Conflictos en torno a la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Vecinos autoconvocados manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz, que utiliza fondos del BID para su desarrollo.

El domingo 29 de enero tuvo lugar en la plaza de Villa San Nicolás (Malagueño), una autoconvocatoria vecinal con el objetivo de informarse y organizarse respecto a la problemática que genera en toda la zona la presencia del basural a cielo abierto que administra el municipio de Villa Carlos Paz en el predio ubicado a la vera de la autopista a Córdoba. Los vecinos conformaron una comisión interbarrial que tendrá como labor elaborar el “plan de acción” que definirá los pasos siguientes.

A través de un comunicado, los vecinos manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz en el sector. Esta obra es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151.

La reunión surgió luego de una semana en que el viento trasladó hasta sus casas el humo del incendio en el basural que la ciudad posee a la vera de la autopista Justiniano Allende Posse, a menos de 1 km del ingreso al barrio de Villa San Nicolás.  “Recién ahora se toma conciencia. El humo nos despertó a todos y disparó la protesta”, dijo Lucas Bettiol, vecino de San Nicolás, en alusión al incendio que se desató en el basural y advirtió que, “no sabíamos hasta la semana pasada que querían hacer un Centro Ambiental en el mismo lugar”. Asimismo, manifestaron: “Lejos de remediar el daño generado por el basural a cielo abierto, se incrementarán los niveles de contaminación debido a la instalación de un nuevo basural que representa cinco veces el tamaño del actual vertedero”.

Los vecinos expresaron un explícito y enfático rechazo tanto al actual basural como a la radicación del Centro Ambiental Villa Carlos Paz. En este sentido aseguran que de materializarse dicha propuesta “el ambiente se verá aún más dañado, la calidad del aire disminuirá y el agua subterránea y superficial se verá contaminadas, siendo que en la zona todos los barrios consumen agua de pozo”. Advertido sobre lo avanzado que está el proyecto del Centro Ambiental, Bettiol sostuvo que:

“…será una lucha parecida a lo que pasó con Monsanto (Malvinas Argentinas), o los basurales de Bouwer y barrio Santa Ana (…) Sabemos que está aprobado pero tenemos el antecedente de Monsanto que se logró frenar y nosotros esperamos poder frenar esto. Las autoridades no están dimensionando ni el impacto ambiental ni el social (…) La población de San Nicolás no estuvo incluida en el Estudio de Impacto Ambiental y estamos a menos de 1 km. TierrAlta está más cerca. Las autoridades de Carlos Paz y Malagueño minimizan lo que está pasando en el basural”

En abril del año pasado se realizó la audiencia pública ambiental, agosto el Ministerio de Turismo realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Se prevé que las obras comiencen a mediados de este año.

Frente a los posibles impactos ambientales y sociales debe exigirse el cumplimiento de la normativa provincial, nacional y de las políticas operativas correspondientes del BID.

En el comunicado afirman que no han sido considerados en el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto financiado por el BID y que lejos de remediar el daño generado actualmente por el basural a cielo abierto, se incrementaran los niveles

de contaminación. Exigen que el municipio de Malagueño se haga presente y que Carlos Paz reconozca la vulneración a sus derechos. Asimismo solicitan a la provincia de Córdoba que actúe en la prevención del daño y exigen la inmediata reparación del daño hecho en la zona.

Los vecinos autoconvocados de San Nicolás, TierrAlta, Mariano Moreno, La Arbolada, Lote Joven, Valle del Golf, Causana y los barrios carlospacenses Costa Azul Norte y Sur solicitaron un estudio público de la calidad del aire, del suelo y de las napas subterráneas.

Desde FUNDEPS estamos siguiendo este proceso para asegurar que se respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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La Nación cuestiona la actualización de la normativa de bosques en Córdoba

Ante la conflictiva situación que atraviesa la provincia de Córdoba respecto a la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, la Dirección Nacional de Bosques, considera imprescindible, previa la aprobación legal, disponer del mapa, informes técnicos, y asegurar una adecuada participación, a los fines de garantizar la observancia de las disposiciones de la ley 26.331.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Dirección de Bosques, dio a conocer sus consideraciones en relación al proceso de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos que afronta la provincia de Córdoba, en respuesta a una petición realizada por el Foro Ambiental Córdoba, por medio de nota con fecha 27/01/2017.

– Expresó su preocupación por el incumplimiento por parte de la provincia de Córdoba de los plazos establecidos para la actualización. En ese sentido, recordó que ya había solicitado la entrega de avances referentes al proceso de actualización. En esas comunicaciones con la el Gobierno provincial comunicó los lineamientos y la visión a tener en cuenta para los procedimientos de ajuste y acreditación de la actualización de los OTBN (conforme notas remitidas con fecha 23/02/16 y 06/04/2016).

– Informó que, en agosto de 2016, la autoridad local de aplicación compartió de manera informal un primer proyecto de actualización. La Dirección Nacional detectó cambios significativos respecto el primer mapa de OTBN provincial, y destacó dos puntos: “un incremento en la superficie de bosque nativo declarado y un importante pasaje de bosques nativos de Categoría I (rojo) a Categoría II (amarillo)”.

– Verificó el intercambio de avances sobre la actualización y existencia de posturas antagónicas de diversos actores, conforme su participación en reuniones de la mesa interinstitucional de diálogo convocada por la Secretaría General de la Gob. de Córdoba, la Sec. De Ambiente y la Sec. de Agricultura. En esta instancia no hace referencia a ningún proceso para tratar de acercar las posiciones antagónicas.

– Observó, entre otras, que el proyecto de ley de OTBN no permite conocer las superficies de bosques nativos por categoría de conservación, lo que es imprescindible para su acreditación.

En síntesis, destacó, que a los fines de llevar a cabo el análisis para la acreditación del OTBN de la provincia de Córdoba, es necesario:

1. Disponer del proyecto de ley completo (el mismo no contiene el mapa con la localización de los bosques y sus categorías de conservación de la actualización del OTBN)

2. Disponer del documento técnico con la metodología utilizada para la valoración de los criterios de sustentabilidad ambiental y la superficie resultante.

3. Conocer el proceso participativo que acompañaría esta propuesta.

Hasta el momento, la discusión por la actualización del marco de protección de los bosques nativos en Córdoba no ha cumplido con la normativa nacional, no ha permitido una participación abierta, ha ocultado información y la ha compartido sólo con algunos sectores puntuales.

Desde FUNDEPS, exigimos que el proceso sea transparente, participativo, que cumplimente con los requisitos exigidos desde la Nación y que sea respetuoso de los presupuestos mínimos ambientales, a los fines de evitar la repetición de situaciones conflictivas en relación al ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba.

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Male Martínez – Coordinadora del equido de Ambiente

malemartinez@fundeps.org

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Preocupante situación de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo

Durante el año 2016 más de 280 personas defensoras de derechos humanos y del ambiente fueron asesinadas en 25 países, marcando una creciente radicalización de la violencia hacia éstas. Los numerosos asesinatos que se produjeron durante las primeras semanas del año 2017 han ratificado esta preocupante tendencia. Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado que aboga por un cambio en la situación de aquellos que han visto vulnerados sus derechos como consecuencia de la protección del medioambiente, el territorio, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

“El 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros. Cáceres había dedicado varios años al intento de detener la construcción de una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad en Intibucá, en el oeste de Honduras, la cual ponía en peligro una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo indígena lenca. Menos de un año antes de su muerte, había pronunciado un discurso conmovedor ante un auditorio abarrotado cuando le entregaron el Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015 por su excepcional valentía en el ámbito del activismo ambiental”

Así comienza el último informe de Global Witness, organización que se encarga de exponer los lazos ocultos entre la demanda de los recursos naturales, la corrupción, los conflictos armados y la destrucción del medioambiente. El motivo de este informe es exponer la situación de peligro que vivencian los/as defensores/as de derechos humanos (DDHH) en Honduras, identificado por el reporte como “el país más mortífero del mundo para el activismo ambiental”. Se documentan los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la imposición de presas, minas, tala o agricultura en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política. Las causas fundamentales de estos abusos son la corrupción generalizada y el incumplimiento de una consulta adecuada a los afectados por estos proyectos.

Según la investigación de Global Witness, desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados. A lo largo de 2016, defensores y defensoras de derechos humanos de todas las regiones del mundo se han enfrentado a ataques debido a su labor para mejorar y defender los derechos humanos de sus comunidades. Han sido perseguidos tanto por actores estatales como no estatales que buscaban desalentar, desacreditar e interrumpir sus actividades no violentas.

De acuerdo con FrontLine Defenders en su último informe de finales de 2016 el número de asesinatos de ese año supuso un incremento respecto a la cifra del año anterior. Alrededor de 281 personas fueron asesinadas en 25 países. El 49% de estos/as defensores/as trabajaban en la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Algunos de los casos se produjeron cuando estos/as defensores/as locales iniciaron campañas contra empresas multinacionales y se resistieron a la ocupación de sus tierras, así como a las reubicaciones forzosas, que a menudo se realizaban sin una consulta o compensación adecuadas.

Sumado a los anteriores, ProtectDefenders.eu, el mecanismo de defensores/as de la Unión Europea reconoció que, en todo el mundo, los/as defensores/as de DDHH son sometidos con asiduidad a momentos de acoso y acusaciones penales falsas destinadas a paralizar, intimidar y deslegitimizar sus actividades por los derechos humanos. Tienen dificultades al desarrollar su trabajo en entornos cada vez más restrictivos en los que el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica; no existen. Permanentemente se revocan licencias de ONG de derechos humanos, se embargan cuentas bancarias y se viola su derecho a acceder a fondos extranjeros. Una cantidad creciente de Estados también ha desarrollado un patrón sistemático de obstáculos contra la libertad de movimiento (mediante el uso de prohibiciones de viaje) de los/as defensores/as de los derechos humanos, con la clara intención de aislarlos.

El asesinato de los/as defensores/as impacta de una forma que vas más lejos aún que su propia muerte. Afectan a toda la comunidad de derechos humanos. Las organizaciones que se han encargado de investigar acerca de esta situación en el mundo, a menudo se han topado con que sus asesinatos han estado enmarcados usualmente en previas protestas frente a compañías multinacionales. Asimismo, se destaca el papel de complicidad de los gobiernos para con estas actitudes que han devenido con la muerte de centenares de personas a lo largo del mundo.

Las tierras ricas en recursos naturales de América Central y del Sur, África y Asia continúan siendo motivo de conflicto entre la industria extractiva y los pueblos indígenas en el marco de proyectos frecuentemente financiados por instituciones financieras internacionales (IFIs) o por empresas occidentales y chinas. La falta de controles y balances sobre las cuestiones de derechos humanos en el seno de esas instituciones, a menudo acompañada de la ya mencionada complicidad del Gobierno de turno, ha resultado en la intimidación de la población local y en otras cosas más graves, lo que ha llevado a estos a considerar que sus preocupaciones no han sido debidamente atendidas.

En lo que va de este 2017, ya se han visualizado nuevos asesinatos a defensores/as. Isidro Baldenegro, indígena ecologista, defensor de los bosques en la sierra Tarahumara, México, fue asesinado durante el mes de enero. Dos semanas después Juan Ontiveros Ramos, defensor mexicano fue golpeado brutalmente junto con otros miembros de su familia y se lo llevaron a la fuerza. El 1 de febrero, el cuerpo del activista fue hallado. De la misma forma, el martes 17 de enero, manifestantes lideraron una manifestación pacífica contra una planta hidroeléctrica en Guatemala. Pero el evento terminó con muerte después de que los paramilitares mataron y al activista de 72 años, Sebastián Alonso.

Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado para evitar que este tipo de conductas contra los/as defensores/as ambientales y de derechos humanos se sigan perpetuando en este 2017. Nuestro trabajo ha estado íntimamente relacionado con el monitoreo de proyectos financiados por instituciones financieras internacionales, así como también buena parte de aquellos proyectos que han contado con financiamiento chino. Destacamos la necesidad que la sociedad civil continúe con sus tareas de control sobre este tipo de proyectos, al mismo tiempo que se garantice el respeto por los derechos de quienes ejercemos este tipo de tareas.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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Preocupante situación de la Defensoría del Público

Hace tres meses que la Defensoría del Público se encuentra acéfala, circunstancia que deja al organismo imposibilitado para realizar plenamente las funciones asignadas en la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta situación contraría las recomendaciones del Comité de la CEDAW y agrava la situación de vulnerabilidad de los derechos de las audiencias.

La Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, que nació junto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un organismo que promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática en los medios.

Como comunicamos anteriormente, esta dependencia del Estado se encuentra acéfala desde el 14 de noviembre del pasado año cuando, ante el término del mandato de la Lic. Cynthia Ottaviano, la Comisión Bicameral del Congreso decidió no designar a un/a nuevo/a defensor/a ni renovar el mandato de la defensora saliente.Al día de la fecha, el organismo elevó una petición para que la abogada María José Guembe, Directora de Protección de Derechos de la Defensoría, sea la máxima autoridad en esta etapa transitoria. De igual manera y dado que el rol de Guembe no goza de todas las facultades, el organismo permanece acéfalo, y por lo tanto, carente de operatividad.

La institución de la Defensoría del Público es fundamental pues oficia de intermediaria entre los actores de comunicación y el público, en representación de los intereses y derechos de las audiencias. De esta manera, la acefalía vulnera a la ciudadanía ya que sus derechos no pueden hacerse valer completamente sin el accionar pleno de este organismo. Esta situación que ya se ha prolongado por casi 3 meses, no obstante continúa trabajando, recibiendo y canalizando reclamos.

Denuncias realizadas desde FUNDEPS

Durante el 2016, desde FUNDEPS, hemos realizado varias denuncias al organismo, destacando las realizadas al canal televisivo TYC Sports y al programa “Majul 910” por Radio AM 910.

En diciembre del año pasado, recibimos una notificación telefónica sobre el estado del reclamo realizado por una publicidad institucional del canal televisivo TyC Sports, en el mes de septiembre. En dicha publicidad, se muestra una conversación entre una pareja heterosexual, en la que se reproducen estereotipos de la división sexual del trabajo, así como también de relaciones de poder dentro de las parejas. Ante este reclamo, la Defensoría reconoció y mencionó los estereotipos que reproducen los medios y resaltó lo positivo de las audiencias manifestando conformidad respecto a los mensajes construidos. Por esta denuncia, se realizó una comunicación al canal de televisión, que no fue respondida. Nosotrxs recibimos una respuesta formal escrita en la que se menciona que:

“En su informe sobre la pieza la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de esta Defensoría señaló que «recibe los comentarios expresados en la consulta como un indicio de la legítima disconformidad de las audiencias con la reiteración acrítica de representaciones estereotipantes que, además, no se corresponden con la diversidad social actual en materia de composiciones familiares y de asignación de roles al interior de las familias”

Por la grave situación que atraviesa el organismo, no fue posible tomar otras medidas. Además, en noviembre del pasado año hemos realizado una denuncia por el programa radial “Majul 910” en Radio La Red AM 910 en el que, bajo el lenguaje pretendidamente “humorístico”, se reproducen estereotipos y apologías a la violencia de género.

En este caso, la Defensoría también reconoció la legitimidad del reclamo e informó que la empresa RED CELESTE Y BLANCA SA, titular de LR5 Radio La Red AM 910 respondió a la denuncia:

«…los comentarios esgrimidos por el humorista Claudio Rico han sido realizados exclusivamente con animus iocandi y que el mismo nunca tuvo el objetivo de ofender a las mujeres ni llevar adelante un estereotipo de belleza que resulte ofensivo y opresivo para las mujeres. Mucho menos ha sido el objetivo de ‘ LA RED’ difundir un mensaje de violencia mediática como se señala en la presentación».

Por último, la Radio expresa: «En tal sentido (…) es que tomamos debida nota de la misma y procederemos a comunicar los términos de la misma a los conductores, participantes y productores del Programa “Majul 910”.

Al no poder tomar mayores medidas ni expedirse sobre la calidad de los contenidos emitidos, las denuncias realizadas a la Defensoría del Público han perdido fuerza y legitimidad, y quedan en manos de la voluntad de los medios denunciados.

En este contexto de gran incertidumbre, es importante recordar que el CEDAW, en sus observaciones finales a Argentina, recomendó “Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”. Frente a esto, la situación institucional de la Defensoría del Público, es aún más grave. Las recomendaciones internacionales se orientan a darle más competencias al organismo, que actualmente ve limitado su funcionamiento, limitación que se constituye como una situación regresiva que disminuye el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática, como de las audiencias en general.

La reproducción de estereotipos de géneros en los medios de comunicación son una forma de violencia mediática y simbólica, de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Individual. Los organismos como la Defensoría del Público son fundamentales para velar por la producción de contenidos y  programación en los medios que no fomenten la cultura de la discriminación y la violencia. Dada la gravedad del caso, expresamos nuevamente nuestra preocupación por la vulneración de los derechos de las audiencias y exigimos que la situación sea subsanada la brevedad.

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– Observaciones de CEDAW para el Estado Argentino

– Riesgo de Continuidad Defensoria

– Nota de Opinión en Pagina 12: «Retroceso en políticas de género»

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

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Participamos de la segunda consulta regional de la CEPAL sobre derechos humanos y empresas

Durante la semana del 17 al 19 de enero, en la ciudad de Santiago de Chile, se llevó a cabo la Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre la Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El encuentro contó con la participación de gobiernos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año 2016 se realizó la primera consulta y se concluyó que era necesario avanzar en un relato regional sobre derechos humanos y empresas. En el 2017, el segundo encuentro se convocó con el fin de dar continuidad al esfuerzo de implementación de los Principios Rectores, sirviendo de plataforma de diálogo entre actores variados, que permita ilustrar el contenido de una agenda que oriente las políticas ligadas a la materia (tanto en el ámbito público como en el privado) hacia el disfrute progresivo de los derechos humanos en el contexto de las operaciones de las empresas.

Los Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Estos principios se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.

Los resultados esperados de esta consulta se relacionaron con:

  1. – Reconocer los avances internacionales en materia de empresas y derechos humanos;
  2. – Reconocer desafíos pendientes y la realidad regional en el desarrollo e implementación de planes de acción nacional y políticas públicas sobre empresas y derechos humanos;
  3. – Compartir experiencias de distintas partes interesadas sobre su relación con los Principios Rectores y los planes de acción nacional;
  4. – Identificar oportunidades para mejorar la colaboración entre países y regiones, y continuar con el mecanismo de aprendizaje entre pares;
  5. – Evaluar el avance en la agenda regional sobre las empresas y derechos humanos.

Cabe resaltar, que previo al encuentro, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta a los fines de impulsar una mayor participación de la sociedad civil en esta consulta. A raíz de dicha petición, se incorporó un panel específico para las organizaciones al mismo tiempo que se priorizaron las intervenciones de este sector a lo largo de los tres días.

La consulta entonces, contó con la participación de gobiernos americanos (Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos), representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de empresas que están trabajando en la aplicación de los principios rectores. Cada uno de los gobiernos participantes, mostró los avances en el diseño e implementación de un plan nacional que aborde la aplicación de los principios. Por su parte, los representantes de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y percepciones acerca del trabajo que los gobiernos y empresas han venido realizando respecto de esta temática.

De la misma forma que en el caso de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), desde FUNDEPS consideramos de gran relevancia impulsar este tipo de iniciativas que buscan brindar mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector privado, pero sin dejar de lado la responsabilidad que le atañe a  los gobiernos nacionales. Particularmente en Argentina, y teniendo en cuenta el actual panorama de inversiones extranjeras, caracterizado por un creciente rol de las inversiones del sector privado (el caso de las inversiones de empresas chinas o la creciente cartera de proyectos de la Corporación Interamericana de Inversiones, por ejemplo) o por intermedio de Asociaciones Público-Privadas, creemos que es vital que tanto el gobierno nacional como aquellos de carácter local no pierdan de vista estos principios rectores en pos de garantizar el respeto de los DD.HH en el marco de las actividades empresariales. Asimismo, esperamos que el proceso de diseño de un plan nacional de derechos humanos y empresas, cuente con un espacio de aporte de la sociedad civil.

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Rechazamos presiones a artistas y reclamamos una discusión abierta y técnica sobre nuestros bosques

En las últimas semanas se han repetido presiones para avanzar contra los pocos bosques nativos que quedan en la provincia de Córdoba. Defendemos la libertad de expresión política y artística y exigimos  una discusión participativa y técnica que asegure una adecuada protección de nuestros bosques.

A finales del 2016 y gracias a la movilización de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, se logró extender el tratamiento de un proyecto de ley de bosques que pretendía aprobarse sin una adecuada discusión. Ese proyecto habría significado un claro debilitamiento de la protección a bosques nativos en nuestra provincia.

Desde FUNDEPS, desarrollamos un documento con numerosas críticas legales y ambientales al proyecto de ley. Las críticas marcaban los claros debilitamientos de la protección ambiental de los bosques así como la existencia de un proceso poco transparente y no participativo. Ambos puntos violan la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos.

Algunas de esas críticas ya habían sido planteadas en un documento conjunto entre el Foro Ambiental, FUNDEPS y otras instituciones que se elevó al gobierno como respuesta a la postura de CARTEZ titulada “Producir conservando y conservar produciendo”. Ni CARTEZ ni legisladores que presentaron el proyecto respondieron a los cuestionamientos técnicos que se hicieron a esa postura.

En lugar de aprovechar la extensión del plazo de discusión para generar un espacio participativo o para responder a los cuestionamientos legales y técnicos que se hicieron al proyecto, desde el sector agropecuario se presiona para conseguir una rápida aprobación del proyecto de ley. Se acusa de fijar posiciones sin basamento científico cuando desde ese sector nunca pudieron responder los cuestionamientos que se hicieron llegar. Asimismo, se presiona especialmente a artistas como José Luis Serrano y Raly Barrionuevo quienes han visibilizado la movilización en contra del avance sobre los pocos bosques nativos que quedan en nuestra provincia. En un comunicado, CARTEZ criticó duramente a Doña Jovita y Raly Barrionuevo al acusarlos de “generar confusión” y de defender “ideologías extremas”. Como réplica, José Luis Serrano desafió a la entidad ruralista a contestar con “argumentos científicos” las dudas que le elevó el Foro Ambiental.

En esa línea y en un giro sorprendente, el periodista Andrés Carpio de Cadena 3 intima legalmente a José Luis Serrano por sus comentarios respecto de la descripción que hiciera el periodista de la marcha del 28 de diciembre. El periodista hizo una descripción fuertemente negativa de la marcha describiéndola en un número muy inferior al de las estimaciones de los organizadores. Asimismo, sugirió que quienes marchaban no sabían bien porqué lo hacían en la medida que ya había una decisión de posponer el tratamiento del proyecto de ley. Pareciera que en la postura del periodista, la defensa de los bosques nativos y la visibilización de un reclamo popular no son razones suficientes para manifestarse públicamente en forma pacífica.

En ese contexto, el artista José Luis Serrano personificando a su personaje “Doña Jovita” marca su sorpresa por la inexacta descripción de la manifestación en contra del proyecto de ley de bosques. Lo hace a través de su personaje, en una expresión artística y crítica de una descripción inadecuada de una movilización popular.

Defendemos el derecho a la libre expresión y a la manifestación artística con conexiones con derechos y reclamos sociales. Nos oponemos a las presiones en contra de manifestaciones públicas. Asimismo, rechazamos enfáticamente el uso de mecanismos legales para limitar los posicionamientos críticos de personajes públicos.

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Juan Carballo, Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

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Participamos del Open Government Partnership Summit en París

Estuvimos presentes en el evento de la Cumbre de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP Summit, en inglés) que tuvo lugar en París entre el 7 y el 9 de diciembre. A continuación, más información sobre qué es OGP y en qué consistió el 4° encuentro de esta alianza.

¿Qué es OGP?

Es una iniciativa conformada por más de 70 países para promover políticas de gobierno abierto. Esto implica que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta a la ciudadanía. Para formar parte, los Estados deben adherir a la Declaración de Gobierno Abierto, presentar un plan de acción aprobado con un proceso de consulta pública y comprometerse a realizar reportes periódicos. Esta iniciativa también es un espacio de articulación entre sociedad civil y gobiernos, tanto a nivel local como nacional.

¿En qué consistió la cumbre?

Luego de la ceremonia inaugural el día 7 de diciembre de 2016, durante los siguientes dos días se realizaron paneles, talleres y charlas relacionados a una gran variedad de temas relacionados a gobierno abierto. Estos podían variar entre temas como datos abiertos, participación ciudadana, uso de tecnologías de la comunicación e información (TICs), transparencia en licitaciones públicas, entre otros. Las distintas actividades también estaban atravesadas por agendas como el cambio climático o género.

En el evento participaron más de 4000 personas, entre ellos jefes y jefas de Estado, miles de representantes de la sociedad civil y personas del ámbito de las TICs. Este culminó con la Declaración de París.  Además de ser un espacio de aprendizaje sobre todo lo relacionado a gobierno abierto, la cumbre fue una oportunidad para crear sinergias entre los distintos actores de la sociedad civil, así como para crear instancias de colaboración con los gobiernos. En miras al logro de una sociedad más democrática, la Alianza brinda oportunidades para desarrollar promover e implementar reformas de gobierno abierto.

Los gobiernos subnacionales también son parte

En el proceso de promoción de gobiernos abiertos, también se incluyen a las ciudades y a las entidades federales. En relación a esto, estuvimos participando del Encuentro Regional de Entidades Subnacionales por el Gobierno Abierto y del Encuentro Federal de Gobierno Abierto fue se llevó a cabo en Córdoba el 15 y 16 de diciembre. En esta última instancia, se trabajó en realizar propuestas para los compromisos a nivel nacional y provincial en miras a que Argentina debe presentar su tercer plan de acción en 2017 y se espera haya compromisos provinciales.

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Avances y cuestionamientos en el Proyecto Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Avanzan los procesos administrativos y se espera que en mayo de 2017 comiencen las obras para la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151 (GIRSU) del BID financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de US$150 millones y contiene dos subprogramas: por un lado, GIRSU en parques nacionales y municipios colindantes y, por otro lado GIRSU en otros municipios turísticos.

Dentro del segundo grupo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz. El centro fue diseñado para recibir los residuos sólidos urbanos de cinco municipios vecinos que acordaron con la administración municipal de Carlos Paz su tratamiento conjunto. El proyecto fue elaborado por la firma TecnoMak S.A. contratada por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación.

TecnoMak S.A. estudió tres alternativas de posibles localizaciones del nuevo centro de tratamiento de RSU. Finalmente se optó por su localización en el inmueble del actual basurero a cielo abierto lindero a la Reserva Natural Militar La Calera.

El proyecto tiene tres grupos de obras:

Obras Grupo 1: Relleno Sanitario para la disposición de los RSU generados en las localidades del Municipio de Villa Carlos Paz y comunas del área de influencia del proyecto; con una vida útil de 20 años y un ingreso diario promedio 163 Tn/día.

Obras Grupo 2: Planta de Separación y Tratamiento y Obras conexas de apoyo logístico y administrativo.

Obras Grupo 3: Cierre y Clausura del Basural a Cielo Abierto existente en la actualidad.

El 7 de abril del 2016 se realizó la audiencia pública ambiental en la que participaron las autoridades y once personas inscriptas a la misma.

El intendente Esteban Avilés explicó:

«Estamos trabajando en un proyecto regional que nos va a dar una solución definitiva al basural a cielo abierto (…), con esta audiencia pública estaría cerrada la situación administrativa para luego pasar a la instancia de decretos que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente de la provincia, y el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Gustavo Santos»

Sobre los plazos expuso que «creemos que vamos a ser bastante rápidos comparados con otros proyectos aprobados a nivel nacional«, aunque no descartó que sea antes de fin de año.

Varias objeciones fueron expuestas por María Luz Cammisa (secretaria de la Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación), relacionadas a la relevancia de la audiencia en tanto «llega con una obra que está licitada y que ha sido hasta pre-adjudicada»; con lo cual «estamos aquí de algún modo para convalidar lo que ya se decidió por nosotros». También se insistió en la limitación jurisdiccional, puesto que los terrenos afectados están fuera del ejido de Carlos Paz:

«Es para nosotros un tema prioritario que planteé al gobernador Juan Schiaretti porque no podemos avanzar en una planificación con las instituciones intermedias de la ciudad al estar siempre condicionados a que la provincia resuelva esta situación administrativa. Yo veo que es un gobernador que tiene este tipo de prioridad; De la Sota realmente no tuvo interés para nada», declaró el Intendente para luego ser refrendado por sus colaboradores: Es un tema de fondo para los carlospacenses; pero eso no determina la continuidad del proyecto.»

Más controvertida fue la mención de Cammisa respecto al plazo estipulado por la Comisión Técnica para el uso del módulo:

«…deberá tener como máximo seis años, y que después del mismo periodo, se deberá utilizar un sitio fuera de la cuenca del San Roque (…) para concretar la integración a un Programa de Gestión Integral de Residuos en el área metropolitana de Córdoba (CORMECOR)» (…) Ignoramos si el propio municipio tendrá una solución para sus residuos más allá de los seis años. Es decir que el centro ambiental proyectado anteriormente durará menos años que el tiempo insumido en planificarlo.»

Quienes respondieron a esto fueron la arquitecta Liliana Bina y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone. Mencionaron al respecto que la Comisión Técnica Interdisciplinaria sugirió dicho plazo en vistas al proyecto CORMECOR, del que participaría la ciudad si se concreta. Sin embargo,»esta planta seguiría funcionando exactamente igual, pero en vez de tirar en el enterramiento sanitario el sobrante, lo haríamos en una planchada de transferencia a Córdoba». Mientras, Villa Carlos Paz como las comunas integrantes habrán enterrado para esa fecha unas 475 mil toneladas de basura.

Por otra parte, Pedrone indicó «decir que los municipios y comunas que tienen firmados convenios intermunicipales con nosotros y que no van a poder tirar más la basura es absolutamente falso (…) El proyecto se ha pensado desde el primer minuto con la participación de las ocho comunas y municipios que colindan con Villa Carlos Paz y que siempre han tratado el tema de la basura en forma conjunta.», señaló en un marco de participación en el que estuvieron presentes los jefes comunales Andrea Jordán (Cuesta Blanca), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja) y representantes de Icho Cruz y Cabalango.

Otros planteos estuvieron relacionados con el ordenamiento territorial del bosque nativo:

«…no se menciona en el estudio del impacto ambiental, los impactos negativos de la reserva. Es un predio lindero a un área protegida, y un proyecto que pretende ser autorizado por vía de excepciones previstas en la Ley de Bosques (…) El propio dictamen de la Comisión Técnica advierte respecto de la localización del proyecto que sería desaconsejable concentrar en esta área más instalaciones de tipo potencialmente impactantes contra el ambiente, ya que se encuentra en las proximidades del área natural (…) y en áreas con drenaje al lago San Roque.»

Este punto también fue planteado por el ambientalista Juan Carlos Paesani, que por cuestiones de salud no estuvo presente pero hizo leer su exposición: «¿Se entenderá que ese embalse da de beber a casi dos millones de personas de la ciudad de Córdoba? Deploramos que sigan inobservando elementales principios».

Más confrontativo fue el discurso del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien retrucó las observaciones al señalar que:

«…aparte de decir hay que hacer; nuestro gobierno ha hablado con todo el mundo (…) Más allá de las cuestiones técnicas, con la deuda material y ambiental que tiene la ciudad y por el esfuerzo que han hecho todas las instituciones públicas y privadas para resolver el problema; por nuestro futuro, les pido que aprueben el proyecto.»

Sugiriendo además, que «la chicana» proviene de un integrante que comparte su mismo espacio político, Norma Morandini, «a quien hablé personalmente para plantearle la situación; pero nunca vino a Carlos Paz, y ella era legisladora por Córdoba.»

En agosto se realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Las obras iniciarían en el mes de mayo de 2017. El actual vertedero va a ser reemplazado por un relleno sanitario que albergará una planta de separación de residuos y otra de reciclaje. 222 millones serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y se estima que los trabajos demandarán alrededor de ocho meses y que, para mediados del 2018, se pondría en funcionamiento esta nueva planta.

Desde FUNDEPS seguimos estos procesos para asegurar que respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable. En este contexto de posibles impactos ambientales y sociales, el gobierno municipal y el provincial deben asegurar los mayores niveles de transparencia y acceso a la información. Monitorearemos el cumplimiento con la normativa provincial y nacional sobre estos temas así como el cumplimiento de las políticas operativas correspondientes del BID.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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El programa “Majul 910” y sus chistes sobre el abuso sexual

En el programa “Majul 910” que se emite por Radio La Red, en el día martes 18 de octubre, un día antes de la marcha y paro realizados en toda Argentina tras el femicidio de Lucía Pérez, y bajo el lema #MiércolesNegro, un humorista realizó una cadena de chistes atravesados por un estereotipo de belleza que resultan ofensivos y opresivos para las mujeres.

Luego de comentarios del tipo “(…) mire Majul, mi mujer es tan fea que tuvo que hacer una representación de La Bella y la Bestia y de Bella hizo un tipo”, finalizó: «Mi mujer es tan fea que la agarraron unos violadores y, en la oscuridad, la vistieron«, ironizó mientras los periodistas festejaban el comentario, y la artística de la radio acompañaba con sonidos jocosos y reidores de fondo.

Este tratamiento de la información, infringe lo expresado en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que la programación debe evitar los contenidos que promuevan actos discriminatorios y violentos hacia las mujeres. Es menester recordar que según el Código Penal argentino, el acto de violentar sexualmente a una persona está tipificado en el artículo 119 y constituye un delito propiamente dicho.

Este tipo de contenidos difundidos en los medios de comunicación constituyen formas de maltrato y violencia simbólica, en las cuales se crean imaginarios y se reproducen mandatos culturales que son formas de opresión y dominación hacia las mujeres.

Por ello, hemos realizado la denuncia correspondiente ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.

El chiste, pretendidamente inocente, satiriza un delito contra la integridad sexual basándose en el no cumplimiento de un mandato: la belleza. Es inaceptable la reproducción de estos dichos, en cualquier medio de comunicación, principalmente en este contexto social trágico hacia las mujeres, evidenciado por los gravísimos actos de violencia y femicidios visibilizados en los últimos años.

Seguimos pidiendo que los medios de comunicación se comprometan en la promoción y respeto de la igualdad, evitando contenidos que reproduzcan formas de violencia mediática hacia las mujeres, respetando en todo momento su integridad y sus derechos. Estos dichos son sumamente peligrosos y resulta inaceptable su mera existencia. La violencia hacia las mujeres es, ante todo, una cuestión de derechos humanos, donde los medios de comunicación tienen una enorme tarea que realizar.

Por último, se advierte la preocupación por la falta de pronunciamiento formal por parte de la Defensoría del Público y del ENACOM, tras haber pasado más de dos meses de la realización de las denuncias correspondientes. Desde FUNDEPS continuamos con el seguimiento de los procesos abiertos, a fin de continuar con el monitoreo del funcionamiento de esos órganos.

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Emilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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La obra de gasoductos troncales en Córdoba tiene financiamiento chino

La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.

El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a  la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.

Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.

Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.

En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.

Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.

Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.

Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Discriminación: las fallas de las “denuncias” virtuales ante el INADI

En el sitio Infobae, se publicó con una nota titulada “Roles invertidos: ¿la mujer se volvió más masculina en las relaciones?”, en la que se incurre repetidas veces en comentarios estereotipadores y discriminatorios, y se ejerce violencia simbólica hacia la mujer. A partir de esto, se hizo una consulta con INADI, que no tuvo resultado concreto.

La noticia en cuestión se desarrolla a partir de una entrevista realizada a una psicóloga, que si bien destaca los avances de las mujeres en el campo profesional, entiende que esos son espacios reservados a los varones, usurpados por las mujeres, ubicándolas en las tareas relacionadas al hogar y al cuidado. Esto queda en evidencia en sus dichos: «Según la psicóloga y escritora Beatriz Goldberg, la mujer de hoy está descolocando al hombre de su lugar. Le cuesta ubicarse en el rol correcto. ‘La mujer puede y debe tener actividades en todas las áreas, pero desde el rol de mujer. Si se ‘masculiniza’, pierde su capacidad intuitiva e intelectual’.»

Resulta preocupante que se continúe pensando que el campo laboral y profesional, así como las tareas de provisión de recursos económicos en el hogar, son exclusivamente masculinas, y a las mujeres «masculinizadas«, cuando forman parte de esos espacios o se apropian de dichas tareas.

Asimismo, se hacen repetidas referencias a la importancia de no perder las características típicamente «femeninas«, como la sensibilidad o la intuición. Asimismo, se realizan comentarios denigrantes, como la referencia  a las mujeres como electrodomésticos: “Es multiprocesadora, hace de todo, es múltiple”.

Este tipo de opiniones y comentarios reproducen los patrones socioculturales de conducta que estereotipan, discriminan y subordinan a las mujeres, exigiendo que se reserven a determinados espacios y cumplan ciertas características para ser consideradas como tales. Además, al ser una persona posicionada en un espacio de autoridad por sus calificaciones profesionales, se entiende que la psicóloga es referente en temas de género y por ende, sus dichos tienen más influencia en el/la lector/a.

Los actos descriptos tienen su raíz en condiciones sociales de desigualdad sufridas por las mujeres, arraigadas en la sociedad, con un fuerte contenido simbólico que refuerza tales condiciones.

Frases enunciadas por la entrevistada como «el rol de la mujer en la sociedad es ser mujer«, promueve la idea de que varones y mujeres tienen roles determinados sólo por el hecho de ser el uno o el otro. Además, es preocupante la falta de reflexión sobre las luchas de los movimientos de mujeres, que lograron luego de décadas de activismo una progresiva igualdad ante la ley entre varones y mujeres, visibilizando las barreras que ellas tienen para acceder a puestos de trabajo o participación en la vida profesional.

El proceso de denuncia

A partir de los hechos, se decidió realizar una presentación frente a INADI, ya que este es un hecho de discriminación hacia las mujeres, ocurrido en un medio digital. Utilizamos el proceso de consulta por discriminación, el más accesible en la página web del organismo. A partir de comunicaciones telefónicas, hicimos el seguimiento de nuestro reclamo, que fue derivado a la Plataforma por una Internet libre de discriminación. Posteriormente, fue presentado frente al medio productor del contenido discriminatorio, como una inquietud pero sin ninguna obligación, por lo que no se modificó la nota ni se la retiró del sitio web. Frente a esto, INADI no tomó cartas en el asunto y el caso quedó en mera consulta. El mecanismo virtual, entonces, prueba no ser efectivo, ya que los reclamos no adquieren carácter de denuncia.

A fin de que el INADI realice su efectivo pronunciamiento, los reclamos deben presentarse como denuncias, las cuales deben realizarse personalmente frente a una delegación del INADI. Cabe recordar, en este punto que el Estado argentino está obligado a llevar adelante medidas contra la discriminación hacia las mujeres, no sólo por la legislación local, sino también por los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país y con jerarquía constitucional, como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo

Presentamos ante la Legislatura observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo de la provincia de Córdoba, atento irregularidades en el proceso de participación y diversos puntos cuestionables en la redacción de su texto, lo que implicaría un retroceso en la protección de los bosques nativos.

En el año 2007 el Estado Nacional sancionó la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, como legislación base, con iguales condiciones de protección para todos los habitantes del país. Conforme al mandato constitucional, a las provincias les corresponde legislar ya sea igualando o maximizando la protección e incluir asuntos que hagan a las materias específicas o particulares de cada una de ellas. Asimismo establece la legislación nacional y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, cada provincia debe realizar su Ordenamiento de Bosques Nativos y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.

La provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 el 5 de agosto de 2010, en un proceso en el que no se respetó la instancia participativa que garantizaba la ley nacional. Esa normativa establecía un plazo para la actualización de la misma que venció el pasado 5 de agosto de 2015.

En aparente cumplimiento a dicha normativa, a fines de septiembre de 2016, el gobierno provincial decidió abrir una “mesa de diálogo” a los fines de cumplimentar con la correspondiente actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba, buscando superar las irregularidades del proceso realizado cinco años atrás. Sin embargo, se advirtió la vulneración de las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso participativo sustentable. Estas deficiencias incumplen con las “Pautas metodológicas para las actualizaciones de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos” aprobadas por Resolución N 236 del COFEMA.

Recientemente, en el mes de diciembre de 2016 se presentó ante la Legislatura el proyecto de ley sobre ordenamiento territorial de bosques nativos. Esta propuesta no ha sido el resultado de un proceso participativo de acuerdo a la normativa ambiental de nuestro país.

Desde FUNDEPS hemos elaborado un documento realizando “Comentarios al Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba”, al no adecuarse normativamente a los presupuestos mínimos de protección ambiental consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las leyes ambientales que se refieren a esta materia, tanto en aspectos procedimentales como en aspectos substantivos.;

Sintetizamos las principales observaciones críticas al proyecto de ley:
– No se garantiza la conservación del bosque nativo existente en la provincia de Córdoba acorde al mapa de la ley 9814.
– No se tienen en cuenta fundamentos técnicos y científicos.
– No se observan  parámetros mínimos legales, lo que debilita los mecanismos de protección del bosque nativo.
– No se asegura un real y efectivo acceso al derecho a la participación ciudadana en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
– La definición restrictiva de bosques nativos dada por el proyecto, excluye del objeto de protección a fachinales, arbustales y matorrales.
– Se permite la actividad minera, el desmonte químico y a través del uso de fuego, y el rolado, en categorías de alta conservación de bosques.
– No se incorpora la totalidad de las capas de infracciones en el mapa  de OTBN.
– Se elimina la figura de las reservas forestales intangibles.
– Se disminuye el monto de las multas y se elimina la pena de arresto.
– No hay suficientes pautas de transparencia y acceso a la información pública en todas las solicitudes vinculadas a las categorías altas de conservación de bosques nativos de la Provincia, en formatos que posibiliten el monitoreo y la participación pública, en línea con el paradigma de gobierno abierto.
– Posibilita la restauración de bosques nativos dañados con especies exóticas que no garantizan el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos.

Por estas razones instamos a generar un proceso abierto y participativo para la discusión sobre la actualización de la ley de bosques de la provincia de Córdoba y sugerimos adecuar el proyecto con la normativa ambiental de mayor jerarquía y asegurar mínimamente el mismo nivel de protección ambiental a nuestros bosques nativos.

 

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Coordinadora de eje ambiental, Male Martínez, malemartinez@fundeps.org