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En noviembre, el gobierno argentino tiene pensado avanzar en la firma del contrato para la construcción de la cuarta central nuclear de tipo Hualong, con financiamiento chino.

El gobierno de Alberto Fernández avanza en la firma del contrato de la cuarta central atómica con el gigante asiático. Los acuerdos preliminares firmados en 2014 y 2015 contemplaban la construcción de dos reactores nucleares. Uno de los reactores sería de uranio natural tipo Candu, tecnología que maneja Argentina,  y el otro reactor sería de uranio enriquecido modelo Hualong, de origen chino.

Sin embargo, en el gobierno de Macri se realizaron modificaciones a los acuerdos con China y en el 2018 se decidió construir solo el reactor tipo Hualong, modelo que se tiene previsto construir en esta gestión.  Este tipo de reactor necesitará una inversión de USD 8000 millones y para ello Argentina deberá importar el combustible para que la central funcione, lo que implica que el país dependa de proveedores extranjeros. Varios especialistas como José Luis Antúnez, Andrés Kreiner, Gabriel Barceló y Eduardo Barreiro se encuentran en contra de este tipo de reactor e insisten en la necesidad de continuar con la tecnología de uranio natural que utiliza el modelo Candu. 

Por otro lado, los defensores de la construcción del reactor Hualong como Sabino Vaca Narvaja e Isidro Baschar consideran su construcción  como una asociación inteligente con China que ayudará a fortalecer el desarrollo nacional. También, están negociando la posibilidad de que el país produzca el combustible nuclear que necesita este modelo de reactor y así evitar la dependencia de proveedores extranjeros. Además, resaltaron que la central contará con un crédito chino de USD 7900 millones que empezará a pagarse cuando el reactor genere energía eléctrica, es decir en 8 años. En cuanto a la anulación de la construcción del reactor Candu, Vaca Narvaja y Baschar sostuvieron que la Secretaría de Energía está trabajando para reactivarlo. 

Respecto a la elección de construir centrales nucleares en lugar de optar por energías renovables como la eólica y la solar, genera inquietud no solo por el mayor costo de construcción sino también por los riesgos que implica la energía nuclear. Detractores de la central nuclear Hualong sostienen que ni siquiera sería de utilidad para desarrollar el sistema científico-tecnológico, que si se da en otro tipo de reactores como el Candu.  

También se pone en duda el momento elegido para avanzar en la construcción de la central nuclear ya que, por el contexto de crisis económica y reestructuración de la deuda en la que se encuentra Argentina, no sería oportuno la toma de deuda como tampoco resulta necesaria la energía nuclear ya que en la actualidad el país no tiene déficit en la producción de energía. 

Cabe destacar que la apuesta por un mayor desarrollo nuclear se vincula estrechamente con el tipo de matriz energética y el modelo de desarrollo promovido por el país. A su vez, involucra y afecta, de manera directa o indirecta, a una amplia variedad de actores. Por lo tanto, desde Fundeps consideramos que este tipo de decisiones deberían necesariamente incluir un debate profundo a nivel social, con la necesaria transparencia y participación de los diferentes actores sociales involucrados. Desgraciadamente, este no parece ser el caso.

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Sofía Brocanelli 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

En una reunión especial, la Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS eligió al brasileño Marco Prado Troyjo como el nuevo presidente de la institución multilateral. 

La Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo -NDB-  de los BRICS se reunió de manera especial a través de videoconferencia para elegir al nuevo presidente del banco: el brasileño Marcos Prado Troyjo, quién asumirá su funciones el 7 de julio. Su vicepresidente será Anil Kishora de India y se desempeñará como director de riesgos del banco. El mandato presidencial tiene una duración de 5 años y los presidentes se eligen de manera rotativa entre los países miembros de los BRICS, es decir entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Troyjo fue viceministro de economía de Brasil, se desempeñó como secretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales y, representó al Gobierno brasileño en las juntas de las instituciones multilaterales de desarrollo. Además, presidió la Comisión de Financiamiento Externo de Brasil y el Comité Nacional de Inversiones. También fue cofundador y Director del BRICLab en la Universidad de Columbia, Estados Unidos y es miembro del Consejo del Futuro Mundial sobre Comercio Internacional e Inversión del Foro Económico Mundial (FEM). 

Marcos Troyjo reemplazará al anterior presidente del Banco KV Kamath de India, quién ejerció la presidencia desde 2015 y es el responsable de la respuesta que tuvo el NDB hacia la pandemia del COVID-19, a través del lanzamiento del Producto de Préstamo del Programa de Emergencia COVID-19. El nuevo presidente del NDB tendrá como desafío enfrentar las consecuencias económicas pospandemia, reactivar los proyectos de infraestructura y con ello la actividad del banco multilateral. Resta por verse también qué rumbo tomará no solo el Nuevo Banco de Desarrollo sino también el mismo espacio de los BRICS tras la pandemia, habida cuenta de la pérdida de influencia que ha experimentado el foro en años recientes y las críticas que recibió, incluso por parte del propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El siguiente documento, describe y  analiza el Segundo Plan de Acción Conjunta acordado entre Argentina y China (2019-2023) en la cumbre de G20 del año 2018. Este Plan refuerza la asociación estratégica integral entre ambos Estados y detalla  las acciones que se llevarán a cabo en diferentes áreas como la política, comercial, cultural, financiera, comunicaciones, entre otras.

El creciente interés de China por financiar proyectos de infraestructura en la región ha conducido a Argentina a firmar una multiplicidad de acuerdos de cooperación con este país. Por tal motivo, hemos identificado una serie de proyectos con financiamiento chino los cuales creemos que son relevantes por su magnitud y por los impactos económicos, sociales y ambientales que pueden generar. Así, en el presente documento, se detalla el estado de situación, montos comprometidos y  actores involucrados de los proyectos seleccionados considerados emblemáticos.

En las últimas semanas, el Banco Mundial aprobó un proyecto por 35 millones de dólares y el BID y la CAF han comprometido montos de 1800 y 4000 millones de dólares respectivamente para proyectos que le permitan a la Argentina hacer frente a los efectos del COVID-19. Son préstamos de rápido desembolso que si bien resultan importantes para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia, plantean una serie de dudas respecto al efectivo cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación.

El efecto de la pandemia en la economía mundial puede verse reflejado en la paralización del comercio internacional y las actividades económicas. Además, la situación de incertidumbre ha propiciado el endurecimiento de la financiación externa para los Estados, que en este momento resultan esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria para la cual se requieren fuertes inversiones en materiales y equipamiento médico específico.

Frente a este escenario, diversas Instituciones Financieras Internacionales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Banco Europeo de Inversiones -BEI- o el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, entre otros, han puesto a disposición de los países financiamiento de rápido desembolso para proyectos que permitan hacer frente a los efectos de la pandemia . El pasado 2 de abril, el Banco Mundial -BM- aprobó un préstamo de emergencia de 35 millones de dólares para la Argentina, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud mediante la compra de equipos e insumos médicos para minimizar el impacto del coronavirus en el país. Este financiamiento forma parte del fondo de 14 mil millones de dólares que el Banco Mundial creó para brindar asistencia a los países que deben enfrentar las consecuencias en sus sistemas sanitarios y económicos a causa del brote.

Fuente: Página 12

Fuente: Página 12

Además, el BM se comprometió a cooperar con la República Argentina en la implementación del Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19. El mismo tiene como propósito fortalecer la preparación y la respuesta contra la pandemia y la adecuación de los sistemas nacionales de salud pública del país. La ejecución del proyecto de emergencia será en dos etapas: la primera consiste en los esfuerzos de respuesta a la emergencia del COVID-19 que consta de dos subetapas: por un lado, la detección, confirmación, seguimiento de contacto, registro e informe de casos y por otro el fortalecimiento de los sistemas de salud. La segunda etapa, es la implementación, monitoreo y evaluación del proyecto.

Asimismo, el 7 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo de 1800 millones de dólares para el país para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias ante la crisis del COVID-19. Es el mayor monto desembolsado por el BID hacia la Argentina en los últimos 10 años. El apoyo brindado por el BID se vincula con la atención al sistema de salud, la transferencia a la red de protección social para los más vulnerables y la recuperación económica y del empleo, principalmente, de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

Fuente: Infobae

Fuente: Infobae

Los programas del área pública del Grupo BID vinculados a la Argentina con objetivo de atender la emergencia del COVID-19 y que serán aprobados este 2020 es de 1000 millones de dólares, mientras que los otros 600 millones de dólares corresponden a proyectos vigentes. 

En un comunicado oficial, Presidencia explicó que el primero de los proyectos destinará 470 millones de dólares para un programa de salud pública con el fin de apoyar la respuesta frente al coronavirus, de la cual este año se desembolsaron 300 millones. El objetivo es asegurar el acceso al sistema de salud a 17 millones de personas. De igual modo, con la intención de apoyar el sector productivo y fomentar la creación de empleos se destinará 500 millones de dólares, para el cual 300 millones se desembolsaron este año. Se estima que el monto irá en auxilio de 30 mil micros, pequeñas y medianas empresas. 

Ademas, se destinará 600 millones con la meta de atender a la población más vulnerada mediante un programa de protección social creado en conjunto con el BID. De ese total, 400 millones serán desembolsados este año con el propósito de transferir recursos y subsidios a los sectores vulnerables. El mismo apoyará alrededor de 3 millones de empresas.  

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha expresado que en el contexto actual cada Estado debe adoptar medidas económicas que respondan a la coyuntura de cada país, sin dejar de lado el sector productivo y las franjas sociales más vulnerables. Para contribuir en dichos espacios, la CAF ha desplegado un paquete de préstamos de emergencias para cada país de hasta  50.000 millones de dólares para atender los sistemas de salud pública; también desembolsos de emergencia de  2.500 millones de dólares por país destinamos a PYMES que involucran distintos aspectos de la cartera financiera. Además se han puesto a disposición recursos de cooperación no reembolsables para donación de insumos esenciales al sector de la salud.

El presidente de Argentina mantuvo conversaciones con el ejecutivo del CAF (Luis Carranza Ugarte) intercambiando preocupaciones e iniciativas para responder a la crisis. La institución se comprometió con el Gobierno argentino a llevar adelante la ejecución de proyectos de cooperación técnica por más de  4.000 millones de dólares dentro de los próximos cuatro años destinados a la reactivación económica y ayuda social en distintos niveles gubernamentales. Para el corriente año, se destinará financiamiento específico para  fortalecer la emergencia en las provincias (40 millones de dólares), promover políticas sociales (30 millones de dólares), desarrollar inversiones en infraestructura entre los que se encuentran establecimientos educativos, reparación y construcción de rutas, y saneamiento (USD 900 millones de dólares). 

De esta forma, se puede apreciar que las  Instituciones Financieras han puesto a disposición del gobierno nacional fondos de rápido desembolso para poder hacer frente a los efectos de la pandemia de manera ejecutiva. Y la Argentina no es el único caso, ya que se han aprobado más de 130 proyectos en países de Latinoamérica, Europa, Asia y África por un monto total mayor a los 25 mil millones de dólares, de acuerdo a un mapeo de proyectos realizados por el Sistema de Alerta Temprana

Sin dejar de reconocer la necesidad de los países de contar rápidamente con recursos para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, cabe destacar que la mayoría de estos proyectos están siendo preparados, discutidos y aprobados de manera acelerada, en pocas semanas, cuando por lo general son procesos que demoran varios meses ya que deben atravesar una serie de instancias y cumplir una serie de requisitos para su aprobación y puesta en marcha. Requisitos que no sólo contemplan cuestiones económico-financieras, sino también en materia de transparencia, participación pública, rendición de cuentas, debida diligencia y sustentabilidad social y ambiental de los proyectos. Por lo tanto, cabe cuestionar si tales requisitos están efectivamente siendo contemplados y aplicados en estos proyectos de rápido desembolso por parte de las Instituciones Financieras y gobiernos involucrados.  

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Autores/as

Ailín Toso 

Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El objetivo del presente documento consiste en analizar la estrategia, los objetivos y las motivaciones políticas de la República Popular China en América Latina y el Caribe. Este análisis busca complementar el análisis previo realizado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) basado en la estrategia comercial y en materia de inversiones del gigante asiático en ALC, que derivó en la publicación de “Panorama General de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú” en el año 2016. En el documento se analiza la estrategia política china en ALC mediante el análisis del marco de relacionamiento en determinados espacios multilaterales y bilaterales en los que China está presente en la Región y, en los que incluso ejerce un rol de liderazgo. Y especial énfasis se pone en la Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China, y el rol que le toca jugar a la región de ALC en la misma.

Luego de que el gobierno de Mauricio Macri utilizara como principal fuente de financiamiento para su gestión la adquisición de deuda con organismos multilaterales de crédito, primando la relación con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos es prudente preguntarnos: ¿Cuál ha sido el rol de China en ese escenario planteado? ¿Cómo se perfila la relación con el gigante asiático en el nuevo gobierno de Alberto Fernández?

Desde la consolidación de China como un actor de influencia en el sistema internacional y una de las principales potencias económicas, Argentina ha tenido una relación con altos y bajos pero en constante comunicación. La utilización de China como actor de contrapeso frente a la constante influencia de Estados Unidos no es una estrategia sólo utilizada por Argentina, sino también por la mayoría de los países de la región.

En este escenario geopolítico, China se presenta como un actor que no puede ser ignorado más allá de los esfuerzos de occidente. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri cambió levemente la tendencia que venía prevaleciendo durante el gobierno de Cristina Fernández el cual podría describirse como casi preferencial. 

Durante el gobierno de Macri las relaciones con China han pasado de tener un fuerte lazo a atravesar algunos altibajos, desde el comienzo de la gestión el mayor acercamiento a Estados Unidos tendió a un alejamiento con China. Esto se vio reflejado en la  reconsideración de acuerdos firmados previamente durante el gobierno anterior lo que implicó una puesta en pausa a varios proyectos. La idea rectora de la política exterior del entonces presidente Mauricio Macri era “la reinserción de Argentina en el mundo” que implicó otorgar un rol más relevante a la multilateralidad. Desde ahí, la diversas giras internacionales y la búsqueda de apoyo en el mundo produjo un alejamiento con el gigante Chino con quien se tenía un acuerdo de cooperación estratégica muy profundo. 

Ante el agotamiento del crédito internacional y la inevitabilidad del vínculo con China, a mediados de su gestión,  Macri retomó el diálogo interrumpido por dos años y continuó con la etapa de profundización de la cooperación estratégica planteada por el gobierno de Fernández de Kirchner, con la celebración de la Cumbre del G20 en Argentina y se firmaron nuevos acuerdos de cooperación modificados. Para finales de la gestión la relación ya se había retomado completamente, lo que se evidenció en la asistencia de Argentina a la principal iniciativa de China en América Latina de la Franja y La ruta y se suscriben 16 acuerdos de cooperación entre ambos países. Finalmente, en junio de 2017 Argentina se perfila como miembro potencial no regional al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura -AIIB- junto con otros Estados latinoamericanos, a fin de encontrar financiación a las grandes obras de infraestructura pública del país como las represas en la Patagonia. 

En este contexto recibe el gobierno el presidente Alberto Fernández quien además se encuentra atravesando  una situación excepcional de emergencia de salud pública ante la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que a meses de haber comenzado su gestión, Fernández debía decidir quién sería el embajador de Argentina en China, decisión que daría indicio acerca del curso de acción de la política exterior con el país asiático. La decisión de Fernández fue innovadora ya que designó como embajador argentino en China a Luis María Kreckler, un diplomático de carrera con trayectoria en embajadas como la de Brasil y Alemania y como asesor político de la embajada junto a Sabino Vaca Narvaja reconocido politólogo titular del Programa de Cooperación y Vinculación Sino-Argentino de la Universidad Nacional de Lanús y especialista académico sobre China.

De esta designación se observa que el gobierno de Fernández busca un balance en la relación con China, es decir, el mantenimiento de una asociación estratégica con el gigante asiático pero sin llegar a la plena dependencia. La designación de un diplomático de trayectoria como Kreckler puede implicar una prudencia a la hora de plantear una estrategia de política exterior que genere un contrapeso a nivel internacional de los intereses políticos que pueda presentar el politólogo Vaca Narvaja.

Por su parte, el presidente Fernández ha declarado que el rol de China en el orden global es ineludible y que durante su gestión se buscará profundizar la Asociación Estratégica Integral que podría ser extensible a la Iniciativa de La Franja y la Ruta. 

Por el momento, el incipiente gobierno de Alberto Fernández, que apenas ha atravesado los 100 días de gestión, ya tuvo que gestionar una crisis de emergencia nacional de salud por el COVID-19, y de emergencia económica ante la aún pendiente negociación con el FMI. En este contexto, todo lo que no califique como emergencia automáticamente queda desplazado de las prioridades del gobierno. Sin embargo, la relación con el gigante asiático se ha fortalecido con la donación de insumos médicos del gobierno Chino a Argentina en el marco de la cooperación binacional establecida ante la pandemia del COVID-19. 

Asimismo, cuando se trata de la República Popular de China, se reconoce que lo simbólico posee la misma relevancia que lo económico. Por lo que dato no menor ha sido el mensaje que contenían las cajas de insumos provenientes de China donde se encontraba la famosa cita del Martín Fierro escrita por José Hernández: «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea«. Si bien puede esperarse matices en la relación con el gigante asiático, una cosa es segura, el gobierno de Alberto Fernández está decidido a fortalecer la relación bilateral, por lo que deberemos esperar para conocer a qué costo será. 

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Autora

Florencia Harmitton

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

Los días 2 y 3 de marzo se llevó a cabo la conferencia sobre inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe en el campus de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires.

Los días 2 y 3 de marzo se realizó en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) la conferencia ‘Repensando el rol de las inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe’ organizada por el Transnational Institute (TNI) y la UNSAM. 

Ambos días participaron exponentes no solo de Argentina, también se contó con la presencia de especialistas de Chile, Bolivia, Brasil, México y Perú. En el primer día de conferencia se abordaron cuestiones como el rol de  las inversiones extranjeras directas (IED) para el desarrollo sustentable en el actual contexto de crisis climática; la IED en América Latina, incluida las inversiones chinas y lo sectores claves en los que se encuentran. Además, se discutieron las potenciales implicancias de la región en la Nueva Ruta de la Seda. 

Como conclusiones principales del primer día, se puede mencionar la necesidad de China de recursos primarios extractivos, principal motivo de su relacionamiento con América Latina y el Caribe. El traslado de la Inversión Extranjera Directas (IED) de impactos ambientales a los países de la región. Por último, la continua violación de la inversiones chinas al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas

Por otro lado, en el segundo día se produjo un mayor  intercambio de opiniones entre los exponentes y el público presente respetando los temas pactados en el Programa, como la IED China en la región, específicamente  las características, impactos y desafíos a los que se enfrentan los países de América Latina, haciendo hincapié en Argentina, Brasil, México, Bolivia y Chile. Por último, los temas que generaron mayor intercambio de opiniones fueron la relación IED-modelos de desarrollo sustentables y, por otro lado, cuál es el tipo de IED que queremos, es decir si ésta puede contribuir al desarrollo nacional teniendo en consideración la sustentabilidad ecológica.

Respecto al segundo día, las cuestiones que tuvieron gran fuerza fueron las relativas a qué  patrón sigue China en los distintos países de la región. Así, surgieron cuestiones como la creciente demanda  de Litio por parte de China, su asociación con empresas de otros Estados para obtener su tecnología (transferencia tecnológica), la expansión de proyectos bioceánicos, los proyectos de represas hidroeléctricas y el aumento de conflictos ecoterritoriales, por mencionar algunos.

En nuestras región, en las últimas décadas las inversiones chinas han crecido de manera exponencial, superando a las inversiones de los organismos multilaterales tradicionales (como el Banco Mundial y BID). Con estas inversiones, viene aparejada la falta de controles, los impactos ambientales y sociales y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se puede pasar por alto la relación asimétrica que existe entre la región y el país asiático reproduciendo los clásicos patrones desiguales de relacionamiento que han caracterizado a América Latina y el Caribe, antes con Estados Unidos y Europa, ahora con la República Popular de China. 

En consecuencia, es importante generar una mayor articulación entre sociedad civil, academia, comunidades afectadas y todas aquellas partes interesadas para exigir una forma de relacionamiento más igualitaria y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales, ausentes hasta el momento. Es en este marco que se encuadra nuestra participación en la conferencia y el interés de Fundeps por fortalecer los vínculos con instituciones académicas tanto nacionales como internacionales que aborden la cuestión d elas inversiones chinas y su impacto sobre el ambiente y los derechos humanos.

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Autora

  • Sofía Brocanelli

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El presente documento de trabajo aborda uno de los nuevos bancos de desarrollo multilaterales: el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS. En él se desarrolla sus inicios, estructura, políticas y estrategias, los proyectos que tiene en marcha y el rol que posee China en el Banco.

Con motivo de la finalización de la Obra de Gasoductos Troncales en la provincia de Córdoba, el año pasado realizamos 5 pedidos de información a dependencias provinciales. Al no obtener ninguna respuesta, presentamos un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Las dificultades que hemos encontrado para acceder a información sobre este proyecto han sido constantes desde el inicio del mismo.

Desde el año 2014, hemos realizado diversas solicitudes de información sobre este emblemático proyecto tanto al Gobierno Provincial, como al Gobierno Nacional. Con motivo de la finalización del proyecto, el año pasado entre Agosto y Octubre realizamos una serie de pedidos de información a tres dependencias de la Provincia de Córdoba involucradas directa o indirectamente en el proyecto, a saber: la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento -ACIF-, el actual Ministerio de Obras Públicas, ex Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y a la actual Secretaría de Ambiente, ex. Min. de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

A fines del 2019, al no haber obtenido respuesta de ninguna de las dependencias provinciales por los pedidos de información realizados y habiéndose finalizado el plazo de respuesta, decidimos realizar un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente. 

Es importante aclarar que una vez que los organismos provinciales reciben una solicitud de información tienen 10 días para responder y solo puede prorrogarse por 10 días más siempre y cuando se informe dentro del plazo. Ante respuesta incompleta o falta de respuesta, como fue en este caso, se puede presentar un pronto despacho. Este recurso es el mismo pedido de información, pero se detalla la fecha y los detalles del pedido que se había realizado, sumado a un apercibimiento de iniciar acciones legales, es decir un amparo por mora. Cualquier dependencia provincial posee un plazo de 10 para responder el pronto despacho, con posibilidad de prorrogarlo 10 días más al igual que con las solicitudes de información. En nuestro caso, el pronto despacho fue realizado a mediados de diciembre del 2019, sin embargo la Secretaría de Ambiente nos respondió recién en febrero de 2020, es decir el plazo estaba más que vencido. 

Gracias al pronto despacho realizado, recibimos la respuesta del pedido de información realizado en agosto de 2019. En el pedido se solicitó información sobre el trazado definitivo del proyecto, localidad y cantidad de habitantes, comercios e industrias beneficiados por las obras y el estado de situación del proyecto. Acorde a la información brindada, la totalidad de los Sistemas Regionales se encuentran finalizados con recepción provisoria y/o definitiva de obra. 

Además, consultamos sobre las empresas y/o Unidades Transitoria de Empresas (UTEs) que participaron del proyecto como también cuáles eran los detalles y las características del plan de conexión de la unidades domiciliarias a los Sistemas Troncales  Respecto a esta última consulta, la dependencia provincial respondió que mediante Convenio protocolizado N° 024/2017 suscripto por la provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba y la Distribuidora de Gas del Centro S.A. fue aprobado el “Fondo para el Financiamiento de las Redes Domiciliarias de Gas Natural”. En ella se establecieron las pautas y exigencias que deben cumplir los municipios que adhieran para permitirle a los vecinos la posibilidad de obtener financiamiento para afrontar los costos de la conexión al gas natural en las redes domiciliarias. En línea con lo anterior, se consultó sobre el origen del financiamiento del Plan Provincial Conectar Gas Industria que posibilita la conexión al servicio de gas natural a Comercios, PyMES, Industrias, Parques Industriales, entre otros. Este Programa tiene una línea de financiamiento del Banco de Córdoba de $200.000.000, monto que es prestable hasta el 100% del valor de la obra de acuerdo con la clasificación del cliente. También, el Programa tiene financiamiento de $100.000.000 del Consejo Federal de Inversiones. 

La mayor parte de la información solicitada ya había sido solicitada previamente  en solicitudes de información que realizamos en años anteriores pero en los que no obtuvimos respuesta alguna. Información que hubiera sido óptima tenerla mucho tiempo antes. 

La falta de respuesta en las solicitudes de información como el incumplimiento de los plazos estipulados por la Ley Provincial  8803 de Acceso a la Información Pública (denominada Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado) deja entrever, nuevamente, no solo la gran dificultad existente en la actualidad para poder acceder a información de carácter público en manos del gobierno de la Provincia, sino también lo desactualizada que se encuentra esta ley que data del año 1999. En consecuencia, el año pasado junto a organizaciones sociales solicitamos a través de un documento  la actualización de esta Ley provincial de acuerdo con los lineamientos de la Ley modelo Interamericana y de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública

El Acceso a la información pública es una derecho humano que fortalece la participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública y la gobernabilidad democrática. Por ello, es necesario actualizar la Ley provincial en esta materia en pos de solucionar las falencias que posee incorporando los más altos estándares y garantizando mecanismos de control que supervisen su cumplimiento. 

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Autor/a

  • Gonzalo Roza 
  • Sofía Brocanelli

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Con la ley 27.328 aprobada en el 2017 sobre la modalidad de contrato de Participación Público Privada, el anterior Gobierno argentino pretendía, entre otros objetivos, reducir el déficit en infraestructura del país, a la vez que apalancar la inversión privada. Tras haberse confirmado tan sólo un puñado de proyectos de los inicialmente planteados, y teniendo en cuenta las críticas existentes en otros países y regiones respecto a este tipo de contratación, la pregunta que surge es qué tan efectiva ha resultado hasta el momento esta modalidad de contratación, y qué decisión tomará el nuevo Gobierno respecto a la continuidad o no tanto de los proyectos confirmados y  pendientes; como de la propia decisión de impulsar las APPs para potenciar la infraestructura en el país. 

La modalidad de contrato de Asociaciones Público Privadas (APPs) o Participación Público Privada  (PPP) son acuerdos a mediano o largo plazo entre el Estado y una empresa del sector privado. Las APPs se aplican a proyectos relacionados con la infraestructura pública y la provisión de servicios sociales que tienen déficit en su financiamiento. Por lo que,  junto a agentes privados y gubernamentales participa en la provisión de servicios como agua, transporte, infraestructura vial, energía, entre otros. (Más información sobre APPs)

La necesidad de capital, tecnología y recursos ha sido y es necesario en nuestro país debido al déficit que existe en  infraestructura. Por ello, la modalidad de contrato APPs se ha presentado como una alternativa para terminar o disminuir este desbalance.  Desde el año 2000, Argentina cuenta con un marco legal que regula las APP, uno es el Decreto N°1299 del año 2000 y el otro es el Decreto N° 967 del año 2005. Sin embargo, debido a los cambios en la economía internacional, estos instrumentos quedaron obsoletos, por lo que en 2017 se aprobó una nueva ley que se encarga de regular la aplicación de la PPP, la Ley N° 27.328 y su Decreto 118/2017. La diferencia entre este instrumento y los anteriores, es que el actual excluye o limita las prerrogativas de derecho público de la Administración como la capacidad de modificar de manera unilateral el contrato, imposibilitando al contratista privado la posibilidad de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, entre otros.

La Subsecretaría de PPP es el órgano encargado de regular este tipo de modalidad de contrato. Esta dependencia, antes de la asunción del actual gobierno, tenía a su cargo 5 Direcciones Nacionales: la Coordinación Ejecutiva de Proyectos de PPP, de Proyectos de Energía y Minería, de Proyectos de Transporte, Comunicaciones y Tecnología, la de Proyectos de Agua, Saneamiento y Vivienda, y la de Salud, Justicia y Educación. Actualmente, con motivo del cambio de gobierno, se están llevando a cabo modificaciones en esta dependencia. Por lo que ahora, la Subsecretaría de PPP tiene a su cargo 3 direcciones nacionales: la dirección nacional de Información y seguimiento de proyectos de PPP, la dirección nacional de Evaluación Técnica de proyectos de PPP y la dirección nacional de Análisis Legal y regulatorio de proyectos de PPP.

Es importante mencionar, que también se implementó el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (MRAN) en la Licitaciones PPP que colabora con la Oficina Anticorrupción. Este mecanismo es una herramienta de prevención de la corrupción y/o de comisión de irregularidades éticas. Pretende proporcionar a las compañías del sector privado y otras partes que se encuentren participando del proceso licitatorio, un canal confiable, específico y conocido por todos para reportar situaciones de alerta como comportamientos anti-éticos y oferta de sobornos. 

En cuanto a los proyectos, una vez que la ley entró en vigencia, se presentó un Plan del gobierno argentino que contemplaba la realización de 60 proyectos de PPP entre 2018-2022 por un valor de USD 26 mil millones. En este marco, desde Fundeps se han realizado pedidos de información al Estado nacional para consultar por mayor información sobre esta modalidad de contrato como la estructura organizativa que lo avala,  los entes encargados de realizar el monitoreo, y cuáles son los proyectos que se encuentran en marcha y en qué sectores. 

Uno de los proyectos de mayor envergadura que se está desarrollando actualmente es la ‘Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP- Etapa 1’ que comenzó en junio de 2018, adjudicándose a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del diseño, construcción, ampliación, mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de distintos Corredores Viales Nacionales. Solo por mencionar, en este proceso se contó con la participación de 10 consorcios compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales que presentaron 32 ofertas en total. 

Sin embargo, al consultar por la participación en este tipo de proyectos  de alguna de las instituciones financieras internacionales como el BID, BID Invest o Banco Mundial, desde Nación no pudieron brindarnos tal información, a pesar de que existen en las propias páginas web de dichas instituciones, información vinculada a la realización de obras con ese tipo de modalidad. 

Sin dudas, el poco tiempo de vigencia del nuevo régimen, así como su escasa implementación en tan solo un puñado de proyectos al día de la fecha, sumado al contexto de crisis económica que ha atravesado el país en los últimos años, hacen imposible poder hacer un balance certero acerca de qué tan efectiva o no ha resultado esta modalidad de contratación para alcanzar los objetivos planteados.  

Con el nuevo gobierno, habrá que hacer seguimiento a los proyectos que están en marcha y observar qué posición tomará de acuerdo a los proyectos que aún restan por comenzar, ya que el paquete de proyectos abarca desde el año 2018 a 2022. A su vez, cabe plantearse si el nuevo gobierno seguirá los pasos de su antecesor, buscando impulsar este tipo de modalidad de contratación para llevar adelante obras de infraestructura y atraer la inversión privada o si, por el contrario, recurrirá ya sea a opciones más tradicionales que se sustenten en una fuerte participación y financiamiento del sector público; o replanteando de alguna forma la modalidad APP.

Independientemente de ello, y contando ya con una legislación que permite este tipo de modalidad de contratación, desde Fundeps consideramos prioritario que, a la hora de pensar e impulsar este tipo de proyectos se tomen en consideración los problemas y déficits que han tenido en el pasado y tienen actualmente las APPs en otros países de la región y el mundo. Problemas que se encuentran ampliamente documentados y que pueden servir como lecciones aprendidas para evitar los perjuicios y potenciar los beneficios de esta modalidad de contratación para potenciar la infraestructura nacional.

*La información brindada ha sido modificada de acuerdo a la página web de Jefatura de Gabinete donde la nueva gestión de Gobierno ha modificado la cantidad de direcciones nacionales. Es importante aclarar que aún se encuentran actualizando los contenidos del sitio de acuerdo al Decreto 7/2019.

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Autores

Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el presente documento se brinda un panorama resumido sobre qué son las Asociaciones Público-Privada (APP), cómo funcionan en Argentina, cuáles son los principales proyectos con este tipo de contratación y cuál es el balance que se puede realizar sobre las APPs.