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Ambiente, Noticias

Repudiamos la criminalización de Personas Defensoras Ambientales y territoriales de Punilla

En el marco de las protestas que se vienen llevando adelante en contra del proyecto de la Autovía de Punilla, algunas de las personas defensoras ambientales que resisten en contra del proyecto fueron citadas para su imputación y en algunos casos, hubo detenciones por parte de las autoridades judiciales.

Las personas defensoras del territorio y del ambiente de Punilla llevan un largo tiempo resistiendo el avance del proyecto de Autovía de Punilla. En el devenir de esta resistencia son víctimas de distintos actos de violencia institucional. Celebramos el fallo dictado por el Juzgado de Control y Faltas N° 9 que resuelve hacer lugar al habeas corpus colectivo de carácter preventivo  presentado a favor de las personas defensoras de derechos humanos de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

En estas semanas algunas personas defensoras territoriales y ambientales vienen sufriendo persecución policial, sometimiento a procesos penales, imputaciones por parte de fiscales, e  incluso se produjeron detenciones. Se les atribuyen delitos tales como el de amenazas y resistencia a la autoridad, en el marco de las diversas protestas sociales que vienen llevándose adelante en torno al avance de la Autovía de Punilla.

Hay que destacar que en un contexto de lucha y de resistencia por la defensa del ambiente, las manifestaciones o acciones dadas en el ejercicio del derecho de protesta no pueden ser tergiversadas y manipuladas para la aplicación ilegítima del sistema penal (cosa que suele suceder). La criminalización como estrategia para lograr el amedrentamiento, descalificar el reclamo ambiental y justificar la utilización de la fuerza pública y de mecanismos represivos -privación de la libertad-, constituyen una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales y comprometen la responsabilidad internacional del Estado (Acuerdo de Escazú entre ellos). 

Las persecuciones,  imputaciones, investigaciones y detenciones dispuestas en contra de les defensores de Punilla encienden las alertas y exigen atención. Pues existen matices que colocan al accionar del Estado bajo sospecha de criminalización como método para acallar la protesta social. Las supuestas amenazas o actos de resistencia a la autoridad, sobre las cuales se asentaron las imputaciones -según manifestaron les defensores- fueron en el marco de un legítimo reclamo colectivo -protesta social sostenida en el tiempo- en un acto en defensa del ambiente en contra de un proyecto emprendido por el Estado. Esto debe alertar a las autoridades a fin de que se adopten medidas que garanticen la protección de sus derechos humanos, y extremar los recaudos ante cualquier privación de la libertad o afectación de otro derecho. 

La criminalización de defensores ambientales estigmatiza a la vez que constituye una intimidación tendiente a atemorizar y como consecuencia debilitar las actividades de defensa del territorio y del ambiente hasta su desaparición. Es un deber del Estado proteger el derecho a defender el ambiente e implementar medidas de acción que fomenten un entorno seguro y libre de violencias, y que se investigue cualquier violación de derechos humanos en su contra.  

En este marco el 24 de agosto la Jueza de Control y Faltas N° 9, en los autos “Rocío Loza, habeas corpus” (Expte. n° 11120830), en un fallo novedoso y ejemplar hizo lugar a un habeas corpus colectivo preventivo dirigido a proteger los derechos fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, pobladores de los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas. Señala que la violencia institucional que viene ejerciendo la policía de la provincia en contra de las personas defensoras ambientales es grave y no puede ser desconocida por el Estado quien tiene la obligación y responsabilidad de dar adecuada custodia al colectivo ambientalista en cumplimiento de Escazú. 

Expresa además que las y los integrantes de las fuerzas policiales son los encargados de cuidar a la sociedad, “ (…)  los que deben, con el poder que les confiere la ley, garantizar que todos los habitantes de esta provincia vivamos una vida en el marco del pleno goce de los derechos individuales, con el límite del respeto de los derechos del prójimo, pero sin que esto sea utilizado como “excusa” o argumento para cercenar otros derechos, en el caso, los reclamados por el colectivo ambientalista”, 

En ese mismo sentido, en una sentencia innovadora,  la Jueza resuelve: exhortar a la policía de la Provincia de Córdoba a que se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria de las personas defensoras ambientales de las localidades señaladas; exhortar a la Sra. Jefa de Policía de Córdoba para que haga conocer al personal de la policía que según los protocolos y la legislación vigente “la privación de la libertad solo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria”; recomendar al Gobierno de Córdoba la elaboración de un protocolo destinado a regular específicamente a regular las prácticas y criterios de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones sociales que reclamen la protecciones de derechos constitucionales; encomendar a la Jefa de Policía que ponga en conocimiento de la policía provincial la presente sentencia. 

Desde Fundeps repudiamos la criminalización de personas defensoras ambientales, instamos  a las autoridades a resguardar y proteger los derechos fundamentales de quienes resisten y luchan por defender el ambiente cordobés, y celebramos el reciente fallo el cual constituye un importante avance en el reconocimiento y defensa de derechos del colectivo ambientalista. 

 

Autora

María Laura Carrizo

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

26 de agosto de 2022
Etiquetas: Ambiente, Defensores/as de derechos humanos, Democracia Ambiental
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Así vivimos la Primera Jornada de Salud y Derechos Así vivimos la Primera Jornada de Salud y Derechos con Perspectiva de Diversidad en el Valle de Calamuchita 🏳️‍🌈

Desde Fundeps y Orgullo Calamuchita realizamos este primer encuentro regional en Santa Rosa de Calamuchita, más de 80 personas involucradas en total, entre expositoras, invitadas y equipo organizador, provenientes de distintas localidades del Valle.

✏️Durante la jornada compartimos experiencias y herramientas para reconocer barreras en el acceso a la salud, abordar las experiencias trans, travestis y no binarias en las distintas etapas de la vida, y transformar prácticas atravesadas por prejuicios y violencias.

También construimos colectivamente un Mapa de Compromisos, identificando acciones posibles desde nuestros distintos espacios de trabajo.

Porque garantizar el acceso a la salud sexual integral con perspectiva de diversidad es un derecho y una responsabilidad de todo el sistema sanitario. Necesitamos equipos que se formen, instituciones comprometidas y redes de trabajo que construyan respuestas en cada territorio.

Celebramos el aval y acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, y de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, así como la presencia del Programa Provincial de Acceso a la Salud Integral LGTTBIQ+ perteneciente a la DAJA del Ministerio de Salud de Córdoba. Agradecemos también a la Comisión del Centro de Fomento Villa Río Santa Rosa y al Estudio BLÁ por su apoyo incondicional y el registro audiovisual.

Y a todas las personas, organizaciones e instituciones que hicieron posible este encuentro y que se sumaron a construir colectivamente una salud más inclusiva, respetuosa y libre de discriminación. GRACIAS!

📸 @bla.comunicacion
¡Cumplimos 17 años! Nos llena de orgullo mirar to ¡Cumplimos 17 años!

Nos llena de orgullo mirar todo lo que fuimos construyendo y el impacto que logramos impulsar a lo largo de estos años.

Detrás de cada logro  hay años de trabajo, compromiso y muchas personas que hicieron posible que Fundeps siga creciendo: quienes forman y formaron parte del equipo, las organizaciones con las que articulamos, las comunidades que nos abrieron sus puertas y quienes nos acompañan y apoyan.

17 años defendiendo derechos y construyendo colectivamente.

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La industria tabacalera usa las redes sociales para captar a una nueva generación de consumidores, principalmente adolescentes y jóvenes.

Su principal estrategia es la promoción de bolsas de nicotina y vapers. 

🚫 Aunque hoy se permite vender estos productos, publicitarlos sigue siendo ilegal. Sin embargo, las propias marcas lo hacen de forma sistemática y a la vista de todo el mundo, porque nadie las controla ni las sanciona.

🕵🏻‍♀️Lo comprobamos en nuestra última investigación, en la que monitoreamos publicaciones de Instagram durante 2 meses. 

Exijamos que el Estado haga cumplir la ley para proteger la salud de adolescentes y jóvenes. ✊

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¡TENEMOS NUEVA FECHA! El jueves 19 de noviembre nos encontramos para hablar de aborto, derechos y autonomías feministas, con una intervención artística de Las Pérez Correa para arrancar la tarde.

Después, panel con referentes para conversar sobre el acceso al aborto y los desafíos que tenemos por delante en Córdoba.

19/11 · 18 h · Auditorio del CePIA, Facultad de Artes UNC

Actividad libre y gratuita.

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