Abortar es legal y acompañar también
A días del segundo aniversario de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ocurrió un nuevo episodio de persecución a la libertad reproductiva de las personas gestantes. Esta vez en la ciudad de Villa María, donde fueron detenidas 4 socorristas y una médica.
Allanamientos y detenciones arbitrarias
Durante la tarde del miércoles 21 de diciembre, dos integrantes de la organización Socorristas en Red y una profesional de la salud fueron detenidas luego de realizarse una serie de allanamientos, a solicitud del Ministerio Publico Fiscal, por el supuesto delito de ejercicio ilegal de la medicina, delito que, de acuerdo al Código Penal de la Nación (art. 208), es excarcelable. A su vez, dos personas más contaban con orden de detención pero no se encontraban en el país en el momento, motivo por el cual, a través de su abogado, se pusieron a disposición de la justicia y emprendieron el regreso al país. A pesar de ello, la fiscalía sin motivo alguno libró órdenes de captura que llevaron a que al momento de ingresar al país, en vísperas de navidad, fueran detenidas en Ezeiza.
En virtud del recurso que el abogado defensor presentó ante el Juzgado de Control, el día viernes 23 de Diciembre se dispuso la libertad de la profesional de la salud y el día lunes siguiente fueron liberadas las otras cuatro personas detenidas. Junto con el pedido de libertad realizado por el defensor, múltiples organizaciones de la sociedad civil se presentaron ante el Juzgado de manera espontánea manifestando su preocupación por la causa en un contexto en el que el acceso a la interrupción del embarazo es un derecho reconocido a nivel nacional, y en especial por el tipo de medidas adoptadas en el marco de la investigación penal, que resultaron claramente amedrentadoras y desproporcionadas.
Socorrismo es salud
Desde su nacimiento en el año 2012, Socorristas en Red se constituyó como una articulación de colectivas que, a lo largo de todo el país, brindan información y acompañan abiertamente a las personas que deciden interrumpir sus embarazos, para que lo hagan de manera segura y cuidada, en consonancia con la ley y los estándares internacionales de derechos humanos y de salud.
La práctica de las socorristas consiste en informar y acompañar las decisiones de quienes deciden abortar, a través de escuchas que alojan las necesidades y deseos de las personas que acuden a ellas. El socorrismo sostiene y exige la dignidad y la justicia de los abortos, sean autogestionados o en el sistema de salud. En su hacer cotidiano, realizan materiales propios con información sobre la práctica, campañas de comunicación y difusión de derechos, y sistematizaciones sobre los casos que acompañan. Su trabajo es público y visible, y tiene como objetivo trabajar por cambios culturales que colaboren con erradicar las vergüenza, los miedos, y los estigmas en torno a los abortos, para que sean práctica libres y cuidadas.
En el marco de la Ley 27.610, la entrega de información y el acompañamiento en el proceso de interrupción del embarazo que lleva adelante el socorrismo es legal y no debe ser sancionado. Tal es así, que a nivel internacional se reconoce que el acompañamiento comunitario para el tránsito por las interrupciones del embarazo es de gran importancia para mejorar la seguridad, efectividad y la experiencia individual de ese proceso.
Aborto legal en el hospital y en cualquier lugar
Desde la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto en diciembre del año 2020, decidir la interrupción del embarazo de manera libre es un derecho de todas las personas con capacidad de gestar. La ley reconoce también el derecho a requerir y acceder a la atención de esta práctica en los servicios del sistema de salud. Por lo tanto, todo el personal de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo, sin perjuicio de que estas prácticas puedan realizarse de forma autogestionada.
Según el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), el modelo de atención centrado en las personas que adopta la Ley 27.610 reconoce la realización de las interrupciones del embarazo con asistencia de personal de salud y autogestionadas. Las prácticas autogestionadas se consideran seguras por la Organización Mundial de la Salud (OMS) si se realizan con la información adecuada y los métodos indicados de acuerdo con la edad gestacional y los antecedentes clínicos de la persona gestante. De esta forma se tienen en cuenta las preferencias y aspiraciones individuales de las personas usuarias de los servicios y se consideran las prácticas y valores culturales de sus comunidades.
Estas prácticas autogestionadas se realizan a través del uso de medicamentos, como el misoprostol solo o combinado con mifepristona. La práctica extendida y numerosas investigaciones han demostrado que la realización del procedimiento medicamentoso en forma ambulatoria y autogestionado es una opción segura y eficaz. Asimismo, es elegida por muchas mujeres u otras personas con capacidad de gestar, porque les permite iniciar el proceso de interrupción en el momento y lugar en que les resulte más cómodo y les brinde mayor tranquilidad.
A la clandestinidad no volvemos
A 2 años de la sanción de la Ley 27.610, que abandonó el paradigma criminal, y reconoció el derecho de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar a interrumpir sus embarazos, repudiamos esta ofensiva judicial, que se suma a una serie de estrategias que son implementadas por sectores conservadores para oponerse a los derechos conquistados. Exigimos que la investigación penal continúe conforme a los principios que rigen en materia de derechos humanos y considerando el impacto que tiene esta causa en el acceso a un servicio de salud fundamental. La persecución de quienes acompañan abortos profundiza el estigma sobre la práctica, perpetúa estereotipos y pone en peligro el acceso al derecho a la salud.
Apoyos de la sociedad civil
El lunes 26 de diciembre, cerca de 50 organizaciones sociales se presentaron ante el Juzgado de Control para expresar su preocupación frente a la privación de la libertad de las 4 socorristas que continuaban detenidas: Amnistía Internacional Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), MxM, Fundación ECoS Espacio Córdoba Salud, Consorcio Latinoamerciano en Contra del Aborto Inseguro (CLACAI), Biblioteca Popular Julio Cortázar/ Radio Comunitaria La Quinta Pata, Fundación GEMA – Género y Masculinidad, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos – Surkuna, Centro de Derechos Reproductivos, Movimiento Campesino de Córdoba, Consultorio de Salud Integral, Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL), La Tinta, Ni Una Menos, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Siglo 21, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género (Fundheg), Movimiento Socialista y del Trabajo (MST), Unión de Trabajadores de Salud, Cooperativa Luna Nueva, Cooperativa Soberanía alimentaria, Cooperativa Podemos, Cooperativa Construyendo Dignidad, Cooperativa Macollando, Asociacion Civil Construyendo Dignidad, Asociación Cordobesa de Medicina Familiar y General (A.C.O.M.F.Y.G), Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba, Observatorio de Género, Diversidades y Disidencias CPP, Tierra Violeta, REDAAS, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), Fundación Huésped, FUSA A.C., Colectivo de Educadorxs Desde el Sur, Lesbodramas, Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros de Misiones, Adultxs Protectorxs contra el Abuso Sexual en la Infancia, Docentes por el derecho al Aborto. Misiones, Ñanduti Agrupación Feminista de El Dorado, Colectiva feministas Las Azucenas (La Plata), Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Autoras
Luz Baretta
Mayca Balaguer
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
