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La provincia de Córdoba adhirió a la Ley Yolanda

El día de hoy la Legislatura provincial aprobó el proyecto de adhesión a la Ley Yolanda de formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública.

Con la incorporación de ciertas normas particulares, la provincia de Córdoba sancionó la normativa por la cual se adhiere a la Ley Nacional N° 27.592, llamada Ley Yolanda en honor a Yolanda Ortiz, quien fuera la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la República Argentina.

Esta ley obligará a las personas que ejerzan la función pública en el Estado provincial a capacitarse en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático. En el texto cordobés se incorporan temáticas de particular interés regional, numeradas de un modo enunciativo, tales como bosque nativo, cambio climático, derecho ambiental, gestión de residuos solidos urbanos, impacto ambiental de las políticas públicas, preservación de áreas protegidas y recursos hídricos, entre otros.

Asimismo, afortunadamente se establece la autoridad de aplicación en el mismo cuerpo de la ley, siendo la Secretaría de Ambiente la encargada de su aplicación. Además, procura garantizar el acceso público a la información en torno al grado de cumplimiento de la ley, como así también le otorga a la autoridad de aplicación la facultad de celebrar convenios con universidades, instituciones científicas, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades para garantizar el cumplimiento de la norma.

A pesar de que la normativa podría haber sido superadora en relación a la Ley Nacional en torno a la conformación de una autoridad de aplicación mixta que incorpore al Ministerio de Educación, como así también la incorporación de una vía de denuncia o reclamo que permita a la ciudadanía aportar en el proceso de fiscalización, celebramos la adhesión provincial a esta importante herramienta para la protección ambiental.

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Realizamos observaciones sobre los Proyectos de adhesión provincial a la Ley Yolanda

La Comisión de Ambiente de la Legislatura Provincial se encuentra abocada al tratamiento de tres proyectos de ley para la adhesión provincial a la Ley Yolanda de capacitación ambiental obligatoria.

En el marco de dicho tratamiento, la Comisión de Ambiente ha efectuado un número de encuentros abiertos a ciertas organizaciones de la sociedad civil y personas dedicadas a la defensa del ambiente, a los fines de escuchar su opinión. Si bien la convocatoria a dichas personas no fue abierta a quienes pretendieran dar a conocer sus opiniones, lo cierto es que se generó un novedoso mecanismo de participación ciudadana limitado quizás por los tiempos que la agenda demanda. 

Dicho proceso constituye una buena práctica que ha de celebrarse. No obstante, hoy en día con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, tales espacios constituyen ya una obligación del Estado Provincial y no sólo el ejercicio de la buena voluntad política. La adecuada publicitación y convocatoria, como así también la organización y distribución  de los tiempos propiciando una amplia participación, debe de contemplarse en pos de una verdadera democracia ambiental. 

En el marco del proceso participativo, remitimos a la Comisión de Ambiente de la Legislatura Provincial, lo que consideramos resultan ajustes necesarios para una normativa superadora a la nacional. Así, se realizaron observaciones en torno al modo en que debe diseñarse una autoridad de aplicación acorde a los objetivos de la ley, al proceso de creación y valoración de los programas y contenidos de capacitación para las personas que ejercen la función pública, como así también la introducción de mecanismos de denuncia o reclamos que permitan a la ciudadanía el efectivo monitoreo y control sobre el cumplimiento de la capacitación ambiental. 

Creemos que una normativa provincial puede ser superadora, si incorpora mecanismos tendientes a garantizar mayor participación tanto en su etapa de gestación como en los procesos de monitoreo e implementación.

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org 

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El Concejo Deliberante de Córdoba prohibiría la exhibición de productos ultraprocesados en líneas de caja

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobaría este jueves un proyecto que prohíbe la exhibición de productos ultraprocesados en línea de cajas de supermercados, hipermercados y farmacias.

La iniciativa, presentada por Juan Pablo Quinteros -encuentro vecinal- y Nicolás Piloni -oficialismo- establece  la incorporación de una sanción a quien “exhibiere mercaderías que se encuentren clasificadas por la autoridad municipal competente como “productos ultra-procesados”, en supermercados, hipermercados y farmacias con horarios de funcionamiento amplio y formato de autoservicio, dentro de un radio de 3 (tres) metros de la caja registradora de pago o cualquier otra área de cobro localizada a los efectos.

Hace algunos años atrás la malnutrición por exceso era descrita como problema de los países desarrollados. En la actualidad este escenario ha cambiado radicalmente y la epidemia se ha extendido a una velocidad alarmante en los países de bajos y medianos ingresos. 

Las causas subyacentes a la malnutrición por exceso, enfermedades relacionadas con la ingesta excesiva de alimentos y el desequilibrio nutricional, son complejas y multidimensionales. La alimentación es producto de un conjunto de factores sociales, económicos y culturales que se ven influidos por la disponibilidad, el costo y la variedad de alimentos, junto con la costumbre, las creencias y la información a la que se accede sobre hábitos alimentarios, entre otros. En este marco, la publicidad juega un papel central, influyendo en las preferencias y hábitos alimentarios de la población. Existe evidencia clara sobre la influencia de la publicidad de alimentos no saludables en el tipo de alimentos que prefieren, piden y consumen los niños y niñas. En general, se trata de productos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar, grasas o sal. 

Cuando nos referimos a la publicidad quedan incluidas no sólo las formas tradicionales, medios de comunicación masivos y redes sociales; sino también, y muy especialmente en el caso de alimentos, la publicidad que figura en el embalaje, paquete o envase del producto, ya que es también concebido con la intención de despertar en el futuro adquirente las ganas de acceder al bien. Es allí donde la exhibición del producto cobra especial relevancia.

Las cifras alarmantes que rondan sobre la malnutrición por exceso resaltan la necesidad de que los Estados adopten medidas destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de alimentos. Es primordial el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan la creación de entornos saludables. El Estado argentino, de acuerdo a sus preceptos constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, tiene a su cargo tres tipos de obligaciones, estas son: la de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada. En esta temática puntual, la obligación de proteger es la más relevante en la medida en que exige una acción activa por parte del Estado para regular la conducta de terceros que con su actividad pueden afectar derechos fundamentales de la población.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales han publicado en los últimos años, numerosos documentos que, en base a evidencia científica libre de conflicto de interés, establecen un conjunto de medidas para regular los entornos y los productos, de modo de fomentar hábitos saludables y así detener el crecimiento de la malnutrición por exceso. Entre las medidas se encuentran: el etiquetado frontal de advertencias, medidas fiscales, el fomento del entorno escolar saludable y la restricción a la publicidad, incluyendo a la exhibición de productos como parte de ésta.

Es por ello que instamos a este Concejo Deliberante a dar un paso adelante en la restricción a la exhibición de productos ultraprocesados en las cercanías de las cajas de pago de supermercados, hipermercados y farmacias. Mediante una medida como ésta, el Estado estará protegiendo los derechos de consumidores y consumidoras, y muy especialmente, velando por la salud de niños y niñas.

Fuente de imagen: @nutricionistasderionegro

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Convocatoria a becas para el fortalecimiento de organizaciones autogestivas y comunitarias de Córdoba

Desde Fundeps y la Incubadora Feminista Latinoamericana, y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, abrimos convocatoria a organizaciones autogestivas y comunitarias de la provincia de Córdoba para participar de un proceso de construcción de capacidades para el fortalecimiento económico y organizacional. El mismo se realizará de forma virtual desde mayo a octubre del 2021.

Las organizaciones que lo deseen, podrán postularse para acceder a una de las 7 becas que cubren la inscripción, cuota, materiales y certificación al completar el proceso.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

Podrán aplicar aquellas personas que formen parte de una organización autogestiva y/o comunitaria, cercanas a la Economía Feminista, Economía Ecológica, Popular y Social y Solidaria. Deberán ser proyectos que ya estén en marcha o en instancia de consolidación, sin importar su rubro ni locación dentro de la provincia.

En la selección tendrán prioridad aquellas organizaciones lideradas y compuestas mayoritariamente por mujeres, personas travesti-trans y/o no binarias. Se valorará aquellas que en sus equipos de trabajo presenten paridad de género y trabajo en territorio.

¿En qué consiste el proceso?

Durante el año 2020 se llevó adelante un proyecto para visibilizar las experiencias autogestivas de Córdoba que tuviesen prácticas de Otras economías, que apunten a la sostenibilidad de la vida humana y no humana.

Para esta instancia proponemos un proceso de fortalecimiento para espacios autogestivos enfocado en su sostenibilidad económica. A partir de la mirada de la Economía Feminista y mediante instancias de construcción colectiva, aspiramos a consolidar herramientas para la sostenibilidad que partan de las necesidades, proyectos y posicionamientos de cada organización. Nuestra línea de trabajo promueve la planificación respetando los tiempos de la naturaleza, así como las necesidades de las personas y sus comunidades, poniendo la vida en el centro.

El proceso de fortalecimiento implica una carga horaria mínima de 30 horas, distribuidas en varias instancias de formatos diferentes, que inician a finales de mayo y concluyen a finales de octubre.

Para obtener información más detallada, te invitamos a descargar el programa completo acá.

Fecha límite y requisitos:

  • La convocatoria estará abierta desde el 6 hasta el 14 de mayo inclusive.

Las personas interesadas deberán:

  • Completar el este formulario.
  • Los resultados se comunicarán el 21 de mayo.

Consultas

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Continuan las negociaciones entre Argentina y China para la construcción de Atucha III

Argentina y China avanzan en las negociaciones para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear en nuestro país, con tecnología y financiamiento chino. Funcionarios de Estados Unidos expresaron su preocupación al Presidente de la Nación en reciente visita.

El Embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martinez, y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, mantuvieron, el pasado 6 de abril, una reunión con los directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear de China (CNNC), en la que concordaron dinamizar las negociaciones para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina. 

Los representantes de Argentina y China repasaron el estado de las negociaciones para la construcción de la central nuclear en nuestro país con tecnología china. Además, exploraron la posibilidad de expandir el vínculo bilateral en otras áreas de cooperación, tales como la exportación argentina de servicios y componentes para proyectos nucleares chinos y la extensión de vida de centrales nucleares en China.

El Secretario de Energía, Darío Martinez, afirmó que “el proyecto de la IV Central Nuclear cuenta con todo el apoyo del Presidente de la Nación y se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios entre ambos países”. Asimismo, Sabino Vaca Narvaja explicó que “Argentina cuenta con una plataforma muy desarrollada en el sector  nuclear con desarrollos propios y una base científica única en la región. Lograr nuestra cuarta central nuclear, además de ampliar nuestra soberanía energética, nos va a colocar en la vanguardia de un sector con desarrollo histórico en nuestro país”. 

Por su parte, el Director Adjunto del Departamento de Energía Nuclear de NEA, Qin Zhijun, remarcó la importancia de la energía nuclear en la estrategia de desarrollo chino, en particular, considerando la necesidad de tener una matriz energética diversificada, así como la importancia de la energía nuclear frente a la lucha contra el cambio climático. 

Preocupación en Washington

El pasado 14 de abril, arribaron a la Argentina dos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzalez, y la Subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, compartieron un almuerzo junto con el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez en la Quinta de Olivos. Asimismo, por la noche, compartieron una cena con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Los funcionarios del gobierno de Joe Biden le pidieron al gobierno argentino “prudencia” en la relación con China. De igual modo, expresaron su preocupación por el proyecto para la construcción de la central nuclear Atucha III, con financiamiento y tecnología proveniente de China. 

La preocupación por parte de Estados Unidos en la construcción de la central nuclear con tecnología y financiamiento de China refleja que la Argentina no está exenta de la dinámica política actual caracterizada por la competencia entre ambos gigantes.

Atucha III, la cuarta central nuclear del país

La construcción de este proyecto está prevista a ser emplazada en el Complejo Nuclear Atucha, ubicado en Lima, partido de Zárate, a unos 100 km de la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo complejo se encuentran las centrales nucleares Atucha I y II.

Según Nucleoeléctrica Argentina S.A, en las negociaciones se contempla que el reactor a construir en la nueva central sea un Reactor de Agua Presurizada (PWR por sus siglas en inglés) Hualong HPR1000 de origen chino. ¿Cómo funcionan estos reactores? Básicamente utilizan uranio enriquecido como fuente de calor (energía térmica), que es transportada por el agua a alta presión hacia un generador de vapor, que a su vez convierte esa agua en vapor que acciona una turbina generadora de electricidad. Este es el tipo de reactor más utilizado en el mundo para generación eléctrica.

Con respecto a los riesgos, NASA asegura que “los niveles de seguridad del reactor Hualong son significativamente elevados y los riesgos de retraso durante la construcción se reducen”.

Esta nueva central sería capaz de generar 1200 MWe de energía bruta. Para poner esto en perspectiva, los reactores de Atucha I, Atucha II y Embalse generan 362 MWe, 745 MWe y 656 MWe respectivamente.

Dadas las características del proyecto en cuestión, el tipo de energía a utilizar, la controversia respecto la tecnología a usar y su impacto en el posicionamiento externo de la República Argentina en un contexto de disputa entre Estados Unidos y China, desde Fundeps planteamos la necesidad de que el Estado nacional encare el proceso de negociación de forma transparente y brinde un marco amplio de debate hacia dentro de la sociedad argentina respecto al proyecto y al uso de la energía atómica. 

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Autores
  • Mariano Camoletto
  • Andres Paratz
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El día del animal en Argentina

El 29 de abril se celebró en Argentina el día del animal, en homenaje a Ignacio Lucas Albarracin, un abogado cordobés que desde la Sociedad Protectora de Animales, veló por sus  derechos y propulsó la primera Ley de Protección Animal en el país.

El actual contexto de crisis ambiental y climática, exige la protección animal en tanto componente fundamental de los diferentes ecosistemas desde una mirada integral. La degradación de los bosques nativos, ríos, humedales y otros biomas, necesariamente afecta a las diferentes especies que los habitan y que cumplen importantes funciones ecosistémicas. 

Además del impacto animal que ocasiona la degradación ambiental, existen hoy en día sistemas de producción, de consumo y de desarrollo científico, que asientan sus prácticas en la utilización de ciertas especies no humanas. Estos aplican métodos tortuosos que ocasionan un gran padecimiento en la corporalidad animal. Existen además ciertas prácticas o tradiciones que por su propia naturaleza se construyen sobre el sufrimiento animal. 

La visión antropocéntrica -el ser humano como centro de todas las cosas– pareciera ser el fundamento de tales prácticas, ya que ha ubicado al ser humano en la cúspide de la pirámide de especies y a los animales no humanos subordinados a su propia satisfacción.Su principal amenaza es el modelo de apropiación de la naturaleza que la especie humana ha concebido.

Al respecto, existen alternativas de producción y consumo que promueven la adopción de hábitos sustentables y no crueles para los animales. Un ejemplo de esto es la agroecología, cuyas prácticas parten de una interrelación tendiente a evitar el sufrimiento innecesario de las especies, bajo la aplicación de ciertas prácticas que liberan al animal de dolor, hambre, miedo, incomodidad y permiten expresar su comportamiento normal. 

Finalmente, algunos Estados reconocen a los animales y ecosistemas el estatus de sujetos de derechos no humanos garantizandoles cierto grado de protección jurídica. Casos judiciales como el de la Chimpancé Cecilia en Mendoza o la orangutana Sandra en Buenos Aires, han abierto en nuestro país esta línea de reconocimiento de derechos a entes no humanos. 

Sin dudas, el día del animal permite concientizar sobre la importancia del respeto y el cuidado que se merecen, de proteger a las especies en peligro de extinción o promover el aprendizaje sobre su rol como parte del ambiente. Además se trata de una oportunidad para generar interrogantes en torno al modo en que la sociedad se relaciona con otras especies, poniendo en tensión estructuras y concepciones dadas, en pos de garantizar la integridad de aquellos que en el conjunto conforman la naturaleza. 

Autoras

  • Débora Sabrina Cuello
  • Quimey Comba
  • Lucrecia Busso

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org 

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Participamos en un conversatorio con la nueva directora del MICI, Andrea Repetto

El pasado 27 de abril participamos de un conversatorio con sociedad civil organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, con motivo de la reciente asunción de su nueva directora, Andrea Repetto. Participaron organizaciones de la sociedad civil, individuos y personas del sector público y académico de diferentes países. Uno de los principales puntos de discusión giró en torno a la evaluación del funcionamiento del Mecanismo recientemente realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Grupo BID.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) fue establecido en 2010 como una instancia de último recurso para que personas que se consideren afectadas por proyectos financiadas por el Grupo BID puedan acudir al mecanismo en busca de una solución. En este sentido, cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

Al inicio del conversatorio, la nueva directora se introdujo personalmente, realizó  una revisión de los hechos más destacados del 2020  e indicó cuáles serán las prioridades del mecanismo durante 2021.

Manejo de casos en épocas de COVID-19 y prioridades en la gestión durante 2021

En 2020, el MICI adoptó acciones para mitigar los impactos de la pandemia en la gestión de reclamos. Gestionó un total de 21 reclamos de comunidades potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Grupo BID en 9 países: 17 reclamos se refieren a proyectos del BID con el sector público y cuatro a operaciones de BID Invest, con el sector privado. Además, el MICI empezó, por primera vez, un proceso de resolución de disputas de forma totalmente remota en Colombia (Ruta del Cacao).

Análogamente, con la reciente asunción de Repetto como directora, se identificaron 2 áreas prioritarias durante 2021: por un lado, la apertura del mecanismo, buscando que este sea más accesible para las comunidades que lo necesitan y, por otro, el aprendizaje institucional, con el objetivo de aportar más valor al Grupo BID y reforzar su rendición de cuentas y la sustentabilidad.

Evaluación del MICI por parte de la OVE 

La OVE realizó en 2012 una primera evaluación del MICI e identificó problemas significativos en términos de su política, estructura y funcionamiento, recomendando poner fin a la fase piloto del MICI y reformular su política y estructura. Así, en diciembre de 2014 el Directorio del Banco aprobó una nueva política y estructura para el mecanismo y desde inicios de 2016 el MICI también es responsable de gestionar las solicitudes relacionadas con operaciones del BID Invest, es decir, del sector privado. 

En la  siguiente evaluación (2015-2020) se analizaron 19 casos (entre diciembre 2014 – junio 2020) y se llegó a la conclusión que el MICI, en general, está operando de conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia y que  la actual política corrigió importantes temas identificados por OVE en su evaluación de 2012 como limitantes del buen funcionamiento del MICI. De igual forma, se registró una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. OVE también destacó la consolidación de capacidades en materia de resolución de conflictos al interior del MICI. 

Sin embargo, aún hay espacio para que el MICI profundice sus esfuerzos con miras a maximizar su contribución al sistema de salvaguardias y estándares ambientales y sociales del Grupo BID.

Un tema clave que quedó pendiente es la exclusión judicial, que sigue siendo un importante factor que limita el funcionamiento efectivo y eficiente del MICI.  

OVE también encontró que algunos requisitos para poder acceder al mecanismo son difíciles de cumplir para los solicitantes, tal como la necesidad de presentar sus inquietudes a la administración antes  de  recurrir  al  MICI.  A este respecto, cabe mencionar que la dificultad  de  cumplir  con  el  requisito  de  contacto previo con la administración tuvo que ver, en gran medida, con  la  falta  de  un  sistema  de  gestión  de  reclamos  al  interior  del Grupo  BID  durante  el  periodo  bajo  evaluación (2015-2020) y hacia ese objetivo apunta una de las recomendaciones de la evaluación de OVE. 

Promoción de acceso y riesgo de represalias

OVE indicó  que el mecanismo no es aún muy conocido a pesar de los importantes esfuerzos del MICI por darlo a conocer, incluyendo un importante trabajo en el ámbito de atención al riesgo de represalias que tiene implicaciones importantes para el acceso seguro al mecanismo. Tampoco queda claro que a nivel institucional exista consenso sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo y la forma de lograrlo. Cuestión no menor, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por último, otro punto que la evaluación señala que se debe fortalecer es la independencia del mecanismo, cuestión fundamental ya que la credibilidad del mecanismo depende de su capacidad de trabajar de manera independiente. Si bien el MICI es un brazo del Directorio, su valor agregado depende de la medida en que pueda presentarle informes francos y honestos sobre los reclamos asociados a los proyectos del Grupo BID.

A partir de estas y otras observaciones, OVE realizó 5 recomendaciones, dirigidas tanto al MICI como a la administración y a los Directorios del Grupo BID. Estas incluyen: 1) implementar el sistema de gestión de reclamos ambientales y sociales de la administración del Grupo BID de manera que se articule con el MICI, 2) dejar sin efecto la exclusión judicial, 3) reforzar la independencia del MICI, 4) asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados y, por último, 5) fortalecer las capacidades internas del MICI.

Cabría preguntarse, no obstante, si las limitaciones de la actual política pueden remediarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, una medida que OVE ha descartado en su evaluación.

Desde Fundeps, creemos que este tipo de instancias es fundamental para intercambiar opiniones y posturas en relación a cómo el Mecanismo pudiera ser aún más eficiente y efectivo en sus intervenciones a las problemáticas que se presentan en nuestra región. Asimismo, consideramos que un robustecimiento del mecanismo, se traduce en una mejora del  sistema de rendición de cuentas del Grupo BID en su conjunto.

 Esperamos que se sigan repitiendo estas instancias con el transcurrir del tiempo y celebramos que el MICI esté dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo, siendo capaz de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener. 

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Autora
  • Camila Victoria Bocco
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Convocamos a organizaciones para participar de instancias de gobierno abierto

 El Gobierno de Córdoba fue seleccionado para participar en OGP Local, un piloto mundial que busca la implementación de un Plan de Acción de Gobierno Abierto mediante la co-creación de políticas públicas con diversos grupos de interés. 

El objetivo propuesto por la provincia de Córdoba es profundizar el trabajo provincial en materia de gobierno abierto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de un trabajo articulado con distintos municipios de la provincia. De esta manera, se plantea trabajar en pos de acompañar a los gobiernos locales de Córdoba en el desarrollo de una territorialización colaborativa de los ODS, con perspectiva de género y juventudes. 

Desde la provincia, el proceso está liderado por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Coordinación, se sumaron también Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de la Mujer de Córdoba. Desde Fundeps y PARES estamos acompañando el proceso de co-creación de dicho Plan y convocamos a otros actores de la sociedad civil de la provincia a que quieran sumarse a potenciar este proceso de co-creación con la provincia de Córdoba. 

Si sos una organización de la sociedad civil, un colectivo o espacio que trabaja cuestiones de gobierno abierto, género o juventudes y querés ser parte del proceso de construcción de una Plan de Gobierno abierto Local completá este formulario.

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¿Qué está pasando con la ley de etiquetado?

El pasado 29 de octubre del 2020, la Cámara de Senadores, le dio media sanción al proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, con 64 votos positivos y 3 negativos. A partir de entonces, recayó sobre la Cámara de Diputados el deber de impulsar el correspondiente tratamiento legislativo hasta lograr su sanción. Sin embargo, el procedimiento hasta el día de hoy ha experimentado una serie de marchas y contramarchas que ponen en peligro su aprobación. 

Tras intensos reclamos de las organizaciones de la sociedad civil por la falta de iniciativa de la Cámara de Diputados, se realizó una reunión informativa en el marco de las sesiones extraordinarias el 23 de febrero de este año. Allí, referentes del sector de la industria, así como representantes de las organizaciones de consumidores/as y de la salud, acercaron información y expusieron su postura en torno a las diversas regulaciones y medidas que integran la normativa en cuestión. Sin embargo, los plazos no fueron suficientes para que diputados y diputadas alcanzaran a darle curso. El debate parlamentario por el proyecto de ley, debió ser pospuesto.

Paralelamente, de manera casi sorpresiva, el Poder Ejecutivo Nacional irrumpió en el ámbito de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y del Mercosur con la presentación de otra propuesta en torno al rotulado nutricional frontal de los alimentos. Esta propuesta tiene la particularidad de ser más amigable y flexible con la industria de alimentos en tanto que no sólo modifica el sistema de perfil de nutrientes (es decir, los valores a partir de los cuales es posible considerar un comestible alto en azúcares, sodio, grasas o calorías), sino que además excluye todo el conjunto de las otras medidas que también forman parte del actual proyecto de ley. Entre ellas, las regulaciones de los entornos escolares y las cuestiones relativas a la publicidad.

Frente a este escenario, nuevamente fueron necesarios los reclamos de la sociedad civil para que la Cámara de Diputados reanudara e impulsara el tratamiento del proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable. De este modo, el pasado 6 de abril y ya en el marco de sus sesiones ordinarias, tuvo lugar la cuarta sesión informativa. En dicha oportunidad, Fundeps junto a otras organizaciones, destacamos las fortalezas que presenta el actual proyecto en materia de protección de la salud, la necesidad de que se mantenga su tratamiento parlamentario y la urgencia en que se apruebe el proyecto sin modificaciones.  

¿Por qué es importante que sea a través del Congreso Nacional y no por la CONAL?

La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en la CONAL y Mercosur implica una flexibilización de los estándares de protección en materia de salud. En este sentido, presenta importantes diferencias con el proyecto de ley. 

Una de ellas es la concerniente al sistema gráfico. El proyecto de ley establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados deben incluir en la cara principal del empaquetado un sello de advertencia con la leyenda “exceso en”. Sin embargo, la resolución presentada por el Ejecutivo propone su modificación por la de “alto en”. Esto no es menor ni casual, si se tiene en cuenta que la evidencia científica disponible indica que la expresión “alto en” no genera la alerta que se espera en consumidores y consumidoras, pudiendo verse, en consecuencia, disminuida la efectividad de la política. Si un diseño comestible contiene cantidades excesivas de ingredientes críticos, dicha circunstancia debe ser expresada de la forma más clara y sencilla posible. 

Una segunda diferencia está dada por el perfil de nutrientes adoptado. Éste ya no sería el de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino otro mucho más laxo que haría que productos alcanzados por sellos de advertencia de acuerdo al perfil de nutrientes de OPS, puedan verse ofrecidos en el mercado como libre de octógonos negros. La mejor evidencia científica disponible hasta el momento y, por sobre todo, libre de conflictos de interés, demuestra que el perfil de OPS permite identificar los productos que, más allá del tamaño de la porción que se considere, tienden a desequilibrar las dietas de las personas y, por consiguiente, impactar negativamente en su salud. 

Una tercera diferencia, es que la presentación del Ejecutivo al limitarse únicamente al rotulado de los alimentos, deja sin regulación puntos claves del proyecto de ley tal como lo son los entornos escolares, las cuestiones concernientes a la publicidad, las regulaciones de claims, sellos de aval, etc. El proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados se caracteriza por ser una normativa integral que busca calar mucho más profundo, pues permitiría mejorar nuestros entornos, haciendo de ellos espacios más saludables y seguros. Esto cobra una mayor relevancia si se busca proteger el bienestar y la salud de los niños, niñas y adolescentes, quienes al encontrarse en una etapa de formación y desarrollo, requieren de una protección especial por parte del Estado. 

Finalmente, resta agregar que si la propuesta del Ejecutivo sigue su curso hasta lograr su aprobación en la CONAL o Mercosur, se estaría desoyendo la voz de la sociedad representada en el Congreso Nacional. Este órgano, estatuido como el máximo bastión de la voluntad popular, tiene constitucionalmente el deber de legislar y promover medidas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, debe resaltarse que la instancia legislativa es la que permite un trabajo más participativo y un mayor control por parte de la ciudadanía. A diferencia de lo que acontece en la CONAL, cuya modalidad de funcionamiento es más hermética, y adónde la ciudadanía tiene mayores dificultades para acceder a lo que allí se delibera y resuelve. 

Debe decirse que el actual proyecto de ley, no sólo está basado en la mejor evidencia científica disponible libre de conflictos de interés, sino que también ha sido el resultado de largos procesos de discusión y de consensos entre distintos partidos políticos. Estas circunstancias permiten que este tipo de políticas puedan ser concebidas como una política de Estado, dándole más fuerza, mayor legitimidad y más posibilidades de que pueda ser sostenida a lo largo del tiempo. 

Pasaron muchos años para lograr este paso importantísimo. Hoy, las condiciones están dadas para que la Argentina tenga la mejor ley. La gran prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que actualmente afecta a la población, requiere de una política que aborde de manera más integral los problemas de salud pública. 

En este sentido, el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una medida necesaria para proteger los derechos constitucionales a la salud, a la alimentación adecuada y los derechos de consumidores/as. Es por ello que, les pedimos a nuestros diputados y diputadas que aúnen sus voluntades para que el proyecto pase pronto a dictamen y que finalmente sea ley sin modificaciones.

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Autora

Maga Merlo Vijarra

Contacto 

Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

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Día Internacional de la Lucha Campesina

El pasado 17 de abril se celebró el Día Internacional de la Lucha Campesina, conmemorando el asesinato de 19 campesinos que reclamaban su acceso a la tierra y justicia en el año 1966 en el Dorado dos Carajá, Brasil. Crimen que aún continúa impune. 

El acceso a la tierra continúa siendo hoy uno de los principales conflictos al que se enfrenta el campesinado. La disputa se basa en la lucha por el acceso, el control y la reconfiguración del territorio que incluye el suelo, agua, aire, biodiversidad, comunidades, etc. En nuestra región, el principal motivo que lo ha desencadenado es el avance del agronegocio, caracterizado por estar en manos de un número reducido de empresas nacionales y trasnacionales que se articulan a través de la venta y apropiación de tierras, semillas transgénicas, pesticidas, maquinarias, hasta su efectiva comercialización (en manos de monopolios). 

El modelo productivo dominante en nuestro país, basado en la  “revolución verde”, se sustenta en una forma de producir, destructiva, descontextualizada y no vinculada a las comunidades preexistentes, la naturaleza y a las costumbres de la  región donde se desarrolla. Muestra de ello son los innumerables pasivos ambientales y sociales que genera a través del uso excesivo de agroquímicos, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de aguas superficiales y de napas, el uso inmoderado de energías fósiles, la creciente emisión de gases de efecto invernadero, el empobrecimiento de los suelos, el exterminio de la biodiversidad y la consecuente producción de alimentos carentes de nutrientes. 

A raíz de las graves consecuencias que produce tanto en la salud como en el ambiente, con el correr de los años, se han ido desarrollando distintas resistencias a esta forma de producir. Ejemplo de ello es doña Ramona Orellano de Bustamante,  símbolo de lucha para los campesinos y campesinas, que desde hace más de 15 años resiste en el norte de la provincia cordobesa en defensa de su territorio, enfrentando al poder económico, al agronegocio, al poder judicial, y al sistema que la ha vulnerado sistemáticamente.

La agroecología se presenta así como una alternativa al agronegocio, desarrollada por el campesinado, las familias campesinas y pueblos originarios. Esta otra forma de producir no es considerada sólo como un método de cultivar  alimentos sanos y de calidad nutricional, sino también como un movimiento con metas sociales, culturales y políticas que tiene como principio el respeto a la Madre Tierra. Además revaloriza el estatuto campesino, ayuda a construir independencia de los mercados desfavorables, favoreciendo el desarrollo local, sostenible y resiliente ante el cambio climático.

Pese a todos los beneficios que presenta la agroecología, y la necesidad de fomentar la agricultura familiar, campesina e indígena, y de encontrarse esta regulada tanto a nivel nacional como provincial (Ley Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba), no existen actualmente políticas públicas reales que la valoren y promuevan. Por estos motivos, es  necesario una verdadera voluntad política que atienda la urgencia de una reforma agraria, que nos lleve hacia una agricultura más sustentable, que produzca alimentos de calidad y con campesinos bien remunerados y reconocidos por su servicio a la sociedad. Sin dudas, se trata de una deuda pendiente y aún falta mucho camino por recorrer, por lo que es importante que la lucha sea reivindicada y visibilizada el pasado 17 de abril.

Fotos Ludmila Gómes (Archivo Movimiento Campesino de Córdoba)

Autoras

  • Ananda Lavayen
  • María Laura Carrizo

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Andrea Repetto Vargas inició funciones como nueva directora del MICI

Andrea Repetto ha sido nombrada por el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) para el periodo 2021–2026 e inició funciones el pasado 16 de marzo de 2021.

El pasado 5 de febrero, el BID comunicó el nombramiento de la chilena Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI para el periodo 2021–2026.  Repetto Vargas  es abogada y cuenta con más de 15 años de experiencia en  mecanismos de rendición de cuentas, promoción de derechos humanos y mediación. Fue Especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabajó como especialista en resolución de conflictos para la CAO, el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial. También ha dirigido procesos de mediación y diálogo para abordar complejos problemas de proyectos ambientales y sociales en América Latina y África del Oeste. 

Al asumir el cargo el pasado 16 de marzo, Repetto Vargas manifestó su compromiso de trabajar por un MICI «aún más abierto a todas las personas y comunidades de la región que nos necesiten» enfatizando su voluntad de «potenciar el aprendizaje institucional, que permita aportar aún más valor a la institución y reforzar así la rendición de cuentas y la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos del Grupo BID». A su vez, destacó el trabajo realizado por la directora saliente, Victoria Márquez-Mees, y de todo su equipo señalando que permitió robustecer el Mecanismo y posicionarlo como referente. 

Desde Fundeps saludamos la designación de Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI y esperamos que esta elección permita continuar el proceso de fortalecimiento y difusión del Mecanismo que ha venido teniendo lugar desde su creación en 2010.

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Autora

  • Julieta Boretti

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