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El pasado 14 de junio, FUNDEPS participó de la audiencia pública complementaria que organizó la Secretaría de Ambiente, con la intención de salvar la fallida audiencia anterior y receptar las opiniones públicas sobre el proyecto urbanístico “Distrito Las Artes”. A continuación, les presentamos un resumen del encuentro que contó con más de 200 personas argumentando posturas a favor y en contra del proyecto.

En abril del corriente año, hubo una audiencia por el mismo tema, pero como su llamamiento no permitió la adecuada participación de vecinos y vecinas de la zona, la Secretaría de Ambiente resolvió una nueva convocatoria, en la cual FUNDEPS participó, junto con otros 210 oradores. El objeto de la misma fue discutir el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanístico “Distrito Las Artes”, un emprendimiento inmobiliario a cargo de Corporación América Inmobiliaria S.R.L. Tal estudio fue realizado por “Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.” y los profesionales que estuvieron a cargo de su elaboración, fueron quienes asistieron a la Audiencia Pública para exponer los principales impactos del proyecto sobre el entorno circundante, y sobre la ciudad en su totalidad. También asistieron representantes de la desarrollista.

La audiencia comenzó a las 10:00 a.m., tal y como estaba prevista. El primer orador fue un arquitecto de Corporación América S.A., quien presentó el proyecto inmobiliario y sus impactos ambientales, sociales, estructurales y financieros. A las 10:37 a.m. comenzaron a hacer uso de la palabra, siguiendo el orden de inscripción, las 211 personas que debidamente se apuntaron para hacerse escuchar, en un tema que tanto interés despertó en los habitantes de Córdoba. Claro que de 211 personas surgieron de las más variadas opiniones; desde FUNDEPS les mostramos un panorama de los argumentos a favor y argumentos en contra del proyecto.

Entre los argumentos expuestos a favor del desarrollo inmobiliario en el predio del Ex Batallón 141, los más trascendentales y que más compartieron los adherentes, encontramos los siguientes:

1) El predio del Ex Batallón hoy funciona como un basural a cielo abierto, en el corazón de la Ciudad de Córdoba. Carreros, empresas y vecinos lo utilizan como depósito de residuos.

2) Las zonas colindantes al predio son conocidas por ser  zonas de elevada inseguridad. Transitar por allí nunca es la primera opción.

3) En una realidad castigada por el desempleo y la falta de inversión en obras públicas, un emprendimiento inmobiliario que generaría más de mil puestos de trabajo temporarios e inversiones que superan los mil millones de dólares, se presenta como una idea atractiva ante los ojos de muchos ciudadanos.

4) Muchos alegaron que sin duda alguna, le daría categoría a la zona sur de la ciudad, puesto que lo que hoy funciona como basural, pasaría a albergar departamentos de alta categoría, hoteles, comercios, etc.

5) El proyecto implica una oportunidad para Córdoba, para atraer futuras inversiones multimillonarias del sector empresarial.

6) La idea de que representaría un beneficio  colectivo y que ayudaría a la inclusión social, también estuvo presente en muchos oradores.

Entre los argumentos expuestos en contra del desarrollo inmobiliario en el predio del Ex Batallón 141, los más trascendentales fueron los siguientes:

1) En el predio del Ex Batallón se cometieron delitos de Lesa Humanidad, durante la última dictadura. Para muchos ciudadanos, construir un mega emprendimiento inmobiliario en ese lote es una burla al pasado, que no es salvado ni con la construcción de una “plaza de las armas”, en honor y memoria a los hechos, tal y como planea hacer Corporación América Inmobiliaria S.R.L.

2) El predio cuenta con 23 hectáreas de parque, lo que equivale a 24 manzanas. Si el proyecto es aprobado ello implicaría: pavimentar gran parte del lote, para la construcción de calles, ciclovías, edificios residenciales, hoteles, comercios, un hospital, un supermercado, un centro cultural, una iglesia.

3) En aspectos específicamente jurídicos, se cuestionó el mecanismo de los convenios urbanísticos, mecanismo que permitió en el caso que nos ocupa, el cambio de destino del uso del suelo, que en el año 2007 fue declarado como “reserva verde”, con carácter de intocable.

4)  Se hizo hincapié en la escasa, o prácticamente nula, planificación y ordenamiento del territorio por parte del Municipio y la Provincia.

5) Fue constante la preocupación de los vecinos por la saturación de los servicios más básicos de la Ciudad de Córdoba: agua, electricidad y cloacas. Cada uno de esos servicios merece una consideración especial:

– En cuanto al Agua, es importante destacar el discurso de una vecina de Barrio Los Incas: allí los vecinos carecen, lisa y llanamente, de agua potable. Justo al frente de un mega emprendimiento inmobiliario, existen vecinos que aún no cuentan con las respectivas conexiones, y deben acudir a métodos clandestinos. Claro que alegó que teme por su futuro y el de su barrio si el proyecto es aprobado.

– En cuanto a la electricidad, la zona sur de la provincia es conocida por ser uno de los sectores que más cortes energéticos sufre.  Los vecinos temen que su situación empeore si el proyecto tiene el visto bueno.

– Respecto a las cloacas, absolutamente toda la ciudad de Córdoba está afectada por problemas cloacales. Por un lado, por los constantes desbordes cloacales que inundan las calles de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Bajo Grande no puede tratar adecuadamente los líquidos cloacales de la ciudad, contaminando el Barrio de Chacras de la Merced. Si el megaproyecto es aprobado, implicaría la instalación de 6 mil nuevas conexiones, que harían aún más inviable un servicio que ya hoy es en extremo defectuoso.

6) Conectado con el punto anterior, se dejó también patentado el incumplimiento de las obligaciones que la desarrollista tenía a su cargo. El más importante de ellos: la construcción de una planta de tratamiento de residuos cloacales para la zona sureste de la provincia, el cuál debería de haberse comenzado a construir dentro de los 60 días de aprobado el convenio urbanístico, en el año 2013. Hoy, en el año 2016, ni si quiera han presentado los planos de dicha planta.

7) Reiteradas veces se puso de manifiesto el déficit de espacios verdes de la provincia de Córdoba. La deforestación, la falta de protección de espacios verdes, la destrucción del último pulmón de la Ciudad, la protección de las especies de flora y fauna, el efecto de permeabilidad de aguas de lluvia, la importancia de los árboles para la absorción de dióxido de carbono, fueron algunos de los argumentos utilizados en pos de la conservación del predio.

8) Se remarcaron algunas cuestiones que pueden parecer “tramposas” o de “mala fe”: entre ellas, el proyecto prevé un 53% de espacios públicos. Sin embargo, “espacios públicos”, no equivale a decir “espacios verdes”, tal y como la desarrollista pretende que se crea. Espacios públicos incluyen calles, calzadas, ciclovías, Los espacios verdes, propiamente dichos, sólo constituyen el 15% del proyecto.  De los 118 mil m2 públicos: 49 mil m2 se destinaran a calles; 33,500 m2 a espacios privados de acceso público, y sólo 35.600 m2 a parques. Asimismo, en varios casos se plantearon dudas respecto del efectivo carácter público de esos espacios.

9) La preocupación por el tránsito en la zona no fue menor. Si el emprendimiento fue pensado para que allí habiten de manera permanente 14 mil personas, no se puede obviar que cada uno de ellos tendrá un vehículo. A ello hay que sumarle los vehículos transitorios, de vecinos que irán al supermercado o al centro cultural. La situación es alarmante si se piensa que la zona sur, por Plaza España, cuenta con un tránsito muy complicado.

Desde FUNDEPS nos oponemos al proyecto urbanístico de la Corporación América y por ello dejamos constancia por escrito en el marco de la audiencia pública. Desde una perspectiva legal, nos preocupa que se pueda avanzar con un régimen de excepción como el del convenio urbanístico sin las debidas garantías de que las obligaciones incumplidas se tornen realidad. Del mismo modo, creemos que los argumentos vinculados al estado de abandono, inseguridad y deterioro de la zona no pueden plantearse como favorables al emprendimiento en tanto esa situación implica una violación de las obligaciones del propio municipio. Finalmente, creemos que una opción de un verdadero espacio verde y público, contiguo y en continuidad con el Parque Sarmiento sería el mejor destino para este predio.

Más información:

Documento presentado por FUNDEPS

Noticia anterior: «Discusiones sobre el impacto del proyecto inmobiliario en el ex batallón 141»

Contacto:

Agustina Asís – Área de Derechos Humanos

agustinaasis@fundeps.org

El pasado 9 de junio, FUNDEPS junto con la organización Las Omas del Barrio Chacras de la Merced nos reunimos en la Dirección de Redes y Obras Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba, con el subdirector Daniel Bardagi y el titular de la planta Gualberto Pozo Arce a los fines de hacer algunas preguntas respecto al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Bajo Grande.

Desde febrero 2016, el eje de ambiente del Área de Derechos Humanos y el Área de Fortalecimiento Democrático de FUNDEPS, vienen trabajando en conjunto con Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el Barrio Chacras de la Merced de la Provincia de Córdoba, en particular con la organización de mujeres Las Omas. El proyecto busca promover el desarrollo e implementación de estrategias vinculadas a la incidencia y monitoreo de políticas públicas en la comunidad Chacra de la Merced, con el fin de apoyar el trabajo de la organización de mujeres Las Omas en el fortalecimiento de los derechos sociales y ambientales vulnerados producto del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

En este marco, FUNDEPS pidió una reunión con la Dirección de Redes y Obras Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba. La reunión fue enriquecedora para ambas partes. Desde la Dirección de Redes pudieron explicarnos cómo funciona la planta actualmente, la cantidad y calidad del líquido que trata días de semana y fin de semanas, fondos con los que cuenta la Municipalidad para hacer obras de mantenimiento, problemáticas que identifican ellos que pueden contribuir al mal funcionamiento, entre otras.

Por otro lado, expresamos nuestra preocupación con respecto a los efectos nocivos que está generando la planta en su situación actual, al ambiente en general y a la comunidad de la Chacra en particular ya que sus derechos sociales, económicos y ambientales están siendo vulnerados constantemente.

Asimismo, nos explicaron que la construcción de una nueva planta de tratamiento va a duplicar la cantidad del tratamiento de fluidos y sus implicancias para la ciudad. Sin embargo, cuando pedimos información acerca de posibles políticas de remediación ambiental en la zona con la construcción de la nueva planta, no obtuvimos respuesta.

Es importante destacar que en el marco de este proyecto, se hicieron cuatro pedidos de información a diferentes reparticiones públicas de la Municipalidad entre los que se realizó uno a la Estación Depuradora de Líquidos Residuales que depende de la dirección de Redes, donde hicimos los siguientes pedidos de información para que se informe sobre: a) el estado de funcionamiento actual de la planta EDAR Bajo Grande; b) si existen obras de reparación de las fallas y problemas en el correcto funcionamiento de la planta; c) si hay planes de remediación ambiental en el Barrio Chacras de la Merced; d)  ¿qué obras se están implementando en la planta de tratamiento de líquidos cloacales? ; e) qué medidas de mitigación del impacto ambiental se diseñaron e implementaron luego de ser declarada una zona de emergencia sanitaria; f) qué controles se ejecutan en la Planta detallando los días y horarios en los que se implementan y g) qué días y franjas horarias funciona la planta, detalle los procesos y sus afectaciones directas sobre el ambiente y la población cercana, y qué métodos de tratamiento utiliza.

Desde FUNDEPS seguiremos trabajando con la organización Las Omas en el monitoreo del proceso de licitación e implementación de la obra de la nueva planta, y visibilizando las problemáticas en términos de ambiente y salud la actual Planta de tratamiento de líquidos cloacales EDAR.

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Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democratico y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org

En el día de ayer, FUNDEPS con la Organización Las Omas representada por Alida y Ester Weht presentaron cuatro pedidos de información en la Municipalidad de Córdoba, dos pedidos a la Provincia de Córdoba y dos pedidos a la empresa Coniferal de Transporte.

Desde principio de este año, el eje de ambiente del Área de Derechos Humanos y el Área de Fortalecimiento Democrático de FUNDEPS, vienen trabajando en conjunto con Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el Barrio Chacras de la Merced de la Provincia de Córdoba, en particular con la organización de mujeres Las Omas. Se realizaron dos talleres dichas organizaciones a los fines de identificar problemáticas socio-políticas que afectan a la comunidad de La Chacra y en base a lo identificado se definió una propuesta de acción de incidencia a trabajar en el año. Asimismo, se trabajaron herramientas de acceso a la información y estrategias de monitoreo de políticas públicas.

El trabajo busca promover el desarrollo e implementación de estrategias vinculadas al monitoreo e incidencia de políticas públicas en la comunidad Chacra de la Merced, con el fin de apoyar el trabajo de la organización de mujeres Las Omas en el fortalecimiento de los derechos sociales y ambientales vulnerados producto del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

En este contexto, el lunes 30 de mayo, representantes de las Omas y miembros de FUNDEPS presentaron cuatro pedidos de información pública en diferentes reparticiones de la Municipalidad de Córdoba (Secretaría de Salud, Subsecretaría de Ambiente, Subsecretaría de Transporte y a la Estación Depuradora de Líquidos Residuales) de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Inversión y Financiamiento y Secretaría de Ambiente) y en la empresa Coniferal SACIF. El objetivo de dichos pedidos es contar con información oficial sobre el estado y funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la situación ambiental y sanitaria de la zona afectada por la contaminación.

Las solicitudes de información presentadas se realizan en el marco del derecho a peticionar y recibir información, Art. 16 y ss. de la ley 25.675, Art. 41 de la Constitución Nacional, Art. 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. XXIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, instrumentos incorporados a la Constitución Nacional, mediante sus artículos 75 inc. 22, Art. 19 inc. 10. Asimismo, la ley de Política Ambiental de Córdoba prescribe en su artículo 61 que:

Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente Ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo puede prorrogarse en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en el supuesto de mediar circunstancias que dificulten obtener la información solicitada, debiendo el órgano requerido comunicar -antes del vencimiento del plazo de diez (10) días- las razones por las cuales hace uso de la prórroga excepcional…

Y finalmente, conforme a la regulación de la Ley Nº 8803 Derecho al Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, que también otorga el plazo de diez (10) hábiles para contestar la información solicitada.

Esperamos obtener respuesta de la información solicitada en el marco de los plazos explicitados, y así seguir luchando en pos de exigir y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que están siendo vulnerados, producto del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

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Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democratico y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org

Entre los días 5 y 8 de abril de 2016, Montevideo (Uruguay) fue sede de la 3ra reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe. Entre los principales logros de la misma se cuentan la adhesión de Granada a la declaración y los avances en la definición del texto.

El Artículo 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo estableció los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

A los fines de garantizar la efectiva implementación estos derechos, se firmó la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2012), comprometiéndose los países latinoamericanos a avanzar en la obtención de un acuerdo regional, contando para ello, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica.

El Comité de Negociación del acuerdo, creado en noviembre de 2014, se ha reunido en tres oportunidades hasta el momento. En la Tercera Reunión, realizada recientemente en Montevideo, Uruguay, se convinieron  nuevos lineamientos para las próximas reuniones, entre los que se pueden destacar:

  • La adhesión de Granada a la Declaración sobre la aplicación del Principio 10.
  • La revisión de algunos párrafos del preámbulo; del artículo 2 (definiciones), del artículo 3 (principios); del artículo  5 (obligaciones generales); y de parte del artículo 6 (acceso a la información ambiental). Se convino en eliminar el artículo 4 (ámbito de aplicación).
  • El compromiso de continuar la negociación de los artículos 6 a 10 en la Cuarta Reunión del Comité de Negociación, y revisar los temas pendientes desde el preámbulo hasta el artículo 10.
  • La aprobación de las revisiones de las modalidades de participación del público en el Comité de Negociación, a fin de fortalecer la inclusividad y legitimidad del proceso.
  • El acuerdo en realizar la Cuarta Reunión del Comité de Negociación en República Dominicana; y una quinta reunión en lugar y fecha a convenir.

Desde FUNDEPS valoramos la iniciativa y los avances en este proceso regional. La promoción de una participación amplia y diversificada del público nos ha permitido involucrarnos en su desarrollo a partir de espacios presenciales y virtuales, propuestas de redacción de artículos, comentarios y sugerencias. Seguiremos contribuyendo para lograr un acuerdo regional que fortalezca las capacidades locales para instrumentar la participación en materia ambiental, y genere un piso uniforme de derechos para el acceso ciudadano y de las organizaciones sociales a la justicia ambiental.

Más información

Informe de las/los representantes electos del público acerca de la 3ra reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional.

Página web CEPAL, Principio 10.

FUNDEPS participa de la primera reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre Principio 10.

Ante nueva reunión regional sobre democracia ambiental, fuerte apoyo de expertos de derechos humanos de la ONU.

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Agustina Mozzoni – Área de Derechos Humanos

agustinamozzoni@fundeps.org

Después de una primera audencia pública para discutir el estudio de impacto ambiental del Proyecto Urbanístico “Distrito Las Artes” (ex batallón 141), se convocó a una segunda por irregularidades en la convocatoria: inadecuada, poco acceso a la información y mucha incertidumbre.

FUNDEPS participó en la audiencia pública convocada por la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, que tomó lugar el día 29 de Abril del corriente año. El objeto de la misma fue discutir el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanístico “Distrito Las Artes”, un emprendimiento inmobiliario a cargo de Corporación América Inmobiliaria S.R.L. Tal estudio fue realizado por “Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.” y los profesionales que estuvieron a cargo de su elaboración, fueron quienes asistieron a la Audiencia Pública para exponer los principales impactos del proyecto sobre el entorno circundante, y sobre la Ciudad en su totalidad.

Corporación América Inmobiliaria S.A. dio génesis al proyecto urbanístico “Distrito Las Artes”, ubicado en el ex batallón 141, en las inmediaciones del Parque Sarmiento y cuya extensión abarca 23 hectáreas, donde se edificarán obras residenciales, culturales, recreativas, comerciales, administrativas y gastronómicas. El plan tiene previsto un plazo de ejecución de 10 años. 

Haciendo un poco de historia, el destino del ex Batallón 141 comenzó a discutirse en 2005, cuando el gobernador De la Sota vendió las 23 hectáreas que componen el predio a Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América Inmobiliaria, por la suma de 107 millones de pesos. Sin embargo, el entonces intendente Luis Juez, lo declaró como “Reserva Verde”, abortando cualquier posibilidad de desarrollos inmobiliarios. Esa situación cambió cuando en el año 2013, el intendente Ramón Mestre liberó ese obstáculo, por medio de una nueva ordenanza municipal, habilitando su uso mixto (residencias, comercios, oficinas y espacio público).  En ese contexto se celebra un convenio urbanístico con la Municipalidad de Córdoba, bajo la ordenanza N° 12.077, que afectará al último pulmón verde de la ciudad. 

Los vecinos más próximos al emprendimiento pasarían ahora a sufrir las consecuencias: acceso público limitado, mayor consumo de agua y energía, mayor contaminación química y sonora, mayor congestión vehicular y mayor cantidad de basura y residuos. A cambio de todo ello, la Municipalidad “exigió” la mitigación de los impactos que genere la obra y se obligó al sector empresarial a la ejecución de tres nudos viales, la construcción de una planta cloacal para 150 mil vecinos en el sudeste de la ciudad y la cesión de un porcentaje de espacio verde para uso público.

Ahora bien, entrando de lleno a la audiencia pública celebrada, La Ley de Política Ambiental Provincial N°10.208 establece como un procedimiento obligatorio, las audiencias públicas para aquellos proyectos o actividades que estén sometidas a una Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto “Distrito Las Artes” debía pasar necesariamente por una audiencia de esta naturaleza, para someterse al análisis y discusión de los vecinos, ciudadanos, ONGs y cualquier otro interesado en intervenir en la misma. 

El procedimiento de invitación a estas audiencias no es arbitrario, sino que por el contrario, se encuentra reglado por la citada ley. El requisito más importante, aquel que hace a su adecuada difusión, es el de la publicación de la convocatoria. La Autoridad Convocante debe publicar durante dos días la convocatoria a la audiencia, con una antelación no menor de 20 días corridos a la fecha fijada para su realización en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en por lo menos dos diarios de circulación provincial y local y en su página de internet. 

¿Qué ocurrió entonces el día 29 de abril, que despertó una gran polémica y descontento social? A las 10 de la mañana del viernes, sólo había 11 personas inscriptas en el orden del día, para tener el derecho a la palabra. Sólo 11 inscriptos en una audiencia pública, que por su envergadura e impacto en la Ciudad de Córdoba, debería de haber tenido un centenar de interesados. El requisito de la publicación masiva del llamamiento sólo se cumplió formalmente y no se aseguró una adecuada participación de la ciudadanía. Pese a ello, la audiencia no se suspendió, ni se declaró su nulidad, incluso ante el pedido de los asistentes.

FUNDEPS solicitó expresamente que se convoque a una nueva audiencia conforme lo prescripto por la ley, para así deliberar como corresponde un emprendimiento que implicaría fuertes impacto al ambiente urbano de la ciudad de Córdoba.

La Secretaría accedió a convocar a una audiencia complementaria, cuya información es la siguiente: 

Audiencia Publica Evaluación de Impacto Ambiental 14 de Junio 10:00 horas en Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, Maestro M. Lopez esq. Cruz Roja Argentina (Ciudad Universitaria), en la ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba. 

Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Av. Richieri 2183 Ciudad de Córdoba, hasta el 13 de Junio de 2016 a las 14 hs.

Plazo de inscripción: Hasta las 10 hs del 12 de Junio de 2016, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, por correo electrónico a: audienciaspublicasambiente@gmail.com

Más información: 

PROYECTO URBANÍSTICO “DISTRITO LAS ARTES” ubicado en el predio ex Batallón N° 141

Resolución de convocatoria a audiencia complementaria

Contacto:

Agustin Filippi / coordinador del eje ambiental del área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org

Tenemos el agrado de presentarles nuestro nuevo Informe de Actividades 2015, un resumen de nuestras agendas de trabajo y logros del año que pasó. 

Durante el año 2015, desde FUNDEPS hemos crecido tanto interna como externamente. Nuestros voluntarios se duplicaron y las agendas de trabajo se diversificaron.

Estamos muy contentos de compartirles este nuevo formato de informe anual. El objetivo fue darle dinamismo y simplicidad a la presentación de nuestros variados trabajos, a la vez que hacer uso de la herramienta digital como modo de desarrollo sustentable.

Estamos expectantes del desenvolvimeinto de este 2016, con la idea de seguir creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Para acceder al informe haz click aquí: informe2015.fundeps.org; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

En el marco de un proyecto de colaboración entre la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), se llevó adelante un taller de capacitación de acceso a la información con la ONG Las Omas del barrio Chacras de la Merced.

El proyecto tiene como objetivo identificar las problemáticas sociales que afectan la vida cotidiana de los habitantes del barrio, procurando poner en evidencia que la contaminación de la planta municipal de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande es la gran causante de graves impactos sanitarios y ambientales que agravan contextos locales de desigualdad y vulnerabilidad.

Las mujeres que integran Las Omas vienen actuando en distintos espacios de participación pública desde hace más de diez años, en comisiones municipales, en redes con otras organizaciones sociales, en reclamos hacia las autoridades, en acciones judiciales y en movilizaciones sociales, con los que han logrado ciertos avances en calidad de vida para sus habitantes, pero la contaminación sigue creciendo.

El taller junto a reuniones previas con los vecinos y mujeres del barrio, pretende articular formas de trabajo en conjunto, y en especial acercar las herramientas del acceso a la información y participación ciudadana. Durante el año se harán pedidos de información a distintas reparticiones y se buscará emplazar a las autoridades municipales y provinciales responsables del mal funcionamiento de la planta para que actúen imperiosamente.

 

Contacto:

Agustin Filippi – Área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org

El martes 29 de marzo, los/as coordinadores/as de las áreas de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional y Derechos Humanos de FUNDEPS trabajaron en un taller identificando problemáticas socio-políticas con las mujeres que conforman la organización Las Omas en el barrio Chacra de la Merced km 6 1/2, Ciudad de Córdoba.

Las Omas es una organización si fines de lucro creada hace algunos años por mujeres del barrio Chacras de la Merced. En sus orígenes, la organización fue creada para ofrecer un espacio a las madres del barrio (mientras esperaban que sus hijos salieran de la escuela). Sin embrago, éstas mujeres vienen luchando hace varios años y reclamando mejoras en la calidad de vida de la comunidad. Su situación actual se ve afectada principalmente por la contaminación provocada por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande, lo que implica una violación directa del derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, entre otros.

Fundeps, en conjunto con el Foro Ambiental Córdoba, ha venido dando seguimiento a los avances de los casos judiciales, vinculados a la problemática de contaminación por el mal funcionamiento de la planta de Bajo Grande.

En esta instancia y profundizando el trabajo colaborativo con Las Omas, realizamos un taller con las integrantes de la organización donde se trabajó con la identificación de problemáticas socio-políticas del barrio y sus principales efectos-consecuencias para la calidad de vida de las personas del barrio. Este taller se enmarca en un proyecto más amplio en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que busca conectar herramientas como el acceso a la información pública con la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Entre las problemáticas identificadas y discutidas en el taller realizado en Chacras de la Merced se destacan las siguientes:

A) Mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que provoca vulneración de derechos básicos; esto generado por la contaminación del agua, del río, de la tierra, problemas y enfermedades de salud (principalmente dérmicos, gástricos y respiratorios), cambio en el paisaje y las dinámicas trabajo y familiares del barrio, desconfianza hacia las autoridades públicas por falta de compromiso de las mismas para solucionar la problemática.

B) Falta de acceso a servicios básicos (la red de agua potable no llega a todo el barrio y es muy caro, no hay cloacas, falta de iluminación publica e infraestructura vial, transporte llega con poca frecuencia y no recorre todo el barrio, recolección diferenciada de basura por sectores).

Esta fue una primera instancia de trabajo de las que se proponen para seguir acompañando a Las Omas en su reclamo para lograr una mejor calidad de vida en el barrio a través del reconocimiento del derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Desde FUNDEPS continuaremos colaborando con la organización para fortalecer ese reclamo.

 

Contacto: 

Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org 

Los días 24 y 25 de febrero se estará llevando a cabo en Lima, la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, suscribe al posicionamiento regional.

La EITI es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 48 países con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas.

Es importante señalar que en centro América, EITI ha estado sujeta a fuertes cuestionamientos y hay señalamientos en torno a la falta de legitimidad del proceso, dado que numerosas organizaciones han señalado la imposición de la iniciativa como un medio para promover la actividad extractiva, ante el rechazo social a la misma existente en estos países.

De esta manera, diversos países están recurriendo a este espacio de gobernanza para lograr allegarse de información que por diversas razones, no se encuentra disponible actualmente, así como para fortalecer los espacios de participación.

Haciendo click acá se puede leer completo el documento que contiene el posicionamiento regional en el marco de la Conferencia Global EITI, al que suscribe FUNDEPS.

Contacto:

María Victoria Gerbaldo / Área de Gobernabilidad Global
victoriagerbaldo@fundeps.org 

Desde el pasado jueves 18 de febrero, FUNDEPS fue aceptado como miembro de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC). Esta red es una es una iniciativa de colaboración de más de 220 organizaciones y 50 individuos, que trabajan en más de 70 países para lograr la justicia social a través de los derechos humanos.

Todas las áreas de trabajo de FUNDEPS tienen en común que sus actividades giran en torno a la promoción, monitoreo del cumplimiento e investigación en torno a distintos derechos económicos, sociales y culturales. Es por esto, que nos da gusto anunciar que formamos parte de una red de trabajo internacional de gran escala, como lo es la Red DESC.

La Red-DESC tiene por objetivo fortalecer el campo de todos los derechos humanos, concentrándose especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales, y continuar desarrollando herramientas que faciliten su promoción, protección y cumplimiento. Por medio de la misma, sus miembros pueden intercambiar información, desarrollar una voz colectiva, fortalecer sus actividades y desarrollar nuevos mecanismos y estrategias.

Esperamos mejorar nuestra labor diaria a partir de las oportunidades que generan este tipo de espacios. Aprendiendo, cooperando y realizando actividades conjuntas dentro de la Red, con sus miembros en la región y en el mundo, es que nos encaminamos progresivamente al efectivo cumplimiento de los derechos humanos y de un desarrollo sustentable.

 

Más información:

 

Contacto:

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

Basados en información publicada por Global Forest Watch y atentos a las denuncias del Movimiento Campesino de Córdoba, desde FUNDEPS continuamos monitoreando políticas de protección de bosque nativo.

A raíz de las denuncias realizadas a principios de octubre por el Movimiento Campesino de Córdoba se registraron infracciones de particulares titulares de bosques nativos que desmontaron zonas no autorizadas, hechos que fueron constatadas por funcionarios de la Policía Ambiental de la provincia, quien ordenó el cese inmediato de dichas intervenciones ilegales.

Se sabe que en la localidad de Villa Quilino, Departamento Ischilín, fueron autorizadas para desmonte selectivo unas 5.648 hectáreas, y en Chancaní, Departamento de Pocho, aproximadamente unas 2.000 hectáreas de bosques nativos. Ambas zonas, tanto al oeste y noroeste de Córdoba, colindan y son parte del territorio donde están asentados históricamente los campesinos y descendientes de indígenas de la provincia, quienes no sólo viven allí, sino que además basan su desarrollo económico, social y cultural a partir del bosque.

Al mismo tiempo estas denuncias dejaron al descubierto que las propias autorizaciones para la intervención de los bosques nativos, otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, habrían sido emitidas de forma irregular en zonas de categoría de conservación I (roja), donde a nivel predial existen bosques nativos de alto valor de conservación. Entre las irregularidades, se destacan autorizaciones sin respetar los procedimientos administrativos previstos en las leyes de bosques nativos en materia de audiencia pública y de evaluación de impacto ambiental, y autorizando planes de intervención que habrían sido firmadas por profesional no habilitado.

La renuncia del ex Secretario de Ambiente Germán Pratto decretada el 29 de octubre habría tenido que ver con las irregularidades denunciadas. Conforme informa el periodista Andrés Díaz Romero, “una investigación de Sala de Prensa Ambiental descubrió autorizaciones para desmontar unas 20000 hectáreas de bosque nativo con la complicidad de autoridades de la Secretaría de Ambiente, quienes autorizaron desmontes ilegales a pedido de un abogado y empresarios del agro” (Fuente: Periodismo Ambiental). La mencionada investigación periodística habla de corrupción en el seno de la secretaría e indica que: “las autorizaciones para estos desmontes no cursaron el camino administrativo que establece la Ley N° 9814: Área de Asuntos Legales, de Suelos, de Bosque Nativo, de Fiscalización y Control, de Despacho y Directorio de la Secretaría de Ambiente. El visto bueno para estos desmontes esquivó áreas técnicas ya que fueron autorizados directamente por Germán Pratto, sin ningún análisis técnico”.

Este marco de incertidumbre de actuación por parte de la Secretaría de Ambiente ha venido a profundizar el desorden y falta de claridad de las políticas públicas y de la legislación en materia de protección y manejo de bosques nativos en la provincia de Córdoba. En su punto central, puede argumentarse que la vigente ley 9.814 no respeta los presupuestos mínimos de la Ley Nacional 26.331 respecto de los usos autorizados en algunas clases de bosques o de los estándares de participación en las decisiones públicas en este ámbito. Esta tensión le ha traído serias dificultades a la provincia para la implementación y aplicación de la normativa de bosques en Córdoba. Los decretos reglamentarios han generado un precario sistema de autorización de bosques, que en nada se condicen con los objetivos esgrimidos ni con la promoción de un ambiente saludable y equitativo.

Es importante destacar que estos desmontes no son hechos aislados, sino que ocurren en el contexto de un proceso de pérdida de bosque nativo a causa de desmontes, al que el territorio de la provincia de Córdoba viene siendo sometido durante los últimos años. Los niveles de pérdida de bosque son alarmantes: de acuerdo a datos de Global Forest Watch (GFW), desde 2001 hasta 2014 se han perdido 91.817 hectáreas de bosque en la provincia, de las cuales 4.781 corresponden al año pasado.

 

Preocupados por la política provincial que sigue favoreciendo intereses privados, la expansión del modelo agroindustrial, en desmedro de los derechos de incidencia colectiva y del ambiente, es que desde FUNDEPS hemos presentado el 23 de octubre ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos dos pedidos de informes sobre la efectiva aplicación de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos en Córdoba, y en especial requiriendo los expedientes y autorizaciones otorgadas recientemente sobre las áreas denunciadas. A la fecha no hemos tenido contestación, por lo que el reciente 4 de diciembre hemos interpuesto pronto despacho a la administración a los fines de que responda los mismos. En este contexto, el Foro Ambiental Córdoba realizó también una denuncia administrativa a los fines de que se investiguen dichas irregularidades, marcando como trascendente que los avisos de proyecto presentados para la intervención en el bosque nativo no estarían firmados por un profesional habilitado, matriculado en el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, según lo determina el Anexo II del Decreto Nº 170.

Desde FUNDEPS, continuamos usando herramientas legales de monitoreo de políticas públicas y de participación ciudadana para promover un adecuado nivel de protección del bosque nativo de la provincia y del país.

 

Contacto:

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org

En el marco del programa de fortalecimiento de organizaciones de mujeres defensoras de derechos ambientales financiado por la Unión Europea, invitados por la ONG Plurales, participamos del Encuentro de Mujeres Indígenas en la localidad de Irigoyen de la provincia de Santa, y de la Comisión de Mujeres organizada en Santa Clara, provincia de Jujuy.

Las comunidades indígenas guaraníes, con gran participación de las mujeres de estos pueblos, hace años que intentan detener los atropellos que sufren por parte de los grandes terratenientes y por nuevos adquirentes de las tierras en que viven y que históricamente les han pertenecido.

  • Comunidad Ava guaraní Estación El Tabacal. En el departamento de Orán, Salta, la comunidad “Ava guaraní Estación El Tabacal” viene resistiendo hace más de diez años los intentos de desposesión y expulsión de sus territorios por parte de Seaboard Corporation, transnacional que administra el Ingenio Azucarero San Martín del Tabacal, fundado a comienzos de siglo y hoy devenido una gran empresa agroindustrial(ver conflicto con El Tabacal). Dicho ingenio, a pesar de haber generado desarrollo económico y social para la zona, lo ha hecho históricamente sometiendo a condiciones indignas a sus trabajadores, y al mismo tiempo, ha venido pretendiendo por medios violentos de hecho y de acciones judiciales desplazar a las comunidades indígenas que ocupan las tierras lindantes al mismo denominadas “La Loma”. El tribunal de Orán tiene a su cargo la causa de interdicción posesoria desde el año 2004 y aún está pendiente la sentencia. Es importante destacar que hubo relevamientos antropológicos periciales que concluyeron en la pertenencia histórica de tales territorios a las comunidades guaraníes que actualmente viven allí.

  • Comunidad guaraní Tentague Jecobe Iyampibae. Unos 150 km más al sur, en la localidad de Santa Clara, Departamento de Santa Bárbara, Jujuy, el pueblo guaraní “Tentague Jecobe Iyampibae” se encuentra en similares condiciones de hostigamiento a sus derechos, ya que extranjeros franceses han comprado miles de hectáreas en las que habitan, y los tribunales penales de San Salvador de Jujuy los han condenado como “usurpadores” ordenando el desalojo de sus tierras a principios del año 2014(ver web de ENOTPO). Dicha sentencia fue apelada por la abogada Silvana Morel, defensora de los pueblos indígenas, por lo que se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Jujuy. En el recurso judicial fue presentado como un hecho nuevo la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que les reconoce la ocupación y la propiedad comunitaria de las 4270 hectáreas que ancestralmente han habitado, luego de los relevamientos realizados. Con estas nuevas evidencias reconocidas por el Estado Nacional, el máximo tribunal provincial no tendría más remedios que revocar la sentencia de desalojo y absolver a los condenados. Además los diferentes niveles de gobierno deberían reconocer la propiedad colectiva de las tierras a la comunidad a los fines de dar cumplimiento a las garantías constitucionales y convencionales referidas a pueblos originarios.

En recorrido por el norte argentino, el equipo legal de FUNDEPS estuvo intercambiando conocimientos y asesorando legalmente a las comunidades indígenas. También se coordinaron posibles redes de trabajo con los abogados y abogadas de las mismas y con la ONG Plurales, a los fines de poder colaborar con eventuales participaciones judiciales y con amplia difusión de las problemáticas de los territorios guaraníes del Norte argentino.

Más información:

Contacto: 

Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org

Agustín Filippi, agustinfilippi@fundeps.org