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Bogotá: Taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil

El pasado 5 de diciembre se realizó, en Bogotá, el Taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil. El taller fue organizado conjuntamente por los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMs) del Banco Interamericano de Desarrollo (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación / MICI) y del Grupo del Banco Mundial (Panel de Inspección y la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO), en colaboración con las organizaciones de sociedad civil (OSCs), Asociación Ambiente y Sociedad, y el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

Los mecanismos independientes de rendición de cuentas se establecieron para atender las quejas de las personas afectadas por impactos ambientales y sociales de proyectos de desarrollo financiados por instituciones multilaterales. Dado que el trabajo de las OSC algunas veces consiste en apoyar a comunidades afectadas mediante esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en recursos de acceso, los IAMs llevan a cabo labores de divulgación pública proactiva en colaboración con las OSC en toda Latinoamérica para dar a conocer sus servicios con las redes de sociedad civil y que ambas partes puedan ampliar sus perspectivas.

En este sentido, los tres objetivos principales del evento fueron:

– Permitir que las OSCs colombianas se familiaricen más con los IAMs  y los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan;

– Permitir que los IAMs amplíen su relación con las OSC en Colombia, en especial con las organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones potencialmente afectadas por proyectos; y

– Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSC, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas de rendición de cuentas relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en Colombia.

El taller de un día incluyó presentaciones de los diferentes IAMs sobre sus servicios y ejemplos de su trabajo; presentaciones de las OSC sobre sus experiencias con la activación de los mecanismos, así como herramientas para acceder a información de proyectos; pequeños grupos de discusión relacionados con el acceso y el trabajo de las IAMs y una discusión más amplia sobre las tendencias de rendición de cuentas en Colombia.

Fuente: Asociación Ambiente y Sociedad

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Juan Carballo, <juanmcarballo@fundeps.org>

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Convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo del MICI

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió la convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo (GCE) del Mecanismo. Las candidaturas pueden realizarse hasta el próximo 30 de noviembre de 2016.

El pasado 3 de noviembre, y tras un período de consultas que se extendió a lo largo de los últimos meses, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) abrió la convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo (GCE) del Mecanismo. La finalidad del GCE consiste en apoyar el compromiso del MICI en torno al cumplimiento de su mandato de rendición de cuentas de manera creíble, eficaz y transparente.

El MICI distribuyó la Nota Conceptual del GCE a principios de junio de 2016 a una amplia gama de grupos interesados, incluyendo representantes de la sociedad civil, funcionarios de gobierno y expertos de la sociedad civil.  Desde Fundeps contribuimos en este proceso enviando comentarios y participando en una serie de consultas en relación a la Nota Conceptual. Si bien reconocimos y dimos la bienvenida esta iniciativa surgida, en parte, como respuesta a las sugerencias provistas en la publicación «Glass Half Full. The state of accountability in development finance«; también expresamos una serie de recomendaciones y sugerencias en relación a la membresía, la composición y los objetivos y funciones del GCE (para ver los comentarios completos sobre la Nota Conceptual del GCE enviados al MICI, acceder aquí)

Recientemente, el MICI difundió el Informe sobre el Proceso de Consulta para el GCE, el cual contiene toda la retroalimentación recibida y las respuestas del MICI. A su vez, esta retroalimentación se incorporó en los Procedimientos Operativos del GCE, que contienen información acerca de la composición de la membresía, la responsabilidad de los miembros y el proceso de selección de los mismos, incluyendo los criterios de selección.

Aquellos candidatos interesados en presentar su candidatura para el GCE, deberán presentar la siguiente información:

  • Curriculum Vitae.
  • Una expresión de Interés de una cuartilla expresando la razón por la que desean servir en el GCE y cómo su experiencia sumará valor al grupo.

La solicitud debe ser enviada a más tardar el 30 de noviembre a John Garrison del MICI al siguiente correo electrónico: jgarrison@iadb.org.  Los nombres y los perfiles de los seleccionados como miembros del GCE serán publicados a mediados de diciembre.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Inversiones chinas en Argentina: los acueductos en Entre Ríos

Dentro de la larga lista de inversiones chinas en Argentina, el caso de los acueductos en la provincia de Entre Ríos ha sido uno de los más controvertidos. Irregularidades en el proceso de licitación, aprobación y ejecución del proyecto han despertado el recelo y los reclamos de varios sectores de la sociedad civil.

En un contexto internacional cambiante, en el que los actores de habitual importancia han ido mutando, Argentina se ha encontrado con dificultades para el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. A lo largo de los últimos años, especialmente desde la gestión Kirchner, el escenario de las inversiones extranjeras en Argentina ha estado signado por la preponderancia de la República Popular China. Varios de los grandes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo tienen por detrás el respaldo de empresas del país asiático.

Hay dos proyectos que se han trabajado entre la Nación y la provincia de Entre Ríos desde hace algunos años y tuvieron que ver con la posibilidad de construir dos acueductos para riego en el norte entrerriano. Para la construcción de estos, el gobierno de la provincia y la “China State Construction Engineering Corporation” (CSCEC) suscribieron una carta compromiso para el aprovisionamiento de agua dulce, incorporando 200.000 hectáreas de riego.

A mediados de junio de 2013 la CSCEC expresó su interés en invertir en obras de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Durante un encuentro con representantes de la empresa, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador Sergio Urribarri “propuso tres líneas básicas de acción: obras de riego, enlace metropolitano Paraná-Santa Fe y desarrollo portuario”. Según el gobernador, el desarrollo de las obras estaría ligado en gran medida a aumentar la capacidad productiva de la provincia.

El Acuerdo con China para la construcción de los dos acueductos se firmó el 18 de julio de 2014. En el marco de los acuerdos estratégicos para obras de infraestructura, firmados en la Casa Rosada entre Xi Jinping y Cristina Fernadez de Kirchner, encuentro en el que participó Urribarri.

Los acueductos tendrán una longitud total de 546 kilómetros entre ramal principal y ramales secundarios. Son dos obras, la primera en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación para implementar un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, para la producción arrocera, citrícola y fruti–hortícola. El segundo en el departamento La Paz para realizar un acueducto del Norte entrerriano, con el aporte de aguas del río Paraná y dotar a un área marginal del acceso al agua para riego.

Los costos de las obras totalizan un monto cercano a los USD 98.000.000, según los datos presentados por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” en sus informes de factibilidad de los cuales la provincia debería aportar el 20%. Sin embargo, el presupuesto de la CSCEC fue de USD 430.387.552 adjudicada sin licitación no concurso de precios. El financiamiento provendría del banco ICBC, con un crédito de USD 366 millones a 15 años (con un período de gracia de 5) con una tasa libor más 4,5%. Asimismo, el contrato de crédito prevé como legislación aplicable la misma que la de Inglaterra.

El proyecto provocó rechazos en algunos sectores, como las organizaciones nucleadas dentro de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, que impulsaron la nulidad de la ley que, entre otros puntos, habilitó el otorgamiento directo, sin licitación pública, de la obra a una empresa de capitales chinos, como así también un endeudamiento que supera los 430 millones de dólares. La Fundación M’biguá y Justicia Ambiental también alertaron sobre la falta de transparencia e información sobre el proyecto.

El caso de los acueductos es el primero en llegar a la justicia. Como se expuso más arriba la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley N° 10.352 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse con la institución financiera de China. Esta acción se basa en que esta ley no ha cumplimentado los requisitos formales que la constitución provincial insta para su aprobación, por ejemplo: no se realizó Evaluación de Impacto Ambiental, no existe ningún dictamen de las comisiones de Hacienda y Economía, ni de la fiscalía de Estado, entre otras irregularidades. La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.

Entre los puntos principales de la demanda completa se encuentran:

– Ineficacia de la Ley 10.352 por irregularidades en su tramitación.

– Inobservancia del Principio de Razonabilidad.

Autorización al Gobernador a convenir y mantener en secreto el contrato celebrado con el Banco Chino.

– Autorización al Gobernador a contratar con el Banco Chino ICBC un préstamo en el que Entre Ríos acepta regirse por la legislación inglesa.

– Violación del deber constitucional de publicidad de los actos de gobierno.

– Privación de información como derecho humano.

– Se omitió la realización previa y precautoria de Estudios de impacto Ambientales y sus procesos evaluatorios con las debidas Audiencias Públicas y el dictado de los Actos Administrativos previos a la autorización de contratación de la obra y a la autorización de la celebración de acuerdos de inversión y/o endeudamiento.

– Violación de la Ley de Contabilidad Pública. (Arrogándose así el P.E. inconstitucionalmente facultades propias del Poder Legislativo).

– Violación de la Ley de Obras Públicas.

– Se ignoraron las garantías constitucionales contenidas en la Sección II – Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo sustentable de la Constitución Provincial.

De acuerdo a medios locales: “Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones”.

De acuerdo con Jorge Daneri miembro de la Fundación M’biguá, se está conformando un paquete de potenciales mega inversiones en la región que además de los acueductos se incluiría un proyecto de represa hidroeléctrica entre las provincias de Corrientes y Santa Fe, en el límite norte de Entre Ríos. De acuerdo con el Dr. Daneri, el mecanismo es el mismo en todos los proyectos: inexistencia de debate parlamentario de los proyectos, menos aún en las provincias involucradas, por lo tanto, enmudecimiento del federalismo de concertación social y consultas ciudadanas.

Desde FUNDEPS hemos estado trabajando en el seguimiento del caso de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, que también cuentan con financiamiento chino. Parte del proceso de aprobación y ejecución de este proyecto, puede identificarse con lo sucedido en Entre Ríos. La falta de transparencia en ciertas cuestiones como la presentación y publicación del estudio de impacto ambiental, hacen sonar una alarma en lo que respecta a los estándares ambientales y de DD.HH.

Asimismo, consideramos de especial relevancia resaltar que la importancia recientemente adquirida por la República Popular China en materia de inversiones en proyectos de infraestructura, se traduce en una necesidad para que la sociedad civil monitoree los procesos de diseño, aprobación y ejecución de estos proyectos. Las irregularidades más arriba mencionadas son consecuencia de políticas que aún carecen de transparencia y que no se enmarcan en un paradigma de rendición de cuentas.

Más información

Un Acuerdo Chino

Entre Ríos: “con el pretexto de construir dos acueductos se está por consumar una estafa muy grande”

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Comenzó la obra de gasoductos troncales en Córdoba

Durante el mes de agosto comenzaron las obras para la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba, en algunos de los ramales. El proyecto ha sido resultado de largas negociaciones y aún quedan interrogantes por resolver: ¿Cuáles serán los impactos ambientales?, ¿Cuáles han sido los términos de negociación con los bancos y empresas chinas?

El pasado 15 de agosto comenzó la obra destinada a la construcción de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. La constructora brasileña Odebrecht es la encargada de realizar los trabajos en dos tramos: el anillo del Gran Córdoba y el de la Ruta 2.

El proyecto incluye financiamiento chino para otros ramales y estas dos obras que involucran unos 855 millones de pesos. El ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, quien hace un mes regresó de China, aseguró:

Están construyendo los obradores para comenzar con los trabajos en los sistemas del Gran Córdoba y el de la ruta 2, en Noetinger. En el mes de agosto, la construcción de esos dos tramos estará en marcha. Tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo cual para diciembre de 2017 deberían estar terminados.

Durante su viaje el ministro encabezó varias rondas de negocios en las que se expusieron varios proyectos – energéticos y de saneamiento – para la adquisición de mayores financiamientos. Es el funcionario provincial más involucrado en la negociación entre las empresas constructoras y los bancos chinos que financiarán la megaobra. La misma tiene un presupuesto global de 8.700 millones de pesos para los 10 sistemas de gasoductos que se construirán en toda la provincia. Particularmente, para el tramo adjudicado a la empresa brasileña, se aprobó la emisión de títulos públicos para el financiamiento de la obra; de acuerdo con el decreto del poder ejecutivo n° 759, del 21 de junio de 2016.

Fuente: La Voz del Interior (Consultado el 29/09/2016)

Odebrecht es la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos, como sí ocurre con las otras empresas contratistas.

En las últimas semanas, la empresa brasileña aportó cinco millones de dólares por su cuenta (unos 75 millones de pesos) y otros 200 millones de pesos que le prestó la empresa Puente Hermanos, una de las principales operadoras de la Bolsa de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS se ha estado trabajando en el monitoreo de este proyecto y para ello ya se han presentado solicitudes de información a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Esto, con la finalidad de relevar información importante respecto al detalle de los acuerdos establecidos con los bancos chinos y otras entidades extranjeras y sobre los posibles impactos sociales y ambientales que esta megaobra podría acarrear.

Si bien estas solicitudes de información fueron presentadas hace más de cinco meses, aún no se ha recibido respuesta alguna por parte de las dependencias correspondientes y por esa razón quedan varios interrogantes para responder respecto de esta gigante obra de infraestructura en la cual se ha embarcado la provincia de Córdoba. De la misma forma, tampoco se ha esclarecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados. Desde el gobierno no se ha informado el verdadero impacto de la construcción de los gasoductos con respecto a la mejora y alcance en la provisión del servicio de gas.

Más información:

– La Voz del Interior: “Los gasoductos en Córdoba se repartirán en tres grupos” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Gasoductos: ofrecen más fondos en China para iniciar las obras” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Larga Odebrecht, con caños Techint” (Consultado el 29/09/2016)

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Gonzalo Roza, Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Oportunidad perdida con la aprobación del nuevo Marco de Salvaguardas del BM

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó, después de un proceso de revisión de más de cuatro años, un nuevo Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales. A pesar de que incluye algunos avances positivos, el nuevo Marco representa un preocupante retroceso para las protecciones ambientales y sociales en los proyectos de desarrollo.

A pesar de haberse llevado a cabo un proceso de consultas sin precedentes que ha involucrado a miles de actores – gobiernos, sociedad civil y sector privado, la revisión de salvaguardas del Banco Mundial ha perdido la oportunidad de posicionar a la institución como líder mundial en el campo del desarrollo. Si bien el nuevo marco de salvaguardas incluye la cobertura de áreas prometedoras, carece de la fortaleza y claridad que necesitan aquellas personas afectadas negativamente por el desarrollo.

Por décadas las salvaguardas del Banco Mundial han sido el estándar que ha servido como ejemplo en materia de financiamiento para el desarrollo. El Banco fue la primera institución en adoptar una política de salvaguardas obligatoria para prevenir y/o mitigar daños sociales y al medioambiente. Esta política ha servido como modelo para la posterior implementación de marcos similares en otras instituciones.

El Nuevo Marco Ambiental y Social representa un cambio fundamental en la forma en que el Banco se ha acercado a las garantías de derechos humanos por más de treinta años. La utilización de un lenguaje vago debilita los mecanismos existentes para la transparencia y la supervisión. Además, permite a los intermediarios financieros de terceros asumir la responsabilidad de la gestión del riesgo social y ambiental, dando lugar a preocupaciones en torno a los procesos mediante los cuales las comunidades podrán pedir la reparación de daños.

El nuevo Marco abarca los derechos humanos de una forma meramente aspiracional, en lugar de hacerlo de una manera obligatoria. En vez de armonizar su política con los estándares globales, el Banco Mundial aún se rehúsa a reconocer la responsabilidad y la rendición de cuentas bajo la normativa internacional. La nueva política carece de coherencia al evitar la referencia a las leyes mundiales de derechos humanos y el resultado es la fragmentación derivada de la mala articulación o definición de estándares y directrices.

La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, de la que formamos parte,  se expresó criticando la oportunidad perdida por el Banco para adoptar protecciones sólidas para los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos del Banco, y se comprometió a hacer que el Banco rinda cuentas por los resultados de la nueva política. Desde la Coalición se le dio la bienvenida a algunas mejoras del nuevo borrador, incluidas disposiciones relativas a la no discriminación, y se criticó el cambio en el marco general por protecciones más débiles para las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.

El Nuevo Marco amplía el alcance de las salvaguardias en nuevas áreas que fueron ignoradas como el trabajo infantil y el trabajo forzoso, la discriminación, la participación de los interesados y los grupos desfavorecidos y vulnerables  como los niñxs, las personas con discapacidad, las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, y los que se identifican como LGBT. Pero lo hace con muchas falencias. Dentro de las áreas en las que se ha evitado profundizar se encuentra el cambio climático, bosques y hábitats naturales. Las salvaguardas existentes en estas temáticas se han visto aglomeradas en un solo estándar que falla al considerar y/o proteger los valores medioambientales.

Si bien persisten serias preocupaciones acerca del texto de este documento, el Banco Mundial tiene la capacidad de mejorarlo en su aplicación. Los ambiciosos objetivos originales del proceso de revisión deben guiar el período de aplicación proporcionando un acceso inclusivo a los beneficios del desarrollo y la búsqueda de la participación de las comunidades que puedan verse afectados. Desde FUNDEPS esperamos que se siga vigilando el progreso del Banco Mundial hacia estas metas.

Más información:

– Directorio del Banco Mundial aprueba nuevo Marco Ambiental y Social

– World Bank’s Updated Safeguards a Missed Opportunity to Raise the Bar for Development Policy

– NGO response to the World Bank’s proposed Environmental and Social Framework: Proposed World Bank standards represent dangerous set-back to key environmental and social protections

– NGOs: World Bank’s New ‘Safeguards’ Weaken Protections

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Banca para el desarrollo: Nuevos frentes para la participación ciudadana

El pasado, 8 de junio se realizó el Taller de Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil, en México. Fue organizado por FUNDAR y el Centro de Colaboración Cívica (CCC). FUNDEPS participó como integrante del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) junto a más de 90 representantes de organizaciones civiles de varios estados de México.

Los conflictos socioambientales relacionados a las industrias extractivas y a la construcción de megaproyectos de infraestructura son una realidad creciente en toda América Latina. Su emergencia se explica, sobre todo, por la vigencia de marcos regulatorios débiles, la baja capacidad de supervisión estatal y mecanismos de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes. Frente a este escenario, que se repite -con diferentes matices- a nivel nacional en cada uno de nuestros países; los IAMs se presentan como una alternativa más dentro de las estrategias de defensa. Por esta razón, GREFI y otras coaliciones de la sociedad civil están apostando por acercar a estos nuevos actores con movimientos sociales y organizaciones indígenas.

El taller que se realizó en la Ciudad de México tuvo como objetivos:

  • Permitir que las OSC mexicanas conocieran el trabajo de los IAMs, los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan, así como sus políticas y sus ventajas y desventajas;
  • Permitir que los IAMs conocieran a representantes de OSCs en México, en especial a organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones que pueden ser potencialmente afectadas por proyectos financiados por las instituciones a las que los IAMs pertenecen; y
  • Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSCs, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas relacionados con el trabajo de la sociedad civil; de las áreas de oportunidad y obstáculos existentes para activar los IAMs; así como de temas de rendición de cuentas más amplios relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en México.

Es evidente que estas nuevas herramientas pueden llegar a ser muy valiosas, pero es claro que todavía hay mucho por mejorar respecto a los IAMs y su funcionamiento. FUNDAR resaltó durante su exposición que muchas veces, los intereses de las instituciones financieras colisionan con los estándares de protección de los Derechos Humanos, especialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por su parte, Rosa Marina Flores Cruz, de la Asamblea de los Pueblos del Itsmo de Tehuentepec remarcó, desde su experiencia, acerca de las limitaciones normativas que debilitan a este tipo de mecanismos y a pesar de que a diferencia de otras instancias nacionales, hacen esfuerzos considerables por acercarse a la sociedad civil, todavía no se puede ver una postura consolidada sobre la ruta que los IAMs deben seguir a fin de que puedan cumplir su papel a cabalidad.

El panorama de financiamiento es complejo en la región y los estados suelen estar interesados en obtener financiamiento rápido para construir grandes proyectos –con grandes réditos políticos- por lo que es necesario seguir involucrados para evitar que los intereses por incrementar el capital hagan retroceder el terreno ganado. El debilitamiento de las salvaguardas socioambientales del Banco Mundial representa un mensaje negativo en ese sentido, frente al crecimiento del financiamiento de los bancos chinos que carecen de este tipo de normativa.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: Página oficial del GREFI

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Organizaciones de la sociedad civil reclaman transparencia en la revisión de salvaguardas del Banco Mundial

En el marco de la actual revisión de la política de salvaguardas del Banco Mundial, FUNDEPS y otras 68 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, enviaron al banco una carta reclamando una mayor transparencia en la divulgación del borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social.

Transcurridos cuatro años desde el inicio del proceso de revisión, el Banco Mundial no ha dejado claro en qué momento se hará público el borrador de su nueva política de salvaguardas. Esto impide que la sociedad civil pueda observar el borrador final antes de la deliberación final del Directorio para su aprobación, a pesar que en los últimos años muchos de estos actores aportaron sus percepciones y recomendaciones al procedimiento.

El pasado jueves 26 de mayo, en una carta enviada al Directorio Ejecutivo del Banco, 69 organizaciones – incluyendo a FUNDEPS – demandaron que el borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social sea divulgado públicamente de manera previa a la deliberación de su aprobación por parte del Directorio. Lo cual resultaría consistente con la Política de Acceso a la Información del Banco. La carta enfatiza que la nueva política de salvaguardas tendrá una enorme implicancia en  el nivel de protección de los derechos humanos y la integridad medioambiental en todos los proyectos de desarrollo financiados por la Institución. Muchas de las cuestiones que se debaten en esta revisión son centrales en la agenda de desarrollo global actual, incluyendo el derecho a la tierra, la protección de los bosques y los hábitats naturales, el cambio climático, y la no discriminación e inclusión.

Esperamos recibir una respuesta satisfactoria de la Institución, ya que la divulgación del borrador de manera previa a su consideración por el Directorio dotaría de mayor transparencia a un proceso que fue fuertemente criticado desde sus inicios por parte de la sociedad civil. Para acceder a la carta enviada al Banco (en inglés) acceder aquí.

Más información:

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Pedido a las IFI’s para que aseguren una participación y rendición de cuentas genuina y efectiva en sus inversiones

A la vista de la rápida reducción de los espacios de participación de la sociedad civil y los crecientes ataques a defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, firma una declaración sobre la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales para asegurar la participación y rendición de cuentas significativas y eficaces dentro de sus inversiones, y para fomentar un entorno propicio para la libertad de expresión, reunión y asociación.

A continuación, parte de la declaración:

En los últimos años, diversas instituciones financieras internacionales, (IFI’s) como el Grupo del Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otros bancos regionales de desarrollo e inversión, han acentuado cada vez más la importancia de la participación, la gobernanza efectiva y la rendición de cuentas para el desarrollo. Como ha sido señalado tanto por especialistas en derechos humanos como en desarrollo, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, reunión y asociación es indispensable para un desarrollo participativo, sostenible y responsable. (1)

En muchos de los países donde invierten las IFI’s, estos derechos se ven vulnerados por actos que incluyen desde la violenta represión de protestas y la criminalización de expresiones, hasta la aprehensión y detención arbitraria de defensores de derechos humanos, así como restricciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) (2) . En 2014, Global Witness identificó 116 asesinatos de defensores del derecho a la tierra, al territorio y derechos ambientales en 17 países, lo cual representa un promedio de más de dos casos por semana (3). Este clima de violencia, intimidación y reducción de los espacios para la sociedad civil hace que sea prácticamente imposible una participación pública genuina en el desarrollo. También agrava considerablemente el riesgo de que las actividades financiadas por las IFI contribuyan a violaciones de derechos humanos o exacerben estos abusos (4). 

En todas sus actividades, las IFI´s deben hacer todo lo posible dentro de sus atribuciones para contribuir a generar un entorno que propicie la participación pública y donde las personas tengan los medios necesarios para definir sus propias agendas de desarrollo y exigir que sus gobiernos, donantes, empresas y otros actores rindan cuentas. Las IFI deberían además asegurar que sus actividades no impliquen ni propicien violaciones de derechos humanos, lo cual incluye adoptar todas las medidas que permitan identificar y abordar riesgos para los derechos humanos en todas sus acciones. 

Los actores que suscriben esta carta instamos a todas las IFI´s a garantizar que las actividades que financian respeten los derechos humanos y que haya espacios a través de los cuales las personas puedan participar en el desarrollo de los proyectos de las IFI y exigir que estas rindan cuentas, sin poner en riesgo su seguridad. Alentamos a las IFI a contribuir activamente al cumplimiento efectivo de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como otros derechos humanos relacionados, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en todas sus actividades.

Asimismo, exhortamos a los gobiernos que son accionistas de instituciones financieras internacionales a que apoyen activamente estas reformas en cada una de las IFI de las cuales son miembros.

Instamos a las instituciones financieras internacionales a realizar las siguientes acciones:

1. Como parte de los compromisos a nivel de países y a nivel de proyectos, analizar de manera sistemática el contexto en el cual se manifiestan las libertades de expresión, reunión y asociación, y el efectivo ejercicio de otros derechos humanos que son cruciales para el desarrollo, así como las implicaciones para la eficacia del desarrollo y los resultados conseguidos por los proyectos. Incorporar este análisis a las estrategias de desarrollo y el diseño de proyectos en los países, entre otras cosas, identificando las acciones y medidas que serán adoptadas por la IFI y el cliente para abordar cualquier tipo de riesgos.

2. Formular e institucionalizar métodos creativos para posibilitar que las personas, incluidos grupos que sufren marginación y discriminación, puedan participar y expresarse libremente en proyectos de desarrollo financiados por las IFI que puedan afectarlas o que deberían beneficiarlas, sin riesgo de soportar represalias.

3. Analizar y adoptar medidas en forma sistemática para mitigar los riesgos vinculados con proyectos que puedan afectar las libertades de expresión, reunión y asociación, y otros derechos humanos, como los derechos económicos, sociales y culturales.

4. Adoptar políticas para asegurar que las inversiones en tecnología de la información y las comunicaciones no se utilicen para limitar la libertad de expresión ni violar obligaciones internacionales relativas a los derechos a la privacidad.

5. Desde las primeras etapas de la definición de un proyecto, y hasta después de concluida su ejecución, adoptar todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo de cualquier tipo de amenazas, ataques o represalias contra miembros de la comunidad, trabajadores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil por participar en el desarrollo del proyecto, criticar o repudiar un proyecto o manifestarse de otro modo contra un proyecto (o ser percibido como detractor de este). Tales medidas deberían incluir: incorporar cláusulas para evitar represalias en contratos de préstamo y crear un sistema de respuesta urgente para actuar ante amenazas contra quienes critican proyectos.

6. Destacar sistemáticamente la importancia de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación para un desarrollo participativo, sostenible y con rendición de cuentas, en los diálogos con todos los niveles de gobierno y en las publicaciones relevantes de las IFI. En el supuesto de propuestas que pudieran implicar retrocesos para la protección de estos derechos, subrayar a los gobiernos el impacto adverso que tales propuestas podrían tener para la efectividad del desarrollo y las actividades de la IFI en el país.

7. Con respecto a mecanismos de cumplimiento/rendición de cuentas: crear medidas para proteger el derecho de las personas a una reparación de daño, incluido el derecho a acudir libremente a los procesos de los mecanismos de rendición de cuentas de las IFI y participar activamente en estos; asegurar que las comunidades que probablemente resulten afectadas por un proyecto sepan que pueden acudir a los mecanismos de rendición de cuentas y quejas, y no teman por su seguridad; asignar a los mecanismos de rendición de cuentas las herramientas y las potestades necesarias para abordar situaciones en las cuales los reclamantes sufran represalias luego de haber participado o intentado utilizar un proceso de dichos mecanismos; y tomar previsiones para que las investigaciones sobre cumplimiento también examinen cualquier tipo de represalias tomadas contra quienes se oponen al proyecto y/o participan en el proceso del mecanismo.

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(1) Daniel Kaufmann, “Human Rights, Governance, and Development: An empirical perspective”, en World Bank Institute, Development Outreach, octubre de 2006, http://siteresources.worldbank.org/EXTSITETOOLS/Resources/KaufmannDevtOu…, págs. 15- 20; Hans-Otto Sano, “Development and Human Rights: The Necessary, but Partial Integration of Human Rights and Development”, Human Rights Quarterly, vol. 22.3 (2000), págs. 734-52.

(2) Amnistía Internacional, “La situación de los derechos humanos en el mundo 2015/2016”, 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/; Civicus, “Civil Society Watch Report”, junio de 2015, http://www.civicus.org/index.php/en/media-centre-129/news-and-resources-127/2245-new-civicus-report-civil-society-rights-violated-in-96-countries.

(3) Global Witness, “How Many More? 2014’s Deadly Environment: the killing and intimidation of environmental and land activists, with a spotlight on Honduras”, abril de 2015. 

(4) Human Rights Watch, “Bajo su propia responsabilidad: Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial”, 22 de junio de 2015, https://www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-against-cr… Oxfam International, “The Suffering of Others: The human cost of the International Finance Corporation’s lending through financial intermediaries”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-suffering-of-others-international-finance-corporation-020415-en.pdf.

Más información:

Declaración: “Responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de asegurar una participación y rendición de cuentas genuina y efectiva en sus inversiones, y de promover un entorno propicio para las libertades de expresión, reunión y asociación” 

Si desea suscribir la declaración, acceda aquí: bit.ly/1V50PEH

Contacto: 

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

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Nuevo Informe de Actividades 2015

Tenemos el agrado de presentarles nuestro nuevo Informe de Actividades 2015, un resumen de nuestras agendas de trabajo y logros del año que pasó. 

Durante el año 2015, desde FUNDEPS hemos crecido tanto interna como externamente. Nuestros voluntarios se duplicaron y las agendas de trabajo se diversificaron.

Estamos muy contentos de compartirles este nuevo formato de informe anual. El objetivo fue darle dinamismo y simplicidad a la presentación de nuestros variados trabajos, a la vez que hacer uso de la herramienta digital como modo de desarrollo sustentable.

Estamos expectantes del desenvolvimeinto de este 2016, con la idea de seguir creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Para acceder al informe haz click aquí: informe2015.fundeps.org; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

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El Factor China

¿Qué información está disponible sobre las inversiones chinas en América Latina y el Caribe y cómo afectan estar inversiones a la gobernanza de los recursos naturales en Perú, Colombia, Argentina y México?

El Grupo Regional de Financiamiento e Infraestructura (GREFI) analizó los cambios que se están produciendo en el flujo de inversiones chinas en la región y sus impactos en la gobernanza de los recursos naturales, en un evento en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI de este año.

A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre China y América Latina se han intensificado enormemente. Se estima que el intercambio de comercial ha crecido de 12 mil a 169 mil millones de dólares entre los años 2000 al 2014 y el año 2015. En este sentido, Pekín anunció la creación de un fondo de inversión de 10 mil millones de dórales para la cooperación bilateral con Latinoamérica para proyectos de tecnología, energía, minería e infraestructura. Su estrategia de crecimiento en América Latina es bastante clara.

Frente a sus inmensas necesidades de materias primas, llega a competir con otras instituciones financieras que por su larga historia y por el trabajo realizado a partir de grandes movimientos de la sociedad civil de la región, han ido generando mecanismos de acceso a la información y políticas para la protección socioambiental. Estos procesos han sido largos y siguen su curso. Nuevos desafíos como la armonización del derecho a la consulta previa y el cambio climático con las estrategias de crecimiento económico para nuestros países, ha hecho que se sigan exigiendo cambios y mejoras.

Con la llegada de China y una alta canalización de recursos en la región, acompañados de una estrategia clara en cuanto su modelo de crecimiento en la región que necesita de materias primas a un ritmo constante, GREFI trae a la discusión algunas preguntas que creemos fundamentales para nuestros países ¿Qué sucede cuando un actor de estas características llega a nuestros países? ¿Cómo se puede acceder a la información sobre las inversiones procedentes de China en la región? ¿Cómo impactan estas inversiones?

Los conflictos socioambientales relacionados a inversiones extractivas y de infraestructura son una realidad reciente debido a marcos regulatorios débiles, baja capacidad de supervisión de los mismos, conflictos entre diferentes niveles de gobierno e mecanismo de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes, entre muchos otros factores. Sumado a esto es importante considerar el poco conocimiento que todavía se tiene sobre las compañías chinas, y sobre todo de los marcos regulatorios nacionales con los que trabajan.

La falta de transparencia, el poco acceso a información relevante sobre financiamiento chino y acuerdos bilaterales firmados, es otro asunto sobre el que todos debemos demandar cambios, antes que nuestra capacidad de exigencia se haga más pequeña en comparación con la creciente influencia de china en las políticas de desarrollo en América Latina.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: www.grefi.info

 

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Reuniones de Primavera y encuentro del MICI con Organizaciones de la Sociedad Civil

Esta semana FUNDEPS participa de una serie de eventos en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial. Entre ellos, se presentó el informe “Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance”. Además, formó parte de un importante evento organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se analizó la posibilidad de crear un Consejo Consultivo Externo.

Desde el 13 hasta el 18 de abril tendrán lugar, en Washington, los eventos de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial, en los que participan funcionarios gubernamentales, el sector privado, periodistas, integrantes de círculos académicos y representantes de la sociedad civil. En este marco, FUNDEPS forma parte de numerosos eventos y actividades paralelas que se dan lugar en esta semana.

Sumado a los eventos de las Reuniones de Primavera, el día lunes 11 de abril, FUNDEPS estuvo en un encuentro organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En dicho encuentro, se analizó la posibilidad de establecer un Órgano Externo de Consulta para el MICI, cuya composición en principio estaría dada tanto por miembros representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y expertos en materia de rendición de cuentas, como así también por miembros del BID. Entre los objetivos que tendría dicho organismo, encontramos la asistencia al MICI en el control de las rendiciones de cuentas para promover mejoras en el mecanismo.

Además, tuvo lugar la presentación del informe «Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance» (¿El Vaso Medio Lleno? El Estado de Rendición de Cuentas en la Financiación del Desarrollo), desarrollado por FUNDEPS en conjunto con 11 organizaciones de diferentes partes del mundo. En el mismo, se documentan los obstáculos que deben superar las comunidades y los trabajadores para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales cuando son afectados por proyectos de desarrollo.

Los eventos paralelos incluirán una marcha de protesta contra el Banco Mundial marcando la necesidad de que las obligaciones de derechos humanos sean tenidas en cuenta al momento de apoyar proyectos de desarrollo. Como un organismo formado por los diferentes Estados del mundo, es esperable que las obligaciones de estos se extiendan también al Banco Mundial.

Desde FUNDEPS asistimos a estos eventos para tratar que las decisiones de desarrollo internacional respeten las obligaciones de derechos humanos, que se hagan con participación de las comunidades afectadas y que haya posibilidad de rendir cuentas respecto de los impactos de los proyectos de desarrollo.

Más información:

– Folleto: El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)

– Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance

– Glass Half Full?. Annex 11: The Independent Consultation and Investigation Mechanism of the Inter-American

– La Nueva Política del MICI: ¿Avance o Retroceso?

Contacto:

Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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FUNDEPS participa del Secretariado Internacional de la Coalición

FUNDEPS formará parte del Secretariado Internacional desarrollado por Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. El fin es apoyar los esfuerzos respecto al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Proyecto de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos, así como en actividades de difusión e incidencia en América Latina.

Desde la Fundacion para el Desarrollo de Políticas Sustentables tenemos el agrado de anunciarles el primer paso hacia la creación de un Secretariado Internacional. Siendo miembro de Coalition for Human Rights in Development formaremos parte del Secretariado, para apoyar los esfuerzos respecto al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Proyecto de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos, así como también en actividades de difusión e incidencia en América Latina.

Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global de FUNDEPS, liderará el trabajo como staff de la Secretaría de la Coalición. Gonzalo tiene mucha experiencia en investigación e incidencia en derechos humanos y ambiente, gobernabilidad global, instituciones financieras y mecanismos de rendición de cuenta.

El Secretariado Internacional incluirá staff de varias regiones, a los fines de permitir a la Coalición un mejor apoyo de sus miembros globales, además de estar más conectada con los impactos del financiamiento para el desarrollo y las luchas por los derechos humanos. Esperamos que se puedan añadir puestos en África y Asia durante el siguiente año.

Contacto:

Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org