Los días 8, 9 y 10 de octubre se reunieron más de 70.000 mujeres, en Rosario para debatir, compartir experiencias, marchar y visibilizar su protesta.

En el Encuentro Nacional de Mujeres más numeroso de su historia, se reunieron en Rosario mujeres de todo el país, organizaciones de la sociedad civil, movimientos social y políticos para compartir y dialogar en 70 talleres que versaron sobre todas las problemáticas que necesitan una estrategia colectiva de acción.

Hablaron sobre acceso a la justicia,  derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente, derecho a una vida libre de violencia, sobre cultura, deporte, entre otros tantos temas. Estas dinámicas permiten año tras año, que mujeres de todas las provincias lleven a sus espacios nuevas ideas, y una contención colectiva que genera empoderamiento, y da lugar a la promoción de agendas políticas esenciales para una sociedad justa y equitativa.

No puede dejar de mencionarse a la multitudinaria marcha que se magnifica año tras año, y que visibiliza la necesidad de un real cambio para todas las ciudadanas del país. Esta movilización invita a continuar y avanzar con la promoción de la igualdad y de los derechos de las mujeres, más aún cuando tremendos hechos de violencia y femicidios no dejan de suceder en nuestra cotidianeidad.

Lamentablemente, y repitiendo la tragedia del año anterior, muchas mujeres y periodistas fueron reprimidxs frente a la Catedral, manchando el imponente evento y dejando atrás a personas heridas a causa de la intolerancia y la injusticia.

Sin embargo, otra vez este Encuentro vuelve a ser una inspiración que energiza la lucha activa de miles de mujeres que levantan sus voces ante las atrocidades que sufren día a día a causa del sexismo, la discriminación y la igualdad.

Contacto:

Virginia Pedraza – Coordinadora del Eje Género

vir.pedraza@fundeps.org

Dentro de la larga lista de inversiones chinas en Argentina, el caso de los acueductos en la provincia de Entre Ríos ha sido uno de los más controvertidos. Irregularidades en el proceso de licitación, aprobación y ejecución del proyecto han despertado el recelo y los reclamos de varios sectores de la sociedad civil.

En un contexto internacional cambiante, en el que los actores de habitual importancia han ido mutando, Argentina se ha encontrado con dificultades para el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. A lo largo de los últimos años, especialmente desde la gestión Kirchner, el escenario de las inversiones extranjeras en Argentina ha estado signado por la preponderancia de la República Popular China. Varios de los grandes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo tienen por detrás el respaldo de empresas del país asiático.

Hay dos proyectos que se han trabajado entre la Nación y la provincia de Entre Ríos desde hace algunos años y tuvieron que ver con la posibilidad de construir dos acueductos para riego en el norte entrerriano. Para la construcción de estos, el gobierno de la provincia y la “China State Construction Engineering Corporation” (CSCEC) suscribieron una carta compromiso para el aprovisionamiento de agua dulce, incorporando 200.000 hectáreas de riego.

A mediados de junio de 2013 la CSCEC expresó su interés en invertir en obras de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Durante un encuentro con representantes de la empresa, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador Sergio Urribarri “propuso tres líneas básicas de acción: obras de riego, enlace metropolitano Paraná-Santa Fe y desarrollo portuario”. Según el gobernador, el desarrollo de las obras estaría ligado en gran medida a aumentar la capacidad productiva de la provincia.

El Acuerdo con China para la construcción de los dos acueductos se firmó el 18 de julio de 2014. En el marco de los acuerdos estratégicos para obras de infraestructura, firmados en la Casa Rosada entre Xi Jinping y Cristina Fernadez de Kirchner, encuentro en el que participó Urribarri.

Los acueductos tendrán una longitud total de 546 kilómetros entre ramal principal y ramales secundarios. Son dos obras, la primera en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación para implementar un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, para la producción arrocera, citrícola y fruti–hortícola. El segundo en el departamento La Paz para realizar un acueducto del Norte entrerriano, con el aporte de aguas del río Paraná y dotar a un área marginal del acceso al agua para riego.

Los costos de las obras totalizan un monto cercano a los USD 98.000.000, según los datos presentados por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” en sus informes de factibilidad de los cuales la provincia debería aportar el 20%. Sin embargo, el presupuesto de la CSCEC fue de USD 430.387.552 adjudicada sin licitación no concurso de precios. El financiamiento provendría del banco ICBC, con un crédito de USD 366 millones a 15 años (con un período de gracia de 5) con una tasa libor más 4,5%. Asimismo, el contrato de crédito prevé como legislación aplicable la misma que la de Inglaterra.

El proyecto provocó rechazos en algunos sectores, como las organizaciones nucleadas dentro de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, que impulsaron la nulidad de la ley que, entre otros puntos, habilitó el otorgamiento directo, sin licitación pública, de la obra a una empresa de capitales chinos, como así también un endeudamiento que supera los 430 millones de dólares. La Fundación M’biguá y Justicia Ambiental también alertaron sobre la falta de transparencia e información sobre el proyecto.

El caso de los acueductos es el primero en llegar a la justicia. Como se expuso más arriba la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley N° 10.352 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse con la institución financiera de China. Esta acción se basa en que esta ley no ha cumplimentado los requisitos formales que la constitución provincial insta para su aprobación, por ejemplo: no se realizó Evaluación de Impacto Ambiental, no existe ningún dictamen de las comisiones de Hacienda y Economía, ni de la fiscalía de Estado, entre otras irregularidades. La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.

Entre los puntos principales de la demanda completa se encuentran:

– Ineficacia de la Ley 10.352 por irregularidades en su tramitación.

– Inobservancia del Principio de Razonabilidad.

Autorización al Gobernador a convenir y mantener en secreto el contrato celebrado con el Banco Chino.

– Autorización al Gobernador a contratar con el Banco Chino ICBC un préstamo en el que Entre Ríos acepta regirse por la legislación inglesa.

– Violación del deber constitucional de publicidad de los actos de gobierno.

– Privación de información como derecho humano.

– Se omitió la realización previa y precautoria de Estudios de impacto Ambientales y sus procesos evaluatorios con las debidas Audiencias Públicas y el dictado de los Actos Administrativos previos a la autorización de contratación de la obra y a la autorización de la celebración de acuerdos de inversión y/o endeudamiento.

– Violación de la Ley de Contabilidad Pública. (Arrogándose así el P.E. inconstitucionalmente facultades propias del Poder Legislativo).

– Violación de la Ley de Obras Públicas.

– Se ignoraron las garantías constitucionales contenidas en la Sección II – Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo sustentable de la Constitución Provincial.

De acuerdo a medios locales: “Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones”.

De acuerdo con Jorge Daneri miembro de la Fundación M’biguá, se está conformando un paquete de potenciales mega inversiones en la región que además de los acueductos se incluiría un proyecto de represa hidroeléctrica entre las provincias de Corrientes y Santa Fe, en el límite norte de Entre Ríos. De acuerdo con el Dr. Daneri, el mecanismo es el mismo en todos los proyectos: inexistencia de debate parlamentario de los proyectos, menos aún en las provincias involucradas, por lo tanto, enmudecimiento del federalismo de concertación social y consultas ciudadanas.

Desde FUNDEPS hemos estado trabajando en el seguimiento del caso de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, que también cuentan con financiamiento chino. Parte del proceso de aprobación y ejecución de este proyecto, puede identificarse con lo sucedido en Entre Ríos. La falta de transparencia en ciertas cuestiones como la presentación y publicación del estudio de impacto ambiental, hacen sonar una alarma en lo que respecta a los estándares ambientales y de DD.HH.

Asimismo, consideramos de especial relevancia resaltar que la importancia recientemente adquirida por la República Popular China en materia de inversiones en proyectos de infraestructura, se traduce en una necesidad para que la sociedad civil monitoree los procesos de diseño, aprobación y ejecución de estos proyectos. Las irregularidades más arriba mencionadas son consecuencia de políticas que aún carecen de transparencia y que no se enmarcan en un paradigma de rendición de cuentas.

Más información

Un Acuerdo Chino

Entre Ríos: “con el pretexto de construir dos acueductos se está por consumar una estafa muy grande”

Ley de acueductos: presentaron demanda contra la “estafa” de Urribarri

Ley de acueductos: la Multisectorial recogerá firmas para derogar el texto

Represa Paraná Medio, acueductos y China, la primavera de la esperanza

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Durante el mes de agosto comenzaron las obras para la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba, en algunos de los ramales. El proyecto ha sido resultado de largas negociaciones y aún quedan interrogantes por resolver: ¿Cuáles serán los impactos ambientales?, ¿Cuáles han sido los términos de negociación con los bancos y empresas chinas?

El pasado 15 de agosto comenzó la obra destinada a la construcción de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. La constructora brasileña Odebrecht es la encargada de realizar los trabajos en dos tramos: el anillo del Gran Córdoba y el de la Ruta 2.

El proyecto incluye financiamiento chino para otros ramales y estas dos obras que involucran unos 855 millones de pesos. El ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, quien hace un mes regresó de China, aseguró:

Están construyendo los obradores para comenzar con los trabajos en los sistemas del Gran Córdoba y el de la ruta 2, en Noetinger. En el mes de agosto, la construcción de esos dos tramos estará en marcha. Tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo cual para diciembre de 2017 deberían estar terminados.

Durante su viaje el ministro encabezó varias rondas de negocios en las que se expusieron varios proyectos – energéticos y de saneamiento – para la adquisición de mayores financiamientos. Es el funcionario provincial más involucrado en la negociación entre las empresas constructoras y los bancos chinos que financiarán la megaobra. La misma tiene un presupuesto global de 8.700 millones de pesos para los 10 sistemas de gasoductos que se construirán en toda la provincia. Particularmente, para el tramo adjudicado a la empresa brasileña, se aprobó la emisión de títulos públicos para el financiamiento de la obra; de acuerdo con el decreto del poder ejecutivo n° 759, del 21 de junio de 2016.

Odebrecht es la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos, como sí ocurre con las otras empresas contratistas.

En las últimas semanas, la empresa brasileña aportó cinco millones de dólares por su cuenta (unos 75 millones de pesos) y otros 200 millones de pesos que le prestó la empresa Puente Hermanos, una de las principales operadoras de la Bolsa de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS se ha estado trabajando en el monitoreo de este proyecto y para ello ya se han presentado solicitudes de información a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Esto, con la finalidad de relevar información importante respecto al detalle de los acuerdos establecidos con los bancos chinos y otras entidades extranjeras y sobre los posibles impactos sociales y ambientales que esta megaobra podría acarrear.

Si bien estas solicitudes de información fueron presentadas hace más de cinco meses, aún no se ha recibido respuesta alguna por parte de las dependencias correspondientes y por esa razón quedan varios interrogantes para responder respecto de esta gigante obra de infraestructura en la cual se ha embarcado la provincia de Córdoba. De la misma forma, tampoco se ha esclarecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados. Desde el gobierno no se ha informado el verdadero impacto de la construcción de los gasoductos con respecto a la mejora y alcance en la provisión del servicio de gas.

Más información:

– La Voz del Interior: “Los gasoductos en Córdoba se repartirán en tres grupos” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Gasoductos: ofrecen más fondos en China para iniciar las obras” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Larga Odebrecht, con caños Techint” (Consultado el 29/09/2016)

Contacto:

Gonzalo Roza, Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

El Estado anunció un plan nacional contra la violencia hacia mujeres y 17 principios para una Ley de Comunicaciones Convergentes. Junto a Comunicación para la Igualdad hacemos una lectura crítica de las disposiciones.

En las últimas semanas, han sido anunciadas por el Estado medidas referidas al campo de las comunicaciones y de la violencia de género que afectan el entramado de políticas públicas que rige el sector. Nos referimos sustancialmente a los 17 principios para una comunicación convergente, anunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule el sector de las comunicaciones; y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres.

Tanto los 17 principios para una comunicación convergente como el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, son medidas que colaboran en el diseño de un nuevo mapa vinculado a las políticas públicas de comunicación y género, con características diversas al vigente hasta diciembre del 2015.

Entendemos que en el caso del Plan Nacional de Violencia hacia las Mujeres se ha perdido la oportunidad de profundizar la incidencia sobre los medios de comunicación con vistas al cumplimiento de los dos objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción de Beijing: la disminución de la estereotipación sexista y la democratización de la estructura laboral de los medios.

Asimismo, esto tiene una estrecha relación con un nuevo escenario vigente para la regulación de los medios desde diciembre del 2015 mucho más laxo en cuanto a limitar la propiedad de los medios y a imponerles marcos de actuación, aun cuando éstos respondan a la protección de los derechos humanos. Si bien los 17 Principios para las Comunicaciones Convergentes promueven el pluralismo y la diversidad de voces y la lucha contra la discriminación, es difícil imaginar cómo podrán implementarse estas propuestas en un contexto mediático de concentración de medios.

– Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019

– Comentarios sobre el Plan Nacional de Violencia hacia las Mujeres y los 17 principios para una Ley de Comunicaciones Convergentes.

El pasado 8 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto ante el Congreso de la Nación para la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Esta convención tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. La misma fue aprobada el 15 de junio de 2015 por la OEA. Si bien Argentina cumplió un rol fundamental en el proceso de negociación en la OEA, aún no ha sido ratificada por nuestro país.

La adopción de esta convención constituiría una herramienta fundamental para el avance por los derechos de las personas mayores y, en definitiva, la protección de los derechos humanos consagrados en los distintos tratados aceptados por nuestro país.

Al ratificar la convención, Argentina se obliga internacionalmente a adoptar las medidas legislativas, institucionales y de cualquier otra índole, necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que en dicha convención consagran; además, la misma se incorpora como parte del derecho vigente del Estado. De allí el valor y la importancia que tiene ésta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Apoyamos el proyecto de ley e instamos a su efectiva sanción recordando que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable, y esto implica para el Estado una obligación reforzada: el deber de impulsar medidas de protección especiales que les permitan el ejercicio de sus derechos y libertades.

Más información:

– “La OEA aprobó la Convención que protege los derechos de las personas mayores” (Página web FUNDEPS)

– “Avances en el proyecto de ley de protección integral de las personas mayores” (Página web FUNDEPS)

Proyecto del Poder Ejecutivo presentado ante el Congreso de la Nación

Contacto:

 Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

FUNDEPS, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, anuncia renovación del programa de pasantías. 

Pasantía rentada en los meses de enero, febrero y marzo de 2017 en el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University en Washington DC

Instituciones convocantes:

– O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center

– FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

– Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba

Requisitos para la presentación:

– Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

– Haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.

– Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.

– Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.

Mecanismo de selección:

– Plazo límite para la presentación de las candidaturas: 28 de septiembre de 2016.

– Un Comité de Selección de la UNC elegirá una lista de entre cinco y siete personas pre-seleccionadas, quienes serán convocadas a una entrevista a desarrollarse en inglés el día 30 de septiembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la UNC, en lugar a confirmar.

– El 30 de septiembre de 2016 el Comité de Selección de la UNC enviará un listado de entre tres y cinco personas al O’Neill Institute for Nacional and Global Health Law, cuyo equipo decidirá la persona seleccionada para realizar la pasantía.

– La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en actividades de capacitación sobre el derecho humano a la salud, en el área de derechos humanos de FUNDEPS.

Documentación a presentar:

– Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O’Neill, dirigida directamente al Instituto O’Neill.

– Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas.

– Historia académica en versión electrónica.

* Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidato”.

Criterios de selección:

– Promedio.

– Interés en área de derecho a la salud o derechos humanos.

– Experiencia de investigación académica.

– Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil.

– Nivel de inglés.

Consultas: info@fundeps.org

Charla informativa: Viernes 9 de septiembre de 2016, 17:00, Sala 3 de la Facultad de Derecho de la UNC

Más información sobre el Instituto O’Neill: http://www.law.georgetown.edu/oneillinstitute

Exigen que se implemente un procedimiento participativo que garantice que quien resulte electo/a reúna las condiciones de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Las organizaciones abajo firmantes presentamos una nota formal a los miembros de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación con el fin de transmitirles nuestra preocupación por la falta de designación del Defensor del Pueblo desde hace más de siete años, y para solicitarle que se inicie un proceso participativo, abierto y transparente para su nombramiento.

Desde hace años, las organizaciones de la sociedad civil venimos solicitando al Congreso la designación del Defensor del Pueblo, conforme lo ordena el art. 86 de la Constitución Nacional. Ante la ausencia de respuestas, llevamos el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ambos organismos instaron al Estado argentino a que designara prontamente al Defensor del Pueblo, en tanto se trata de una institución clave para la defensa de los derechos humanos.

Ante la prolongada vacancia, también se inició una acción de amparo contra el Congreso Nacional, la cual fue favorablemente resuelta por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que exhortó a ambas Cámaras Legislativas a que iniciaran el procedimiento de designación contemplado en la Ley 24.284. A ello se agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó en el reciente caso sobre tarifas de servicios públicos “CEPIS y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” que “no puede dejar de señalarse que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, institución creada por la Constitución Nacional como órgano específicamente legitimado en la tutela de los derechos de incidencia colectiva en los términos de sus artículos 86 y 43, se encuentra vacante, circunstancia que repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios. En las condiciones reseñadas, y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la Nación para que proceda a su designación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 citado”.

A partir de estas importantes decisiones judiciales, les solicitamos a los legisladores nacionales que conforman la Comisión Bicameral a fin de que adopten las medidas necesarias para iniciar de inmediato el procedimiento de designación de un/a Defensor/a del Pueblo, en el cual se asegure la efectiva participación informada de la ciudadanía mediante la publicación previa de los antecedentes de los candidatos en un plazo razonable, la posibilidad de que las organizaciones y los/as ciudadanos presenten impugnaciones y avales, la realización de audiencias públicas con amplia participación de la ciudadanía, las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, asegurando la participación federal, y con la obligación de que la selección del candidato sea razonada.

Asimismo, la eventual designación de un/a Defensor que no reúna requisitos fundamentales como una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos, podría redundar en un desprestigio y pérdida de potencialidad de la entidad, por lo que hemos sostenido que quien resulte candidato debe reunir altos estándares de idoneidad técnica y moral, de independencia de criterio, perspectiva de género, y probada proactividad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Organizaciones firmantes:

ACIJ – ADC – Amnistía Argentina – Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina – Asociación Civil Grupo Puentes – Banco de Bosques – Basta de Demoler – Cambio Democrático – Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad. Santa Fe – CAREF – Cascos Verdes – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) – Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) – CIPPEC – Compromiso – Confederación de la Sociedad Civil – Conocimiento Abierto – Consumidores Libres – Democracia en Red – Directorio Legislativo – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) – FARN – Federación Argentina LGBT – FOPEA – Foro del Sector Social – Federación de Asociaciones Civiles y Fundaciones – Fundación Biodiversidad – Fundación Ciudad – Fundación Humedales (Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales / Wetlands International) – Fundación Kaleidos – Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, Paraná – Fundación Metropolitana – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) – Fundación SUR – Greenpeace – Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva – Huésped – INECIP – Ingeniería Sin Fronteras Argentina – Justicia Legítima – La Fulana – Espacio de lesbianas y mujeres bisexuales – Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) – Mesa por la Igualdad – Pensamiento Penal – Poder Ciudadano – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) – Salta Transparente – Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) – TECHO – Unidos por la Justicia – Via Libre – Wingu. También adhieren: Acción Pública Ciudadana – Transparencia Ciudadana

Más información:

Nota presentada al Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó, después de un proceso de revisión de más de cuatro años, un nuevo Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales. A pesar de que incluye algunos avances positivos, el nuevo Marco representa un preocupante retroceso para las protecciones ambientales y sociales en los proyectos de desarrollo.

A pesar de haberse llevado a cabo un proceso de consultas sin precedentes que ha involucrado a miles de actores – gobiernos, sociedad civil y sector privado, la revisión de salvaguardas del Banco Mundial ha perdido la oportunidad de posicionar a la institución como líder mundial en el campo del desarrollo. Si bien el nuevo marco de salvaguardas incluye la cobertura de áreas prometedoras, carece de la fortaleza y claridad que necesitan aquellas personas afectadas negativamente por el desarrollo.

Por décadas las salvaguardas del Banco Mundial han sido el estándar que ha servido como ejemplo en materia de financiamiento para el desarrollo. El Banco fue la primera institución en adoptar una política de salvaguardas obligatoria para prevenir y/o mitigar daños sociales y al medioambiente. Esta política ha servido como modelo para la posterior implementación de marcos similares en otras instituciones.

El Nuevo Marco Ambiental y Social representa un cambio fundamental en la forma en que el Banco se ha acercado a las garantías de derechos humanos por más de treinta años. La utilización de un lenguaje vago debilita los mecanismos existentes para la transparencia y la supervisión. Además, permite a los intermediarios financieros de terceros asumir la responsabilidad de la gestión del riesgo social y ambiental, dando lugar a preocupaciones en torno a los procesos mediante los cuales las comunidades podrán pedir la reparación de daños.

El nuevo Marco abarca los derechos humanos de una forma meramente aspiracional, en lugar de hacerlo de una manera obligatoria. En vez de armonizar su política con los estándares globales, el Banco Mundial aún se rehúsa a reconocer la responsabilidad y la rendición de cuentas bajo la normativa internacional. La nueva política carece de coherencia al evitar la referencia a las leyes mundiales de derechos humanos y el resultado es la fragmentación derivada de la mala articulación o definición de estándares y directrices.

La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, de la que formamos parte,  se expresó criticando la oportunidad perdida por el Banco para adoptar protecciones sólidas para los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos del Banco, y se comprometió a hacer que el Banco rinda cuentas por los resultados de la nueva política. Desde la Coalición se le dio la bienvenida a algunas mejoras del nuevo borrador, incluidas disposiciones relativas a la no discriminación, y se criticó el cambio en el marco general por protecciones más débiles para las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.

El Nuevo Marco amplía el alcance de las salvaguardias en nuevas áreas que fueron ignoradas como el trabajo infantil y el trabajo forzoso, la discriminación, la participación de los interesados y los grupos desfavorecidos y vulnerables  como los niñxs, las personas con discapacidad, las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, y los que se identifican como LGBT. Pero lo hace con muchas falencias. Dentro de las áreas en las que se ha evitado profundizar se encuentra el cambio climático, bosques y hábitats naturales. Las salvaguardas existentes en estas temáticas se han visto aglomeradas en un solo estándar que falla al considerar y/o proteger los valores medioambientales.

Si bien persisten serias preocupaciones acerca del texto de este documento, el Banco Mundial tiene la capacidad de mejorarlo en su aplicación. Los ambiciosos objetivos originales del proceso de revisión deben guiar el período de aplicación proporcionando un acceso inclusivo a los beneficios del desarrollo y la búsqueda de la participación de las comunidades que puedan verse afectados. Desde FUNDEPS esperamos que se siga vigilando el progreso del Banco Mundial hacia estas metas.

Más información:

– Directorio del Banco Mundial aprueba nuevo Marco Ambiental y Social

– World Bank’s Updated Safeguards a Missed Opportunity to Raise the Bar for Development Policy

– NGO response to the World Bank’s proposed Environmental and Social Framework: Proposed World Bank standards represent dangerous set-back to key environmental and social protections

– NGOs: World Bank’s New ‘Safeguards’ Weaken Protections

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

El evento deportivo del año ha dejado muchas muestras del sexismo presente en los medios de comunicación. Por lo general, si se cubren las noticias sobre deportes femeninos o atletas mujeres, pocas notas tienen que ver con el deporte, desdibujando el objetivo de las atletas de competir, mejorar su desempeño y, porque no, ganar alguna medalla. A continuación un análisis de las coberturas periodísticas.

La participación femenina en estos Juegos Olímpicos alcanza aproximadamente el 45% de lxs atletas. La delegación de Argentina, puntualmente, está compuesta por 213 atletas: 139 varones y 74 mujeres, 65% y 35% respectivamente. Sin embargo, al revisar las secciones deportivas de los importantes medios del país, son escasas las noticias que cubren el desempeño deportivo de las atletas argentinas y del mundo en general. O bien, si hay cobertura, tiene que ver con su aspecto físico, sus relaciones de pareja o algún otro dato anecdótico que amerite una noticia.

Cuerpos sexualizados y caras bonitas

Las notas dónde lo destacado es un cuerpo estético o una cara bella son las más frecuentes. En la mayoría de los portales de noticias hay alguna nota que hace referencia al aspecto físico de las atletas, que pareciera que fueron a Rio 2016 a exhibir su belleza – entendiendo por belleza a una que se corresponde exclusivamente con patrones estereotipados y occidentales -.

En la generalidad de las notas, se destacan sus rostros, pero principalmente las partes de su cuerpo, sexualizando su imagen. En algunos casos, ni siquiera son mencionadas por su nombre, sino que las notas solo enfocan en su cuerpo, sin rostro ni nombre. Este tipo de “noticias” van en desmedro de los esfuerzos que las atletas realizan para llegar a instancias de competencia de alto rendimiento, ya que las posiciona como objetos de deseo o dignos de admiración únicamente por sus cualidades físicas.

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Mujeres de…

Otra forma común de presentar a las mujeres es haciendo referencia a su relaciones interpersonales –la mayoría de las veces con un varón heterosexual-. El caso más evidente es el de Katinka Hosszu, nadadora olímpica que rompió el record mundial en su categoría y ganó tres medallas doradas. Las notas que cubrieron su desempeño se concentraron en su relación de pareja. Su sobresaliente habilidad quedó opacada por su marido quien es entrenador de la disciplina.

El portal Infobae, por ejemplo, explica que “Dirigida por su esposo, Katinka Hosszu se ganó el apodo de ‘Dama de Hierro’, porque el razonamiento de Shane era que mientras más eventos compita, la presión se le iría quitando y obtendría mejores resultados.” Además cita textual un comentario de la nadadora en el que cita: “’Es un entrenador bastante duro, pero en casa es muy dulce, cariñoso y muy divertido. Así que nos reímos mucho’, reveló Katinka Hosszu, la nadadora que atiende las órdenes de su marido en Río de Janeiro.” La cobertura sobre la historia de Katinka deja de lado a la deportista y se centra en su papel de esposa obediente, sugiriendo que tal es la razón de su éxito.

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Curiosidades olímpicas

Como en todas las coberturas deportivas, siempre hay cuestiones anecdóticas que no tienen tanto que ver con el deporte en sí, sino con misceláneas a fin de entretener a lectores y audiencias. No obstante, cuando hablamos de atletas femeninas, son mucho más frecuentes que en casos de los hombres. Ya sea por actitudes solidarias o de juego limpio, o por hechos más insólitos aún, nuevamente se pierde el foco de la competencia deportiva.

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Además de que abundan estas notas, aún las atletas con desempeños sobresalientes no consiguen ser nombradas. Una de las mejores gimnastas de la historia, Simone Biles, que con tal sólo 19 años en sus primeros Juegos Olímpicos se llevó cuatro oros y un bronce, no es ni siquiera mencionada en una nota que relata un incidente con un insecto durante su último podio. Un caso análogo, como por ejemplo con los atletas Michael Phelps o Usain Bolt, tiene un tratamiento completamente diferente: sus nombres figuran en todos los titulares.

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¿Cómo debe cubrirse el deporte femenino?

A punto del cierre de los Juegos Olímpicos, es necesario reflexionar sobre el tipo de noticias que se difunden cuando las deportistas son mujeres. La Convención Belem do Pará establece el derecho a una vida “libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación” (Art. 6.b).  Además que CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) contempla que se deben tomar todas las medidas a los fines de eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (Art. 5).

Los medios de comunicación continúan reproduciendo estereotipos de belleza, cosificando y sexualizando mujeres e invisibilizando sus logros, por lo que es necesario un enfoque de género en las noticias sobre atletas mujeres. Algunos consejos para cobertura deportiva no sexista serían:

Hablar del deporte en sí: Si la mujer es bella (o no), si está en pareja con algún varón famoso, si se maquilla de más o si se viste de determinada manera no es relevante. Para no ser machista, debe prestarse atención a su desempeño deportivo, a sus victorias, o a sus fracasos si es el caso, como se hace con las coberturas de deportes masculinos. Para elaborar una noticia sobre alguna atleta, no hay necesidad de recurrir a adjetivos que hagan referencia a algún otro elemento no relacionado al deporte.

Evitar la cosificación: Los cuerpos atléticos son considerados atractivos en la sociedad occidental. Entonces, es entendible que se aprecie la belleza de lxs atletas, pero no es necesario realizar notas en las que el único mérito sea un cuerpo o una cara bonita. Este tipo de noticias sólo sirve para reproducir estereotipos y cosificar a las personas.

Mostrar más a las mujeres realizando deportes: Tal vez los deportes femeninos no tengan tanto marketing como los masculinos (casos emblemáticos si los habrá, el fútbol y el básquet). Cuando aparece entonces una “Peque” Pareto los medios se sorprenden y abundan las notas sobre quién es y cómo llegó hasta ahí, cuando no debería ser así. Todxs lxs deportistas deben ser tenidxs en cuenta, por lo que la cantidad de notas de atletas mujeres debería ser proporcional a la cantidad de mujeres compitiendo.

Estos Juegos Olímpicos dieron la oportunidad de que por primera vez una mujer argentina gane una medalla de oro y, felizmente, fueron dos oros para atletas femeninas. Son también una oportunidad para ver cómo los medios muestran a las mujeres, reflexionar sobre las coberturas que se hacen y aprender, para que en Tokio 2020 -o en cualquier otro evento deportivo- haya una comunicación más igualitaria. Las mujeres fueron a los Juegos Olímpicos a competir en deportes: mostrémoslas como deportistas.

Fuentes: 

Datos numéricos sobre JJOO y mujeres

– Diario Día a Día, “Río 2016: las chicas del beach voley levantan suspiros en la platea masculina” (Consultado el 08/08/2016)

– Portal de noticias Infobae, “9 fotos de la pesista más sexy del mundo: Isabel Lahela” (Consultado el 17/08/2016)

– Diario Día a Día,”Waterpolo: los accidentes más “hot” de Río 2016” (Consultado el 10/08/2016)

– El DoceTV, “Milica Dabovic, la basquetbolista serbia que enamora en Río 2016” (Consultado el 08/08/2016)

– Diario La Nación, “Video: una gimnasta ganó el oro pero huyó del podio por una abeja en su ramo de flores” (Consultado el 17/08/2016)

– Rio 2016, Canal TyC Sports (Consultado el 18/08/2016 – 00:12 hs)

– Portal de noticias Infobae, “La gimnasta Simone Biles conquistó Río y al actor Zac Efron” (Consultado el 17/08/2016)

– Portal de noticias Infobae, “La historia de amor de la nadadora húngara Katinka Hosszu y su entrenador, que los llevó al oro en Río 2016” (Consultado el 06/08/2016)

– El DoceTV, “Río 2016: expulsión y descalificación para dos atletas” (Consultado el 15/08/2016)

Equipo: Monitoreo de medios de comunicación acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

Contacto: Carolina Tamagnini – carotamgnini@fundeps.org

El pasado 28 de junio recibimos la Nota Nº 700/2016 de la Defensoría del Público en respuesta a la denuncia efectuada a fines de abril por las emisiones del programa «Animales Sueltos» emitido por América TV los días 27 y 28 de abril; en el mismo se publicaron fotografías de mujeres en ropa interior que fueron víctimas de malos tratos por parte de la Sección Sanidad del Colegio Militar de la Nación, reproduciendo la cosificación y la violencia sufrida por estas, revictimizándolas.

Dicha presentación fue realizada en el marco del monitoreo de medios de comunicación acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina, realizado desde FUNDEPS en conjunto por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. En su pronunciamiento, la Defensoría informó que su Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo había analizado de manera interdisciplinaria nuestra presentación y las emisiones objetadas.

Celebramos la respuesta del organismo, que remarcó que:

…aún cuando los rostros de las mujeres fotografiadas no se exhiben en cámara, […] encuentra cuestionable la exhibición que realiza el programa. Las mujeres fotografiadas bien pueden reconocerse a sí mismas en dicha exhibición mediática, promoviendo en ellas una revictimización, es decir, una nueva vivencia de la violencia padecida como consecuencia de la violación a su intimidad que implica la captura fotográfica de sus cuerpos en ropa interior sin su debido consentimiento, tal como se describe que fueron los hechos en el programa… 

En ese sentido, la Dirección señaló que «…si bien valora positivamente la mediatización del caso y las implicancias legales que, según se relata, ésta pudiera generar sobre los responsables de los hechos, también recomienda evitar la contradictoria réplica y reproducción, a través del modo que asume dicha mediatización….»

Nos alegra informar que, en función de este reclamo, la Defensoría ha iniciado mecanismos de diálogo con las autoridades del canal para avanzar en la reflexión en relación a los derechos afectados en este caso, y mantendrá una reunión con ellos en los próximos días.

Finalmente, festejamos el hecho de que la Defensoría ha declarado el año 2016 “Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual«, generando un marco para impulsar políticas comunicacionales que busquen garantizar mayores condiciones de igualdad en representaciones que construyen y reproducen los servicios las de comunicación audiovisual.

Más información:

Contacto:

Mayca Balaguer – Área de Derechos Humanos

El pasado, 8 de junio se realizó el Taller de Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil, en México. Fue organizado por FUNDAR y el Centro de Colaboración Cívica (CCC). FUNDEPS participó como integrante del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) junto a más de 90 representantes de organizaciones civiles de varios estados de México.

Los conflictos socioambientales relacionados a las industrias extractivas y a la construcción de megaproyectos de infraestructura son una realidad creciente en toda América Latina. Su emergencia se explica, sobre todo, por la vigencia de marcos regulatorios débiles, la baja capacidad de supervisión estatal y mecanismos de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes. Frente a este escenario, que se repite -con diferentes matices- a nivel nacional en cada uno de nuestros países; los IAMs se presentan como una alternativa más dentro de las estrategias de defensa. Por esta razón, GREFI y otras coaliciones de la sociedad civil están apostando por acercar a estos nuevos actores con movimientos sociales y organizaciones indígenas.

El taller que se realizó en la Ciudad de México tuvo como objetivos:

  • Permitir que las OSC mexicanas conocieran el trabajo de los IAMs, los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan, así como sus políticas y sus ventajas y desventajas;
  • Permitir que los IAMs conocieran a representantes de OSCs en México, en especial a organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones que pueden ser potencialmente afectadas por proyectos financiados por las instituciones a las que los IAMs pertenecen; y
  • Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSCs, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas relacionados con el trabajo de la sociedad civil; de las áreas de oportunidad y obstáculos existentes para activar los IAMs; así como de temas de rendición de cuentas más amplios relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en México.

Es evidente que estas nuevas herramientas pueden llegar a ser muy valiosas, pero es claro que todavía hay mucho por mejorar respecto a los IAMs y su funcionamiento. FUNDAR resaltó durante su exposición que muchas veces, los intereses de las instituciones financieras colisionan con los estándares de protección de los Derechos Humanos, especialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por su parte, Rosa Marina Flores Cruz, de la Asamblea de los Pueblos del Itsmo de Tehuentepec remarcó, desde su experiencia, acerca de las limitaciones normativas que debilitan a este tipo de mecanismos y a pesar de que a diferencia de otras instancias nacionales, hacen esfuerzos considerables por acercarse a la sociedad civil, todavía no se puede ver una postura consolidada sobre la ruta que los IAMs deben seguir a fin de que puedan cumplir su papel a cabalidad.

El panorama de financiamiento es complejo en la región y los estados suelen estar interesados en obtener financiamiento rápido para construir grandes proyectos –con grandes réditos políticos- por lo que es necesario seguir involucrados para evitar que los intereses por incrementar el capital hagan retroceder el terreno ganado. El debilitamiento de las salvaguardas socioambientales del Banco Mundial representa un mensaje negativo en ese sentido, frente al crecimiento del financiamiento de los bancos chinos que carecen de este tipo de normativa.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: Página oficial del GREFI

Contacto:

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 21 de Junio de 2016, en el caso “Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986” la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a darle entidad de derecho humano al derecho de acceso a la información pública. Ésta ha sido una cuestión ausente en el último Proyecto de Ley de Acceso a la Información ya aprobado en Diputados y pendiente de tratamiento en Senadores.

En el caso en cuestión, el Sr. Carlos Manuel Garrido promovió una acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el fin de que se la condene a entregarle determinada información relacionada con el nombramiento de Carlos Mechetti en dicho organismo. También respecto de los cargos y funciones que el Michetti desempeñó y el estado de un sumario administrativo que se le inició en el año 2010 por presunto contrabando (Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986).

A instancias de resolver, la Corte se basó en antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su propio antecedente “Cipecc” (Fallos: 337:256). Así, en relación a las personas que pueden ejercer este derecho la Corte sentenció que:

al tratarse de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud” (y que) una interpretación armónica de las disposiciones nacionales en materia de datos personales y de acceso a la información, lleva a sostener que las disposiciones de la Ley 25.326 -de Protección de Datos Personales- en cuanto subordinan la cesión de esos datos a la existencia de un interés legítimo, no alcanzan a aquellos supuestos relativos a información personal que forma parte de la gestión pública…

Finalmente la Corte excluyó la posibilidad de que la información solicitada quede alcanzada por las excepciones contenidas en el Decreto Nacional  1172/2003 –única legislación vigente al día de la fecha- al establecer que:

…La información solicitada por el demandante no se relaciona con datos sensibles (…) sino que atañe exclusivamente a circunstancias vinculadas a la carrera administrativa de un funcionario, que son de innegable interés público en tanto permiten conocer aspectos relevantes sobre las personas que tienen a su cargo la gestión de los asuntos del Estado, y facilita a quien requiere la información ejercer el control sobre la regularidad de los actos mediante los cuales se integran los cuadros de la administración…

En esta oportunidad celebramos la coherencia de la Corte en su análisis del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, instamos a los Senadores Nacionales a que revisen los puntos del proyecto de ley que se apartan de los estándares reconocidos tanto en el Sistema Interamericano, como a nivel nacional, por nuestra Corte Suprema de Justicia. Ratificamos la necesidad hacer converger el acceso a la información pública con el concepto de ‘derecho humano’. Sólo así la tan deseada Ley de Acceso a la Información Pública supondrá un verdadero avance en el desarrollo de una Argentina más democrática y garantista de los derechos humanos.

Contacto

Carolina Juaneda – carojuaneda@fundeps.org