Hacia un acuerdo regional sobre derechos humanos ambientales
En el año 2015 se dio inicio a la negociación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. A partir de ese momento, se fueron sucediendo reuniones del Comité de Negociación, en las cuales se discutieron, revisaron y aprobaron las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del acuerdo regional. Dicho documento consta de un preámbulo y veinticinco artículos.
Este proceso se inició en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago, mediante la cual dieron inicio a la negociación de un instrumento regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esto, con una significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica. La Declaración cuenta actualmente con 24 países signatarios, con la reciente incorporación de Santa Lucia y está abierta a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe.
En la Séptima Reunión del Comité, celebrada en Buenos Aires del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, se lograron consensuar los artículos de Acceso a la Información y a la Participación Pública (6to, 7mo y 8vo). Sin embargo, representantes de la sociedad no tardaron en mostrar su preocupación por el grave retroceso en la marcha de las negociaciones. Luego de este séptimo encuentro, la sociedad civil hizo las siguientes recomendaciones para poder garantizar la corrección del rumbo de las negociaciones:
- 1. La participación de las relatorías de la ONU y la CIDH relacionadas a estos derechos, puesto que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental podrían ser debilitados por los acuerdos a los que se vienen llegando en las negociaciones del Principio 10.
- 2. La evaluación por parte de los gobiernos y la CEPAL del grado de avance y regresividad del texto que hasta ahora se está negociado entre los países, ya que estándares logrados en el ámbito nacional en algunos países como a nivel regional vienen siendo reducidos.
- 3. Vincular el Acuerdo Regional del Principio 10 y la Agenda 2030, con el fin que exista integración y coordinación de ambas iniciativas. Por lo que es necesario que existan informes de cumplimiento de los ODS en nuestros países donde se incluya información relativa a las acciones para la mejor implementación del Principio 10.
- 4. No retroceder respecto del régimen de excepciones que se ha introducido al texto, que permite a los Estados más posibilidades de negar información a los ciudadanos, sino garantizar la difusión de la mayor cantidad de información ambiental, como las emisiones de contaminantes y los estudios de impacto ambiental. Además, reconocer la vigilancia y el monitoreo indígena, como una forma de participación legítima, indispensable medida de prevención para evitar el daño ambiental. Asimismo, reconocer la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona o grupo acceder a la justicia para proteger el medio ambiente.
- 5. Incluir en el texto, el deber de los estados de GARANTIZAR los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y no utilizar verbos como “facilitar, promover y alentar”, contraviniendo de esta manera a los estándares actuales de derechos humanos.
- 6. Un Acuerdo Regional sobre el Principio 10 que sea VINCULANTE, que incorpore con claridad el enfoque intercultural y de género a favor de poblaciones vulnerables, sobre todo pueblos indígenas, y defensores y defensoras de derechos humanos, como reconocimiento a la realidad de violencia que vienen afrontando en nuestros países de América Latina y el Caribe.
Al respecto, en la inauguración de la octava reunión, Andrea Sanhueza representante electa del público, expresó: “Hemos llegado a un punto de inflexión. Esta es la última oportunidad de enmendar el rumbo y retomar el espíritu original del proceso. No podemos permitir que los derechos ambientales y sociales continúen siendo los parientes pobres del desarrollo sostenible. Es por eso también que el acuerdo debe asegurar la protección de los defensores ambientales”.
Finalmente, ese fue uno de los principales resultados de la reunión, ya que los países acordaron consagrar la protección de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el futuro acuerdo regional.
Ello significa que los países signatarios se obligaron a garantizar el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos a la libertad de opinión de expresión, de reunión, de asociación pacíficas, a circular libremente y al libre ejercicio de sus derechos.La situación de los defensores ambientales en América Latina ha ido empeorando conforme han ido pasando los años. Durante el 2016 más de 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida en el afán de reclamar por sus derechos vulnerados. El 60% de estos casos se registró en la región de América Latina. El hecho que durante las últimas negociaciones del Acuerdo Regional, se haya logrado incorporar un artículo que proteja a estas personas, es fundamental a la hora de avanzar hacia la efectiva garantía de los DDHH.
En el encuentro, se realizaron otros importantes avances sobre el texto final del instrumento regional. Entre ellos se convinieron los artículos sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, y sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación, y aprobaron además la mayoría de las obligaciones generales.
Además, se aprobó el objetivo principal del Acuerdo, que busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Con motivo de la reunión, expertos de la ONU realizaron un comunicado urgiendo a los gobiernos a que adopte un acuerdo firme sobre derechos ambientales. «Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente», dijeron.
Al finalizar la octava reunión, los participantes reconocieron los significativos consensos y definiciones alcanzadas sobre el texto compilado por la Mesa Directiva en esta semana de negociaciones y acordaron continuar con la discusión de los artículos aún pendientes del documento legal (11 al 25) durante la siguiente reunión, que se realizará en el primer trimestre de 2018 en San José, Costa Rica.
Más información
– Pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil
– Mensaje de los representantes electos del público – Principio 10
Autoras
Noelia Salvia
Agustina Palencia
Contacto
María Perez Alsina <mariaperezalsina@fundeps.org>
