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La Pampa sancionó una nueva legislación en materia de agroquímicos

El 30 de noviembre, la Legislatura de la Provincia de La Pampa aprobó por mayoría la llamada «Ley de Gestión Integral de Plaguicidas» Nro. 3288, a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial. Esta iniciativa se enmarca en la atención mediante políticas públicas de situaciones de conflictividad social, como lo es la aplicación de agroquímicos tan presente en nuestra provincia.

La normativa, aplicable a todo el territorio provincial, establece zonas de protección, fijando distancias para las aplicaciones de agroquímicos (plaguicidas de acuerdo a la ley) de 500 metros para las aplicaciones terrestres (zona de resguardo ambiental) y de 3.000 metros para las aplicaciones áreas.  De igual manera prevé la prohibición de aplicación sobre cualquier establecimiento emplazado en las áreas rurales.

Cabe resaltar que la nueva normativa  establece una de las mayores distancias protectorias para la aplicación aérea, duplicando aquella vigente en la provincia de Córdoba. Las normas de la ley pampeana resultan coherentes con las tendencias jurisprudenciales basadas principalmente en la aplicación del denominado principio precautorio.

Asimismo, la Ley prevé un completo régimen de gestión integral de agroquímicos, ya que implementa un sistema único de trazabilidad. Este permite el «rastreo» del producto en las fases de producción, comercialización, uso y aplicación, incluyendo la gestión diferenciada de los envases vacíos resultantes.

Los objetivos que orientan al sistema se asientan principalmente en la preservación de la salud humana, en garantizar la calidad agroalimentaria, prevenir los impactos ambientales, como así también contribuir al desarrollo responsable y sustentable de la actividad agropecuaria.

Un punto relevante de la ley, consiste en la creación de un Consejo interdisciplinario, constituido por la cartera de ambiente, de salud, instituciones universitarias y de investigación, como así también consejos e instituciones técnicas específicas.

La aplicación de agroquímicos constituye una de las principales causas de conflictividad social, lo cual reclama una adecuada reglamentación que garantice los derechos fundamentales de quienes por una u otra razón padecen las afectaciones a diario. Celebramos que las provincias avancen, a través de sus sistemas normativos y gestión pública, en el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar derechos fundamentales como lo son el ambiente y salud de la población.

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Texto de la ley

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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OSC señalan las debilidades de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

 El 15 de diciembre comenzará a regir la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Organizaciones de la Sociedad Civil de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre las debilidades que presenta la nueva Política.  

El 10 de abril el BID Invest aprobó  la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social que entra en vigencia mañana, 15 de diciembre. Luego del proceso de consultas públicas presenciales y virtuales que el Banco realizó el año pasado donde participaron organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, a fines de mayo se presentó  la nueva política del brazo privado del Grupo BID. 

A pesar de la participación, a través del envío de comentarios,  de las partes interesadas en el período de consultas públicas presenciales y virtuales, en la nueva Política se observa la escasa y hasta nula incorporación de cuestiones consideradas relevantes.  Por tal motivo, y frente a las debilidades y limitaciones que presenta la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, las OSC de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre la precariedad de la política, las consecuencias que traería a los países de la región y el retroceso que significa en comparación con la Política anterior. 

Entre los puntos principales que destacamos en la Declaración sobre las limitaciones de la nueva Política se encuentran, en primer lugar, la adopción directa de las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales de la Corporación Financiera Internacional -CFI- que datan del año 2012, sin incluir cambios o adaptaciones a las nuevas realidades, por lo que resultan  obsoletas para el contexto actual de desafíos ambientales y sociales a los que se enfrenta América Latina y el Caribe. 

Otra limitación importante es la ausencia de responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del BID Invest respecto del accionar de los actores sobre los que tiene influencia, es decir se desliga de responsabilidad institucional ante los posibles impactos negativos que puedan ocasionar las actividades que financia donde la responsabilidad recaerá únicamente sobre el cliente. Esto, significa el debilitamiento de las protecciones en el ambiente y en lo social creadas con el fin de evitar los impactos adversos que ocasionan los proyectos. En esta línea, el BID Invest omite su deber de “hacer cumplir” lo que significa que se reserva el derecho a decidir en qué casos va a aplicar medidas correctivas y en cuáles no. 

Además, en la Declaración Pública se resalta la vaguedad y ambigüedad del lenguaje utilizado en la nueva Política ya que favorece a que el Banco actúe de acuerdo a lo que considere pertinente así como incrementa el riesgo de incumplimiento por parte de los  clientes. 

Por último, uno de los puntos más alarmantes son los vacíos que hay en los compromisos respecto al ambiente y a lo social. Respecto al medio ambiente, el compromiso con la mitigación es frágil ya que no se establecen restricciones expresas a las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, solo por mencionar un caso. En lo relativo a lo social, si bien la política deja en claro su compromiso de promover buenas prácticas internacionales, en cuestiones como Derechos Humanos, Represalias, Gestión de Riesgo de Género e Igualdad así como en Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información, se evidencia un compromiso superficial y débil al abordarlas. Por ejemplo, en relación a los derechos humanos, no se mencionan derechos esenciales como los económicos, sociales y culturales o el derecho a un ambiente libre de contaminación. 

Luego, en lo relativo a la participación de las partes interesadas, no se establece compromiso alguno para asegurar la participación oportuna, significativa y culturalmente apropiada. La Política se compromete a establecer un sistema de recepción y seguimiento de denuncias de represalia, no se detalla un procedimiento para resolverlas como tampoco sigue las recomendaciones de la guía especializada elaborada por el MICI para la gestión de represalias y protección de defensores ambientales y activistas. 

Por último, en gestión de riesgo del género e igualdad, la Política sí incorpora la promoción de buenas prácticas pero excluye a la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del Grupo BID, un retroceso significativo que aumentará la desigualdad y los riesgos para las mujeres y personas LGBTQ+.

Entre muchas otras cuestiones que se abordan en la Declaración Pública, es sumamente necesario que el BID Invest sea implacable al momento de exigir el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de transparencia  a sus clientes si realmente pretende  promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y la desigualdad de la región. Con el actual contexto de pandemia y mirando a la situación pospandémica, BID Invest  no puede ser flexible en los procedimientos de evaluación social y ambiental y debida diligencia en las aprobaciones de operaciones de financiamiento ya que ésta es la única manera de lograr el desarrollo sostenible y reducir la crisis ambiental y social en la que se encuentra América Latina y el Caribe.  

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Un paso más: después de la media sanción, la ley de IVE va al Senado

Después de 20 horas de sesión, con 131 votos a favor, 117 votos en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta semana inicia el tratamiento el Senado, con reuniones de comisiones y un nuevo dictamen que será votado el 29 de diciembre. 

El viernes por la mañana, después de largas horas de exposiciones de diputados y diputadas, se realizó la votación de la ley de IVE, arrojando como resultado su media sanción. Mientras miles de activistas acompañaban la discusión, desde sus casas o en el espacio público en las vigilias organizadas por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Grautito, el recinto fue nuevamente colmado de discursos a favor y en contra. Mucho de lo que escuchamos ya había sido dichos en el tratamiento legislativo del 2018. Es que el escenario no ha cambiado: la clandestinidad de la práctica supone un peligro para la vida para las personas gestantes, y las posibilidades de acceder a ella en condiciones de legalidad y seguridad constituyen una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos. 

La diputada Gabriela Cerruti estuvo a cargo de hacer el discurso de cierre del dictamen de mayoría. Sus palabras explican de manera muy simple la división sexual del trabajo, y cómo las mujeres han sido históricamente cargadas con las responsabilidades asociadas a la reproducción y a los cuidados.  “No es una novedad que este mundo es injusto. […] Lo sabemos perfectamente las mujeres, porque durante siglos nos obligaron a parir para mandar a nuestros hijos a la guerra. Durante siglos nos obligaron a parir para explotar a nuestros pibes en las fábricas. […]. Lo que venimos a pedirles hoy es: dejen de hacer del cuerpo de las mujeres el territorio de disputa de aquello que no pueden solucionar la economía y la política. El mundo es injusto efectivamente, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario: el mundo es injusto porque está construido hace 500 años en un sistema basado en la explotación de las mujeres y de la naturaleza. Y nosotras somos las primeras en ponernos al frente de las batallas que haya que dar para cambiar esa cosmovisión del mundo y para que el mundo efectivamente sea para todas, todos y todes, y para que podamos vivir en un mundo en armonía, en un mundo mejor, en un mundo donde todas podamos ejercer nuestro deseo y nuestra decisión.” 

Sobre el final del discurso, dio lugar a una interpelación sobre las próximas discusiones que deben tener lugar en nuestra sociedad: la distribución de los cuidados. “Las políticas de cuidado tienen que ser parte de las políticas de Estado y tienen que ser parte de nuestras discusiones porque hemos sido la mano de obra barata que sostuvo este sistema en el último siglo. No hubieran construido ni sus negocios, ni sus fortunas, ni sus fábricas si no hubiéramos estado nosotras en las casas cuidando a los hijos, a los padres y a los maridos. Lo hicimos durante siglos y no lo queremos hacer más, o queremos hacerlo cuando lo decidamos. Porque elegir no es solamente elegir si embarazo sí o embarazo no, elegir es elegir el proyecto de vida, es elegir en cada momento qué es lo que queremos hacer”. 

¿Cómo votaron los diputados y las diputadas según su género? 

Los resultados de la votación pueden analizarse desde varias perspectivas: por provincia, por partido o alianza política, y por género. 

Nos interesa puntualizar este último. Del total de 109 diputadas, 62 votaron a favor, 45 en contra y 2 se abstuvieron. Del total de 147 diputados, 72 votaron en contra, 69 a favor, 4 se abstuvieron y 2 estuvieron ausentes. Es decir que, en proporción a la integración de la Cámara, fue el voto femenino el que marcó la tendencia a favor. 

Este dato es importante para reforzar la importancia de la paridad de género en el Congreso. Las elecciones del 2019 fueron de estreno para la ley 27412 de paridad de género en ámbitos de representación política, y dieron como resultado un 10,3% de aumento en la proporción de mujeres que integran la Cámara. Y si comparamos el voto femenino de la votación de la ley de IVE de 2018 con el de 2020, el incremento es de casi un 20%. 

Todos estos datos pueden leerse en este informe que publicó la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 

¿Cómo es el dictamen que fue aprobado?

El proyecto de ley aprobado está basado en el que fue presentado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones introducidas por el plenario de las comisiones previo a la votación. 

Se trata de una ley que consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

Se prevé el acceso de manera libre hasta la semana 14 de gestación. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante (es decir, las causales que ya están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico a través del art. 86 del Código Penal, con la interpretación hecha por la Corte Suprema en el fallo FAL). 

El plazo para el acceso a la práctica es de 10 días corridos desde su requerimiento, y se solicita el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. 

En casos de personas menores de edad y de personas con discapacidad o capacidad restringida se prevén remisiones al Código Civil y Comercial para resolver si cuentan con la capacidad para prestar consentimiento y bajo qué condiciones pueden hacerlo. 

Respecto a la objeción de conciencia, se permite la de tipo individual, y además se indica que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación. Sobre estos puntos del proyecto desarrollamos más en esta nota. 

Sin embargo, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la práctica en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. 

Finalmente, indica que obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, y que estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Además, fortalece la responsabilidad del Estado de implementar la ley de Educación Sexual Integral, y de establecer políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

¿Cuáles son los próximos pasos en el Senado? 

Este lunes está previsto que inicie el tratamiento del proyecto en el Senado, con la exposición de integrantes del Poder Ejecutivo ante el plenario de las comisiones de Justicia, Salud y Banca de la Mujer. El martes y miércoles serán dedicados a recibir a especialistas propuestos por senadores y senadoras. El jueves se espera que se de la discusión entre integrantes de las comisiones para pasar el dictamen a la firma, con expectativa de llevarlo al recinto el 29 de diciembre.

En esta segunda instancia de discusión legislativa reforzamos nuestro pedido de un debate respetuoso y con argumentos, y esperamos que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley antes de fin de año.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Con acuerdo sobre el dictamen, inicia la discusión en la Cámara de Diputados

Luego de la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Mujeres y Diversidad, finalmente se logró un acuerdo sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se va a votar mañana en el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Qué modificaciones tiene respecto al proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo en noviembre? ¿Qué podemos esperar de la jornada de hoy? Te lo contamos acá. 

Como estaba previsto en la agenda legislativa, este miércoles 9 de diciembre se llevó adelante la reunión de comisiones para dictaminar sobre el proyecto de ley de IVE. Con 77 votos a favor, 30 de rechazo y 4 abstenciones, se llegó a un acuerdo sobre el texto del proyecto. Lo mismo había pasado horas antes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Acción Social y Salud Pública, que había discutido sobre el proyecto de ley de los Primeros 1000 días. Ambos proyectos serán tratados en el recinto este jueves 10 de diciembre

¿Cuál es la agenda de la jornada?

La convocatoria a la sesión fue fijada a las 11 de la mañana, y el orden de tratamiento de los proyectos será primero el de IVE y seguidamente el de Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como programa de los Primeros 1000 días. 

Durante todo el día, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a acompañar la votación en los espacios públicos en todo el país. En Buenos Aires, la vigilia comenzará a las 10 de la mañana en inmediaciones del Congreso, con actividades durante todo el día y hasta que se vote la ley. En Córdoba, la convocatoria es en la ex Plaza Vélez Sarsfield a partir de las 18h. Como el derecho al aborto es una cuestión de salud pública, y cuidarnos también, reforzamos las recomendaciones para participar de la vigilia:

  • Usamos tapaboca-nariz en todo momento. 
  • Nos lavamos las manos con alcohol en gel. 
  • Mantenemos la distancia de 2 mts. 
  • Nos cuidamos del sol con protector solar, ropa liviana y gorra. 
  • Llevamos agua fresca para mantenernos hidratades. 
  • No respondemos a provocaciones de antiderechos y procuramos estar siempre acompañades y atentes. 

Como se van a tratar los dos proyectos de ley, se espera que la sesión dure varias horas. Sobre IVE, hablarían un total de 170 diputadas y diputados, por lo que la votación de la ley sería en horas de la madrugada. 

¿Qué dice el dictamen? ¿Qué modificaciones propone?

Hace algunas semanas publicamos este análisis con una sistematización de los proyectos de ley que servirían de base a este debate: el que presentó el Poder Ejecutivo en noviembre y el que había presentado la Campaña en el 2019, haciendo un contraste con el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados en el 2018. 

Ayer se aprobó un nuevo dictamen, que prevé algunas modificaciones en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. ¿De qué se tratan? 

En el Art. 8, que regula los casos en donde quien requiere la práctica es una persona menor de edad, ahora se hace directamente una remisión al art. 26 del CCyC. Antes de la modificación se explicitaba que aquellas personas entre 13 y 16 años cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. Se mantiene la mención al marco jurídico aplicable para estos casos que propone la Convención de los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que siempre prevé que se proteja su interés superior y se garantice su derecho a ser oído. 

Por otro lado, se agrega el nuevo Art. 11, que indica:

OBJECIÓN DE CONCIENCIA. OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Aquellos efectores de salud del Subsector Privado o de la Seguridad Social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia de conformidad con el artículo anterior, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica.

Este nuevo artículo prevé una solución para los casos de instituciones privadas de salud o de seguridad social en donde no haya ningún profesional no objetor, indicando que deberán disponer la derivación a otra institución que sí realice la práctica, garantizando que se haga conforme a la ley, y haciéndose cargo de todas las gestiones y los costos asociados a la derivación y el traslado. 

A su vez, se mantiene la redacción del Art. 10, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, con algunas limitaciones, como que quien objeta debe mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión; debe también derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones; debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica y finalmente debe cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. 

También se prohíbe  para los casos en que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable, y para los casos que se requiera de atención sanitaria postaborto. Este artículo prevé, además, que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

Sin embargo, esta redacción no contempla limitaciones que sí surgían en el dictamen de Diputados del 2018, como por ejemplo, que la objeción debía manifestarse previamente de manera individual y por escrito, y comunicarse a la máxima autoridad del establecimiento de salud.

Otro punto importante de aquel dictamen es que obligaba a los establecimientos de salud a llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción, y prohibía explícitamente la objeción de conciencia institucional y/o de ideario. 

¿Qué significa la inclusión de artículos que admiten el supuesto de objeción de conciencia individual, y supuestos de instituciones en donde no haya ningún profesional no objetor?

Sabemos que la objeción de conciencia es un instituto jurídico que se utiliza para obstaculizar o dilatar el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, como hemos visto que sucede con los casos de anticoncepción e interrupción legal del embarazo. Reconocerla dentro de la ley, con el status jurídico de “derecho”, no hace otra cosa que habilitar el incumplimiento de la propia ley, poniendo en grave peligro su efectividad.

La objeción de conciencia es un instituto jurídico que permite exceptuar a ciertas personas del cumplimiento de una obligación legal, en los casos en que la acción ordenada por las normas contraríe sus más profundas convicciones religiosas, éticas o morales; siempre que ello no cause un perjuicio a terceras personas.  

Entendemos que la incorporación de la objeción de conciencia individual para la intervención directa en la práctica de IVE está basada en el respeto de esta libertad de conciencia o religiosa, siempre que se permita de manera excepcional y con todos los límites mencionados. Pero reconocer la pretensión de instituciones privadas de eximirse de la provisión de servicios de interrupción del embarazo es impensable. Tememos que esto puede suceder en el caso de que la totalidad de los profesionales de salud de una institución se declaren como objetores. Aunque no sea la institución quien niegue el servicio, si todos sus profesionales son objetores, se convierte en una objeción de conciencia institucional encubierta. 

Una solución de este tipo vulnera la libertad y el derecho a la salud de las y los pacientes, e incrementa los costos y problemas para el sistema de salud público, que se verá sobrecargado por tener que resolver las situaciones que el subsistema privado le derive. Nos preocupa además que como consecuencia de este reconocimiento se repita la situación de Uruguay, en donde se identifican altos niveles de objeción, existiendo incluso  jurisdicciones con 100% de profesionales objetores. Esto profundiza las dificultades que afectan a las zonas rurales o alejadas de las grandes ciudades, en donde el acceso a los servicios de salud es más limitado y hay menos instituciones públicas. 

Las instituciones privadas que proveen servicios de salud desarrollan funciones públicas esenciales: la provisión de servicios de salud a la población. El hecho de que estas funciones se desempeñen con ánimo de lucro y mediante un contrato privado no desvirtúa la naturaleza del servicio. Por lo tanto, la función social que cumplen estas empresas privadas es diferente a la de otras que no están comprometidas con la garantía de derechos fundamentales de las personas. En este sentido, la exigencia social y legal que se hace a las empresas o entidades proveedoras de servicios de salud es mucho mayor. No solo deben garantizar la no discriminación en el acceso a los servicios, sino que están sometidas a un mayor control y vigilancia por parte del Estado. 

En este sentido, admitir que toda una institución pueda eximirse de la provisión de servicios de IVE es injustificado y pondría en riesgo de manera desproporcionada el acceso a la salud de las personas asociadas a ellas. 

De todos modos, el dictamen obliga a estos establecimientos a garantizar la derivación, en un lugar de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó, en donde se debe garantizar la práctica conforme a la ley. Luego indica que las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado quedarán a cargo de la institución que derivó, previendo que se facture siempre a favor del efector que efectivamente realice la práctica. 

Será ley

A pesar de estos puntos controvertidos, celebramos la aprobación del dictamen de mayoría y aguardamos el tratamiento en ambas Cámaras antes de fin de año. Reconocemos que llegar a esta instancia fue fruto de las luchas del movimiento de derechos humanos que hace tantos años viene impulsando esta ley. 

El Congreso de la Nación tiene ahora el deber de dar la discusión legislativa con responsabilidad que merece un problema de salud pública de esta magnitud, en esta nueva oportunidad de sancionar la ley y marcar el avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país.

Esperamos que quienes legislan dejen de lado sus convicciones personales y su moral privada a la hora de abordar este proyecto. Están legislando sobre nuestro futuro, sobre nuestra salud y sobre nuestras vidas. Exigimos que lo hagan responsablemente, apoyando con su voto positivo este proyecto de ley, porque es un proyecto que amplía derechos y salva vidas. 

Esta tarde, vamos por la media sanción. Y antes de que termine el 2020, por la conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 

 

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Amparo por mora en el acceso a la información ambiental

El 1 de diciembre, presentamos un acción de amparo por mora de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba en brindar en información pública ambiental. A través de esta acción solicitamos a los tribunales que exija a la Provincia cumplir con su deber de brindar la información solicitada.

Durante los meses de octubre y noviembre solicitamos a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, información pública vinculada a las políticas y acciones puestas en marchas por el Estado Provincial en torno a medidas de prevención, mitigación y adaptación al fenómeno. Ante la falta de respuesta dentro del plazo previsto por la normativa provincial vigente, solicitamos nuevamente el pronto despacho de la administración.

A falta de una respuesta concreta, y encontrándose los plazos vencidos, presentamos una acción de amparo por mora. Esta consiste en poner en conocimiento de los Tribunales Provinciales la demora en el cumplimiento de los plazos ordenados por la ley para contestar el requerimiento, para que luego el órgano judicial exija a la autoridad en cuestión el cumplimiento de su deber.

Cabe recordar que el derecho de acceso a la información se encuentra garantizado en el sistema normativo argentino y es reconocido en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1994, el Acuerdo de Escazú ratificado por Ley Nacional N° 27.566, en el art. 41 de la Constitución Nacional, como así también en las Leyes 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental y 25.675 General del Ambiente. Este derecho resulta un presupuesto fundamental propio de la convivencia democrática y necesario para una adecuada gestión ambiental.

En el cumplimiento de sus obligaciones, las autoridades deben de brindar dicha información, sin que sea necesario acreditar interés o razón alguno, de modo gratuito y en los plazos ordenados. En caso de incumplimiento, la acción de amparo por mora se perfila como el modo de garantizar el goce de tan fundamental derecho.

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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Debates en torno a la Economía Feminista desde la sostenibilidad de la vida

Junto al Espacio de Economía Feminista Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, realizamos un ciclo de 5 encuentros virtuales para visibilizar y debatir sobre la existencia de otras economías que pongan en el centro a la vida humana y no humana y a los cuidados que las hacen posibles.

El Ciclo de webinarios sobre Economía Feminista (EF) inició el 30 de septiembre y se extendió a lo largo de dos meses. Participaron especialistas en Economía Feminista, Economía Popular, Economía Ecológica y Economía Social y Solidaria, integrantes de diversos espacios autogestivos y activistas que apuestan y trabajan en pos de otras economías, que reemplacen el afán de lucro por el cuidado y sostenibilidad de las vidas humanas y no humanas. 

El panel del primer webinar estuvo conformado por Ariana Cervantes y Vanessa Ullua (integrantes del Estudio contable Virginia Bolten) y Shams Selouma de la Incubadora Feminista Latinoamericana. En ese encuentro se ofrecieron herramientas jurídicas, tributarias y administrativas para organizaciones autogestivas y comunitarias. A su vez, se presentó el Recursero Herramientas para la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida. 

El segundo webinar, llamado “Hacia la sostenibilidad de la vida. Diálogos entre las experiencias de América Latina y España”, sentó las bases y lineamientos teóricos de la Economía Feminista desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida, a fin de reflexionar y discutir nuevas formas de pensar y organizar el trabajo, producir, distribuir y consumir, que subviertan las lógicas capitalistas y heterocispatriarcales. El espacio buscó establecer una conversación entre miradas teóricas y experiencias desde América Latina y España. En este encuentro participaron especialistas en la temática: Astrid Agenjo Calderón, Patricia Laterra y Natalia Quiroga Díaz. 

A este encuentro le siguió otro que abordó el tema de los cuidados como condición para el sostenimiento de la vida. En el webinar “Lo esencial es invisible al mercado. Corresponsabilidad, comunidad y cuidados”, participaron Corina Rodriguez Enriquez, Gabriela Marzonetto y Paola Bonavita, quienes expusieron sobre políticas de cuidado actuales y cuidados comunitarios en Argentina y específicamente Córdoba. 

Finalmente, los últimos dos webinaros se propusieron plantear y debatir, desde un enfoque teórico primero y empírico después, las posibilidades de construir y sostener otras economías que articulen las propuestas de la Economía Social y Solidaria, la Economía Popular, la Economía Ecológica con la Economía Feminista. 

Las reflexiones teóricas fueron planteadas en el webinar “Otra(s) economía(s). Diálogos entre la Economía Feminista y las economías Popular, Solidaria y Ecológica”, gracias a los aportes de Ariana Ortega y Magalí Magnani del Área de Ecofeminismo del Taller Ecologista de Rosario, Florencia Partenio, Karina Tomatis. Las tensiones y dilemas, así como las propuestas teóricas planteadas en este encuentro, fueron puestas en diálogo con experiencias autogestivas de la ciudad de Córdoba, que participaron del último webinar “La otra economía existe y sostiene la vida. Conversatorio con organizaciones autogestivas y comunitarias de Córdoba”. 

En este último encuentro participaron integrantes de la cooperativa Corteza del Chañar, cooperativa Wallmarx, la Textil del Encuentro de Organizaciones y de la Feria Agroecológica de Córdoba, que compartieron experiencias concretas que visibilizan la existencia de otras economías, vislumbrando un real horizonte en el que estas sean posibles. 

Creemos, y el contexto actual particular lo está evidenciando cada día, que la sostenibilidad de la vida debe estar en el centro del debate, que debemos seguir pensando y construyendo colectivamente qué economía queremos y necesitamos para sostener nuestras vidas y todas las vidas que habitan este planeta de una manera digna de ser vivida.

Sabemos que aún queda un largo camino para deconstruir y transformar una economía constituida a partir de una lógica productivista, de acumulación de capital, de deterioro del ambiente. Por eso se torna urgente y necesario visibilizar y fortalecer teorías y experiencias de otras economías, construidas desde la autogestión y a partir de los debates feministas, poniendo en el foco el buen vivir y que apuestan cada día a otro mundo posible. 

Para revivir los encuentros, hacé click en los siguientes enlaces:

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

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Inicia el tratamiento legislativo de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

La discusión iniciará en la Cámara de Diputados, con reuniones informativas de las comisiones durante toda la semana. Luego del fin de semana largo vendría la votación en el recinto. Se discutirá sobre la base del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo hace dos semanas, y del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en el 2019. ¿Qué dice cada proyecto?

Este martes 1 de diciembre el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Legislación General, Mujer y Diversidades y Salud recibirá a integrantes del Poder Ejecutivo (de la cartera de Salud, Desarrollo Social y Legal y Técnica). Luego se dará inicio a exposiciones de científicos/as, sanitaristas, profesionales de la salud y juristas a favor y en contra de la ley, con la expectativa de llegar a un dictamen el próximo viernes. 

Luego de haberlo anunciado en la apertura de las sesiones legislativas, el 1 de marzo, finalmente el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al Congreso de la Nación. Lo hizo junto al proyecto de ley que instaura el llamado “Plan de los mil días”, que propone la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad durante la gestación y hasta los tres primeros años de vida del niño o niña. 

De esta manera se habilitó nuevamente el debate por la legalización del aborto, uno de los puntos principales en la agenda de los derechos humanos de nuestro país desde su discusión en el Congreso en el 2018, que culminó en agosto con el rechazo en el Senado. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito había presentado en mayo de 2019 su proyecto, el cual cuenta aún con estado parlamentario, por lo que se espera que durante el debate en comisiones se tengan ambos en consideración. 

En este documento presentamos un análisis comparativo de ambos proyectos, contrastándolos con el dictamen que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en el 2018. Consideramos que el Congreso de la Nación tiene el deber de dar la discusión legislativa con los aprendizajes adquiridos en ese entonces, y tomando como insumo ambos proyectos. 

El Congreso tendrá nuevamente la oportunidad de sancionar una ley que consolide derechos humanos largamente postergados, respetando los estándares internacionales que regulan esta materia a los que está obligado el Estado argentino, marcando un avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país.

Una ley que garantice la Interrupción Voluntaria del Embarazo nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. 

Que sea ley. 

Descargar Análisis comparativo – Proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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¿Por qué Argentina aún no tiene un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos?

En la sexta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se desarrollaron las negociaciones sobre el segundo tratado jurídicamente vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales. Aún resta tiempo para que este instrumento entre en vigor, por lo que continúa siendo importante que Argentina finalice con la revisión de su Plan Nacional de Acción en Empresas y Derecho Humanos para que el Estado ejerza su responsabilidad de divulgar e implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se han erigido como un estándar global para que las empresas y los gobiernos prevengan y aborden las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las empresas. 

El próximo año, los Principios cumplen 10 años, por tal motivo, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU, encargado de elaborar un tratado jurídicamente vinculante en esta materia, ha lanzado a mediados de este año un nuevo proyecto ‘UNGPs10+/NextdecadeBHR’ con el propósito de delinear los pasos a seguir para los próximos 10 años en materia de empresas y derechos humanos. Además, realizará un balance de los logros obtenidos hasta el momento y  analizará  los desafíos futuros y las brechas existentes. 

Sin embargo, los Principios Rectores han funcionado y funcionan como guías para los Estados y las empresas sobre cómo proteger y respetar los derechos humanos y cómo reparar a la víctimas. Pero, a menudo, la distancia entre lo que los Principios dispones suele dista de la normativa interna de cada Estado. Por ello, muchos países han desarrollado Planes de Acción Nacionales -PAN- para que los Estados sean responsables en la difusión e implementación de los Principios Rectores. También, los PAN sirven de instrumentos de cambio capaces de adecuarse al contexto local pero no responsabilizan a las empresas transnacionales por violaciones hacia los derechos humanos, por ello es relevante contar con un tratado jurídicamente vinculante en esta materia. 

Así, los esfuerzos por elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresa y derechos humanos comenzó en el 2014. Desde entonces, el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha trabajado en el perfeccionamiento de este instrumento mejorando el contenido, alcance, naturaleza y forma del instrumento. El año pasado, se publicó el Borrador revisado del tratado vinculante y se discutió en el Foro anual celebrado en octubre del 2019. En agosto de este año, el presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental publicó el Segundo Borrador Revisado del instrumento jurídicamente vinculantes para regular las actividades de las empresas y en octubre se realizará el sexto período de negociaciones entre las partes involucradas. 

Sin embargo, hasta la aprobación y adopción  del Tratado  por  los Estados, continúa siendo necesaria la elaboración y aplicación de los PAN. Entonces, ¿cómo está Argentina en esta cuestión? 

En la página web de The Danish Institute for Human Rights se observa un mapa que detalla cuáles son los países que ya cuentan con PAN, cuáles lo están desarrollando y en cuáles hay otras iniciativas no estatales. Argentina se encuentra en el grupo de países que todavía está desarrollando su Plan de Acción Nacional. En consecuencia,  y debido a la importancia de contar con un PAN, en septiembre realizamos una solicitud de información al gobierno nacional consultando sobre el estado de situación del Plan de Acción Nacional argentino sobre empresas y derechos humanos. La respuesta fue brindada en dos partes, primero a finales de septiembre y luego se completó la información a mediados de octubre.

El PAN Argentino ya está elaborado y para que entre en vigor es necesario un decreto del presidente de la Nación. Sin embargo, desde Nación informaron que el Proyecto de Decreto de aprobación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos se encuentra en revisión por las autoridades gubernamentales. Es más, aún no se ha definido si se permitirá la participación de la sociedad civil a través de consultas públicas, lo cual es necesario para lograr mayor compromiso en garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas transnacionales y el efectivo remedio a las víctimas. 

Al consultar sobre la postura del Gobierno nacional respecto al instrumento jurídicamente vinculante, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores respondieron que Argentina se abstuvo de la Resolución 26/9 del año 2014 en la cual se aprueba la constitución de un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el propósito de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas comerciales respecto a los derechos humanos. Sin embargo, Argentina ha participado de todas las sesiones realizadas por el grupo de trabajo y estuvo presente en la última sesión de octubre de este año. 

Entonces, no solo es necesario y urgente que el Grupo de Trabajo de la ONU avance en la elaboración y conclusión del Tratado, también urge que Argentina haga lo mismo con su Plan Nacional de Acción en empresas y derechos humanos. Como los planes están orientados de acuerdo a los Principios Rectores, elaborados de acuerdo al contexto de cada Estado, tienen que ser producto de procesos transparentes, participativos y abiertos al diálogo. Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno Nacional revise de manera conjunta con  la sociedad civil, academia, sindicatos y otras partes interesadas, el borrador del PAN para que efectivamente sirva de instrumento en la eliminación de obstáculos y en la promoción de buenas prácticas en el cumplimiento de los derechos humanos relacionado con las actividades empresariales.  

Desde Fundeps seguiremos monitoreando el proceso de elaboración del PAN Argentino como del Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

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Autora 

  • Sofía Brocanelli 

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Nos reunimos con el INADI por las denuncias realizadas en contra de la red de colegios Fasta

El pasado 24 de noviembre, nos reunimos con integrantes de la delegación de Córdoba del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para dialogar sobre los hechos de discriminación perpetuados en los colegios de la red educativa Fasta. 

Luego de remitirles la denuncia presentada en octubre ante el Ministerio de Educación por las situaciones de violencia y discriminación vividas por integrantes de las comunidades educativas de la red de Fasta, la delegación cordobesa del INADI nos concedió una audiencia para conversar sobre los casos de discriminación denunciados.

La institución se comprometió a involucrarse con la denuncia, solicitando información al Ministerio de Salud. Además, asumió el compromiso de continuar articulando con organizaciones de la sociedad civil, previendo nuevas instancias de encuentro y diálogo.  

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La Cámara de Diputados aprobó la Ley Yolanda

El día de hoy, La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley Yolanda de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible, que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Senadores. La normativa prevé la formación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente para quienes desempeñen la función pública en todos los niveles y jerarquías del Estado (Nacional).

El objetivo de la ley se centra en garantizar la formación de agentes estatales en la perspectiva de desarrollo sostenible, a partir de los valores sustentables y ambientales. Para el cumplimiento de este importante objetivo, prevé en su Art. 6 los ejes sobre los cuales deberán asentarse los planes formativos, como así también otros ejes desarrollados en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos se incorporan cuestiones vinculadas al derecho ambiental, a la economía circular, al impacto ambiental de las políticas públicas, al cambio climático, a la gestión de residuos sólidos urbanos, a las problemáticas ambientales, entre otros.

A modo de garantizar y controlar el efectivo cumplimiento de los programas de capacitación, se prevé un mecanismo web en la cual se podrá visibilizar el grado de cumplimiento de cada poder del Estado. De igual modo, se prevé un mecanismo sancionatorio de tipo disciplinario para quienes incumplan de dicho compromiso.  Finalmente, es necesario aclarar que no se trata de una ley de presupuestos mínimos por lo que su ámbito de aplicación se limita a quienes forman parte del Estado Nacional. Por ello, esta ley invita a las provincias a la adhesión de la ley.

La ley constituye un avance importante a los fines de procurar la adopción de la perspectiva en desarrollo sostenible y ambiental en la adopción de las políticas públicas que sin dudas poseen un gran impacto en el ambiente. Sin embargo, la adopción de esta perspectiva en los agentes de cambio estatales es complementaria de aquél deber que sobre ellos pesa desde la reforma constitucional de 1994. El propio Art. 41, dispone la obligación de preservar el ambiente y de garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado con perspectiva intergeneracional y sostenible. Lo trascendente es que la voluntad política, en lo sustancial y procedimental, tenga en cuenta los deberes que la Constitución Nacional y normas de presupuestos mínimos imponen a quienes ponen en marcha las políticas públicas, mucho mejor si lo hacen sabiendo el alcance e incluso la existencia de tal deber.

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos

Desde hoy hasta el miércoles 18 de noviembre, se realiza de manera virtual el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Hoy y hasta el miércoles, se realiza  el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debido a la pandemia, este año, el Foro se realizará de manera virtual, permitiendo una mayor participación de organizaciones y comunidades de distintas partes del mundo. En circunstancias normales, la participación presencial a este foro se dificulta por las distancias y cuestiones económicas, por lo que significa un gran avance  su realización en un formato virtual. 

El tema del evento de este año es la “Prevención de los abusos de los derechos humanos relacionado con las empresas: la clave para un futuro sostenible para las personas y el planeta”. En el Foro se reúnen empresas, inversores, representantes de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, sindicatos, academias y medios de comunicación.  

Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el Foro considerará cómo los Estados y la comunidad empresarial deben responder a ella de manera que respete y proteja los derechos humanos así como la necesidad de construir a una recuperación sostenible y centrada en las personas.    

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Se realizó la Primera Cumbre Finance in Common, que reunió a los bancos públicos de desarrollo del mundo

La Cumbre Finance in Common (“Finanzas en Común”), llevada a cabo desde el 9 al 12 de noviembre, es la primera cumbre global que contó con la presencia de todos los bancos de desarrollo e instituciones multilaterales del mundo. Organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones nos hemos manifestado ante la ausencia de los derechos humanos y las voces de las comunidades en la agenda del evento.

Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2020 se realizó la Cumbre Finance in Common, que contó con la presencia de 450 Bancos Públicos de Desarrollo del mundo, instituciones multilaterales, jefes de Estado, representantes del sector privado, sociedad civil, academia, entre otros. El evento fue una iniciativa de la Federación Mundial de Instituciones Financieras para el Desarrollo -FEMIDE- y del International Development Finance Club -IDFC-. Fue patrocinado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y por la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD; y contó con la participación del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

La cumbre se centró en el rol crucial que poseen los Bancos Públicos de Desarrollo como actores capaces y necesarios para brindar una respuesta colectiva a los desafíos globales, acordando medidas de recuperación sostenible a corto plazo sobre la crisis del COVID-19 y con un impacto a largo plazo en el medio ambiente y en las sociedades.  Sin embargo, en la agenda de la Cumbre no se abordaron los derechos humanos, derechos constantemente vulnerados y violados por las inversiones de los bancos de desarrollo. Así, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales, defensores y defensoras de derechos humanos no tuvieron un espacio para exponer sus inquietudes y preocupaciones.

Esto, a pesar que en el mes de septiembre, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo enviaron una carta a la Agencia Francesa de Desarrollo solicitando que se incluyan y se prioricen los principios de un desarrollo que esté centrado en los derechos humanos. Debido a la falta de respuesta, las OSC emitimos una Declaración Conjunta haciendo un llamado a los Bancos Públicos de Desarrollo -BPD- para que inviertan sus recursos financieros en la construcción de un futuro justo, equitativo, inclusivo y sostenible para todas las sociedades del mundo. 

Esta cumbre debería ser una oportunidad para que los bancos de desarrollo modifiquen su forma de operar y coloquen como eje de sus acciones a la democracia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad y el bien común. Es urgente que los BPD se comprometan a financiar en pos de un desarrollo justo, equitativo y sostenible, promoviendo y garantizando los derechos humanos para todos y todas, sin dejar de lado las comunidades vulnerables y marginadas. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org