo no contiene el mapa con la localización de los bosques y sus categorías de conservación de la actualización del OTBN)

2. Disponer del documento técnico con la metodología utilizada para la valoración de los criterios de sustentabilidad ambiental y la superficie resultante.

3. Conocer el proceso participativo que acompañaría esta propuesta.

Hasta el momento, la discusión por la actualización del marco de protección de los bosques nativos en Córdoba no ha cumplido con la normativa nacional, no ha permitido una participación abierta, ha ocultado información y la ha compartido sólo con algunos sectores puntuales.

Desde FUNDEPS, exigimos que el proceso sea transparente, participativo, que cumplimente con los requisitos exigidos desde la Nación y que sea respetuoso de los presupuestos mínimos ambientales, a los fines de evitar la repetición de situaciones conflictivas en relación al ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba.

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Male Martínez – Coordinadora del equido de Ambiente

malemartinez@fundeps.org

En las últimas semanas se han repetido presiones para avanzar contra los pocos bosques nativos que quedan en la provincia de Córdoba. Defendemos la libertad de expresión política y artística y exigimos  una discusión participativa y técnica que asegure una adecuada protección de nuestros bosques.

A finales del 2016 y gracias a la movilización de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, se logró extender el tratamiento de un proyecto de ley de bosques que pretendía aprobarse sin una adecuada discusión. Ese proyecto habría significado un claro debilitamiento de la protección a bosques nativos en nuestra provincia.

Desde FUNDEPS, desarrollamos un documento con numerosas críticas legales y ambientales al proyecto de ley. Las críticas marcaban los claros debilitamientos de la protección ambiental de los bosques así como la existencia de un proceso poco transparente y no participativo. Ambos puntos violan la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos.

Algunas de esas críticas ya habían sido planteadas en un documento conjunto entre el Foro Ambiental, FUNDEPS y otras instituciones que se elevó al gobierno como respuesta a la postura de CARTEZ titulada “Producir conservando y conservar produciendo”. Ni CARTEZ ni legisladores que presentaron el proyecto respondieron a los cuestionamientos técnicos que se hicieron a esa postura.

En lugar de aprovechar la extensión del plazo de discusión para generar un espacio participativo o para responder a los cuestionamientos legales y técnicos que se hicieron al proyecto, desde el sector agropecuario se presiona para conseguir una rápida aprobación del proyecto de ley. Se acusa de fijar posiciones sin basamento científico cuando desde ese sector nunca pudieron responder los cuestionamientos que se hicieron llegar. Asimismo, se presiona especialmente a artistas como José Luis Serrano y Raly Barrionuevo quienes han visibilizado la movilización en contra del avance sobre los pocos bosques nativos que quedan en nuestra provincia. En un comunicado, CARTEZ criticó duramente a Doña Jovita y Raly Barrionuevo al acusarlos de “generar confusión” y de defender “ideologías extremas”. Como réplica, José Luis Serrano desafió a la entidad ruralista a contestar con “argumentos científicos” las dudas que le elevó el Foro Ambiental.

En esa línea y en un giro sorprendente, el periodista Andrés Carpio de Cadena 3 intima legalmente a José Luis Serrano por sus comentarios respecto de la descripción que hiciera el periodista de la marcha del 28 de diciembre. El periodista hizo una descripción fuertemente negativa de la marcha describiéndola en un número muy inferior al de las estimaciones de los organizadores. Asimismo, sugirió que quienes marchaban no sabían bien porqué lo hacían en la medida que ya había una decisión de posponer el tratamiento del proyecto de ley. Pareciera que en la postura del periodista, la defensa de los bosques nativos y la visibilización de un reclamo popular no son razones suficientes para manifestarse públicamente en forma pacífica.

En ese contexto, el artista José Luis Serrano personificando a su personaje “Doña Jovita” marca su sorpresa por la inexacta descripción de la manifestación en contra del proyecto de ley de bosques. Lo hace a través de su personaje, en una expresión artística y crítica de una descripción inadecuada de una movilización popular.

Defendemos el derecho a la libre expresión y a la manifestación artística con conexiones con derechos y reclamos sociales. Nos oponemos a las presiones en contra de manifestaciones públicas. Asimismo, rechazamos enfáticamente el uso de mecanismos legales para limitar los posicionamientos críticos de personajes públicos.

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Juan Carballo, Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la CEDAW. Las organizaciones de cada país, según su experiencia y trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en el Estado, a fin de que el Comité tengas las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales que deba realizar.

Tras finalizar el proceso de revisión de Argentina, en su 65ª sesión el Comité de la CEDAW dictó sus “Observaciones Finales”, en las que se refleja el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil manifestado a través de los informes sombra presentados ante el Comité. FUNDEPS participó en tres informes, cuyos aportes fueron considerados a fin de lograr un avance en la efectiva garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres argentinas.

Violencia mediática y simbólica

En conjunto con la Asociación Civil Comunicar Igualdad, desarrollamos un documento especial para el Comité con base en nuestro informe “Violencia de género y políticas públicas de comunicación”. En consideración de nuestras observaciones, el Comité de la CEDAW recomendó a nuestro país, en sus apartados 18 y 19, sobre “Estereotipos y prácticas nocivas”:

A) Intensificar sus esfuerzos encaminados a disipar las actitudes sexistas y estereotipos de las autoridades públicas estatales en los tres poderes;

B) Adoptar una estrategia global dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Asegurar que esta estrategia también se ocupe de las formas intersectoriales de discriminación contra la mujer, definidas en la Recomendación general Nº 28 (2010) del Comité sobre «Obligaciones fundamentales de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer «, Apartado 18;

C) Fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los estereotipos discriminatorios a través de campañas de sensibilización como la campaña «#Ni Una Menos»; y

D) Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación

Salud de las mujeres: consumo de tabaco

Asimismo, nuestros equipos de trabajo participaron y apoyaron la elaboración del informe presentado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM y otras organizaciones, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. Con relación a lo solicitado en dicho “informe sombra”, el Comité manifestó su preocupación por el “alto consumo de tabaco entre las niñas en comparación con los niño”. En virtud de ello, recomendó a Argentina en su apartado 35:

“G) Ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, reducir el alto consumo de tabaco entre los adolescentes, en particular las niñas, y abordar las consecuencias para la salud”.

Mujeres rurales e indígenas

En relación al informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales por las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, que fue avalado por FUNDEPS, el Comité tomó varios puntos de lo solicitado, y realizó varias recomendaciones a Argentina en sus apartados 38 a 41 sobre mujeres rurales e indígenas, de las que pueden destacarse:

“A) Diseñar programas específicos dirigidos a asegurar el desarrollo sostenible y luchar contra las situaciones de pobreza a que se enfrentan las mujeres rurales, mediante la asignación de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de protección social y programas específicos de educación para las mujeres rurales (…)

C) Adopte políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia, la estigmatización y los ataques contra la mujer rural en el contexto de proyectos de desarrollo económico a gran escala; y

D) Asegurar que las mujeres de las zonas rurales estén representadas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles del sector agrícola, incluidas las relativas a la reducción de los riesgos de desastre, la gestión después de los desastres y el cambio climático (…)

A) Adoptar medidas para reconocer formalmente la tenencia y la propiedad de las tierras de las mujeres indígenas y promover el diálogo a nivel comunitario para eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan los derechos de propiedad de las mujeres indígenas sobre la tierra;

C) Asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a agua potable y asequible para usos personales y domésticos, así como para el riego;

D) Examinar el actual manejo negligente de las denuncias sobre plaguicidas nocivos, fertilizantes y uso de productos agroquímicos presentados por las mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud, y velar por que esos casos se resuelvan de manera oportuna y apropiada de conformidad con las recomendaciones generales del Comité. Recomendación Nº 34 (2015) sobre los derechos de la mujer rural; y

E) Establecer un mecanismo obligatorio y eficaz de consulta y distribución de beneficios para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas en relación con el uso de sus recursos naturales y tierras” (La traducción es nuestra). De las recomendaciones dictadas por el Comité, sólo queda esperar que el Estado argentino tome las medidas correspondientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su efectivo cumplimiento, algo en lo que estaremos trabajando en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil.»

Aclaración: La traducción de los fragmentos de las «Observaciones Finales» es de autoría propia. 

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Durante el día martes 1 de noviembre se llevó a cabo el VI Foro Nuestra Córdoba, organizado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. El evento reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para debatir acerca de las temáticas que mayor incidencia tienen en la agenda metropolitana de nuestra ciudad y provincia.

El evento organizado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba tuvo por finalidad reunir a representantes de la sociedad civil y a autoridades gubernamentales, para discutir acerca de aquellas problemáticas que han tenido origen en la expansión metropolitana de la ciudad de Córdoba. Con la modalidad de mesas de discusión, se trataron temas relativos al ordenamiento territorial, la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y el transporte y la movilidad. Los debates fueron más que enriquecedores, y las conclusiones obtenidas serán posteriormente amalgamadas en un documento que será compartido con las autoridades municipales y provinciales.

Desde FUNDEPS consideramos que las consecuencias de la expansión territorial y urbana de las ciudades – devenida en procesos de metropolización – necesariamente requieren del buen gobierno y gestión de las ciudades para su progreso social y económico. Asimismo, el contexto es complejo y requiere de la articulación entre actores para la generación de políticas lo suficientemente holísticas y efectivas.

El crecimiento periférico de las ciudades extiende el área urbanizada más allá de los límites de los términos municipales, generando un gran espacio urbano que obliga a extender las redes de infraestructura, aumenta los costos del desplazamiento de la población y mercaderías y los costos de producción y mantenimiento de los servicios públicos. En escenarios de descentralización hacia niveles locales – como ha ocurrido en nuestro país – la compleja tarea de traspasar funciones y recursos a instituciones generalmente débiles, se ve apabullada con los problemas de coordinación interjurisdiccional en la provisión de servicios y la gestión del desarrollo de los recientes conglomerados urbanos. Estos problemas se manifiestan en una gran variedad de áreas que son de relevancia crucial para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Muchos de ellos fueron debatidos en la jornada del 1 de noviembre.

Los debates en torno al eje de ordenamiento territorial resultaron en la identificación de la urgencia para lograr una concreta determinación de los ejidos municipales y planificar la expansión urbana de la ciudad. Asimismo, se sumó a la discusión una arista de corte ambiental en la que se detectó la necesidad de mitigar los impactos de la expansión, resguardar el patrimonio (bosques nativos) y establecer una clara regulación en cuanto a la disposición de los suelos.

En cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos, se recalcó la complejidad para la articulación interjurisdiccional e intersectorial, a la vez que es necesario regular la normativa vigente respecto de los RSU.

Los resultados del debate han sido el espejo de las preocupaciones de la sociedad civil en torno a la gestión de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana. La planificación urbana y el desarrollo sustentable de las ciudades van de la mano, y en consonancia con ello, la buena calidad en infraestructura y servicios básicos se vuelve crucial.

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Agustina Palencia – Coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático

agustinapalencia@fundeps.org

Los días 8, 9 y 10 de octubre se reunieron más de 70.000 mujeres, en Rosario para debatir, compartir experiencias, marchar y visibilizar su protesta.

En el Encuentro Nacional de Mujeres más numeroso de su historia, se reunieron en Rosario mujeres de todo el país, organizaciones de la sociedad civil, movimientos social y políticos para compartir y dialogar en 70 talleres que versaron sobre todas las problemáticas que necesitan una estrategia colectiva de acción.

Hablaron sobre acceso a la justicia,  derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente, derecho a una vida libre de violencia, sobre cultura, deporte, entre otros tantos temas. Estas dinámicas permiten año tras año, que mujeres de todas las provincias lleven a sus espacios nuevas ideas, y una contención colectiva que genera empoderamiento, y da lugar a la promoción de agendas políticas esenciales para una sociedad justa y equitativa.

No puede dejar de mencionarse a la multitudinaria marcha que se magnifica año tras año, y que visibiliza la necesidad de un real cambio para todas las ciudadanas del país. Esta movilización invita a continuar y avanzar con la promoción de la igualdad y de los derechos de las mujeres, más aún cuando tremendos hechos de violencia y femicidios no dejan de suceder en nuestra cotidianeidad.

Lamentablemente, y repitiendo la tragedia del año anterior, muchas mujeres y periodistas fueron reprimidxs frente a la Catedral, manchando el imponente evento y dejando atrás a personas heridas a causa de la intolerancia y la injusticia.

Sin embargo, otra vez este Encuentro vuelve a ser una inspiración que energiza la lucha activa de miles de mujeres que levantan sus voces ante las atrocidades que sufren día a día a causa del sexismo, la discriminación y la igualdad.

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Virginia Pedraza – Coordinadora del Eje Género

vir.pedraza@fundeps.org

El Estado anunció un plan nacional contra la violencia hacia mujeres y 17 principios para una Ley de Comunicaciones Convergentes. Junto a Comunicación para la Igualdad hacemos una lectura crítica de las disposiciones.

En las últimas semanas, han sido anunciadas por el Estado medidas referidas al campo de las comunicaciones y de la violencia de género que afectan el entramado de políticas públicas que rige el sector. Nos referimos sustancialmente a los 17 principios para una comunicación convergente, anunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule el sector de las comunicaciones; y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres.

Tanto los 17 principios para una comunicación convergente como el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, son medidas que colaboran en el diseño de un nuevo mapa vinculado a las políticas públicas de comunicación y género, con características diversas al vigente hasta diciembre del 2015.

Entendemos que en el caso del Plan Nacional de Violencia hacia las Mujeres se ha perdido la oportunidad de profundizar la incidencia sobre los medios de comunicación con vistas al cumplimiento de los dos objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción de Beijing: la disminución de la estereotipación sexista y la democratización de la estructura laboral de los medios.

Asimismo, esto tiene una estrecha relación con un nuevo escenario vigente para la regulación de los medios desde diciembre del 2015 mucho más laxo en cuanto a limitar la propiedad de los medios y a imponerles marcos de actuación, aun cuando éstos respondan a la protección de los derechos humanos. Si bien los 17 Principios para las Comunicaciones Convergentes promueven el pluralismo y la diversidad de voces y la lucha contra la discriminación, es difícil imaginar cómo podrán implementarse estas propuestas en un contexto mediático de concentración de medios.

– Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019

– Comentarios sobre el Plan Nacional de Violencia hacia las Mujeres y los 17 principios para una Ley de Comunicaciones Convergentes.

Exigen que se implemente un procedimiento participativo que garantice que quien resulte electo/a reúna las condiciones de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Las organizaciones abajo firmantes presentamos una nota formal a los miembros de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación con el fin de transmitirles nuestra preocupación por la falta de designación del Defensor del Pueblo desde hace más de siete años, y para solicitarle que se inicie un proceso participativo, abierto y transparente para su nombramiento.

Desde hace años, las organizaciones de la sociedad civil venimos solicitando al Congreso la designación del Defensor del Pueblo, conforme lo ordena el art. 86 de la Constitución Nacional. Ante la ausencia de respuestas, llevamos el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ambos organismos instaron al Estado argentino a que designara prontamente al Defensor del Pueblo, en tanto se trata de una institución clave para la defensa de los derechos humanos.

Ante la prolongada vacancia, también se inició una acción de amparo contra el Congreso Nacional, la cual fue favorablemente resuelta por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que exhortó a ambas Cámaras Legislativas a que iniciaran el procedimiento de designación contemplado en la Ley 24.284. A ello se agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó en el reciente caso sobre tarifas de servicios públicos “CEPIS y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” que “no puede dejar de señalarse que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, institución creada por la Constitución Nacional como órgano específicamente legitimado en la tutela de los derechos de incidencia colectiva en los términos de sus artículos 86 y 43, se encuentra vacante, circunstancia que repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios. En las condiciones reseñadas, y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la Nación para que proceda a su designación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 citado”.

A partir de estas importantes decisiones judiciales, les solicitamos a los legisladores nacionales que conforman la Comisión Bicameral a fin de que adopten las medidas necesarias para iniciar de inmediato el procedimiento de designación de un/a Defensor/a del Pueblo, en el cual se asegure la efectiva participación informada de la ciudadanía mediante la publicación previa de los antecedentes de los candidatos en un plazo razonable, la posibilidad de que las organizaciones y los/as ciudadanos presenten impugnaciones y avales, la realización de audiencias públicas con amplia participación de la ciudadanía, las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, asegurando la participación federal, y con la obligación de que la selección del candidato sea razonada.

Asimismo, la eventual designación de un/a Defensor que no reúna requisitos fundamentales como una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos, podría redundar en un desprestigio y pérdida de potencialidad de la entidad, por lo que hemos sostenido que quien resulte candidato debe reunir altos estándares de idoneidad técnica y moral, de independencia de criterio, perspectiva de género, y probada proactividad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Organizaciones firmantes:

ACIJ – ADC – Amnistía Argentina – Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina – Asociación Civil Grupo Puentes – Banco de Bosques – Basta de Demoler – Cambio Democrático – Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad. Santa Fe – CAREF – Cascos Verdes – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) – Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) – CIPPEC – Compromiso – Confederación de la Sociedad Civil – Conocimiento Abierto – Consumidores Libres – Democracia en Red – Directorio Legislativo – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) – FARN – Federación Argentina LGBT – FOPEA – Foro del Sector Social – Federación de Asociaciones Civiles y Fundaciones – Fundación Biodiversidad – Fundación Ciudad – Fundación Humedales (Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales / Wetlands International) – Fundación Kaleidos – Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, Paraná – Fundación Metropolitana – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) – Fundación SUR – Greenpeace – Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva – Huésped – INECIP – Ingeniería Sin Fronteras Argentina – Justicia Legítima – La Fulana – Espacio de lesbianas y mujeres bisexuales – Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) – Mesa por la Igualdad – Pensamiento Penal – Poder Ciudadano – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) – Salta Transparente – Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) – TECHO – Unidos por la Justicia – Via Libre – Wingu. También adhieren: Acción Pública Ciudadana – Transparencia Ciudadana

Más información:

Nota presentada al Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación

El pasado 21 de Junio de 2016, en el caso “Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986” la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a darle entidad de derecho humano al derecho de acceso a la información pública. Ésta ha sido una cuestión ausente en el último Proyecto de Ley de Acceso a la Información ya aprobado en Diputados y pendiente de tratamiento en Senadores.

En el caso en cuestión, el Sr. Carlos Manuel Garrido promovió una acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el fin de que se la condene a entregarle determinada información relacionada con el nombramiento de Carlos Mechetti en dicho organismo. También respecto de los cargos y funciones que el Michetti desempeñó y el estado de un sumario administrativo que se le inició en el año 2010 por presunto contrabando (Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986).

A instancias de resolver, la Corte se basó en antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su propio antecedente “Cipecc” (Fallos: 337:256). Así, en relación a las personas que pueden ejercer este derecho la Corte sentenció que:

al tratarse de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud” (y que) una interpretación armónica de las disposiciones nacionales en materia de datos personales y de acceso a la información, lleva a sostener que las disposiciones de la Ley 25.326 -de Protección de Datos Personales- en cuanto subordinan la cesión de esos datos a la existencia de un interés legítimo, no alcanzan a aquellos supuestos relativos a información personal que forma parte de la gestión pública…

Finalmente la Corte excluyó la posibilidad de que la información solicitada quede alcanzada por las excepciones contenidas en el Decreto Nacional  1172/2003 –única legislación vigente al día de la fecha- al establecer que:

…La información solicitada por el demandante no se relaciona con datos sensibles (…) sino que atañe exclusivamente a circunstancias vinculadas a la carrera administrativa de un funcionario, que son de innegable interés público en tanto permiten conocer aspectos relevantes sobre las personas que tienen a su cargo la gestión de los asuntos del Estado, y facilita a quien requiere la información ejercer el control sobre la regularidad de los actos mediante los cuales se integran los cuadros de la administración…

En esta oportunidad celebramos la coherencia de la Corte en su análisis del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, instamos a los Senadores Nacionales a que revisen los puntos del proyecto de ley que se apartan de los estándares reconocidos tanto en el Sistema Interamericano, como a nivel nacional, por nuestra Corte Suprema de Justicia. Ratificamos la necesidad hacer converger el acceso a la información pública con el concepto de ‘derecho humano’. Sólo así la tan deseada Ley de Acceso a la Información Pública supondrá un verdadero avance en el desarrollo de una Argentina más democrática y garantista de los derechos humanos.

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Carolina Juaneda – carojuaneda@fundeps.org  

El pasado 9 de junio, FUNDEPS junto con la organización Las Omas del Barrio Chacras de la Merced nos reunimos en la Dirección de Redes y Obras Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba, con el subdirector Daniel Bardagi y el titular de la planta Gualberto Pozo Arce a los fines de hacer algunas preguntas respecto al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Bajo Grande.

Desde febrero 2016, el eje de ambiente del Área de Derechos Humanos y el Área de Fortalecimiento Democrático de FUNDEPS, vienen trabajando en conjunto con Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el Barrio Chacras de la Merced de la Provincia de Córdoba, en particular con la organización de mujeres Las Omas. El proyecto busca promover el desarrollo e implementación de estrategias vinculadas a la incidencia y monitoreo de políticas públicas en la comunidad Chacra de la Merced, con el fin de apoyar el trabajo de la organización de mujeres Las Omas en el fortalecimiento de los derechos sociales y ambientales vulnerados producto del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

En este marco, FUNDEPS pidió una reunión con la Dirección de Redes y Obras Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba. La reunión fue enriquecedora para ambas partes. Desde la Dirección de Redes pudieron explicarnos cómo funciona la planta actualmente, la cantidad y calidad del líquido que trata días de semana y fin de semanas, fondos con los que cuenta la Municipalidad para hacer obras de mantenimiento, problemáticas que identifican ellos que pueden contribuir al mal funcionamiento, entre otras.

Por otro lado, expresamos nuestra preocupación con respecto a los efectos nocivos que está generando la planta en su situación actual, al ambiente en general y a la comunidad de la Chacra en particular ya que sus derechos sociales, económicos y ambientales están siendo vulnerados constantemente.

Asimismo, nos explicaron que la construcción de una nueva planta de tratamiento va a duplicar la cantidad del tratamiento de fluidos y sus implicancias para la ciudad. Sin embargo, cuando pedimos información acerca de posibles políticas de remediación ambiental en la zona con la construcción de la nueva planta, no obtuvimos respuesta.

Es importante destacar que en el marco de este proyecto, se hicieron cuatro pedidos de información a diferentes reparticiones públicas de la Municipalidad entre los que se realizó uno a la Estación Depuradora de Líquidos Residuales que depende de la dirección de Redes, donde hicimos los siguientes pedidos de información para que se informe sobre: a) el estado de funcionamiento actual de la planta EDAR Bajo Grande; b) si existen obras de reparación de las fallas y problemas en el correcto funcionamiento de la planta; c) si hay planes de remediación ambiental en el Barrio Chacras de la Merced; d)  ¿qué obras se están implementando en la planta de tratamiento de líquidos cloacales? ; e) qué medidas de mitigación del impacto ambiental se diseñaron e implementaron luego de ser declarada una zona de emergencia sanitaria; f) qué controles se ejecutan en la Planta detallando los días y horarios en los que se implementan y g) qué días y franjas horarias funciona la planta, detalle los procesos y sus afectaciones directas sobre el ambiente y la población cercana, y qué métodos de tratamiento utiliza.

Desde FUNDEPS seguiremos trabajando con la organización Las Omas en el monitoreo del proceso de licitación e implementación de la obra de la nueva planta, y visibilizando las problemáticas en términos de ambiente y salud la actual Planta de tratamiento de líquidos cloacales EDAR.

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Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democratico y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org

En el día de ayer, FUNDEPS con la Organización Las Omas representada por Alida y Ester Weht presentaron cuatro pedidos de información en la Municipalidad de Córdoba, dos pedidos a la Provincia de Córdoba y dos pedidos a la empresa Coniferal de Transporte.

Desde principio de este año, el eje de ambiente del Área de Derechos Humanos y el Área de Fortalecimiento Democrático de FUNDEPS, vienen trabajando en conjunto con Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el Barrio Chacras de la Merced de la Provincia de Córdoba, en particular con la organización de mujeres Las Omas. Se realizaron dos talleres dichas organizaciones a los fines de identificar problemáticas socio-políticas que afectan a la comunidad de La Chacra y en base a lo identificado se definió una propuesta de acción de incidencia a trabajar en el año. Asimismo, se trabajaron herramientas de acceso a la información y estrategias de monitoreo de políticas públicas.

El trabajo busca promover el desarrollo e implementación de estrategias vinculadas al monitoreo e incidencia de políticas públicas en la comunidad Chacra de la Merced, con el fin de apoyar el trabajo de la organización de mujeres Las Omas en el fortalecimiento de los derechos sociales y ambientales vulnerados producto del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

En este contexto, el lunes 30 de mayo, representantes de las Omas y miembros de FUNDEPS presentaron cuatro pedidos de información pública en diferentes reparticiones de la Municipalidad de Córdoba (Secretaría de Salud, Subsecretaría de Ambiente, Subsecretaría de Transporte y a la Estación Depuradora de Líquidos Residuales) de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Inversión y Financiamiento y Secretaría de Ambiente) y en la empresa Coniferal SACIF. El objetivo de dichos pedidos es contar con información oficial sobre el estado y funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la situación ambiental y sanitaria de la zona afectada por la contaminación.

Las solicitudes de información presentadas se realizan en el marco del derecho a peticionar y recibir información, Art. 16 y ss. de la ley 25.675, Art. 41 de la Constitución Nacional, Art. 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. XXIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, instrumentos incorporados a la Constitución Nacional, mediante sus artículos 75 inc. 22, Art. 19 inc. 10. Asimismo, la ley de Política Ambiental de Córdoba prescribe en su artículo 61 que:

Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente Ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo puede prorrogarse en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en el supuesto de mediar circunstancias que dificulten obtener la información solicitada, debiendo el órgano requerido comunicar -antes del vencimiento del plazo de diez (10) días- las razones por las cuales hace uso de la prórroga excepcional…

Y finalmente, conforme a la regulación de la Ley Nº 8803 Derecho al Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, que también otorga el plazo de diez (10) hábiles para contestar la información solicitada.

Esperamos obtener respuesta de la información solicitada en el marco de los plazos explicitados, y así seguir luchando en pos de exigir y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que están siendo vulnerados, producto del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

Contacto

Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democratico y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Por más de 30 años, las organizaciones de mujeres, las/os defensoras/es y aliadas/os de los derechos de las mujeres han movilizado en todo el mundo para poder lograr el reconocimiento, visibilizacion y ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos no satisfechos de las mujeres, en especial relación a la salud y bienestar integral.

En Córdoba, y en el marco de la acción por la salud de las mujeres, este jueves 26 de mayo se reunieron en la Legislatura integrantes de organizaciones sociales y de mujeres, que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, junto a los/as legisladores/as Carmen Nebreda, Ricardo Vissani y Martín Fresneda.

Durante el encuentro se presentaron los resultados obtenidos de un monitoreo social realizado por Católicas por el Derecho a DecidirArgentina y FUSA. En su exposición, se señaló que en nuestra provincia la situación de los servicios de salud es heterogénea. Esto quiere decir, que mientras existen algunos servicios que promueven el acceso a los derechos sexuales y reproductivos e implementan consejerías pre y post aborto bajo el modelo de Reducción de Riesgos y Daños, por el contrario, en otros se obstaculiza el acceso de las mujeres a sus derechos, negando información e incluso imposibilitando el acceso a métodos anticonceptivos. Finalmente, se describió el proceso realizado con las mismas monitoreantes (capacitación, acompañamiento y trabajo de campo) con el objetivo de lograr la vigilancia y el control ciudadano de las políticas públicas. A su vez, se puso especial énfasis en la necesidad de incidir a nivel de los tomadores de decisiones para desarrollar herramientas de vigilancia de la política pública y defensa de los derechos de las usuarias.

En un segundo momento, se generó una instancia de dialogo entre las distintas organizaciones de la sociedad civil y los/as legisladores/as, donde se evaluaron distintas estrategias que permitan abordar el tema en forma conjunta realizando un trabajo articulado entre ambos sectores. La reunión culminó con el compromiso de seguir avanzando en acuerdos posibles. En este día, reafirmamos la necesidad de un real compromiso y la conformación de una firme agenda por parte de los gobiernos, para hacer frente a la problemática relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y hacer valer los derechos a decidir libremente sobre todos los aspectos del cuerpo, la sexualidad y la vida, libre de toda forma de coerción, discriminación y violencia.

Es fundamental llamar la atención para generar un efectivo cumplimiento en el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, principalmente en el acceso a servicios médicos que las alejen del peligro de los abortos clandestinos, al acceso libre e informado a toda la gama de anticonceptivos, y al acceso a la educación sexual integral, entre muchos otros.

Contacto

Virgina Pedraza – Área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org