Una ley para que Córdoba tome la posta de la alimentación saludable
Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley para ampliar y garantizar la plena implementación de la Ley de Etiquetado en Córdoba. Entre otras cosas, establece la prioridad de alimentos saludables en kioscos, comedores escolares y compras públicas para políticas alimentarias, como el PAICor. Con el impulso inicial de la legisladora Brenda Austin, la iniciativa cuenta con el apoyo de diferentes bloques legislativos.
Este jueves 31 de julio, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley provincial de Promoción de la Alimentación Saludable que amplía y complementa la Ley Nacional de Etiquetado Frontal para garantizar su plena implementación en el territorio cordobés. Con el impulso inicial de la legisladora radical Brenda Austin, el proyecto ya cuenta con 22 firmas de representantes de 7 bloques legislativos y se espera que en los próximos días se sigan sumando adhesiones y aportes. Además, la iniciativa fue acompañada por diferentes organizaciones académicas y de la sociedad civil a nivel provincial, nacional y regional, en particular la Comunidad Latinoamericana y Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA) cuyo acompañamiento es fundamental para la construcción de entornos más saludables en Córdoba y en toda la región.
¿Por qué una ley de alimentación saludable provincial?
Desde octubre de 2021 está vigente en Argentina la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que protege los derechos constitucionales a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras. Fue aprobada por amplias mayorías parlamentarias y contó con el apoyo de más de 150 entidades científicas, académicas y de referentes de la salud de toda América Latina. Esta normativa de avanzada aborda la cuestión alimentaria desde una perspectiva integral y establece cuatro pilares fundamentales: el etiquetado de advertencia -los famosos sellos-; la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas; la promoción de entornos escolares saludables y las compras de alimentos por parte del Estado. La Ley 27.642 regula cuestiones de orden público y, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para todo el país; sin embargo, las políticas de promoción de la alimentación saludable que define, requieren que las provincias también hagan su parte.
Diez provincias ya dieron pasos importantes en este sentido. Según el Mapa Normativo de Argentina, la mayoría lo hizo mediante adhesiones simples a la ley nacional; sin embargo, provincias como Catamarca, Tierra del Fuego y Neuquén avanzaron con leyes provinciales que complementan, adecuan y mejoran la implementación de la norma nacional en sus territorios. Córdoba, tiene la oportunidad de contar con una normativa ejemplar, y transformarse en una de las provincias líderes en la protección del derecho a la salud y a la alimentación adecuada de su población y, particularmente, de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes.
La necesidad es urgente. El Análisis nacional sobre la situación alimentaria en barrios populares publicado en mayo de 2024, señaló que el 89% de los 5.357 hogares encuestados en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos y 19 provincias, padeció inseguridad alimentaria. Así mismo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2024, el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y casi la mitad de esta población padecía una situación de privación alimentaria grave. En este sentido, la Encuesta Rápida de Unicef 2024, determinó que más de la mitad de los hogares redujo el consumo de alimentos por falta de dinero, especialmente de frescos y saludables como frutas, verduras, carnes y lácteos. En Córdoba la situación no difiere. En febrero, un estudio interanual publicado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros, evidenció un deterioro significativo en la calidad nutricional de los hogares cordobeses, con un incremento en el consumo de alimentos económicos pero menos nutritivos, y una caída significativa en el consumo de hortalizas, frutas y carnes afectando entre un 30 y 62% de los hogares encuestados.
Esto agrava una situación ya preocupante, donde conviven la falta de nutrientes esenciales con la malnutrición por exceso de nutrientes críticos, lo que repercute en un avance de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en edades cada vez más tempranas y en sectores más vulnerables, representando la principal causa de muerte con un 73.4%.
¿Qué propone el proyecto presentado en Córdoba?
En ese escenario, el proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable, impulsado por Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba, busca que la provincia asuma un rol activo en el control y fiscalización del etiquetado frontal y de las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables. A su vez, amplía estas regulaciones a espacios bajo jurisdicción provincial y local. Además, fortalece los componentes de entornos escolares saludables y compras públicas de alimentos.
Respecto a la publicidad, el proyecto restringe el marketing de productos no saludables en los puntos de venta, como kioscos o supermercados, y en vía pública. También define qué se entiende por publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, subsanando una importante deficiencia de la normativa nacional. Así, el texto logra una mayor protección del derecho a la información y a la alimentación adecuada ante las estrategias de marketing que agresivamente incentivan la compra de productos que dañan la salud.
En cuanto a los entornos escolares, el proyecto establece contenidos obligatorios de educación alimentaria en las escuelas y prevé capacitaciones para docentes, personal de cocina y toda la comunidad educativa. También dispone que los establecimientos educativos sean entornos libres de productos no saludables. Esto aplica tanto a los alimentos disponibles para la venta (kioscos y cantinas) como a la oferta del menú de los comedores escolares de gestión pública y privada. En este sentido, el proyecto formaliza un marco nutricional para las prestaciones alimentarias de PAICor, acorde a las recomendaciones nacionales, buscando garantizar una mayor oferta de alimentos saludables, como frutas, verduras y carnes, en todos sus sistemas de gestión. Además, se impulsa que parte de los alimentos frescos provengan de la agricultura familiar, campesina e indígena.
Sobre compras públicas, el texto incorpora el criterio de la ley nacional y prioriza la compra de alimentos saludables en todo tipo de contrataciones y programas alimentarios, estableciendo un porcentaje mínimo de alimentos frescos. Prioridad que se torna absoluta si las personas destinatarias son niños, niñas y adolescentes. Esto cobra especial relevancia en la actualidad, en un contexto donde gran parte de los programas alimentarios, antes gestionados por el estado nacional, ahora se ven desplazados a las gestiones provinciales e incluso municipales.
Otro punto fuerte de la normativa propuesta es la creación de un Observatorio de Alimentación Saludable con participación de la sociedad civil, para garantizar el monitoreo, transparencia y acceso a información pública sobre el cumplimiento de la ley y el estado de salud nutricional de la población.
Finalmente, es destacable que el proyecto reconoce el rol de las comunas y municipios en su implementación, de modo que las alienta a dictar las medidas necesarias que permitan garantizar los estándares propuestos.
Una oportunidad para toda la sociedad cordobesa
Esta propuesta de ley representa una oportunidad concreta para que Córdoba lidere a nivel nacional la protección integral del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras, en especial para niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Frente a una crisis alimentaria que se agrava, es urgente actuar con decisión para garantizar políticas públicas que prioricen la salud y el derecho a la información por sobre los intereses comerciales.
Desde Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba invitamos a legisladores y legisladoras, autoridades ejecutivas provinciales y municipales, organizaciones sociales, comunidades educativas y ciudadanía en general a acompañar este proyecto para que la alimentación saludable no sea un privilegio, sino una realidad en todas las mesas y escuelas cordobesas. Hoy, más que nunca, avanzar en una ley provincial de alimentación saludable es una necesidad impostergable.
Autora:
Nayla Palacios
Contacto:
Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org
