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Junto al Espacio de Economía Feminista Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, realizamos el primer Encuentro Provincial de Economía Feministas el 16 y 17 de septiembre en la Universidad Provincial de Córdoba. Contamos con la presencia de diversas organizaciones y experiencias autogestivas de la Economía Feminista, Popular, Social, Solidaria, y Ecológica.

Durante dos días, organizaciones y espacios autogestivos de las otras economías compartimos instancias de reflexión y discusión en torno a un eje central: Economía feminista y las redes que nos sostienen.

Participaron 60 organizaciones de diferentes localidades de la provincia, dentro de las cuales se encontraban organizaciones barriales, emprendimientos, espacios autogestivos y colectivos de mujeres.

Debates pendientes, encuentros esperados

El día viernes 16 a la tarde fue la primera jornada que comenzó con la apertura del Encuentro. Luego, organizaciones de la provincia de Córdoba vinculadas a la Economía Feminista, Social y Solidadaria, Popular y Ecológica se presentaron y compartieron sobre sus espacios y expectativas del Encuentro. 

La jornada cerró con una charla abierta a cargo de Analía Ayala e integrantes del Espacio de Economía Feminista Córdoba, donde se plantearon algunos lineamientos y debates abiertos sobre Economía Feminista.

Al día siguiente, se propusieron  diferentes instancias de formación, discusión y encuentro a través de talleres diseñados desde y para las organizaciones. Meses antes del Encuentro, se consultó a les integrantes de organizaciones autogestivas sobre sus necesidades de formación y temas de debate para así crear en conjunto la agenda de talleres que luego dictaron las mismas organizaciones. 

La jornada se organizó en cinco talleres, construidos a partir de los ejes propuestos por las organizaciones. Los temas abordados fueron:

  • Introducción al manejo de redes sociales a cargo de Aylen Corte y Agustina Ramos de Cortezas del Chañar. Taller donde se vio un pequeño recorrido teórico – práctico para gestionar el Instagram de un emprendimiento. Se habló sobre identidad de marca (logos, paleta de colores, tipografías) y tips para crear contenido y no morir en el intento. Además, compartieron herramientas de planificación, estética, contenido de valor e ideas para subir los algoritmos. 
  • La autogestión nos convoca y el cooperativismo nos nuclea, dinamizado por Guadalupe Fernández y Julieta Ferreyra de El Resaltador. Taller que partió de la premisa «Los espacios autogestionados como actores fundamentales para diseñar y aplicar, en conjunto con el Estado, políticas públicas que nos contengan.» y el  interrogante «¿Cómo generar redes que sobrevivan en ese intento?»
  • Transfeminismos e Inclusión: contexto y experiencias de organizaciones en Córdoba. Fue una conversación sobre el contexto de vida regional y nacional de las personas travestis, transgéneros y transexuales dinamizado por ATTTA – MundoSur. Se presentó la plataforma «Diversxs y Segurxs» y se compartieron las acciones llevadas adelante por ATTTA Córdoba en el marco de políticas de inclusión laboral trans y los desafíos aún pendientes.
  • Herramientas administrativas y determinación de costos desde una perspectiva feminista. Aquí se compartieron herramientas administrativas que permiten ordenar y potenciar emprendimientos y organizaciones. Fue dinamizado por Meli Bossio y Estri Quijada.

Tejer las redes que nos sostienen

A lo largo del Encuentro, se invitó a les integrantes de los diferentes espacios autogestivos a reflexionar sobre interrogantes transversales como: ¿Por qué apostar a economías alternativas que pongan la vida en el centro?, ¿Qué es una economía que pone la vida en el centro?, ¿Qué prácticas de tu espacio creés que se enmarcan dentro de la Economía Feminista? Estos interrogantes abrieron las puertas a conversaciones pendientes y a tejer redes entre quienes apuestan día a día por formas más justas y equitativas de organizar el trabajo y la producción. 

A modo de cierre y celebración, se realizó una feria en la que participaron los espacios autogestivos que estuvieron compartiendo y construyendo colectivamente durante las dos jornadas del Encuentro. Más de 70  feriantes expusieron sus productos en la feria abierta a todo público en el campus de la UPC. 

En paralelo, Josefina Arroyuelo, dictó un taller de autodefensa al aire libre. Finalmente, el colectivo Naciente Candombe musicalizó el espacio con tambores, bombos y baile.

 

Autora

Irene Aguirre

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

 

Desde las áreas de Asuntos Legales y de Géneros y Diversidad Sexual, durante los últimos meses estuvimos participando en distintas instancias de capacitación y formación sobre el marco jurídico que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE).

Las diferentes instancias de formación se dieron en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Hospital Municipal Príncipe de Asturias. Se brindó formación sobre el marco jurídico legal vigente que regula la interrupción legal y la interrupción voluntaria del embarazo, en particular sobre la ley 27610, y la ley 26529 de derechos de les pacientes en su relación con profesionales e instituciones de la salud. 

A raíz de ello, el 7 de julio presentamos una ponencia en la capacitación “El derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, dirigido a su equipo de salud y a los Centros de Salud zonales, Residentes de Medicina General y Familiar, organizada por la Comisión de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba. 

También estuvimos brindando una capacitación en este tema a estudiantes en formación de la Facultad de Ciencias Médicas, en la segunda clase del Módulo Optativo “Derecho al aborto legal en Argentina: abordaje integral” el pasado 27 de agosto; y recientemente en la Facultad de Ciencias Sociales en virtud del Seminario de Extensión “El acceso al aborto desde una perspectiva de derechos”, el lunes 5 de septiembre. 

A través de estas instancias de formación y capacitación pretendemos colaborar con el perfeccionamiento y mejoramiento de esta práctica desde una perspectiva jurídica e integral, respetuosa de los derechos humanos y en consonancia con la regulación más actual. De este modo, abonamos a la formación de más profesionales que faciliten el ejercicio de derechos de las mujeres y personas gestantes, a quienes consideramos garantes de derechos y defensores de derechos humanos.

 

Autora

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

 

*Foto extraída de La Voz Del Interior

Invitamos a espacios y organizaciones autogestivas de las Otras economías a participar del Encuentro Provincial de Economía Feminista. Se realizará el 16 y 17 de septiembre en la Ciudad de las Artes (Universidad Provincial de Córdoba).

Desde nuestra agenda de Economía Feminista apostamos al fortalecimiento de economías alternativas que pongan en el centro la vida, partiendo de un enfoque feminista y valorando formas de construcción colectiva y democráticas.

Por esta razón invitamos a organizaciones, espacios autogestivos, emprendimientos y cooperativas de Córdoba al Encuentro Provincial de Economía Feminista

Esperamos generar un espacio que habilite diálogos que nos permitan recuperar, compartir y construir saberes y prácticas relacionadas con la Economía Feminista, en intercambio con la Economía Ecológica, Popular y Social y Solidaria desde el paradigma de la sostenibilidad de la vida. 

Cronograma tentativo

El Encuentro se realizará los días 16 y 17 de septiembre en Ciudad de las Artes.

  • Viernes 16/09 – inicia a las 17h: compartiremos una instancia de dialogo e intercambio con referentes de la Economía Feminista.
  • Sábado 17/09 – inicia a las 9h:
    *Mañana y siesta: talleres y espacios de intercambio (sujetos a cambios)
    Temáticas: Manejo de redes sociales | Políticas públicas (obstáculos y oportunidades) | Herramientas administrativas para la autogestión | Transfeminismos | Brecha digital*Cerramos con una feria abierta para todo público. Quienes asistan al encuentro podrán participar feriando.

 

Organizan: Fundeps, Espacio de Economía Feminista y Fundación Heinrich Böll.

Apoya: Universidad Provincial de Córdoba

Adhieren: El Resaltador, La Tinta, Ciscsa, Enfant Terrible, Mundo Sur, Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba (UNICEPG), Incubadora Feminista Latinoamericana. 

Más información:

El Tribunal de Impugnación de Salta debe decidir sobre el sobreseimiento de Miranda Ruiz, la médica residente que se encuentra imputada por haber garantizado una interrupción del embarazo en el marco de la ley. Presentamos argumentos de derechos humanos para que sean tenidos en cuenta en el caso. 

Miranda Ruiz es una médica residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, que está imputada hace meses por cumplir con la Ley 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo. Su intervención se dio en el marco de la ley que autoriza la realización de esta práctica en casos en que esté en peligro la vida o la salud de la paciente. El procedimiento se realizó con la participación de un equipo interdisciplinario de salud y con la supervisión de las autoridades del Hospital, en cumplimiento estricto a lo indicado por el protocolo médico-administrativo establecido para esta práctica. 

A comienzos de febrero su defensa solicitó el sobreseimiento, el cual fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Distrito Judicial de Tartagal. Ese rechazo fue apelado y se encuentra pendiente resolución ante el Tribunal de Impugnación de Salta. 

En ese marco, como organización de la sociedad civil que trabaja por el acceso a los derechos humanos de las mujeres y diversidades, y fundamentalmente, por el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, presentamos una serie de argumentos para ser tenidos en cuenta por el Tribunal. 

Consideramos que la intervención de profesionales de la salud ante un requerimiento de Interrupción Voluntaria o Legal del Embarazo está regulado por la Ley 27610 y su correspondiente Protocolo, y que por lo tanto, actuar conforme a estos no es reprochable.  Además, expresamos nuestra preocupación frente a este caso, porque la criminalización de profesionales de la salud que brindan servicios de aborto profundiza el estigma sobre el aborto, perpetúa estereotipos de género, resiente la prestación del servicio y pone en peligro el acceso al derecho a la salud. En este sentido, creemos que les profesionales de la salud que garantizan abortos legales y seguros son defensores de derechos humanos que merecen especial protección y que debe garantizarseles un ambiente seguro de trabajo. Finalmente, consideramos que la acusación a Miranda se da en un contexto de judicialización de la Ley 27610 que deja en evidencia una actitud persecutoria y obstaculizadora del derecho al aborto. 

Solicitamos que el Tribunal de Impugnación salteño revise el caso a la luz de los principios que rigen en materia de derechos humanos y considerando el impacto que tiene esta causa en el acceso a un servicio de salud fundamental. En el marco de la presentación de este escrito, y del apoyo que venimos ofreciendo desde el primer momento en esta causa, este 12 de mayo acompañaremos las acciones a desarrollarse en Salta en apoyo a Miranda. 

Garantizar derechos no es delito. 

#SobreseimientoAMirandaYA

 

Imagen de portada: Jan Touzeau, El Tribuno

 

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Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org

El pasado martes 26 de abril participamos del tercer encuentro de la Red Global CEDAW donde compartimos experiencias sobre la elaboración de informes sombra.

Todos los Estados que firmaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) deben presentar informes periódicos ante su Comité para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con su firma y adhesión. Las organizaciones de la sociedad civil de cada país, según su experiencia y el trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, una suerte de informe alternativo y complementario a los presentados por los Estados parte para dar cuenta de la realidad de las mujeres que conocen de primera mano, a fin de que el Comité tenga las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales.

Atendiendo a la relevancia de la participación de las organizaciones en este proceso, fuimos convocadas a participar de las reuniones de la Red Global CEDAW, organizada por Gloria Ramírez, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. El objetivo de dicha Red es crear un espacio de convergencia, diálogo y discusión en torno a las experiencias de elaboración y participación en la conformación de informes CEDAW.

Desde nuestra experiencia presentamos y compartimos el proceso de elaboración  de tres informes para la CEDAW, todos en el marco de la sesión 65° de la Convención: Control del tabaco en Argentina: tareas pendientes para proteger la salud de las mujeres; Violencia de género y políticas públicas de comunicación y Acceso a los recursos naturales de las mujeres rurales en la región del Gran Chaco Argentino.

Escuchamos aportes tanto de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM como de organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, Guatemala, Uruguay y Colombia. 

A lo largo del encuentro compartimos experiencias por países en cuanto a los desafíos de cada región, así como de la implementación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del país. Se exploró la posibilidad de convenios de colaboración con la Cátedra y ahondamos sobre los avances y retos en referencia a las violencias de géneros en cada país.

En este marco, junto a la Red Global y las organizaciones que la conforman, seguiremos trabajando para sostener la cooperación en el monitoreo de la implementación de los compromisos asumidos por los Estados parte de la CEDAW, la elaboración de informes sombra y la exploración y desarrollo de estrategias de incidencia para colaborar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y diversidades y disidencias sexo genéricas. 

 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

Dimos inicio al curso de Cooperativismo y Organización Laboral en el marco de la Diplomatura Textil en la UPC (Universidad Provincial de Córdoba).

El pasado martes se llevó a cabo el primer encuentro del taller sobre “Coopertativismo y Organización Laboral” que busca habilitar debates en torno a las lógicas de las organizaciones laborales. Junto a la UPC se dictó el primer módulo donde a lo largo de la jornada se expusieron temas para re pensar la economía y reivindicar la identidad de las personas trabajadoras de la Economía Social y Solidaria, Popular y Feminista. 

La Diplomatura en «Procesos Colaborativos de Producción Textil» es una instancia de aprendizaje, comunicación y colaboración para todas las personas con interés en involucrarse en los saberes textiles desde una perspectiva crítica y cooperativa propuesta en coordinación con la Red de Productores Textiles de la Provincia de Córdoba.

Esta iniciativa de formación se propone orientar a las personas involucradas hacia un vínculo social y sustentable con la profesión y el oficio, brindándoles herramientas para su concreción y motivándoles a reflexionar acerca de sus prácticas.

Desde la experiencia de trabajo de las organizaciones, conversamos sobre las problemáticas que se presentan a la hora de sostener espacios de organización autogestiva, como así también, las estrategias usadas por las diferentes organizaciones para hacer frente a la crisis socio económica. 

A lo largo de las jornadas se trabajarán temas afines a la organización laboral tales como: herramientas administrativas y jurídicas, aspectos tributarios y más.

Las inscripciones siguen abiertas en el siguiente link: Inscripción a la Diplomatura en Procesos Colaborativos de Producción Textil

 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

 

*Foto del sitio web Fashion Network

Este lunes 25 de abril presentamos argumentos en el expediente que tramita en el Poder Judicial de la provincia de Salta tras una denuncia por violencia de género mediática y simbólica contra una médica del Hospital Materno Infantil.

Una médica del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta fue hostigada a través de redes sociales y en medios de comunicación a partir de publicaciones y mensajes que la calificaron de “sicaria” y “asesina” por cumplir con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

A pesar de haberlo denunciado el 30 de marzo, no se adoptaron aún las medidas precautorias solicitadas en la demanda en contra de los agresores, que consistían en la baja de estas publicaciones. La vigencia de este tipo de mensajes negativos es preocupante, porque se usan para amedrentar, disuadir e intimidar no solo a la médica en cuestión, sino a todes les trabajadores de la salud que garantizan el acceso al aborto, lo que trae como consecuencia una afectación en una política pública sanitaria. 

Por eso, y considerando que se trata de un asunto de interés público y de trascendencia colectiva, presentamos un escrito con argumentos de hecho y de derecho para que sean considerados a la hora de resolver el caso de violencia mediática y simbólica que padece la médica en tanto profesional de la salud que garantiza el acceso a una práctica legal reconocida por la ley 27.610. 

Los hechos denunciados constituyen hechos de violencia mediática y simbólica conforme a las disposiciones de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (ley 26.485). Estos tipos de violencia se configuran cuando se presentan ideas fuertemente estereotipadas que refuerzan “valores”, conceptos o preconceptos negativos sobre el rol y la forma de actuar de las mujeres, en oposición a la de los varones. Los estereotipos son representaciones que asignan características y valores a cada género. Pueden ser generalizaciones, ideas simplificadas, distorsiones, descripciones parciales sobre las características de unas y otros. 

Consideramos que con mensajes como los denunciados se refuerzan estereotipos y se profundiza el estigma relacionado con el aborto, que asocia atributos o connotaciones negativas a todo lo vinculado con el tema. Esta estigmatización de los servicios de aborto pone en peligro la propia prestación de los servicios, ya que puede predisponer a que otres profesionales de la salud se abstengan de realizar estas prácticas por miedo a recibir el mismo tipo de amedrentamientos.  

Entendemos que quienes facilitan el ejercicio de derechos de las mujeres y personas gestantes a pesar de este estigma y del consecuente costo social deben ser consideradas como garantes de derechos. En el ámbito internacional, las personas que prestan servicios de aborto seguro son reconocidas como defensoras de derechos humanos al ser quienes garantizan el libre ejercicio que tienen las mujeres y personas gestantes de decidir sobre su cuerpo. Por lo tanto, es necesario erradicar cualquier conducta que alimente el estigma del que son víctimas. 

 

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Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org

 

El pasado 8 y 9 de abril se reunieron en Córdoba capital integrantes de la Alianza Nacional de Abogados y Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres provenientes de todo el país.

Más de 50 abogadas de distintos puntos del país se reunieron el fin de semana pasado para dialogar sobre los desafíos en la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y diseñar estrategias legales para superarlos.

Dentro de los desafíos encontrados en el acceso a los derechos que reconoce la Ley 27.610, a más de un año de su sanción, se destacaron la falta de conocimiento sobre la ley en la comunidad, las barreras geográficas y económicas para el acceso, la falta de disponibilidad de centros de salud, la obstaculización por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, la obstrucción derivada del abuso de la figura de la objeción de conciencia y la indebida judicialización del acceso al aborto. Se manifestó una especial preocupación por la criminalización a la médica Miranda Ruiz en la provincia de Salta, por lo cual se acordó articular estrategias para apoyar el pedido de su sobreseimiento.

El encuentro, motorizado por abogadas de organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza (Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps, Amnistía Internacional, CELS, ELA y Fundación MxM) permitió el intercambio de experiencias locales y el fortalecimiento de redes para la defensa de los derechos desde una perspectiva feminista.

La Alianza es un espacio intergeneracional y federal creado en 2011 y conformado por 300 profesionales del derecho de 20 provincias. Es una articulación que permite el intercambio entre quienes ejercen el Derecho desde diversos ámbitos y para una sociedad más equitativa e igualitaria.

Con las energías renovadas gracias al reencuentro, se consensuaron y articularon líneas de acción para seguir exigiendo la efectiva aplicación de la ley en todo el país y en red.

Lanzamos una guía que ofrece pasos y herramientas para que organizaciones y emprendimientos autogestivos puedan revisar sus procesos de gestión interna e implementar buenas prácticas con miras a alcanzar su sostenibilidad económica, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida.

La Economía Feminista, junto a la Economía Ecológica, Popular, Social y Solidaria (las llamadas Otras economías) nos permiten dar cuenta de la insostenibilidad de las lógicas de desigualdad y saqueo que caracterizan al modelo capitalista y heterocispatriarcal dominante. También, nos brinda herramientas para identificar, visibilizar y fortalecer aquellas que apuestan a la sostenibilidad de la vida.

A partir de este posicionamiento es que durante el año 2021, junto con la Incubadora Feminista Latinoamericana y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, realizamos un trabajo de fortalecimiento organizacional y económico dirigido a 7 organizaciones y emprendimientos autogestivos de las Otras economías de la provincia de Córdoba. 

La meta era coadyuvar al fortalecimiento de diversas experiencias autogestivas de nuestra provincia a través del diseño, implementación y evaluación colectiva de estrategias y herramientas para la sostenibilidad económica. Y así potenciar los procesos y actividades productivas y reproductivas que llevan adelante y que apuntan, en un sentido más amplio, a la sostenibilidad de la vida.

En las distintas etapas de ese proceso de fortalecimiento empleamos herramientas para el diagnóstico, la planificación y gestión de recursos (dinero, bienes, servicios, tiempo, contactos y redes, etc.) que pudieron adaptarse a las necesidades y formas de organización, y ser de utilidad para la evaluación y mejora de los procesos de gestión de organizaciones autogestivas. A lo largo de esta experiencia, no sólo pusimos a prueba las estrategias y herramientas propuestas sino también pudimos identificar intereses y necesidades que requieren de atención. 

Desde este lugar se reafirma nuestro compromiso con la transformación de situaciones de desigualdad a través del fortalecimiento de las diversas experiencias autogestivas compuestas mayoritariamente por feminidades y disidencias y que forman parte de las Otras Economías, en este caso, brindando recursos para tal fin.

Elaboramos esta guía con herramientas dirigidas a espacios autogestivos de las Otras Economías, para que puedan reveer sus formas de organización y procesos de gestión interna con el fin de alcanzar su sostenibilidad económica desde la mirada de una Economía Feminista que apuesta a la sostenibilidad de la vida. Este material se plantea como un segundo fascículo de recursos que venimos realizando desde el año 2020 con el fin de fortalecer prácticas y reflexiones en torno a las Otras economías. 

La guía es una propuesta, una hipótesis de trabajo, no una imposición ni una estructura rígida. Son herramientas puestas a disposición para que cada espacio las discuta, transforme y adapte a sus propias necesidades. 

Se pensó en un proceso integral y secuenciado, aunque no necesariamente lineal. Esto permite que cada organización elija por dónde comenzar y qué pasos seguir, para avanzar en lo que considere pertinente o más ajustado a sus necesidades. 

Esperamos que les sirva.

Leer recursero

 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Lanzamos una guía que ofrece pasos y herramientas para que organizaciones y emprendimientos autogestivos puedan revisar sus procesos de gestión interna e implementar buenas prácticas con miras a alcanzar su sostenibilidad económica, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida.

La médica residente del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal (Salta), Miranda Ruiz, se encuentra imputada en una causa penal iniciada en su contra en septiembre de 2021, tras haber intervenido en la realización de una práctica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La práctica había sido solicitada por una paciente mayor de edad, en pleno ejercicio de su autonomía. Al llegar al centro de salud fue atendida por un equipo interdisciplinario, quienes constataron que su situación se encuadraba en el supuesto de “causal salud” contemplado en el art. 4 de la Ley 27.610. Este supuesto contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso, autoadministrado, y produjo efectos mientras la profesional se encontraba trabajando en otro centro de salud.

Los procedimientos que se realizaron en este caso están dentro de la ley, se configuraron de conformidad con los protocolos oficiales y cada paso fue registrado en la historia clínica. La médica que hoy atraviesa un proceso penal por un delito no cometió, es parte de un equipo interdisciplinario que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona.

Los hechos deben ser analizados conforme el marco legal vigente en materia de acceso a la ILE, con el debido resguardo a las garantías constitucionales contenidas en las normas locales y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Actuar de conformidad con la Ley 27.610 no constituye un delito y por eso corresponde dictar de inmediato el sobreseimiento de Miranda.

Las organizaciones firmantes expresan su preocupación frente a este caso y apoyan el pedido de sobreseimiento de la defensa. La persecución penal a una profesional de la salud que garantiza el acceso a la IVE y la ILE es alarmante, y tiene un impacto directo en la implementación de una política pública que prevé el acceso a un derecho humano fundamental.

#SobreseimientoAMirandaYA

Amnistía Internacional Argentina
Mujeres x mujeres
Fundeps
CELS
ELA

Estado de situación durante el primer año de pandemia y recomendaciones para promover medidas con perspectiva de género. 

Durante el año 2020, junto a otras organizaciones, trabajamos en la elaboración de un informe que presenta un monitoreo de las respuestas dadas por el Estado argentino para abordar la pandemia y el impacto de estas respuestas en los derechos de las mujeres. Este monitoreo busca informar sobre el estado de situación de los derechos de las mujeres en Argentina en el marco de la pandemia de COVID-19 durante su primer año, contribuir al cumplimiento de los derechos de las mujeres y la justicia de género e instar al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger los derechos desde una perspectiva de género. 

Dentro de esta Mesa de Género se ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado este informe integrado por Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Observatorio de Adolescentes y Jóvenes/Instituto de Investigaciones Gino Germani (OAJ/IIGG), Organización Feminista La Hoguera, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Xumek, A.C. para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. 

El informe describe las iniciativas y abordajes adoptados por el gobierno argentino para proteger los derechos de las mujeres y diversidades durante el primer año de pandemia desde marzo de 2020, cuando se informó sobre el primer caso de COVID-19 en el país, hasta fines de 2020. Se abordan los siguientes temas prioritarios: participación política y perspectiva de género en las medidas; violencias por razones de género; el derecho al cuidado; y el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org