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Andrea Repetto Vargas inició funciones como nueva directora del MICI

Andrea Repetto ha sido nombrada por el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) para el periodo 2021–2026 e inició funciones el pasado 16 de marzo de 2021.

El pasado 5 de febrero, el BID comunicó el nombramiento de la chilena Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI para el periodo 2021–2026.  Repetto Vargas  es abogada y cuenta con más de 15 años de experiencia en  mecanismos de rendición de cuentas, promoción de derechos humanos y mediación. Fue Especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabajó como especialista en resolución de conflictos para la CAO, el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial. También ha dirigido procesos de mediación y diálogo para abordar complejos problemas de proyectos ambientales y sociales en América Latina y África del Oeste. 

Al asumir el cargo el pasado 16 de marzo, Repetto Vargas manifestó su compromiso de trabajar por un MICI «aún más abierto a todas las personas y comunidades de la región que nos necesiten» enfatizando su voluntad de «potenciar el aprendizaje institucional, que permita aportar aún más valor a la institución y reforzar así la rendición de cuentas y la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos del Grupo BID». A su vez, destacó el trabajo realizado por la directora saliente, Victoria Márquez-Mees, y de todo su equipo señalando que permitió robustecer el Mecanismo y posicionarlo como referente. 

Desde Fundeps saludamos la designación de Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI y esperamos que esta elección permita continuar el proceso de fortalecimiento y difusión del Mecanismo que ha venido teniendo lugar desde su creación en 2010.

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  • Julieta Boretti

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Argentina busca acordar con China plan de inversión por 30 mil millones de dólares

En vísperas del próximo viaje a China, el gobierno de Argentina negocia acuerdos de inversión en infraestructura por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará al Presidente de China, Xi Jinping, el próximo 5 de mayo. Uno de los ejes troncales del encuentro serán las negociaciones por el ingreso de la nación sudamericana al proyecto de la Ruta de la Seda y el desembarco de la tecnología 5G de la mano de Huawei. Además, se espera que se discutan otros acuerdos importantes para la relación bilateral como la ampliación del parque Caucharí de energía solar en Jujuy, proyectos de infraestructura, ganadería, inversiones y financiamiento.

Tras un 2020 caracterizado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del covid-19, el gobierno argentino avanza en acuerdos de inversión con China por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares. Argentina tiene en lista 15 proyectos de infraestructura para presentarle a China. Estos acuerdos revisten gran importancia para el gobierno nacional, principalmente, en vistas a la necesaria reactivación de la economía argentina. 

Los proyectos que Argentina da prioridad para la inversión proveniente de China son el plan de rehabilitación del sistema Ferroviario San Martín, mejoras en la línea del Ferrocarril Roca, obras de infraestructura en el ferrocarril Mitre y Urquiza, la redefinición de la red ferroviaria Belgrano Cargas y la incorporación de material rodante para pasajeros. En paralelo se discute la instalación de granjas porcinas inteligentes. Se calcula que el valor de la inversión rondaría los 3800 millones de dólares por un plazo de cuatro años, además del objetivo de producir 882 mil toneladas de carne por un valor de 2500 millones de dólares. 

Asimismo, se discute el desembarco de inversiones chinas en la minería, especialmente en la producción de cobre y litio en el norte argentino. Respecto al litio, Argentina firmó un acuerdo con Jiangsu Jiankang Automobile (JJA) para la producción de vehículos y baterías en el país. En el listado de proyectos se agregan la remodelación del puente Chaco-Corrientes, la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras, corredores viales y el desarrollo de un polo logístico en Tierra del Fuego. 

Respecto a las inversiones en energía, el presidente tiene en carpeta cinco obras troncales que requieren de grandes inversiones que pedirá al gigante asiático. Este plan elaborado por el Secretario de Energía, Darío Martinez, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, se destaca por la no inclusión de una de las obras más reclamadas por China: la construcción de la cuarta central nuclear en el país con tecnología china. Este plan de obras incluye la construcción del gasoducto del sur, la red eléctrica en AMBA, red eléctrica en la Patagonia, el gasoducto de la mesopotamia y la construcción de una central térmica. 

La construcción de la cuarta central nuclear empezó a moldearse durante el gobierno de Cristina Fernández por un valor de 12 mil millones de dólares. Con Mauricio Macri en el poder se logró bajar el costo a los 9 mil millones. No obstante, con la crisis económica y la derrota electoral de Macri el proyecto se paralizó. El arribo de Alberto Fernandez significó para China la posibilidad de discutir la concreción del proyecto. Otra obra que no aparece en este plan es la construcción de la represa hidroeléctrica de Chihuido en Neuquén. Esta obra reclamada por Rusia y China quedaría en manos de Alemania.

A un año del inicio de la pandemia en Argentina y las medidas que se han adoptado para actuar en consecuencia, el vínculo con China se ha profundizado. El mercado chino se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de carne bovina provenientes de Argentina. El comercio bilateral entre ambos países, que en el 2000 rondaba los 2 mil millones de dólares, cerró en el año 2019 en un valor cercano a los 16300 millones de dólares, con exportaciones argentinas por 7 mil millones de dólares e importaciones por 9 mil millones de dólares. Además, el gobierno argentino cerró un acuerdo con la empresa farmacéutica Sinopharm a principios de febrero para el envío de un 1 millón de dosis y se espera el arribo de otras 3 millones de dosis a finales de marzo.  

  Se espera que este nuevo impulso a la relación con China, sea estratégico, comercialmente equilibrado y que esté acompañado de la necesaria responsabilidad en materia ambiental y social.

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Autor

Mariano Camoletto 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Se realizó la Asamblea Anual 2021 de Gobernadores del BID y del BID Invest

Entre los días 17 y 21 de marzo se realizó, virtualmente,  la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Distintos líderes económicos y financieros de los países miembros y del sector privado, debatieron sobre la pandemia y la recuperación económica de América Latina y el Caribe.

Cada año, el BID celebra su Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores en uno de los países miembros. Este año, la Asamblea se realizó en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y su agenda estuvo atravesada por dos temas centrales: la recuperación económica de América Latina y el Caribe frente a la crisis ocasionada por la pandemia, y la capitalización del Banco.

En primer lugar, el presidente del Banco, Mauricio Claver-Carone, afirmó el compromiso del BID en ayudar a los países a recuperarse de la actual crisis económica, reafirmando el apoyo a las necesidades de financiamiento de los gobiernos y a la asistencia para el acceso y negociación en la compra de vacunas. En base a esto, Claver-Carone apuesta por impulsar la agenda que el Banco bautizó como “Visión 2025”: reinvertir en las Américas, una década de oportunidades”.

Dicha agenda establece cinco áreas en las que el BID se enfocará en nuestra región. Estas áreas son: la integración regional, el fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la economía digital y la priorización de las respuestas a cuestiones de género y cambio climático.

Por otro lado, Claver-Carone hizo hincapié en el trabajo del Grupo BID durante  el 2020, que en respuesta a la emergencia del COVID-19, aprobó préstamos por casi US$24.000 millones, tanto a empresas como a gobiernos, alcanzando niveles récord en el otorgamiento de préstamos. Frente a esto, el presidente se refirió a la capitalización del Banco: “Les pido que reinviertan en nosotros para que podamos reinvertir decididamente en la región (…) La región tendrá un socio comprometido para ayudar a los países a enfrentar estos desafíos históricos y estar bien equipados con los recursos financieros necesarios para marcar una gran diferencia”.

La Asamblea aprobó entonces una resolución que autoriza el trabajo necesario para considerar un potencial aumento de capital de alrededor de US$80.000 millones. Este monto fue autorizado por el Senado de Estados Unidos y  fue descrito por el presidente del Banco como “la capitalización más grande de su historia”. La capitalización es un proceso que aumentará el grado de solvencia y de capacidad de otorgamiento de préstamos del BID. Mediante ésta el capital del Banco se revalorizará y le permitirá hacer frente a su necesidad de atender los problemas de financiamiento de la región.

Por último, Claver-Carone se refirió a la necesidad de la participación de las mujeres en el mercado laboral para impulsar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe y dio a conocer nuevos aportes para la región amazónica entre Colombia y Brasil para promover el desarrollo sostenible a través de un enfoque ambientalista.

Sin dudas, la Asamblea de este año nos deja un claro pronóstico de lo que será el accionar del Grupo BID en nuestra región, atravesado por las necesidades generadas por la pandemia, por una nueva presidencia del Banco y por nuevas agendas a implementar, respaldadas por la nueva capitalización. En ese sentido, vale destacar que este proceso de capitalización debería venir acompañado de una serie de necesarias reformas internas a nivel institucional, que aseguren de manera efectiva una mayor transparencia y protección de derechos sociales y ambientales en los proyectos financiados por el Banco o sus clientes. 

A su vez, se debería fortalecer el proceso de participación ciudadana y de relacionamiento con la sociedad civil. La forma en que están estructurados y planteados espacios como la propia Asamblea de Gobernadores, por ejemplo, reflejan la poca predisposición del Banco a plantear espacios efectivos de intercambio y diálogo con la sociedad civil y las comunidades afectadas. Esperamos que estos sean algunos de los puntos a revisar por parte del Banco en vistas a una eventual capitalización.

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Autora

  • Sofía Armando 

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El BID Invest presentó una versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad

A través de una sesión virtual, el pasado 25 de febrero el BID Invest presentó la última versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. El documento resulta clave para alcanzar una correcta y efectiva implementación de la política aprobada en abril de 2020 y que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Tras ser aprobada por el Directorio Ejecutivo el 10 de abril de 2020, el pasado 15 de diciembre entró en vigencia la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. La última versión revisada del Manual de Implementación para dicha política  fue presentada el 25 de febrero a través de una sesión virtual en la que participaron más de 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Manual de Implementación se sustenta en el Marco de Sostenibilidad del Banco compuesta por las Política de Sostenibilidad y las políticas y normas que la acompañan como la Política de Acceso a la Información, las Normas Desempeño de la CFI, la Política del MICI, entre otros. El propósito de este Manual es orientar a clientes en su accionar de acuerdo a los diferentes factores y entornos que pueden presentarse, teniendo en cuenta los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad del BID Invest. También, el Manual aborda de manera general, las actividades que contempla el ciclo de un proyecto y los mecanismos de rendición de cuentas a los que las personas y comunidades pueden acceder en caso de que el proyecto las afecte. 

Por otra parte, contempla los factores de riesgo que se pueden presentar o que ya se presentan en el entorno donde se realiza el proyecto. Entre los temas y  factores de riesgo que el Manual menciona se encuentran los grupos vulnerables, derechos humanos, la inclusión y participación de las partes interesadas en el proyecto, condiciones laborales, entre otros. 

Un avance importante es la incorporación de la Lista de Exclusión que enumera las actividades que el BID Invest no financiará por los efectos adversos ambientales y sociales. 

Sin embargo, la aplicación del Manual no es obligatoria para el Banco o para sus clientes ya que  se constituye más bien en una hoja de ruta que contempla los requisitos del Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social, y las buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas que sus clientes pueden o no aplicar. Además, si bien aborda las opciones con las que cuenta el Banco en caso de incumplimiento de la Política de Sostenibilidad por parte de sus clientes, hay poca precisión respecto a la forma y los requisitos en los que se aplicarían dichas opciones.

De esta forma, resta por verse si este manual termina resultando realmente efectivo para llenar los vacíos que ha dejado la Política de Sostenibilidad en vigencia. Para ello resultará clave no solo un fuerte compromiso por parte del Banco y sus clientes, sino también un trabajo de monitoreo y seguimiento a la efectiva implementación de la política por parte de la sociedad civil.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Seria falta de transparencia en el banco de desarrollo FMO

El banco de desarrollo holandés FMO no es lo suficientemente transparente sobre los proyectos que financia y, de esta forma, actúa en contra de su mandato. Esto se hace evidente en un nuevo informe publicado por International Accountability Project (IAP)  y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sostenibles (Fundeps), respaldado por 28 organizaciones, incluidas Both ENDS, SOMO y Oxfam Novib. La investigación evalúa las prácticas de divulgación y acceso a la información del FMO para las inversiones propuestas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Solo en el 25% de los casos se divulgaron las posibles consecuencias negativas que tendría una inversión del FMO para las personas y el medio ambiente.

 “Si se tala el bosque cercano a tu aldea para construir una plantación de palma aceitera, o si hay una gran presa en el río de la que dependes para obtener agua y peces, necesitas tener acceso a información para defender tus intereses y tener voz en la toma de decisiones ”, dice Anne de Jonghe de Both ENDS. “Tienes derecho a conocer los costos y beneficios para tu comunidad, antes de que puedas considerar qué es lo mejor para ustedes. Como inversionista, el FMO comparte la responsabilidad de esta provisión de información, pero desafortunadamente se queda muy corta en esto».

Operar con dinero público

La respuesta del FMO al informe muestra que el propio banco cree que la responsabilidad de hacer pública la información y los posibles efectos negativos de las inversiones en las personas y el medio ambiente recaen en los desarrolladores del proyecto y sus clientes. Sin embargo, como banco de desarrollo que se financia en gran medida con dinero público, el FMO tiene la misión y la responsabilidad de invertir en proyectos sostenibles y justos que mejoren la vida de las personas y respeten los derechos humanos. Una forma de garantizar esto es esforzarse por lograr la mayor transparencia posible sobre las inversiones previstas y permitir que las comunidades afectadas participen de manera significativa en la toma de decisiones en torno a un proyecto. Esta investigación muestra que el FMO todavía tiene mucho camino por recorrer para cumplir con el derecho a la información de las comunidades.

Sin informes sobre impactos sociales y ambientales

El análisis de 241 proyectos divulgados en el sitio web del FMO entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020 revela que los posibles impactos negativos de estas inversiones se revelaron solo en 59 casos (25%). Para las 182 inversiones restantes (75%) no había información disponible en el sitio web.

Anexos con información técnica más detallada, como informes sobre impactos sociales y ambientales, no estaban disponibles bajo ninguna circunstancia en el sitio web. “Es más, la poca información que se divulga solo está disponible en inglés, mientras que el FMO tiene inversiones en todo el mundo, a menudo en países donde el inglés no es el primer idioma o ni siquiera el segundo”, dijo Ishita Petkar del International Accountability Project (IAP). «Como banco de desarrollo, es responsabilidad del FMO asegurarse de que están cumpliendo el derecho a la información para las comunidades que impactan. El verdadero desarrollo requiere respetar los derechos humanos – el FMO debe garantizar que la información vital, incluidos los documentos técnicos, se divulgue y sea accesible en los idiomas nacionales y locales».

FMO debe mejorar la política y la práctica

Las 28 organizaciones han escrito una carta al FMO pidiendo al banco que revise a fondo y fortalezca su política y práctica de acceso a la información. Esto incluye mejorar la información divulgada en el sitio web del FMO, adoptar principios respaldados internacionalmente sobre el acceso a la información y obligar a los clientes a divulgar completamente la documentación del proyecto. El FMO también debe garantizar que la información se divulgue en formatos comprensibles y llegue a las comunidades interesadas, de modo que puedan participar de manera significativa en los procesos de toma de decisiones del proyecto como beneficiarios previstos del desarrollo.

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¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Presentamos un documento analizando el impacto de la pandemia COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en el 2015 por los Estados Miembros de la ONU, con el propósito de finalizar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para todas las personas para el año 2030. Los ODS son 17 objetivos integrados entre sí en los cuales las acciones o impactos en uno afectarán a otro/s.

La situación generada por la pandemia no es para nada alentadora, ya que se han agravado las cuestiones desfavorables preexistentes como el aumento de la pobreza y el hambre, el incremento de las desigualdades, el aumento del desempleo, la crisis sanitaria y de saneamiento, la recesión económica, el acceso restringido a la educación, el retroceso respecto a la igualdad de género, entre otros aspectos.

Así, el documento «Impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible», elaborado de manera colaborativa, analiza y reflexiona el impacto del COVID-19 en los ODS, las consecuencias positivas y negativas de la pandemia mundial sobre cada uno de los 17 objetivos.

El actual contexto ha planteado desafíos para los Estados y los organismos internacionales en la toma de decisiones, y en el establecimiento de acciones realmente efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. De esta manera, el panorama hizo que tuviéramos que repensar si el sistema es efectivo o si debemos construir otro modelo de futuro, uno más equitativo, inclusivo, justo y sostenible. Por lo que, la situación que está atravesando el mundo puede significar una oportunidad para replantearnos qué futuro queremos construir de ahora en adelante.

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OSC señalan las debilidades de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

 El 15 de diciembre comenzará a regir la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Organizaciones de la Sociedad Civil de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre las debilidades que presenta la nueva Política.  

El 10 de abril el BID Invest aprobó  la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social que entra en vigencia mañana, 15 de diciembre. Luego del proceso de consultas públicas presenciales y virtuales que el Banco realizó el año pasado donde participaron organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, a fines de mayo se presentó  la nueva política del brazo privado del Grupo BID. 

A pesar de la participación, a través del envío de comentarios,  de las partes interesadas en el período de consultas públicas presenciales y virtuales, en la nueva Política se observa la escasa y hasta nula incorporación de cuestiones consideradas relevantes.  Por tal motivo, y frente a las debilidades y limitaciones que presenta la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, las OSC de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre la precariedad de la política, las consecuencias que traería a los países de la región y el retroceso que significa en comparación con la Política anterior. 

Entre los puntos principales que destacamos en la Declaración sobre las limitaciones de la nueva Política se encuentran, en primer lugar, la adopción directa de las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales de la Corporación Financiera Internacional -CFI- que datan del año 2012, sin incluir cambios o adaptaciones a las nuevas realidades, por lo que resultan  obsoletas para el contexto actual de desafíos ambientales y sociales a los que se enfrenta América Latina y el Caribe. 

Otra limitación importante es la ausencia de responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del BID Invest respecto del accionar de los actores sobre los que tiene influencia, es decir se desliga de responsabilidad institucional ante los posibles impactos negativos que puedan ocasionar las actividades que financia donde la responsabilidad recaerá únicamente sobre el cliente. Esto, significa el debilitamiento de las protecciones en el ambiente y en lo social creadas con el fin de evitar los impactos adversos que ocasionan los proyectos. En esta línea, el BID Invest omite su deber de “hacer cumplir” lo que significa que se reserva el derecho a decidir en qué casos va a aplicar medidas correctivas y en cuáles no. 

Además, en la Declaración Pública se resalta la vaguedad y ambigüedad del lenguaje utilizado en la nueva Política ya que favorece a que el Banco actúe de acuerdo a lo que considere pertinente así como incrementa el riesgo de incumplimiento por parte de los  clientes. 

Por último, uno de los puntos más alarmantes son los vacíos que hay en los compromisos respecto al ambiente y a lo social. Respecto al medio ambiente, el compromiso con la mitigación es frágil ya que no se establecen restricciones expresas a las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, solo por mencionar un caso. En lo relativo a lo social, si bien la política deja en claro su compromiso de promover buenas prácticas internacionales, en cuestiones como Derechos Humanos, Represalias, Gestión de Riesgo de Género e Igualdad así como en Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información, se evidencia un compromiso superficial y débil al abordarlas. Por ejemplo, en relación a los derechos humanos, no se mencionan derechos esenciales como los económicos, sociales y culturales o el derecho a un ambiente libre de contaminación. 

Luego, en lo relativo a la participación de las partes interesadas, no se establece compromiso alguno para asegurar la participación oportuna, significativa y culturalmente apropiada. La Política se compromete a establecer un sistema de recepción y seguimiento de denuncias de represalia, no se detalla un procedimiento para resolverlas como tampoco sigue las recomendaciones de la guía especializada elaborada por el MICI para la gestión de represalias y protección de defensores ambientales y activistas. 

Por último, en gestión de riesgo del género e igualdad, la Política sí incorpora la promoción de buenas prácticas pero excluye a la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del Grupo BID, un retroceso significativo que aumentará la desigualdad y los riesgos para las mujeres y personas LGBTQ+.

Entre muchas otras cuestiones que se abordan en la Declaración Pública, es sumamente necesario que el BID Invest sea implacable al momento de exigir el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de transparencia  a sus clientes si realmente pretende  promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y la desigualdad de la región. Con el actual contexto de pandemia y mirando a la situación pospandémica, BID Invest  no puede ser flexible en los procedimientos de evaluación social y ambiental y debida diligencia en las aprobaciones de operaciones de financiamiento ya que ésta es la única manera de lograr el desarrollo sostenible y reducir la crisis ambiental y social en la que se encuentra América Latina y el Caribe.  

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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¿Por qué Argentina aún no tiene un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos?

En la sexta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se desarrollaron las negociaciones sobre el segundo tratado jurídicamente vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales. Aún resta tiempo para que este instrumento entre en vigor, por lo que continúa siendo importante que Argentina finalice con la revisión de su Plan Nacional de Acción en Empresas y Derecho Humanos para que el Estado ejerza su responsabilidad de divulgar e implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se han erigido como un estándar global para que las empresas y los gobiernos prevengan y aborden las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las empresas. 

El próximo año, los Principios cumplen 10 años, por tal motivo, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU, encargado de elaborar un tratado jurídicamente vinculante en esta materia, ha lanzado a mediados de este año un nuevo proyecto ‘UNGPs10+/NextdecadeBHR’ con el propósito de delinear los pasos a seguir para los próximos 10 años en materia de empresas y derechos humanos. Además, realizará un balance de los logros obtenidos hasta el momento y  analizará  los desafíos futuros y las brechas existentes. 

Sin embargo, los Principios Rectores han funcionado y funcionan como guías para los Estados y las empresas sobre cómo proteger y respetar los derechos humanos y cómo reparar a la víctimas. Pero, a menudo, la distancia entre lo que los Principios dispones suele dista de la normativa interna de cada Estado. Por ello, muchos países han desarrollado Planes de Acción Nacionales -PAN- para que los Estados sean responsables en la difusión e implementación de los Principios Rectores. También, los PAN sirven de instrumentos de cambio capaces de adecuarse al contexto local pero no responsabilizan a las empresas transnacionales por violaciones hacia los derechos humanos, por ello es relevante contar con un tratado jurídicamente vinculante en esta materia. 

Así, los esfuerzos por elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresa y derechos humanos comenzó en el 2014. Desde entonces, el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha trabajado en el perfeccionamiento de este instrumento mejorando el contenido, alcance, naturaleza y forma del instrumento. El año pasado, se publicó el Borrador revisado del tratado vinculante y se discutió en el Foro anual celebrado en octubre del 2019. En agosto de este año, el presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental publicó el Segundo Borrador Revisado del instrumento jurídicamente vinculantes para regular las actividades de las empresas y en octubre se realizará el sexto período de negociaciones entre las partes involucradas. 

Sin embargo, hasta la aprobación y adopción  del Tratado  por  los Estados, continúa siendo necesaria la elaboración y aplicación de los PAN. Entonces, ¿cómo está Argentina en esta cuestión? 

En la página web de The Danish Institute for Human Rights se observa un mapa que detalla cuáles son los países que ya cuentan con PAN, cuáles lo están desarrollando y en cuáles hay otras iniciativas no estatales. Argentina se encuentra en el grupo de países que todavía está desarrollando su Plan de Acción Nacional. En consecuencia,  y debido a la importancia de contar con un PAN, en septiembre realizamos una solicitud de información al gobierno nacional consultando sobre el estado de situación del Plan de Acción Nacional argentino sobre empresas y derechos humanos. La respuesta fue brindada en dos partes, primero a finales de septiembre y luego se completó la información a mediados de octubre.

El PAN Argentino ya está elaborado y para que entre en vigor es necesario un decreto del presidente de la Nación. Sin embargo, desde Nación informaron que el Proyecto de Decreto de aprobación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos se encuentra en revisión por las autoridades gubernamentales. Es más, aún no se ha definido si se permitirá la participación de la sociedad civil a través de consultas públicas, lo cual es necesario para lograr mayor compromiso en garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas transnacionales y el efectivo remedio a las víctimas. 

Al consultar sobre la postura del Gobierno nacional respecto al instrumento jurídicamente vinculante, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores respondieron que Argentina se abstuvo de la Resolución 26/9 del año 2014 en la cual se aprueba la constitución de un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el propósito de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas comerciales respecto a los derechos humanos. Sin embargo, Argentina ha participado de todas las sesiones realizadas por el grupo de trabajo y estuvo presente en la última sesión de octubre de este año. 

Entonces, no solo es necesario y urgente que el Grupo de Trabajo de la ONU avance en la elaboración y conclusión del Tratado, también urge que Argentina haga lo mismo con su Plan Nacional de Acción en empresas y derechos humanos. Como los planes están orientados de acuerdo a los Principios Rectores, elaborados de acuerdo al contexto de cada Estado, tienen que ser producto de procesos transparentes, participativos y abiertos al diálogo. Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno Nacional revise de manera conjunta con  la sociedad civil, academia, sindicatos y otras partes interesadas, el borrador del PAN para que efectivamente sirva de instrumento en la eliminación de obstáculos y en la promoción de buenas prácticas en el cumplimiento de los derechos humanos relacionado con las actividades empresariales.  

Desde Fundeps seguiremos monitoreando el proceso de elaboración del PAN Argentino como del Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

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  • Sofía Brocanelli 

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9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos

Desde hoy hasta el miércoles 18 de noviembre, se realiza de manera virtual el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Hoy y hasta el miércoles, se realiza  el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debido a la pandemia, este año, el Foro se realizará de manera virtual, permitiendo una mayor participación de organizaciones y comunidades de distintas partes del mundo. En circunstancias normales, la participación presencial a este foro se dificulta por las distancias y cuestiones económicas, por lo que significa un gran avance  su realización en un formato virtual. 

El tema del evento de este año es la “Prevención de los abusos de los derechos humanos relacionado con las empresas: la clave para un futuro sostenible para las personas y el planeta”. En el Foro se reúnen empresas, inversores, representantes de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, sindicatos, academias y medios de comunicación.  

Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el Foro considerará cómo los Estados y la comunidad empresarial deben responder a ella de manera que respete y proteja los derechos humanos así como la necesidad de construir a una recuperación sostenible y centrada en las personas.    

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Se realizó la Primera Cumbre Finance in Common, que reunió a los bancos públicos de desarrollo del mundo

La Cumbre Finance in Common (“Finanzas en Común”), llevada a cabo desde el 9 al 12 de noviembre, es la primera cumbre global que contó con la presencia de todos los bancos de desarrollo e instituciones multilaterales del mundo. Organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones nos hemos manifestado ante la ausencia de los derechos humanos y las voces de las comunidades en la agenda del evento.

Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2020 se realizó la Cumbre Finance in Common, que contó con la presencia de 450 Bancos Públicos de Desarrollo del mundo, instituciones multilaterales, jefes de Estado, representantes del sector privado, sociedad civil, academia, entre otros. El evento fue una iniciativa de la Federación Mundial de Instituciones Financieras para el Desarrollo -FEMIDE- y del International Development Finance Club -IDFC-. Fue patrocinado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y por la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD; y contó con la participación del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

La cumbre se centró en el rol crucial que poseen los Bancos Públicos de Desarrollo como actores capaces y necesarios para brindar una respuesta colectiva a los desafíos globales, acordando medidas de recuperación sostenible a corto plazo sobre la crisis del COVID-19 y con un impacto a largo plazo en el medio ambiente y en las sociedades.  Sin embargo, en la agenda de la Cumbre no se abordaron los derechos humanos, derechos constantemente vulnerados y violados por las inversiones de los bancos de desarrollo. Así, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales, defensores y defensoras de derechos humanos no tuvieron un espacio para exponer sus inquietudes y preocupaciones.

Esto, a pesar que en el mes de septiembre, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo enviaron una carta a la Agencia Francesa de Desarrollo solicitando que se incluyan y se prioricen los principios de un desarrollo que esté centrado en los derechos humanos. Debido a la falta de respuesta, las OSC emitimos una Declaración Conjunta haciendo un llamado a los Bancos Públicos de Desarrollo -BPD- para que inviertan sus recursos financieros en la construcción de un futuro justo, equitativo, inclusivo y sostenible para todas las sociedades del mundo. 

Esta cumbre debería ser una oportunidad para que los bancos de desarrollo modifiquen su forma de operar y coloquen como eje de sus acciones a la democracia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad y el bien común. Es urgente que los BPD se comprometan a financiar en pos de un desarrollo justo, equitativo y sostenible, promoviendo y garantizando los derechos humanos para todos y todas, sin dejar de lado las comunidades vulnerables y marginadas. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Encuentros virtuales sobre Género e Instituciones Financieras Internacionales

Dos encuentros virtuales para aprender sobre el mundo de las IFIs, sus mecanismos de rendición de cuentas, y compartir herramientas útiles con organizaciones feministas de la región. 

Las instituciones financieras internacionales -IFIs- son uno de los actores más importantes para los países de América Latina y el Caribe en lo que a financiación de proyectos se refiere. Sin embargo, es necesario que las IFIs cuenten con Políticas de Género y transversalicen la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos que financian, y consideren los impactos diferenciados por género que éstos ocasionan. 

Por tal motivo, lanzamos dos encuentros virtuales en el que aprenderemos sobre las IFIs y compartiremos herramientas útiles para que, organizaciones constituidas por feminidades e identidades diversas y disidentes, construyan capacidad para monitorear los proyectos financiados por éstas. 

En el primer encuentro, nos aproximaremos al mundo de las IFIs y sus mecanismos de rendición de cuentas. Tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 16h. Argentina. 

En el segundo encuentro, brindaremos herramientas para obtener información y monitorear proyectos financiados por instituciones financieras de desarrollo. Se realizará el 17 de noviembre a las 16h. 

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Se aprobó la incorporación de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Hoy, 28 de octubre, la Cámara de Diputados argentina aprobó el proyecto de ley de ingreso de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Así, se efectiviza la incorporación de Argentina como Miembro de carácter No regional al banco. 

El 3 de septiembre, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley para el ingreso de la República Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB-. La aprobación de la ley se realizó hoy, 28 de octubre, en la Cámara de Diputados por 235 votos positivos y 4 votos negativos.

La gestión para que Argentina forme parte del Banco comenzó en el primer Foro ‘Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional’ realizado en el 2017, en el cual la gestión anterior de gobierno afirmó la intención del país de formar parte del AIIB y el Directorio del Banco aprobó el ingreso de Argentina a la Institución.

El Banco Asiático nace en el 2015 por iniciativa de China y comienza a operar en enero de 2016. Tiene 102 miembros de distintas regiones del mundo. El AIIB es una institución financiera multilateral y, entre proyectos finalizados y en proceso, ya ha financiado 138 proyectos de infraestructura.

Para Argentina la incorporación al AIIB significa una alternativa adicional de acceder a financiamiento para obras de infraestructura a través de un nuevo organismo multilateral. Sin embargo, si bien se ha planteado como una alternativa diferente a la banca multilateral occidental, el AIIB no escapa a la lógica, funcionamiento e incluso estructura institucional que caracteriza a instituciones como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese sentido, desde la sociedad civil se han planteado críticas y cuestionamientos en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la sustentabilidad ambiental de los proyectos que financia el banco, lo que debería ser tenido en cuenta por Argentina a la hora de recibir financiamiento de esta institución.

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