A lo largo de este informe trataremos, en primer lugar, una serie de datos de la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio que la ubican en un papel central, dentro del concierto mundial. Luego focalizaremos en el sistema de gobernanza minera, enunciando las leyes que lo configuran, sus principales elementos y aquellos puntos que ameritan mayor análisis. Con posterioridad, abordaremos, desde algunos indicadores sugeridos por el Estándar, los dos proyectos que se encuentran en etapa de producción de litio en Argentina: el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz-Cauchari. En particular, lo relativo a la publicidad o no de sus contratos, como eslabón fundamental en materia de publicidad y transparencia en el desarrollo de estos proyectos.
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Los pasados 3 y 4 de marzo, participamos del taller sobre Beneficiarios Finales de Empresas del sector extractivo y energético de Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue organizado por Opening Extractives (programa co-implementado por EITI y Open Ownership) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
El taller tuvo entre sus objetivos concientizar sobre la importancia de la información pública de las personas beneficiarias finales, y al mismo tiempo, brindar recursos y materiales para acrecentar las investigaciones, proyectos y análisis dentro de este campo.
En este sentido, la capacitación estuvo dividida en tres módulos: en primer lugar, se presentó contenido e información sobre beneficiarios finales, desde lo teórico hasta lo legal y también práctico, tanto a nivel nacional como internacional. Quienes disertaron en este primer módulo fueron: Andrés Knobel de la Red para Justicia Fiscal; María Eugenia Marano, especialista en derecho societario; Pamela Morales, subsecretaria de Desarrollo Minero del Gobierno de la Nación; Gonzalo Fernández de la Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación; y Lucía Cirimello de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos relacionados a la temática. De esta manera, Edgardo Livitnoff (Coordinador de Red Ruido) presentó avances del informe “Litio y transparencia en Argentina” que elaboramos en conjunto. Por su parte, Eugenia Rodríguez (Centro de Economía Política Argentina) compartió detalles sobre el trabajo de su organización: “Los ricos de Argentina”.
Finalmente, el tercer módulo, consistió en un taller práctico dictado por Mariel Fitz Patricks, en el que se proveyeron herramientas y recursos para el abordaje de beneficiarios finales. La periodista nos ayudó, principalmente, a acceder a información y cómo, de esta manera, enriquecer trabajos realizados y a realizar en la temática.
Esta instancia fue muy fructífera, en términos no sólo de conocimientos y aprendizajes, sino también en cuanto a la posibilidad de conocer a pares de otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se podría trabajar conjuntamente en un futuro cercano.
Más información:
Autora
Maitén de los Milagros Fuma
Contacto
María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org
Por iniciativa de la organización peruana ‘Derecho, Ambiente y Recursos Naturales’, el pasado 25 de febrero, se presentó una carta ante el Directorio de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI), exigiendo la publicación de información ambiental. Más de 100 organizaciones de América Latina (incluyendo a FUNDEPS), firmaron una carta que solicitaba a los miembros de esta iniciativa, hacer obligatoria la transparencia en materia de información ambiental.
El estándar EITI para la transparencia en las actividades extractivas, procura divulgar información sobre la industria petrolera, gasífera y minera. Exige la publicación de información a lo largo de la cadena de valor de la industria extractiva, desde el punto de extracción, pasando por el modo en que los ingresos siguen su camino hacia el gobierno; hasta cómo benefician al público en general. Esto incluye cómo se adjudican y registran las licencias, quiénes son los beneficiarios reales de dichas operaciones, cuáles son las disposiciones legales y fiscales, cuánto se produce, cuánto se paga, cómo se distribuyen esos ingresos, y cuál es la contribución a la economía, incluyendo el empleo.
Se trata de una iniciativa multilateral a la que los gobiernos se adhieren de manera voluntaria, y garantizando la participación de la sociedad civil y empresas del sector extractivo.
No obstante, y a pesar de la impronta de esta iniciativa, el estándar actualmente carece de requerimientos sobre la obligatoriedad de publicar información relacionada a los costos e impactos ambientales de la actividad extractiva. Es necesario contar con información, por ejemplo, sobre la cantidad de agua que un proyecto minero consume, multas que pagan las corporaciones por violaciones medioambientales, información sobre las evaluaciones de impacto medioambiental, planes de mitigación, entre otros. Estos datos son cruciales para evitar el daño irreversible al medio ambiente y la vulneración de los derechos de aquellas personas afectadas por la actividad extractiva.
Durante la semana del 25 de febrero, el Directorio de EITI se reunirá en Kiev, Ucrania; para revisar las provisiones del estándar actual. Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina enviaron una carta exigiendo que luego del proceso de revisión se incorporasen nuevas directrices que garanticen que:
- Se divulgue información a nivel proyecto, con relación a todas las evaluaciones sociales y ambientales, mostrando el verdadero impacto de la actividad extractiva en ecosistemas y comunidades.
- Se divulgue información ambiental y social sobre pagos y gastos, incluyendo estudios de impacto, derechos adquiridos, licencias, multas, compensaciones y remediación.
- Se divulgue información sobre todas las licencias y autorizaciones ambientales, desagregadas por compañía y proyecto. Incluyendo de qué manera las autoridades monitorean los compromisos e información medioambientales.
Argentina se ha unido oficialmente a EITI el 27 de febrero de 2019. De robustecerse el estándar con las demandas hechas por la sociedad civil, redundaría en una mejora sobre la generación y publicación de información medioambiental en nuestro país.
Más información
Carta enviada al Directorio de EITI
Environmental Reporting: Key to Transparency
Contacto
Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org
La presente publicación busca difundir los argumentos y las recomendaciones de sociedad civil, personas y comunidades impactadas, sobre la afectación al derecho de acceso a información y la transparencia en contextos extractivos en ocho países de América Latina y el Caribe: Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, y Perú.
Durante la semana del 17 al 19 de enero, en la ciudad de Santiago de Chile, se llevó a cabo la Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre la Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El encuentro contó con la participación de gobiernos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el año 2016 se realizó la primera consulta y se concluyó que era necesario avanzar en un relato regional sobre derechos humanos y empresas. En el 2017, el segundo encuentro se convocó con el fin de dar continuidad al esfuerzo de implementación de los Principios Rectores, sirviendo de plataforma de diálogo entre actores variados, que permita ilustrar el contenido de una agenda que oriente las políticas ligadas a la materia (tanto en el ámbito público como en el privado) hacia el disfrute progresivo de los derechos humanos en el contexto de las operaciones de las empresas.
Los Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Estos principios se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.
Los resultados esperados de esta consulta se relacionaron con:
- – Reconocer los avances internacionales en materia de empresas y derechos humanos;
- – Reconocer desafíos pendientes y la realidad regional en el desarrollo e implementación de planes de acción nacional y políticas públicas sobre empresas y derechos humanos;
- – Compartir experiencias de distintas partes interesadas sobre su relación con los Principios Rectores y los planes de acción nacional;
- – Identificar oportunidades para mejorar la colaboración entre países y regiones, y continuar con el mecanismo de aprendizaje entre pares;
- – Evaluar el avance en la agenda regional sobre las empresas y derechos humanos.
Cabe resaltar, que previo al encuentro, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta a los fines de impulsar una mayor participación de la sociedad civil en esta consulta. A raíz de dicha petición, se incorporó un panel específico para las organizaciones al mismo tiempo que se priorizaron las intervenciones de este sector a lo largo de los tres días.
La consulta entonces, contó con la participación de gobiernos americanos (Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos), representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de empresas que están trabajando en la aplicación de los principios rectores. Cada uno de los gobiernos participantes, mostró los avances en el diseño e implementación de un plan nacional que aborde la aplicación de los principios. Por su parte, los representantes de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y percepciones acerca del trabajo que los gobiernos y empresas han venido realizando respecto de esta temática.
De la misma forma que en el caso de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), desde FUNDEPS consideramos de gran relevancia impulsar este tipo de iniciativas que buscan brindar mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector privado, pero sin dejar de lado la responsabilidad que le atañe a los gobiernos nacionales. Particularmente en Argentina, y teniendo en cuenta el actual panorama de inversiones extranjeras, caracterizado por un creciente rol de las inversiones del sector privado (el caso de las inversiones de empresas chinas o la creciente cartera de proyectos de la Corporación Interamericana de Inversiones, por ejemplo) o por intermedio de Asociaciones Público-Privadas, creemos que es vital que tanto el gobierno nacional como aquellos de carácter local no pierdan de vista estos principios rectores en pos de garantizar el respeto de los DD.HH en el marco de las actividades empresariales. Asimismo, esperamos que el proceso de diseño de un plan nacional de derechos humanos y empresas, cuente con un espacio de aporte de la sociedad civil.
Más Información
- Segunda Consulta Regional de la CEPAL sobre derechos humanos y empresas
- Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas
- Plan de Acción Nacional Colombiano – Derechos Humanos y Empresas
Contacto
Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) creada en el 2003, es una alianza estratégica internacional que reúne a gobiernos, empresas extractivas y grupos de la sociedad civil de 49 países para desarrollar e implementar criterios de transparencia en los pagos que provienen de la actividad extractiva.
En la jornada previa a la Conferencia Global del EITI, el día martes 23 de febrero en el edificio del Centro de Convenciones de Lima, se llevaron a cabo distintas actividades. El evento oficial consistió en un panel de presentación de los Estudios de Transparencia Regional de los 10 años de Perú en el EITI, donde se expusieron casos de Buenas Prácticas en Transparencia y Rendición de Cuentas por parte de la USAID en “Pro participación. Sociedad Civil Vigilante y Propositiva“; los alcances e implementaciones del MIM PERÚ, programa que intenta mejorar la inversión trabajando junto a los municipios; y la presentación de una herramienta de trabajo elaborada por la OCDE que se publicaría en el próximo mes de abril, acerca de la detección y el abordaje de corrupción en la cadena de valor de extractivos, una tipología de riesgos, medidas de mitigación e incentivos. En último lugar se presentó la Declaración de América por la Transparencia en las Industrias Minera y de Hidrocarburos, que fue objeto de críticas y sugerencias para una mejor redacción.
Al mismo tiempo y en salas contiguas se fueron llevando adelante eventos paralelos organizados por distintos grupos de la sociedad civil de Perú y de la región. En estos se polemizó el rol del EITI, demostrando sus limitaciones y formulando diferentes críticas su funcionamiento, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL de Naciones Unidas, entre otros. Destacamos la presencia de importantes figuras, como el Dr. Dondo Subsecretario de Política Minera del nuevo Ministerio de Energía y Minería del gobierno argentino, en la mesa de fortalecimiento de la gobernanza en las industrias extractivas en 2016 junto a representantes de los países de la región, organizada por el BID. En la misma Dondo se pronunció afirmando el interés del nuevo gobierno en explotación minera y en el EITI por cuestiones de transparencia. También hizo alusión a la reciente quita de las retenciones a la actividad minera en el país medida que busca, según palabras del Dr. Dondo, volver a la República Argentina más competitiva en esta actividad y la descentralización impositiva, ya que antes la percepción de este impuesto se concentraba en el gobierno nacional. Luego de su intervención, Martín Walter representante del BID se ofreció para que el gobierno argentino realizara todas las consultas necesarias durante esta reforma política, y aconsejó dialogar con los países que ya estaban trabajando el tema para que no se vuelvan a repetir errores en la región.
En el marco de estas actividades FUNDEPS suscribió el Posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana ante la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas.
Contacto:
María Victoria Gerbaldo – Área de Gobernabilidad Global
Los días 24 y 25 de febrero se estará llevando a cabo en Lima, la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, suscribe al posicionamiento regional.
La EITI es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 48 países con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas.
Es importante señalar que en centro América, EITI ha estado sujeta a fuertes cuestionamientos y hay señalamientos en torno a la falta de legitimidad del proceso, dado que numerosas organizaciones han señalado la imposición de la iniciativa como un medio para promover la actividad extractiva, ante el rechazo social a la misma existente en estos países.
De esta manera, diversos países están recurriendo a este espacio de gobernanza para lograr allegarse de información que por diversas razones, no se encuentra disponible actualmente, así como para fortalecer los espacios de participación.
Haciendo click acá se puede leer completo el documento que contiene el posicionamiento regional en el marco de la Conferencia Global EITI, al que suscribe FUNDEPS.
Contacto:
María Victoria Gerbaldo / Área de Gobernabilidad Global
victoriagerbaldo@fundeps.org