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La ley de Acceso a la Información Pública en la agenda nacional

El día 7 de marzo FUNDEPS participó de un desayuno de trabajo en el Congreso de la Nación junto con diputados nacionales, miembros de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación de universidades. El objetivo de la reunión giró en torno a la presentación y posterior debate respecto del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública (AIP), presentado por la diputada nacional Karina Banfi.

Este proyecto de ley considera que el acceso a la información es una herramienta para acceder a otros derechos y también permite la participación de los ciudadanos para lograr un gobierno abierto, basado en diálogo entre la ciudadanía y el Estado. En este sentido, se trabajaron algunos puntos centrales que se detallan en el proyecto, como ser: el Principio de máxima publicidad, la apertura de datos, la afirmativa ficta, el régimen de excepciones taxativo y claro, tiempos de reserva de la información, prueba de daño y régimen disciplinario, entre otros. 

La diputada Banfi planteó que la importancia de la ley reside en su carácter procedimental y sancionatorio, manifestando que lo principal es generar y establecer los procedimientos a los fines de que la administración pública incorpore mecanismos que den previsibilidad frente a pedidos de información. Asimismo, se estableció que el proyecto se va a debatir en comisiones, en comunicación permanente con  organizaciones internacionales y de la sociedad civil, a los fines de que participen del proceso de debate. 

Frente a la propuesta planteada, las organizaciones participantes del encuentro hicieron hincapié en los siguientes puntos: la necesidad de analizar procesos de sensibilización ciudadana en el tema de acceso a la información pública, falta de cultura política en estos temas y la necesidad de educar al ciudadano; el desafío de generar transparencia hacia adentro de la administración pública, lo que implica re estructurar los procesos en la gestión de la información; comprender a la ley de acceso a la información como un política pública; la sanción de la ley nacional como paraguas para que las provincias y municipios repliquen; la importancia de brindarle autarquía y autonomía a los órganos garantes; el uso de nuevas tecnologías y el resguardo de los archivos; la necesidad de precisar sobre solicitudes y entregas de información, publicando estadísticas sobre los pedidos de acceso a la información pública y sus respuestas, y sus respectivas publicaciones en la web.

Desde FUNDEPS se considera que el espacio creado es muy valioso para la federalización de la discusión y que la creación de una ley nacional de AIP es una gran deuda pendiente para Argentina. Sin embargo, en este marco, se plantea el compromiso de que se discuta con mayor profundidad la cuestión de la ya mencionada federalización de la ley. Como organización sin fines de lucro que trabaja a nivel local en la provincia de Córdoba, advertimos que en la presentación y discusión de esta ley se desaprovecha la oportunidad de ampliar este proceso hacia las provincias. Es importante que se amplíe el espectro, buscando que los gobiernos provinciales puedan formar parte de este proceso de debate más allá de la discusión en el Congreso de la Nación, generando marcos transparentes y participativos en todos los niveles. 

Asimismo, observamos  que uno de los grandes desafíos de ley en cuestión, es crear vías novedosas e innovadoras de participación ciudadana más allá de la creación de meros mecanismos de control ciudadano. Los estipulados por la ley para asegurar el acceso a la información pública, van desde la administración pública hacia la ciudadanía y no en ambos sentidos. En otros términos, se propone ir más allá del rol ciudadano de vigilar y controlar al gobierno e intentar generar prácticas orientadas a la participación, involucramiento e intervención del ciudadano en los diversos procesos de toma de decisiones. La idea que subyace aquí es que la ley asegure el acceso a la información para dar la posibilidad al ciudadano de monitorear e incidir en las políticas públicas en los distintos niveles del gobierno y así generar políticas de trabajo colaborativas. En resumen, consideramos que la ley debería proponer la institucionalización de mecanismos que aseguren la participación ciudadana más allá de la acción de la solicitud de información prevista.  

Desde FUNDEPS continuaremos participando del proceso de discusión, apoyando el avance de este proyecto de ley en el Congreso de la Nación y acercando sugerencias específicas de fortalecimiento, para lo cual estamos en proceso de desarrollo de un documento específico con comentarios y sugerencias al texto del proyecto.

La minuta con el resumen del encuentro se puede leer haciendo click acá.

 

Contacto:

Carolina Juaneda / Área de fortalecimiento democrático y calidad institucional

carojuaneda@fundeps.org

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Repudio a la cobertura mediática del homicidio de una persona trans

Manifestamos nuestra preocupación en relación al brutal homicidio de una persona trans en Florencio Varela, y repudia la forma en que se difundió en algunos medios de comunicación.

Repudiamos el tratamiento mediático que recibió el homicidio de una persona trans por parte del Diario Crónica. En la redacción de una noticia con fecha 23 de febrero de 2016, el medio elige referirse a la víctima utilizando el género masculino, desconociendo en absoluto la autopercepción y expresión de género de la misma y, en consecuencia, invisibilizando a la persona. Resulta preocupante que el diario haya decidido hacer énfasis en lo que, a su criterio, eran “ribetes misteriosos” de la historia: el hecho que la víctima haya salido de su domicilio con “prendas masculinas” y su cuerpo sin vida haya sido encontrado vistiendo “ropas de mujer”. Esta lógica discursiva presenta numerosos problemas: ridiculiza a la persona y sostiene una concepción binaria del género, desconociendo los principios elementales consagrados en la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género -que reconoce la singularidad existente en las diversas autopercepciones y expresiones de género-; además deja traslucir un discurso violento hacia las mujeres, en el que sutilmente expresa que resulta esperable que una persona sea asesinada por utilizar “ropa de mujer”.

El título de la nota no es menos repudiable: “Travesti peruano apareció masacrado en la calle”. En tan solo siete palabras ha logrado condensar un discurso violento, victimizante, transfóbico y xenofóbico. Asimismo, el hecho de que en el título se utilice la voz pasiva, omitiendo la autoría del hecho, da cuenta de un lógica discursiva que culpabiliza a la víctima. En el resto de la nota se reitera la alusión a la nacionalidad de la persona, resaltando que se trata de “un extranjero”. Se percibe en esta diferenciación una intención xenofóbica, tendiente a crear una diferencia entre el grupo dominante y “los otros”, que resulta sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina es destino de una considerable cantidad de inmigrantes, principalmente de origen latinoamericano. Difícil es justificar la intención del medio, cuando contamos con legislación migratoria (Ley 25871) que reconoce la migración como un derecho humano, y garantiza los derechos humanos de los migrantes en nuestro país en igualdad de condiciones con los nativos.

Por último, repudiamos el hecho de que algunos medios hicieran eco de la noticia y difundieran la existencia de una “banda caza travesti”, homologando a las personas trans con animales que pueden ser “cazados” y minimizando la gravedad del hecho, dado que no es lo mismo hablar de un “cazador” que de un homicida.

Cabe recordar que el Art. 70 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que la programación de los servicios “deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas y adolescentes”.

Lamentamos que en el tratamiento de las noticias vinculadas al colectivo de personas trans, entre otros grupos sociales vulnerados, continúen reproduciéndose discursos que cercenan sus derechos a través de representaciones que las patologizan, culpabilizan, invisibilizan y/o ridiculizan. Los medios de comunicación, en el ejercicio de su rol, deben ser conscientes de la influencia que ejercen sobre la opinión pública al producir y reproducir discursos discriminatorios y estereotipantes. Desde FUNDEPS repudiamos la forma en que se ha difundido esta noticia e invitamos a la redacción de Crónica y de los otros medios que levantaron la misma, a reflexionar sobre las consecuencias que tienen sus prácticas comunicacionales sobre la formación de prejuicios en la sociedad receptora, y a explorar formas alternativas de comunicar noticias, desde una perspectiva de respeto por los derechos humanos. Asimismo, invitamos a las audiencias a hacer ejercicio de su ciudadanía audiovisual, reclamando ante la presencia de discursos que vulneran los derechos de las personas y exigiendo comunicaciones de calidad y respetuosas de la diversidad.

 

Contacto:

Laura Carone – Área de Derechos Humanos

laucarone@fundeps.org

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Discusiones sobre la protección ambiental y transparencia en la industria extractiva

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) creada en el 2003, es una alianza estratégica internacional que reúne a gobiernos, empresas extractivas y grupos de la sociedad civil de 49 países para desarrollar e implementar criterios de transparencia en los pagos que provienen de la actividad extractiva.

En la jornada previa a la Conferencia Global del EITI, el día martes 23 de febrero en el edificio del Centro de Convenciones de Lima, se llevaron a cabo distintas actividades. El evento oficial consistió en un panel de presentación de los Estudios de Transparencia Regional de los 10 años de Perú en el EITI,  donde se expusieron casos de Buenas Prácticas en Transparencia y Rendición de Cuentas por parte de la USAID en “Pro participación. Sociedad Civil Vigilante y Propositiva“; los alcances e implementaciones del MIM PERÚ, programa que intenta mejorar la inversión trabajando junto a los municipios; y la presentación de una herramienta de trabajo elaborada por la OCDE que se publicaría en el próximo mes de abril, acerca de la detección y el abordaje de corrupción en la cadena de valor de extractivos, una tipología de riesgos, medidas de mitigación e incentivos. En último lugar se presentó la Declaración de América por la Transparencia en las Industrias Minera y de Hidrocarburos, que fue objeto de críticas y sugerencias para una mejor redacción.

Al mismo tiempo y en salas contiguas se fueron llevando adelante eventos paralelos organizados por distintos grupos de la sociedad civil de Perú y de la región. En estos se polemizó el rol del EITI, demostrando sus limitaciones y formulando diferentes críticas su funcionamiento, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL de Naciones Unidas, entre otros. Destacamos la presencia de importantes figuras, como el Dr. Dondo Subsecretario de Política Minera del nuevo Ministerio de Energía y Minería del gobierno argentino, en la mesa de fortalecimiento de la gobernanza en las industrias extractivas en 2016 junto a representantes de los países de la región, organizada por el BID. En la misma Dondo se pronunció afirmando el interés del nuevo gobierno en explotación minera y en el EITI por cuestiones de transparencia. También hizo alusión a la reciente quita de las retenciones a la actividad minera en el país medida que busca, según palabras del Dr. Dondo, volver a la República Argentina más competitiva en esta actividad y la descentralización impositiva, ya que antes la percepción de este impuesto se concentraba en el gobierno nacional. Luego de su intervención, Martín Walter representante del BID se ofreció para que el gobierno argentino realizara todas las consultas necesarias durante esta reforma política, y aconsejó dialogar con los países que ya estaban trabajando el tema para que no se vuelvan a repetir errores en la región.

En el marco de estas actividades FUNDEPS suscribió el Posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana  ante la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas.

 

Contacto:

María Victoria Gerbaldo – Área de Gobernabilidad Global

victoriagerbaldo@fundeps.org

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FUNDEPS en la Conferencia Global EITI 2016

Los días 24 y 25 de febrero se estará llevando a cabo en Lima, la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, suscribe al posicionamiento regional.

La EITI es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 48 países con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas.

Es importante señalar que en centro América, EITI ha estado sujeta a fuertes cuestionamientos y hay señalamientos en torno a la falta de legitimidad del proceso, dado que numerosas organizaciones han señalado la imposición de la iniciativa como un medio para promover la actividad extractiva, ante el rechazo social a la misma existente en estos países.

De esta manera, diversos países están recurriendo a este espacio de gobernanza para lograr allegarse de información que por diversas razones, no se encuentra disponible actualmente, así como para fortalecer los espacios de participación.

Haciendo click acá se puede leer completo el documento que contiene el posicionamiento regional en el marco de la Conferencia Global EITI, al que suscribe FUNDEPS.

Contacto:

María Victoria Gerbaldo / Área de Gobernabilidad Global
victoriagerbaldo@fundeps.org 

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¡Somos parte de la Red DESC!

Desde el pasado jueves 18 de febrero, FUNDEPS fue aceptado como miembro de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC). Esta red es una es una iniciativa de colaboración de más de 220 organizaciones y 50 individuos, que trabajan en más de 70 países para lograr la justicia social a través de los derechos humanos.

Todas las áreas de trabajo de FUNDEPS tienen en común que sus actividades giran en torno a la promoción, monitoreo del cumplimiento e investigación en torno a distintos derechos económicos, sociales y culturales. Es por esto, que nos da gusto anunciar que formamos parte de una red de trabajo internacional de gran escala, como lo es la Red DESC.

La Red-DESC tiene por objetivo fortalecer el campo de todos los derechos humanos, concentrándose especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales, y continuar desarrollando herramientas que faciliten su promoción, protección y cumplimiento. Por medio de la misma, sus miembros pueden intercambiar información, desarrollar una voz colectiva, fortalecer sus actividades y desarrollar nuevos mecanismos y estrategias.

Esperamos mejorar nuestra labor diaria a partir de las oportunidades que generan este tipo de espacios. Aprendiendo, cooperando y realizando actividades conjuntas dentro de la Red, con sus miembros en la región y en el mundo, es que nos encaminamos progresivamente al efectivo cumplimiento de los derechos humanos y de un desarrollo sustentable.

 

Más información:

 

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Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

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Se aprueba el proyecto de gasoductos con financiamiento chino

Tras un trabajo de evaluación de 152 ofertas técnicas, económicas y financieras, serán tres los grupos que construirán los 10 sistemas de gasoductos troncales en Córdoba que beneficiarán a más de 685 mil cordobeses de 167 localidades, con un presupuesto que supera los $ 8.600 millones.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, comunicó que la expectativa es arrancar los trabajos a mitad de año y las obras se realizarían en 33 meses. La vía asiática cubre el 85 por ciento del presupuesto, con el pago de un seguro al inicio de la operación (condición insalvable), siempre que la compañía oriental tenga, por lo menos, la mitad más uno de participación en la unión de empresas y que la obra involucre exportaciones desde China por 20 a 30 por ciento de materiales. Participan los bancos ICBC y Bank of China.

Los grupos que lograron los mayores puntajes están integrados por empresas argentinas, chinas y brasileñas. Se preadjudicaron los sistemas Norte y Sur al grupo integrado por la unión transitoria de empresas (UTE) de China Petroleum Pipeline Bureau y Electroingeniería. Por su parte, la unión entre China Communications Construction Company y la local Iecsa tendrá a su cargo los sistemas Este y Centro II, mientras que la brasileña Norberto Odebrecht realizará los restantes: Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sudeste (ruta 11).

La Provincia aún no tiene datos precisos sobre la cantidad de empleo directo e indirecto que producirán las obras. La visita presidencial a la provincia de Córdoba en el mes de enero confirmó el apoyo de la Casa Rosada al Gobierno provincial. La Nación aportará 2.900 millones de pesos para los gasoductos troncales (8.600 millones de presupuesto total) y los 70 millones de pesos mensuales (3.430 en total) que la Provincia dejará de pagar por la Central Térmica de Pilar.

Desde FUNDEPS, monitorearemos el avance de este proyecto, buscando asegurar que su ejecución respete la normativa de protección ambiental y participación ciudadana.

 

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Contacto: 

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

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El creciente rol de China en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica

Discusiones sobre las implicancias del creciente rol de China en el financiamiento del desarrollo en Latinoamérica en general y de Argentina en particular.

De acuerdo a datos recientemente publicados por el Inter-American Dialogue, China sigue ampliando su rol como financiador de grandes proyectos en la región. Durante el 2015, el financiamiento chino a Latinoamérica fue mayor que el del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. El financiamiento chino sigue teniendo un fuerte foco en el sector extractivo y de infraestructura; desde 2005 China ha financiado proyectos de infraestructura por 40,3 mil millones de dólares y 70,2 mil millones en el sector energético.

En este contexto, Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, participó de la mesa de diálogo que se realizó a fines de enero en Washington DC organizado por el Inter-American Dialogue. En este encuentro, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil discutieron sobre las implicancias de esta creciente relevancia de China en la región en cuanto a los estándares sociales y ambientales de este financiamiento.

Desde FUNDEPS, se continuará monitoreando el perfil del financiamiento proveniente de fuentes chinas, los estándares socio-ambientales de estos proyectos y el respeto a la normativa de participación, acceso a la información y protección ambiental.

 

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

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Nuevo informe de investigación: ¿El vaso medio lleno?

Les presentamos un informe de investigación realizado junto a 11 organizaciones de la sociedad civil: «Glass Half Full?«. El informe documenta los obstáculos que deben superar las comunidades para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras cuando son afectados por proyectos de desarrollo.

«Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance» (¿El Vaso Medio Lleno? El Estado de Rendición de Cuentas en la Financiación del Desarrollo) es un informe que documenta los obstáculos que deben superar las comunidades y trabajadores para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales cuando son afectados por proyectos de desarrollo. Si bien la estructura y procedimientos de estos mecanismos varían, sus actividades principales consisten en reunir a los reclamantes y a la institución que apoyo financieramente el proyecto en cuestión, a los fines para resolver el conflicto. En ese contexto, se lleva a cabo una investigación para determinar si las políticas ambientales y sociales de las instituciones financieras internacionales han sido transgredidas.

Los mecanismos de rendición de cuentas son a menudo la única opción disponible para las comunidades, y en la actualidad la única vía para que los bancos de desarrollo rindan cuentas sobre al cumplimiento de la normativa ambiental y social. Desde el Panel de Inspección (el primer mecanismo de rendición de cuentas independiente del Banco Mundial, creado en 1994) se han registrado 758 denuncias presentadas a la empresa por 11 diferentes instituciones.

Este informe evalúa el grado en que los bancos de desarrollo y sus mecanismos de rendición de cuentas están preparados para manejar las quejas de las personas afectadas. El informe también contiene anexos que analizan en detalle los mecanismos de denuncia de las diferentes instituciones financieras y ofrecen recomendaciones sobre posibles vías de mejora.

 

Más información:

Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance

 Glass Half Full?. Annex 11: The Independent Consultation and Investigation Mechanism of the Inter-American 

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

 

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Objeciones sobre la candidatura del Dr. Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia

En el día de ayer FUNDEPS realizó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una presentación donde plantea objeciones al Dr. Carlos Rosenkrantz como candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del procedimiento establecido por el decreto 222/03.

Desde FUNDEPS creemos que más allá de su prestigiosa formación, algunas posturas doctrinarias del candidato Rosenkrantz, en caso de llegar a ser confirmado como juez de la Corte, serían gravemente regresivas respecto de la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos y de los estándares ya alcanzados en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Una de las posturas del candidato Rosenkrantz sobre la que llamamos la atención, sostiene que los jueces no deberían remitirse en sus sentencias a los tratados internacionales de derechos humanos ni a los estándares desarrollados por organismos como la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otra postura regresiva sobre la que advertimos, es su opinión acerca de que los derechos económicos sociales y culturales no son exigibles judicialmente y que incluso no deberían estar protegidos por la Constitución.

Apoyamos asimismo las observaciones formuladas por otras organizaciones y colectivos que cuestionan tanto a Rosenkrantz como a Rosatti por haber aceptado pasivamente su designación como jueces en comisión por medio del cuestionado decreto 85/15, sin la necesaria participación del Senado. También apoyamos las objeciones formuladas a la postulación de ambos candidatos en razón de no favorecer la incorporación de juezas mujeres en el Alto Tribunal.

 

Más información:

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Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

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Intervención al AFSCA: necesidad de debates abiertos y participativos y búsqueda de pluralidad en discusiones públicas

A partir de la utilización de los mecanismos establecidos por la ley 26522, y ante el decreto de intervención al AFSCA y AFTIC, desde FUNDEPS expresamos preocupación y resaltamos la importancia de los lineamientos de esta normativa.

Una decisión que afecta la autonomía y autarquía y desconoce procesos participativos para la designación y remoción de autoridades

Defendemos la autonomía y autarquía del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) establecidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y la Ley Argentina Digital 27.078. Asimismo, destacamos que esa normativa estableció procesos democráticos y participativos para la conformación y evaluación de sus autoridades cuya utilización se ha obviado.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 236/2015, el 23 de diciembre se intervino a la AFSCA y AFTIC, estableciéndose la disolución de su directorio y designando a dos interventores. El objetivo es evaluar internamente a dichos entes, para conocer si existen irregularidades y/o anomalías en su accionar y regularizar su situación. No puede pasarse por alto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Art. 14) y la Ley Argentina Digital (Art. 84), establecen procesos para la remoción de las autoridades de los órganos de aplicación de dichas normas, que garantizan la participación y representación de la ciudadanía y el derecho de defensa. En este sentido, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización son los encargados de tal función, y no el Poder Ejecutivo Nacional (a través de una intervención), que se ha arrogado tales facultades a través del DNU 13/2015.

Es necesario defender la participación y representación de la ciudadanía, considerada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, tanto para la designación como para la remoción de lxs funcionarixs de las autoridades de aplicación. Consideramos que son presupuestos fundamentales para un control democrático, para la garantía y continuidad de las políticas para la lucha contra la inequidad y la violencia.

Preocupaciones por posibles modificaciones sin las necesarias discusiones abiertas y participativas

Entre los motivos que justifican este decreto se menciona la falta de avances significativos, en “la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Se cita entre las razones a la “falta de adecuación de la normativa vigente del país a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores”. Asimismo, el decreto hace referencia a ciertas anomalías, así como la existencia de gran cantidad de expedientes paralizados en condiciones de ser resueltos y conflictos judiciales motivados por decisiones adoptadas por AFSCA y AFTIC, entre otros.

Además, es relevante hacer referencia a los dichos del Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El mismo expresó en conferencia de prensa que “la ley de medios no se iba a tocar por ahora”. En los días previos, también había afirmado frente a varios medios de comunicación que «la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno» (ver nota completa).

En este punto es preciso resaltar que la Ley 26.255 surgió a partir de un proceso democrático, por lo que esperamos que las reformas que pudieren corresponder se realicen por vía parlamentaria, respetando el origen plural y democrático de la misma. Incluso el avance en esta normativa fue reconocida a nivel internacional por el ex relator de las Organizaciones Unidas, Frank William La Rue, quien expresó: «La norma sentó las bases, no sólo para Argentina, sino también para el continente; es una ley que ha probado en la práctica ser lo correcto para democratizar el manejo de los medios y hacer avanzar la democracia« (ver nota completa).

El rol de la Ley 26.522 como marco legal e institucional a partir del trabajo de FUNDEPS

Desde FUNDEPS hemos trabajado arduamente, durante el último año, en el monitoreo de los órganos de aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos la AFSCA, con especial relación al ejercicios de las facultades otorgadas para el control de contenidos que importen discriminación o violencia mediática y simbólica de género.

Así, entre otras actividades vinculadas a este marco normativo e institucional, podemos destacar las siguientes:

Informe sobre caso de violencia mediática, 14 de abril de 2015.

Participación en audiencia pública de la Defensoría del Público, 29 de junio de 2015.

Análisis de contenido de violenciacc  mediático en spots de campañas electorales, 6 de agosto de 2015:

Denuncia a programa televisivo de Córdoba por transmisión de estereotipos nocivos desde perspectiva de género, 19 de septiembre de 2015.

Denuncia por contenido homofóbico en una entrevista en programa radial, 28 de noviembre de 2015.

En el marco de nuestro trabajo, afirmamos que AFSCA, junto con otros organismos como Defensoría del Público, el Observatorio de la Discriminación de Radio y TV, han implementado políticas tendientes a modificar los patrones socioculturales que estereotipan y denigran a la mujer, así como también los que discriminan a las personas por motivos de género u orientación sexual. Las políticas públicas de género y comunicación, si bien tienen muchos aspectos por mejorar, son valiosas en cuanto apuntan a una de las causas más profundas de la desigualdad y la violencia de género, que son los patrones socioculturales. Principalmente, desde la creación de Defensoría del Público, se ha llevado adelante una importante tarea pedagógica dirigida a productores de contenidos audiovisuales y publicidad, para educar sobre violencia mediática y simbólica, además de receptar reclamos y sugerencias de la ciudadanía y sensibilizar a la población acerca esta problemática. En este punto, el papel de AFSCA es fundamental, porque es el único organismo que en el conjunto de estas políticas que tiene facultad de sancionar en caso de que se incurriere en violencia mediática y/o simbólica.

Además de responder a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, estas políticas se han basado en legislación local, como la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que define los contenidos y modalidades de la violencia mediática y simbólica hacia las mujeres. Por otro lado, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 70 enuncia que: “la programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en (…) el sexo, la orientación sexual (…)”. A la vez en su artículo 71 dispone que los productores, distribuidores y emisores de contenidos, deben velar por el cumplimiento de varias leyes, entre ellos la antes mencionada Ley 26.485.

Por todo esto, creemos de gran relevancia que se continúe con las políticas públicas que hasta ahora se han mostrado efectivas, como las relativas a la violencia mediática y/o simbólica contra la mujer y de género.

La libertad de expresión como derecho colectivo y la intervención estatal para asegurar la pluralidad de voces

Las deficiencias del gobierno anterior en la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual son muchas. Entre ellas, se incluyen los énfasis en ciertos aspectos de la misma en desmedro de otras, el favorecimiento de medios cercanos al poder ejecutivo, el abandono del objetivo de desconcentración y alineamiento de una autoridad autónoma y autárquica al ejecutivo. Sin embargo, creemos que es positiva la opción de una mayor regulación en el ámbito de la comunicación que facilite una protección al aspecto colectivo del derecho a la libertad de expresión. En ese marco, esfuerzos enfocados en eliminar estereotipos que afectan la igualdad de género o de diversidades sexuales, no pueden realizarse adecuadamente si la única regulación es la del mercado.

Por todo esto, creemos fundamental rescatar la importancia de la intervención del estado para asegurar una pluralidad de voces en las discusiones públicas, algo que motivó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esperamos que las nuevas autoridades nacionales aseguren ese objetivo y lo hagan a través de la promoción de discusiones públicas abiertas y participativas.

 

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo – juanmcarballo@fundeps.org

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derehos Humanos – vir.pedraza@fundeps.org

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos – carotamagnini@fundeps.org

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Bosques: desmontes, irregularidades y falta de acceso a la información ambiental

Basados en información publicada por Global Forest Watch y atentos a las denuncias del Movimiento Campesino de Córdoba, desde FUNDEPS continuamos monitoreando políticas de protección de bosque nativo.

A raíz de las denuncias realizadas a principios de octubre por el Movimiento Campesino de Córdoba se registraron infracciones de particulares titulares de bosques nativos que desmontaron zonas no autorizadas, hechos que fueron constatadas por funcionarios de la Policía Ambiental de la provincia, quien ordenó el cese inmediato de dichas intervenciones ilegales.

Se sabe que en la localidad de Villa Quilino, Departamento Ischilín, fueron autorizadas para desmonte selectivo unas 5.648 hectáreas, y en Chancaní, Departamento de Pocho, aproximadamente unas 2.000 hectáreas de bosques nativos. Ambas zonas, tanto al oeste y noroeste de Córdoba, colindan y son parte del territorio donde están asentados históricamente los campesinos y descendientes de indígenas de la provincia, quienes no sólo viven allí, sino que además basan su desarrollo económico, social y cultural a partir del bosque.

Al mismo tiempo estas denuncias dejaron al descubierto que las propias autorizaciones para la intervención de los bosques nativos, otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, habrían sido emitidas de forma irregular en zonas de categoría de conservación I (roja), donde a nivel predial existen bosques nativos de alto valor de conservación. Entre las irregularidades, se destacan autorizaciones sin respetar los procedimientos administrativos previstos en las leyes de bosques nativos en materia de audiencia pública y de evaluación de impacto ambiental, y autorizando planes de intervención que habrían sido firmadas por profesional no habilitado.

La renuncia del ex Secretario de Ambiente Germán Pratto decretada el 29 de octubre habría tenido que ver con las irregularidades denunciadas. Conforme informa el periodista Andrés Díaz Romero, “una investigación de Sala de Prensa Ambiental descubrió autorizaciones para desmontar unas 20000 hectáreas de bosque nativo con la complicidad de autoridades de la Secretaría de Ambiente, quienes autorizaron desmontes ilegales a pedido de un abogado y empresarios del agro” (Fuente: Periodismo Ambiental). La mencionada investigación periodística habla de corrupción en el seno de la secretaría e indica que: “las autorizaciones para estos desmontes no cursaron el camino administrativo que establece la Ley N° 9814: Área de Asuntos Legales, de Suelos, de Bosque Nativo, de Fiscalización y Control, de Despacho y Directorio de la Secretaría de Ambiente. El visto bueno para estos desmontes esquivó áreas técnicas ya que fueron autorizados directamente por Germán Pratto, sin ningún análisis técnico”.

Este marco de incertidumbre de actuación por parte de la Secretaría de Ambiente ha venido a profundizar el desorden y falta de claridad de las políticas públicas y de la legislación en materia de protección y manejo de bosques nativos en la provincia de Córdoba. En su punto central, puede argumentarse que la vigente ley 9.814 no respeta los presupuestos mínimos de la Ley Nacional 26.331 respecto de los usos autorizados en algunas clases de bosques o de los estándares de participación en las decisiones públicas en este ámbito. Esta tensión le ha traído serias dificultades a la provincia para la implementación y aplicación de la normativa de bosques en Córdoba. Los decretos reglamentarios han generado un precario sistema de autorización de bosques, que en nada se condicen con los objetivos esgrimidos ni con la promoción de un ambiente saludable y equitativo.

Es importante destacar que estos desmontes no son hechos aislados, sino que ocurren en el contexto de un proceso de pérdida de bosque nativo a causa de desmontes, al que el territorio de la provincia de Córdoba viene siendo sometido durante los últimos años. Los niveles de pérdida de bosque son alarmantes: de acuerdo a datos de Global Forest Watch (GFW), desde 2001 hasta 2014 se han perdido 91.817 hectáreas de bosque en la provincia, de las cuales 4.781 corresponden al año pasado.

 

Preocupados por la política provincial que sigue favoreciendo intereses privados, la expansión del modelo agroindustrial, en desmedro de los derechos de incidencia colectiva y del ambiente, es que desde FUNDEPS hemos presentado el 23 de octubre ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos dos pedidos de informes sobre la efectiva aplicación de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos en Córdoba, y en especial requiriendo los expedientes y autorizaciones otorgadas recientemente sobre las áreas denunciadas. A la fecha no hemos tenido contestación, por lo que el reciente 4 de diciembre hemos interpuesto pronto despacho a la administración a los fines de que responda los mismos. En este contexto, el Foro Ambiental Córdoba realizó también una denuncia administrativa a los fines de que se investiguen dichas irregularidades, marcando como trascendente que los avisos de proyecto presentados para la intervención en el bosque nativo no estarían firmados por un profesional habilitado, matriculado en el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, según lo determina el Anexo II del Decreto Nº 170.

Desde FUNDEPS, continuamos usando herramientas legales de monitoreo de políticas públicas y de participación ciudadana para promover un adecuado nivel de protección del bosque nativo de la provincia y del país.

 

Contacto:

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org

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Posicionamiento frente al nuevo Marco Ambiental y Social del BM

En el marco de la consulta pública, realizada el pasado 8 de diciembre en la ciudad de México, más de 180 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe enviaron un posicionamiento frente al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, solicitando respuestas de los Directores Ejecutivos que representan a la región.

El pasado martes 8 de diciembre el Banco Mundial llevó adelante, en la ciudad de México, una consulta pública en relación al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social (MAS), en el marco de la revisión de las Políticas de Salvaguardas de la Institución. Este proceso, iniciado hace ya más de tres años, ha tenido una participación limitada de la ciudadanía y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), no ha sido ampliamente difundido y ha carecido de información oportuna para su revisión de manera previa a la consulta y de criterios claros que establezcan cómo los representantes del Banco responderán a las preocupaciones y propuestas que las OSC han realizado.

El nuevo borrador del MAS está siendo ampliamente criticado por diversos motivos. En particular, se destaca que el Banco no tiene un compromiso explícito respecto a respetar los derechos humanos, que se refleje en sus políticas. El MAS propuesto evita referencias a estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que es indispensable si se quiere lograr un desarrollo sustentable. Además, el Marco está permeado de un lenguaje ambiguo, es decir, no cuenta con procedimientos definidos, plazos claros y criterios y requisitos obligatorios.

Además, la propuesta del Banco deja abierto el cumplimiento de los estándares, es decir, no define claramente cuándo ni cómo se debe cumplir con lo establecido en el MAS. En el marco vigente, un requisito indispensable consiste en evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales de manera previa a la aprobación de un proyecto, así como publicar las evaluaciones antes de la fase de evaluación de proyectos de alto riesgo. El nuevo Marco, por el contrario, establece que las evaluaciones ambientales y sociales deben iniciarse “lo más temprano posible”, por lo que de entrada pone en riesgo los procesos de consulta, ya que éstos no pueden realizarse de manera efectiva sin que se cuente con la información completa y detallada acerca de un determinado proyecto.

Por esto, más de 180 organizaciones de la región de América Latina y el Caribe (ALC), entre ellas FUNDEPS, se han posicionado frente a este borrador, que va en contra de la misión principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida. Las organizaciones solicitan una respuesta por parte de los Directores Ejecutivos que representan a la región de ALC.

El MAS del Banco Mundial baja el estándar tanto para el propio Banco, como para toda la comunidad internacional. En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, este borrador estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas en el ámbito de desarrollo bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad.

 

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org