Este documento presenta un análisis de la evolución del proyecto de infraestructura más importante de la provincia de Córdoba y la relación con la constructora brasileña Odebrecht, con un foco en la transparencia del proyecto.
Listado de la etiqueta: Financiamiento de Infraestructura
El proyecto «Centro Ambiental Carlos Paz» presenta graves irregularidades y viola normativas ambientales y de participación. Afectaría al Lago San Roque y no sería una solución regional definitiva a la problemática histórica referida a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
En la provincia de Córdoba nuestros funcionarios continúan sin dar una respuesta adecuada y comprometida al problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Como en la elaboración de muchas otras políticas públicas se hace oídos sordos a las recomendaciones de la ciencia, de la técnica y a las necesidades de la ciudadanía.
La gestión de los residuos sólidos urbanos se considera uno de los principales problemas ambientales de nuestra sociedad. Y como consecuencia de esto Argentina cuenta con un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)-AR-L1151 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Programa financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de 150 millones de dólares dentro del mismo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz, cuyo nombre ya es tendencioso ya que más preciso sería hablar de un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de basura, en el que se toman múltiples medidas para reducir los impactos al ambiente. En resumen, busca reducir y aislar los residuos y desarrolla mecanismos para tratar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica.
El cuestionado Centro Ambiental Villa Carlos Paz pretende ser un relleno sanitario en donde ahora se encuentra un basural a cielo abierto. El grupo vecinal autoconvocado, se opone a la construcción del relleno sanitario en el lugar seleccionado y aprobado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. Desde principios de este año estamos trabajando conjuntamente con vecinos y vecinas de la zona. Los motivos por los cuales exigimos la relocalización de este proyecto de más de 200 millones de pesos son variados. No se han seguido los lineamientos de la ciencia y de la técnica para la elaboración y construcción de este tipo de obras y se están violando normativas ambientales y de participación ciudadana.
En primer lugar, el estudio de impacto ambiental (EIA) presenta inconsistencias.
* Probable desactualización de la línea de base de los estudios: Existe una alta probabilidad de un desfasaje de la descripción de las líneas de base de la calidad de agua, suelo, aire en función del comportamiento de variables naturales y ambientales y de los impactos evaluados. No se conoce la fecha exacta de su elaboración, pero el EIA fue presentado por TecnoMak S.A. el 30 de marzo de 2015, tuvo un dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria el 29 de febrero de 2016 y fue sometida a audiencia pública el 6 de abril del mismo año. En este contexto, tanto para la instancia de participación ciudadana como para la ejecución de la obra, el estudio se hizo en un contexto que no es el actual.
* Falta de claridad sobre los fundamentos para la selección de la locación de la obra: es objetable la justificación de la elección del predio para realizar las obras. Para llevar adelante el proyecto la firma TecnoMak S.A. consideró tres posibles predios, sin embargo se desconocen los fundamentos mediante los cuales se optó por su localización en el inmueble del actual basural a cielo abierto. Tampoco son públicos los motivos por los que se descartaron las otras dos alternativas.
* Posibles impactos al lago y a una reserva: Agrava la situación el hecho de que se pretende construir a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua y colindante a un área natural protegida (la Reserva Natural Militar La Calera).
* Utilización de datos censales desactualizados: el EIA utiliza los datos del censo nacional de población del 2008, siendo que existe uno realizado en el año 2010, que demuestra cambios considerables en la cantidad de habitantes de la zona.
En segundo lugar no son claras las resoluciones de la administración que establecen la vida útil del proyecto. El primer dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente -CTI- (del 29 de febrero de 2016) sugiere que “el proyecto de módulo para la disposición final de RSU será como máximo para un uso de seis años”. Además recomienda que la utilización del módulo para la disposición final de RSU recepte sólo los residuos de la localidad de Villa Carlos Paz. Luego de la audiencia pública realizada (6 de abril de 2016), y sin estudios de prefactibilidad públicos, a través de un segundo dictamen de la CTI se decidió ampliar la vida útil del proyecto a veinte años, como así también el número de comunas alcanzadas a las localidades de Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Cabalango y Malagueño.En resumen, se desconocen los motivos por los cuáles se tomó esta decisión, el plano con las coordenadas exactas en dónde se va a construir el relleno sanitario y la cantidad total de módulos proyectados.
En tercer lugar se afectó el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas que viven dentro del área de influencia del proyecto. El art. 67 de la ley 10.208 establece que el proceso de audiencia pública se deberá realizar en la zona de influencia del proyecto y de participación abierta. En este caso, la audiencia pública se convocó únicamente en Villa Carlos Paz (Departamento de Punilla), siendo que una de las zonas más afectadas por la proximidad del predio es el municipio de Malagueño, perteneciente al Departamento de Santa María. Además no se previó la posibilidad de convocar a consulta popular atento la posible categorización del proyecto como de alta complejidad ambiental (art. 68 ley 10.208).
Este alarmante proyecto cuenta con licencia ambiental aprobada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, siendo que el EIA no ha sido elaborado en estricto cumplimiento del marco normativo vigente. El conflicto socio-ambiental es inminente y las obras pueden comenzar en cualquier momento.
El desmesurado crecimiento en el volumen de los residuos en la sociedad actual está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para mantener nuestras necesidades y las de futuras generaciones. La población y el consumo crece, y como consecuencia, también la cantidad de basura que generamos. El problema es que el espacio no crece y que no le estamos dando el tratamiento adecuado.
Hemos presentado pedidos de información a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Malagueño y a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Además, el 8 de mayo acercamos una nota a los funcionarios del BID en Argentina encargados de hacer un seguimiento al programa haciendo saber estas preocupaciones.
Exigimos transparencia, responsabilidad y coherencia en los actos de gobierno. Necesitamos soluciones integrales y a largo plazo para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Nuestros funcionarios están obligados a cumplir las normas vigentes y a asegurar que se respeten los derechos humanos y el ambiente. No es posible tomar decisiones democráticamente a cualquier costo y sin que importen las condiciones.
Más información
- Avances y cuestionamientos en el Proyecto Centro Ambiental Villa Carlos Paz
- Conflictos en torno a la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz
- La problemática de los residuos sólidos urbanos en Córdoba
Contacto
Male Martinez, malemartinez@fundeps.org
María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org
Representantes de sociedad civil y de comunidades nativas participaron del taller en la ciudad de Bogotá (Colombia). El resultado fue la elaboración de una agenda que complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas planteadas desde sociedad civil y la academia.
El pasado 17 y 18 de mayo, el taller fue organizado por el por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación. El taller buscó fortalecer el accionar conjunto de la sociedad civil (comunidades, movimientos y organizaciones sociales, nacionales y locales) que están siendo afectados por proyectos financiados por banca china y qué realizan seguimiento de los impactos sociales y ambientales de estas inversiones en América Latina.
Se abordaron temas relacionados con las políticas sociales y ambientales actualmente implementadas por instituciones chinas, el análisis del financiamiento chino presente en la región, proyectos a los que se destina y la identificación de los impactos de estos proyectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Asistimos junto a representantes de sociedad civil de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y representantes de comunidades nativas y campesinas.
Recalcamos la alarmante situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y las defensoras ambientales en contextos de inversión china en países de la región, quiénes no sólo son criminalizados por la defensa de sus derechos colectivos sino que no cuentan con la debida protección del Estado. Logramos afianzar la Alianza Continental de seguimiento a las inversiones chinas para hacer frente a la estrategia geopolítica que busca mantener el modelo de exportación constante de materias primas en América Latina y el Caribe.
Quienes participamos del Taller coincidimos en que el debilitamiento de los marcos ambientales y sociales de la región no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades involucradas en el espacio de influencia de los proyectos que son financiados por la banca china. A esto se le suma el carácter no vinculante de los lineamientos de la banca china. La no existencia de protección a nivel nacional y a nivel de la banca multilateral coloca en una situación de riesgo a las comunidades que están siendo afectadas por la inversión.
Como resultado del Taller se elaboró una agenda de incidencia que reúne y complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas de reforma planteadas desde sociedad civil y la academia. En ese sentido, a nivel internacional se plantea nuevos estándares para las empresas y la banca china que garantice el cumplimiento, una mayor participación y procesos de consulta efectivos; a nivel nacional, una estrategia conjunta que revierta el debilitamiento de la legislación socio-ambiental y brinde garantías de acceso equitativo a la justicia para los defensores y las defensoras ambientales.
Más información
- Bogotá: Taller sobre acciones de incidencia frente a inversiones chinas en América Latina y el Caribe
- Desde Bogotá: Nace alianza continental frente a las inversiones chinas
- Panorama General de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú
Contacto
María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org
Vecinos autoconvocados manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz, que utiliza fondos del BID para su desarrollo.
El domingo 29 de enero tuvo lugar en la plaza de Villa San Nicolás (Malagueño), una autoconvocatoria vecinal con el objetivo de informarse y organizarse respecto a la problemática que genera en toda la zona la presencia del basural a cielo abierto que administra el municipio de Villa Carlos Paz en el predio ubicado a la vera de la autopista a Córdoba. Los vecinos conformaron una comisión interbarrial que tendrá como labor elaborar el “plan de acción” que definirá los pasos siguientes.
A través de un comunicado, los vecinos manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz en el sector. Esta obra es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151.
La reunión surgió luego de una semana en que el viento trasladó hasta sus casas el humo del incendio en el basural que la ciudad posee a la vera de la autopista Justiniano Allende Posse, a menos de 1 km del ingreso al barrio de Villa San Nicolás. “Recién ahora se toma conciencia. El humo nos despertó a todos y disparó la protesta”, dijo Lucas Bettiol, vecino de San Nicolás, en alusión al incendio que se desató en el basural y advirtió que, “no sabíamos hasta la semana pasada que querían hacer un Centro Ambiental en el mismo lugar”. Asimismo, manifestaron: “Lejos de remediar el daño generado por el basural a cielo abierto, se incrementarán los niveles de contaminación debido a la instalación de un nuevo basural que representa cinco veces el tamaño del actual vertedero”.
Los vecinos expresaron un explícito y enfático rechazo tanto al actual basural como a la radicación del Centro Ambiental Villa Carlos Paz. En este sentido aseguran que de materializarse dicha propuesta “el ambiente se verá aún más dañado, la calidad del aire disminuirá y el agua subterránea y superficial se verá contaminadas, siendo que en la zona todos los barrios consumen agua de pozo”. Advertido sobre lo avanzado que está el proyecto del Centro Ambiental, Bettiol sostuvo que:
“…será una lucha parecida a lo que pasó con Monsanto (Malvinas Argentinas), o los basurales de Bouwer y barrio Santa Ana (…) Sabemos que está aprobado pero tenemos el antecedente de Monsanto que se logró frenar y nosotros esperamos poder frenar esto. Las autoridades no están dimensionando ni el impacto ambiental ni el social (…) La población de San Nicolás no estuvo incluida en el Estudio de Impacto Ambiental y estamos a menos de 1 km. TierrAlta está más cerca. Las autoridades de Carlos Paz y Malagueño minimizan lo que está pasando en el basural”
En abril del año pasado se realizó la audiencia pública ambiental, agosto el Ministerio de Turismo realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Se prevé que las obras comiencen a mediados de este año.
Frente a los posibles impactos ambientales y sociales debe exigirse el cumplimiento de la normativa provincial, nacional y de las políticas operativas correspondientes del BID.
En el comunicado afirman que no han sido considerados en el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto financiado por el BID y que lejos de remediar el daño generado actualmente por el basural a cielo abierto, se incrementaran los niveles
de contaminación. Exigen que el municipio de Malagueño se haga presente y que Carlos Paz reconozca la vulneración a sus derechos. Asimismo solicitan a la provincia de Córdoba que actúe en la prevención del daño y exigen la inmediata reparación del daño hecho en la zona.
Los vecinos autoconvocados de San Nicolás, TierrAlta, Mariano Moreno, La Arbolada, Lote Joven, Valle del Golf, Causana y los barrios carlospacenses Costa Azul Norte y Sur solicitaron un estudio público de la calidad del aire, del suelo y de las napas subterráneas.
Desde FUNDEPS estamos siguiendo este proceso para asegurar que se respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable.
Más información
- Vecinos de Malagueño manifestaron su rechazo al basural
- A mitad de año se inicia la construcción del nuevo centro ambiental en Carlos Paz
- Avances y cuestionamientos en el Proyecto Centro Ambiental Villa Carlos Paz
Contacto
Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
Avanzan los procesos administrativos y se espera que en mayo de 2017 comiencen las obras para la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151 (GIRSU) del BID financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de US$150 millones y contiene dos subprogramas: por un lado, GIRSU en parques nacionales y municipios colindantes y, por otro lado GIRSU en otros municipios turísticos.
Dentro del segundo grupo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz. El centro fue diseñado para recibir los residuos sólidos urbanos de cinco municipios vecinos que acordaron con la administración municipal de Carlos Paz su tratamiento conjunto. El proyecto fue elaborado por la firma TecnoMak S.A. contratada por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación.
TecnoMak S.A. estudió tres alternativas de posibles localizaciones del nuevo centro de tratamiento de RSU. Finalmente se optó por su localización en el inmueble del actual basurero a cielo abierto lindero a la Reserva Natural Militar La Calera.
El proyecto tiene tres grupos de obras:
Obras Grupo 1: Relleno Sanitario para la disposición de los RSU generados en las localidades del Municipio de Villa Carlos Paz y comunas del área de influencia del proyecto; con una vida útil de 20 años y un ingreso diario promedio 163 Tn/día.
Obras Grupo 2: Planta de Separación y Tratamiento y Obras conexas de apoyo logístico y administrativo.
Obras Grupo 3: Cierre y Clausura del Basural a Cielo Abierto existente en la actualidad.
El 7 de abril del 2016 se realizó la audiencia pública ambiental en la que participaron las autoridades y once personas inscriptas a la misma.
El intendente Esteban Avilés explicó:
«Estamos trabajando en un proyecto regional que nos va a dar una solución definitiva al basural a cielo abierto (…), con esta audiencia pública estaría cerrada la situación administrativa para luego pasar a la instancia de decretos que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente de la provincia, y el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Gustavo Santos»
Sobre los plazos expuso que «creemos que vamos a ser bastante rápidos comparados con otros proyectos aprobados a nivel nacional«, aunque no descartó que sea antes de fin de año.
Varias objeciones fueron expuestas por María Luz Cammisa (secretaria de la Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación), relacionadas a la relevancia de la audiencia en tanto «llega con una obra que está licitada y que ha sido hasta pre-adjudicada»; con lo cual «estamos aquí de algún modo para convalidar lo que ya se decidió por nosotros». También se insistió en la limitación jurisdiccional, puesto que los terrenos afectados están fuera del ejido de Carlos Paz:
«Es para nosotros un tema prioritario que planteé al gobernador Juan Schiaretti porque no podemos avanzar en una planificación con las instituciones intermedias de la ciudad al estar siempre condicionados a que la provincia resuelva esta situación administrativa. Yo veo que es un gobernador que tiene este tipo de prioridad; De la Sota realmente no tuvo interés para nada», declaró el Intendente para luego ser refrendado por sus colaboradores: Es un tema de fondo para los carlospacenses; pero eso no determina la continuidad del proyecto.»
Más controvertida fue la mención de Cammisa respecto al plazo estipulado por la Comisión Técnica para el uso del módulo:
«…deberá tener como máximo seis años, y que después del mismo periodo, se deberá utilizar un sitio fuera de la cuenca del San Roque (…) para concretar la integración a un Programa de Gestión Integral de Residuos en el área metropolitana de Córdoba (CORMECOR)» (…) Ignoramos si el propio municipio tendrá una solución para sus residuos más allá de los seis años. Es decir que el centro ambiental proyectado anteriormente durará menos años que el tiempo insumido en planificarlo.»
Quienes respondieron a esto fueron la arquitecta Liliana Bina y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone. Mencionaron al respecto que la Comisión Técnica Interdisciplinaria sugirió dicho plazo en vistas al proyecto CORMECOR, del que participaría la ciudad si se concreta. Sin embargo,»esta planta seguiría funcionando exactamente igual, pero en vez de tirar en el enterramiento sanitario el sobrante, lo haríamos en una planchada de transferencia a Córdoba». Mientras, Villa Carlos Paz como las comunas integrantes habrán enterrado para esa fecha unas 475 mil toneladas de basura.
Por otra parte, Pedrone indicó «decir que los municipios y comunas que tienen firmados convenios intermunicipales con nosotros y que no van a poder tirar más la basura es absolutamente falso (…) El proyecto se ha pensado desde el primer minuto con la participación de las ocho comunas y municipios que colindan con Villa Carlos Paz y que siempre han tratado el tema de la basura en forma conjunta.», señaló en un marco de participación en el que estuvieron presentes los jefes comunales Andrea Jordán (Cuesta Blanca), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja) y representantes de Icho Cruz y Cabalango.
Otros planteos estuvieron relacionados con el ordenamiento territorial del bosque nativo:
«…no se menciona en el estudio del impacto ambiental, los impactos negativos de la reserva. Es un predio lindero a un área protegida, y un proyecto que pretende ser autorizado por vía de excepciones previstas en la Ley de Bosques (…) El propio dictamen de la Comisión Técnica advierte respecto de la localización del proyecto que sería desaconsejable concentrar en esta área más instalaciones de tipo potencialmente impactantes contra el ambiente, ya que se encuentra en las proximidades del área natural (…) y en áreas con drenaje al lago San Roque.»
Este punto también fue planteado por el ambientalista Juan Carlos Paesani, que por cuestiones de salud no estuvo presente pero hizo leer su exposición: «¿Se entenderá que ese embalse da de beber a casi dos millones de personas de la ciudad de Córdoba? Deploramos que sigan inobservando elementales principios».
Más confrontativo fue el discurso del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien retrucó las observaciones al señalar que:
«…aparte de decir hay que hacer; nuestro gobierno ha hablado con todo el mundo (…) Más allá de las cuestiones técnicas, con la deuda material y ambiental que tiene la ciudad y por el esfuerzo que han hecho todas las instituciones públicas y privadas para resolver el problema; por nuestro futuro, les pido que aprueben el proyecto.»
Sugiriendo además, que «la chicana» proviene de un integrante que comparte su mismo espacio político, Norma Morandini, «a quien hablé personalmente para plantearle la situación; pero nunca vino a Carlos Paz, y ella era legisladora por Córdoba.»
En agosto se realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Las obras iniciarían en el mes de mayo de 2017. El actual vertedero va a ser reemplazado por un relleno sanitario que albergará una planta de separación de residuos y otra de reciclaje. 222 millones serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y se estima que los trabajos demandarán alrededor de ocho meses y que, para mediados del 2018, se pondría en funcionamiento esta nueva planta.
Desde FUNDEPS seguimos estos procesos para asegurar que respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable. En este contexto de posibles impactos ambientales y sociales, el gobierno municipal y el provincial deben asegurar los mayores niveles de transparencia y acceso a la información. Monitorearemos el cumplimiento con la normativa provincial y nacional sobre estos temas así como el cumplimiento de las políticas operativas correspondientes del BID.
Más información
- Informe de Norma Morandini: “Córdoba y sus áreas desprotegidas»
- Informe de Audiencia Pública
- Carlos Paz: El basural «a cielo abierto» dejaría de funcionar en sólo dos años
Contacto
Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.
El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.
Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.
Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.
En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.
Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.
Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.
Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.
Más información
- Gasoductos: Schiaretti repasó con Prat Gay el avance de los contratos con empresas chinas
- Gasoductos: la Nación firma garantías para créditos chinos
Contacto
Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
Parte del equipo del área de Gobernabilidad Global de FUNDEPS viajó los primeros días de diciembre a la ciudad de Rurrenabaque en Bolivia. Se realizaron reuniones y recorridos por la zona donde se desarrollan proyectos de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en la zona.
El municipio de Rurrenabaque (ubicado en el Departamento de Beni, en Bolivia) constituye un importante centro turístico y zona de producción agrícola a pequeña escala, cuya población, por la necesidad de exportar sus productos, se ha visto obligada a generar presión sobre los bosques naturales. Rurrenabaque es colindante con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, donde habitan diversas comunidades indígenas.
Esta región se caracteriza por su abundante riqueza y diversidad cultural y biológica que ha llevado a establecer reservas y parques nacionales, pero que también es considerado por muchos actores como una oportunidad económica sin explotar. Esto ha llevado a que en los últimos tiempos se hayan promovido una serie de obras de infraestructura (principalmente la construcción de importantes carreteras) en las inmediaciones de las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas, lo que representa un riesgo de impactos ambientales y sociales negativos tanto para la biodiversidad y los ecosistemas como para las comunidades indígenas involucradas. Entre estos proyectos, se encuentra el financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo consiste en el mejoramiento de la carretera Santa Bárbara-Rurrenabaque.
Por otra parte, el proyecto financiado por el Banco Mundial consiste en la carretera Ixiamas – San Buenaventura se encuentra dentro del área de influencia del Corredor Norte y hace parte de la Ruta Alternativa para llegar a Cobija desde el norte de La Paz.
La carretera Ixiamas–San Buenaventura dentro del contexto regional del megaproyecto vial Corredor Norte representa una de las obras más grandes en la región Noroeste de Bolivia. El Corredor Norte es un proyecto carretero de 1664 km de longitud vinculando en sus puntos extremos a las ciudades de La Paz, Guayaramerin y Cobija. Su área de influencia que se extiende sobre 234,000 km², aproximadamente el 26% del territorio de Bolivia, abarcando 3 departamentos y 39 jurisdicciones municipales.
Los impactos y amenazas ambientales y sociales para las comunidades que habitan la zona son cada vez más graves. La situación es compleja y estas carreteras coexisten con otros proyectos (financiados principalmente por fondos chinos) que representan aún mayores problemas y desafíos para las comunidades indígenas. Desde FUNDEPS, estaremos colaborando para evaluar opciones de reclamar ante mecanismos de rendición de cuentas de instituciones financieras internacionales. Se buscará que estos proyectos no impacten negativamente en el ambiente y en las condiciones de vida de las comunidades.
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Dentro de la larga lista de inversiones chinas en Argentina, el caso de los acueductos en la provincia de Entre Ríos ha sido uno de los más controvertidos. Irregularidades en el proceso de licitación, aprobación y ejecución del proyecto han despertado el recelo y los reclamos de varios sectores de la sociedad civil.
En un contexto internacional cambiante, en el que los actores de habitual importancia han ido mutando, Argentina se ha encontrado con dificultades para el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. A lo largo de los últimos años, especialmente desde la gestión Kirchner, el escenario de las inversiones extranjeras en Argentina ha estado signado por la preponderancia de la República Popular China. Varios de los grandes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo tienen por detrás el respaldo de empresas del país asiático.
Hay dos proyectos que se han trabajado entre la Nación y la provincia de Entre Ríos desde hace algunos años y tuvieron que ver con la posibilidad de construir dos acueductos para riego en el norte entrerriano. Para la construcción de estos, el gobierno de la provincia y la “China State Construction Engineering Corporation” (CSCEC) suscribieron una carta compromiso para el aprovisionamiento de agua dulce, incorporando 200.000 hectáreas de riego.
A mediados de junio de 2013 la CSCEC expresó su interés en invertir en obras de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Durante un encuentro con representantes de la empresa, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador Sergio Urribarri “propuso tres líneas básicas de acción: obras de riego, enlace metropolitano Paraná-Santa Fe y desarrollo portuario”. Según el gobernador, el desarrollo de las obras estaría ligado en gran medida a aumentar la capacidad productiva de la provincia.
El Acuerdo con China para la construcción de los dos acueductos se firmó el 18 de julio de 2014. En el marco de los acuerdos estratégicos para obras de infraestructura, firmados en la Casa Rosada entre Xi Jinping y Cristina Fernadez de Kirchner, encuentro en el que participó Urribarri.
Los acueductos tendrán una longitud total de 546 kilómetros entre ramal principal y ramales secundarios. Son dos obras, la primera en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación para implementar un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, para la producción arrocera, citrícola y fruti–hortícola. El segundo en el departamento La Paz para realizar un acueducto del Norte entrerriano, con el aporte de aguas del río Paraná y dotar a un área marginal del acceso al agua para riego.
Los costos de las obras totalizan un monto cercano a los USD 98.000.000, según los datos presentados por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” en sus informes de factibilidad de los cuales la provincia debería aportar el 20%. Sin embargo, el presupuesto de la CSCEC fue de USD 430.387.552 adjudicada sin licitación no concurso de precios. El financiamiento provendría del banco ICBC, con un crédito de USD 366 millones a 15 años (con un período de gracia de 5) con una tasa libor más 4,5%. Asimismo, el contrato de crédito prevé como legislación aplicable la misma que la de Inglaterra.
El proyecto provocó rechazos en algunos sectores, como las organizaciones nucleadas dentro de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, que impulsaron la nulidad de la ley que, entre otros puntos, habilitó el otorgamiento directo, sin licitación pública, de la obra a una empresa de capitales chinos, como así también un endeudamiento que supera los 430 millones de dólares. La Fundación M’biguá y Justicia Ambiental también alertaron sobre la falta de transparencia e información sobre el proyecto.
El caso de los acueductos es el primero en llegar a la justicia. Como se expuso más arriba la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley N° 10.352 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse con la institución financiera de China. Esta acción se basa en que esta ley no ha cumplimentado los requisitos formales que la constitución provincial insta para su aprobación, por ejemplo: no se realizó Evaluación de Impacto Ambiental, no existe ningún dictamen de las comisiones de Hacienda y Economía, ni de la fiscalía de Estado, entre otras irregularidades. La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.
Entre los puntos principales de la demanda completa se encuentran:
– Ineficacia de la Ley 10.352 por irregularidades en su tramitación.
– Inobservancia del Principio de Razonabilidad.
Autorización al Gobernador a convenir y mantener en secreto el contrato celebrado con el Banco Chino.
– Autorización al Gobernador a contratar con el Banco Chino ICBC un préstamo en el que Entre Ríos acepta regirse por la legislación inglesa.
– Violación del deber constitucional de publicidad de los actos de gobierno.
– Privación de información como derecho humano.
– Se omitió la realización previa y precautoria de Estudios de impacto Ambientales y sus procesos evaluatorios con las debidas Audiencias Públicas y el dictado de los Actos Administrativos previos a la autorización de contratación de la obra y a la autorización de la celebración de acuerdos de inversión y/o endeudamiento.
– Violación de la Ley de Contabilidad Pública. (Arrogándose así el P.E. inconstitucionalmente facultades propias del Poder Legislativo).
– Violación de la Ley de Obras Públicas.
– Se ignoraron las garantías constitucionales contenidas en la Sección II – Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo sustentable de la Constitución Provincial.
De acuerdo a medios locales: “Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones”.
De acuerdo con Jorge Daneri miembro de la Fundación M’biguá, se está conformando un paquete de potenciales mega inversiones en la región que además de los acueductos se incluiría un proyecto de represa hidroeléctrica entre las provincias de Corrientes y Santa Fe, en el límite norte de Entre Ríos. De acuerdo con el Dr. Daneri, el mecanismo es el mismo en todos los proyectos: inexistencia de debate parlamentario de los proyectos, menos aún en las provincias involucradas, por lo tanto, enmudecimiento del federalismo de concertación social y consultas ciudadanas.
Desde FUNDEPS hemos estado trabajando en el seguimiento del caso de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, que también cuentan con financiamiento chino. Parte del proceso de aprobación y ejecución de este proyecto, puede identificarse con lo sucedido en Entre Ríos. La falta de transparencia en ciertas cuestiones como la presentación y publicación del estudio de impacto ambiental, hacen sonar una alarma en lo que respecta a los estándares ambientales y de DD.HH.
Asimismo, consideramos de especial relevancia resaltar que la importancia recientemente adquirida por la República Popular China en materia de inversiones en proyectos de infraestructura, se traduce en una necesidad para que la sociedad civil monitoree los procesos de diseño, aprobación y ejecución de estos proyectos. Las irregularidades más arriba mencionadas son consecuencia de políticas que aún carecen de transparencia y que no se enmarcan en un paradigma de rendición de cuentas.
Más información
Entre Ríos: “con el pretexto de construir dos acueductos se está por consumar una estafa muy grande”
Ley de acueductos: presentaron demanda contra la “estafa” de Urribarri
Ley de acueductos: la Multisectorial recogerá firmas para derogar el texto
Represa Paraná Medio, acueductos y China, la primavera de la esperanza
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
¿Qué información está disponible sobre las inversiones chinas en América Latina y el Caribe y cómo afectan estar inversiones a la gobernanza de los recursos naturales en Perú, Colombia, Argentina y México?
El Grupo Regional de Financiamiento e Infraestructura (GREFI) analizó los cambios que se están produciendo en el flujo de inversiones chinas en la región y sus impactos en la gobernanza de los recursos naturales, en un evento en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI de este año.
A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre China y América Latina se han intensificado enormemente. Se estima que el intercambio de comercial ha crecido de 12 mil a 169 mil millones de dólares entre los años 2000 al 2014 y el año 2015. En este sentido, Pekín anunció la creación de un fondo de inversión de 10 mil millones de dórales para la cooperación bilateral con Latinoamérica para proyectos de tecnología, energía, minería e infraestructura. Su estrategia de crecimiento en América Latina es bastante clara.
Frente a sus inmensas necesidades de materias primas, llega a competir con otras instituciones financieras que por su larga historia y por el trabajo realizado a partir de grandes movimientos de la sociedad civil de la región, han ido generando mecanismos de acceso a la información y políticas para la protección socioambiental. Estos procesos han sido largos y siguen su curso. Nuevos desafíos como la armonización del derecho a la consulta previa y el cambio climático con las estrategias de crecimiento económico para nuestros países, ha hecho que se sigan exigiendo cambios y mejoras.
Con la llegada de China y una alta canalización de recursos en la región, acompañados de una estrategia clara en cuanto su modelo de crecimiento en la región que necesita de materias primas a un ritmo constante, GREFI trae a la discusión algunas preguntas que creemos fundamentales para nuestros países ¿Qué sucede cuando un actor de estas características llega a nuestros países? ¿Cómo se puede acceder a la información sobre las inversiones procedentes de China en la región? ¿Cómo impactan estas inversiones?
Los conflictos socioambientales relacionados a inversiones extractivas y de infraestructura son una realidad reciente debido a marcos regulatorios débiles, baja capacidad de supervisión de los mismos, conflictos entre diferentes niveles de gobierno e mecanismo de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes, entre muchos otros factores. Sumado a esto es importante considerar el poco conocimiento que todavía se tiene sobre las compañías chinas, y sobre todo de los marcos regulatorios nacionales con los que trabajan.
La falta de transparencia, el poco acceso a información relevante sobre financiamiento chino y acuerdos bilaterales firmados, es otro asunto sobre el que todos debemos demandar cambios, antes que nuestra capacidad de exigencia se haga más pequeña en comparación con la creciente influencia de china en las políticas de desarrollo en América Latina.
El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.
Fuente: www.grefi.info
Contacto:
Juan Carballo – Director Ejecutivo
Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global
A pesar de las críticas levantadas por sectores de la oposición, preocupados por la toma de deuda y la participación de la constructora brasileña Odebrecht -salpicada por casos de corrupción en Brasil- en el proyecto de Gasoductos Troncales, la Unicameral aprobó las dos leyes impulsadas por Unión por Córdoba.
El oficialismo logró sancionar, en la sesión ordinaria del pasado 16 de marzo presidida por Martín Llaryora, las dos iniciativas enviadas por el gobernador. Por un lado se avaló la nueva toma de deuda para financiar obras y, por otro, se ratificó el decreto por el que se adjudicó la licitación para realizar el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba (ver aquí). Con la instalación proyectada de 2.336 kilómetros de gasoductos integrados en 10 sistemas regionales, este programa integral implicará una fuerte inversión en materia energética y dotará de gas natural a unas 170 localidades.
Durante el debate parlamentario, que se extendió por más de cinco horas y pudo ser presenciado por miembros de nuestro equipo del Área de Gobernabilidad Global, la mayoría del pleno legislativo autorizó al Poder Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público para el financiamiento de las obras licitadas por un monto de aproximadamente 893 millones de dólares; monto que se tomará de préstamos de entidades financieras de la República Popular de China.
Por otra parte, la asamblea legislativa autorizó al Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público por hasta 1.096 millones de dólares implementando un Programa Global de Emisión de Deuda. De esa cantidad, 596 millones son para rescate y canje del Boncor 2017, mientras que los otros 500 millones tendrán como destino la financiación de obras de infraestructura y la cancelación de pasivos, según lo comunicado por el Gobierno.
Cabe recordar que los sistemas Norte y Sur de los gasoductos estarán a cargo de la UTE: China Petroleum Pipeline Bureau y la cordobesa Electroingeniería SA. En tanto, China Communications Construction Company LTD y la argentina Iecsa operarán en las zonas Este y Centro II. El resto de los sistemas (Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y Sureste) serán realizados por la compañía brasileña Norberto Odebrecht SA.
Buena parte del debate estuvo atravesado por críticas que pronunciaron legisladores que votaron en contra de las leyes impulsadas por Unión por Córdoba. Desde la oposición, García Elorrio, Montero, Salas y Quinteros plantearon que debió haberse votado en doble lectura y aprobado con mayorías agravadas, porque ambas iniciativas configuran empréstitos, por lo tanto deberían haber sido tratadas, como dice la Constitución, con doble lectura y aprobadas con mayoría agravada.
Además, el proyecto de los gasoductos sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia y por la participación en el mismo de la constructora brasileña Odebrecht, adjudicataria de 6 de los 10 sistemas de gasoductos, y cuyo expresidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado recientemente en Brasil a 19 años de prisión por actos de corrupción y lavado de dinero.
Más información:
- “Resumen de la 7º sesión ordinaria del 16 de marzo de 2016” (Dirección de Prensa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. 16-03-2016)
- «Gasoductos y nueva deuda consiguieron amplia mayoría» (La Voz del Interior, 17-03-2016)
- «La oposición protestó por el tratamiento “exprés”» (La Voz del Interior, 17-03-2016)
- «La Provincia ratificó la construcción de los gasoductos con Odebrecht» (La Voz del Interior, 09-03-2016)
- «Resonante fallo agrega presión a Dilma» (La Voz del Interior, 09-03-2016)
- «Gasoductos: Prat Gay ratifica en China el aval al financiamiento» (La Voz del Interior, 25-02-2016)
- «La Provincia firmó contratos en Beijing para la construcción de gasoductos troncales» (La Voz del Interior, 22-02-2016)
Contacto:
Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
Discusiones sobre las implicancias del creciente rol de China en el financiamiento del desarrollo en Latinoamérica en general y de Argentina en particular.
De acuerdo a datos recientemente publicados por el Inter-American Dialogue, China sigue ampliando su rol como financiador de grandes proyectos en la región. Durante el 2015, el financiamiento chino a Latinoamérica fue mayor que el del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. El financiamiento chino sigue teniendo un fuerte foco en el sector extractivo y de infraestructura; desde 2005 China ha financiado proyectos de infraestructura por 40,3 mil millones de dólares y 70,2 mil millones en el sector energético.
En este contexto, Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, participó de la mesa de diálogo que se realizó a fines de enero en Washington DC organizado por el Inter-American Dialogue. En este encuentro, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil discutieron sobre las implicancias de esta creciente relevancia de China en la región en cuanto a los estándares sociales y ambientales de este financiamiento.
Desde FUNDEPS, se continuará monitoreando el perfil del financiamiento proveniente de fuentes chinas, los estándares socio-ambientales de estos proyectos y el respeto a la normativa de participación, acceso a la información y protección ambiental.
Más información:
- Base de datos de Inter-American Dialogue con información de financiamiento chino en Latinoamérica
- Agenda de evento “El efecto de China en los estándares sociales y ambientales de Lationamérica”.
Contacto:
Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org
El reciente caso de corrupción en Petrobras que sacude a Brasil ha salpicado el proyecto de los gasoductos troncales para la provincia de Córdoba que cuenta con financiamiento, aún no desembolsado, del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Este caso representa un ejemplo más de la necesidad de transparentar el accionar de esta institución, sobre todo en sus operaciones fuera de Brasil.
A comienzos de 2008, durante la gestión del por entonces gobernador Juan Schiaretti, se decidió impulsar el Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba. En caso de concretarse, el mismo consiste en la construcción de 5 gasoductos troncales (Norte, Centro, Sur, Este y Ruta 2) con una extensión total de 1.667 kilómetros que atravesarán la provincia y llevarán gas natural a más de 80 localidades del interior provincial que actualmente carecen de acceso a dicho servicio. Para la realización del proyecto el gobierno provincial gestionó y obtuvo, un financiamiento por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) de 257 millones de dólares. En octubre de 2008 se llamó a licitación pública internacional de la obra, la cual fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE). La misma está conformada por la constructora brasilera Andrade Gutiérrez y las empresas argentinas BRITOS S.A y IECSA S.A.
A pesar de estos avances, se produjeron una serie de contratiempos de carácter político que responden a la mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional y que imposibilitaron la llegada del financiamiento. Así, el retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía nacional impidió, hasta el momento, la materialización del desembolso y ha significado una vuelta a foja cero del proceso, corriendo el riesgo de vencer los plazos para su ejecución. El asunto se sigue agravando si tenemos en cuenta las malas relaciones reinantes entre las autoridades provinciales y miembros del gobierno nacional, que dificultan todo tipo de acercamiento para destrabar la situación imperante.
No obstante las pocas novedades que hubo en los últimos años respecto al avance del proyecto, el mismo ha tomado relevancia en las últimas semanas debido a su posible vinculación con casos de corrupción que tienen como protagonistas a empresas de Brasil. (Ver “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014). Más precisamente, con los casos de la petrolera brasileña Petrobras e importantes constructoras, todas acusadas de malversación de fondos, sobreprecios y sobornos, que ha sacudido al país vecino en el transcurso de los últimos meses.
En numerosos documentos secuestrados por la justicia brasilera, se han podido hallar diversas menciones acerca del financiamiento del BNDES para la realización de las obras en la Provincia de Córdoba y su contacto con la constructora Andrade Gutiérrez. Así mismo, esta última ha sido víctima de una demanda civil bajo la acusación de haber cobrado sobreprecios en contratos celebrados con la ya mencionada petrolera en los últimos años.
Si bien resulta discutible trazar una relación directa entre el financiamiento del programa de gasificación y las acusaciones de corrupción, lo cierto es que el accionar poco transparente del BNDES no contribuye a clarificar la situación y a disipar dudas e inquietudes. Este representa un claro ejemplo de lo que hace tiempo FUNDEPS, junto a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, vienen resaltando respecto al accionar de esta institución: sus bajos estándares de transparencia, rendición de cuentas y escasa difusión de información acerca de la manera en que opera tanto dentro como fuera de Brasil.
Más información:
– “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014
– “Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, FUNDEPS – Abril de 2014
– “Un año clave para la transparencia en el BNDES” , FUNDEPS – Enero de 2014
Contacto:
Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org