El presente reporte busca identificar dificultades y lecciones aprendidas a partir de la experiencia práctica accediendo a información sobre proyectos de infraestructura y energía con financiamiento chino en Argentina.
El presente informe expone los diversos argumentos legales sostenidos por la industria de alimentos y bebidas analcohólicas, así como por la industria de la publicidad, en contra de la sanción del proyecto de ley Promoción de la Alimentación Saludable; para luego refutarlos en base a argumentos jurídicos y evidencia científica libre de conflictos de interés.
El presente informe da cuenta de cómo se crean, ejecutan y controlan los presupuestos públicos en las provincias de Córdoba, Tucumán, Mendoza y Salta, así como de la disponibilidad de información alrededor de los mismos y de la existencia o no de mecanismos de participación. Fue realizado en conjunto con las organizaciones Andhes, Nuestra Mendoza y Salta Transparente.
Este recursero tiene como fin dar a conocer el contenido, los derechos que garantiza y las obligaciones del Estado que rigen en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – llamado Acuerdo de Escazú. Además, incorpora en sus anexos herramientas y modelos para ejercer estos derechos ante las autoridades.
Junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba, presentamos un informe que releva las experiencias autogestivas de la ciudad de Córdoba y Valle de Punilla cercanas a la Economía Feminista, Economía Ecológica, Economía Popular y Economía Social y Solidaria.
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto mundial sin precedentes en la era moderna. Muchos países se encuentran en emergencia sanitaria, económica y social debido a las consecuencias negativas que acarrea la lucha contra el nuevo coronavirus.
Sin dudas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para la Agenda 2030 de Naciones Unidas se verán afectados. En este trabajo analizamos algunos de los impactos positivos y negativos sobre los ODS, aunque adelantamos que en general el panorama es negativo, especialmente si nos enfocamos en los efectos que tendrá sobre la salud comunitaria y en el incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial.
El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo sobre la implementación de la Política de Género en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como principal objetivo indagar sobre dicha implementación a partir de las debilidades y fortalezas identificadas en la política de género del Banco, a fin de que continúe avanzando en la incorporación de elementos y herramientas garantes de los derechos de las mujeres y de la diversidad.
El presente documento analiza el funcionamiento del mecanismo del Banco Interamericano de Desarrollo: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación -MICI-. Para ello, se tiene en cuenta no solo la política del MICI, sino también la cantidad de casos sometidos al mecanismo, cuántos han sido registrados y considerados elegibles y cuántos no, porqué no se los ha considerado, los países que más quejas poseen, los motivos por los que las quejas han sido rechazadas, entre otros parámetros. Todo ello con el objetivo de observar qué tan clara y precisa es la Política del MICI para las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el BID y el BID Invest.
El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo de la recientemente publicada (2020) “Herramienta de Evaluación de Riesgos de Género” (HERG) del BID Invest, la cual es un plan de género para que las empresas evalúen el impacto de sus proyectos en materia de género y estructuren procesos de prevención de estos.
En el presente documento se analizan aquellas cuestiones que han sido incorporadas y los aspectos que no se han incorporado y/o modificado a partir del proceso de consulta pública que llevó adelante el BID. Especialmente, se hace énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTTTQ+ para que efectivamente se respeten y se garanticen los derechos humanos de todas las personas.
El presente documento propone un análisis comparativo entre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que fue tratado en la Cámara de Diputados en el año 2018 y obtuvo media sanción; el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentado en el año 2019 en el Congreso y el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en noviembre del 2020.
El presente material es un recursero práctico de nociones básicas sobre la autogestión. Es el resultado de debates y diálogos, cargado de grandes deseos de transformación social.