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Rechazamos presiones a artistas y reclamamos una discusión abierta y técnica sobre nuestros bosques

En las últimas semanas se han repetido presiones para avanzar contra los pocos bosques nativos que quedan en la provincia de Córdoba. Defendemos la libertad de expresión política y artística y exigimos  una discusión participativa y técnica que asegure una adecuada protección de nuestros bosques.

A finales del 2016 y gracias a la movilización de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, se logró extender el tratamiento de un proyecto de ley de bosques que pretendía aprobarse sin una adecuada discusión. Ese proyecto habría significado un claro debilitamiento de la protección a bosques nativos en nuestra provincia.

Desde FUNDEPS, desarrollamos un documento con numerosas críticas legales y ambientales al proyecto de ley. Las críticas marcaban los claros debilitamientos de la protección ambiental de los bosques así como la existencia de un proceso poco transparente y no participativo. Ambos puntos violan la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos.

Algunas de esas críticas ya habían sido planteadas en un documento conjunto entre el Foro Ambiental, FUNDEPS y otras instituciones que se elevó al gobierno como respuesta a la postura de CARTEZ titulada “Producir conservando y conservar produciendo”. Ni CARTEZ ni legisladores que presentaron el proyecto respondieron a los cuestionamientos técnicos que se hicieron a esa postura.

En lugar de aprovechar la extensión del plazo de discusión para generar un espacio participativo o para responder a los cuestionamientos legales y técnicos que se hicieron al proyecto, desde el sector agropecuario se presiona para conseguir una rápida aprobación del proyecto de ley. Se acusa de fijar posiciones sin basamento científico cuando desde ese sector nunca pudieron responder los cuestionamientos que se hicieron llegar. Asimismo, se presiona especialmente a artistas como José Luis Serrano y Raly Barrionuevo quienes han visibilizado la movilización en contra del avance sobre los pocos bosques nativos que quedan en nuestra provincia. En un comunicado, CARTEZ criticó duramente a Doña Jovita y Raly Barrionuevo al acusarlos de “generar confusión” y de defender “ideologías extremas”. Como réplica, José Luis Serrano desafió a la entidad ruralista a contestar con “argumentos científicos” las dudas que le elevó el Foro Ambiental.

En esa línea y en un giro sorprendente, el periodista Andrés Carpio de Cadena 3 intima legalmente a José Luis Serrano por sus comentarios respecto de la descripción que hiciera el periodista de la marcha del 28 de diciembre. El periodista hizo una descripción fuertemente negativa de la marcha describiéndola en un número muy inferior al de las estimaciones de los organizadores. Asimismo, sugirió que quienes marchaban no sabían bien porqué lo hacían en la medida que ya había una decisión de posponer el tratamiento del proyecto de ley. Pareciera que en la postura del periodista, la defensa de los bosques nativos y la visibilización de un reclamo popular no son razones suficientes para manifestarse públicamente en forma pacífica.

En ese contexto, el artista José Luis Serrano personificando a su personaje “Doña Jovita” marca su sorpresa por la inexacta descripción de la manifestación en contra del proyecto de ley de bosques. Lo hace a través de su personaje, en una expresión artística y crítica de una descripción inadecuada de una movilización popular.

Defendemos el derecho a la libre expresión y a la manifestación artística con conexiones con derechos y reclamos sociales. Nos oponemos a las presiones en contra de manifestaciones públicas. Asimismo, rechazamos enfáticamente el uso de mecanismos legales para limitar los posicionamientos críticos de personajes públicos.

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Juan Carballo, Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

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Participamos del Open Government Partnership Summit en París

Estuvimos presentes en el evento de la Cumbre de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP Summit, en inglés) que tuvo lugar en París entre el 7 y el 9 de diciembre. A continuación, más información sobre qué es OGP y en qué consistió el 4° encuentro de esta alianza.

¿Qué es OGP?

Es una iniciativa conformada por más de 70 países para promover políticas de gobierno abierto. Esto implica que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta a la ciudadanía. Para formar parte, los Estados deben adherir a la Declaración de Gobierno Abierto, presentar un plan de acción aprobado con un proceso de consulta pública y comprometerse a realizar reportes periódicos. Esta iniciativa también es un espacio de articulación entre sociedad civil y gobiernos, tanto a nivel local como nacional.

¿En qué consistió la cumbre?

Luego de la ceremonia inaugural el día 7 de diciembre de 2016, durante los siguientes dos días se realizaron paneles, talleres y charlas relacionados a una gran variedad de temas relacionados a gobierno abierto. Estos podían variar entre temas como datos abiertos, participación ciudadana, uso de tecnologías de la comunicación e información (TICs), transparencia en licitaciones públicas, entre otros. Las distintas actividades también estaban atravesadas por agendas como el cambio climático o género.

En el evento participaron más de 4000 personas, entre ellos jefes y jefas de Estado, miles de representantes de la sociedad civil y personas del ámbito de las TICs. Este culminó con la Declaración de París.  Además de ser un espacio de aprendizaje sobre todo lo relacionado a gobierno abierto, la cumbre fue una oportunidad para crear sinergias entre los distintos actores de la sociedad civil, así como para crear instancias de colaboración con los gobiernos. En miras al logro de una sociedad más democrática, la Alianza brinda oportunidades para desarrollar promover e implementar reformas de gobierno abierto.

Los gobiernos subnacionales también son parte

En el proceso de promoción de gobiernos abiertos, también se incluyen a las ciudades y a las entidades federales. En relación a esto, estuvimos participando del Encuentro Regional de Entidades Subnacionales por el Gobierno Abierto y del Encuentro Federal de Gobierno Abierto fue se llevó a cabo en Córdoba el 15 y 16 de diciembre. En esta última instancia, se trabajó en realizar propuestas para los compromisos a nivel nacional y provincial en miras a que Argentina debe presentar su tercer plan de acción en 2017 y se espera haya compromisos provinciales.

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Avances y cuestionamientos en el Proyecto Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Avanzan los procesos administrativos y se espera que en mayo de 2017 comiencen las obras para la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151 (GIRSU) del BID financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de US$150 millones y contiene dos subprogramas: por un lado, GIRSU en parques nacionales y municipios colindantes y, por otro lado GIRSU en otros municipios turísticos.

Dentro del segundo grupo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz. El centro fue diseñado para recibir los residuos sólidos urbanos de cinco municipios vecinos que acordaron con la administración municipal de Carlos Paz su tratamiento conjunto. El proyecto fue elaborado por la firma TecnoMak S.A. contratada por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación.

TecnoMak S.A. estudió tres alternativas de posibles localizaciones del nuevo centro de tratamiento de RSU. Finalmente se optó por su localización en el inmueble del actual basurero a cielo abierto lindero a la Reserva Natural Militar La Calera.

El proyecto tiene tres grupos de obras:

Obras Grupo 1: Relleno Sanitario para la disposición de los RSU generados en las localidades del Municipio de Villa Carlos Paz y comunas del área de influencia del proyecto; con una vida útil de 20 años y un ingreso diario promedio 163 Tn/día.

Obras Grupo 2: Planta de Separación y Tratamiento y Obras conexas de apoyo logístico y administrativo.

Obras Grupo 3: Cierre y Clausura del Basural a Cielo Abierto existente en la actualidad.

El 7 de abril del 2016 se realizó la audiencia pública ambiental en la que participaron las autoridades y once personas inscriptas a la misma.

El intendente Esteban Avilés explicó:

«Estamos trabajando en un proyecto regional que nos va a dar una solución definitiva al basural a cielo abierto (…), con esta audiencia pública estaría cerrada la situación administrativa para luego pasar a la instancia de decretos que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente de la provincia, y el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Gustavo Santos»

Sobre los plazos expuso que «creemos que vamos a ser bastante rápidos comparados con otros proyectos aprobados a nivel nacional«, aunque no descartó que sea antes de fin de año.

Varias objeciones fueron expuestas por María Luz Cammisa (secretaria de la Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación), relacionadas a la relevancia de la audiencia en tanto «llega con una obra que está licitada y que ha sido hasta pre-adjudicada»; con lo cual «estamos aquí de algún modo para convalidar lo que ya se decidió por nosotros». También se insistió en la limitación jurisdiccional, puesto que los terrenos afectados están fuera del ejido de Carlos Paz:

«Es para nosotros un tema prioritario que planteé al gobernador Juan Schiaretti porque no podemos avanzar en una planificación con las instituciones intermedias de la ciudad al estar siempre condicionados a que la provincia resuelva esta situación administrativa. Yo veo que es un gobernador que tiene este tipo de prioridad; De la Sota realmente no tuvo interés para nada», declaró el Intendente para luego ser refrendado por sus colaboradores: Es un tema de fondo para los carlospacenses; pero eso no determina la continuidad del proyecto.»

Más controvertida fue la mención de Cammisa respecto al plazo estipulado por la Comisión Técnica para el uso del módulo:

«…deberá tener como máximo seis años, y que después del mismo periodo, se deberá utilizar un sitio fuera de la cuenca del San Roque (…) para concretar la integración a un Programa de Gestión Integral de Residuos en el área metropolitana de Córdoba (CORMECOR)» (…) Ignoramos si el propio municipio tendrá una solución para sus residuos más allá de los seis años. Es decir que el centro ambiental proyectado anteriormente durará menos años que el tiempo insumido en planificarlo.»

Quienes respondieron a esto fueron la arquitecta Liliana Bina y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone. Mencionaron al respecto que la Comisión Técnica Interdisciplinaria sugirió dicho plazo en vistas al proyecto CORMECOR, del que participaría la ciudad si se concreta. Sin embargo,»esta planta seguiría funcionando exactamente igual, pero en vez de tirar en el enterramiento sanitario el sobrante, lo haríamos en una planchada de transferencia a Córdoba». Mientras, Villa Carlos Paz como las comunas integrantes habrán enterrado para esa fecha unas 475 mil toneladas de basura.

Por otra parte, Pedrone indicó «decir que los municipios y comunas que tienen firmados convenios intermunicipales con nosotros y que no van a poder tirar más la basura es absolutamente falso (…) El proyecto se ha pensado desde el primer minuto con la participación de las ocho comunas y municipios que colindan con Villa Carlos Paz y que siempre han tratado el tema de la basura en forma conjunta.», señaló en un marco de participación en el que estuvieron presentes los jefes comunales Andrea Jordán (Cuesta Blanca), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja) y representantes de Icho Cruz y Cabalango.

Otros planteos estuvieron relacionados con el ordenamiento territorial del bosque nativo:

«…no se menciona en el estudio del impacto ambiental, los impactos negativos de la reserva. Es un predio lindero a un área protegida, y un proyecto que pretende ser autorizado por vía de excepciones previstas en la Ley de Bosques (…) El propio dictamen de la Comisión Técnica advierte respecto de la localización del proyecto que sería desaconsejable concentrar en esta área más instalaciones de tipo potencialmente impactantes contra el ambiente, ya que se encuentra en las proximidades del área natural (…) y en áreas con drenaje al lago San Roque.»

Este punto también fue planteado por el ambientalista Juan Carlos Paesani, que por cuestiones de salud no estuvo presente pero hizo leer su exposición: «¿Se entenderá que ese embalse da de beber a casi dos millones de personas de la ciudad de Córdoba? Deploramos que sigan inobservando elementales principios».

Más confrontativo fue el discurso del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien retrucó las observaciones al señalar que:

«…aparte de decir hay que hacer; nuestro gobierno ha hablado con todo el mundo (…) Más allá de las cuestiones técnicas, con la deuda material y ambiental que tiene la ciudad y por el esfuerzo que han hecho todas las instituciones públicas y privadas para resolver el problema; por nuestro futuro, les pido que aprueben el proyecto.»

Sugiriendo además, que «la chicana» proviene de un integrante que comparte su mismo espacio político, Norma Morandini, «a quien hablé personalmente para plantearle la situación; pero nunca vino a Carlos Paz, y ella era legisladora por Córdoba.»

En agosto se realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Las obras iniciarían en el mes de mayo de 2017. El actual vertedero va a ser reemplazado por un relleno sanitario que albergará una planta de separación de residuos y otra de reciclaje. 222 millones serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y se estima que los trabajos demandarán alrededor de ocho meses y que, para mediados del 2018, se pondría en funcionamiento esta nueva planta.

Desde FUNDEPS seguimos estos procesos para asegurar que respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable. En este contexto de posibles impactos ambientales y sociales, el gobierno municipal y el provincial deben asegurar los mayores niveles de transparencia y acceso a la información. Monitorearemos el cumplimiento con la normativa provincial y nacional sobre estos temas así como el cumplimiento de las políticas operativas correspondientes del BID.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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El programa “Majul 910” y sus chistes sobre el abuso sexual

En el programa “Majul 910” que se emite por Radio La Red, en el día martes 18 de octubre, un día antes de la marcha y paro realizados en toda Argentina tras el femicidio de Lucía Pérez, y bajo el lema #MiércolesNegro, un humorista realizó una cadena de chistes atravesados por un estereotipo de belleza que resultan ofensivos y opresivos para las mujeres.

Luego de comentarios del tipo “(…) mire Majul, mi mujer es tan fea que tuvo que hacer una representación de La Bella y la Bestia y de Bella hizo un tipo”, finalizó: «Mi mujer es tan fea que la agarraron unos violadores y, en la oscuridad, la vistieron«, ironizó mientras los periodistas festejaban el comentario, y la artística de la radio acompañaba con sonidos jocosos y reidores de fondo.

Este tratamiento de la información, infringe lo expresado en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que la programación debe evitar los contenidos que promuevan actos discriminatorios y violentos hacia las mujeres. Es menester recordar que según el Código Penal argentino, el acto de violentar sexualmente a una persona está tipificado en el artículo 119 y constituye un delito propiamente dicho.

Este tipo de contenidos difundidos en los medios de comunicación constituyen formas de maltrato y violencia simbólica, en las cuales se crean imaginarios y se reproducen mandatos culturales que son formas de opresión y dominación hacia las mujeres.

Por ello, hemos realizado la denuncia correspondiente ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.

El chiste, pretendidamente inocente, satiriza un delito contra la integridad sexual basándose en el no cumplimiento de un mandato: la belleza. Es inaceptable la reproducción de estos dichos, en cualquier medio de comunicación, principalmente en este contexto social trágico hacia las mujeres, evidenciado por los gravísimos actos de violencia y femicidios visibilizados en los últimos años.

Seguimos pidiendo que los medios de comunicación se comprometan en la promoción y respeto de la igualdad, evitando contenidos que reproduzcan formas de violencia mediática hacia las mujeres, respetando en todo momento su integridad y sus derechos. Estos dichos son sumamente peligrosos y resulta inaceptable su mera existencia. La violencia hacia las mujeres es, ante todo, una cuestión de derechos humanos, donde los medios de comunicación tienen una enorme tarea que realizar.

Por último, se advierte la preocupación por la falta de pronunciamiento formal por parte de la Defensoría del Público y del ENACOM, tras haber pasado más de dos meses de la realización de las denuncias correspondientes. Desde FUNDEPS continuamos con el seguimiento de los procesos abiertos, a fin de continuar con el monitoreo del funcionamiento de esos órganos.

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Emilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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La obra de gasoductos troncales en Córdoba tiene financiamiento chino

La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.

El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a  la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.

Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.

Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.

En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.

Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.

Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.

Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Discriminación: las fallas de las “denuncias” virtuales ante el INADI

En el sitio Infobae, se publicó con una nota titulada “Roles invertidos: ¿la mujer se volvió más masculina en las relaciones?”, en la que se incurre repetidas veces en comentarios estereotipadores y discriminatorios, y se ejerce violencia simbólica hacia la mujer. A partir de esto, se hizo una consulta con INADI, que no tuvo resultado concreto.

La noticia en cuestión se desarrolla a partir de una entrevista realizada a una psicóloga, que si bien destaca los avances de las mujeres en el campo profesional, entiende que esos son espacios reservados a los varones, usurpados por las mujeres, ubicándolas en las tareas relacionadas al hogar y al cuidado. Esto queda en evidencia en sus dichos: «Según la psicóloga y escritora Beatriz Goldberg, la mujer de hoy está descolocando al hombre de su lugar. Le cuesta ubicarse en el rol correcto. ‘La mujer puede y debe tener actividades en todas las áreas, pero desde el rol de mujer. Si se ‘masculiniza’, pierde su capacidad intuitiva e intelectual’.»

Resulta preocupante que se continúe pensando que el campo laboral y profesional, así como las tareas de provisión de recursos económicos en el hogar, son exclusivamente masculinas, y a las mujeres «masculinizadas«, cuando forman parte de esos espacios o se apropian de dichas tareas.

Asimismo, se hacen repetidas referencias a la importancia de no perder las características típicamente «femeninas«, como la sensibilidad o la intuición. Asimismo, se realizan comentarios denigrantes, como la referencia  a las mujeres como electrodomésticos: “Es multiprocesadora, hace de todo, es múltiple”.

Este tipo de opiniones y comentarios reproducen los patrones socioculturales de conducta que estereotipan, discriminan y subordinan a las mujeres, exigiendo que se reserven a determinados espacios y cumplan ciertas características para ser consideradas como tales. Además, al ser una persona posicionada en un espacio de autoridad por sus calificaciones profesionales, se entiende que la psicóloga es referente en temas de género y por ende, sus dichos tienen más influencia en el/la lector/a.

Los actos descriptos tienen su raíz en condiciones sociales de desigualdad sufridas por las mujeres, arraigadas en la sociedad, con un fuerte contenido simbólico que refuerza tales condiciones.

Frases enunciadas por la entrevistada como «el rol de la mujer en la sociedad es ser mujer«, promueve la idea de que varones y mujeres tienen roles determinados sólo por el hecho de ser el uno o el otro. Además, es preocupante la falta de reflexión sobre las luchas de los movimientos de mujeres, que lograron luego de décadas de activismo una progresiva igualdad ante la ley entre varones y mujeres, visibilizando las barreras que ellas tienen para acceder a puestos de trabajo o participación en la vida profesional.

El proceso de denuncia

A partir de los hechos, se decidió realizar una presentación frente a INADI, ya que este es un hecho de discriminación hacia las mujeres, ocurrido en un medio digital. Utilizamos el proceso de consulta por discriminación, el más accesible en la página web del organismo. A partir de comunicaciones telefónicas, hicimos el seguimiento de nuestro reclamo, que fue derivado a la Plataforma por una Internet libre de discriminación. Posteriormente, fue presentado frente al medio productor del contenido discriminatorio, como una inquietud pero sin ninguna obligación, por lo que no se modificó la nota ni se la retiró del sitio web. Frente a esto, INADI no tomó cartas en el asunto y el caso quedó en mera consulta. El mecanismo virtual, entonces, prueba no ser efectivo, ya que los reclamos no adquieren carácter de denuncia.

A fin de que el INADI realice su efectivo pronunciamiento, los reclamos deben presentarse como denuncias, las cuales deben realizarse personalmente frente a una delegación del INADI. Cabe recordar, en este punto que el Estado argentino está obligado a llevar adelante medidas contra la discriminación hacia las mujeres, no sólo por la legislación local, sino también por los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país y con jerarquía constitucional, como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo

Presentamos ante la Legislatura observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo de la provincia de Córdoba, atento irregularidades en el proceso de participación y diversos puntos cuestionables en la redacción de su texto, lo que implicaría un retroceso en la protección de los bosques nativos.

En el año 2007 el Estado Nacional sancionó la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, como legislación base, con iguales condiciones de protección para todos los habitantes del país. Conforme al mandato constitucional, a las provincias les corresponde legislar ya sea igualando o maximizando la protección e incluir asuntos que hagan a las materias específicas o particulares de cada una de ellas. Asimismo establece la legislación nacional y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, cada provincia debe realizar su Ordenamiento de Bosques Nativos y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.

La provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 el 5 de agosto de 2010, en un proceso en el que no se respetó la instancia participativa que garantizaba la ley nacional. Esa normativa establecía un plazo para la actualización de la misma que venció el pasado 5 de agosto de 2015.

En aparente cumplimiento a dicha normativa, a fines de septiembre de 2016, el gobierno provincial decidió abrir una “mesa de diálogo” a los fines de cumplimentar con la correspondiente actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba, buscando superar las irregularidades del proceso realizado cinco años atrás. Sin embargo, se advirtió la vulneración de las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso participativo sustentable. Estas deficiencias incumplen con las “Pautas metodológicas para las actualizaciones de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos” aprobadas por Resolución N 236 del COFEMA.

Recientemente, en el mes de diciembre de 2016 se presentó ante la Legislatura el proyecto de ley sobre ordenamiento territorial de bosques nativos. Esta propuesta no ha sido el resultado de un proceso participativo de acuerdo a la normativa ambiental de nuestro país.

Desde FUNDEPS hemos elaborado un documento realizando “Comentarios al Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba”, al no adecuarse normativamente a los presupuestos mínimos de protección ambiental consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las leyes ambientales que se refieren a esta materia, tanto en aspectos procedimentales como en aspectos substantivos.;

Sintetizamos las principales observaciones críticas al proyecto de ley:
– No se garantiza la conservación del bosque nativo existente en la provincia de Córdoba acorde al mapa de la ley 9814.
– No se tienen en cuenta fundamentos técnicos y científicos.
– No se observan  parámetros mínimos legales, lo que debilita los mecanismos de protección del bosque nativo.
– No se asegura un real y efectivo acceso al derecho a la participación ciudadana en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
– La definición restrictiva de bosques nativos dada por el proyecto, excluye del objeto de protección a fachinales, arbustales y matorrales.
– Se permite la actividad minera, el desmonte químico y a través del uso de fuego, y el rolado, en categorías de alta conservación de bosques.
– No se incorpora la totalidad de las capas de infracciones en el mapa  de OTBN.
– Se elimina la figura de las reservas forestales intangibles.
– Se disminuye el monto de las multas y se elimina la pena de arresto.
– No hay suficientes pautas de transparencia y acceso a la información pública en todas las solicitudes vinculadas a las categorías altas de conservación de bosques nativos de la Provincia, en formatos que posibiliten el monitoreo y la participación pública, en línea con el paradigma de gobierno abierto.
– Posibilita la restauración de bosques nativos dañados con especies exóticas que no garantizan el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos.

Por estas razones instamos a generar un proceso abierto y participativo para la discusión sobre la actualización de la ley de bosques de la provincia de Córdoba y sugerimos adecuar el proyecto con la normativa ambiental de mayor jerarquía y asegurar mínimamente el mismo nivel de protección ambiental a nuestros bosques nativos.

 

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Coordinadora de eje ambiental, Male Martínez, malemartinez@fundeps.org

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La provincia de Córdoba en retroceso: implementación del voto electrónico

El día miércoles 21 de diciembre, se aprobó en la legislatura de Córdoba un proyecto de ley presentado por el ejecutivo que busca la implementación del voto electrónico. Es importante remarcar los peligros que supone un sistema de estas características para nuestra democracia.

Durante el día 21 de diciembre, la legislatura cordobesa aprobó un controvertido proyecto de ley que aboga por una reforma el sistema de votación provincial. A pesar que a nivel nacional esta iniciativa pareciera estar descartada, el ejecutivo provincial presentó un proyecto que fue aprobado sin dificultades.

Mucho se ha debatido en las últimas semanas, y creemos muy importante sumarnos a las voces que expresan los peligros que supone un sistema de voto electrónico en. Hoy por hoy, este sistema está en retroceso en todo el mundo debido a las falencias que implica en materia de control. El proceso de votación es un elemento demasiado central a nuestra forma de vida como para basarlo en mecanismos no controlables.

El proyecto aprobado no especifica cuestiones técnicas acerca del sistema más allá de la implementación de la boleta única electrónica; y reconoce las limitaciones de este sistema al prohibir la utilización de dispositivos electrónicos en un radio de 300 metros a la fiscalización. Sumado a esto, expertos en el área informática han expresado reiteradamente los peligros y carencias del voto electrónico: nadie puede saber a ciencia cierta qué hace esa computadora, es inseguro, no garantiza el secreto del voto, es más caro, erosiona la confianza en el sistema electoral, limita el derecho a controlar las elecciones y limita la capacidad para ser fiscal (no cualquier ciudadano puede hacerlo).

Cabe destacar que en la provincia ya contamos con un sistema de boleta única en papel que se ha reconocido por ser una de las mejores alternativas para el sistema electoral; además, es usado en el mundo, en países como Corea del Sur, Japón, Alemania, Australia y Holanda entre muchos otros. Este sistema evita el robo de boletas y es transparente para el elector. El cambio a un sistema electrónico entonces, implica un claro retroceso.

En este contexto, preocupa la celeridad y la falta de discusión en el tratamiento de un tema de importancia clave, así como la ausencia de respuestas a las objeciones técnicas y legales que se han presentado a esta propuesta.

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Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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El Comité de la CEDAW de Naciones Unidas escuchó a las organizaciones de la sociedad civil

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la CEDAW. Las organizaciones de cada país, según su experiencia y trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en el Estado, a fin de que el Comité tengas las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales que deba realizar.

Tras finalizar el proceso de revisión de Argentina, en su 65ª sesión el Comité de la CEDAW dictó sus “Observaciones Finales”, en las que se refleja el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil manifestado a través de los informes sombra presentados ante el Comité. FUNDEPS participó en tres informes, cuyos aportes fueron considerados a fin de lograr un avance en la efectiva garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres argentinas.

Violencia mediática y simbólica

En conjunto con la Asociación Civil Comunicar Igualdad, desarrollamos un documento especial para el Comité con base en nuestro informe “Violencia de género y políticas públicas de comunicación”. En consideración de nuestras observaciones, el Comité de la CEDAW recomendó a nuestro país, en sus apartados 18 y 19, sobre “Estereotipos y prácticas nocivas”:

“A) Intensificar sus esfuerzos encaminados a disipar las actitudes sexistas y estereotipos de las autoridades públicas estatales en los tres poderes;

B) Adoptar una estrategia global dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Asegurar que esta estrategia también se ocupe de las formas intersectoriales de discriminación contra la mujer, definidas en la Recomendación general Nº 28 (2010) del Comité sobre «Obligaciones fundamentales de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer «, Apartado 18;

C) Fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los estereotipos discriminatorios a través de campañas de sensibilización como la campaña «#Ni Una Menos»; y

D) Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”

Salud de las mujeres: consumo de tabaco

Asimismo, nuestros equipos de trabajo participaron y apoyaron la elaboración del informe presentado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM y otras organizaciones, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. Con relación a lo solicitado en dicho “informe sombra”, el Comité manifestó su preocupación por el “alto consumo de tabaco entre las niñas en comparación con los niño”. En virtud de ello, recomendó a Argentina en su apartado 35:

“G) Ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, reducir el alto consumo de tabaco entre los adolescentes, en particular las niñas, y abordar las consecuencias para la salud”.

Mujeres rurales e indígenas

En relación al informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales por las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, que fue avalado por FUNDEPS, el Comité tomó varios puntos de lo solicitado, y realizó varias recomendaciones a Argentina en sus apartados 38 a 41 sobre mujeres rurales e indígenas, de las que pueden destacarse:

“A) Diseñar programas específicos dirigidos a asegurar el desarrollo sostenible y luchar contra las situaciones de pobreza a que se enfrentan las mujeres rurales, mediante la asignación de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de protección social y programas específicos de educación para las mujeres rurales (…)

C) Adopte políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia, la estigmatización y los ataques contra la mujer rural en el contexto de proyectos de desarrollo económico a gran escala; y

D) Asegurar que las mujeres de las zonas rurales estén representadas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles del sector agrícola, incluidas las relativas a la reducción de los riesgos de desastre, la gestión después de los desastres y el cambio climático (…)

A) Adoptar medidas para reconocer formalmente la tenencia y la propiedad de las tierras de las mujeres indígenas y promover el diálogo a nivel comunitario para eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan los derechos de propiedad de las mujeres indígenas sobre la tierra;

C) Asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a agua potable y asequible para usos personales y domésticos, así como para el riego;

D) Examinar el actual manejo negligente de las denuncias sobre plaguicidas nocivos, fertilizantes y uso de productos agroquímicos presentados por las mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud, y velar por que esos casos se resuelvan de manera oportuna y apropiada de conformidad con las recomendaciones generales del Comité. Recomendación Nº 34 (2015) sobre los derechos de la mujer rural; y

E) Establecer un mecanismo obligatorio y eficaz de consulta y distribución de beneficios para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas en relación con el uso de sus recursos naturales y tierras” (La traducción es nuestra). De las recomendaciones dictadas por el Comité, sólo queda esperar que el Estado argentino tome las medidas correspondientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su efectivo cumplimiento, algo en lo que estaremos trabajando en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil.»

Aclaración: La traducción de los fragmentos de las «Observaciones Finales» es de autoría propia. 

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

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Acompañamiento a comunidades indígenas en Rurrenabaque, Bolivia

Parte del equipo del área de Gobernabilidad Global de FUNDEPS viajó los primeros días de diciembre a la ciudad de Rurrenabaque en Bolivia. Se realizaron reuniones y recorridos por la zona donde se desarrollan proyectos de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en la zona.

El municipio de Rurrenabaque (ubicado en el Departamento de Beni, en Bolivia) constituye un importante centro turístico y zona de producción agrícola a pequeña escala, cuya población, por la necesidad de exportar sus productos, se ha visto obligada a generar presión sobre los bosques naturales. Rurrenabaque es colindante con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, donde habitan diversas comunidades indígenas.

Esta región se caracteriza  por su abundante riqueza y diversidad cultural y biológica que ha llevado a establecer reservas y parques nacionales, pero que también es considerado por muchos actores como una oportunidad económica sin explotar. Esto ha llevado a que en los últimos tiempos se hayan promovido una serie de obras de infraestructura (principalmente la construcción de importantes carreteras) en las inmediaciones de las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas, lo que representa un riesgo de impactos ambientales y sociales negativos tanto para la biodiversidad y los ecosistemas como para las comunidades indígenas involucradas. Entre estos proyectos, se encuentra el financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo consiste en el mejoramiento de la carretera Santa Bárbara-Rurrenabaque.

Por otra parte, el proyecto financiado por el Banco Mundial consiste en la carretera Ixiamas – San Buenaventura se encuentra dentro del área de influencia del Corredor Norte y hace parte de la Ruta Alternativa para llegar a Cobija desde el norte de La Paz.

La carretera Ixiamas–San Buenaventura dentro del contexto regional del megaproyecto vial Corredor Norte representa una de las obras más grandes en la región Noroeste de Bolivia. El Corredor Norte es un proyecto carretero de 1664 km de longitud vinculando en sus puntos extremos a las ciudades de La Paz, Guayaramerin y Cobija. Su área de influencia que se extiende sobre 234,000 km², aproximadamente el 26% del territorio de Bolivia, abarcando 3 departamentos y 39 jurisdicciones municipales.

Los impactos y amenazas ambientales y sociales para las comunidades que habitan la zona son cada vez más graves. La situación es compleja y estas carreteras coexisten con otros proyectos (financiados principalmente por fondos chinos) que representan aún mayores problemas y desafíos para las comunidades indígenas. Desde FUNDEPS, estaremos colaborando para evaluar opciones de reclamar ante mecanismos de rendición de cuentas de instituciones financieras internacionales. Se buscará que estos proyectos no impacten negativamente en el ambiente y en las condiciones de vida de las comunidades.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Bogotá: Taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil

El pasado 5 de diciembre se realizó, en Bogotá, el Taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil. El taller fue organizado conjuntamente por los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMs) del Banco Interamericano de Desarrollo (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación / MICI) y del Grupo del Banco Mundial (Panel de Inspección y la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO), en colaboración con las organizaciones de sociedad civil (OSCs), Asociación Ambiente y Sociedad, y el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

Los mecanismos independientes de rendición de cuentas se establecieron para atender las quejas de las personas afectadas por impactos ambientales y sociales de proyectos de desarrollo financiados por instituciones multilaterales. Dado que el trabajo de las OSC algunas veces consiste en apoyar a comunidades afectadas mediante esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en recursos de acceso, los IAMs llevan a cabo labores de divulgación pública proactiva en colaboración con las OSC en toda Latinoamérica para dar a conocer sus servicios con las redes de sociedad civil y que ambas partes puedan ampliar sus perspectivas.

En este sentido, los tres objetivos principales del evento fueron:

– Permitir que las OSCs colombianas se familiaricen más con los IAMs  y los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan;

– Permitir que los IAMs amplíen su relación con las OSC en Colombia, en especial con las organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones potencialmente afectadas por proyectos; y

– Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSC, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas de rendición de cuentas relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en Colombia.

El taller de un día incluyó presentaciones de los diferentes IAMs sobre sus servicios y ejemplos de su trabajo; presentaciones de las OSC sobre sus experiencias con la activación de los mecanismos, así como herramientas para acceder a información de proyectos; pequeños grupos de discusión relacionados con el acceso y el trabajo de las IAMs y una discusión más amplia sobre las tendencias de rendición de cuentas en Colombia.

Fuente: Asociación Ambiente y Sociedad

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Juan Carballo, <juanmcarballo@fundeps.org>

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Participación en la audiencia pública por la ampliación de la planta de Bajo Grande

El pasado miércoles 7 de diciembre el gobierno de la provincia de Córdoba convocó a una audiencia pública, con la finalidad de dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la ampliación de la actual Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (EDAR) y la construcción de nuevos colectores principales. La participación de FUNDEPS incluyó la presentación de un informe técnico-legal que marcó ciertas inconsistencias identificadas al analizar el EIA y conociendo los antecedentes de fuertes impactos en la zona.

on solo tres personas inscriptas representando a FUNDEPS y al Foro Ambiental Córdoba, el pasado miércoles 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba que tuvo por objeto dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre la ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Córdoba. Cabe resaltar que este proceso tuvo poca difusión y fue llevado a cabo muy lejos del área de influencia más significativa y de mayor afectación del proyecto (Barrio Chacras de la Merced). Este hecho viola lo establecido en el Art. 63 de la ley provincial 10.208 de Política Ambiental que establece que estas instancias de participación se deben realizar en la zona de mayor vinculación con la decisión pública en cuestión.

La planta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande fue construida a fines de la década del 60, a orilla del río Suquía, encontrándose  instalada en el km 2 ½ del camino llamado Chacras de la Merced, en el extremo este de la ciudad de Córdoba. Fue inaugurada en 1987, quedando bajo el dominio y control de la Municipalidad de Córdoba en el año 1990. A partir de finales de los años noventa, el funcionamiento de la planta de EDAR Bajo Grande fue desmejorando, logrando que al día de hoy, la misma posea una capacidad limitada el tratamiento de líquidos cloacales, lo cual genera un foco constante de contaminación.

La problemática de contaminación de dicha planta es de público conocimiento por la presentación de denuncias, demandas judiciales, noticias periodísticas e incluso reconocimientos formales por parte de los funcionarios de la provincia y de la municipalidad de Córdoba. A nivel técnico, peritajes realizados por la Universidad Nacional de Córdoba han determinado que el tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande tiene importantes fallas, tanto en el procesamiento como en el funcionamiento de los equipos que posee. Esto se traduce en altos índices de contaminación del río Suquía, que recibe directamente los efluentes generados por esas deficiencias en el tratamiento. Desde hace un tiempo, en conjunto con la organización Las Omas, venimos reclamando por información pública sobre indicadores de salud y ambiente que permitan valorar (y corregir) esta situación de contaminación. 

De lo anterior se entiende la necesidad de invertir en la actual planta y lograr que la situación sea capaz de revertirse. Empero, luego de la lectura y presentación del EIA se presentan ciertas inconsistencias que de no ser tenidas en cuenta, lejos de mejorar la actual situación de la planta, podrían agravar los ya existentes impactos ambientales negativos.

En nuestro escrito presentado durante la audiencia enfatizamos algunos puntos:

– Inconsistencias respecto de la capacidad de tratamiento de la planta.

– Inadecuado tratamiento de los riesgos ambientales, en una zona que ha sufrido históricamente las consecuencias de la contaminación del río.

– Omisión respecto del fortalecimiento de instancias de control en la ciudad para facilitar el trabajo de la planta de EDAR Bajo Grande.

– Ausencia de plan de monitoreo de la obra y de mitigación de los impactos.

Asimismo, durante la audiencia se pudieron oír frases como: “…Cerca de la planta de líquidos cloacales no hay poblaciones estables”, poniendo en duda el real compromiso de las autoridades gubernamentales para con los vecinos de Chacras de la Merced y las problemáticas en las cuales se ven inmersos a raíz del mal funcionamiento de la planta.

Desde FUNDEPS consideramos que es crucial la realización de una profunda evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente como órgano de contralor del presente proyecto, advirtiendo todas las consideraciones expuestas durante la audiencia. Asimismo, se debe disponer de los mecanismos necesarios a los efectos de cumplimentar con losparámetros legales y ambientales esperados a fin de proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad de Córdoba y en particular de los de barrio Chacras de las Merced.

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Agustina Palencia