En el marco de la consulta pública realizada por La Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH, Fundeps junto a otras organizaciones de la sociedad civil presentó a comienzos de este año, un Informe sobre los sistemas nacionales de protección de los derechos de las personas mayores en América.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos priorizó en su Plan Estratégico 2017-2021 la temática de las personas mayores. Con ese fin, consideró necesario identificar sinergias para avanzar en la construcción de los estándares interamericanos en la materia, así como el desarrollo de nuevos mecanismos de trabajo, en especial, para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y visibilizar la situación de este grupo poblacional.

Por ello, en procura de la elaboración de un informe regional sobre los derechos de las personas mayores, convocó a enviar información de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, sobre los sistemas nacionales de protección de los derechos de las personas mayores en América.

El informe fue presentado por Fundeps, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), la Comisión especializada en Derechos de Adultos Mayores del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez -Universidad Nacional de Rosario-, el Seminario Permanente de Investigación sobre Derecho de la Vejez -Universidad de Buenos Aires-, el Instituto de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad y de la Discapacidad -Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el programa de Maestría en Derecho de la Vejez -Universidad Nacional de Córdoba.

En él se explicitaron las normas y programas que reconocen o desarrollan los derechos de las personas mayores en la Argentina, haciendo una especial mención a la Provincia de Córdoba. Se destacaron algunos de los obstáculos y desafíos para la protección de los derechos de las personas mayores, tales como: la ausencia de políticas intersectoriales y articuladas para la promoción de la actividad física, la ausencia de perspectiva de derechos humanos en las regulaciones de las residencias de larga estadía,  la falta de publicidad de las residencias de larga estadía habilitadas.

Asimismo, el informe contó con la identificación de las instituciones y los marcos de competencias en la promoción de la actividad física de las personas mayores y las residencias de larga estadía y el relevamiento de una buena práctica a nivel local –Córdoba- como lo es el desarrollo del Proyecto de investigación-acción de acceso a la justicia de sectores vulnerables – Proyecto AJuV-, llevado a cabo a través de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba, desde el cual se desarrollan estrategias de acción contextuales para garantizar el efectivo acceso a la justicia de personas mayores.

Por último, se hizo hincapié en la ausencia de mecanismos de recolección de datos y análisis de información relativa a personas mayores y en la necesidad de contar con indicadores de medición de resultados de las (escasas) políticas públicas implementadas, a los efectos de monitorear y evaluar los avances y desafíos.

De esta manera, en el informe se da cuenta –parcialmente- de la situación de los derechos de las personas mayores en argentina poniendo a tras luz, la insuficiencia regulatoria de manera integral y la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las personas mayores en el país, haciéndose imprescindible contar con políticas públicas con un enfoque de priorización e inclusión a los fines de evitar el incumplimiento de estándares internacionales asumidos por parte del Estado Argentino.

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Autora

Laura Alesso

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Agustina Mozzoni, <[email protected]>