Así surge de un estudio realizado por FIC Argentina. Según este trabajo, el 87% de los productos estudiados tiene exceso de al menos un componente crítico, como azúcar, grasas o sodio.

La obesidad avanza a gran velocidad y en Argentina el aumento se está dando en forma alarmante también entre los niños. Nuestro país tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en niños menores de 5 años de la región, con un 10% de niños con exceso de peso. Por eso hay cierta urgencia para adoptar medidas para intentar detener la epidemia de obesidad, que alcanza a gran parte del mundo.

Con estos datos presentes, la Federación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Universidad Católica de Santa Fe, realizaron un estudio para analizar el rotulado y las estrategias de marketing de tres grupos de alimentos que son muy consumidos entre los chicos: galletitas dulces, cereales y postres. Entre mayo de 2016 y mayo de 2017 se analizaron 301 productos de esas tres categorías. El trabajo incluyó a todos los productos de estas categorías que se encontraron una sucursal de una cadena de supermercados.

Para evaluarlo, los investigadores tomaron como referencia del perfil de nutrientes propuesto por la Organización Panamericana de la Salud, que analiza la calidad nutricional de los alimentos tomando tres parámetros: niveles de sodio, azúcares libres y grasas –saturadas y trans-. Y concluyeron que el 87% de los cereales de desayuno, los postres y las galletitas dulces contienen una cantidad de excesiva de uno o más nutrientes críticos como sodio, azúcares libres o grasas.

También encontraron que muchos productos ofrecen mensajes confusos: 4 de cada 10 productos presentaban mensajes de nutrición, por ejemplo, “fuente de vitaminas y minerales”, “50% de calcio diario recomendado” o “reducido en calorías”. Estos mensajes son incorporados como un valor positivo del producto, y puede llevar a que los consumidores los identifiquen como saludables.

“Hoy la discusión para por promover un etiquetado frontal, que es el que creemos que se debería impulsar, y que esté formulado de forma tal que lo pueda entender un niño. Que sea información que pueda entender alguien que no sepa de nutrición, que la información no requiera interpretación. Todas las estrategias de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles deben tener esta perspectiva”, explicó a Clarín Lorena Allemandi, directora del área de alimentación saludable de la FIC.

El trabajo también evaluó las técnicas de marketing utilizadas para atraer a los niños, más allá de los mensajes de nutrición que contenían. El 32% de los productos utilizaba personajes en sus envases. El 9% contenía regalos. El 6% traía envases coleccionables. Y un 5% contenían juegos.

“Argentina necesita un sistema de etiquetado frontal claro, que se regule este tipo de mensajes cuando el mensaje no cumple con estándares de salud pública y que se regule el publicidad”, añade Allemandi.

Hasta el momento, Argentina ha logrado avanzar con dos leyes, la de reducción de sodio y la eliminación de las grasas trans. “Tenemos una historia en haber logrado cambios con el sodio y las grasas trans a partir de acuerdos que primero hizo con la industria para reducirlos en los alimentos, y luego esos acuerdos avanzaron en sus respectivas leyes. Son pocos los países el mundo que han podido hacer ese recorrido”, explica el doctor Alberto Cormillot, especialista en nutrición. Para el médico, uno de los problemas es que para avanzar en una ley de etiquetado, primero es necesario establecer el corte para cada uno de los componentes críticos. “Debemos definir qué es alto, y eso es algo que también se debe consensuar, como hizo Chile. La política de alimentación de un país tiene que ser tan seria como la política monetaria”, agregó.

“La obesidad en Argentina está creciendo, tanto en adultos como en niños y adolescentes. En adultos, sobrepeso y obesidad, está casi en un 60%. Y en niños Argentina ocupa uno de los lugares más importantes de la región. Estamos hablando de un problema importante”, explica a Clarín el doctor Sebastián Laspiur, consultor en enfermedades no transmisibles de la OPS en Argentina. “Este no es un problema sólo de conciencia individual, la culpa no la tiene el obeso o la familia en forma completa, si no que hay un ambiente obesogénico, que tiende a aumentar la obesidad”, advierte el especialista.

Entre los factores que más inciden en ese ambiente obesogénico, identifica “la publicidad de alimentos ultraprocesados con altas cantidades de sodio, grasas y azúcares, que además tienen bajo poder de saciedad y que en muchos casos son casi adictivos. Estos alimentos están desplazando a los alimentos verdaderos, como carnes, legumbres, frutas y verduras. Todo esto hace que el patrón alimentario haya cambiado en los últimos 20 años, con una fuerte aceleración en estos últimos años”, dice Laspiur.

El consumo en el mercado argentino

Según datos de la consultora Kantar Worldpanel, en el segundo trimestre de este año 12 millones de hogares argentinos consumieron galletitas, con un promedio de 6,11 kilos por hogar en esos tres meses. Las más elegidas fueron las galletitas dulces secas y las crackers. En cuanto a la población que las consume, el 40% de los hogares que compraron galletitas tienen hijos de hasta 12 años.

En cuanto a los postres, en el segundo trimestre fueron comprados por 28% de los hogares, según la misma consultora, con un promedio de 1,22 kilos por hogar.

Fuente: Clarín

En el día de hoy el juzgado que lleva adelante la causa Potrerillo de Larreta contra Provincia, realizó una inspección ocular en el arroyo Los Paredones, en el tramo que se encuentra alambrado por el barrio privado Potrerillo de Larreta. Según manifestantes de Todos por Nuestros Arroyos, no hubo representantes de la Provincia. Con los alegatos presentados, resta poco para la resolución de la cuestión de fondo, que permitirá saber si el arroyo podrá volver a ser de uso de toda la ciudadanía.

Durante la mañana del viernes 23, autoridades judiciales realizaron una inspección ocular en Potrerillo de Larreta. La acción se llevó a cabo por el juicio que el country le inició a la Provincia debido a que ésta removió los alambres que el barrio privado colocó sobre el arroyo Los Paredones.

“Esta era una última instancia antes de resolver la cuestión de fondo”, informaron desde Todos por Nuestros Arroyos, que presenciaron la inspección. Además de la jueza Graciela Vigilanti, hubo abogados del barrio privado y representantes de Fundeps, la Fundación de profesionales cordobesa que asesora al colectivo social en materia jurídica en el caso. Asimismo, no hubo presencia de abogados de la Provincia, que es la parte acusada.

También hubo presencia policial, que según se supo, fue convocada “para evitar cualquier tipo de disturbio”. “En esta instancia se resuelve el fondo, que es alambrado sí o alambrado no. Si hay otras irregularidades que presentar más allá del alambrado, podemos presentar en apelación”, informaron desde el colectivo social. Los integrantes del colectivo social esperaron fuera del barrio privado mientras se hacía la inspección en el interior, donde se encuentra alambrado el espacio público.

Situación judicial

El juicio sobre el que se resolverá la cuestión de fondo fue iniciado por Potrerillo de Larreta después de que la Provincia actuara de oficio y removiera los alambres con los que tenía cercado el paso al espacio público.

Luego de pasar por distintas cámaras y llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, la causa llegó a manos del Juzgado que encabeza Graciela Vigilanti. Allí participa como tercero interesado la Municipalidad quien aportó entre sus alegatos finales pruebas producto de la investigación de Todos por Nuestros Arroyos y la organización social que es representada por Fundeps.

Durante el conflicto político judicial, en distintos momentos se removieron los alambres y se volvieron a colocar producto de medidas cautelares otorgadas a Potrerillo de Larreta. Mientras tanto el Municipio jugó un papel ambiguo, ya que si bien presentó pruebas para la liberación del arroyo, en figura del intendente Facundo Torres nunca se expresó públicamente y hasta participó de “eventos sociales” organizados por el country en pleno conflicto judicial.

Ahora, resta poco para que se resuelva la cuestión de fondo, aunque según trascendidos, la estrategia de una de las partes es “sacar la causa” de Alta Gracia y llevarla a otra jurisdicción.

Fuente: Diario Tortuga

La iniciativa busca salvar las lagunas que dejó la ley antitabaco sancionada en 2011. Esa norma se burla en los quioscos, donde se usan cajas de cigarrillos enmarcadas porque no les permiten usar avisos que puedan verse desde el exterior de los locales.

Un proyecto de ley presentado el miércoles 31 de mayo en la Legislatura cordobesa busca evitar que tabacaleras burlen la ley de promoción de cigarrillos con estrategias habituales, como la de colocar varias y enmarcarlas o distribuirlas en estanterías que las hagan visibles desde fuera de los locales.

La iniciativa,impulsada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustantentables (Fundeps), y presentada por el presidente de la Comisión de Salud de la Unicameral, Daniel Passerini, declara la prohibición de exhibir todo producto de tabaco como forma de incentivar su consumo.

El proyecto es breve, porque busca salvar las lagunas que dejó el decreto reglamentario de la ley antitabaco 26.687.

Esa norma, sancionada en 2011, prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. El decreto reglamentario 602/2013 la complementa al determinar qué acciones quedan comprendidas en la prohibición, como la promoción en vía pública y en espacios de uso público, en la vía aérea, en medios de comunicación gráficos y audiovisuales, en Internet u otros medios digitales.

El artículo 6 de la ley establece las excepciones: permite anuncios en puntos de venta, en publicaciones de empresas del sector o a través de comunicación directa, previo consentimiento y verificación de la mayoría de edad de los posibles receptores.

El decreto contempló las condiciones que debía cumplir la publicidad en punto de venta: no debe medir más de 30 x 30 centímetros, debe ser estática, tener dos dimensiones, no ser luminosa ni verse desde el exterior y tiene que estar acompañada del mensaje sanitario correspondiente.

Lo que en forma flagrante se viola actualmente es la restricción relacionada con la visibilidad desde el exterior y el uso de luz para destacar las cajetillas.

Un relevamiento de Fundeps detectó que siete de cada 10 kioscos en Córdoba utiliza estrategias promocionales de productos de tabacoy, de ellos, nueve de cada 10 lo hacen de forma tal que resulta visible desde el exterior. Asimismo, comprobó que en todos los kioscos relevados hay estanterías para organizar los atados de cigarrillos, de las cuales, el 85 por ciento son visibles desde el exterior del punto de venta.

Proyecto de ley

El primer artículo del proyecto de ley de Passerini define como publicidad o promoción «toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial, con el fin, el efecto, o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el consumo de tabaco. En tanto, describe que la exhibición de tabaco consiste en «toda forma de exposición de productos elaborados con tabaco que permita su visibilidad».

El segundo es el que busca impedir la promoción directa o indirecta de los productos del tabaco.

Fuente: La Voz

Según una encuesta en Chacras de la Merced, es el principal problema para los vecinos que viven aguas abajo de la planta. El 80 por ciento considera que funciona mal y el 83 por ciento está intranquilo por la situación ambiental en el sector.

La mayoría de los vecinos que viven aguas abajo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande considera que el problema más preocupante y de urgente solución es la contaminación que provoca el mal funcionamiento de la planta.

El dato surge de una encuesta realizada a 53 de las 120 familias que viven en barrio Chacras de la Merced, en el extremo este de la ciudad de Córdoba. El relevamiento lo realizó la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).

Juan Carballo, director ejecutivo de la fundación, explicó que se buscó la opinión de los vecinos de la zona, muy impactada por los volcamientos de Edar.

A esa planta llegan todos los efluentes cloacales que, desde hace años, se arrojan al río Suquía con deficiencias en el tratamiento. En esa zona de la ciudad, es frecuente la presencia de olor fétido y el Suquía se asemeja a una cloaca a cielo abierto. La encuesta fue en diciembre y los datos se terminaron de procesar en marzo.

Del total de las 53 familias encuestadas, 34 (el 64 por ciento) de ellas otorgaron el número uno de prioridad y urgencia a la contaminación provocada por Bajo Grande. Los basurales a cielo abierto ocuparon un segundo lugar, con el 37,7 por ciento de respuestas.

El 83 por ciento de las familias no se sienten tranquilas con la situación ambiental del barrio.

Para la mayoría de los habitantes (el 75 por ciento), la principal preocupación es la contaminación del río que produce Edar.

En tanto, el 45 por ciento de los vecinos considera que la contaminación del aire es una preocupación primordial, mientras que el 26 por ciento considera que es la del suelo, y ponen como causa a la planta de Bajo Grande.

El funcionamiento

Si bien la mayoría de los vecinos (el 59 por ciento) no conoce sobre el trabajo y funcionamiento de la Edar, el 80 por ciento considera que no anda correctamente.

Sobre los efectos directos del mal funcionamiento, el 46,5 por ciento considera que es la contaminación del Suquía y el 42 por ciento cree que son los problemas de salud.

En este punto, el 69 por ciento aseguró haber padecido alguno de los síntomas listados: 28 por ciento diarrea; 49 por ciento fiebre y vómitos; 54 por ciento dolor abdominal; 13,5 por ciento tuvo sangrado en la materia fecal; 43 por ciento debilidad o fatiga; 16 por ciento anemia; 35 por ciento problemas respiratorios; 32 por ciento erupciones cutáneas; y 40 por ciento infecciones en la piel.

El 77 por ciento fue visto por un médico tras los síntomas y el 78 por ciento recibió un diagnóstico de lo sucedido, que en su mayoría estuvo relacionado a gastroenteritis o alergia.

“Es clave mencionar la imposibilidad de probar la causalidad de la contaminación generada por la planta y la sintomatología que presentan gran parte de los vecinos del barrio. Empero es necesario estar atentos al estado generalizado de salud del barrio, el cual incluye un gran porcentaje de problemas gastrointestinales”, advierte el estudio.

Finalmente, la encuesta detectó falta de conocimiento sobre la ampliación de Edar, aunque cree que mejorará la situación. Y consideran que debe haber instancias de control ciudadano.

Qué es Edar. Los primeros informes sobre la falta de tratamiento de los líquidos cloacales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande se remontan a 1998. Las conexiones residenciales a la red cloacal sumaban 165 mil y la planta de tratamiento de líquidos cloacales ya estaba sobrepasada en su capacidad. La Edar, inaugurada en 1987, había sido planificada para 77 mil conexiones. En 2011, se habilitó una ampliación de la planta, pero sigue contaminando.

Fuente: La Voz del Interior

Presentó hoy el documento en Tribunales I. Diversas organizaciones se expidieron sobre el tema en la semana.

Ayer, el CeProDH acompañado por estudiantes de derecho y la legisladora del PTS-FIT, Laura Vilches, presentaron el documento en la causa «Portal de Belén c. Superior Gobierno de la provincia de Córdoba», que mantiene frenada la aplicación del protocolo no punible en Córdoba desde hace 4 años. Esto sucede a pesar de la adhesión de la provincia y la resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al mismo (fallo F.A.L).

La presentación efectuada, además, lleva la firma de la diputada nacional por el PTS-FIT Myriam Bregman. Los argumentos que presentó el Ce.Pro.D.H apuntan a que se aplique de manera inmediata el protocolo de aborto no punible en los hospitales públicos de la provincia de Córdoba. Señalan que ilegalmente el mismo no se está aplicando, cuando si bien existe un fallo de la Cámara III que le hizo lugar al planteo del Portal de Belén, ese fallo está recurrido en casación hace más de dos años. Por ello, legalmente deberían encontrarse suspendidos los efectos hasta tanto no resuelva el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y por ende el protocolo debe aplicarse.

En tal sentido, Leticia Celli, abogada del Ce.Pro.D.H., quien fuera abogada del resonante caso de Elizabet Díaz en la provincia explicó que “planteamos los argumentos para que no se le haga lugar al planteo del Portal de Belén, pues se están violando derechos humanos fundamentales de las mujeres, como lo han expuesto incluso organismos internacionales, además, exigimos que urgentemente la provincia cese con la violación de las leyes, pues le están adjudicando efectos al fallo que no tiene -porque se encuentra recurrido- para no aplicar el protocolo en los hospitales, mientras cientos de mujeres siguen muriendo por las consecuencias de abortos clandestinos o debiendo asumir un embarazo no deseado.

Entendemos que es imprescindible que una mujer violada o con riesgo en su salud pueda acudir a un hospital público a hacerse un aborto. La única forma de terminar con el maltrato de las mujeres por parte de las instituciones del Estado es que el aborto sea legal, seguro y gratuito». El Frente de Izquierda (PTS), a través de la legisladora Laura Vilches ha solicitado en numerosas oportunidades una respuesta clara sobre la suspensión de la aplicación del protocolo de aborto no punible.

El Ministerio de Salud, a cargo de Fortuna, no respondió con suficiencia, lo que llevó a un intenso debate en el recinto de la Unicameral en el mes de abril cuando la suspensión de la guía cumplió 4 años. Vilches, luego de la presentación, declaró a los medios “que es inaceptable que la provincia se haga la desentendida con su actuar ilegal, mientras instituciones retrógradas utilizan embrollos judiciales para negarle derechos elementales a las mujeres. Esta pelea es parte de la exigencia que junto a mi compañera, la diputada Myriam Bregman venimos haciendo por la libertad de Belén -una joven tucumana condenada a 8 años de cárcel en una causa armada, para disciplinarnos a todas, por un aborto espontáneo-, a la par que seguimos reclamando que se legalice el derecho al aborto para evitar la clandestinidad que atenta contra la vida, la salud y la libertad de las mujeres”. Luego agregó que “estas demandas, serán parte de la lucha contra la violencia machista que llevaremos otra vez a las calles el próximo 3 de Junio bajo el grito de #NiUnaMenos».

Amplia concurrencia en defensa del aborto no punible El pasado jueves organizaciones de la sociedad civil y personas expertas brindaron en conferencia de prensa testimonio de las presentaciones judiciales (realizadas bajo la figura de Amicus Curiae) ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. Cabe remarcar que la presentación del Amicus Curiae también ha recibido el apoyo de organizaciones y personalidades a nivel nacional e internacional. Durante el transcurso del intercambio, estuvieron presentes, el Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Diego Tatián; referentes de los Colegios de Profesionales de Servicio Social (María Angélica Paviolo) y del Colegio de Psicólogos (Héctor Valenzuela); Oscar Atienza, médico y docente de la Facultad de Medicina de la UNC; Cecilia Merchán de La Colectiva; Mayca Balaguer por FUNDEPS; el Cuerpo de Abogadas Feministas (CAF); la Asociación Pensamiento Penal; Rafael Ortiz, Asesor letrado penal del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba; representantes de los profesionales de la salud comprometidos con esta causa, Ana Morillo y Mariela Lario; la Fundación ECOS; Luciana Echevarría, MST – Juntas y a la izquierda; representantes de la Red PAR Córdoba y el Centro Mozé. También, los legisladores Liliana Montero y Martín Fresneda. En el caso de Filosofía y Humanidades, el proyecto fue impulsado y presentado por Tesis XI (PTS e independientes) en el consejo directivo de la facultad donde fue aprobado por unanimidad.

En el marco de la conferencia, se destacó la importancia del trabajo coordinado que han supuesto estas presentaciones y la mirada diversa que aportan sobre la temática los diferentes espacios y sectores. Asimismo, se intercambiaron perspectivas acerca de posibles estrategias para la remoción de las trabas que impiden el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. A su vez, la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina comentó algunos resultados del monitoreo social efectuado en centros de salud de la Provincia, que dan cuenta de la heterogeneidad existente en el acceso a la información y el desconocimiento en términos de los marcos normativos en torno al aborto, tanto de profesionales de la salud como de usuarias de los servicios.

Fuente: La Izquierda Diario