La desinformación también es violencia
En la actualidad, no se tiene acceso a datos oficiales acerca de las residencias geriátricas habilitadas en la provincia de Córdoba.
Desde FUNDEPS, hemos presentado un pedido de información ante R.U.GE.PRE.SA, (Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, encargado entre otras cosas, de regular y monitorear las habilitaciones de las residencias para personas mayores.
En la presentación, requerimos que se informara acerca de la cantidad de residencias para personas mayores que se encontraban en funcionamiento en la provincia de Córdoba; cuáles eran los mecanismos de control o monitoreo sobre las instituciones habilitadas; y sobre los procedimientos de control respecto de instituciones no habilitadas, detallando cómo se procede en eso casos.
La normativa prevé la posibilidad de presentar estos pedidos de información por parte de la ciudadanía a los fines de tomar conocimiento de los actos del Estado y, conforme lo establece la ley provincial nº 8803, el Estado debe responder en el plazo de 10 días hábiles. Habiendo vencido este plazo y sin respuesta, presentamos un pronto despacho cuyo plazo de contestación también venció sin haber sido respondido.
Es un deber del Estado hacer que esta información sea de acceso público. Insistimos en la importancia de la publicidad de estos datos, a los fines de poder ejercer un mejor control y visibilizar situaciones de irregularidad. Más aún si tenemos en cuenta que lo que se está afectando son los derechos de un grupo vulnerable, como lo son las personas mayores institucionalizadas.
La situación es aún más preocupante, si tenemos en cuenta que a nivel nacional no existen normas que unifiquen y establezcan requisitos básicos a cumplir por estas residencias y que determinen un mínimo de derechos a garantizarse en cualquier residencia geriátrica del país; por el contrario, los requisitos y condiciones que habrá de cumplir una residencia geriátrica para ser habilitada, depende exclusivamente de lo que establezcan los gobiernos locales, lo que ocasiona grandes diferencias entre las provincias.
En la Provincia de Córdoba, la ley n° 8.677 y el decreto n° 657/09, regulan el funcionamiento de las residencias geriátricas de carácter privado con especial énfasis en las cuestiones físicas del establecimiento, pero sin avanzar sobre la calidad de la atención. La ley no realiza consideraciones relativas a la perspectiva de derechos humanos, a cuestiones sociosanitarias y a la condición de sujetos de las personas que allí residen. En cuanto a los residencias de carácter público, se advierte que no existen normas en la provincia que las regulen, constituyéndose de esta forma una laguna normativa al respecto.
En un escenario caracterizado por la desigualdad y ante una infraestructura institucional aún insuficiente en materia de protección y ejercicio de derechos humanos, otorgar respuestas eficaces al acelerado envejecimiento poblacional es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el Estado argentino y la región. La reciente ratificación por parte del Estado Argentino de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, podría significar una oportunidad para ello.
Hay que insistir en que el camino por recorrer aún es largo. Por un lado, son imprescindibles políticas públicas que estén destinadas a reivindicar e impulsar el empoderamiento de las personas mayores. No sólo para posibilitar su plena participación en la vida social, económica, cultural y familiar de los países, sino también para alentar procesos sociales de revisión de las percepciones y representaciones, generalmente negativas, ligadas a la vejez. Por el otro, resulta necesario pensar estrategias que permitan posicionar al envejecimiento en el centro del debate público a los fines de dar visibilidad e interés a un tema que históricamente ha sido ignorado.
En definitiva, las actitudes y políticas correctas en este sentido facilitarán a la sociedad el empleo efectivo del potencial de las personas de edad, afianzando así el camino dirigido a la construcción de una sociedad más inclusiva, donde todos y todas encuentren su protagonismo y oportunidades, en sintonía con sus deseos y necesidades.
Seguimos exigiendo la respuesta de los organismos correspondientes, a la vez que esperamos que se desarrollen políticas públicas destinadas al pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores.
Autora
Maga Ailén Merlo Vijarra
Contacto
Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
