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El BID aprobó su nuevo Marco de Política Ambiental y Social

El proceso de modernización de las políticas ambientales y sociales del BID comenzó en enero de este año con la primera etapa de las consultas públicas presenciales  y virtuales en los distintos países. En Argentina, la consulta presencial se realizó en marzo en Buenos Aires y el proceso de envío de comentarios  finalizó a mediados de abril. Desde Fundeps, elaboramos y presentamos al BID un documento con comentarios al MPAS desde una perspectiva de género. Además, con más de 50 organizaciones de la sociedad civil de la región enviamos al BID un documento con recomendaciones al MPAS. 

A mediados de julio, el BID publicó el segundo borrador del MPAS e inició la segunda etapa de consultas virtuales por un período de 30 días. En esta segunda etapa de consultas, enviamos un nuevo documento con comentarios al segundo borrador del MPAS desde una perspectiva de género. 

El proceso de modernización de las políticas ambientales y sociales del Banco finalizó el 16 de septiembre cuando el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el nuevo Marco de Política Ambiental y Social -MPAS-. A partir de ahora el BID comienza un período de un año para preparar a los clientes en la implementación del nuevo marco. 

Con el nuevo MPAS ya aprobado,resulta pertinente analizar cuáles han sido las principales modificaciones incorporadas durante el proceso, a partir de la intervención y participación activa de un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil de la región. 

Así, de acuerdo al análisis realizado por el Bank Information Center, las principales modificaciones incorporadas en el nuevo Marco han sido, en parte, producto de las recomendaciones y sugerencias realizadas por las OSC que conforman el Grupo de Trabajo sobre el BID.  En líneas generales, se destaca como uno de los principales cambios en la Declaración Política del MPAS, el compromiso del Banco para mejorar la participación de las partes interesadas de acuerdo con la obligación de respetar el derecho de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales consistentes con los principios del Acuerdo de Escazú. 

Otro punto positivo es la incorporación del principio “hacer el bien más allá de no causar daños” que implica aumentar los beneficios del desarrollo sostenible solicitando al prestatario que informe cómo el diseño del proyecto mejorará el ambiente y la cuestión social. Además, el Banco realizará su propia debida diligencia teniendo en cuenta el compromiso, historial y capacidad del prestatario en el desarrollo e implementación  de la operación financiera. 

En cuanto a la supervisión y el monitoreo, en caso del incumplimiento de las  normas de desempeño sociales y ambientales, el BID trabajará con el prestatario brindando asistencia técnica y un mayor monitoreo del Banco y de las partes interesadas para lograr el cumplimiento de las normas de desempeño del MPAS. Por otro parte, respecto a los mecanismos de reclamación y rendición de cuentas, el Banco incorporó al MPAS una nueva disposición donde se compromete a no tolerar ningún tipo de represalias hacia quienes manifiesten su opinión y/o oposición hacían un proyecto financiado por el BID. Así, se establece un mecanismo de reclamación a nivel del proyecto, en el cual el prestatario debe tener en cuenta aspectos físicos, sensoriales y las necesidades cognitivas de las personas que participen. 

Una importante incorporación al nuevo MPAS es la lista de exclusión de actividades consistentes con los compromisos adoptados por el BID para abordar el cambio climático, es decir no financiará actividades que impliquen la exploración de petróleo y gas o la producción de energía a partir del uso del carbón. 

Principales incorporaciones en las normas de desempeño

En las normas de desempeño (ND) se destacan modificaciones generales y de género, a saber: 

  • ND 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales: debe ser aplicada a todos los proyectos que financia el BID. Además, el prestatario debe considerar riesgos e impactos relacionados con los derechos humanos, género, amenazas naturales y cambio climático. En la identificación de riesgos e impactos, el prestatario tiene que considerar los impactos ambientales y sociales  directos, indirectos y acumulativos del proyecto. También, debe identificar los diversos grupos transversales históricamente desfavorecidos de América Latina y el Caribe como las mujeres, personas de diversa orientación sexual y de género, personas con discapacidad, afrodescendientes y pueblos indígenas e implementar medidas para evitar impactos diferenciados hacia éstos. Se destaca la descripción de los tipos riesgos que la norma hace, ya que al mencionar cada uno de los posibles riesgos, ayuda a su visibilización y responsabiliza al prestatario de tomar acciones al respecto.
  • ND 2 Trabajo y Condiciones Laborales: se incorporaron medidas especiales de protección y asistencia y para abordar la violencia, el acoso, la intimidación y explotación hacia las mujeres y personas con diversas orientaciones sexuales e identidad de género, personas con discapacidad, niños y trabajadores migrantes. Además, el prestatario tiene la obligación de proporcionar un mecanismo de quejas para los trabajadores y las trabajadoras en el cual puedan expresar sus preocupaciones y para que puedan realizar denuncias de violencia sexual y de género. Por otro lado, esta norma, a pesar de las recomendaciones realizadas,  está narrada desde una perspectiva androcéntrica que no integra las necesidades de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Esto pone de manifiesto la falta de una perspectiva de género que sea transversal a todas las normas de desempeño. 
  • ND 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación: se realiza mayor hincapié en la jerarquía de mitigación y en el principio de “quien contamina paga”. También se reconoce el concepto y práctica de la economía circular. Por otro lado, esta norma reconoce el impacto desproporcionado que la contaminación tiene en las mujeres, los niños, los ancianos y las personas pobres y vulnerables, sin embargo, continúa sin hacer referencia a la norma 9 sobre igualdad de género. 
  • ND 4 Salud y Seguridad de la Comunidad: se incluye el requisito al prestatario de realizar un análisis más detallado de  la evaluación de riesgos y haga ajustes para prevenir lesiones y enfermedades cuando existan riesgos que puedan ser adversos a la salud, seguridad y bienestar de las personas. En cuanto al género, la norma hace referencia a la ND 9 en cuanto a los requisitos para abordar los riesgos de violencia sexual y de género en casos de conflicto comunal e influjos de trabajadores externos. 
  • ND 5 Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario: en el caso de esta norma, hay inconsistencia respecto al concepto de reasentamiento involuntario que se encuentra en el glosario y la que se describe en la norma. La definición del glosario es producto de la recomendación realizada por las OSC donde se define como “reasentamiento involuntario cuando las personas afectadas por el proyecto no tienen o no pueden ejercer el derecho a rechazar la adquisición de tierras o las restricciones al uso de la tierra que resultas de un desplazamiento físico o económico” en cambio en esta ND se lo define como “involuntario cuando las personas afectadas por el proyecto no tienen derecho a rechazar la adquisición de tierras…”. Por otro lado, ha sido un avance el reconocimiento de las mujeres como propietarias en caso de desplazamiento. Otra limitante en la norma es que ésta no se debe limitar a considerar, los requisitos relacionados a los Pueblos Indígenas, igualdad de géneros y participación de los interesados de acuerdo con la ND 7, 9 y 10 sino que debe incluirlos. 
  • ND 6 Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos: se destaca que el proceso de identificación de riesgos e impactos de la ND 1 debe considerar los impactos acumulativos relacionados con el proyecto sobre la biodiversidad y el ecosistema e identificar cualquier impacto residual significativo. Además, brinda una definición más completa sobre el hábitat crítico ya que incluye las áreas protegidas legalmente o áreas de alto valor de biodiversidad reconocidas internacionalmente. Respecto a la cuestión de la perspectiva de género, en esta norma continúa siendo necesaria su transversalización y la incorporación de la referencia a la ND 9. 
  • ND 7 Pueblos Indígenas: está alineado con estándares reconocidos internacionalmente. Además, agrega que el prestatario debe respetar los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional, el derecho internacional o los sistemas legales indígenas. Por otro lado, de acuerdo con la participación y consentimiento, se incluye el requisito de utilizar protocolos de consulta y participación indígena para asegurar su representación como  también la de las mujeres indígenas y personas de diversa orientación sexual e identidades de género. También, en la evaluación y documentación de los recursos de las comunidades indígenas afectadas por un proyecto se requiere que sea incluyente en género y contemplar el papel de la mujer en la gestión y uso de los recursos. 
  • ND 9 Igualdad de Género: se reemplazó el término Violencia de Género por una más completa y abarcativa: Violencia Sexual y de Género. Se destaca el reconocimiento de que el trabajo de cuidado no remunerado recae en las mujeres lo que dificulta el logro de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Otro punto a destacar es que el prestatario debe evaluar el proyecto para detectar potenciales impactos y riesgos basados en el género que afecten de manera desproporcionada a mujeres, niñas y minorías sexuales y de género y, en caso de identificarse riesgos e impactos, el prestatario debería realizar un Análisis de Género como parte de la debida diligencia ambiental y social. Por otro lado, respecto a las consultas, se requiere que el prestatario identifique y aborde los obstáculos que enfrentan las mujeres y las personas de diferente orientación sexual e identidades de género, garantizando una participación equitativa.  
  • ND 10 Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información: la nueva ND 10 es consistente con la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales así como el acceso a la justicia ambiental del Acuerdo de Escazú.  Al igual que la ND 1, esta norma debe aplicarse a todos los proyectos financiados por el Banco. En materia de género, la incorporación de la ND 9 se considera un gran avance en la transversalización de la perspectiva de género. 

El balance que se puede realizar respecto al nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID, en comparación a la versión inicial planteada por el Banco al iniciar el proceso de revisión,  podría considerarse como bastante positivo, ya que en él se observa una amplia incorporación de las recomendaciones realizadas por las OSC al MPAS durante el proceso de consultas. Esto, a pesar de las falencias y problemas que presentó el propio proceso de consulta pública llevado adelante por el Banco y que fue en reiteradas oportunidades resaltado por las OSC de la región como un aspecto necesario a mejorar.  

Aún resta por verse si los cambios positivos introducidos en el nuevo MPAS redundará efectivamente  en un fortalecimiento de los estándares sociales y ambientales de la institución, cuestión necesaria debido al contexto de debilitamiento de normas ambientales y sociales por el que está atravesando la región, y los desafíos y amenazas que se vislumbran al respecto en un marco de reactivación económica post-pandemia del Covid-19. En ese sentido, resultará clave la forma en que se implementa este nuevo marco y cómo funcionará en la práctica la aplicación del mismo. En ese sentido, resulta prioritario que el Banco mejore la forma en que se vincula y relaciona con la sociedad civil y las comunidades afectadas, y los haga partícipes activos del proceso de implementación del nuevo marco ambiental y social.  

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Avanza la cooperación nuclear entre Argentina y China

En noviembre, el gobierno argentino tiene pensado avanzar en la firma del contrato para la construcción de la cuarta central nuclear de tipo Hualong, con financiamiento chino.

El gobierno de Alberto Fernández avanza en la firma del contrato de la cuarta central atómica con el gigante asiático. Los acuerdos preliminares firmados en 2014 y 2015 contemplaban la construcción de dos reactores nucleares. Uno de los reactores sería de uranio natural tipo Candu, tecnología que maneja Argentina,  y el otro reactor sería de uranio enriquecido modelo Hualong, de origen chino.

Sin embargo, en el gobierno de Macri se realizaron modificaciones a los acuerdos con China y en el 2018 se decidió construir solo el reactor tipo Hualong, modelo que se tiene previsto construir en esta gestión.  Este tipo de reactor necesitará una inversión de USD 8000 millones y para ello Argentina deberá importar el combustible para que la central funcione, lo que implica que el país dependa de proveedores extranjeros. Varios especialistas como José Luis Antúnez, Andrés Kreiner, Gabriel Barceló y Eduardo Barreiro se encuentran en contra de este tipo de reactor e insisten en la necesidad de continuar con la tecnología de uranio natural que utiliza el modelo Candu. 

Por otro lado, los defensores de la construcción del reactor Hualong como Sabino Vaca Narvaja e Isidro Baschar consideran su construcción  como una asociación inteligente con China que ayudará a fortalecer el desarrollo nacional. También, están negociando la posibilidad de que el país produzca el combustible nuclear que necesita este modelo de reactor y así evitar la dependencia de proveedores extranjeros. Además, resaltaron que la central contará con un crédito chino de USD 7900 millones que empezará a pagarse cuando el reactor genere energía eléctrica, es decir en 8 años. En cuanto a la anulación de la construcción del reactor Candu, Vaca Narvaja y Baschar sostuvieron que la Secretaría de Energía está trabajando para reactivarlo. 

Respecto a la elección de construir centrales nucleares en lugar de optar por energías renovables como la eólica y la solar, genera inquietud no solo por el mayor costo de construcción sino también por los riesgos que implica la energía nuclear. Detractores de la central nuclear Hualong sostienen que ni siquiera sería de utilidad para desarrollar el sistema científico-tecnológico, que si se da en otro tipo de reactores como el Candu.  

También se pone en duda el momento elegido para avanzar en la construcción de la central nuclear ya que, por el contexto de crisis económica y reestructuración de la deuda en la que se encuentra Argentina, no sería oportuno la toma de deuda como tampoco resulta necesaria la energía nuclear ya que en la actualidad el país no tiene déficit en la producción de energía. 

Cabe destacar que la apuesta por un mayor desarrollo nuclear se vincula estrechamente con el tipo de matriz energética y el modelo de desarrollo promovido por el país. A su vez, involucra y afecta, de manera directa o indirecta, a una amplia variedad de actores. Por lo tanto, desde Fundeps consideramos que este tipo de decisiones deberían necesariamente incluir un debate profundo a nivel social, con la necesaria transparencia y participación de los diferentes actores sociales involucrados. Desgraciadamente, este no parece ser el caso.

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

El V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe, que se realizó de manera virtual en esta ocasión, se centró principalmente en las vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación de la pandemia del COVID-19 en la región.

Desde el 7 al 11 de septiembre se realizó virtualmente el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. El objetivo de este Foro es nuclear en un mismo espacio a gobiernos de todos los niveles, empresas, ONGs, comunidades indígenas y demás organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de funcionar como un medio para el diálogo de estos actores.

Los Foros Regionales se han convertido en un espacio clave en América Latina y el Caribe, y en otras regiones de mundo, para que los actores antes mencionados puedan intercambiar visiones e información sobre las nuevas prácticas empresariales, ordenamientos jurídicos, planes de desarrollo económico y demás actividades que pueden repercutir en los derechos humanos de distintas personas o colectivos, informar sobre estos sucesos y encontrar soluciones de una manera conjunta, abarcando todos los espacios de la sociedad.

A raíz de la pandemia del COVID-19, el Foro de este año prestó especial atención a aquellas vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación; aquellas personas o comunidades que ya se encontraban en situaciones desfavorables, y que, debido a la pandemia mundial, su situación ha empeorado. Los desafíos que se presentan en este escenario complejo e imprevisto deben ser abordados de manera integral y con todos los actores de la sociedad desde las empresas y los gobiernos hasta la sociedad civil y las comunidades locales, para lograr sortear esta crisis de una manera económicamente viable y ambientalmente sostenible.

La tarea en la post pandemia será lograr recuperar los estándares de vida perdidos durante este año, sobre todo por la pérdida de empleo, al mismo tiempo que la matriz productiva y las prácticas empresariales de los países se reformulan hacia una más sustentable y amigable con los derechos humanos. Uno de los instrumentos que se puede implementar para lograr este objetivo son los “Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, también conocidos como “Principios de Ruggie”, redactados en el año 2011 en el marco de la ONU.

A grandes rasgos estos 31 principios pueden resumirse en tres pilares:

  • El deber de los Estados en proteger y resguardar libertades y derechos humanos.
  • La responsabilidad empresarial de respetar estos derechos.
  • El acceso a mecanismo de reparación de daños.

Actualmente, en el marco de la ONU se están llevando a cabo negociaciones y reuniones para realizar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos de las comunidades donde realizan sus actividades. Este año, el tratado se encuentra en una sexta instancia de revisión que será discutida en el 9° Foro anual de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar de manera virtual desde el 16 al 18 de noviembre.

Esperamos que las negociaciones en marcha culminen con un acuerdo fructífero para el conjunto de los actores y sobre todo con una acorde y correcta implementación, que no solo se limite a buenas intenciones sino que realmente sirva para mejorar la relación entre la actividad empresarial, el medio ambiente y las comunidades locales.

A su vez, existen otros lineamientos generales que se pueden seguir e implementar para el logro de los objetivos post pandemia, como las “Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” o la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Foros regionales como el realizado en septiembre, o aquellos de carácter global como el que se realizará en noviembre, constituyen espacios clave. No solo para avanzar en las iniciativas en marcha arriba mencionadas, sino también para profundizar el diálogo y promover una mayor articulación entre los diferentes actores involucrados en los procesos tendientes a asegurar una mayor promoción y protección de los derechos humanos por parte del sector privado.

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Autor

Denis Rhys

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El candidato de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, fue elegido como nuevo presidente del BID

Por medio de una reunión virtual, la Asamblea de Gobernadores del BID eligió como presidente del Banco al candidato norteamericano, Mauricio Claver-Carone. 

El 12 de septiembre se reunieron virtualmente los integrantes de la Asamblea de Gobernadores del BID para elegir a Mauricio Claver-Carone como nuevo presidente del Banco por los próximos 5 años. A pesar de que al inicio del proceso de elecciones se presentaron varios candidatos, la presión ejercida por EE.UU llevó a que la candidata Laura Chinchilla de Costa Rica se bajará y posteriormente, un día antes de las elecciones, lo hiciera el candidato argentino, Gustavo Béliz. También fracasó la estrategia de no dar quórum en la elección planeada por algunos de los países de la región opositores al candidato norteamericano y a la ruptura de la tradición histórica en la presidencia del BID. 

Claver-Carone reemplazará a Luis Alberto Moreno el 1 de octubre de este año y será el quinto presidente del Banco. Además,  será responsable de las operaciones del Grupo BID, es decir del BID, BID Invest y BID Lab. El presidente electo se desempeña como Asistente Adjunto del Presidente de EE.UU y Director Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de los EE.UU. También fue Representante de EE.UU. ante el FMI y Asesor Senior del Subsecretario de Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro de los EE.UU. 

Para que un candidato sea elegido presidente del BID tiene que recibir la mayoría de la totalidad de los votos de los países que son miembros del BID (48 países miembros en total)  y el apoyo de por lo menos 15 de los países miembros regionales (con Canadá y EE.UU el total de países miembros regionales es de 28). En este caso, Claver-Carone ganó con 67 % de los accionistas en total y con el apoyo de 23 de los 28 miembros de la región El presidente es elegido por la Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID. Cada país miembro del Banco posee un Gobernador cuyo poder de votación es proporcional al capital que tiene su país en el BID. Por lo general, los gobernadores son los Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales u otros funcionarios públicos de los países miembros.  

Desde organizaciones de la sociedad civil, el mes pasado emitimos un pronunciamiento a los Gobernadores del Banco donde expresamos nuestra preocupación por las elecciones presidenciales de la Institución, el rechazo a la postulación del candidato norteamericano y la falta de apertura del proceso de elección ya que no se contempló la participación de las organizaciones sociales y las comunidades. En el pronunciamiento, también resaltamos las condiciones que debería tener el nuevo presidente como:

  • Fuerte compromiso por el multilateralismo.
  • Amplia experiencia y conocimiento del contexto de los países latinoamericanos y caribeños.
  • Claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todas las comunidades y la sociedad civil en el accionar del Banco.  
  • Conocimiento y experiencia en las agendas de desarrollo que manifiesten un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente rápidamente a los efectos del cambio climático e implementar un modelo de desarrollo sostenible centrado en las comunidades y los pueblos indígenas. 

Lo que resta por saber es si el presidente electo, Mauricio Claver-Carone, cumple con todas las condiciones mencionadas y si será capaz de distinguirse de la presidencia de Luis Alberto Moreno, marcada por la falta de diálogo con la sociedad civil y comunidades afectadas. ¿Será Claver-Carone capaz de abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y la comunidades así como responder de manera adecuada a las demandas de los países latinoamericanos y caribeños en el contexto de crisis económica, social y climática que están atravesando?

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Argentina, a un paso de convertirse en miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Por unanimidad, el 3 de septiembre el Senado argentino aprobó el ingreso de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB, por sus siglas en inglés-. Sólo resta la votación de la Cámara de Diputados para hacer efectiva la incorporación. 

Argentina, está a un paso de convertirse en miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB- ya que por medio de una votación unánime, 69 votos afirmativos, el Senado argentino aprobó el ingreso de nuestro país a la institución. Ahora falta que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ingreso. 

La intención de Argentina de formar parte del Banco data de la gestión de Mauricio Macri, donde en el primer Foro ‘Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional’  realizado en el 2017, afirmó la intención del país de formar parte del AIIB. Ese mismo año, el Directorio del AIIB aprobó el ingreso de Argentina a la institución. 

De la región, Ecuador y Uruguay ya son miembros del AIIB. Por otro lado, han solicitado acceso al organismo Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y Brasil. El Senado de este último también aprobó su ingreso, sin embargo se incorpora como miembro fundador debido a que forma parte de los BRICS y todos los los países fundadores de este bloque gozan de ese status. 

El AIIB nace en el 2015 por iniciativa de China, pero comienza a operar en enero de 2016. Actualmente tiene 102 miembros de distintas regiones del mundo. Es una institución financiera multilateral que, por medio de inversiones en infraestructura, fomenta el desarrollo económico sustentable, crea riqueza y mejora la conectividad en infraestructura, promoviendo la cooperación regional con instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo. La estrategia del Banco se sustenta en el concepto Lean, Clean and Green en la cual busca ser eficiente, ágil, ético y respetuoso con el medio ambiente y los derechos sociales. Además, el financiamiento a los países se realiza por medio de capital público e inversiones privadas y sus operaciones financieras se fundamenta en otorgar créditos, garantías y participaciones. 

Desde que inició sus operaciones, el AIIB ya ha financiado 138 proyectos de infraestructura, entre proyecto finalizados y proyecto en proceso. Además, el capital invertido del organismo alcanza los 31 mil millones de dólares, que abarca proyectos aprobados y solicitados. Los sectores en los que invierte este organismo son energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructura en áreas rurales, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, abastecimeinto de agua, servicios sanitarios, protección ambiental, logística, entre otros.  

El ingreso al AIIB habilita a nuestro país la posibilidad de acceder a financiamiento de un nuevo organismo multilateral para obras de infraestructura del sector energético, transporte y reformas urbanas, por ejemplo. También, las PYMES y otros sectores productivos podrían acceder a la financiación del Banco. Por último, otro punto a destacar es que este organismo brinda préstamos a bajas tasas de interés y sin condiciones económicas y políticas a diferencia de organismos multilaterales tradicionales como el FMI. 

También, el proyecto aprobado por el Senado posibilita al Banco Central a acceder hasta 50 acciones de capital, con un valor de 100 mil dólares cada una, de acuerdo con el registro admitido por el AIIB para la incorporación de un país miembro. Una parte de estas acciones, específicamente 40, corresponden al capital exigible y las acciones restantes corresponden al capital a integrar.

El afianzamiento de la relación entre nuestro país y la República Popular China se está intensificando y entre sus causas, además de la aprobación parcial del ingreso de Argentina al AIIB, también se encuentra el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral con el país asiático, la donación y provisión de insumos sanitarios en la lucha contra el Covid-19, los avances para probar la vacuna china en la población argentina y las negociaciones que se están realizando para hacer efectivo el ingreso de Argentina a la Iniciativa de la Ruta y la Seda y la construcción de la cuarta central atómica. Por lo que se espera un estrechamiento aún más fuerte de la cooperación entre ambos países. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Pronunciamiento regional frente a las elecciones presidenciales del BID

Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.    

El 12 y 13 de septiembre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- elegirá un nuevo presidente que reemplazará a Luis Alberto Moreno, tras 15 años ininterrumpidos de gestión. Las elecciones tendrán lugar a través de una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores que se realizará de manera virtual. Distintos países de la región han postulado candidatos, como Argentina que nominó a Gustavo Béliz y Costa Rica a Laura Chinchilla. Sin embargo, lo que genera preocupación en el actual proceso de selección presidencial del BID, es la postulación por parte de EEUU del candidato Mauricio Claver Carone. Esto, además de ir en contra de la regla no escrita del BID de que la Institución debe ser dirigida por un representante latinoamericano, amenaza la capacidad de toma de decisiones de los países prestatarios del Banco, habida cuenta de que Estados Unidos posee el mayor porcentaje de capital y votos dentro de la Institución.

En un contexto signado por la crisis del multilateralismo que atraviesa el mundo; la crisis socio ecológica y climática que tiene un impacto particularmente grave en Latinoamérica; los históricos problemas de inequidad, desigualdad y pobreza de la región; y los impactos y repercusiones económicas, sociales y en materia de salud que está generando la pandemia del Covid-19, la transición en la presidencia del BID resulta clave para el futuro de la región.

Por ello, hoy más que nunca el BID requiere de un líder calificado que sea capaz de posicionarse críticamente respecto al rol que le toca jugar a la Institución frente al complejo panorama que vivencia la región, y que esté predispuesto y sea capaz de promover un modelo diferente de desarrollo. En ese sentido, la persona designada para la presidencia del BID debería cumplir necesariamente una serie de requisitos que incluyen, entre otros, los siguientes: 

  1. Un claro y expreso compromiso por el multilateralismo, en un momento en donde la legitimidad de las instituciones internacionales está siendo cuestionada y atacada; 
  2. Una amplia experiencia y conocimiento de la realidad de los países de la región y los retos a los que se enfrentan en el contexto actual; 
  3. Un claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las comunidades, los pueblos indígenas y la sociedad civil en el accionar de la Institución; 
  4. Conocimiento y experiencia en agendas de desarrollo que reflejen un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente de manera inmediata a los efectos del cambio climático y de apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible y centrado en las comunidades y los pueblos indígenas.

A su vez, el pronunciamiento, al que adhirieron más de 50 organizaciones, enfatiza que la elección debe ir más allá de la votación y abrir espacios de diálogo de los candidatos y candidatas con la sociedad civil y las comunidades. Tras 15 años ininterrumpidos bajo el liderazgo de una presidencia que le impregnó características particulares, y en muchos casos cuestionables, a la gestión y accionar del Banco, se presenta una oportunidad única para conocer más a fondo las posiciones y propuestas de los diferentes candidatos y candidatas frente a las preocupaciones y demandas de las comunidades y la sociedad civil;  y en relación al contexto imperante en la región.

Esperamos que el BID esté a la altura de las circunstancias actuales y aproveche esta oportunidad para asegurar que quien acceda a la presidencia del Banco, sea realmente la persona más calificada y adecuada para dirigirlo ante el complejo momento que atraviesa la región.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Comentarios al segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social del BID, desde una perspectiva de género

El martes 5 de agosto enviamos al BID un nuevo documento con observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- para modernizar sus políticas ambientales y sociales. En enero de este año, iniciaron las consultas públicas presenciales y virtuales, donde Fundeps estuvo presente. En abril, enviamos un documento con comentarios y observaciones al borrador del MPAS desde una perspectiva de género,que contó con el aporte de otras organizaciones de la sociedad civil. En este documento señalamos, sobre todo, la falta de transversalización de la perspectiva de género en todas las normas de desempeño del borrador MPAS. 

A principios de julio, el Banco publicó el segundo borrador del MPAS  en el cual incorporó algunas de las recomendaciones enviadas por las partes interesadas (sociedad civil, comunidades indígenas, comunidad afrodescendientes) y dio inicio a la segunda fase del proceso de envío de comentarios que finalizó el martes 5 de agosto. Desde Fundeps, analizamos este segundo borrador del MPAS y enviamos un nuevo documento con observaciones y comentarios desde una perspectiva de género, con el objetivo de que se incorporen cuestiones que consideramos fundamentales al contemplar los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+ en el nuevo marco social y ambiental del BID.  

Entre los principales puntos identificados, encontramos aspectos positivos que han sido incorporados como la referencia a la Norma de Desempeño -ND- 9 sobre igualdad de género en las ND 1 (Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales), ND 2 (Trabajo y Condiciones Laborales), ND 5 (Adquisición de Tierra y Reasentamiento Involuntario)  y ND 10 (Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información). Otro aspecto a destacar es la incorporación de la Convención 190 de la OIT en contra de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo  y el Convenio 100  sobre Igualdad de Remuneración. 

Sin embargo, aún restan muchos aspectos por incorporar que creemos son fundamentales para garantizar la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos que financia el Banco. Entre las cuestiones necesarias que se deben añadir al nuevo MPAS se encuentra el deber del Banco de incorporar explícita y transversalmente los Tratados, Acuerdos y Convenciones internacionales vigentes y futuros que contemplen los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Además, el Banco como principal responsable debe transversalizar la perspectiva de género en todo el Marco para evitar la ceguera de género. 

Una cuestión preocupante es el reemplazo de la Política sobre la Igualdad de Género en el Desarrollo por la ND 9. Aquí el Banco debería mantener la vigencia de la Política como complemento de la ND 9 sobre Igualdad de Género. Por último, recalcamos la necesidad de que el BID incorpore la gran diversidad de identidades sexo-genéricas ya que en el MPAS no se mencionan a las personas LGTTTBIQ+ sino que se las identifica como minorías sexuales y de género. Por ello, insistimos en que se enuncia de manera  específica a las personas LGTTTBIQ+  para garantizar la visibilización y reconocimiento de su existencia y derechos. 

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Argentina-China: cooperar en tiempos adversos

Mientras que la cooperación como vínculo interestatal se ha visto resentida entre la mayoría de los países, en el marco de la pandemia de Covid-19 China y Argentina han optado por cooperar en materia sanitaria.  

Durante la pandemia Covid-19 y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se llevaron a cabo diversas acciones de cooperación en materia sanitaria entre la República Popular de China y la República Argentina. Con el propósito de mitigar los efectos adversos causados por la pandemia, China ha cooperado con la Argentina tanto en el ámbito público como en el privado para fortalecer el sistema sanitario nacional. 

En lo que respecta al ámbito público, la cooperación hizo hincapié en donaciones y compras de elementos sanitarios, a nivel nacional  y subnacional. En este sentido, la provincia de Buenos Aires importó desde China, por un valor de 54 millones de dólares, 5,5 millones de barbijos descartables, 300 mil barbijos N90, 83 mil antiparras, 700 mil máscaras faciales y 12 millones de pares de guantes descartables. Para ello, Aerolíneas Argentinas llevó a cabo 32 vuelos a la ciudad de Shangai con un costo de 500 mil dólares cada uno. En el acto en el cual se anunció el endurecimiento de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 26 de junio último, el gobernador Axel Kicillof afirmó que “28 aviones con insumos sanitarios para su provincia habían arribado al país provenientes desde China”. 

A nivel subnacional, la provincia china de Guizhou donó insumos médicos a la provincia de Jujuy, entre ellos un total de 9 mil mascarillas médicas donadas por el Hospital popular de dicha provincia de China. Desde 2017 ambas provincias mantienen una relación fraternal en el marco del acuerdo de intención de hermanamiento para mejorar la comprensión, fomentar la amistad, consolidar y desarrollar la cooperación amistosa. 

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China donó a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 200 mil barbijos tapa-boca para ser entregados a los afiliados y afiliadas del sindicato. En este sentido, la Secretaria General Lidia Fagale expresó que una de las premisas centrales en el ámbito internacional de la entidad de prensa china es el “profundo sentido de la cooperación”. Además agradeció “la actitud solidaria de las y los colegas y sus reiteradas muestras de compromiso en el fortalecimiento del vínculo bilateral”. 

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó a Fundeps, en respuesta a una solicitud de información realizada el pasado 30 de junio, que la República Argentina y la República Popular de China han mantenido contacto fluido en el marco de la lucha contra la pandemia de Covid-19 a través de videoconferencias; y que el presidente chino Xi Jinping expresó su firme apoyo a las medidas tomadas por la Argentina en relación a la pandemia.

La Cancillería detalló que se llevaron a cabo las siguientes medidas: en primer lugar, se realizaron gestiones a través de la Embajada de Argentina en China y el Consulado General y Centro de Promoción en Shanghai de los permisos pertinentes para el sobrevuelo y aterrizaje de aviones de Aerolíneas Argentinas a Shangai en la búsqueda de insumos médicos, como también el desplazamiento de personas. En segundo lugar, la Comisión Cascos Blancos asesoró en los trámites documentales referentes a la donación de bienes desde el exterior para que se ajusten a las normativas aduaneras vigentes en nuestro país. 

Por otro lado, la Cancillería hizo saber que la cooperación entre ambos países es multinivel ya que se incluyen entidades subnacionales, empresas, instituciones y otras entidades, las cuales han realizado donaciones y envío de insumos a diversos actores de nuestro país. Dentro de las donaciones y envío de insumos se detallan: barbijos, trajes de protección, gafas de protección, tests de detección, guantes, protección para el calzado, entre otros. Éstos fueron destinados al Ministerio de Salud, de Defensa, de Seguridad, ministerios provinciales y municipios.

De esta forma, la cooperación bilateral en materia sanitaria entre Argentina y China refleja la creciente interacción y vinculación entre ambos países, en áreas que no solo se limitan al comercio y las inversiones sino que incluyen una amplia gama de ámbitos, como el académico, cultural, tecnológico, sanitario o científico, entre otros. 

La mencionada solicitud realizada a la Cancillería argentina forma parte de un conjunto de solicitudes enviadas recientemente por Fundeps a diferentes dependencias del gobierno nacional requiriendo información respecto a diversos aspectos de las relaciones sino-argentinas y a proyectos de infraestructura y energía que cuentan con financiamiento chino. Cabe destacar en este sentido que el efectivo y oportuno acceso a información de carácter público resulta fundamental incluso en un contexto como el actual, signado por la pandemia.

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Autores 

Florencia Harmitton

Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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¿El fin de una tradición histórica en la presidencia del BID?

En el mes de junio, Estados Unidos postuló, por primera vez desde la creación de la Institución en el año 1959, a un candidato norteamericano para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A mediados de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, postulaba como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- a Mauricio Claver-Carone, actual asesor para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional. 

La postulación pone en riesgo la vieja tradición del BID de que la presidencia del organismo recaiga siempre en latinoamericanos, mientras que la vicepresidencia es ocupada por un estadounidense. Así, desde su creación en 1959 solo han ocupado la presidencia del Banco cuatro presidentes, todos ellos de América Latina: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005) y el colombiano Luis Alberto Moreno (2005-2020).

Si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba  ocupar la presidencia,  existe una norma no escrita  desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC. Este tipo de normas no escritas en relación a la nacionalidad de sus presidentes se puede encontrar también en otras instituciones multilaterales . Por ejemplo, la presidencia del Banco Mundial siempre ha sido ocupada por una persona de EE.UU, el Fondo Monetario Internacional -FMI- ha sido presidido, históricamente, por un representante de Europa y, como se mencionó, el BID por una persona de América Latina. 

El nuevo presidente del BID, que será elegido por la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID el 15 de septiembre en Barranquilla, Colombia, sustituirá a Luis Alberto Moreno , quien está en la presidencia del Banco desde el año 2005. Además, con la postulación de EE.UU.  disminuyen las chances para el argentino Gustavo Béliz, ya que países de América Latina como Brasil, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Colombia y Uruguay apoyan la candidatura de Claver-Carone. 

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Autores

  • Gonzalo Roza 
  • Sofía Brocanelli 

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El Banco de los BRICS designó a su nuevo presidente: el brasileño Marcos Prado Troyjo

En una reunión especial, la Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS eligió al brasileño Marco Prado Troyjo como el nuevo presidente de la institución multilateral. 

La Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo -NDB-  de los BRICS se reunió de manera especial a través de videoconferencia para elegir al nuevo presidente del banco: el brasileño Marcos Prado Troyjo, quién asumirá su funciones el 7 de julio. Su vicepresidente será Anil Kishora de India y se desempeñará como director de riesgos del banco. El mandato presidencial tiene una duración de 5 años y los presidentes se eligen de manera rotativa entre los países miembros de los BRICS, es decir entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Troyjo fue viceministro de economía de Brasil, se desempeñó como secretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales y, representó al Gobierno brasileño en las juntas de las instituciones multilaterales de desarrollo. Además, presidió la Comisión de Financiamiento Externo de Brasil y el Comité Nacional de Inversiones. También fue cofundador y Director del BRICLab en la Universidad de Columbia, Estados Unidos y es miembro del Consejo del Futuro Mundial sobre Comercio Internacional e Inversión del Foro Económico Mundial (FEM). 

Marcos Troyjo reemplazará al anterior presidente del Banco KV Kamath de India, quién ejerció la presidencia desde 2015 y es el responsable de la respuesta que tuvo el NDB hacia la pandemia del COVID-19, a través del lanzamiento del Producto de Préstamo del Programa de Emergencia COVID-19. El nuevo presidente del NDB tendrá como desafío enfrentar las consecuencias económicas pospandemia, reactivar los proyectos de infraestructura y con ello la actividad del banco multilateral. Resta por verse también qué rumbo tomará no solo el Nuevo Banco de Desarrollo sino también el mismo espacio de los BRICS tras la pandemia, habida cuenta de la pérdida de influencia que ha experimentado el foro en años recientes y las críticas que recibió, incluso por parte del propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Exigimos participación y transparencia en el cambio de dirección del MICI

Ante la salida de la actual Directora del MICI, Victoria Márquez Mees, a fines del mes de junio, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó, a través de una carta enviada  al Directorio Ejecutivo del BID, la inclusión de partes interesadas y la transparencia en el proceso de selección de el/la nuevo/a Director/a del Mecanismo.

El próximo 30 de junio, la actual Directora del MICI, Victoria Márquez Mees, finaliza su mandato al frente del mecanismo de rendición de cuentas del BID, puesto que ocupa desde el año 2015. De esta manera, el BID está iniciando el proceso de  selección de el/la nuevo/a Director/a, por lo que, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta al Directorio Ejecutivo del Banco solicitando la inclusión de la sociedad civil y partes interesadas en dicho proceso de selección. Cabe aclarar que el último proceso de selección llevado adelante por el Banco resultó poco transparente y no incluyó ni a la sociedad civil ni a otras partes interesadas externas.

Siguiendo con lo anterior, le recomendamos al Banco que genere oportunidades e incentive la participación de la sociedad civil y partes interesadas externas en el proceso de selección. Sobre todo teniendo en cuenta que la política del MICI establece que el Directorio convocará un panel de selección para identificar candidatos. Además, la inclusión de partes interesadas externas en el proceso de selección de el/la Director/a de mecanismos de rendición de cuentas es una buena práctica realizada por varias instituciones financieras internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo por ejemplo. 

En línea con el proceso de cambio de dirección del mecanismo, el 12 de junio, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, enviamos una segunda carta al BID solicitando que el Grupo Consultivo Externo -GCE-  del MICI forme parte del proceso de selección. La participación del GCE aportará mayor transparencia al proceso ya que los miembros que conforman el Grupo son partes interesadas externas al Banco que poseen conocimiento sobre la región, el funcionamiento del MICI y sobre cuestiones vinculadas a la transparencia, sostenibilidad y rendición de cuentas. Además, la inclusión de los miembros del GCE en el proceso de selección significará el aporte de su experiencia y sus perspectivas calificada sobre el tema legitimando el proceso de selección e identificando al mejor candidato posible.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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El Banco Mundial, el BID y la CAF comprometen financiamiento para Argentina en el marco de la pandemia

En las últimas semanas, el Banco Mundial aprobó un proyecto por 35 millones de dólares y el BID y la CAF han comprometido montos de 1800 y 4000 millones de dólares respectivamente para proyectos que le permitan a la Argentina hacer frente a los efectos del COVID-19. Son préstamos de rápido desembolso que si bien resultan importantes para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia, plantean una serie de dudas respecto al efectivo cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación.

El efecto de la pandemia en la economía mundial puede verse reflejado en la paralización del comercio internacional y las actividades económicas. Además, la situación de incertidumbre ha propiciado el endurecimiento de la financiación externa para los Estados, que en este momento resultan esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria para la cual se requieren fuertes inversiones en materiales y equipamiento médico específico.

Frente a este escenario, diversas Instituciones Financieras Internacionales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Banco Europeo de Inversiones -BEI- o el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, entre otros, han puesto a disposición de los países financiamiento de rápido desembolso para proyectos que permitan hacer frente a los efectos de la pandemia . El pasado 2 de abril, el Banco Mundial -BM- aprobó un préstamo de emergencia de 35 millones de dólares para la Argentina, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud mediante la compra de equipos e insumos médicos para minimizar el impacto del coronavirus en el país. Este financiamiento forma parte del fondo de 14 mil millones de dólares que el Banco Mundial creó para brindar asistencia a los países que deben enfrentar las consecuencias en sus sistemas sanitarios y económicos a causa del brote.

Fuente: Página 12

Fuente: Página 12

Además, el BM se comprometió a cooperar con la República Argentina en la implementación del Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19. El mismo tiene como propósito fortalecer la preparación y la respuesta contra la pandemia y la adecuación de los sistemas nacionales de salud pública del país. La ejecución del proyecto de emergencia será en dos etapas: la primera consiste en los esfuerzos de respuesta a la emergencia del COVID-19 que consta de dos subetapas: por un lado, la detección, confirmación, seguimiento de contacto, registro e informe de casos y por otro el fortalecimiento de los sistemas de salud. La segunda etapa, es la implementación, monitoreo y evaluación del proyecto.

Asimismo, el 7 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo de 1800 millones de dólares para el país para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias ante la crisis del COVID-19. Es el mayor monto desembolsado por el BID hacia la Argentina en los últimos 10 años. El apoyo brindado por el BID se vincula con la atención al sistema de salud, la transferencia a la red de protección social para los más vulnerables y la recuperación económica y del empleo, principalmente, de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

Fuente: Infobae

Fuente: Infobae

Los programas del área pública del Grupo BID vinculados a la Argentina con objetivo de atender la emergencia del COVID-19 y que serán aprobados este 2020 es de 1000 millones de dólares, mientras que los otros 600 millones de dólares corresponden a proyectos vigentes. 

En un comunicado oficial, Presidencia explicó que el primero de los proyectos destinará 470 millones de dólares para un programa de salud pública con el fin de apoyar la respuesta frente al coronavirus, de la cual este año se desembolsaron 300 millones. El objetivo es asegurar el acceso al sistema de salud a 17 millones de personas. De igual modo, con la intención de apoyar el sector productivo y fomentar la creación de empleos se destinará 500 millones de dólares, para el cual 300 millones se desembolsaron este año. Se estima que el monto irá en auxilio de 30 mil micros, pequeñas y medianas empresas. 

Ademas, se destinará 600 millones con la meta de atender a la población más vulnerada mediante un programa de protección social creado en conjunto con el BID. De ese total, 400 millones serán desembolsados este año con el propósito de transferir recursos y subsidios a los sectores vulnerables. El mismo apoyará alrededor de 3 millones de empresas.  

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha expresado que en el contexto actual cada Estado debe adoptar medidas económicas que respondan a la coyuntura de cada país, sin dejar de lado el sector productivo y las franjas sociales más vulnerables. Para contribuir en dichos espacios, la CAF ha desplegado un paquete de préstamos de emergencias para cada país de hasta  50.000 millones de dólares para atender los sistemas de salud pública; también desembolsos de emergencia de  2.500 millones de dólares por país destinamos a PYMES que involucran distintos aspectos de la cartera financiera. Además se han puesto a disposición recursos de cooperación no reembolsables para donación de insumos esenciales al sector de la salud.

El presidente de Argentina mantuvo conversaciones con el ejecutivo del CAF (Luis Carranza Ugarte) intercambiando preocupaciones e iniciativas para responder a la crisis. La institución se comprometió con el Gobierno argentino a llevar adelante la ejecución de proyectos de cooperación técnica por más de  4.000 millones de dólares dentro de los próximos cuatro años destinados a la reactivación económica y ayuda social en distintos niveles gubernamentales. Para el corriente año, se destinará financiamiento específico para  fortalecer la emergencia en las provincias (40 millones de dólares), promover políticas sociales (30 millones de dólares), desarrollar inversiones en infraestructura entre los que se encuentran establecimientos educativos, reparación y construcción de rutas, y saneamiento (USD 900 millones de dólares). 

De esta forma, se puede apreciar que las  Instituciones Financieras han puesto a disposición del gobierno nacional fondos de rápido desembolso para poder hacer frente a los efectos de la pandemia de manera ejecutiva. Y la Argentina no es el único caso, ya que se han aprobado más de 130 proyectos en países de Latinoamérica, Europa, Asia y África por un monto total mayor a los 25 mil millones de dólares, de acuerdo a un mapeo de proyectos realizados por el Sistema de Alerta Temprana. 

Sin dejar de reconocer la necesidad de los países de contar rápidamente con recursos para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, cabe destacar que la mayoría de estos proyectos están siendo preparados, discutidos y aprobados de manera acelerada, en pocas semanas, cuando por lo general son procesos que demoran varios meses ya que deben atravesar una serie de instancias y cumplir una serie de requisitos para su aprobación y puesta en marcha. Requisitos que no sólo contemplan cuestiones económico-financieras, sino también en materia de transparencia, participación pública, rendición de cuentas, debida diligencia y sustentabilidad social y ambiental de los proyectos. Por lo tanto, cabe cuestionar si tales requisitos están efectivamente siendo contemplados y aplicados en estos proyectos de rápido desembolso por parte de las Instituciones Financieras y gobiernos involucrados.  

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Autores/as

Ailín Toso 

Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org