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El BID aprobó la nueva política del MICI. Un Mecanismo más débil y menos confiable

Prácticamente sin tener en cuenta los comentarios y sugerencias de la sociedad civil, el BID aprobó la nueva política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Si bien incorpora algunos pocos aspectos positivos, implica un retroceso en el proceso de fortalecimiento del MICI iniciado en 2010.

El pasado 17 de diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó por consenso la nueva política del MICI, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación con el que cuenta el Banco y que tiene como objetivo responder a las inquietudes y quejas de individuos o comunidades afectadas por “algún daño sustancial, adverso y directo como consecuencia de un posible incumplimiento por parte del Banco de alguna de sus políticas operativas en una operación financiada por la Institución” [1] y, a través de ello, mejorar los resultados sociales y ambientales de sus operaciones.

De acuerdo a lo establecido por el propio Banco, el objetivo de la reciente revisión de la política del MICI, iniciada en agosto de 2013 y finalizada recién a fines del 2014, consistía en “asegurar que el Mecanismo esté organizado y cuente con el personal para satisfacer las necesidades actuales y futuras, y que tenga la estructura, política y procesos apropiados para funcionar de manera efectiva”.[2]

Sin embargo, la aprobación de la nueva Política no ha hecho más que confirmar la fuerte preocupación de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que veían en la revisión una clara y deliberada posibilidad de debilitamiento del Mecanismo, y un retroceso en el proceso de fortalecimiento del mismo, iniciado en 2010.

A su vez, a lo largo de todo el proceso de revisión que implementó el Banco se han podido apreciar una serie de irregularidades y falencias; en especial respecto a las consultas públicas y la incorporación de comentarios de la sociedad civil, que ponen en duda la legitimidad de todo el proceso.

El BID no solo ha hecho oídos sordos a los reclamos de un grupo de organizaciones por asegurar un proceso de consulta efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del Mecanismo, sino que, peor aún, pareciera que prácticamente no ha tenido en cuenta los comentarios y sugerencias realizados por la sociedad civil en relación al Borrador de la Política Revisada del MICI.

Un claro ejemplo de ello lo constituye el documento de Comentarios al Borrador de la Política Revisada que FUNDEPS, junto a un grupo de más de 20 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del mundo enviaron al Banco en Septiembre pasado, en el marco de la segunda fase de la consulta pública. De los más de 45 comentarios  sugiriendo mejoras para el Mecanismo realizados en dicho documento, solo han sido tenidos en cuenta 3 de ellos en la nueva Política, y solo parcialmente.

Además, resulta poco probable que se hayan tenido en cuenta las sugerencias del resto de los individuos y organizaciones de diversos países de la región y el mundo que enviaron sus comentarios en el marco de la consulta pública (un total de 43 documentos con comentarios escritos, de acuerdo al Banco) ya que el documento de la nueva Política es prácticamente igual al del Borrador proporcionado para la consulta, salvo por algunas escasas modificaciones. Si se analizan comparativamente ambos documentos se podrá apreciar que los textos son prácticamente idénticos, con escasas incorporaciones sustanciales; la gran mayoría de los cambios son sólo de redacción y los cambios de fondo no superan los 15 casos, muchos de los cuáles ni siquiera incorporan mejoras realmente sustanciales en aras de conformar un mecanismo más efectivo y eficiente.

A esto se suma el hecho de que muy pocas de las recomendaciones y sugerencias vertidas por la sociedad civil durante la primera fase de consultas públicas fueron efectivamente contempladas en el Borrador de la Política Revisada, tal como se puede apreciar de un análisis comparativo entre el documento Borrador y dichos comentarios, accesibles a través de la página web del Banco.

Frente a este escenario, cabe preguntarse cuál es la verdadera relevancia que el BID le da a las consultas públicas que lleva adelante: ¿El Banco realmente toma en cuenta los comentarios realizados por las numerosas organizaciones e individuos de la sociedad civil que invierten su tiempo, esfuerzo y recursos en aras de buscar mejorar el funcionamiento de la Institución?…¿o las mismas sólo constituyen un mero procedimiento que el Banco realiza únicamente como requisito necesario para legitimar sus acciones, sin tomar realmente en consideración lo planteado por la Sociedad Civil en dichos espacios?

Los cambios en la nueva política

La nueva Política propuesta por el Banco contempla una serie de importantes cambios en cuanto a la estructura y funcionamiento del Mecanismo, entre los que destacan:

Estructura: Se redefine la estructura del Mecanismo, lo que incluye:

  • A partir de ahora estará encabezado por un Director del MICI, quien reportará al Directorio Ejecutivo del Banco y será responsable de toda la oficina y el personal administrativo y operativo del MICI, incluyendo a los dos Coordinadores de Fase, que trabajarán bajo la supervisión del Director.
  • El Coordinador de la Fase de Consulta sustituye a la figura del Ombudsman de Proyectos.
  • El Panel de Verificación de la Observancia deja de ser permanente, y pasará a conformarse por el Coordinador de la Fase de Verificación de la Observancia (quien actuará como presidente del Panel) y dos expertos independientes contratados ad hoc para cada caso de una lista o Roster de expertos.
  • El Director del MICI será nombrado por el Directorio Ejecutivo mientras que los Coordinadores de Fase serán nombrados por el Director.
  • Se elimina la figura de Secretario Ejecutivo del MICI;

Funcionamiento: Se introducen diversas modificaciones, entre las que destacan:

  • Cambios en el Procesamiento de la Solicitud y los requisitos y contenidos requeridos.
  • Alcance: limita la cobertura a las operaciones financiadas por el Banco desde la aprobación por el Directorio (la política anterior cubría también las operaciones financiadas antes de su aprobación por el Directorio) y solo hasta los 24 meses (2 años) posteriores al último desembolso.
  • Se procura simplificar el proceso de Elegibilidad de las Solicitudes estableciendo una única elegibilidad conducida por el Director del MICI, en consulta con los Coordinadores de Fase.
  • Se elimina el requisito de secuencia para el caso en que el Solicitante desee ir directamente a la Fase de Verificación de la Observancia, pero se mantiene para el caso que se opte por ambas Fases.
  • Se establecen plazos para todas las etapas para reducir los tiempos de respuesta.

Vale destacar que la nueva política incorpora una serie de disposiciones que, si bien escasas, resultan positivas en relación a la anterior política, como por ejemplo:

  • Los cambios en la estructura del Mecanismo en procura de hacerlo más efectivo;
  • La unificación de los procesos de elegibilidad del proyecto en un único proceso conducido por el Director del MICI;
  • La posibilidad de realizar visitas sobre el terreno en el país donde se lleve a cabo el proyecto (durante la Fase de Elegibilidad);
  • La intención de hacer más estructurado y transparente el proceso de Registro de las Solicitudes;
  • La posibilidad de que los Solicitantes puedan optar ya sea por la Fase de Consulta, por la de Verificación de la Observancia, o por ambas, eliminando el requisito de secuencialidad cuando los Solicitantes quieran recurrir directamente a la Fase de  Verificación de la Observancia;
  • La conformación de un Roster de expertos de donde se seleccionarán los dos miembros ad hoc del Panel que acompañarán al Coordinador de la Fase de Verificación de la Observancia en cada caso particular.

De todas maneras, y más allá de estos escasos aspectos positivos, la nueva Política representa en términos generales, un fuerte debilitamiento del Mecanismo, sobre todo en materia de Accesibilidad e Independencia, aspectos cruciales para lograr un instrumento efectivo y eficiente. Así, la nueva Política del MICI establece disposiciones que ponen en jaque la  independencia del Mecanismo además de crear una gran cantidad de obstáculos innecesarios para acceder al mismo y hacer mucho más complicada la presentación de una Solicitud por parte de los afectados. (Para ver en detalle algunas de las principales críticas y sugerencias realizadas por un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del proceso de revisión del MICI, ver el siguiente Documento).

La nueva Política no solo significa un fuerte retroceso en el proceso de fortalecimiento del Mecanismo llevado a cabo a partir del reemplazo del antiguo e ineficiente MII (Mecanismo de Investigación Independiente) por el MICI; sino también en relación al resto de los mecanismos de rendición de cuentas existentes en otras Instituciones similares al BID. Mientras la mayoría de los mecanismos de dichas instituciones tienden a facilitar y promover el acceso a sus mecanismos; el BID está pretendiendo hacer lo opuesto estableciendo un mecanismo poco accesible, poco independiente y por tanto, muy poco confiable y efectivo.

De esta manera, el BID inicia el año 2015 dando un preocupante paso atrás en relación al MICI, un instrumento de gran relevancia para la protección del ambiente y los derechos humanos en los países donde el Banco actúa. Será responsabilidad de la sociedad civil procurar que, más allá del debilitamiento en la redición de cuentas del BID que plantea la nueva política, el Mecanismo funcione de la manera más efectiva y eficiente posible; y FUNDEPS seguirá trabajando en pos de ese objetivo.

Más Información:

– Página web del MICI

– Nueva Versión Aprobada del MICI – 17 de diciembre de 2014

– Borrador de la Política Revisada del MICI – Junio de 2014 (sometido a consulta pública en la segunda fase)

– Comentarios al Borrador de Política Revisada del MICI – Septiembre de 2014 (enviado al Banco por más de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la Segunda Fase de Consultas Públicas

– Resumen de los Principales Cambios Propuestos para la Segunda Fase

– Política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 2010 (antigua política).

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

[1] Ver sección del MICI en la página web del BID: http://www.iadb.org/es/mici/inicio,7736.html
[2] Documento “Revisión de la estructura y la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI): resumen de los cambios principales”. 30 de julio de 2014. BID. Pp. 1. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38964287
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Contribuciones para la elaboración del Convenio Regional para América Latina sobre Principios de Acceso en materia ambiental

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Iniciativa de Acceso (TAI) se suman al proceso de elaboración del instrumento regional a través de contribuciones al Documento Preliminar en relación al Derecho de Acceso a la Participación Pública.

Durante la Cuarta Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe celebrada del 4 a 6 de noviembre de 2014 en Santiago de Chile, se aprobó el documento denominado “Decisión de Santiago”, en el cual se solicitó a la CEPAL preparar un borrador preliminar del instrumento regional y se invitó a los países signatarios y no signatarios y al público a que envíen contribuciones para la elaboración del documento preliminar.

En forma conjunta FUNDEPS, CEMDA y TAI se comprometieron a participar en este proceso de construcción regional y en estos días han enviado un documento en donde se reflejan los aportes relacionados al derecho de acceso a la participación pública. El trabajo en conjunto se organiza en diferentes ejes, específicamente referidos al derecho a la participación: Lineamientos, Tipos de actividades, Mecanismos e instrumentos para la participación del público, Facilitación de la participación del público, Acceso a la información, Consideración de las observaciones del público y fundamentos de la decisión adoptada y Consideración especial a grupos específicos o vulnerables.

Para la elaboración de este documento se ha trabajado teniendo en cuenta los “Contenidos de San José” los cuales reflejan los parámetros mínimos que deberían tenerse en cuenta al momento de elaborarse el convenio: la apertura e inclusión en la participación, la autonomía para organizarse y participar, el respeto a la diversidad cultural, la corresponsabilidad entre el gobierno y el público, la institucionalidad para garantizar la efectiva y transparente ejercicio de este derecho, instancias y mecanismos de participación.

Estos aportes cuentan con un modelo de propuesta de redacción para el documento y además se citan ejemplos de legislaciones de la región de América Latina y el Caribe a fin de que la CEPAL y los Estados signatarios cuenten con ejemplos concretos relativos a cada uno de los contenidos aportados a la hora de la elaboración del instrumento regional.

FUNDEPS espera que estos aportes contribuyan para la elaboración del Convenio Regional para América Latina y el Caribe a los fines de afianzar los derechos de acceso en materia ambiental.

Más información:

– Contribuciones en participación publica al Convenio Regional sobre Principios de Acceso

Contacto:

info@fundeps.org

Monitoreo de la aplicación de normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de Género

FUNDEPS continúa con el compromiso asumido en lo que respecta a Violencia Mediática y Simbólica hacia las mujeres y/o de Género, junto con la Asociación Civil Comunicar para la Igualdad. En este marco, se hará un monitoreo de los órganos del estado encargados de aplicar normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las mujeres y/o de Género.

Durante el transcurso del año 2014, nuestro equipo consolidó una alianza de trabajo junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, a los fines de la realización de un proyecto conjunto que se centra en el monitoreo de la aplicación de las normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de Género. Nuestro principal objetivo es hacer un seguimiento de la implementación de las políticas públicas sobre comunicación y género desarrolladas en los últimos años en nuestro país, inéditas en el mundo.

Es imperiosa la realización de una valoración crítica de los últimos años transcurridos desde la implementación de las políticas señaladas, con el objetivo de generar herramientas para continuar avanzando en el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres y de las personas habitualmente sometidas a situaciones de desigualdad debidas a su identidad de género u opción sexual.

Las instituciones que trabajamos en este proyecto, hemos asumido el compromiso de seguir en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y/o de género y trabajar activamente desde sus espacios de acción en la generación de incidencia en políticas públicas que importen el desarrollo de una sociedad más equitativa e igualitaria.

Desde el trabajo realizado por ambas instituciones, y a partir de las necesidades que surgen de la problemática relacionada con la existencia y persistencia de contenidos de corte sexista que importan violencia simbólica y mediática en los medios de comunicación audiovisuales de Argentina, es que FUNDEPS y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad han generado este espacio de compromiso y colaboración a los fines de desarrollar herramientas útiles a la sociedad civil y la comunidad, que se traducirán en un informe sobre los Mecanismos implementados por los Órganos Estatales a los fines de aplicar las normas contra la Violencia Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de Género, que terminará de confeccionarse durante el transcurso de este año.

Más información:

– Asociación Civil Comunicar Igualdad

Contacto:  

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

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Relatores de la ONU instan al Banco Mundial a reconocer los Derechos Humanos en sus políticas

En el marco de las modificaciones propuestas a las salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial, un numeroso grupo de relatores de derechos humanos de la ONU realizó duras críticas a las mismas, solicitando a través de una carta dirigida al Presidente del Banco Mundial, que los derechos humanos sean debidamente considerados en las garantías exigidas por la institución financiera.

El pasado 16 de diciembre, 28 relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron de manera conjunta una carta al Presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim realizando severas críticas a las modificaciones propuestas por dicha institución. Estas modificaciones se encuentran en plena discusión y ha sido objeto del trabajo de FUNDEPS. De acuerdo a los relatores de derechos humanos las modificaciones propuestas “parecen moverse en la dirección opuesta al progreso” ya que reducirían las garantías de índole social y ambiental que esta entidad financiera requiere al momento de otorgar préstamos, especialmente en materia de derechos humanos. Según afirman, el documento “parece evitar cualquier referencia significativa a los derechos humanos”.

El relator sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip G. Alston, sostuvo que la principal razón de esta modificación parece ser un intento del Banco Mundial para competir con iniciativas de financiamiento alternativas (financiadas mayormente por China, Rusia e India) que no aplican estas salvaguardas mínimas. No obstante, Alston expresó que esta razón no es suficientemente válida como para reducir las garantías existentes, ya que el Banco Mundial por su carta fundacional se encuentra formalmente comprometido a la eliminación de la pobreza extrema y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en países en desarrollo, y la persecución de estos resultados no se conecta lógicamente con las modificaciones propuestas

Los redactores de la misiva plantean que la comunidad internacional ya ha aceptado que el desarrollo y los derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Es por eso que –coincidentemente con el derecho internacional – sostienen que el Banco Mundial debe considerar la relevancia de los derechos humanos en los objetivos de sus programas, como así también incorporarlos dentro de sus exigencias.

Por último, después de realizar una enumeración de fundadas críticas en un anexo a la carta enviada al Presidente de la institución, los redactores de la misma, recomiendan que el Banco Mundial debería financiar solo proyectos que satisfagan los requisitos establecidos, evitando apoyar aquellos que incumplan con las obligaciones sobre derechos humanos. En el proceso de análisis de cada proyecto deberían recurrir a información no sólo brindada por quien recibe el préstamo, sino que también sería el Banco quien debería realizar las investigaciones pertinentes, teniendo en consideración los grupos afectados o potencialmente afectados, como así también los grupos defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. En este contexto, remarcaron que muchos grupos vulnerables siguen sin protección en los proyectos del Banco Mundial, algo que fue objeto de protestas en las últimas reuniones anuales del Banco Mundial. De la misma manera, sostienen que las modificaciones propuestas deben utilizar un lenguaje más estricto que goce de claridad y precisión minimizando la discrecionalidad a la hora de otorgar financiamiento.

Desde FUNDEPS continuaremos participando en estas discusiones globales, intentando asegurar que el Banco Mundial establezca estándares respetuosos de derechos humanos en sus procesos operativos.

Más información:

– Carta de Relatores de Derechos Humanos al Presidente del Banco Mundial – Salvaguardas – INGLÉS

Contacto:

Gonzalo Roza, Coordinador de Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

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Financiamiento del Proyecto de gasoductos troncales de Córdoba bajo sospecha de estar vinculado a caso de corrupción

El reciente caso de corrupción en Petrobras que sacude a Brasil ha salpicado el proyecto de los gasoductos troncales para la provincia de Córdoba que cuenta con financiamiento, aún no desembolsado, del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Este caso representa un ejemplo más de la necesidad de transparentar el accionar de esta institución, sobre todo en sus operaciones fuera de Brasil.

A comienzos de 2008, durante la gestión del por entonces gobernador Juan Schiaretti, se decidió impulsar el Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba. En caso de concretarse, el mismo consiste en la construcción de 5 gasoductos troncales (Norte, Centro, Sur, Este y Ruta 2) con una extensión total de 1.667 kilómetros que atravesarán la provincia y llevarán gas natural a más de 80 localidades del interior provincial que actualmente carecen de acceso a dicho servicio. Para la realización del proyecto el gobierno provincial gestionó y obtuvo,  un financiamiento por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) de 257 millones de dólares.  En octubre de 2008 se llamó  a  licitación pública internacional de la obra, la cual fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE). La misma está conformada por la constructora brasilera Andrade Gutiérrez y las empresas argentinas BRITOS S.A y IECSA S.A.

A pesar de estos avances, se produjeron una serie de contratiempos de carácter político que responden a la mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional y que imposibilitaron la llegada del financiamiento. Así, el retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía nacional impidió, hasta el momento, la materialización del desembolso y  ha significado una vuelta a foja cero del proceso, corriendo el riesgo de vencer los plazos para su ejecución. El asunto se sigue agravando si tenemos en cuenta las malas relaciones reinantes entre las autoridades provinciales y miembros del gobierno nacional, que dificultan todo tipo de acercamiento para destrabar la situación imperante.

No obstante las pocas novedades que hubo en los últimos años respecto al avance del proyecto, el mismo ha tomado relevancia en las últimas semanas debido a su posible vinculación con casos de corrupción que tienen como protagonistas a empresas de Brasil. (Ver “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014). Más precisamente, con los casos de la petrolera brasileña Petrobras e importantes constructoras, todas acusadas de malversación de fondos, sobreprecios y sobornos, que ha sacudido al país vecino en el transcurso de los últimos meses.

En numerosos documentos secuestrados por la justicia brasilera, se han podido hallar diversas menciones acerca del financiamiento del BNDES para la realización de las obras en la Provincia de Córdoba y su contacto con la constructora Andrade Gutiérrez. Así mismo, esta última ha sido víctima de una demanda civil bajo la acusación de haber cobrado sobreprecios en contratos celebrados con la ya mencionada petrolera en los últimos años.

Si bien resulta discutible trazar una relación directa entre el financiamiento del programa de gasificación y las acusaciones de corrupción, lo cierto es que el accionar poco transparente del BNDES no contribuye a  clarificar la situación y a disipar dudas e inquietudes. Este representa un claro ejemplo de lo que hace tiempo FUNDEPS, junto a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, vienen resaltando respecto al accionar de esta institución:  sus bajos estándares de transparencia, rendición de cuentas y escasa difusión de información acerca de la manera en que opera tanto dentro como fuera de Brasil.

Más información:
– “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014
– “Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, FUNDEPS – Abril de 2014
– “Un año clave para la transparencia en el BNDES” , FUNDEPS – Enero de 2014

Contacto:
Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

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FUNDEPS presenta Amicus Curiae en causas relacionadas con tabaco en Argentina y Colombia

El área de derechos humanos presentó dos Amicus Curiae, figura que posibilita la participación ciudadana en casos judiciales, en discusiones de protección de la salud y control de tabaco. FUNDEPS busca promover marcos legales que protejan el derecho humano a la salud.

Argentina

En la causa “Fundación lnteramericana del Corazón-Argentina C/Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires s/ acción de amparo”, FUNDEPS se constituyó como amigo del tribunal en la apelación planteada ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Mediante una acción de amparo, FIC Argentina, ONG que trabaja en políticas públicas sobre enfermedades crónicas no transmisibles, exigió que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tome medidas dirigidas a cumplir de modo efectivo con lo dispuesto por la Ley de Control de Tabaco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En primera instancia, la jueza Lidia E. Lago rechazó el reclamo, alegando que el amparo sólo estaba previsto para aquellos casos en los que se violen derechos constitucionales de forma arbitraria o con ilegalidad manifiesta. Entiende la Jueza, que en este caso no se cumplía este requisito, por lo tanto no era pertinente la vía del amparo a pesar de que el incumplimiento de la normativa genera un daño directo en el derecho humano a la salud de la población de la ciudad de Buenos Aires.

FIC Argentina, ante el fallo adverso, apeló la resolución y FUNDEPS se presentó como amigo del tribunal apoyando los argumentos de la apelante. De esta forma, FUNDEPS alertó sobre el uso de los productos de tabaco y el foco de la industria en los jóvenes. También se hizo referencia al contenido y alcance del derecho a la salud, la faz colectiva del derecho a la salud, el funcionamiento de la prevención del daño dentro del sistema legal argentino y el rol del poder judicial en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

Este caso se encuentra al día de hoy pendiente de resolución. Desde FUNDEPS esperamos que la causa tenga un pronunciamiento favorable al amparo y se proteja el derecho a la salud, instando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a respetar los pactos de derechos humanos, la Constitución Nacional, el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el marco legal local.

Colombia

En Colombia se solicitó la nulidad de dos circulares de la Superintendencia de Comercio de Colombia que regula cómo se puede hacer la exhibición de productos de tabaco. El argumento principal es que la los artículos 14,15 y 16 de la ley 1335 de 2009 de Colombia prohíben de manera general la publicidad y la promoción de tabaco. La exhibición (regulada por las circulares) es una forma de esa promoción por lo que debería estar prohibida. Sumado a esta regulación interna, el 9 de julio de 2008 entró en vigencia el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, agregando la posibilidad de responsabilidad internacional de Colombia.

FUNDEPS presentó junto a FIC Argentina un amicus curiae a los fines de apoyar ese pedido de nulidad de las circulares de la Superintendencia de Comercio de Colombia destacando el uso de la exhibición de productos de tabaco en toda la región como una clara forma de marketing. También se incluyó dentro del análisis, referencias del impacto de esas técnicas en salud, en particular respecto del nivel de la iniciación del consumo en niños y adolescentes como en la obstaculización de la cesación en los fumadores adultos.

El documento realizó un estudio del marco normativo internacional que otorga los más altos estándares al derecho a la salud y en particular aquellos documentos que específicamente categorizan a la exhibición de productos como una forma de publicidad. Del mismo modo, se presentaron y respondieron los argumentos frecuentemente utilizados por la industria del tabaco con el objetivo de oponerse a aquellas medidas tendientes a restringir esas técnicas de mercadeo y que buscan garantizar una mejor protección del derecho a la salud. Finalmente, se adjuntaron evidencias científicas respecto de los impactos positivos de este tipo de políticas.

Desde FUNDEPS celebramos los esfuerzos colaborativos de organizaciones de la sociedad civil, que buscan asegurar una adecuada protección de la salud, en particular frente a la epidemia de tabaquismo. En esta línea, confiamos en que las circulares sean declaradas nulas por el Consejo de Estado y que sirva como un antecedente para que la región avance en marcos legales que protejan adecuadamente el derecho humano a la salud.

Más información:

– Amicus Curiae presentado en Argentina

– Amicus Curiae presentado en Colombia

Contacto:

Juan Miguel Litvachkes
juanlitvachkes@fundeps.org

Gianella Severini
gianeseverini@fundeps.org

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FUNDEPS participó del 1º Encuentro Latinoamericano por el Derecho a las Inmunizaciones

En el marco de la celebración del 25º Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, FUNDEPS como representante de Argentina, fue invitada al 1º Encuentro Latinoamericano por el Derecho a las Inmunizaciones que se realizó en Lima, Perú, los días 20 y 21 de noviembre de 2014.

El encuentro, que fue convocado por Americas Health Foundation junto con la Asociación Civil Voces Ciudadanas, contó con la participación de numerosos representantes de organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes y redes de organizaciones de la sociedad civil, además de la presencia de autoridades gubernamentales referentes del área de salud de algunos países de la región.

El eje central de las jornadas fue el debate acerca de cómo promover el derecho a las inmunizaciones entendiéndolo como un derecho humano y un bien público. Las vacunaciones se resignificaron como un derecho exigible a todos los Estados, mediante sus calendarios anuales completos, gratuitos y obligatorios, y no sólo como un servicio médico. Educación, información, prevención, concientización, participación, capacitación, coordinación, articulación, inversión, supervisión y fiscalización son conceptualizaciones prácticas que fueron reinterpretándose permanentemente y se reconocieron fundamentales a la hora de ejecutar y controlar las políticas sanitarias y en especial las vacunaciones.

El encuentro concluyó con la “Declaración de Lima Por el Derecho a las Inmunizaciones”, documento que puso en consideración todo lo expuesto por los diversos actores que intervinieron, y estableció lineamientos consensuados que deberían ser tenidas en cuenta por todos los Estados Americanos, para que se garantice la universalidad de las vacunaciones a todos los niños, niñas y adolescentes, atendiendo prioritariamente las desigualdades, inequidades y discriminaciones existentes en los diferentes países.

Como parte del trabajo general sobre derecho humano a la salud, desde FUNDEPS se continuará dando seguimiento al derecho a las inmunizaciones como parte del contenido de ese derecho humano.

Contacto:

Agustín Filippi
agustinfilippi@fundeps.org

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Financiamiento para infraestructura en Latinoamérica – COP20, Lima

En el marco de las actividades por la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima, se discutirá cómo las finanzas internacionales y las salvaguardas socioambientales en los proyectos de infraestructura en América Latina impactan en la selva amazónica.

Este evento es coorganizado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación (Mexico), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS (Argentina), Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú) constituidos en el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

La discusión se inscribe en el marco de la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima.  Los ponentes abordarán el estado actual de la financiación de infraestructura en América Latina proveniente de bancos tradicionales como el Banco Mundial / Corporación Financiera Internacional y el flamante banco de los países BRICS. Se ha realizado un análisis comparativo de cuatro proyectos con financiamiento externo en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, evaluando los impactos en el bosque amazónico y los instrumentos (salvaguardas) para la gestión de los riesgos sociales y ambientales.

Como caso especial se tratará acerca del ejemplo negativo de Brasil y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES, por sus siglas en portugués). El BNDES, que también financia proyectos fuera de Brasil, ha sido acusado de falta de transparencia, de normas sociales y ambientales claramente definidas, y de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.

Se teme que el recientemente creado banco de los países BRICS tampoco ponga énfasis suficiente en normas que protejan el medio ambiente y la sociedad en su proceso de aplicación. Esta realidad está afectando las políticas de los bancos tradicionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los países que buscan atraer más inversión también reaccionarán a los cambios en el financiamiento internacional disponible. Grandes proyectos de infraestructura que hacen caso omiso de las preocupaciones ambientales, como son los casos de CVIS (Perú), Pasto Mocoa (Colombia), Coca Codo Sinclair (Ecuador) y el TIPNIS (Bolivia), son prueba de ello.

Un panel de expertos sobre cambio climático, megaproyectos y gobernanza (transparencia, participación, gestión del riesgo) discutirán las principales ideas y los avances del análisis mencionado anteriormente. La sesión también dará al público la posibilidad de participar en el debate.

Preguntas clave:
1.      ¿Cómo pueden los bancos aplicar salvaguardas al financiamiento de proyectos en América Latina para prevenir conflictos sociales y desastres medioambientales?
2.      ¿Cuál es el papel de los nuevos bancos nacionales y regionales en la financiación de la infraestructura regional?
3.      ¿Cómo el debilitamiento de los estándares de financiamiento en la región afecta a los sistemas de los países? ¿Cómo pueden estos reaccionar frente a los nuevos desafíos?

 Más información:

– Detalles de logística del evento

– Panorama del financiamiento para infraestructura en Latinoamérica

– Lineamiento para la discusión. Implementación de una Política de Acceso a la Información Pública en el BNDES

– Casos paradigmáticos de inversión del BNDES en Sudamérica. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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FUNDEPS participó de la presentación del número especial en salud de la Revista En Letra

La presentación de este número especial dedicado al derecho a la salud, apoyada por FUNDEPS, se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El pasado martes, Juan Miguel Litvachkes, integrante del área de Derechos Humanos de Fundeps estuvo participando de la presentación del número especial en salud de la Revista En Letra, que se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En este número especial, integrantes del equipo de FUNDEPS aportaron dos artículos: Carolina Tamagnini (integrante del área de derechos humanos) y Virginia Pedraza (coordinadora del área de derechos humanos) escribieron “Consideraciones sobre la Iniciativa por una Convención Marco de Salud Global” y “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva desde un Enfoque de Derechos Humanos” respectivamente (éste último en coautoría con Ignacio Pedraza). Asimismo, Juan Miguel Litvachkes se desempeñó como coordinador general del número y realizó dos entrevistas: a Oscar Cabrera, director ejecutivo del O’Neill Institute for National and Global Health y; a Veronica Schoj, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón.

En el evento de presentación, Juan Miguel Litvachkes de FUNDEPS compartió panel con Alejandro Ezequiel Coto, director de la Revista En Letra; Jonathan Brodsky, subdirector de la Revista En Letra, Luciana Scotti, profesora de la Universidad de Buenos Aires y Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Derecho a la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La naciente Revista En Letra EN LETRA es un foro editorial dedicado al derecho y construido en torno a los principios de independencia, pluralidad, espíritu crítico y exigencia académica. La misma tiene el objetivo de estimular la producción intelectual de los operadores jurídicos de las futuras generaciones para contribuir en el desarrollo de una cultura democrática basada en el debate público informado.

FUNDEPS se sumó al número especial en salud trabajando con los coordinadores del proyecto. Además se brindó el espacio para que el staff de FUNDEPS pudiera aportar parte de su experiencia en temas relacionados con el derecho de la salud. En “Consideraciones sobre la iniciativa por una Convención Marco de Salud Global”, de Carolina Tamagnini, se puntualizan temas de la agenda de sectores académicos y de la sociedad civil, especializados en el Derecho de la Salud, y a partir de ello se analizan las potencialidades y limitaciones de este instrumento. Virginia e Ignacio Pedraza acercan al estudio del derecho a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de Derechos Humanos, examinando las interrelaciones y jerarquías de los derechos en juego, desde una óptica vinculada a las políticas públicas. FUNDEPS invita a descargar el número de Derecho de la Salud (hacer click aquí) y a reflexionar sobre el derecho de la salud en Argentina y Latinoamérica que en palabras de la Dra. Aizenberg es un camino en permanente construcción, de un nuevo paradigma al servicio de un ideal: consolidar un mejor derecho, una mejor justicia para una sociedad más justa.

Más información:

• Revista En Letra

• Edición Derecho de la Salud

Contacto:

Juan Miguel Litvachkes
juanlitvachkes@fundeps.org

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El rol de las instituciones financieras internacionales en la Gestión de los Recursos Forestales Sostenibles en Argentina

Nuestro país recibe y ha recibido en los últimos años diversos fondos por parte de instituciones financieras internacionales a los fines de gestionar los recursos forestales existentes en nuestro territorio. ¿Cómo se planean, ejecutan y deciden?

En este contexto, no es ocioso que la sociedad civil se pregunte cuáles son los principios y normas rectoras que se toman como punto de partida para aplicar estos fondos y si estos realmente se cumplen en la ejecución. Por ello desde FUNDEPS hemos decidido llevar a cabo un monitoreo de la gestión de dos fondos que ha recibido nuestro país y que se ajustan a estas caracterisitcas: el “AR Sustainable Natura l Resources Management”, otorgado por el Banco Mundial, y el “AR – L 1067: Forest Sustainability and Competitiveness Program” otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos serán de aplicación en numerosas provincias argentinas y afectarán a gran parte del país, pero con una finalidad en común: beneficiar a la producción forestal con una mirada sustentable.

El manejo de nuestros recursos forestales ha sido históricamente marcado por el avance desmedido de la frontera agrícola, el desmonte constante de los bosques nativos, la violación de los derechos de las comunidades originarias y campesinas y la inexistencia de procesos transparentes y participativos de toma de decisión. Es por ello queenviamos numerosos pedidos solicitando información vinculada con estos dos proyectos y nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se encargan de llevar a cabo la ejecución de estos fondos.

Si bien será en nuestro informe final donde se encontrarán todas las conclusiones pertinentes, nos encontramos en la necesidad de adelantar que, tras haber vencido el plazo de ley para responder a los pedidos de información enviados a las provincias, sólo unos pocos han sido respondidos. De las respuestas que hemos recibido, en su mayoría no otorgan información relevante sobre la aplicación de los proyectos. Es sumamente complejo acceder a la información necesaria para poder evaluar los lugares en dónde se ejecutan los proyectos forestales y la desarticulación entre los organismos estatales es abrumadora.

Si bien hallamos mucha información sobre las normas que se aplican, los parámetros de evaluación y rendición de cuentas, los criterios técnicos y sobre los objetivos de los fondos, consideramos que su lectura es compleja, la información sobreabundante, lo que en la práctica la hace inaccesible y, en algunos casos, en otro idioma.

Más información:

– Informacion_sistematizada_-_Proyectos_gestion_de_bosques – Banco Mundial – BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2): ¿un paso importante para la erradicación de la malnutrición en el mundo?

La semana pasada, los Ministros de Salud de todas las regiones del mundo participan de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición en Roma, convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), conferencia que tiene como objetivo abordar la malnutrición en todas sus formas.

La alimentación inadecuada (junto con el consumo de tabaco y la actividad física insuficiente) es una de las principales causas de las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT). Estas enfermedades (entre las que se incluyen las enfermedades cardio y cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer y la enfermedad respiratoria, entre otras) constituyen la causa de muerte de 35 millones de personas cada año a nivel global, el 80% de las cuales se producen en países de bajos y medianos ingresos.

Ante ese contexto, durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, más de 170 países asumieron una serie de compromisos concretos y adoptaron la Declaración de Roma sobre la Nutrición junto con un Marco de acción, que establece recomendaciones sobre políticas y programas para abordar la nutrición a través de múltiples sectores.

  • La Declaración consagra el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos inocuos, suficientes y nutritivos, y compromete a los gobiernos a prevenir la malnutrición en todas sus formas, incluyendo el hambre, las carencias de micronutrientes y la obesidad.
  • El Marco de Acción reconoce que los gobiernos tienen el papel y la responsabilidad principal de abordar los problemas y desafíos de la nutrición, en diálogo con una amplia gama de partes interesadas, incluyendo la sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas. Se establecen 60 acciones recomendadas que los gobiernos pueden incorporar en sus planes nacionales de nutrición, salud, agricultura, educación, desarrollo e inversión, y a tener en cuenta cuando se negocien acuerdos internacionales para lograr una mejor nutrición para todos.

La Declaración de Roma y el Plan de Acción «son el punto de partida de nuestros renovados esfuerzos para mejorar la nutrición para todos, no son la línea de meta. Nuestra responsabilidad es la de transformar el compromiso en resultados concretos», advirtió el Director General de la FAO, José Graziano da Silva.

En el marco de la conferencia una carta abierta pidiendo un tratado vinculante que haga frente a la mala alimentación ha sido enviada a los máximos dirigentes de la OMS y la FAO, escrita en conjunto por Consumers International, World Obesity Federation, el Foro de Salud del Reino Unido y organizaciones de consumidores de Fiji y México, con el apoyo de más de 300 individuos y organizaciones.

La carta urge a una mayor acción para proteger y promover las dietas sanas usando un mecanismo similar al de la Convención Marco para el Control del Tabaco, que ya ha demostrado su eficacia en la reducción del consumo de tabaco. La carta está dirigida a la Directora General de la OMS Margaret Chan, y al Director General de la FAO, José Graziano da Silva, antes de la Conferencia Internacional sobre Nutrición.

La carta afirma que «la gobernabilidad de la producción y distribución de alimentos no puede dejarse en manos de intereses económicos por sí solos», e insta a los gobiernos a tomar medidas regulatorias para:

  • reducir la exposición de niños y niñas al marketing,
  • imponer límites a la grasa saturada, azúcares añadidos y contenido de sodio a la comida,
  • poner en marcha medidas fiscales que desalienten el consumo de alimentos poco saludables, y
  • para exigir que todas las políticas comerciales y de inversión se evalúen por sus posibles impactos en la salud.

Desde FUNDEPS creemos que la Declaración y el Marco de Acción representan una buena señal al constituir recomendaciones importantes sobre las políticas para promover una alimentación saludable. Creemos que estas políticas deben desarrollarse desde una perspectiva de derechos humanos que permita vivir vidas más saludables a todas las personas. Así, los Estados deberán cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos a la salud y a la alimentación de terceras personas, como la industria, que pueden afectarlos. En ese sentido, la opción de un tratado vinculante sobre esta temática podría facilitar el desarrollo de estándares de regulación y desde FUNDEPS estudiaremos esta posibilidad, esperando aportar a la eliminación de la malnutrición.

Información:

– Declaración de Roma

– Marco de Acción – Conferencia de Roma

– Carta de organizaciones de la sociedad civil reclamando un tratado vinculante para promover la alimentación saludable

Contacto:

info@fundeps.org

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Dia Internacional de la NO Violencia Contra la Mujer

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida.

El 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia Contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, en homenaje a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo, en Santo Domingo, en el año 1960.
Este día señala tradicionalmente el inicio de 16 días de Activismo contra la violencia hacia las Mujeres, que concluye el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos).

Una de cada tres mujeres y niñas experimenta violencia a lo largo de su vida, por eso las organizaciones de la sociedad civil insistimos en la necesidad de un compromiso real y constante por parte de los Estados, para lograr un cambio y combatir esta epidemia desde lo político y lo social, generando acciones concretas y promoviendo el compromiso ciudadano en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Seguimos reconociendo que en las últimas décadas hemos logrado avanzar como sociedad en el reconocimiento de derechos y en la facilitación de medios para denunciar y sancionar los actos de violencia, promover educación en igualdad, y crear espacios de participación en el desarrollo de políticas. Sin embrago, nos encontramos lejos del objetivo y necesitamos seguir hacia adelante.

La protección de los derechos humanos de las mujeres goza de jerarquía constitucional a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y en especial la problemática de la violencia contra las mujeres se encuentra tratada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer «Convencion de Belem Do Para», esta última ratificada por nuestro país. En nuestro orden interno, la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres es el marco regulatorio que establece los tipos y modalidades del ejercicio de la violencia, como lo son la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática, entre otras.

En este día hay que reasumir el compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y continuar trabajando todos los días del año, reclamando, promoviendo, educando y denunciando estos hechos que se constituyen como una de las mayores violaciones de derechos humanos de nuestros tiempos.