,

Fundeps participa de un encuentro de tecnologías para detectar y prevenir la deforestación

El 16 y 18 de septiembre Fundeps participó del evento «Perimeter defense: innovative technologies for detecting and preventing illegal logging» organizado por World Resources Institute, que tenía por objetivo la interrelación e intercambio entre activistas y ONG’s dedicados a la problemática de los bosques.

Llevado a cabo en la Academia de Ciencias de California, en San Francisco, las jornadas estaban orientadas a conectar las experiencias de activistas y ONGs dedicados a la protección de bosques. El evento contó con la presencia de expertos en tecnologías y empresas dedicadas al desarrollo de las mismas.
Fuimos invitados como participantes en el marco de nuestro trabajo en el proyecto de “Advocacy for the decrease of deforestation in the «Gran Chaco Argentino» forest, with a special focus on Córdoba” apoyado por Global Forest Watch. Nuestro proyecto tiene como fin último incidir en la reducción de la deforestación en el bosque del Gran Chaco, con especial foco en Córdoba.
El primer día consistió en un conferencia de cuatro sesiones. La apertura fue llevada a cabo por un panel que trató el tema referido a las dificultades para prevenir, detectar y sancionar el desmonte ilegal. La charla incluyó temas como las barreras políticas, sociales, culturales y tecnológicas. Luego se avanzó sobre distintos tipos de tecnologías, y también sobre la detección de actividades que afectan al medio ambiente, incluyendo a la fauna, vía satelital, visual y sonora, entre otras.
Hacia el final del día, se analizó el caso de la Biosfera Maya de Guatemala, para discutir potenciales usos de las tecnologías explicadas previamente. Además, el último panel compartió experiencias positivas sobre uso de algunas tecnologías en la protección de bosques y especies en peligro.
La segunda jornada del encuentro consistió en un taller para construir propuestas para la acción en distintos temas. Entre los diferentes tópicos estaban la prevención del desmonte, cómo trabajar en la construcción de capacidades con comunidades indígenas, o en contextos con escasos recursos tecnológicos, la utilización de drones para el monitoreo de bosques y el procesamiento de los datos recopilados con medios tecnológicos.

 

Contacto:

Carolina Tamagnini / carotamagnini@fundeps.org

,

El show de la violencia

El programa “El Show del Caos”, que se emite por el Canal 12 de Córdoba, abordó –en una edición de fines de agosto- varios estereotipos nocivos desde un punto de vista de género: las mujeres como responsables de la crianza, su no injerencia en todos los ámbitos de la vida, una actitud manipuladora ,y el desprecio por las personas homosexuales. A continuación el análisis de la emisión, que contraría la Ley de Protección Integral de la Violencia y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Otra vez, en el marco de la presentación de candidatxs políticxs, la televisión es propulsora de actos de violencia mediática hacia la mujer y de discriminación hacia las personas homosexuales. Tenemos tan interiorizados algunos esquemas culturales, que dejamos que actos abusivos se trasformen en naturales. Esta vez ocurrió, en el programa Nº 102 del “Show del Caos”, que se emite por el Canal 12 de Córdoba, que tuvo como invitado especial a Tomás Méndez, candidato a intendente para la ciudad de Córdoba.

El primer tema abordado en el programa apenas presentado el invitado fue “¿Quién toma las decisiones en la casa?”. A partir de esta pregunta se sucedieron opiniones tanto del candidato como de las y los panelistas y el conductor, y chicanas del estilo “¿Te tiene cortito?”.

El estereotipo que se intentó poner en evidencia es el de la mujer controladora en el ámbito privado, un espacio en el que el varón no tendría opiniones para expresar, y así lo confirmaron tanto panelistas como invitado. Mientras el candidato confirmó que en su matrimonio el cuidado y la crianza de las hijas está totalmente delegado en su esposa –argumento que a ningunx de lxs presentes le pareció inadecuado o cuestionable-, uno de los panelistas afirmó que su propia estrategia era decirle siempre a su esposa “si querida” y la panelista mujer afirmó en tono seductor: “Hay maneras de que el hombre decida lo que una realmente quiere”, confirmando que las decisiones en su pareja no se toman en un ámbito de igualdad sino que hay que hacer creer a los varones que poseen el dominio de la situación para, en verdad, lograr los propios objetivos. Aquí el estereotipo puesto en juego fue de la mujer engatusadora o manipuladora (mujer-serpiente), que tampoco fue cuestionado por ningún presente, sino que, por el contrario, se le preguntó a ella cuáles eran esas estrategias evidenciando que una de ellas era la sexualidad.

Luego, el conductor le preguntó al candidato si le hacía favores a su esposa, como por ejemplo pasar por una farmacia a comprarle tampones de regreso al hogar. “Porque vos sos una persona pública…” argumentó el conductor, como si por serlo no pudiera trascender que su mujer menstrua. En este comentario se pone en juego otro estereotipo: el de la “suciedad” que rodea a la menstruación femenina, que debe ser siempre ocultada (recordemos que la sangre menstrual en las publicidades de toallas íntimas nunca es roja) de la mirada pública, y quedar en el ámbito de lo privado, como la mujer misma.

También hubo comentarios despectivos hacia las personas homosexuales. En un momento que el conductor le dijo a la panelista “¡Ay, por favor, contalo!” refiriéndose a un comentario sobre el que ella no quería explayarse, uno de los panelistas dijo “Paren, paren, te salió muy afeminado y después la gente por la calle me para y pregunta…” como si una supuesta opción homosexual del conductor fuera algo que le restara popularidad entre su audiencia.  Como respuesta a este comentario, el conductor expresó en tono grave, muy alto y con violencia: “Dale, contalo, hablá, hablá!” imitando supuestamente un tono masculino de expresión. Todo entre risas y burlas.

También uno de los panelistas fue categórico en relación a que “la mujer siempre quiere opinar, y hay cosas en las que no tiene que opinar”. Con el auto y el asado la mujer no se tiene que meter, fue uno de los argumentos. Todas estas formas de expresión y argumentos lejos están de promover la protección e igualdad de género previstas en nuestra normativa, y son en cambio reproducciones manifiestas de los estereotipos que tanto la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia, como la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, pretenden erradicar.

Luego, a lo largo de todo el programa se llevó a cabo un debate acerca de la posición del hombre y la mujer en diferentes ámbitos de la vida: en relación a lxs hijxs, las parejas, la vida sexual, las tareas del hogar, remarcando los “deberes de una buena mujer” en el medio de burlas y risotadas.

Como sociedad somos cómplices de la construcción de patrones culturales que se alejan de la igualdad de género y la protección de los derechos humanos. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad en la reproducción de estereotipos reproductores de violencia, y procuremos promover un trato igualitario que erradique las conductas agresivas hacia las personas en todos los ámbitos en las que se desempeñen.

 

Fuente

Monitoreo de medios de comunicación acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

 

Contacto

Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

Índice de democracia ambiental: nueva herramienta para el fortalecimiento de la democracia ambiental

Frente al problema de la carencia de destrezas para participar en decisiones que afectan el medio ambiente, en la actualidad se ha creado una herramienta de fuente creíble e independiente, para medir y mapear las brechas que existen en los derechos de acceso en materia ambiental. 

El Índice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) fue desarrollado por The Access Initiative (TAI) y el World Resources Institute (WRI), con el propósito de identificar el cumplimiento de los países en cuanto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en las decisiones ambientales; estos principios que son la base de la democracia ambiental, estan reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. EDI ha sido diseñado para abordar varias problemáticas ambientales, entre ellas: la contaminación del aire y el agua, la desforestación, los impactos de la industria extractiva y el manejo de áreas protegidas.  Además, se caracteriza por ser una plataforma única ya que evalúa y categoriza las leyes y las prácticas relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Contrasta los derechos frente estándares internacionales establecidos por Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y sus resultados aseguran datos relevantes, útiles y comparables, ya que serán actualizados cada dos años.

EDI está compuesto por 75 indicadores legales (letra de la ley, constitución, interpretaciones, leyes sobre participación pública y de acceso a la justicia, legislación ambiental y políticas ambientales), que miden la eficacia de las leyes y permiten comparar con los estándares de referencia el progreso legislativo en el nivel nacional. Adicionalmente, 24 indicadores de práctica (realidad, investigación “de escritorio”, implementación de leyes) que miden el desempeño y permiten observar la materialización de estas leyes. En una escala de cero a tres se calificó el desempeño de los gobiernos al dar seguimiento y registrar problemas que involucran los derechos referidos. En las evaluaciones se incluyen resúmenes de las áreas que presentan fortalezas y aquellas en las que es necesario realizar mejoras; así como información de contexto que ayudará a los usuarios a entender de mejor manera la situación económica y demográfica del país; comparaciones y clasificación de los países de acuerdo a sus avances en materia de democracia ambiental. Además permitirá la retroalimentación de los gobiernos promocionando un diálogo colaborativo, en donde el gobierno podrá responder y reaccionar a sus resultados.

Como resultado del análisis, se ubicaron en los primeros sitios: Lituania con un puntaje global de 2.42 y Latvia de 2.31, mientras que Namibia con 0.59, Malasia con 0.58 y Haití con 0.51, se colocaron en las últimas posiciones. Las opciones del ranking permiten modificar los criterios de comparación y facilitan encontrar países con normativas fuertes que pueden servir de modelos.

Argentina  ocupó la posición 25 dentro de los 70 países en los cuales se realizó el EDI, con un puntaje de 1,63 puntos de 3, los cuales se dividen: 1,25 en participación pública, 1,44 en acceso a la información y 2,19 a la justicia, lo que nos ubica por debajo de países latinoamericanos como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador, República Dominicana, México y Chile. No obstante, nos encontramos por encima de Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia y Paraguay. (Ver documento con resultados de Argentina)

Las conclusiones principales del índice son las siguientes: 

  • El nivel de desarrollo económico es importante pero no es el único factor. Varios países de bajos ingresos tienen buen puntaje. Algunos ejemplos de países de bajos ingresos que se encuentran en la primera mitad de la clasificación son: Indonesia (17), El Salvador (18), Camerún (22), India (24), Nicaragua (28), Ucrania (29), Mongolia (30) y Zimbabwe (33). 
  • Su función es medir el nivel de implementación de derechos procesales de acceso a la información en materia ambiental, de la participación pública y el acceso a la justicia en sus leyes nacionales. Un país puede tener un buen nivel de implementación de esos derechos, y sin embargo no cumplir con los derechos humanos. 
  • Es importante formar parte de un convenio vinculante sobre democracia ambiental, ya que cinco de los primeros 10 países firmaron el convenio Aarhus. 
  • La mayoría de los países (93%) han establecido el derecho de acceso a la información ambiental. Sin embargo, casi la mitad de estos países (45%) no cuentan con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información oportuno y accesible. 
  • Las leyes de participación pública están rezagadas: la mayoría de los países evaluados (79%) tienen clasificación regular o deficiente. 
  • – Sin embargo, en varios países siguen faltando garantías de acceso a información ambiental básica. Casi la mitad (46%) de los países evaluados no proporcionan información vía internet sobre la calidad del aire en las ciudades capitales. 
  • En la mayoría de los países evaluados (73%), las cortes reciben demandas sobre temas ambientales. Sin embargo muy pocos de los países evaluados brindan asistencia a grupos marginalizados. Por ejemplo, algunos de los países evaluados (14%) tienen mecanismos legales para agilizar el acceso a las justicia a las mujeres para obtener compensación cuando sus derechos ambientales han sido violados. 

Con el fin de impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por los derechos humanos, desde FUNDEPS, como parte de la red de trabajo de TAI, buscamos promover y fomentar aún más la aplicación de la democracia ambiental a través de la erradicación de las brechas de los derechos de acceso y el fortalecimiento de la implementación de los mismos.

Consideramos que el EDI será una herramienta útil tanto para los gobiernos como para las personas interesadas. A los gobiernos les permitirá  tener la posibilidad de comparar sus avances frente a estándares internacionales, mientras aprenden acerca de las leyes modelo y la práctica en todo el mundo; mientras que las personas interesadas podrán descargar información, realizar comparaciones y categorizar el desempeño de los países.

 

Más información

Argentina: resumen de resultados de EDI

Presentación institucional de EDI

 

Contacto

María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Justine Scemama – Área de Derechos Humanos

justine.scemama@fundeps.org

,

Pasantía en el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown

FUNDEPS, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta nueva convocatoria de pasantías.

Pasantía rentada en los meses de enero, febrero y marzo de 2016 en el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University

Instituciones convocantes:

  • O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center.
  • Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
  • FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.

Requisitos para la presentación:

  • Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
  • Haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.
  • Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.
  • Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.

Mecanismo de selección:

  • Plazo límite para la presentación de las candidaturas: 25 de septiembre de 2015.
  • Un Comité de Selección, coordinado por Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, elegirá una lista de entre cinco y siete personas pre-seleccionadas, quienes serán convocadas a una entrevista a desarrollarse en inglés el día 29 de septiembre de 2015 en la Facultad de Derecho de la UNC, en lugar a confirmar.
  • El 29 de Septiembre de 2015 el Comité de Selección de la UNC enviará un listado de entre tres y cinco personas al O’Neill Institute for National, cuyo equipo decidirá la persona seleccionada para realizar la pasantía.
  • La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en actividades de preparación vinculadas al derecho humano a la salud en FUNDEPS.

Documentación a presentar:

  • Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O’Neill.
  • Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas.
  • Versión electrónica y actualizada del análitico.

* Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidato”.

Criterios de selección:

  • Promedio.
  • Interés en área de derecho a la salud o derechos humanos.
  • Experiencia de investigación académica.
  • Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil.
  • Nivel de inglés.

Consultas: info@fundeps.org

Charla informativa: Martes 22 de septiembre de 2015, 18:00, Sala 3 dela Facultad de Derecho de la UNC

Más información sobre el Instituto O’Neill: http://www.law.georgetown.edu/oneillinstitute

,

Banco Mundial: peligroso retroceso en protecciones ambientales y sociales

El Banco Mundial publicó el segundo borrador de sus políticas de salvaguardas, el cual implica una clara dilución de las medidas de protección ambiental y social existentes actualmente. Esto ha generado que diversos grupos de la sociedad civil manifestaran su disconformidad con la nueva propuesta. Por su parte, el Director Ejecutivo José Alejandro Rojas Ramírez, realizó una declaración pública sobre el nuevo borrador recomendando la incorporación de los derechos humanos en el mismo.

El pasado 4 de agosto, el Banco Mundial hizo público el nuevo borrador de sus políticas de salvaguarda, que según manifestaron numerosas organizaciones involucradas, debilita significativamente las protecciones para las comunidades afectadas y el medio ambiente, al mismo tiempo que refleja la intención del banco de financiar más proyectos de alto riesgo. La nueva propuesta de Salvaguardias Ambientales y Sociales contradice enfáticamente el compromiso del Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, de asegurar que las nuevas reglas no debiliten o «diluyan» las medidas de protección ambiental y social obligatorias existentes; y al mismo tiempo pone en tela de juicio la medida en que el banco ha respondido a los diferentes insumos presentados por el público en general. Además, el nuevo marco propuesto no cubrirá inversiones sustanciales de la cartera del Banco Mundial, incluyendo el desembolso rápido de préstamos basados en políticas para sectores ambiental y socialmente sensibles. A pesar de las reiteradas peticiones de la sociedad civil, el banco también ha fallado en hacer público un presupuesto detallado para la ejecución de su plan propuesto.

En julio de 2014, el banco hizo público un primer borrador de salvaguardias que proponía una dilución masiva de las protecciones existentes para temas ambientales y sociales en las políticas del momento. Ante esto, Vicepresidentes del banco, académicos, expertos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y organizaciones comunitarias expresaron su fuerte oposición a dicho documento.

Ante esta publicación, representantes de diversos grupos independientes de derechos humanos y ambientales, manifestaron que el nuevo marco propuesto carece de requisitos claros y obligatorios, de incentivos, de estructuras de rendición de cuentas y de un presupuesto detallado. A su vez desmantela los requisitos de debida diligencia del banco, remueve tiempos obligatorios y requisitos de procedimiento que el prestatario debe cumplir, derrumbando en forma efectiva treinta años de protecciones ambientales y sociales para las comunidades afectadas. Además, sostuvieron que el banco propone sustituir sus propias salvaguardas obligatorias y mecanismos de rendición de cuentas con normas aspiracionales y un exceso de confianza en los sistemas nacionales de los prestatarios, sumado a que el nuevo borrador de política no requiere que las actividades apoyadas por el banco respeten los derechos humanos y no contravengan las obligaciones internacionales legales de los países prestatarios con relación a derechos humanos.

A pesar del compromiso ampliamente divulgado por el Banco Mundial de “reducir el calentamiento” y cerrar la brecha de u$s70 mil millones de financiamiento climático, la nueva propuesta no solo elimina las protecciones existentes para los bosques, la biodiversidad y los pueblos dependientes de los bosques, sino que también carece de un componente crucial de salvaguardas contra el cambio climático.

El segundo borrador incluye algunas mejoras con relación al borrador del 2014. Por ejemplo, un nuevo lenguaje en relación a protección laboral, a pueblos indígenas y al análisis diferencial de las necesidades particulares de determinados grupos en situación vulnerable; aclarando que las evaluaciones deben examinar los impactos diferenciados de proyectos en grupos específicos, en lugar de agrupar a diferentes grupos vulnerables o en desventaja en un solo conjunto. Sin embargo, el borrador no asegura en forma consistente, a lo largo de todos los estándares, que los impactos de los proyectos particulares en cada grupo vulnerable o en desventaja sean diferenciados para evitar daños a estos grupos; a la vez que deja al margen algunos grupos clave, incluyendo las personas discriminadas sobre la base de políticas o de diferente opinión e idioma.

Por su parte, José Alejandro Rojas Ramírez, Director Ejecutivo del banco por Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y España, realizó una declaración pública en relación al segundo borrador de las Salvaguardias presentado por el Banco Mundial. En dicha declaración, recomendó la incorporación de los Derechos Humanos en el borrador como un principio rector para las Salvaguardias Ambientales y Sociales, afirmando que de acuerdo al Convenio Constitutivo del Banco Mundial, es su mandato apoyar la implementación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, en materia de no discriminación, llamó a la incorporación de una lista de los grupos vulnerables que se pretenden proteger. Por otro lado, remarcó la necesidad de que se provea de mayor información acerca de los parámetros que considerará la autoridad del Banco Mundial a la hora de utilizar los marcos de protección nacionales, para lograr así brindar mayor seguridad a todas las partes involucradas en la operación. Al mismo tiempo, destacó el hecho de que deba ser realizado un reporte periódico al Directorio Ejecutivo, como así también que se deban realizar revisiones cada cinco años. Para concluir, manifestó “Nuestro desafío será, a partir de ahora, asegurar que cuando se implementen las nuevas salvaguardias, el Banco Mundial sea riguroso y garantice que los prestatarios cuenten con los medios necesarios para cumplir con ellas”.

Hacia las Reuniones Anuales 2015

En este contexto, el pasado 13 de agosto, Fundeps participó de un encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la iniciativa Road to Lima 2015. La misma pretende ser una iniciativa de diálogo y debate entre autoridades económicas, académicas, representantes de la sociedad civil y el sector privado, a fin de discutir temas de relevancia y actualidad respecto de la economía mundial, la estabilidad financiera y el desarrollo económico. Todos esto en preparación para las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI, que se desarrollarán en octubre de este mismo año en la ciudad de Lima (Perú), y en donde la actual Revisión de Salvaguardias constituirá un tema central de debate. Este evento fue organizado por el FMI y contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil que debatieron temas tales como el rol actual del FMI en la comunidad global, y en particular en relación a América Latina; cuestiones de inequidad y género, transparencia fiscal e industrias extractivas, y el rol de la sociedad civil en miras a las Reuniones Anuales del Banco Mundial-FMI.

Cabe destacar que Fundeps estará participando el próximo mes de octubre en estas reuniones donde estará involucrado, junto al Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), en la realización de diversos eventos, como un Evento Alternativo a las Reuniones Anuales organizado desde la sociedad civil; un taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas de IFIs y diversos paneles y eventos en materias diversas como la Revisión de Salvaguardas del Banco Mundial o las inversiones en Infraestructura.

Más información:

 – Press Release: Dangerous Rollback in Environmental and Social Protections World Bank’s New Framework Undermines President Kim’s Commitment to “No Dilution” – Bank Information Center, August 4th, 2015.

–  Segundo Borrador del Marco Social y Ambiental del Banco Mundial

–  Análisis preliminar del Nuevo Borrador del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (elaborado por Bank Information Center)

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

, ,

Fundeps participa de una consulta regional para fortalecer el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales

Fundeps, como organización miembro de la Iniciativa de Acceso (TAI), envió comentarios y sugerencias a un documento elaborado por la CEPAL, que es la base para mejorar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio.

La Iniciativa de Acceso (TAI) es la red mundial más grande de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que los ciudadanos tengan el derecho y capacidad de influir en las decisiones sobre los recursos naturales que sostienen a sus comunidades.

Como parte de la coalición global de organizaciones de la sociedad civil TAI, Fundeps envió comentarios y observaciones al Documento preliminar del Instrumento Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, elaborado por CEPAL. Este es el documento base de las negociaciones internacionales que se están llevando adelante para mejorar la cabal implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio, a través de la cual se consagran los derechos de acceso.

El equipo de trabajo de FUNDEPS, coordinó parte del trabajó sobre el documento y marcó la importancia de reformular el objetivo del acuerdo, proponiendo la siguiente redacción: “El objetivo último del presente acuerdo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y sostenible mediante la efectiva aplicación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Rio”. Entre otros aportes enviados a modo de sugerencia, cabe destacar que al texto propuesto se incorporaron conceptos como el de Justicia Ambiental,  principio de educación y congruencia, entre otras sugerencias que esperamos sean atendidas por los gobiernos partes.

Para mayor información: http://www.cepal.org/es/principio-10 

Para ver el documento preliminar del Acuerdo regional sobre el Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe con las sugerencias realizadas por Fundeps, hacé click acá.

 

Contacto:

Juan Carballo – Directo Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org.

Yamile Najle – Coordinadora del área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

,

La OEA aprobó la Convención que protege los derechos de las personas mayores

El pasado 15 de junio, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; con la firma de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. La Convención fue propuesta e impulsada por Argentina y quedó abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados miembros de la OEA. Para su entrada en vigor se requiere de la ratificación o adhesión de, por lo menos, dos estados.

 

El objeto de la Convención, consagrado en el artículo N° 1, es: «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad». A tales efectos, los estados partes se comprometen a adoptar las medidas tendientes a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Es importante destacar que la propia Convención define a la persona mayor como aquélla de 60 años o más.

Dentro de los derechos protegidos se encuentran: la igualdad y la no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y la autonomía, el derecho a la participación y la integración comunitaria; el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia, el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, a la libertad personal y a la libertad de expresión; el derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación, el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura y a la recreación, a la propiedad y a la vivienda.

A su vez, la Convención cuenta con un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos; cuyo fin es dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación. También recepta expresamente un Sistema de Peticiones Individuales.

Desde Fundeps creemos que la adopción de una Convención constituye una herramienta fundamental en el avance por los Derechos de las Personas Mayores y en definitiva, un avance en la protección de los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; ya que compromete a los gobiernos de los estados parte a adoptar un paquete de medidas que los respalden. La Organización Mundial de la Salud sostiene que: “entre el 2000 y el 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad se duplicará, ya que pasará de aproximadamente el 11% al 22%. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de 605 millones a 2000 millones en ese mismo periodo.” Pero el escenario está cambiando no sólo por el incremento en la expectativa de vida, sino también porque asistimos cada vez más a un proceso de “envejecimiento activo”, cada vez son más quienes se dedican a la cultura, las relaciones sociales, la actividad física, la salud, el estudio, los viajes, etc. Es decir, aumenta el número de personas mayores, pero también cambian sus necesidades. Esto acarrea grandes beneficios y a su vez presenta nuevos desafíos; es necesario que se promuevan políticas que recepten los nuevos intereses de este  sector de la sociedad, que se mejoren y amplíen los servicios destinados a ellos, siempre desde un enfoque de derechos humanos. Es necesario revalorizar la vejez, y adoptar las medidas que permitan vivirla plenamente.

 

Más información:

 

Contacto:

Agustina Mozzoni – Área de Derechos Humanos

agustinamozzoni@fundeps.org

,

El TSJ ratificó la constitucionalidad de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto

El pasado 11 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se expresó por la constitucionalidad de la Ley Nº 9526, que prohíbe la minería metalífera y de sustancias radiactivas en su modalidad a cielo abierto en todo el territorio de la provincia de Córdoba, y asimismo el uso de cianuro, mercurio y toda otra sustancia química contaminante y/o peligrosa en la actividad minera.

De este modo se rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad planteada por representantes de la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (Cemincor) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), en contra de la Provincia de Córdoba en el año 2009.

Es necesario recordar que esta ley fue sancionada de forma unánime por la Legislatura provincial el 24 de septiembre de 2008, como resultado de la conquista de la lucha de organizaciones sociales y ambientales de la provincia en resguardo de los derechos de incidencia colectiva, en defensa del ambiente y de nuestros bienes comunes. En aquel momento, se lograron juntar más de 80.000 firmas para que la ley tuviera fuerte apoyo de la ciudadanía.

El fallo del máximo tribunal sostuvo la amplia constitucionalidad de la ley cuestionada, en tanto Argentina constituye un Estado Federal plurilegislativo, en el cual los distintos niveles gubernamentales tienen su respectiva competencia para dictar sus leyes. Así, distinguió especialmente entre las facultades delegadas a la Nación en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional (Códigos de fondo, de Minería), y aquellas que mediante el art. 41 también fueron delegadas (Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales) por las provincias, pero siempre conservando inalterable el dominio, la jurisdicción y el poder de policía sobre sus recursos naturales (art. 124 CN).

El TSJ ratificó que la Ley 9526 fue dictada con plena competencia por la Provincia de Córdoba, atribución que fue reforzada por la reforma constitucional de 1994 y el nuevo paradigma jurídico ambiental, afirmando que “la misma Constitución reconoce a las provincias el carácter de titulares incuestionables de tal facultad en materia ambiental, la que es posible definir como conservada, progresiva, concertada y autonómica”. Asimismo sostuvo que en el caso en discusión no se planteaba una dicotomía desarrollo económico vs. ambiente, sino que se estaba restringiendo sólo un tipo de actividad minera, que resultaba a todas luces incompatible con los objetivos y bienes resguardados por la ley.

Los magistrados se manifestaron por la razonabilidad, la adecuación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el legislador como representante de la “voluntad popular”, en tanto la prohibición de la gran minería a cielo abierto resultó absolutamente necesaria y razonable a los efectos de evitar los graves riesgos y daños de una actividad altamente destructiva, contaminante y agresiva en términos ambientales, sociales y culturales.

La prevalencia de los principios de prevención, precaución y de equidad intergeneracional fueron la plataforma jurídica sobre la que se fundamentaron la ley y más tarde la resolución judicial, asociados a los derechos a un ambiente sano, al agua, a la salud, al trabajo, al turismo, a un desarrollo regional sostenible. El tribunal fue categórico como pocas veces: “De allí, la relación directa entre la protección del ambiente y el derecho a la vida”.

Por último, queremos destacar que el TSJ respaldó sus fundamentos para la decisión judicial no sólo en el derecho ambiental constitucional e infralegal, sino también en numerosos tratados de derechos humanos, convenciones internacionales, y en informes y experiencias de minería a cielo abierto a nivel local, nacional y global.

El sector minero ha interpuesto recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que deberemos seguir luchando para que se respeten adecuadamente los derechos colectivos y las garantías fundamentales de todos los habitantes de la provincia de Córdoba.

Más información:

 

Contacto:

Agustin Filippi – Área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org

 

,

Diputados apoyan el pedido de 27 organizaciones para que se difunda el Plan Nacional en contra de la violencia de género

Un grupo de diputadas y diputados nacionales presentó un proyecto de resolución apoyando el pedido de 27 organizaciones para que el Consejo Nacional de las Mujeres «informe sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley N° 26.485 , en el art 9”.

Ya pasaron más de dos meses de la multitudinaria movilización del 3 de junio que se realizó bajo la consigna “Ni una menos”, y del reiterado pedido de información al Consejo Nacional de las Mujeres por parte de las organizaciones sociales para que se de a conocer el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A pesar del tiempo transcurrido y de los reiterados reclamos, aún no se ha dado a conocer dicho Plan.

Un grupo de diputadas y diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para solicitar al Consejo Nacional de las Mujeres que “informe sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley N° 26.485 , en el art 9”. El proyecto se realizó en apoyo al reclamo iniciado por 27 organizaciones a partir de la multitudinaria movilización que se realizó el pasado 3 de junio bajo la consigna «Ni Una Menos», en contra de la violencia de género.

El proyecto lleva la firma de Carla Carrizo (Suma+), Virginia Linares (GEN-FAP), Felipe Sola (FR), Alicia Ciciliani y Gabriela Troiano (PS), Susana Toledo (UCR), y otros representantes del pueblo en la cámara baja.

Los fundamentos del proyecto de resolución recuerdan que la ley N° 26.485, en su artículo 9°, establece entre las funciones del Consejo Nacional de la Mujer «la elaboración, implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Asimismo, los y las diputadas firmantes consideran que “la existencia de dicho Plan permitiría avanzar en lo dispuesto por el inciso b) del mismo artículo. El cual dispone: Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”.

Las organizaciones que suscribieron la carta son: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Amnistía Internacional Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; FUNDEPS; Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); CLADEM Argentina; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF); Feministas en Acción; el Programa de Investigación y Abogacía Feminista de la Universidad de Palermo; la Fundación Siglo 21; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); FIFCJ; el Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI); la Asociación Civil El Ágora; Walk Free; la Colectiva Feminista La Revuelta; la Cátedra Libre de Géneros, Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Comahue; la Asociación Descosidas; el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional; el Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari y la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac).

 

Contacto: Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

,

El BID designa una nueva Directora para el MICI

Tras la reciente revisión de la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) oficializa la designación de su Directora, un puesto clave en el nuevo entramado institucional del mecanismo.

El pasado jueves 20 de agosto, el BID oficializó finalmente la designación como Directora MICI, para el periodo 2015 – 2020, a la mexicana Victoria Márquez-Mees, quien se ha desempeñado por más de cuatro años como secretaria ejecutiva y directora interina del mecanismo.

Este nombramiento responde a la reciente revisión de la política del MICI, que concluyó el 16 de diciembre del 2014 con la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo del BID de una nueva política. Entre las modificaciones aprobadas en esa revisión se incorporó una nueva estructura de gestión que requería la designación de un director. El Director del MICI es el responsable de supervisar la operación y personal del mecanismo y reporta al Directorio Ejecutivo del BID. Para resguardar su independencia, el nombramiento del Director es por un periodo de cinco años, con posibilidad de una renovación por un periodo equivalente; una vez finalizado su servicio en el MICI, no podrá recibir empleo en el BID en ninguna capacidad.

El siguiente paso en el proceso de conformación de la nueva estructura del Mecanismo, consiste en la designación de los Coordinadores de Fase y la selección de un Roster de Expertos Independientes. Justamente, el MICI ha lanzado recientemente una convocatoria abierta para la formación de este Roster de Expertos Independientes, el cual estará conformado por entre 7 y 10 profesionales con experiencia probada en sus áreas de especialidad que cumplan con los requisitos de elegibilidad del banco y los términos de referencia para las posiciones. Las personas interesadas pueden consultar los términos de referencia en la sección de empleos del banco.

Desde Fundeps saludamos la designación de Victoria Márquez-Mees como Directora del MICI y esperamos que esta elección permita fortalecer esta instancia de rendición de cuentas del BID.

 

Más información

 

Contacto

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

,

La problemática de los residuos sólidos urbanos en Córdoba

Fundeps elabora un documento de trabajo que trata sobre la problemática de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en nuestra ciudad. El objetivo es contribuir e incidir en las políticas públicas a nivel local que garanticen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado adoptado por estándares internacionales.

La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) comienza con el desarrollo de la sociedad moderna en la que vivimos, y tiene origen en causas de diferente naturaleza: desde el rápido crecimiento demográfico, la utilización de bienes materiales de rápido deterioro o no degradables, hasta causas más complejas que obedecen a una ineficiente gestión integral de residuos acompañada de fuertes intereses políticos y económicos.

Según datos estadísticos proporcionados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cada habitante genera casi un kilo de basura por día, que es depositada en uno de los 130 predios de disposición final o, en el peor de los casos, en los cientos de basurales a cielo abierto que se formaron en el país. La ciudad de Córdoba genera aproximadamente 1200 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y asimilables que, hasta el año 2010, eran depositados en el sur de la ciudad, en el predio de Bouwer, ubicado sobre la Ruta 36 y que actualmente, en forma provisoria, son dispuestos en el Relleno Sanitario de Piedras Blancas. Esta dinámica genera múltiples situaciones de degradación ambiental y vulneración del derecho a un ambiente sano y del derecho a la salud entre otros.

Esta problemática global y local ha sido tratada y regulada en diferentes instrumentos internacionales y nacionales con el fin de minimizar los efectos nocivos y adecuar las legislaciones con políticas públicas sustentables y acorde a las realidades concretas de cada país/provincia.

Desde FUNDEPS estamos trabajando en esta importante cuestión y hemos elaborado como primer documento de trabajo el siguiente informe “Primeras aproximaciones: Marco legal vigente y problemática actual de los residuos sólidos urbanos en Córdoba”, que esperamos sea una primer acercamiento a la problemática.

Queremos avanzar partiendo desde el estudio de la institucionalidad ambiental en materia de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), los fondos que se destinan para la GIRSU (partida presupuestaria), la situación actual de la licitación del servicio, los pasivos ambientales pendientes de remediación (predio Potrero del Estado, Bouwer), la situación actual y legal de los basurales a cielo abierto y la adecuación de las prácticas y manejo de RSU en Córdoba con los estándares internacionales y nacionales adoptados.

La finalidad de esta propuesta de trabajo consiste en contribuir e incidir en las políticas públicas a nivel local que garanticen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado adoptado por estándares internacionales.

 

Contacto:

Malena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

,

Fundeps es parte del nuevo Consejo Asesor de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Fundeps junto a más de  40 instituciones es parte de este nuevo consejo, cuyo objetivo es el asesoramiento respecto de los aspectos relativos al cambio climático que atentan contra el desarrollo sostenible.

El pasado martes 01 de Septiembre se constituyó el Consejo Asesor de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. FUNDEPS junto a más de  40 instituciones es parte de este nuevo consejo, que fue calificado como  “un gran desafío” por parte de las autoridades. Entre las instituciones participantes se encuentran diversos sectores del gobierno provincial y nacional, universidades, colegios profesionales y ONGs, entre otros.

El Consejo tiene como objetivo  asesorar  sobre todos los aspectos relativos al cambio climático que atentan contra el desarrollo sostenible. Trabajando sobre las políticas de mitigación y adaptación al mismo en la provincia de Córdoba.  A los fines de comenzar a trabajar, se han propuesto como Comisiones Ténicas las de Agricultura, Eficiencia Energética, Salud, Normativa e Institucionalidad, Comunicación y Educación, Adaptación, Medidas Estructurales y Compromisos de Mitigación de la Provincia. Estas serán integradas por los miembros y, a propuesta de los mismos, podrán sumarse nuevas áreas de trabajo.

La Resolución Ministerial Nº 045 es la que dio origen al Consejo. El listado de participantes a la primera reunión plenaria, se puede ver acá.

Para mayor información: http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios/secretaria-de-politicas-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico/

 

Contacto:

Yamile Najle / Coordinadora del Area de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

Manuel Faner

manuelfaner@fundeps.org.