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Junto a la fundación ECOS, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 estuvimos participando en distintas instancias de capacitación y formación en donde abordamos contenidos fundamentales para realizar acompañamientos cuidadosos y garantizar prácticas seguras de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) desde una perspectiva integral y de derechos humanos. Estos espacios estuvieron dirigidos especialmente a personal de salud.

Los encuentros de formación se dieron en colaboración con el Hospital Regional Aurelio Crespo de Cruz del Eje, el Hospital Regional de Villa Dolores, el Hospital Regional Dr. Luis María Bellodi de Mina Clavero, el Hospital Municipal de Villa Carlos Paz y el Movimiento Campesino de Córdoba en la localidad de Villa de Soto. Participaron alrededor de 180 personas, entre ellas, autoridades sanitarias, profesionales de la salud, personal de enfermería, personal administrativo, estudiantes de disciplinas vinculadas con la salud, promotoras de salud comunitaria y público general. 

En cada encuentro se brindó formación sobre el marco jurídico legal vigente que regula la interrupción legal y voluntaria del embarazo, con un desarrollo pormenorizado de la Ley 27.610 y de la Ley 26.529, que regula los derechos de les pacientes en su relación con profesionales e instituciones de la salud. La formación también consistió en el desarrollo de contenidos técnicos para el abordaje integral de acompañamientos cuidadosos, en cumplimiento de parámetros internacionalmente recomendados para garantizar prácticas seguras de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE).

En el marco de las capacitaciones, presentamos y distribuimos nuestra Guía de prácticas cuidadas para la atención de la interrupción del embarazo. Se trata de un documento que aborda aspectos legales y de salud basados en la legislación vigente, en los estándares internacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de estas instancias de formación y capacitación orientadas a personal de salud, pretendemos colaborar con el perfeccionamiento y mejoramiento de esta práctica desde una perspectiva jurídica e integral, respetuosa de los derechos humanos y en consonancia con la regulación más actual en materia sanitaria. De este modo, abonamos a la formación de personal de salud que facilite el ejercicio de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, a quienes consideramos garantes de derechos y defensores de derechos humanos.

Autoras

Luz Baretta

Mayca Balaguer

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

A días del segundo aniversario de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ocurrió un nuevo episodio de persecución a la libertad reproductiva de las personas gestantes. Esta vez en la ciudad de Villa María, donde fueron detenidas 4 socorristas y una médica.

Allanamientos y detenciones arbitrarias

Durante la tarde del miércoles 21 de diciembre, dos integrantes de la organización Socorristas en Red y una profesional de la salud fueron detenidas luego de realizarse una serie de allanamientos, a solicitud del Ministerio Publico Fiscal, por el supuesto delito de ejercicio ilegal de la medicina, delito que, de acuerdo al Código Penal de la Nación (art. 208), es excarcelable. A su vez, dos personas más contaban con orden de detención pero no se encontraban en el país en el momento, motivo por el cual, a través de su abogado, se pusieron a disposición de la justicia y emprendieron el regreso al país. A pesar de ello, la fiscalía sin motivo alguno libró órdenes de captura que llevaron a que al momento de ingresar al país, en vísperas de navidad, fueran detenidas en Ezeiza. 

En virtud del recurso que el abogado defensor presentó ante el Juzgado de Control, el día viernes 23 de Diciembre se dispuso la libertad de la profesional de la salud y el día lunes siguiente fueron liberadas las otras cuatro personas detenidas. Junto con el pedido de libertad realizado por el defensor, múltiples organizaciones de la sociedad civil se presentaron ante el Juzgado de manera espontánea manifestando su preocupación por la causa en un contexto en el que el acceso a la interrupción del embarazo es un derecho reconocido a nivel nacional, y en especial por el tipo de medidas adoptadas en el marco de la investigación penal, que resultaron claramente amedrentadoras y desproporcionadas.

Socorrismo es salud

Desde su nacimiento en el año 2012, Socorristas en Red se constituyó como una articulación de colectivas que, a lo largo de todo el país, brindan información y acompañan abiertamente a las personas que deciden interrumpir sus embarazos, para que lo hagan de manera segura y cuidada, en consonancia con la ley y los estándares internacionales de derechos humanos y de salud.

La práctica de las socorristas consiste en informar y acompañar las decisiones de quienes deciden abortar, a través de escuchas que alojan las necesidades y deseos de las personas que acuden a ellas. El socorrismo sostiene y exige la dignidad y la justicia de los abortos, sean autogestionados o en el sistema de salud. En su hacer cotidiano, realizan materiales propios con información sobre la práctica, campañas de comunicación y difusión de derechos, y sistematizaciones sobre los casos que acompañan. Su trabajo es público y visible, y tiene como objetivo trabajar por cambios culturales que colaboren con erradicar las vergüenza, los miedos, y los estigmas en torno a los abortos, para que sean práctica libres y cuidadas. 

En el marco de la Ley 27.610, la entrega de información y el acompañamiento en el proceso de interrupción del embarazo que lleva adelante el socorrismo es legal y no debe ser sancionado. Tal es así, que a nivel internacional se reconoce que el acompañamiento comunitario para el tránsito por las interrupciones del embarazo es de gran importancia para mejorar la seguridad, efectividad y la experiencia individual de ese proceso.

 

Aborto legal en el hospital y en cualquier lugar

Desde la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto en diciembre del año 2020, decidir la interrupción del embarazo de manera libre es un derecho de todas las personas con capacidad de gestar. La ley reconoce también el derecho a requerir y acceder a la atención de esta práctica en los servicios del sistema de salud. Por lo tanto, todo el personal de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo, sin perjuicio de que estas prácticas puedan realizarse de forma autogestionada.

Según el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), el modelo de atención centrado en las personas que adopta la Ley 27.610 reconoce la realización de las interrupciones del embarazo con asistencia de personal de salud y autogestionadas. Las prácticas autogestionadas se consideran seguras por la Organización Mundial de la Salud (OMS) si se realizan con la información adecuada y los métodos indicados de acuerdo con la edad gestacional y los antecedentes clínicos de la persona gestante. De esta forma se tienen en cuenta las preferencias y aspiraciones individuales de las personas usuarias de los servicios y se consideran las prácticas y valores culturales de sus comunidades.

Estas prácticas autogestionadas se realizan a través del uso de medicamentos, como el misoprostol solo o combinado con mifepristona. La práctica extendida y numerosas investigaciones han demostrado que la realización del procedimiento medicamentoso en forma ambulatoria y autogestionado es una opción segura y eficaz. Asimismo, es elegida por muchas mujeres u otras personas con capacidad de gestar, porque les permite iniciar el proceso de interrupción en el momento y lugar en que les resulte más cómodo y les brinde mayor tranquilidad. 

A la clandestinidad no volvemos

A 2 años de la sanción de la Ley 27.610, que abandonó el paradigma criminal, y reconoció el derecho de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar a interrumpir sus embarazos, repudiamos esta ofensiva judicial, que se suma a una serie de estrategias que son implementadas por sectores conservadores para oponerse a los derechos conquistados. Exigimos que la investigación penal continúe conforme a los principios que rigen en materia de derechos humanos y considerando el impacto que tiene esta causa en el acceso a un servicio de salud fundamental. La persecución de quienes acompañan abortos profundiza el estigma sobre la práctica, perpetúa estereotipos y pone en peligro el acceso al derecho a la salud. 

Apoyos de la sociedad civil 

El lunes 26 de diciembre, cerca de 50 organizaciones sociales se presentaron ante el Juzgado de Control para expresar su preocupación frente a la privación de la libertad de las 4 socorristas que continuaban detenidas: Amnistía Internacional Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), MxM, Fundación ECoS Espacio Córdoba Salud, Consorcio Latinoamerciano en Contra del Aborto Inseguro (CLACAI), Biblioteca Popular Julio Cortázar/ Radio Comunitaria La Quinta Pata, Fundación GEMA – Género y Masculinidad, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos – Surkuna, Centro de Derechos Reproductivos, Movimiento Campesino de Córdoba, Consultorio de Salud Integral, Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL), La Tinta, Ni Una Menos, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Siglo 21, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género (Fundheg), Movimiento Socialista y del Trabajo (MST), Unión de Trabajadores de Salud, Cooperativa Luna Nueva, Cooperativa Soberanía alimentaria, Cooperativa Podemos, Cooperativa Construyendo Dignidad, Cooperativa Macollando, Asociacion Civil Construyendo Dignidad, Asociación Cordobesa de Medicina Familiar y General (A.C.O.M.F.Y.G), Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba, Observatorio de Género, Diversidades y Disidencias CPP, Tierra Violeta, REDAAS, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), Fundación Huésped, FUSA A.C., Colectivo de Educadorxs Desde el Sur, Lesbodramas, Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros de Misiones, Adultxs Protectorxs contra el Abuso Sexual en la Infancia, Docentes por el derecho al Aborto. Misiones, Ñanduti Agrupación Feminista de El Dorado, Colectiva feministas Las Azucenas (La Plata), Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

Autoras

Luz Baretta

Mayca Balaguer

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

 

El uso que hacemos del lenguaje siempre está cargado de sentidos. Por ende, se constituye en una herramienta para reconocer los derechos de identidades que han sido históricamente invisibilizadas.

Nuestro punto inicial es entender que lo que no se nombra no existe, es decir, sustenta relaciones de poder opresivas que reproducen desigualdades e injusticias. Por ende, cuando nos referimos a usos lingüísticos excluyentes queremos explicar cómo la utilización del género masculino de manera neutral, limita lo decible.

El siguiente documento incluye conceptos y recomendaciones sobre el uso lingüístico, con la finalidad de promover la inclusión e intentar superar el carácter totalizador del masculino y el binarismo del lenguaje convencional.

Junto con la Fundación ECOS elaboramos una guía con contenidos fundamentales para realizar la atención integral, cuidada y segura de la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE).

Esta guía está destinada a personas que trabajan en el campo de la salud y son parte de los procesos de atención y cuidados, desde la recepción de la consulta, la participación directa en la práctica y la atención posterior. También es un material útil para quienes se encuentran en proceso de formación profesional en áreas vinculadas con la salud. 

La guía contiene un desarrollo accesible del marco jurídico y aspectos clave para comprender los alcances de la Ley 27610 y otras normas a las que esta hace referencia. Describe cuáles son los derechos de las personas usuarias y las responsabilidades del personal de salud. 

Seguidamente, propone un modelo de atención integral de la práctica, para que todas las personas involucradas en ella puedan ofrecer un servicio de calidad y respetuoso de los derechos humanos, desde la consulta, durante la atención y luego de la interrupción del embarazo. Introduce cuáles son los tipos de tratamientos recomendados y desarrolla los aspectos médicos y administrativos a tener en cuenta a la hora de llevar adelante la práctica. Por último, cuenta con una serie de referencias y recursos actualizados para la consulta. 

Esperamos que este material sea de utilidad y sirva como base para que todo el personal de salud que interviene en la atención de la interrupción del embarazo, desde el primer contacto con la persona que consulta y hasta la atención posterior, puedan llevar adelante su labor de la mejor manera. 

Contacto

Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org 

Esta guía tiene como objetivo acercar al personal de la salud contenidos fundamentales para realizar acompañamientos cuidadosos y garantizar prácticas seguras de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE). Nos proponemos abordar aspectos legales y de salud basándonos en la legislación vigente, en los estándares internacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación ECOS esperamos que sea de utilidad y de consulta para llevar a cabo su labor cotidiana.

Junto al Espacio de Economía Feminista Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, realizamos el primer Encuentro Provincial de Economía Feministas el 16 y 17 de septiembre en la Universidad Provincial de Córdoba. Contamos con la presencia de diversas organizaciones y experiencias autogestivas de la Economía Feminista, Popular, Social, Solidaria, y Ecológica.

Durante dos días, organizaciones y espacios autogestivos de las otras economías compartimos instancias de reflexión y discusión en torno a un eje central: Economía feminista y las redes que nos sostienen.

Participaron 60 organizaciones de diferentes localidades de la provincia, dentro de las cuales se encontraban organizaciones barriales, emprendimientos, espacios autogestivos y colectivos de mujeres.

Debates pendientes, encuentros esperados

El día viernes 16 a la tarde fue la primera jornada que comenzó con la apertura del Encuentro. Luego, organizaciones de la provincia de Córdoba vinculadas a la Economía Feminista, Social y Solidadaria, Popular y Ecológica se presentaron y compartieron sobre sus espacios y expectativas del Encuentro. 

La jornada cerró con una charla abierta a cargo de Analía Ayala e integrantes del Espacio de Economía Feminista Córdoba, donde se plantearon algunos lineamientos y debates abiertos sobre Economía Feminista.

Al día siguiente, se propusieron  diferentes instancias de formación, discusión y encuentro a través de talleres diseñados desde y para las organizaciones. Meses antes del Encuentro, se consultó a les integrantes de organizaciones autogestivas sobre sus necesidades de formación y temas de debate para así crear en conjunto la agenda de talleres que luego dictaron las mismas organizaciones. 

La jornada se organizó en cinco talleres, construidos a partir de los ejes propuestos por las organizaciones. Los temas abordados fueron:

  • Introducción al manejo de redes sociales a cargo de Aylen Corte y Agustina Ramos de Cortezas del Chañar. Taller donde se vio un pequeño recorrido teórico – práctico para gestionar el Instagram de un emprendimiento. Se habló sobre identidad de marca (logos, paleta de colores, tipografías) y tips para crear contenido y no morir en el intento. Además, compartieron herramientas de planificación, estética, contenido de valor e ideas para subir los algoritmos. 
  • La autogestión nos convoca y el cooperativismo nos nuclea, dinamizado por Guadalupe Fernández y Julieta Ferreyra de El Resaltador. Taller que partió de la premisa «Los espacios autogestionados como actores fundamentales para diseñar y aplicar, en conjunto con el Estado, políticas públicas que nos contengan.» y el  interrogante «¿Cómo generar redes que sobrevivan en ese intento?»
  • Transfeminismos e Inclusión: contexto y experiencias de organizaciones en Córdoba. Fue una conversación sobre el contexto de vida regional y nacional de las personas travestis, transgéneros y transexuales dinamizado por ATTTA – MundoSur. Se presentó la plataforma «Diversxs y Segurxs» y se compartieron las acciones llevadas adelante por ATTTA Córdoba en el marco de políticas de inclusión laboral trans y los desafíos aún pendientes.
  • Herramientas administrativas y determinación de costos desde una perspectiva feminista. Aquí se compartieron herramientas administrativas que permiten ordenar y potenciar emprendimientos y organizaciones. Fue dinamizado por Meli Bossio y Estri Quijada.

Tejer las redes que nos sostienen

A lo largo del Encuentro, se invitó a les integrantes de los diferentes espacios autogestivos a reflexionar sobre interrogantes transversales como: ¿Por qué apostar a economías alternativas que pongan la vida en el centro?, ¿Qué es una economía que pone la vida en el centro?, ¿Qué prácticas de tu espacio creés que se enmarcan dentro de la Economía Feminista? Estos interrogantes abrieron las puertas a conversaciones pendientes y a tejer redes entre quienes apuestan día a día por formas más justas y equitativas de organizar el trabajo y la producción. 

A modo de cierre y celebración, se realizó una feria en la que participaron los espacios autogestivos que estuvieron compartiendo y construyendo colectivamente durante las dos jornadas del Encuentro. Más de 70  feriantes expusieron sus productos en la feria abierta a todo público en el campus de la UPC. 

En paralelo, Josefina Arroyuelo, dictó un taller de autodefensa al aire libre. Finalmente, el colectivo Naciente Candombe musicalizó el espacio con tambores, bombos y baile.

 

Autora

Irene Aguirre

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

 

Desde las áreas de Asuntos Legales y de Géneros y Diversidad Sexual, durante los últimos meses estuvimos participando en distintas instancias de capacitación y formación sobre el marco jurídico que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE).

Las diferentes instancias de formación se dieron en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Hospital Municipal Príncipe de Asturias. Se brindó formación sobre el marco jurídico legal vigente que regula la interrupción legal y la interrupción voluntaria del embarazo, en particular sobre la ley 27610, y la ley 26529 de derechos de les pacientes en su relación con profesionales e instituciones de la salud. 

A raíz de ello, el 7 de julio presentamos una ponencia en la capacitación “El derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, dirigido a su equipo de salud y a los Centros de Salud zonales, Residentes de Medicina General y Familiar, organizada por la Comisión de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba. 

También estuvimos brindando una capacitación en este tema a estudiantes en formación de la Facultad de Ciencias Médicas, en la segunda clase del Módulo Optativo “Derecho al aborto legal en Argentina: abordaje integral” el pasado 27 de agosto; y recientemente en la Facultad de Ciencias Sociales en virtud del Seminario de Extensión “El acceso al aborto desde una perspectiva de derechos”, el lunes 5 de septiembre. 

A través de estas instancias de formación y capacitación pretendemos colaborar con el perfeccionamiento y mejoramiento de esta práctica desde una perspectiva jurídica e integral, respetuosa de los derechos humanos y en consonancia con la regulación más actual. De este modo, abonamos a la formación de más profesionales que faciliten el ejercicio de derechos de las mujeres y personas gestantes, a quienes consideramos garantes de derechos y defensores de derechos humanos.

 

Autora

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

 

*Foto extraída de La Voz Del Interior

Invitamos a espacios y organizaciones autogestivas de las Otras economías a participar del Encuentro Provincial de Economía Feminista. Se realizará el 16 y 17 de septiembre en la Ciudad de las Artes (Universidad Provincial de Córdoba).

Desde nuestra agenda de Economía Feminista apostamos al fortalecimiento de economías alternativas que pongan en el centro la vida, partiendo de un enfoque feminista y valorando formas de construcción colectiva y democráticas.

Por esta razón invitamos a organizaciones, espacios autogestivos, emprendimientos y cooperativas de Córdoba al Encuentro Provincial de Economía Feminista

Esperamos generar un espacio que habilite diálogos que nos permitan recuperar, compartir y construir saberes y prácticas relacionadas con la Economía Feminista, en intercambio con la Economía Ecológica, Popular y Social y Solidaria desde el paradigma de la sostenibilidad de la vida. 

Cronograma tentativo

El Encuentro se realizará los días 16 y 17 de septiembre en Ciudad de las Artes.

  • Viernes 16/09 – inicia a las 17h: compartiremos una instancia de dialogo e intercambio con referentes de la Economía Feminista.
  • Sábado 17/09 – inicia a las 9h:
    *Mañana y siesta: talleres y espacios de intercambio (sujetos a cambios)
    Temáticas: Manejo de redes sociales | Políticas públicas (obstáculos y oportunidades) | Herramientas administrativas para la autogestión | Transfeminismos | Brecha digital*Cerramos con una feria abierta para todo público. Quienes asistan al encuentro podrán participar feriando.

 

Organizan: Fundeps, Espacio de Economía Feminista y Fundación Heinrich Böll.

Apoya: Universidad Provincial de Córdoba

Adhieren: El Resaltador, La Tinta, Ciscsa, Enfant Terrible, Mundo Sur, Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba (UNICEPG), Incubadora Feminista Latinoamericana. 

Más información:

El Tribunal de Impugnación de Salta debe decidir sobre el sobreseimiento de Miranda Ruiz, la médica residente que se encuentra imputada por haber garantizado una interrupción del embarazo en el marco de la ley. Presentamos argumentos de derechos humanos para que sean tenidos en cuenta en el caso. 

Miranda Ruiz es una médica residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, que está imputada hace meses por cumplir con la Ley 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo. Su intervención se dio en el marco de la ley que autoriza la realización de esta práctica en casos en que esté en peligro la vida o la salud de la paciente. El procedimiento se realizó con la participación de un equipo interdisciplinario de salud y con la supervisión de las autoridades del Hospital, en cumplimiento estricto a lo indicado por el protocolo médico-administrativo establecido para esta práctica. 

A comienzos de febrero su defensa solicitó el sobreseimiento, el cual fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Distrito Judicial de Tartagal. Ese rechazo fue apelado y se encuentra pendiente resolución ante el Tribunal de Impugnación de Salta. 

En ese marco, como organización de la sociedad civil que trabaja por el acceso a los derechos humanos de las mujeres y diversidades, y fundamentalmente, por el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, presentamos una serie de argumentos para ser tenidos en cuenta por el Tribunal. 

Consideramos que la intervención de profesionales de la salud ante un requerimiento de Interrupción Voluntaria o Legal del Embarazo está regulado por la Ley 27610 y su correspondiente Protocolo, y que por lo tanto, actuar conforme a estos no es reprochable.  Además, expresamos nuestra preocupación frente a este caso, porque la criminalización de profesionales de la salud que brindan servicios de aborto profundiza el estigma sobre el aborto, perpetúa estereotipos de género, resiente la prestación del servicio y pone en peligro el acceso al derecho a la salud. En este sentido, creemos que les profesionales de la salud que garantizan abortos legales y seguros son defensores de derechos humanos que merecen especial protección y que debe garantizarseles un ambiente seguro de trabajo. Finalmente, consideramos que la acusación a Miranda se da en un contexto de judicialización de la Ley 27610 que deja en evidencia una actitud persecutoria y obstaculizadora del derecho al aborto. 

Solicitamos que el Tribunal de Impugnación salteño revise el caso a la luz de los principios que rigen en materia de derechos humanos y considerando el impacto que tiene esta causa en el acceso a un servicio de salud fundamental. En el marco de la presentación de este escrito, y del apoyo que venimos ofreciendo desde el primer momento en esta causa, este 12 de mayo acompañaremos las acciones a desarrollarse en Salta en apoyo a Miranda. 

Garantizar derechos no es delito. 

#SobreseimientoAMirandaYA

 

Imagen de portada: Jan Touzeau, El Tribuno

 

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Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org

El pasado martes 26 de abril participamos del tercer encuentro de la Red Global CEDAW donde compartimos experiencias sobre la elaboración de informes sombra.

Todos los Estados que firmaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) deben presentar informes periódicos ante su Comité para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con su firma y adhesión. Las organizaciones de la sociedad civil de cada país, según su experiencia y el trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, una suerte de informe alternativo y complementario a los presentados por los Estados parte para dar cuenta de la realidad de las mujeres que conocen de primera mano, a fin de que el Comité tenga las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales.

Atendiendo a la relevancia de la participación de las organizaciones en este proceso, fuimos convocadas a participar de las reuniones de la Red Global CEDAW, organizada por Gloria Ramírez, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. El objetivo de dicha Red es crear un espacio de convergencia, diálogo y discusión en torno a las experiencias de elaboración y participación en la conformación de informes CEDAW.

Desde nuestra experiencia presentamos y compartimos el proceso de elaboración  de tres informes para la CEDAW, todos en el marco de la sesión 65° de la Convención: Control del tabaco en Argentina: tareas pendientes para proteger la salud de las mujeres; Violencia de género y políticas públicas de comunicación y Acceso a los recursos naturales de las mujeres rurales en la región del Gran Chaco Argentino.

Escuchamos aportes tanto de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM como de organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, Guatemala, Uruguay y Colombia. 

A lo largo del encuentro compartimos experiencias por países en cuanto a los desafíos de cada región, así como de la implementación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del país. Se exploró la posibilidad de convenios de colaboración con la Cátedra y ahondamos sobre los avances y retos en referencia a las violencias de géneros en cada país.

En este marco, junto a la Red Global y las organizaciones que la conforman, seguiremos trabajando para sostener la cooperación en el monitoreo de la implementación de los compromisos asumidos por los Estados parte de la CEDAW, la elaboración de informes sombra y la exploración y desarrollo de estrategias de incidencia para colaborar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y diversidades y disidencias sexo genéricas. 

 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

Dimos inicio al curso de Cooperativismo y Organización Laboral en el marco de la Diplomatura Textil en la UPC (Universidad Provincial de Córdoba).

El pasado martes se llevó a cabo el primer encuentro del taller sobre “Coopertativismo y Organización Laboral” que busca habilitar debates en torno a las lógicas de las organizaciones laborales. Junto a la UPC se dictó el primer módulo donde a lo largo de la jornada se expusieron temas para re pensar la economía y reivindicar la identidad de las personas trabajadoras de la Economía Social y Solidaria, Popular y Feminista. 

La Diplomatura en «Procesos Colaborativos de Producción Textil» es una instancia de aprendizaje, comunicación y colaboración para todas las personas con interés en involucrarse en los saberes textiles desde una perspectiva crítica y cooperativa propuesta en coordinación con la Red de Productores Textiles de la Provincia de Córdoba.

Esta iniciativa de formación se propone orientar a las personas involucradas hacia un vínculo social y sustentable con la profesión y el oficio, brindándoles herramientas para su concreción y motivándoles a reflexionar acerca de sus prácticas.

Desde la experiencia de trabajo de las organizaciones, conversamos sobre las problemáticas que se presentan a la hora de sostener espacios de organización autogestiva, como así también, las estrategias usadas por las diferentes organizaciones para hacer frente a la crisis socio económica. 

A lo largo de las jornadas se trabajarán temas afines a la organización laboral tales como: herramientas administrativas y jurídicas, aspectos tributarios y más.

Las inscripciones siguen abiertas en el siguiente link: Inscripción a la Diplomatura en Procesos Colaborativos de Producción Textil

 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

 

*Foto del sitio web Fashion Network

Este lunes 25 de abril presentamos argumentos en el expediente que tramita en el Poder Judicial de la provincia de Salta tras una denuncia por violencia de género mediática y simbólica contra una médica del Hospital Materno Infantil.

Una médica del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta fue hostigada a través de redes sociales y en medios de comunicación a partir de publicaciones y mensajes que la calificaron de “sicaria” y “asesina” por cumplir con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

A pesar de haberlo denunciado el 30 de marzo, no se adoptaron aún las medidas precautorias solicitadas en la demanda en contra de los agresores, que consistían en la baja de estas publicaciones. La vigencia de este tipo de mensajes negativos es preocupante, porque se usan para amedrentar, disuadir e intimidar no solo a la médica en cuestión, sino a todes les trabajadores de la salud que garantizan el acceso al aborto, lo que trae como consecuencia una afectación en una política pública sanitaria. 

Por eso, y considerando que se trata de un asunto de interés público y de trascendencia colectiva, presentamos un escrito con argumentos de hecho y de derecho para que sean considerados a la hora de resolver el caso de violencia mediática y simbólica que padece la médica en tanto profesional de la salud que garantiza el acceso a una práctica legal reconocida por la ley 27.610. 

Los hechos denunciados constituyen hechos de violencia mediática y simbólica conforme a las disposiciones de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (ley 26.485). Estos tipos de violencia se configuran cuando se presentan ideas fuertemente estereotipadas que refuerzan “valores”, conceptos o preconceptos negativos sobre el rol y la forma de actuar de las mujeres, en oposición a la de los varones. Los estereotipos son representaciones que asignan características y valores a cada género. Pueden ser generalizaciones, ideas simplificadas, distorsiones, descripciones parciales sobre las características de unas y otros. 

Consideramos que con mensajes como los denunciados se refuerzan estereotipos y se profundiza el estigma relacionado con el aborto, que asocia atributos o connotaciones negativas a todo lo vinculado con el tema. Esta estigmatización de los servicios de aborto pone en peligro la propia prestación de los servicios, ya que puede predisponer a que otres profesionales de la salud se abstengan de realizar estas prácticas por miedo a recibir el mismo tipo de amedrentamientos.  

Entendemos que quienes facilitan el ejercicio de derechos de las mujeres y personas gestantes a pesar de este estigma y del consecuente costo social deben ser consideradas como garantes de derechos. En el ámbito internacional, las personas que prestan servicios de aborto seguro son reconocidas como defensoras de derechos humanos al ser quienes garantizan el libre ejercicio que tienen las mujeres y personas gestantes de decidir sobre su cuerpo. Por lo tanto, es necesario erradicar cualquier conducta que alimente el estigma del que son víctimas. 

 

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Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org