Los días 24 y 25 de febrero se estará llevando a cabo en Lima, la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, suscribe al posicionamiento regional.
La EITI es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 48 países con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas.
Es importante señalar que en centro América, EITI ha estado sujeta a fuertes cuestionamientos y hay señalamientos en torno a la falta de legitimidad del proceso, dado que numerosas organizaciones han señalado la imposición de la iniciativa como un medio para promover la actividad extractiva, ante el rechazo social a la misma existente en estos países.
De esta manera, diversos países están recurriendo a este espacio de gobernanza para lograr allegarse de información que por diversas razones, no se encuentra disponible actualmente, así como para fortalecer los espacios de participación.
Haciendo click acá se puede leer completo el documento que contiene el posicionamiento regional en el marco de la Conferencia Global EITI, al que suscribe FUNDEPS.
Contacto:
María Victoria Gerbaldo / Área de Gobernabilidad Global
victoriagerbaldo@fundeps.org
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/bannereiti-702x336-2.png330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2016-02-23 22:17:422024-06-30 16:29:35FUNDEPS en la Conferencia Global EITI 2016
Desde el pasado jueves 18 de febrero, FUNDEPS fue aceptado como miembro de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC). Esta red es una es una iniciativa de colaboración de más de 220 organizaciones y 50 individuos, que trabajan en más de 70 países para lograr la justicia social a través de los derechos humanos.
Todas las áreas de trabajo de FUNDEPS tienen en común que sus actividades giran en torno a la promoción, monitoreo del cumplimiento e investigación en torno a distintos derechos económicos, sociales y culturales. Es por esto, que nos da gusto anunciar que formamos parte de una red de trabajo internacional de gran escala, como lo es la Red DESC.
La Red-DESC tiene por objetivo fortalecer el campo de todos los derechos humanos, concentrándose especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales, y continuar desarrollando herramientas que faciliten su promoción, protección y cumplimiento. Por medio de la misma, sus miembros pueden intercambiar información, desarrollar una voz colectiva, fortalecer sus actividades y desarrollar nuevos mecanismos y estrategias.
Esperamos mejorar nuestra labor diaria a partir de las oportunidades que generan este tipo de espacios. Aprendiendo, cooperando y realizando actividades conjuntas dentro de la Red, con sus miembros en la región y en el mundo, es que nos encaminamos progresivamente al efectivo cumplimiento de los derechos humanos y de un desarrollo sustentable.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/captura_12-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2016-02-22 22:15:512024-06-30 16:29:35¡Somos parte de la Red DESC!
Tras un trabajo de evaluación de 152 ofertas técnicas, económicas y financieras, serán tres los grupos que construirán los 10 sistemas de gasoductos troncales en Córdoba que beneficiarán a más de 685 mil cordobeses de 167 localidades, con un presupuesto que supera los $ 8.600 millones.
El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, comunicó que la expectativa es arrancar los trabajos a mitad de año y las obras se realizarían en 33 meses. La vía asiática cubre el 85 por ciento del presupuesto, con el pago de un seguro al inicio de la operación (condición insalvable), siempre que la compañía oriental tenga, por lo menos, la mitad más uno de participación en la unión de empresas y que la obra involucre exportaciones desde China por 20 a 30 por ciento de materiales. Participan los bancos ICBC y Bank of China.
Los grupos que lograron los mayores puntajes están integrados por empresas argentinas, chinas y brasileñas. Se preadjudicaron los sistemas Norte y Sur al grupo integrado por la unión transitoria de empresas (UTE) de China Petroleum Pipeline Bureau y Electroingeniería. Por su parte, la unión entre China Communications Construction Company y la local Iecsa tendrá a su cargo los sistemas Este y Centro II, mientras que la brasileña Norberto Odebrecht realizará los restantes: Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sudeste (ruta 11).
La Provincia aún no tiene datos precisos sobre la cantidad de empleo directo e indirecto que producirán las obras. La visita presidencial a la provincia de Córdoba en el mes de enero confirmó el apoyo de la Casa Rosada al Gobierno provincial. La Nación aportará 2.900 millones de pesos para los gasoductos troncales (8.600 millones de presupuesto total) y los 70 millones de pesos mensuales (3.430 en total) que la Provincia dejará de pagar por la Central Térmica de Pilar.
Desde FUNDEPS, monitorearemos el avance de este proyecto, buscando asegurar que su ejecución respete la normativa de protección ambiental y participación ciudadana.
Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global gon.roza@fundeps.org
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/00_gasoductotroncalescordoba_22719-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2016-02-16 22:13:492024-08-15 17:42:25Se aprueba el proyecto de gasoductos con financiamiento chino
Discusiones sobre las implicancias del creciente rol de China en el financiamiento del desarrollo en Latinoamérica en general y de Argentina en particular.
De acuerdo a datos recientemente publicados por el Inter-American Dialogue, China sigue ampliando su rol como financiador de grandes proyectos en la región. Durante el 2015, el financiamiento chino a Latinoamérica fue mayor que el del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. El financiamiento chino sigue teniendo un fuerte foco en el sector extractivo y de infraestructura; desde 2005 China ha financiado proyectos de infraestructura por 40,3 mil millones de dólares y 70,2 mil millones en el sector energético.
En este contexto, Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, participó de la mesa de diálogo que se realizó a fines de enero en Washington DC organizado por el Inter-American Dialogue. En este encuentro, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil discutieron sobre las implicancias de esta creciente relevancia de China en la región en cuanto a los estándares sociales y ambientales de este financiamiento.
Desde FUNDEPS, se continuará monitoreando el perfil del financiamiento proveniente de fuentes chinas, los estándares socio-ambientales de estos proyectos y el respeto a la normativa de participación, acceso a la información y protección ambiental.
Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global gon.roza@fundeps.org
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2016/02/inversiones-chinas-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2016-02-16 22:10:482024-08-13 17:30:49El creciente rol de China en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica
Les presentamos un informe de investigación realizado junto a 11 organizaciones de la sociedad civil: «Glass Half Full?«. El informe documenta los obstáculos que deben superar las comunidades para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras cuando son afectados por proyectos de desarrollo.
«Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance» (¿El Vaso Medio Lleno? El Estado de Rendición de Cuentas en la Financiación del Desarrollo) es un informe que documenta los obstáculos que deben superar las comunidades y trabajadores para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales cuando son afectados por proyectos de desarrollo. Si bien la estructura y procedimientos de estos mecanismos varían, sus actividades principales consisten en reunir a los reclamantes y a la institución que apoyo financieramente el proyecto en cuestión, a los fines para resolver el conflicto. En ese contexto, se lleva a cabo una investigación para determinar si las políticas ambientales y sociales de las instituciones financieras internacionales han sido transgredidas.
Los mecanismos de rendición de cuentas son a menudo la única opción disponible para las comunidades, y en la actualidad la única vía para que los bancos de desarrollo rindan cuentas sobre al cumplimiento de la normativa ambiental y social. Desde el Panel de Inspección (el primer mecanismo de rendición de cuentas independiente del Banco Mundial, creado en 1994) se han registrado 758 denuncias presentadas a la empresa por 11 diferentes instituciones.
Este informe evalúa el grado en que los bancos de desarrollo y sus mecanismos de rendición de cuentas están preparados para manejar las quejas de las personas afectadas. El informe también contiene anexos que analizan en detalle los mecanismos de denuncia de las diferentes instituciones financieras y ofrecen recomendaciones sobre posibles vías de mejora.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/0_0-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2016-01-27 22:03:452024-08-10 21:42:33Nuevo informe de investigación: ¿El vaso medio lleno?
En el día de ayer FUNDEPS realizó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una presentación donde plantea objeciones al Dr. Carlos Rosenkrantz como candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del procedimiento establecido por el decreto 222/03.
Desde FUNDEPS creemos que más allá de su prestigiosa formación, algunas posturas doctrinarias del candidato Rosenkrantz, en caso de llegar a ser confirmado como juez de la Corte, serían gravemente regresivas respecto de la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos y de los estándares ya alcanzados en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales.
Una de las posturas del candidato Rosenkrantz sobre la que llamamos la atención, sostiene que los jueces no deberían remitirse en sus sentencias a los tratados internacionales de derechos humanos ni a los estándares desarrollados por organismos como la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otra postura regresiva sobre la que advertimos, es su opinión acerca de que los derechos económicos sociales y culturales no son exigibles judicialmente y que incluso no deberían estar protegidos por la Constitución.
Apoyamos asimismo las observaciones formuladas por otras organizaciones y colectivos que cuestionan tanto a Rosenkrantz como a Rosatti por haber aceptado pasivamente su designación como jueces en comisión por medio del cuestionado decreto 85/15, sin la necesaria participación del Senado. También apoyamos las objeciones formuladas a la postulación de ambos candidatos en razón de no favorecer la incorporación de juezas mujeres en el Alto Tribunal.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/526fafc88f32b_0-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2016-01-15 21:47:102016-01-15 21:47:10Objeciones sobre la candidatura del Dr. Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia
A partir de la utilización de los mecanismos establecidos por la ley 26522, y ante el decreto de intervención al AFSCA y AFTIC, desde FUNDEPS expresamos preocupación y resaltamos la importancia de los lineamientos de esta normativa.
Una decisión que afecta la autonomía y autarquía y desconoce procesos participativos para la designación y remoción de autoridades
Defendemos la autonomía y autarquía del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) establecidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y la Ley Argentina Digital 27.078. Asimismo, destacamos que esa normativa estableció procesos democráticos y participativos para la conformación y evaluación de sus autoridades cuya utilización se ha obviado.
Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 236/2015, el 23 de diciembre se intervino a la AFSCA y AFTIC, estableciéndose la disolución de su directorio y designando a dos interventores. El objetivo es evaluar internamente a dichos entes, para conocer si existen irregularidades y/o anomalías en su accionar y regularizar su situación. No puede pasarse por alto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Art. 14) y la Ley Argentina Digital (Art. 84), establecen procesos para la remoción de las autoridades de los órganos de aplicación de dichas normas, que garantizan la participación y representación de la ciudadanía y el derecho de defensa. En este sentido, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización son los encargados de tal función, y no el Poder Ejecutivo Nacional (a través de una intervención), que se ha arrogado tales facultades a través del DNU 13/2015.
Es necesario defender la participación y representación de la ciudadanía, considerada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, tanto para la designación como para la remoción de lxs funcionarixs de las autoridades de aplicación. Consideramos que son presupuestos fundamentales para un control democrático, para la garantía y continuidad de las políticas para la lucha contra la inequidad y la violencia.
Preocupaciones por posibles modificaciones sin las necesarias discusiones abiertas y participativas
Entre los motivos que justifican este decreto se menciona la falta de avances significativos, en “la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Se cita entre las razones a la “falta de adecuación de la normativa vigente del país a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores”. Asimismo, el decreto hace referencia a ciertas anomalías, así como la existencia de gran cantidad de expedientes paralizados en condiciones de ser resueltos y conflictos judiciales motivados por decisiones adoptadas por AFSCA y AFTIC, entre otros.
Además, es relevante hacer referencia a los dichos del Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El mismo expresó en conferencia de prensa que “la ley de medios no se iba a tocar por ahora”. En los días previos, también había afirmado frente a varios medios de comunicación que «la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno» (ver nota completa).
En este punto es preciso resaltar que la Ley 26.255 surgió a partir de un proceso democrático, por lo que esperamos que las reformas que pudieren corresponder se realicen por vía parlamentaria, respetando el origen plural y democrático de la misma. Incluso el avance en esta normativa fue reconocida a nivel internacional por el ex relator de las Organizaciones Unidas, Frank William La Rue, quien expresó: «La norma sentó las bases, no sólo para Argentina, sino también para el continente; es una ley que ha probado en la práctica ser lo correcto para democratizar el manejo de los medios y hacer avanzar la democracia«(ver nota completa).
El rol de la Ley 26.522 como marco legal e institucional a partir del trabajo de FUNDEPS
Desde FUNDEPS hemos trabajado arduamente, durante el último año, en el monitoreo de los órganos de aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos la AFSCA, con especial relación al ejercicios de las facultades otorgadas para el control de contenidos que importen discriminación o violencia mediática y simbólica de género.
Así, entre otras actividades vinculadas a este marco normativo e institucional, podemos destacar las siguientes:
En el marco de nuestro trabajo, afirmamos que AFSCA, junto con otros organismos como Defensoría del Público, el Observatorio de la Discriminación de Radio y TV, han implementado políticas tendientes a modificar los patrones socioculturales que estereotipan y denigran a la mujer, así como también los que discriminan a las personas por motivos de género u orientación sexual. Las políticas públicas de género y comunicación, si bien tienen muchos aspectos por mejorar, son valiosas en cuanto apuntan a una de las causas más profundas de la desigualdad y la violencia de género, que son los patrones socioculturales. Principalmente, desde la creación de Defensoría del Público, se ha llevado adelante una importante tarea pedagógica dirigida a productores de contenidos audiovisuales y publicidad, para educar sobre violencia mediática y simbólica, además de receptar reclamos y sugerencias de la ciudadanía y sensibilizar a la población acerca esta problemática. En este punto, el papel de AFSCA es fundamental, porque es el único organismo que en el conjunto de estas políticas que tiene facultad de sancionar en caso de que se incurriere en violencia mediática y/o simbólica.
Además de responder a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, estas políticas se han basado en legislación local, como la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que define los contenidos y modalidades de la violencia mediática y simbólica hacia las mujeres. Por otro lado, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 70 enuncia que: “la programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en (…) el sexo, la orientación sexual (…)”. A la vez en su artículo 71 dispone que los productores, distribuidores y emisores de contenidos, deben velar por el cumplimiento de varias leyes, entre ellos la antes mencionada Ley 26.485.
Por todo esto, creemos de gran relevancia que se continúe con las políticas públicas que hasta ahora se han mostrado efectivas, como las relativas a la violencia mediática y/o simbólica contra la mujer y de género.
La libertad de expresión como derecho colectivo y la intervención estatal para asegurar la pluralidad de voces
Las deficiencias del gobierno anterior en la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual son muchas. Entre ellas, se incluyen los énfasis en ciertos aspectos de la misma en desmedro de otras, el favorecimiento de medios cercanos al poder ejecutivo, el abandono del objetivo de desconcentración y alineamiento de una autoridad autónoma y autárquica al ejecutivo. Sin embargo, creemos que es positiva la opción de una mayor regulación en el ámbito de la comunicación que facilite una protección al aspecto colectivo del derecho a la libertad de expresión. En ese marco, esfuerzos enfocados en eliminar estereotipos que afectan la igualdad de género o de diversidades sexuales, no pueden realizarse adecuadamente si la única regulación es la del mercado.
Por todo esto, creemos fundamental rescatar la importancia de la intervención del estado para asegurar una pluralidad de voces en las discusiones públicas, algo que motivó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esperamos que las nuevas autoridades nacionales aseguren ese objetivo y lo hagan a través de la promoción de discusiones públicas abiertas y participativas.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/comunicacion-interna.7458_2-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2015-12-24 21:39:232024-08-08 02:31:13Intervención al AFSCA: necesidad de debates abiertos y participativos y búsqueda de pluralidad en discusiones públicas
Basados en información publicada por Global Forest Watch y atentos a las denuncias del Movimiento Campesino de Córdoba, desde FUNDEPS continuamos monitoreando políticas de protección de bosque nativo.
A raíz de las denuncias realizadas a principios de octubre por el Movimiento Campesino de Córdoba se registraron infracciones de particulares titulares de bosques nativos que desmontaron zonas no autorizadas, hechos que fueron constatadas por funcionarios de la Policía Ambiental de la provincia, quien ordenó el cese inmediato de dichas intervenciones ilegales.
Se sabe que en la localidad de Villa Quilino, Departamento Ischilín, fueron autorizadas para desmonte selectivo unas 5.648 hectáreas, y en Chancaní, Departamento de Pocho, aproximadamente unas 2.000 hectáreas de bosques nativos. Ambas zonas, tanto al oeste y noroeste de Córdoba, colindan y son parte del territorio donde están asentados históricamente los campesinos y descendientes de indígenas de la provincia, quienes no sólo viven allí, sino que además basan su desarrollo económico, social y cultural a partir del bosque.
Al mismo tiempo estas denuncias dejaron al descubierto que las propias autorizaciones para la intervención de los bosques nativos, otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, habrían sido emitidas de forma irregular en zonas de categoría de conservación I (roja), donde a nivel predial existen bosques nativos de alto valor de conservación. Entre las irregularidades, se destacan autorizaciones sin respetar los procedimientos administrativos previstos en las leyes de bosques nativos en materia de audiencia pública y de evaluación de impacto ambiental, y autorizando planes de intervención que habrían sido firmadas por profesional no habilitado.
La renuncia del ex Secretario de Ambiente Germán Pratto decretada el 29 de octubre habría tenido que ver con las irregularidades denunciadas. Conforme informa el periodista Andrés Díaz Romero, “una investigación de Sala de Prensa Ambiental descubrió autorizaciones para desmontar unas 20000 hectáreas de bosque nativo con la complicidad de autoridades de la Secretaría de Ambiente, quienes autorizaron desmontes ilegales a pedido de un abogado y empresarios del agro” (Fuente: Periodismo Ambiental). La mencionada investigación periodística habla de corrupción en el seno de la secretaría e indica que: “las autorizaciones para estos desmontes no cursaron el camino administrativo que establece la Ley N° 9814: Área de Asuntos Legales, de Suelos, de Bosque Nativo, de Fiscalización y Control, de Despacho y Directorio de la Secretaría de Ambiente. El visto bueno para estos desmontes esquivó áreas técnicas ya que fueron autorizados directamente por Germán Pratto, sin ningún análisis técnico”.
Este marco de incertidumbre de actuación por parte de la Secretaría de Ambiente ha venido a profundizar el desorden y falta de claridad de las políticas públicas y de la legislación en materia de protección y manejo de bosques nativos en la provincia de Córdoba. En su punto central, puede argumentarse que la vigente ley 9.814 no respeta los presupuestos mínimos de la Ley Nacional 26.331 respecto de los usos autorizados en algunas clases de bosques o de los estándares de participación en las decisiones públicas en este ámbito. Esta tensión le ha traído serias dificultades a la provincia para la implementación y aplicación de la normativa de bosques en Córdoba. Los decretos reglamentarios han generado un precario sistema de autorización de bosques, que en nada se condicen con los objetivos esgrimidos ni con la promoción de un ambiente saludable y equitativo.
Es importante destacar que estos desmontes no son hechos aislados, sino que ocurren en el contexto de un proceso de pérdida de bosque nativo a causa de desmontes, al que el territorio de la provincia de Córdoba viene siendo sometido durante los últimos años. Los niveles de pérdida de bosque son alarmantes: de acuerdo a datos de Global Forest Watch (GFW), desde 2001 hasta 2014 se han perdido 91.817 hectáreas de bosque en la provincia, de las cuales 4.781 corresponden al año pasado.
Preocupados por la política provincial que sigue favoreciendo intereses privados, la expansión del modelo agroindustrial, en desmedro de los derechos de incidencia colectiva y del ambiente, es que desde FUNDEPS hemos presentado el 23 de octubre ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos dos pedidos de informes sobre la efectiva aplicación de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos en Córdoba, y en especial requiriendo los expedientes y autorizaciones otorgadas recientemente sobre las áreas denunciadas. A la fecha no hemos tenido contestación, por lo que el reciente 4 de diciembre hemos interpuesto pronto despacho a la administración a los fines de que responda los mismos. En este contexto, el Foro Ambiental Córdoba realizó también una denuncia administrativa a los fines de que se investiguen dichas irregularidades, marcando como trascendente que los avisos de proyecto presentados para la intervención en el bosque nativo no estarían firmados por un profesional habilitado, matriculado en el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, según lo determina el Anexo II del Decreto Nº 170.
Desde FUNDEPS, continuamos usando herramientas legales de monitoreo de políticas públicas y de participación ciudadana para promover un adecuado nivel de protección del bosque nativo de la provincia y del país.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/12278851_977700208960399_1008722109872973085_n-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2015-12-14 21:35:262024-06-30 16:29:35Bosques: desmontes, irregularidades y falta de acceso a la información ambiental
En el marco de la consulta pública, realizada el pasado 8 de diciembre en la ciudad de México, más de 180 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe enviaron un posicionamiento frente al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, solicitando respuestas de los Directores Ejecutivos que representan a la región.
El pasado martes 8 de diciembre el Banco Mundial llevó adelante, en la ciudad de México, una consulta pública en relación al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social (MAS), en el marco de la revisión de las Políticas de Salvaguardas de la Institución. Este proceso, iniciado hace ya más de tres años, ha tenido una participación limitada de la ciudadanía y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), no ha sido ampliamente difundido y ha carecido de información oportuna para su revisión de manera previa a la consulta y de criterios claros que establezcan cómo los representantes del Banco responderán a las preocupaciones y propuestas que las OSC han realizado.
El nuevo borrador del MAS está siendo ampliamente criticado por diversos motivos. En particular, se destaca que el Banco no tiene un compromiso explícito respecto a respetar los derechos humanos, que se refleje en sus políticas. El MAS propuesto evita referencias a estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que es indispensable si se quiere lograr un desarrollo sustentable. Además, el Marco está permeado de un lenguaje ambiguo, es decir, no cuenta con procedimientos definidos, plazos claros y criterios y requisitos obligatorios.
Además, la propuesta del Banco deja abierto el cumplimiento de los estándares, es decir, no define claramente cuándo ni cómo se debe cumplir con lo establecido en el MAS. En el marco vigente, un requisito indispensable consiste en evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales de manera previa a la aprobación de un proyecto, así como publicar las evaluaciones antes de la fase de evaluación de proyectos de alto riesgo. El nuevo Marco, por el contrario, establece que las evaluaciones ambientales y sociales deben iniciarse “lo más temprano posible”, por lo que de entrada pone en riesgo los procesos de consulta, ya que éstos no pueden realizarse de manera efectiva sin que se cuente con la información completa y detallada acerca de un determinado proyecto.
Por esto, más de 180 organizaciones de la región de América Latina y el Caribe (ALC), entre ellas FUNDEPS, se han posicionado frente a este borrador, que va en contra de la misión principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida. Las organizaciones solicitan una respuesta por parte de los Directores Ejecutivos que representan a la región de ALC.
El MAS del Banco Mundial baja el estándar tanto para el propio Banco, como para toda la comunidad internacional. En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, este borrador estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas en el ámbito de desarrollo bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad.
Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global gon.roza@fundeps.org
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/captura6-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2015-12-11 21:25:532015-12-11 21:25:53Posicionamiento frente al nuevo Marco Ambiental y Social del BM
El 25 de noviembre, FUNDEPS junto a mas de cien representantes de organizaciones de la sociedad civil, militantes y activistas, debatimos sobre los puntos de una agenda integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
A partir de una mirada amplia y abarcadora de las distintas manifestaciones de la violencia que contempla la Ley 26.485 para la Protección Integral de las Mujeres, y considerando que estas violencias se expresan en el plano individual, social y estructural, consideramos que los siguientes son los puntos centrales que debe contener una agenda de trabajo para la construcción de un Plan Nacional Integral contra la violencia hacia las mujeres:
1. Es imperioso contar con mejores herramientas para un diagnóstico de la situación.
2. es necesario impulsar un proceso participativo para elaborar un Plan Integral
3. Un Plan Nacional debe seguir ciertos lineamientos para un abordaje integral
4. Diseño de políticas dirigidas a abordar las distintas manifestaciones de la violencia y su impacto en relación con discriminaciones múltiples
5. Garantizar la asignación y ejecución de presupuesto, así como el monitoreo y evaluación de las diversas políticas implementadas Nuestro trabajo y nuestro compromiso con la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, diversas, plurales, en distintas circunstancias personales, sociales, laborales y territoriales, nos comprometen con esta agenda colectiva.
Contacto:
Virginia Pedraza / Co- coordinadora del área de Derehos Humanos vir.pedraza@fundeps.org
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/plan-1.png330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2015-12-04 21:21:532015-12-04 21:21:53Hacia la construcción de una agenda de trabajo para un Plan Nacional Integral contra la violencia hacia las mujeres
En el marco del programa de fortalecimiento de organizaciones de mujeres defensoras de derechos ambientales financiado por la Unión Europea, invitados por la ONG Plurales, participamos del Encuentro de Mujeres Indígenas en la localidad de Irigoyen de la provincia de Santa, y de la Comisión de Mujeres organizada en Santa Clara, provincia de Jujuy.
Las comunidades indígenas guaraníes, con gran participación de las mujeres de estos pueblos, hace años que intentan detener los atropellos que sufren por parte de los grandes terratenientes y por nuevos adquirentes de las tierras en que viven y que históricamente les han pertenecido.
Comunidad Ava guaraní Estación El Tabacal. En el departamento de Orán, Salta, la comunidad “Ava guaraní Estación El Tabacal” viene resistiendo hace más de diez años los intentos de desposesión y expulsión de sus territorios por parte de Seaboard Corporation, transnacional que administra el Ingenio Azucarero San Martín del Tabacal, fundado a comienzos de siglo y hoy devenido una gran empresa agroindustrial(ver conflicto con El Tabacal). Dicho ingenio, a pesar de haber generado desarrollo económico y social para la zona, lo ha hecho históricamente sometiendo a condiciones indignas a sus trabajadores, y al mismo tiempo, ha venido pretendiendo por medios violentos de hecho y de acciones judiciales desplazar a las comunidades indígenas que ocupan las tierras lindantes al mismo denominadas “La Loma”. El tribunal de Orán tiene a su cargo la causa de interdicción posesoria desde el año 2004 y aún está pendiente la sentencia. Es importante destacar que hubo relevamientos antropológicos periciales que concluyeron en la pertenencia histórica de tales territorios a las comunidades guaraníes que actualmente viven allí.
Comunidad guaraní Tentague Jecobe Iyampibae. Unos 150 km más al sur, en la localidad de Santa Clara, Departamento de Santa Bárbara, Jujuy, el pueblo guaraní “Tentague Jecobe Iyampibae” se encuentra en similares condiciones de hostigamiento a sus derechos, ya que extranjeros franceses han comprado miles de hectáreas en las que habitan, y los tribunales penales de San Salvador de Jujuy los han condenado como “usurpadores” ordenando el desalojo de sus tierras a principios del año 2014(ver web de ENOTPO). Dicha sentencia fue apelada por la abogada Silvana Morel, defensora de los pueblos indígenas, por lo que se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Jujuy. En el recurso judicial fue presentado como un hecho nuevo la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que les reconoce la ocupación y la propiedad comunitaria de las 4270 hectáreas que ancestralmente han habitado, luego de los relevamientos realizados. Con estas nuevas evidencias reconocidas por el Estado Nacional, el máximo tribunal provincial no tendría más remedios que revocar la sentencia de desalojo y absolver a los condenados. Además los diferentes niveles de gobierno deberían reconocer la propiedad colectiva de las tierras a la comunidad a los fines de dar cumplimiento a las garantías constitucionales y convencionales referidas a pueblos originarios.
En recorrido por el norte argentino, el equipo legal de FUNDEPS estuvo intercambiando conocimientos y asesorando legalmente a las comunidades indígenas. También se coordinaron posibles redes de trabajo con los abogados y abogadas de las mismas y con la ONG Plurales, a los fines de poder colaborar con eventuales participaciones judiciales y con amplia difusión de las problemáticas de los territorios guaraníes del Norte argentino.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/12322963_977697998960620_613914110105744729_o-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2015-12-01 21:16:332024-06-30 16:29:35Fortaleciendo los derechos de las comunidades guaraníes del norte argentino
El día jueves 26 de noviembre del 2015, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (od 2139). La misma se dio en el marco de una cuestionada sesión de la Cámara, interrumpida por falta de quórum; en una deliberación en la que no participó la oposición y que culminó con cerca de noventa leyes sancionadas.
El proyecto de ley había sido presentado meses atrás por los diputados Carlotto, Ferreyra, Solanas, Rivas y Garrido; todos pertenecientes al Frente para La Victoria, con excepción de este último (UCR). Al igual que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (aún no ratificada por Argentina) , el proyecto define a la persona mayor como aquella que tiene 60 años o más. De acuerdo al texto aprobado, sus disposiciones serían de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República. Sus objetivos, consagrados en el artículo 2 son los de:
a) Promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores en el territorio de la República Argentina; b) Favorecer un envejecimiento activo e integrado en la sociedad; c) Prevenir, eliminar y sancionar cualquier forma de discriminación hacia las personas mayores; d) Establecer lineamientos de las políticas públicas y estándares jurídicos mínimos que deben garantizarse a las personas mayores en todos los órdenes estatales, así como en el sector privado, para el efectivo cumplimiento de esta ley, a través de la institución del Plan Nacional de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El enfoque adoptado por el proyecto, plasmado en los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad (art 4); se enmarca en la tendencia seguida por las declaraciones y convenciones internacionales en materia de vejez. El proyecto, además, incorpora como parte integrante de su texto a algunos instrumentos internacionales tales como: los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la resolución de la Asamblea General 46/91; La Proclamación sobre el Envejecimiento adoptada por la resolución de la Asamblea General A/RES/47; la Resolución 2.455 sobre derechos humanos y personas mayores, OEA. Asimismo, conceptos utilizados por el proyecto, como: consentimiento informado, cuidados paliativos, muerte digna, residencia de larga estadía, envejecimiento activo, también dan cuenta de la perspectiva adoptada por el proyecto.
Los derechos protegidos son entre otros: el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la participación en distintos ámbitos. Asimismo, se destacan el derecho a vivir en el lugar de residencia habitual y en el seno familiar y comunitario, el derecho a la intimidad en los actos de higiene personal y en situaciones de alojamiento institucional, los derechos y garantías en los casos de procesos de internación involuntaria, el derecho a vivir en entornos adaptables a sus necesidades y capacidades, así como las particularidades de los derechos de quienes residen permanente o transitoriamente en una residencia de larga estadía.
Como contrapartida pesa sobre el Estado el deber de velar por el cumplimiento de estos derechos, adoptando las medidas necesarias para garantizar su efectivo goce. En este sentido, el proyecto instituye el Plan Nacional de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este plan sería implementado, en el orden federal, por el Consejo Federal de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por otra parte, la autoridad nacional de aplicación sería la Subsecretaría Nacional de Personas Mayores. También se cuenta con mecanismos de monitoreo de los establecimientos de larga estadía de personas entre los que se destaca la creación del Defensor de los Derechos de las Personas Mayores.
El proyecto también hace recaer en las instituciones públicas y privadas el deber de respetar y hacer respetar los derechos de las personas mayores, adecuando sus prácticas, reglamentaciones e institucionalidad a los estándares consagrados. Quienes se desempeñen laboralmente en establecimientos de larga estadía tienen, además, el deber de denunciar cualquier irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas mayores o la limitación indebida de su autonomía.
En caso de producirse la vulneración de un derecho protegido, se consagra expresamente el acceso a vías administrativas y judiciales. Concretamente, el proyecto recepta una vía sencilla y rápida ante el juez competente para el amparo contra actos que violen u obstaculicen el ejercicio de estos intereses y derechos, sean de carácter individual o colectivo. Asimismo, recepta las acciones colectivas y la legitimación amplia, en concordancia con lo que establece el art 41 de la Constitución Nacional.
Desde FUNDEPS creemos que la adopción de una ley que entienda a la vejez desde la perspectiva que lo hace este proyecto, constituiría una herramienta fundamental en el avance por los derechos de las personas mayores y, en definitiva, un avance en la protección de los derechos humanos; siempre en el respeto a los procedimientos, normas e instituciones de nuestra Constitución.
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