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Ciclo de webinars sobre Economía Feminista

Junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba y con el apoyo de la Heinrich BÖll lanzamos una serie de 5 encuentros virtuales para reflexionar en torno a otras economías que se centren en la sostenibilidad de la vida. 

El ciclo de webinars sobre Economía Feminista abordará, desde esta mirada, distintas aristas que nos permitirán reflexionar, debatir y compartir saberes y experiencias sobre otras formas de organizar el trabajo, producir, distribuir y consumir que subviertan las lógicas capitalistas y heterocispatriarcales. 

El ciclo nos invita a articular las propuestas de la Economía Social y Solidaria, la Economía Popular, la Economía Ecológica con la Economía Feminista, a fin de pensar otras economías que reemplacen el afán de lucro por el cuidado y sostenibilidad de las vidas humanas y no humanas.

 

1. Herramientas para organizaciones autogestivas y comunitarias. Recursos jurídicos, tributarios y administrativos.

Disponible aquí

 

OCTUBRE

2. Hacia la sostenibilidad de la vida. Diálogos entre las experiencias de América Latina y España.

> Próximo 16 de octubre 10am

INSCRIBITE ACÁ

3. Lo esencial es invisible al mercado. Corresponsabilidad, comunidad y cuidados.

 

NOVIEMBRE

4. Otra(s) economía(s). Diálogos entre la Economía Feminista y las economías Popular, Solidaria y Ecológica.

5. La otra economía existe y sostiene la vida. Conversatorio con organizaciones autogestivas y comunitarias de Córdoba.

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Se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

El V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe, que se realizó de manera virtual en esta ocasión, se centró principalmente en las vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación de la pandemia del COVID-19 en la región.

Desde el 7 al 11 de septiembre se realizó virtualmente el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. El objetivo de este Foro es nuclear en un mismo espacio a gobiernos de todos los niveles, empresas, ONGs, comunidades indígenas y demás organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de funcionar como un medio para el diálogo de estos actores.

Los Foros Regionales se han convertido en un espacio clave en América Latina y el Caribe, y en otras regiones de mundo, para que los actores antes mencionados puedan intercambiar visiones e información sobre las nuevas prácticas empresariales, ordenamientos jurídicos, planes de desarrollo económico y demás actividades que pueden repercutir en los derechos humanos de distintas personas o colectivos, informar sobre estos sucesos y encontrar soluciones de una manera conjunta, abarcando todos los espacios de la sociedad.

A raíz de la pandemia del COVID-19, el Foro de este año prestó especial atención a aquellas vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación; aquellas personas o comunidades que ya se encontraban en situaciones desfavorables, y que, debido a la pandemia mundial, su situación ha empeorado. Los desafíos que se presentan en este escenario complejo e imprevisto deben ser abordados de manera integral y con todos los actores de la sociedad desde las empresas y los gobiernos hasta la sociedad civil y las comunidades locales, para lograr sortear esta crisis de una manera económicamente viable y ambientalmente sostenible.

La tarea en la post pandemia será lograr recuperar los estándares de vida perdidos durante este año, sobre todo por la pérdida de empleo, al mismo tiempo que la matriz productiva y las prácticas empresariales de los países se reformulan hacia una más sustentable y amigable con los derechos humanos. Uno de los instrumentos que se puede implementar para lograr este objetivo son los “Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, también conocidos como “Principios de Ruggie”, redactados en el año 2011 en el marco de la ONU.

A grandes rasgos estos 31 principios pueden resumirse en tres pilares:

  • El deber de los Estados en proteger y resguardar libertades y derechos humanos.
  • La responsabilidad empresarial de respetar estos derechos.
  • El acceso a mecanismo de reparación de daños.

Actualmente, en el marco de la ONU se están llevando a cabo negociaciones y reuniones para realizar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos de las comunidades donde realizan sus actividades. Este año, el tratado se encuentra en una sexta instancia de revisión que será discutida en el 9° Foro anual de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar de manera virtual desde el 16 al 18 de noviembre.

Esperamos que las negociaciones en marcha culminen con un acuerdo fructífero para el conjunto de los actores y sobre todo con una acorde y correcta implementación, que no solo se limite a buenas intenciones sino que realmente sirva para mejorar la relación entre la actividad empresarial, el medio ambiente y las comunidades locales.

A su vez, existen otros lineamientos generales que se pueden seguir e implementar para el logro de los objetivos post pandemia, como las “Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” o la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Foros regionales como el realizado en septiembre, o aquellos de carácter global como el que se realizará en noviembre, constituyen espacios clave. No solo para avanzar en las iniciativas en marcha arriba mencionadas, sino también para profundizar el diálogo y promover una mayor articulación entre los diferentes actores involucrados en los procesos tendientes a asegurar una mayor promoción y protección de los derechos humanos por parte del sector privado.

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Autor

Denis Rhys

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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El candidato de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, fue elegido como nuevo presidente del BID

Por medio de una reunión virtual, la Asamblea de Gobernadores del BID eligió como presidente del Banco al candidato norteamericano, Mauricio Claver-Carone. 

El 12 de septiembre se reunieron virtualmente los integrantes de la Asamblea de Gobernadores del BID para elegir a Mauricio Claver-Carone como nuevo presidente del Banco por los próximos 5 años. A pesar de que al inicio del proceso de elecciones se presentaron varios candidatos, la presión ejercida por EE.UU llevó a que la candidata Laura Chinchilla de Costa Rica se bajará y posteriormente, un día antes de las elecciones, lo hiciera el candidato argentino, Gustavo Béliz. También fracasó la estrategia de no dar quórum en la elección planeada por algunos de los países de la región opositores al candidato norteamericano y a la ruptura de la tradición histórica en la presidencia del BID. 

Claver-Carone reemplazará a Luis Alberto Moreno el 1 de octubre de este año y será el quinto presidente del Banco. Además,  será responsable de las operaciones del Grupo BID, es decir del BID, BID Invest y BID Lab. El presidente electo se desempeña como Asistente Adjunto del Presidente de EE.UU y Director Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de los EE.UU. También fue Representante de EE.UU. ante el FMI y Asesor Senior del Subsecretario de Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro de los EE.UU. 

Para que un candidato sea elegido presidente del BID tiene que recibir la mayoría de la totalidad de los votos de los países que son miembros del BID (48 países miembros en total)  y el apoyo de por lo menos 15 de los países miembros regionales (con Canadá y EE.UU el total de países miembros regionales es de 28). En este caso, Claver-Carone ganó con 67 % de los accionistas en total y con el apoyo de 23 de los 28 miembros de la región El presidente es elegido por la Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID. Cada país miembro del Banco posee un Gobernador cuyo poder de votación es proporcional al capital que tiene su país en el BID. Por lo general, los gobernadores son los Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales u otros funcionarios públicos de los países miembros.  

Desde organizaciones de la sociedad civil, el mes pasado emitimos un pronunciamiento a los Gobernadores del Banco donde expresamos nuestra preocupación por las elecciones presidenciales de la Institución, el rechazo a la postulación del candidato norteamericano y la falta de apertura del proceso de elección ya que no se contempló la participación de las organizaciones sociales y las comunidades. En el pronunciamiento, también resaltamos las condiciones que debería tener el nuevo presidente como:

  • Fuerte compromiso por el multilateralismo.
  • Amplia experiencia y conocimiento del contexto de los países latinoamericanos y caribeños.
  • Claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todas las comunidades y la sociedad civil en el accionar del Banco.  
  • Conocimiento y experiencia en las agendas de desarrollo que manifiesten un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente rápidamente a los efectos del cambio climático e implementar un modelo de desarrollo sostenible centrado en las comunidades y los pueblos indígenas. 

Lo que resta por saber es si el presidente electo, Mauricio Claver-Carone, cumple con todas las condiciones mencionadas y si será capaz de distinguirse de la presidencia de Luis Alberto Moreno, marcada por la falta de diálogo con la sociedad civil y comunidades afectadas. ¿Será Claver-Carone capaz de abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y la comunidades así como responder de manera adecuada a las demandas de los países latinoamericanos y caribeños en el contexto de crisis económica, social y climática que están atravesando?

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Un proyecto de ley que busca regular las distancias de aplicación de agroquímicos

En el mes de junio, el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos) presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la manipulación y aplicación de productos agroquímicos. En concreto busca prohibir “todas las aplicaciones aéreas de agroquímicos y las terrestres, manual o mecánica, de agroquímicos a menos de mil quinientos (1.500) metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua”.

La importancia de dicho proyecto de ley, entre otros supuestos, parte de la base de establecer una norma de presupuestos mínimos la cual concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. El texto normativo se enmarca en el deber que tiene el Estado en la preservación del entorno humano en la medida que alberga la salud de la ciudadanía y resguarda su calidad de vida , el cual debe configurar su objetivo principal (41 de la CN) y que a su vez ha sido receptado por la ley General del ambiente dentro del marco de los principios de política pública ambiental. 

Entre los aspectos más destacables del proyecto se pueden mencionar los siguientes: 

Establece distancias mínimas para la aplicación de agroquímicos: el Art. 2 del proyecto prohíbe la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas y la obligación de establecer una distancia mínima de 1500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, etc. Establece, además, que ante la existencia de duda razonable acerca de la delimitación del área de protección ambiental será obligación de la persona que va a aplicar el agroquímico de solicitar la delimitación del área prohibida. 

Respecto al daño ambiental, en el Art. 5 del proyecto, dispone una importante previsión en torno a la responsabilidad. Así, presume, salvo prueba en contrario, que quien aplica el agroquímico dentro del área de protección ambiental, es responsable por el daño ambiental colectivo ocasionado. Asimismo, prevé un sistema de responsabilidad solidaria (de manera conjunta) de todas las personas que intervinieron en la aplicación del producto, entre esto las personas productoras, usufructuarias, arrendatarias, y cualquier otra persona responsable del inmueble sobre el cual se aplica el producto. Dicha responsabilidad se hace extensiva a su vez a las autoridades competentes que no hubiesen actuado de una manera diligente a la hora de aplicar la ley. Además, la ley obliga a esta ultima a aplicar cualquier medida de oficio tendiente al cumplimiento de la normativa. 

Del contenido del texto normativo surge, aun cuando no expresamente, la orientación de las reglas dispuestas a partir del principio precautorio, cardinal en el microsistema de derecho ambiental. Este establece que la ausencia de información científica no será razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente ante un peligro de daño grave o irreversible. En esta situación y ante un hipotético impacto negativo sobre el ambiente y la salud de la población por la exposición de agroquímicos debe aplicarse este principio, y restringir o regular su uso de modo tal de prevenir cualquier impacto nocivo.

La iniciativa reviste importancia pues visibiliza la problemática que representa el uso y aplicación de estos productos de manera indiscriminada y permite discutir esta arista del problema, que hasta ahora ha sido resuelta casuísticamente por numerosos tribunales locales garantizando distancias de aplicación seguras. Argentina lidera el ranking mundial en cuanto a la cantidad de glifosato utilizado en su producción agrícola y no hay dudas sobre el efecto tóxico, agudo y crónico que tienen los agroquímicos en la salud de la población en particular y del impacto ambiental a nivel general. Resulta por lo tanto primordial que el Estado, en el marco de sus atribuciones, dicte políticas públicas orientadas a la defensa del ambiente garantizando de este modo el respeto de un derecho humano fundamental como es la salud.

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Autora

María Canedo

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org 

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Sentencia de la Cámara de Apelaciones a favor del Potrerillo de Larreta

El pasado 15 de julio, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Novena Nominación de la ciudad de Córdoba resolvió dejar sin efecto la sentencia de primera instancia y permitir la colocación de alambrados en el arroyo Los Paredones de la localidad de Alta Gracia. En esa misma causa, con la agrupación Todos Por Nuestros Arroyos, solicitamos en el año 2018 participar en el carácter de terceros interesados.

Durante el mes de julio del corriente año, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 9na nominación  dictó sentencia en los autos caratulados «El Potrerillo de Larreta S.A contra Provincia de Córdoba- Ordinario- demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción- cautelar». El tribunal dispuso dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, admitiendo la demanda del Country Club Potrerillo de Larreta y permitiendo, consecuentemente, el cercamiento del arroyo Los Paredones en aquel sector correspondiente al emprendimiento.

En el marco de esta causa, conjuntamente con la agrupación de vecinos y vecinas Todos por Nuestros Arroyos, solicitamos en el año 2018 la participación como terceros interesados. La solicitud tuvo y tiene como fin poder participar en el proceso judicial, permitiéndonos aportar elementos que consideramos relevantes para su resolución. Sin embargo, al día de la fecha dicha solicitud continúa sin ser resuelta.

Habiendo transcurrido casi dos años, la demora en tramitar y resolver la incorporación de Fundeps y de la agrupación Todos por Nuestros Arroyos en la causa, constituye una barrera que restringe el adecuado acceso a la justicia a la vez que vulnera la garantía de tutela judicial efectiva. Mientras esperamos conjuntamente con la comunidad la aceptación para formar parte del proceso, la causa continúa con su trámite, habiéndose resuelto ya una segunda instancia y con posibilidades de una resolución final, sin que  hayan podido ser oídos quienes tienen intereses legítimos en participar.

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Juan Bautista Lopez, <juanbautistalopez@fundeps.org>

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Jugando a la ESI: “Tutti Frutti De_Generado”

En un vivo de Instagram, jugamos y reflexionamos junto a Activando Derechos sobre temas relacionados con la Educación Sexual Integral, como los estereotipos de género, micromachismos, relaciones, vínculos, consentimiento, entre otros.

El pasado jueves 10 de septiembre realizamos una actividad por Instagram junto con el equipo de “Activando derechos” por los Derechos Sexuales y (no) Reproductivos, con el fin de conocer sus actividades y compartir distintas experiencias sobre la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en las instituciones educativas, de una manera divertida y psicopedagógica.

A partir del contexto actual generado por la pandemia se plantean nuevos modos de enseñar-aprender por medio de la virtualidad. Estos nuevos modos interpelan no sólo a docentes y estudiantes, sino también a las familias. Es en esta nueva coyuntura que se problematiza y piensa la ESI como parte de la currícula y como esencial en tanto derecho de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, su implementación en la actualidad continúa siendo obstaculizada al interior de muchas instituciones.

“Chomaso que hablen por vos”

El encuentro tuvo lugar en InstagramLive y se llevó a cabo de la mano de un juego -tutti frutti- basado en temas de interés que surgieron de una encuesta que habíamos distribuido entre jóvenes. Las categorías con las que jugamos fueron: insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género; formas o tipos de relaciones sexoafectivas; estrategias para rechazar a alguien que insiste en buscarte; cosas que no deberían pasar en un vínculo sexoafectivo y consumos culturales LGBTTTIQ+. Estas secciones dieron pie a la conversación entre quienes transmitieron el vivo, que mientras recibían las respuestas del público desarrollaron un breve análisis de cada palabra propuesta.

Después de pasar por varias letras, desde Activando Derechos compartieron algunas reflexiones sobre su trabajo y las experiencias dentro de los talleres que realizan en los colegios junto con niñas, niños y adolescentes. El equipo trabaja con jóvenes en distintas instituciones educativas a partir de un enfoque de derechos y con perspectiva de género, generando espacios colectivos y no adultocéntricos, en donde pueden expresar lo que piensan y sienten, desenvolviéndose en un ámbito de informalidad y confianza.

La importancia de articular

Estos espacios de aprendizaje e intercambio resultan enriquecedores y colaboran con la promoción e implementación de un derecho fundamental para los y las jóvenes, dando lugar a los y las protagonistas a apropiarse de los mismos y ser un componente activo de su propio aprendizaje.

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Para conocer más sobre Activando Derechos, seguí sus redes: Facebook  – Instagram

Autoras

Josefina Gelid

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Solicitamos apertura a amigos del tribunal ante la Corte Suprema

La presentación como amicus curiae que hizo el CELS en una causa federal de interés público fue rechazada por el Juzgado de primera instancia y por la Cámara de apelaciones. Su pedido de ser tenido como amigo del tribunal llegó a la Corte Suprema, por lo que solicitamos que se abra la causa a amicus.

El día 10 de septiembre presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una solicitud para que abra la convocatoria de amicus curiae en la causa “Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y otro c/ Estado Nacional Ministerio Industria de la Nación y otros s/ Nulidad de acto administrativo”. En dicho proceso, donde la controversia versa sobre la regulación de las condiciones para la patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó participación en calidad de “amicus curiae”. Ello en el entendimiento de que existe una íntima relación entre el derecho a la salud, y el acceso a medicamentos en condiciones de igualdad, y los criterios de patentabilidad. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada tanto en primera instancia como en la Cámara Civil y Comercial Federal.

El rechazo se basó en la ausencia de regulación de la figura procesal en instancias inferiores a la Corte Suprema y la falta de experticia del CELS en el tema de fondo de la causa. Sin embargo,  los antecedentes jurisprudenciales demuestran que ello no es impedimento para admitir la participación a los amigos del tribunal. Por otro lado, el motivo por el cual el CELS solicita participación en la causa radica en el interés público y los derechos fundamentales comprometidos, temática en la que posee reconocida trayectoria.

En nuestra solicitud manifestamos que la intervención de los amicus curiae puede coadyuvar a un mejoramiento de la actividad jurisdiccional de asuntos de interés público y a una democratización del debate judicial. La denegación del CELS como amicus curiae en todas las instancias procesales obstruye la posibilidad de arribar a una decisión más democrática y transparente.

La decisión que tome la Corte en esta instancia puede marcar una guía jurisprudencial para casos análogos. Es por ello que esta presentación constituye una buena oportunidad para que fije un criterio amplio para la admisión de esta figura y para que la participación ciudadana en debates judiciales de interés público empiece a ser la regla y deje de ser la excepción.

Autora

Bárbara Juárez

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Argentina, a un paso de convertirse en miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Por unanimidad, el 3 de septiembre el Senado argentino aprobó el ingreso de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB, por sus siglas en inglés-. Sólo resta la votación de la Cámara de Diputados para hacer efectiva la incorporación. 

Argentina, está a un paso de convertirse en miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB- ya que por medio de una votación unánime, 69 votos afirmativos, el Senado argentino aprobó el ingreso de nuestro país a la institución. Ahora falta que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ingreso. 

La intención de Argentina de formar parte del Banco data de la gestión de Mauricio Macri, donde en el primer Foro ‘Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional’  realizado en el 2017, afirmó la intención del país de formar parte del AIIB. Ese mismo año, el Directorio del AIIB aprobó el ingreso de Argentina a la institución. 

De la región, Ecuador y Uruguay ya son miembros del AIIB. Por otro lado, han solicitado acceso al organismo Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y Brasil. El Senado de este último también aprobó su ingreso, sin embargo se incorpora como miembro fundador debido a que forma parte de los BRICS y todos los los países fundadores de este bloque gozan de ese status. 

El AIIB nace en el 2015 por iniciativa de China, pero comienza a operar en enero de 2016. Actualmente tiene 102 miembros de distintas regiones del mundo. Es una institución financiera multilateral que, por medio de inversiones en infraestructura, fomenta el desarrollo económico sustentable, crea riqueza y mejora la conectividad en infraestructura, promoviendo la cooperación regional con instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo. La estrategia del Banco se sustenta en el concepto Lean, Clean and Green en la cual busca ser eficiente, ágil, ético y respetuoso con el medio ambiente y los derechos sociales. Además, el financiamiento a los países se realiza por medio de capital público e inversiones privadas y sus operaciones financieras se fundamenta en otorgar créditos, garantías y participaciones. 

Desde que inició sus operaciones, el AIIB ya ha financiado 138 proyectos de infraestructura, entre proyecto finalizados y proyecto en proceso. Además, el capital invertido del organismo alcanza los 31 mil millones de dólares, que abarca proyectos aprobados y solicitados. Los sectores en los que invierte este organismo son energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructura en áreas rurales, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, abastecimeinto de agua, servicios sanitarios, protección ambiental, logística, entre otros.  

El ingreso al AIIB habilita a nuestro país la posibilidad de acceder a financiamiento de un nuevo organismo multilateral para obras de infraestructura del sector energético, transporte y reformas urbanas, por ejemplo. También, las PYMES y otros sectores productivos podrían acceder a la financiación del Banco. Por último, otro punto a destacar es que este organismo brinda préstamos a bajas tasas de interés y sin condiciones económicas y políticas a diferencia de organismos multilaterales tradicionales como el FMI. 

También, el proyecto aprobado por el Senado posibilita al Banco Central a acceder hasta 50 acciones de capital, con un valor de 100 mil dólares cada una, de acuerdo con el registro admitido por el AIIB para la incorporación de un país miembro. Una parte de estas acciones, específicamente 40, corresponden al capital exigible y las acciones restantes corresponden al capital a integrar.

El afianzamiento de la relación entre nuestro país y la República Popular China se está intensificando y entre sus causas, además de la aprobación parcial del ingreso de Argentina al AIIB, también se encuentra el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral con el país asiático, la donación y provisión de insumos sanitarios en la lucha contra el Covid-19, los avances para probar la vacuna china en la población argentina y las negociaciones que se están realizando para hacer efectivo el ingreso de Argentina a la Iniciativa de la Ruta y la Seda y la construcción de la cuarta central atómica. Por lo que se espera un estrechamiento aún más fuerte de la cooperación entre ambos países. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Conversatorio “ILE, Pandemia y Telemedicina: Nuevos desafíos”

El día viernes 21 de agosto se llevó adelante junto con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de manera virtual, el primer conversatorio sobre Interrupción Legal del Embarazo, Pandemia y Telemedicina. Este encuentro tuvo como objetivo repasar la normativa vigente, socializar los diferentes desafíos que se presentan a la hora de implementar la ILE durante la pandemia, las limitaciones que enfrentan profesionales de salud y las ventajas de la Telemedicina.

En el contexto actual de pandemia, la OMS se ha pronunciado considerando que son “servicios esenciales” distintas prácticas sanitarias, tales como la vacunación sistemática, el tratamiento de enfermedades crónicas, y los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, entre los que incluye la atención durante el embarazo, el parto y la Interrupción Legal del Embarazo. De igual manera lo hicieron las autoridades de salud nacionales y diversas instituciones especializadas en salud. Sin embargo, la falta de información y de medidas por parte de las autoridades competentes, junto a la ausencia de un marco legal claro, dificultan a profesionales de la salud poder cumplir de manera efectiva con las prácticas de la ILE, y a las personas gestantes ejercer derechos que, en la situación sanitaria actual, requieren especial atención a los fines de evitar su avasallamiento.

En el encuentro, del que participaron un total de 40 profesionales de la salud, se habló sobre el marco legal bajo el que se rige la práctica de Telemedicina en Córdoba y Argentina en general, en el contexto particular de la pandemia e independiente de él, se dieron ejemplos prácticos y paralelismos con normativas internacionales. La instancia sirvió también para poner en común distintas experiencias vivenciadas por profesionales, quienes destacaron la importancia y necesidad de espacios para el intercambio de herramientas, información y actualización de conocimientos normativos para el ejercicio de las prácticas de manera segura, tanto para pacientes como para profesionales de la salud intervinientes. 

Presentación de la cartilla “Abortar con derechos durante la pandemia: Interrupción Legal del Embarazo como servicio esencial”

Fundeps presentó en el encuentro un documento que desarrolla los aspectos técnicos y jurídicos que se deben contemplar a la hora de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo durante la crisis generada por el coronavirus, con referencias a protocolos y recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias. Contiene además un apartado sobre el uso de la teleasistencia para la atención de estas prácticas, considerando las modificaciones impulsadas recientemente por la pandemia. El documento es una síntesis de la información actualizada para la atención de la ILE, siguiendo los principios de reducción de riesgos y optimización de recursos.

El intercambio de conocimiento como herramienta fundamental 

Celebramos estas instancias de formación e intercambio con diferentes actores que intervienen en la realización de los derechos humanos, como en este caso, los y las profesionales de la salud. Encuentros como este son fundamentales para que estas prácticas sanitarias se lleven adelante sin riesgos ni temores y de manera completa, informada y segura. 

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Autoras

Irene Aguirre

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Pronunciamiento regional frente a las elecciones presidenciales del BID

Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.    

El 12 y 13 de septiembre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- elegirá un nuevo presidente que reemplazará a Luis Alberto Moreno, tras 15 años ininterrumpidos de gestión. Las elecciones tendrán lugar a través de una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores que se realizará de manera virtual. Distintos países de la región han postulado candidatos, como Argentina que nominó a Gustavo Béliz y Costa Rica a Laura Chinchilla. Sin embargo, lo que genera preocupación en el actual proceso de selección presidencial del BID, es la postulación por parte de EEUU del candidato Mauricio Claver Carone. Esto, además de ir en contra de la regla no escrita del BID de que la Institución debe ser dirigida por un representante latinoamericano, amenaza la capacidad de toma de decisiones de los países prestatarios del Banco, habida cuenta de que Estados Unidos posee el mayor porcentaje de capital y votos dentro de la Institución.

En un contexto signado por la crisis del multilateralismo que atraviesa el mundo; la crisis socio ecológica y climática que tiene un impacto particularmente grave en Latinoamérica; los históricos problemas de inequidad, desigualdad y pobreza de la región; y los impactos y repercusiones económicas, sociales y en materia de salud que está generando la pandemia del Covid-19, la transición en la presidencia del BID resulta clave para el futuro de la región.

Por ello, hoy más que nunca el BID requiere de un líder calificado que sea capaz de posicionarse críticamente respecto al rol que le toca jugar a la Institución frente al complejo panorama que vivencia la región, y que esté predispuesto y sea capaz de promover un modelo diferente de desarrollo. En ese sentido, la persona designada para la presidencia del BID debería cumplir necesariamente una serie de requisitos que incluyen, entre otros, los siguientes: 

  1. Un claro y expreso compromiso por el multilateralismo, en un momento en donde la legitimidad de las instituciones internacionales está siendo cuestionada y atacada; 
  2. Una amplia experiencia y conocimiento de la realidad de los países de la región y los retos a los que se enfrentan en el contexto actual; 
  3. Un claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las comunidades, los pueblos indígenas y la sociedad civil en el accionar de la Institución; 
  4. Conocimiento y experiencia en agendas de desarrollo que reflejen un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente de manera inmediata a los efectos del cambio climático y de apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible y centrado en las comunidades y los pueblos indígenas.

A su vez, el pronunciamiento, al que adhirieron más de 50 organizaciones, enfatiza que la elección debe ir más allá de la votación y abrir espacios de diálogo de los candidatos y candidatas con la sociedad civil y las comunidades. Tras 15 años ininterrumpidos bajo el liderazgo de una presidencia que le impregnó características particulares, y en muchos casos cuestionables, a la gestión y accionar del Banco, se presenta una oportunidad única para conocer más a fondo las posiciones y propuestas de los diferentes candidatos y candidatas frente a las preocupaciones y demandas de las comunidades y la sociedad civil;  y en relación al contexto imperante en la región.

Esperamos que el BID esté a la altura de las circunstancias actuales y aproveche esta oportunidad para asegurar que quien acceda a la presidencia del Banco, sea realmente la persona más calificada y adecuada para dirigirlo ante el complejo momento que atraviesa la región.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Comentarios al segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social del BID, desde una perspectiva de género

El martes 5 de agosto enviamos al BID un nuevo documento con observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- para modernizar sus políticas ambientales y sociales. En enero de este año, iniciaron las consultas públicas presenciales y virtuales, donde Fundeps estuvo presente. En abril, enviamos un documento con comentarios y observaciones al borrador del MPAS desde una perspectiva de género,que contó con el aporte de otras organizaciones de la sociedad civil. En este documento señalamos, sobre todo, la falta de transversalización de la perspectiva de género en todas las normas de desempeño del borrador MPAS. 

A principios de julio, el Banco publicó el segundo borrador del MPAS  en el cual incorporó algunas de las recomendaciones enviadas por las partes interesadas (sociedad civil, comunidades indígenas, comunidad afrodescendientes) y dio inicio a la segunda fase del proceso de envío de comentarios que finalizó el martes 5 de agosto. Desde Fundeps, analizamos este segundo borrador del MPAS y enviamos un nuevo documento con observaciones y comentarios desde una perspectiva de género, con el objetivo de que se incorporen cuestiones que consideramos fundamentales al contemplar los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+ en el nuevo marco social y ambiental del BID.  

Entre los principales puntos identificados, encontramos aspectos positivos que han sido incorporados como la referencia a la Norma de Desempeño -ND- 9 sobre igualdad de género en las ND 1 (Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales), ND 2 (Trabajo y Condiciones Laborales), ND 5 (Adquisición de Tierra y Reasentamiento Involuntario)  y ND 10 (Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información). Otro aspecto a destacar es la incorporación de la Convención 190 de la OIT en contra de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo  y el Convenio 100  sobre Igualdad de Remuneración. 

Sin embargo, aún restan muchos aspectos por incorporar que creemos son fundamentales para garantizar la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos que financia el Banco. Entre las cuestiones necesarias que se deben añadir al nuevo MPAS se encuentra el deber del Banco de incorporar explícita y transversalmente los Tratados, Acuerdos y Convenciones internacionales vigentes y futuros que contemplen los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Además, el Banco como principal responsable debe transversalizar la perspectiva de género en todo el Marco para evitar la ceguera de género. 

Una cuestión preocupante es el reemplazo de la Política sobre la Igualdad de Género en el Desarrollo por la ND 9. Aquí el Banco debería mantener la vigencia de la Política como complemento de la ND 9 sobre Igualdad de Género. Por último, recalcamos la necesidad de que el BID incorpore la gran diversidad de identidades sexo-genéricas ya que en el MPAS no se mencionan a las personas LGTTTBIQ+ sino que se las identifica como minorías sexuales y de género. Por ello, insistimos en que se enuncia de manera  específica a las personas LGTTTBIQ+  para garantizar la visibilización y reconocimiento de su existencia y derechos. 

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Autora

Sofía Brocanelli 

Contacto 

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Se oficializó la creación de la Dirección de Agroecología a nivel nacional

El pasado 11 de agosto, a través de una Resolución del Boletín Oficial, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería definió su nuevo organigrama y oficializó la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, la cual estará presidida por el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá quien es el presidente de Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama). Esta dirección actuará bajo la órbita de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional.

La dirección tendrá como objetivo principal “intervenir en el diseño e instrumentación de políticas, programas y proyectos que promuevan la producción primaria intensiva y extensiva de base agroecológica en todas sus escalas, articulando con productores, organizaciones agrarias y gobiernos municipales y provinciales”. Para cumplir con ello se prevé, entre otras acciones, la creación de un Plan Estratégico de Transición Productiva que contenga los objetivos, metodología y destinatarios para la implementación agroecológica; y el otorgamiento de asistencia técnica, crediticia y tributaria para promover dicha actividad.

Esta decisión gubernamental es histórica para nuestro país, y se enmarca dentro de la creciente crisis ambiental y la necesidad de establecer políticas públicas acordes, tales como el diseño de alternativas al modelo de producción agrícola que rige en la actualidad. Se trata de una decisión que reconoce el enfoque que han venido desarrollando desde hace años diversas organizaciones de agricultores quienes han creado alternativas para enfrentar el sistema hegemónico. Se suma a esto que el actual Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ha señalado en reiteradas oportunidades el riesgo que conlleva la utilización de pesticidas y fitosanitarios en la salud de la población y el ambiente, clasificando a los mismos como “venenos”.

En este sentido, la agroecología plantea otra forma de producir alimentos, la cual en palabras de Eduardo Cerdá “implica tener en cuenta y poner en juego todos los procesos ecológicos al hora de producir agropecuariamente. No es una mirada empresarial, es una mirada de sistema, de entender los procesos naturales que funcionan en un campo. Al tener en cuenta todos los procesos, es más fácil cuidarlos”. 

Por estos motivos vemos con buenos ojos la puesta en marcha de esta dirección a nivel nacional, ya que supone un cambio de visión en la forma de producir alimentos en nuestro país e implica un avance en la tan prometida soberanía alimentaria. Creemos que esta medida brinda el impulso inicial adecuado para darle lugar y espacio a esta alternativa de producción que tiene como base la sustentabilidad y el cuidado de la salud de las personas y el ambiente. Se logra de esta manera incorporar una perspectiva social y ambiental al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sumamente necesario en estos tiempos.

Autoras

Maria Laura Carrizo Morales

Ananda María Lavayén

Contacto

Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org