El presente documento compila información básica en relación a 8 proyectos emblemáticos con financiamiento chino en la Argentina gestionados durante las presidencias de Cristina Fernández y Mauricio Macri; y que reflejan la creciente relevancia de las inversiones chinas en Argentina.

En este año 2018, el brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará su política institucional de acceso a la información. Se trata de un proceso que se espera que mejore su actual política para lograr garantizar efectivamente este derecho.

El brazo de inversión del sector privado del  Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará durante este año 2018 su política de acceso a la información. BID Invest, es la entidad en la que se transformó la anterior Corporación Interamericana de Inversiones (CII), como consecuencia de la profundización que pretende llevar adelante el BID en su financiamiento al sector privado.

La CII (ahora BID Invest), al igual que las demás instituciones financieras internacionales (IFIs), cuenta con políticas operativas que regulan el accionar de la entidad y presentan criterios para el otorgamiento de los préstamos. Las políticas de acceso a la información entran en el grupo de normas que delimitan el accionar de la institución. Particularmente, reivindican el derecho básico de acceso a la información que tienen los seres humanos.

Es importante mencionar además, la relevancia que adopta este derecho en cuanto a proyectos desarrollo se trata. Para que un verdadero desarrollo pueda tener lugar, es necesario que aquellos involucrados puedan ser parte del proceso de intercambio de información, y más aún, que puedan ver reflejadas sus prioridades de desarrollo en todo el ciclo de inversión del proyecto. Solo así, las políticas y proyectos serán capaces de proveer verdaderos beneficios a las comunidades locales.

A este respecto, las IFIs y sus políticas, no siempre dan cuenta de los mejores estándares y prácticas en materia de acceso a la información. En un reciente análisis, la organización International Accountability Project, comprobó que la ex Corporación fallaba enormemente en la garantía de este derecho. Numerosos proyectos financiados por este miembro del Grupo BID, no han logrado hacer que las comunidades afectadas puedan acceder a la información ni a mecanismos de participación. Esta situación, se ha propiciado por un marco normativo laxo que no garantiza el acceso a este derecho en su plenitud.

Se espera que en este 2018, con el cambio hacia BID Invest, la revisión de la política logre amparar los máximos estándares y buenas prácticas en lo que acceso a la información se refiere.  Sin embargo, aún son pocos los detalles sobre este proceso. Las fechas no están definidas y tampoco se sabe si contará de alguna instancia que permita la participación y/o los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil. Desde FUNDEPS estaremos siguiendo de cerca este proceso e involucrándonos en él.

Más información:

Why Development Institutions Should Recognize the Right to Know Day?

Autora:

Agustina Palencia

Contacto:

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

El pasado mes de diciembre presentamos formalmente un Amicus Curiae en los autos caratulados “Fundación Tercera Generación C/ Jolaga S.R.L. – Amparo Ambiental”, (Expte. 6229513) que tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial y 45° Nominación de esta ciudad, con el objeto de acercar al Tribunal consideraciones jurídicas acerca del daño ambiental que produce la actividad contaminante del establecimiento de curtiembre JOLAGA S.R.L. y la obligación que pesa sobre la misma de recomponer el daño ambiental causado al rio Suquía.

El amparo ambiental iniciado en febrero de 2017 tiene por objeto el cese de la actividad desarrollada por el establecimiento de curtiembre, y la recomposición del daño ambiental causado.

Todo ello fundado en que el arrojo ilegal de desechos y residuos químicos al cauce del río Suquía, en el camino Chacra de la Merced km 3 1/2, por parte del establecimiento de curtiembre JOLAGA S.R.L., cuyos dueños son Jorge Ricardo Gawuryn y Ariel Gawuryn, se ha producido en clara violación a la Ley General del Ambiente N° 25.675 y Ley de Política  Ambiental Provincial N° 10.208, afectándose derechos de raigambre constitucional -derecho a un medio ambiente sano -art. 41 CN -, derecho a la salud, derecho a la vida -, no solo de la población del área afectada sino también de toda la comunidad de la provincia de Córdoba.

Asimismo, con motivo de la actividad ilegal y clandestina de la curtiembre, se inició una actuación penal de oficio, que culminó con su clausura y con la imputación de los dueños de la curtiembre JOLAGA SRL, Jorge Ricardo Gawuryn y Ariel Gawuryn, por el delito de contaminación ambiental dolosa continuada, en calidad de coautores, de acuerdo con lo que establecen los artículos 55° de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051, y 45° y 55° del Código Penal.

De acuerdo con la investigación, el establecimiento operaba hace casi diez años a pesar de las reiteradas denuncias de los vecinos, arrojando sustancias contaminantes en una laguna a cielo abierto existente en el predio de la empresa, y luego los habrían arrojado a un terreno colindante, a través de una bomba de desagote. Todos esos predios desaguan, por simple gravedad, en el río Suquía.

Como fundación que promueve y fomenta la efectivización del derecho a un ambiente sano y equilibrado, consideramos que la contaminación y el daño ambiental causados por los titulares de la curtiembre, constituyen una clara vulneración a estos derechos que defendemos. Por tal motivo, solicitamos participación como querellante particular a los fines de instar el proceso y coadyuvar al Ministerio Público Fiscal en la investigación penal.

El barrio Chacra de la Merced está ubicado en el extremo este de la ciudad de Córdoba, a unos 150 metros de la avenida Circunvalación y a 200 metros del río Suquía. Más de dos décadas atrás formaba parte del cinturón verde de la ciudad de Córdoba, hoy tiene múltiples focos de contaminación. El peor es la planta de residuos cloacales Edar Bajo Grande que hace años arroja líquidos cloacales al río Suquia con tratamiento deficiente e incluso sin tratamiento alguno.

También se encuentran otras industrias contaminantes, entre ellas curtiembres, como JOLAGA S.R.L., canteras, lagunas producto de la extracción de áridos convertidas en basurales a cielo abierto, entre otras.

En ese contexto viven casi 300 familias y la zona ha sido declarada en los últimos años en «emergencia ambiental» por la Municipalidad de Córdoba. Sin embargo, no se da un acabado cumplimiento a las medidas y acciones dispuestas, quedando el barrio olvidado en un «rio de contaminación».Esperamos contribuir, mediante estas presentaciones judiciales, a que el accionar ilegitimo y clandestino de este tipo de actividades contaminantes no quede impune, así como a que se recomponga el daño ambiental causado, a fin de proteger los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de barrio Chacra de la Merced.