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Más de 300 Organizaciones rechazan la posible derogación de la Ley de Etiquetado Frontal

A través del proyecto del Poder Ejecutivo N° Expediente 186/26 de ley que propone eliminar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, el Poder Ejecutivo busca desmantelar una de las políticas de salud pública más importantes del país, pese a la contundente evidencia científica local e internacional que demuestra su efectividad.

El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley para derogar en su totalidad la ley popularmente conocida como la «Ley de Etiquetado Frontal», una medida que organizaciones de salud pública y derechos de consumidores califican como un grave retroceso en materia de derecho a la información y protección de la salud.

El proyecto firmado por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro de Salud Mario Lugones, sostiene la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias, económicas y armonizar criterios dentro del MERCOSUR”. Sin embargo, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y academia rechazan la iniciativa porque podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población -especialmente, la de niños, niñas y adolescentes- y el acceso a la información de las y los consumidores.

Un ataque directo al derecho a la información y a la salud

La propuesta oficialista de derogación generó una profunda alarma en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, quienes advierten sobre el absoluto estado de desprotección en el que quedará la ciudadanía. La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también  regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata.

A diferencia de los cuestionamientos del Poder Ejecutivo, que califica el sistema como «inconsistente» o «simplificado», distintos estudios generados por el propio Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y FIC Argentina tras la implementación de la ley demuestran que los sellos funcionan: 

  • Apoyo a la ley: El 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables.
  • Cambios en la intención de compra: más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra de bebidas (63%), yogur (62%) y galletitas (50%). 
  • Cambios en la percepción: el estudio realizado por UNICEF y FIC demostró que el etiquetado frontal es identificado como una herramienta que permite “desenmascarar engaños” al mostrar la verdadera composición nutricional de los productos. En este sentido, tras la implementación de la ley, se redujo notablemente el promedio de las personas que percibían como saludables productos con nutrientes críticos como el yogur, los cereales de desayuno y el jugo.
  • Uso activo y cotidiano: Un 55,9% de los argentinos utiliza los sellos negros «siempre o casi siempre» como guía primordial al momento de decidir sus compras.

Antes de la sanción de la norma, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019) solo el 13% de la población lograba interpretar la compleja información nutricional tradicional declarada al dorso de los envases. Los octógonos democratizaron el acceso a la información para toda la población independientemente de su nivel educativo.

La falacia de la unificación regional 

El proyecto de ley del Ejecutivo argumenta la necesidad de avanzar hacia una armonización regional dentro del MERCOSUR. Sin embargo, organizaciones y especialistas advierten que los modelos que hoy se discuten en la región son considerablemente menos efectivos que el sistema argentino vigente, basado en el Sistema de Perfil de Nutrientes (SPN) de la Organización Panamericana de la Salud, considerado el más preciso y protector de toda la región.

Por ejemplo, mientras el modelo argentino detecta de forma rigurosa el exceso de azúcares perjudiciales en el 68% de los yogures del mercado, el modelo uruguayo solo lo advierte en un 9% y el brasilero en un ínfimo 1%. En sintonía, el sistema de octógonos ha demostrado ser más claro y efectivo que el modelo de «lupa» (utilizado en Brasil), capturando mejor la atención y promoviendo decisiones de compra sustancialmente más saludables.

“Rechazamos profundamente esta medida que representa un ataque directo a la salud pública. No existen argumentos sanitarios ni científicos que justifiquen la necesidad de derogar la Ley de Etiquetado. Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas, e implicaría un grave retroceso en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada». 

Instituciones académicas, organizaciones de salud pública y de derechos humanos hacen un llamado urgente a los miembros del Congreso de la Nación para que prioricen la sólida evidencia científica disponible, rechacen de plano este intento de retroceso y defiendan el derecho a la salud y a la información transparente de todo el pueblo argentino.

Contacto:

Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Derecho a la Alimentación en Argentina: Implicancias y desafíos de la Ley PAS en el contexto de las políticas de emergencia alimentaria.

A pesar de la recepción constitucional del derecho a la alimentación adecuada en 1994, la inseguridad alimentaria y la lógica de la emergencia han signado la política alimentaria argentina durante las últimas décadas. Este informe analiza ese proceso desde un enfoque de derechos humanos, recorriendo las principales normativas y políticas entre 2002 y 2025. Examina las tensiones entre el modelo asistencialista predominante y las obligaciones estatales derivadas del derecho internacional, y sitúa la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley PAS, N° 27.642) como el cambio de paradigma más significativo en la materia en las últimas dos décadas. En un contexto de regresiones normativas y agravamiento de la inseguridad alimentaria, el documento identifica los desafíos actuales para la implementación efectiva del derecho a la alimentación y plantea horizontes para su defensa y exigibilidad.
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Mercosur y etiquetado frontal: Argumentos jurídicos para preservar el estándar de protección argentino

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se encuentra en riesgo ante el proceso de armonización del Etiquetado Frontal que está llevando adelante el MERCOSUR, y que amenaza con debilitar los estándares de protección alcanzados en nuestro país. Este documento aporta herramientas y argumentos jurídicos concretos para quienes defienden el derecho humano a la salud y a la alimentación adecuada. El análisis recorre los principios constitucionales e internacionales que obligan al Estado argentino a sostener el nivel de protección vigente y examina la compatibilidad del sistema de octógonos con el derecho comercial internacional. Un insumo técnico para disputar, en todos los planos, cualquier retroceso regulatorio.

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Mucho más que etiquetas: claves jurídicas para defender el derecho a la alimentación adecuada

En un contexto de retrocesos normativos que amenazan políticas públicas de salud, Fundeps presenta Mucho más que etiquetas, un compendio jurídico colectivo que aporta herramientas concretas para defender la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y fortalecer el derecho humano a la alimentación adecuada en Argentina.

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una política pública clave para el fortalecimiento del derecho humano a la alimentación adecuada y a la salud en Argentina. Su diseño integral, basado en evidencia científica y en un enfoque de derechos humanos, la convierte en un eje estructurante de las políticas alimentarias y en una herramienta central para regular el entorno alimentario y proteger a la población, especialmente a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, a poco de iniciada su implementación, la ley comenzó a enfrentar un escenario de regresión normativa. Las resistencias de la industria alimentaria, lejos de limitarse al plano discursivo, se tradujeron en flexibilizaciones regulatorias y decisiones administrativas que debilitan los estándares de protección definidos por el Congreso. Estas medidas, impulsadas desde organismos estatales mediante normas de jerarquía inferior, ponen en riesgo derechos ya conquistados y comprometen las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado argentino en materia de derechos humanos.

Frente a este escenario, Mucho más que etiquetas: Claves jurídicas para la defensa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se presenta como un esfuerzo colectivo y una herramienta estratégica para la defensa activa de la Ley PAS. El compendio reúne aportes de distintas autoras y autores que, desde enfoques jurídicos complementarios, brindan argumentos claros y accionables para sostener su plena vigencia, exigir su implementación efectiva y disputar los retrocesos en los planos político, institucional y judicial.

La Ley PAS como punto de inflexión en la regulación alimentaria
En su artículo, María Eugenia Marichal analiza la Ley PAS como una respuesta a la fragmentación histórica de la regulación alimentaria en Argentina. La presenta como una “sutura normativa” que articula salud, producción, consumo e inocuidad desde un enfoque de derechos, y destaca la necesidad de defender la autonomía sanitaria del Estado frente a intentos de desregulación administrativa y armonización regional que priorizan intereses comerciales.

La alimentación saludable desde un enfoque de derechos humanos
Maximiliano Carrasco aborda la ley desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos y la vincula con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado. Su aporte central es claro: la Ley PAS expresa los principios de progresividad y no regresividad, y cualquier medida que reduzca sus estándares activa una presunción de ilegitimidad que debe ser estrictamente controlada.

Los tribunales como espacio de disputa
En su trabajo conjunto, María Laura Fons Camarena y Agustina Mozzoni muestran cómo la Ley PAS fortalece la exigibilidad judicial del derecho a la alimentación adecuada. Al aportar mayor densidad normativa, la ley permite superar enfoques asistenciales y habilita litigios estratégicos que colocan al Poder Judicial como una barrera clave frente a la interferencia corporativa y los retrocesos normativos.

Aportes de la justicia ambiental al derecho a la alimentación
Ananda María Lavayen propone una lectura innovadora que conecta la alimentación adecuada con la experiencia de la justicia ambiental. Su artículo recupera herramientas como la legitimación amplia, la carga dinámica de la prueba y los enfoques de justicia estructural, y señala que la plena implementación de la Ley PAS es una condición necesaria para avanzar en la exigibilidad efectiva de este derecho.

La Ley PAS y el sistema de protección de consumidores
 Desde el derecho consumeril, Dante Rusconi analiza cómo la Ley PAS se integra al sistema federal de defensa de consumidores y consumidoras. Su aporte destaca el rol estratégico de provincias y municipios, que cuentan con facultades concretas para fiscalizar y sancionar incumplimientos, incluso frente a escenarios de inacción o regresión por parte del Estado nacional.

Una herramienta para la defensa activa

Lejos de ser un análisis meramente descriptivo, Mucho más que etiquetas busca fortalecer las capacidades de incidencia, litigio y control ciudadano frente a un contexto de debilitamiento de las políticas públicas de salud. La publicación reafirma que defender la Ley PAS es defender el derecho a la alimentación adecuada, la salud pública y el rol del Estado como garante de derechos.

 

Contacto: 

Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Mucho más que etiquetas: Claves jurídicas para la defensa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

En un contexto de retrocesos normativos que amenazan políticas públicas de salud, este compendio jurídico aporta herramientas concretas para defender la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. La publicación reúne aportes de distintas autoras y autores que, desde enfoques jurídicos complementarios, brindan argumentos claros y accionables para sostener su plena vigencia, exigir su implementación efectiva y disputar los retrocesos en los planos político, institucional y judicial. Un esfuerzo colectivo para fortalecer el derecho humano a la alimentación adecuada en Argentina.

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Demandan a ANMAT por el debilitamiento de la Ley de Alimentación Saludable

Desde Fundeps, con acompañamiento de ADCOIN, se presentó una acción preventiva del daño contra la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación, para frenar los efectos de disposiciones que debilitaron la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Estas medidas constituyen un grave retroceso en la protección del derecho a la salud y vulneran estándares legales vigentes.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentó una acción judicial para frenar los efectos de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La organización sostiene que ambas medidas implican un grave retroceso en la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642) y ponen en riesgo la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Por eso solicita la suspensión inmediata de las normativas y la restitución de los estándares de protección establecidos por la ley de etiquetado frontal.

Las disposiciones cuestionadas flexibilizan los criterios para determinar qué productos deben llevar sellos de advertencia y debilitan las restricciones a la publicidad y al marketing engañoso dirigidos a las infancias. Esta desregulación se traduce en menor acceso a información nutricional clara y mayor exposición a productos ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos, factores asociados a un incremento del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Para Fundeps, estas modificaciones implican un retroceso en la protección de los derechos a la salud, a la información y a la alimentación adecuada. Además, carecen de sustento técnico y científico, exceden la potestad reglamentaria del organismo y contradicen la propia letra de la ley PAS.

Frente a este escenario, Fundeps y ADCOIN iniciaron una acción preventiva del daño (artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial) con el fin de evitar que los perjuicios actuales e inminentes se profundicen.

“Tenemos una ley pionera a nivel mundial, basada en la mejor evidencia disponible y aprobada por amplias mayorías en el Congreso de la Nación. La modificaron a puertas cerradas y sin argumentos científicos. Para proteger los intereses de unos pocos pusieron en riesgo a toda la población. Esta demanda es un acto de protección colectiva: buscamos garantizar información clara, decisiones de consumo libres y que la salud, sobre todo la de las infancias, sea efectivamente resguardada”, afirma Maga Merlo Vijarra, abogada y coordinadora del área de Salud de Fundeps.

¿Por qué es importante esta demanda?

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642) estableció un sistema de advertencias nutricionales destinado a proteger el derecho a la salud, la información y la alimentación adecuada de toda la población, en particular de niños, niñas y adolescentes.La Ley y su reglamentación original se diseñó siguiendo el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado el estándar más robusto para políticas de reducción del consumo de productos ultraprocesados.
Los productos procesados y ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos aumentan el riesgo de obesidad infantil, diabetes tipo 2, hipertensión, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).
El etiquetado frontal demostró eficacia para mejorar la comprensión de riesgos nutricionales y reducir compras impulsivas de productos no saludables. A pocos meses de la implementación de la ley, una encuesta realizada por el Ministerio de Salud comprobó cambios concretos en los hábitos de consumo: el 43% de la población consideraba los sellos al momento de comprar, y de ese porcentaje, el 58% había modificado su intención de compra.

¿Cuáles son los cambios introducidos por ANMAT a la Ley de Etiquetado?

En diciembre de 2024, ANMAT dictó dos disposiciones que modificaron el funcionamiento del sistema de advertencias nutricionales y las restricciones a la publicidad establecidas por la Ley 27.642, conocida como Ley de Etiquetado.

La disposición N° 11362/2024 introdujo las siguientes modificaciones: 

  1. Alteración del Modelo de Perfil de Nutrientes de OPS
    Se modificó el criterio para determinar si un producto debe llevar sellos. En lugar de evaluar la composición completa del alimento – como exige el Perfil de Nutrientes de la OPS adoptado por la Ley PAS- solo se analizan los nutrientes críticos agregados. Esto implica:

    • Exclusión de nutrientes intrínsecos (azúcares, sodio, grasas) del cálculo.
    • Reducción de productos alcanzados por los sellos sin que exista reformulación.
    • Pérdida de capacidad del sistema de advertencias para identificar productos no saludables.
  2. Flexibilización de las leyendas precautorias de edulcorantes
    La advertencia obligatoria por la presencia de edulcorantes solo debe colocarse si estos se declaran con «propiedades endulzantes». Sin embargo, los edulcorantes pueden utilizarse con otras funciones (conservantes, humectantes, etc.), sin que esto reduzca sus efectos adversos sobre la salud, especialmente en niñas, niños y adolescentes. La modificación reduce la protección y genera mayor riesgo de confusión.
  3. Disminución de los estándares de visibilidad de los sellos
    Los cambios introducidos permiten tamaño más reducido, menor contraste y ubicaciones que dificultan la rápida identificación de los sellos al momento de la compra, reduciendo su efectividad como advertencias.

La disposición N° 11378/2024 introdujo las siguientes modificaciones:

  1. Flexibilización de las restricciones de publicidad, promoción y patrocinio
    La disposición debilita las prohibiciones dirigidas a evitar la promoción de productos con sellos, rehabilitando diferentes estrategias que vuelven a exponer a las infancias al marketing engañoso. 
  2. Reducción de la protección a las y los adolescentes
    La protección frente al marketing engañoso que antes era aplicable a niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años, ahora se reduce hasta los 16. Esta modificación no solo afecta a la población de 16 a 18 años, sino que, de manera indirecta, afecta también a los menores de 16 años que están expuestos a la misma publicidad, en entornos compartidos como la escuela. 
  3. Habilitación de declaraciones nutricionales complementarias
    Ahora, la disposición permite que productos con exceso de nutrientes críticos puedan resaltar supuestos atributos saludables, generando mensajes contradictorios que confunden al consumidor. De este modo en un mismo paquete puede convivir un sello que advierte exceso en sodio y un claim que diga “​​light”. 

Con esta acción, las organizaciones solicitamos al Poder Judicial que restituya la vigencia de las normas previas y garantice la continuidad de estándares de protección acordes con la ley y con el marco internacional de derechos humanos.

 

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Campo Minado: Fundeps y Fundación SANAR alertan sobre los riesgos sanitarios y jurídicos de las nuevas disposiciones de ANMAT.

En diciembre de 2024, la ANMAT publicó las Disposiciones N° 11362/2024 y N° 11378/2024, introduciendo cambios significativos en la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642). Aunque presentadas como “actualizaciones técnicas”, estas modificaciones implican un viraje sustancial en los criterios utilizados para evaluar, advertir y comunicar la presencia de nutrientes críticos y aditivos en los productos procesados y ultraprocesados disponibles en el mercado argentino.

Frente a este escenario, Fundeps y Fundación SANAR elaboraron un informe técnico legal y nutricional que documenta en detalle las contradicciones normativas introducidas por las nuevas disposiciones, su impacto directo sobre el sistema de etiquetado frontal, la flexibilización del alcance en materia de publicidad, promoción y patrocinio; y las implicancias que representan para la salud pública, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

El análisis revela que los cambios implementados, como la flexibilización del cálculo de nutrientes críticos, la reducción del alcance de ciertas advertencias, la introducción de excepciones amplias y la pérdida de sellos en productos sin reformulación -entre otras-, debilitan el estándar protector que había posicionado a la Argentina como referente regional en políticas de rotulado y publicidad. A su vez, se detallan los riesgos para la salud que supone la flexibilización que dejó nuevamente expuestos a las niñeces y adolescencias a las tácticas abusivas y engañosas de mercadeo.

A través de una revisión exhaustiva, el informe expone cómo estas modificaciones no sólo contradicen la letra y el espíritu de la Ley y su reglamentación, sino que también generan información menos clara para las personas consumidoras y favorecen un escenario de menor transparencia en la comercialización de alimentos. El resultado es un retroceso regulatorio que incrementa el riesgo de exposición a productos no saludables, de sus estrategias de marketing y limita la capacidad del Estado de proteger de manera efectiva el derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información.

En un contexto donde los entornos alimentarios condicionan fuertemente las decisiones de consumo y en el que la interferencia de la industria alimenticia se hace cada vez más presente, debilitar las herramientas de advertencia y control implica arrojar a la salud pública sobre un campo minado. Por ello, el informe concluye instando a que las disposiciones sean revisadas, dejadas sin efecto y que se restituya el estándar protector original previsto por la Ley 27.642, plenamente alineado con el Perfil de Nutrientes de la OPS y demás recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y evidencia científica libre de conflictos de interés.

Descargar el informe completo

Campo Minado: Fundeps y Fundación SANAR alertan sobre los riesgos sanitarios y jurídicos de las nuevas disposiciones de ANMAT.

En diciembre de 2024, la ANMAT dictó las Disposiciones Nº 11362/2024 y 11378/2024, que modifican de forma sustancial la implementación de la ley nacional de Promoción de la Alimentación Saludable. El informe de Fundeps y Fundación SANAR documenta las regresiones normativas introducidas y el impacto negativo de estos cambios sobre el etiquetado frontal y las reglas de publicidad, promoción y patrocinio de productos procesados y ultraprocesados. El análisis evidencia que la flexibilización de criterios debilitan el estándar protector alcanzado por la ley y su decreto reglamentario, generando información confusa, reduciendo la transparencia y volviendo a exponer especialmente a las infancias a estrategias de marketing engañosas. Como resultado, aumenta el riesgo de consumo de productos no saludables, a la vez que compromete gravemente las obligaciones del Estado argentino en la garantía de los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y a la información.

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Nueva amenaza a la Ley de Etiquetado en Argentina

En el marco del Día de la Alimentación, organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre otro posible retroceso en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, a partir de las negociaciones en curso dentro del MERCOSUR. 

En abril de este año, el Grupo Mercado Común (GMC) instruyó al Subgrupo de Trabajo Nro.º 3 para que retome las negociaciones para un Reglamento Técnico sobre Rotulado Nutricional Frontal, con el objetivo de armonizar normativas entre los países del bloque. De aprobarse, este reglamento incluiría, entre otros puntos, la unificación de un sistema gráfico de advertencias y un sistema de perfil de nutrientes (SPN). 

Si se materializa dicho Reglamento, los países del MERCOSUR estarán obligados a adecuar sus normas locales de etiquetado frontal para que estas se ajusten a la decisión del bloque. Cabe destacar que Argentina hoy cuenta con el sistema de etiquetado frontal más robusto de la región. Si en el proceso de armonización, se adoptaran elementos del etiquetado vigentes en otros países, la normativa local se vería seriamente debilitada. Incorporar estándares más bajos implica un retroceso en la protección del derecho a la salud, la alimentación y la información en nuestro país

¿Por qué es una amenaza?

  • El sistema de etiquetado frontal de Argentina advierte sobre más nutrientes críticos en exceso, en relación con los que utilizan otros países.
  • Es el único que cuenta con leyendas precautorias para cafeína y edulcorantes, advirtiendo su consumo en niños/as y adolescentes.
  • El sistema argentino se basa en el SPN de la Organización Panamericana de la Salud, que alcanza a muchos más productos no saludables que el de los demás países.

Por ese motivo, solicitamos que, de avanzar el debate en Mercosur, la eventual armonización siga el sistema argentino en su integralidad, para evitar así el debilitamiento de la Ley de Etiquetado y el consecuente retroceso en la protección de la salud de la población. Y exigimos a las/los representantes argentinos que defiendan los derechos conquistados. En este marco, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, relanzamos la campaña “Que no nos tapen los ojos”, desarrollada en 2021, en esta oportunidad con el objetivo de alertar sobre la necesidad de defender la ley frente a estas amenazas. 

A su vez, en el marco del trabajo colaborativo con diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil de la región, instituciones de orden regional de Argentina, Brasil y Uruguay emitieron en los últimos días un posicionamiento, ponderando el sistema argentino como el ejemplo a seguir para un eventual reglamento técnico común sobre etiquetado frontal. Las organizaciones comprometidas con el derecho a la alimentación de distintos países del bloque estarán participando en calidad de observadoras en la próxima reunión del Subgrupo de Trabajo Nro.3, que se realizará en octubre, para seguir de cerca los avances de las decisiones.

Más información:

 

Contacto:

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

 

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Vuelve el podcast Exceso de Todo para hablar de desregulación, emergencia y soberanía alimentaria.

Desde Fundeps, Fundación Sanar y Anfibia Podcast lanzamos la segunda temporada de “Exceso de Todo”. El podcast, narrado por Soledad Barruti,  vuelve a poner el foco en el derecho a una alimentación saludable, en un contexto de retrocesos en la Ley de Etiquetado y emergencia alimentaria. Además, nos animamos a pensar en el futuro y hablamos de soberanía.  

Desde el 4 de septiembre está disponible la segunda temporada de Exceso de Todo. El pódcast que reveló que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es mucho más que los octógonos negros en los envases, regresa con nuevas preguntas: ¿Por qué una norma construida con evidencia científica, avalada por profesionales y aprobada con amplio consenso político, hoy enfrenta intentos de desregulación?

En la primera temporada, el podcast partió de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, para mostrar que la alimentación va mucho más allá del etiquetado. A lo largo de cinco episodios, abordó cómo comemos en Argentina, qué necesitamos para alimentarnos mejor y por qué no se trata solo de elecciones individuales.

En esta segunda entrega,  a través de tres episodios, la periodista Soledad Barruti revela cómo la industria alimentaria interfiere en la aplicación de la ley, el rol que cumple el Estado en este proceso y cómo la sociedad civil se está organizando para defenderla.

Además, vamos más a fondo, para pensar y repensar bajo qué lógica se reguló y se sigue regulando el sistema alimentario en Argentina. Hablar de lo que comemos, cómo se produce y cómo lo comemos, es urgente.

El primer episodio analiza los intentos de desregulación de la Ley de Etiquetado Frontal y las estrategias de la industria para debilitar su cumplimiento.

El segundo se adentra en las consecuencias sociales de vivir y crecer en emergencia alimentaria, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

El tercero propone mirar más allá de la urgencia y pensar en un nuevo paradigma: el de la soberanía alimentaria como horizonte para garantizar el acceso a alimentos frescos, saludables y sostenibles.

Escuchá el podcast acá 

 

Exceso De Todo es una producción original de Fundeps, Fundación Sanar y Anfibia Podcast.

 

Coordinación general: Natalia Arenas

Producción periodística y guión: Lucila Lopardo

Diseño de sonido: Mateo Corrá

Producción Ejecutiva: Tomás Pérez Vizzón

Comunicación: Vera Ferrari

Identidad visual e ilustraciones: Flora Buraschi

Administración: Ana Laura Fortuzzi

Dirección Revista Anfibia: Cristian Alarcón

Desde Fundeps seguimos trabajando para defender políticas públicas basadas en evidencia que protejan el derecho a la salud y garanticen una alimentación adecuada para todas las personas.

 

Contacto:

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

 

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Una ley para que Córdoba tome la posta de la alimentación saludable

Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley para ampliar y garantizar la plena implementación de la Ley de Etiquetado en Córdoba. Entre otras cosas, establece la prioridad de alimentos saludables en kioscos, comedores escolares y compras públicas para políticas alimentarias, como el PAICor. Con el impulso inicial de la legisladora Brenda Austin, la iniciativa cuenta con el apoyo de diferentes bloques legislativos. 

Este jueves 31 de julio, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley provincial de Promoción de la Alimentación Saludable que amplía y complementa la Ley Nacional de Etiquetado Frontal para garantizar su plena implementación en el territorio cordobés. Con el impulso inicial de la legisladora radical Brenda Austin, el proyecto ya cuenta con 22 firmas de representantes de 7 bloques legislativos y se espera que en los próximos días se sigan sumando adhesiones y aportes. Además, la iniciativa fue acompañada por diferentes organizaciones académicas y de la sociedad civil a nivel provincial, nacional y regional, en particular la Comunidad Latinoamericana y Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA) cuyo acompañamiento es fundamental para la construcción de entornos más saludables en Córdoba y en toda la región.

¿Por qué una ley de alimentación saludable provincial?

Desde octubre de 2021 está vigente en Argentina la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que protege los derechos constitucionales a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras. Fue aprobada por amplias mayorías parlamentarias y contó con el apoyo de más de 150 entidades científicas, académicas y de referentes de la salud de toda América Latina. Esta normativa de avanzada aborda la cuestión alimentaria desde una perspectiva integral y establece cuatro pilares fundamentales: el etiquetado de advertencia -los famosos sellos-; la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas; la promoción de entornos escolares saludables y las compras de alimentos por parte del Estado. La Ley 27.642 regula cuestiones de orden público y, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para todo el país; sin embargo, las políticas de promoción de la alimentación saludable que define, requieren que las provincias también hagan su parte.

Diez provincias ya dieron pasos importantes en este sentido. Según el Mapa Normativo de Argentina, la mayoría lo hizo mediante adhesiones simples a la ley nacional; sin embargo, provincias como Catamarca, Tierra del Fuego y Neuquén avanzaron con leyes provinciales que complementan, adecuan y mejoran la implementación de la norma nacional en sus territorios. Córdoba, tiene la oportunidad de contar con una normativa ejemplar, y transformarse en una de las provincias líderes en la protección  del derecho a la salud y a la alimentación adecuada de su población y, particularmente, de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como  niños, niñas y adolescentes.

La necesidad es urgente. El Análisis nacional sobre la situación alimentaria en barrios populares publicado en mayo de 2024, señaló que el 89% de los 5.357 hogares encuestados en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos y 19 provincias, padeció inseguridad alimentaria. Así mismo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2024, el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y casi la mitad de esta población padecía una situación de privación alimentaria grave. En este sentido, la Encuesta Rápida de Unicef 2024, determinó que más de la mitad de los hogares redujo el consumo de alimentos por falta de dinero, especialmente de frescos y saludables como frutas, verduras, carnes y lácteos. En Córdoba la situación no difiere. En febrero, un estudio interanual publicado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros, evidenció un deterioro significativo en la calidad nutricional de los hogares cordobeses, con un incremento en el consumo de alimentos económicos pero menos nutritivos, y una caída significativa en el consumo de hortalizas, frutas y carnes  afectando entre un 30 y 62% de los hogares encuestados. 

Esto agrava una situación ya preocupante, donde conviven la falta de nutrientes esenciales con la malnutrición por exceso de nutrientes críticos, lo que repercute en un avance de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en edades cada vez más tempranas y en sectores más vulnerables, representando la principal causa de muerte con un 73.4%.

¿Qué propone el proyecto presentado en Córdoba?

En ese escenario, el proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable, impulsado por Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba, busca que la provincia asuma un rol activo en el control y fiscalización del etiquetado frontal y de las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables. A su vez, amplía estas regulaciones a espacios bajo jurisdicción provincial y local. Además, fortalece los componentes de entornos escolares saludables y compras públicas de alimentos.

Respecto a la publicidad, el proyecto restringe el marketing de productos no saludables en los puntos de venta, como kioscos o supermercados, y en vía pública. También define qué se entiende por publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, subsanando una importante deficiencia de la normativa nacional. Así, el texto logra una mayor protección del derecho a la información y a la alimentación adecuada ante las estrategias de marketing que agresivamente incentivan la compra de productos que dañan la salud. 

En cuanto a los entornos escolares, el proyecto establece contenidos obligatorios de educación alimentaria en las escuelas y prevé capacitaciones para docentes, personal de cocina y toda la comunidad educativa. También dispone que los establecimientos educativos sean entornos libres de productos no saludables. Esto aplica tanto a los alimentos disponibles para la venta (kioscos y cantinas) como a la oferta del menú de los comedores escolares de gestión pública y privada. En este sentido, el proyecto formaliza un marco nutricional para las prestaciones alimentarias de PAICor, acorde a las recomendaciones nacionales, buscando garantizar una mayor oferta de alimentos saludables, como frutas, verduras y carnes, en todos sus sistemas de gestión. Además, se impulsa que parte de los alimentos frescos provengan de la agricultura familiar, campesina e indígena. 

Sobre compras públicas, el texto incorpora el criterio de la ley nacional y prioriza la compra de alimentos saludables en todo tipo de contrataciones y programas alimentarios, estableciendo un porcentaje mínimo de alimentos frescos. Prioridad que se torna absoluta si las personas destinatarias son niños, niñas y adolescentes. Esto cobra especial relevancia en la actualidad, en un contexto donde gran parte de los programas alimentarios, antes gestionados por el estado nacional, ahora se ven desplazados a las gestiones provinciales e incluso municipales. 

Otro punto fuerte de la normativa propuesta es la creación de un Observatorio de Alimentación Saludable con participación de la sociedad civil, para garantizar el monitoreo, transparencia y acceso a información pública sobre el cumplimiento de la ley y el estado de salud nutricional de la población.

Finalmente, es destacable que el proyecto reconoce el rol de las comunas y municipios en su implementación, de modo que las alienta a dictar las medidas necesarias que permitan garantizar los estándares propuestos.

Una oportunidad para toda la sociedad cordobesa

Esta propuesta de ley representa una oportunidad concreta para que Córdoba lidere a nivel nacional la protección integral del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras, en especial para niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Frente a una crisis alimentaria que se agrava, es urgente actuar con decisión para garantizar políticas públicas que prioricen la salud y el derecho a la información por sobre los intereses comerciales.

Desde Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba invitamos a legisladores y legisladoras, autoridades ejecutivas provinciales y municipales, organizaciones sociales, comunidades educativas y ciudadanía en general a acompañar este proyecto para que la alimentación saludable no sea un privilegio, sino una realidad en todas las mesas y escuelas cordobesas. Hoy, más que nunca, avanzar en una ley provincial de alimentación saludable es una necesidad impostergable.

 

Autora:

Nayla Palacios

Contacto: 

Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Emergencia alimentaria en las provincias argentinas

La crisis multidimensional y la creciente inseguridad alimentaria que atraviesa el país ha llevado a varias provincias a dictar normas locales de Emergencia Alimentaria. En este informe exploramos los alcances y límites de esta estrategia normativa en la búsqueda por aliviar las dificultades que enfrentan millones de argentinos y argentinas, así como su vinculación con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

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