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En los últimos años, Argentina adhirió a dos iniciativas impulsadas por China de gran potencial y relevancia: el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En este documento explicamos cómo pedir información a estas instituciones y cómo realizar quejas cuándo sus proyectos afectan los derechos de las comunidades.

En los últimos años, Argentina adhirió a dos iniciativas impulsadas por China de gran potencial y relevancia: el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En este documento explicamos que són y por qué nos interesa conocerlas.

Gran parte de lo que sucede en la política exterior argentina se encuentra vinculado con China, de la mano de su creciente influencia global, por lo que es importante conocer iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en las que China es su principal promotor. Desde Fundeps compartimos documentos con información básica y accesible sobre estas iniciativas, poniendo énfasis en recursos prácticos para acceder a información y a sus mecanismos de rendición de cuentas.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) representa el programa de desarrollo de infraestructura y conectividad global insignia de China que pretende impulsar el comercio y nuevos lazos políticos y económicos con las naciones participantes, principalmente los países emergentes y “en vías de desarrollo”. Por su parte, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)  es un banco multilateral de desarrollo creado en 2015 por iniciativa de China que cuenta en la actualidad con más de 100 países miembros de todo el mundo y financia proyectos en otras regiones, como América Latina y el Caribe o África.

El AIIB está estrechamente vinculado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta no sólo porque los procesos de conformación de estos dos instrumentos fueron impulsados por el Presidente chino Xi Jinping y se dieron en simultáneo, sino también porque el AIIB se constituye en la principal herramienta de financiamiento para los proyectos que se enmarcan en la IFR. Asimismo, ambos son parte de un proceso de reconfiguración geopolítica donde el centro de gravedad de la economía mundial gira hacia el Asia Pacífico. Además, ambos han sido objeto de críticas desde sus inicios en relación a los impactos ambientales y sociales negativos que han generado sus proyectos y la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el diseño e implementación de los mismos.

El rol que cumplen -y cumplirán en el mediano-corto plazo- el AIIB y la IFR en Argentina, es  mucho más cercano y tangibles de lo que creemos: si bien parecen iniciativas o actores lejanos y ajenos a la realidad local, a través de su accionar promueven o facilitan la realización de grandes proyectos de infraestructura y energía en el país que, a su vez, tienen -o pueden tener- un impacto directo o indirecto sobre la vida diaria de las personas y pueden afectar derechos sociales y/o ambientales, especialmente de las poblaciones y comunidades vinculadas a los proyectos. De hecho, ya existe un primer proyecto aprobado en Tierra del Fuego que será financiado por el AIIB por un monto de 65 millones de dólares y, en el marco de la IFR, existen diversos proyectos comprometidos en nuestro país. Por este motivo, es fundamental monitorearlos, conocer cómo acceder a información sobre los proyectos y cómo presentar una queja ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco.

Sumado a esto y dada la frecuente falta de transparencia de la banca china y el desconocimiento generalizado sobre la misma, desde Fundeps compartimos estos folletos  actualizados con información resumida sobre el AIIB y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. También sumamos un instructivo sobre cómo realizar una queja ante el Mecanismo de Personas afectadas por el Proyecto (PPM, por sus siglas en inglés),el mecanismo de rendición de cuentas del AIIB.

¿Cómo influye la coyuntura?

Durante el actual gobierno de Javier Milei los vínculos diplomáticos entre ambos países se han tensionado a partir de la reconfiguración de la política exterior de la nueva administración, con un mayor alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y Occidente. También podemos mencionar ciertas medidas como la decisión del gobierno argentino de realizar visitas a la base espacial china en Neuquén o renunciar a la membresía de Argentina al bloque de los BRICS, el freno a obras de infraestructura con financiamiento chino o incluso declaraciones del propio Presidente o de la canciller Diana Mondino. Esto se ha visto reflejado, entre otras cosas, en las dificultades en las negociaciones para renovar el swap con China -intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países- o en el debilitamiento en el vínculo comercial, que ha desplazado a China al cuarto lugar como socio comercial de Argentina, posicionándose actualmente detrás de Brasil, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. 

No obstante, vale resaltar que el vínculo entre Argentina y China sigue siendo muy importante, y lo seguirá siendo a futuro, independientemente del gobierno de turno.

Una relación bilateral de carácter estratégico

La relación bilateral entre la República Popular China y la Argentina fue afianzándose en las últimas décadas y adquirió una mayor relevancia desde los años 2000, llegando a constituirse, hace casi 10 años, como una Asociación Estratégica Integral. La misma incluye una ampliación en las áreas de cooperación y abarca aspectos no sólo económicos y financieros sino también políticos, comerciales, tecnológicos, culturales, sanitarios y en materia de inversiones. Este afianzamiento en los vínculos se vio reflejado en la incorporación de Argentina a las dos iniciativas aquí mencionadas.

La firma de una Declaración Conjunta en 2004 y de la Asociación Estratégica Integral en 2014 han sido, a nivel diplomático, dos antecedentes insoslayables para comprender el ingreso de Argentina a la IFR y al AIIB. Dada la continuidad y proyección a largo plazo del vínculo sino-argentino, puede decirse que el ingreso de Argentina a la IFR (en 2022) y al AIIB (desde 2021, en calidad de miembro no regional), son coherentes con el acercamiento y afianzamiento de las relaciones bilaterales desde la normalización de las mismas en 1972 y cristalizan este vínculo de larga data entre ambos países, planteando tanto oportunidades como desafíos para nuestro país.

 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Infografía con información básica y accesible sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (o “Nueva Ruta de la Seda”).

Infografía con información básica y accesible sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Más de veinte organizaciones de América Latina y Estados Unidos dirigieron una carta al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn. Piden que el Banco fortalezca su trabajo comprometiéndose con el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente y que se generen espacios para una mayor articulación con la sociedad civil.

Las organizaciones, miembros y aliadas de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, aludieron en la carta al compromiso asumido por Goldfajn en su discurso inaugural como presidente del Banco con «aprovechar todas las oportunidades de diálogo» y de colaboración con gobiernos, sector privado, la academia y la sociedad civil para resolver los problemas regionales.

Para robustecer la articulación con la sociedad civil, las organizaciones exhortaron al Banco a que abra un espacio de diálogo con la sociedad civil en sus Reuniones Anuales, no solo por tratarse de una buena práctica que implementan otros organismos multilaterales, sino porque es una oportunidad única para incluir a las comunidades afectadas por los proyectos.

Desde 2017, el grupo de organizaciones signatarias de la carta hace un trabajo de seguimiento y enriquecimiento de las políticas y proyectos del Banco que espera seguir realizando.  Las organizaciones han contribuido al Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID, a las actualizaciones de la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación y al proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

Las organizaciones buscan que el BID asegure en sus prácticas y operaciones la promoción y el respeto de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos indígenas,  y la protección de ecosistemas clave en la lucha contra el cambio climático.

La próxima Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest se celebrará en Panamá del 16 al 19 de marzo. 

Organizaciones firmantes:

  1. Accountability Counsel
  2. AMATE El Salvador
  3. Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)
  4. Asociación Ambiente y Sociedad
  5. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
  6. Bank Information Center
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
  9. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)
  10. Conectas Direitos Humanos
  11. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
  12. Ecoa – Ecologia e Ação
  13. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
  14. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista. (Argentina)
  15. Gender Action
  16. International Rivers
  17. International Accountability Project
  18. Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú)
  19. Plataforma Internacional contra la Impunidad
  20. Protection International Mesoamérica
  21. Sociedad y Discapacidad – SODIS (Perú)
  22. Sustentarse (Chile)
  23. Wetlands International / Fundacion Humedales (Argentina)

Leé aquí la carta completa: Carta a Presidente BID

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Nota publicada originalmente en la página de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Tras participar en una serie de consultas públicas presenciales y virtuales, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región enviamos comentarios y sugerencias al BID en el marco de la revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

El pasado 28 de diciembre de 2022 finalizó el plazo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el envío de comentarios sobre el borrador de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI) de la institución. Así concluyó la Segunda Fase del Proceso de Consulta Pública aprobado por el Banco y que se extendió por 90 días.  

En ese marco, junto con un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil  de la región, enviamos  un documento con comentarios y recomendaciones en relación al Borrador de Política elaborado por el Banco, el cual si bien incorpora algunos avances positivos no logra ser suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información de forma efectiva en relación al accionar por parte del Banco y sus clientes.

Entre las principales recomendaciones y sugerencias resaltadas en el documento destacan,  las siguientes:

  • Compromiso con el acceso a la información como un derecho humano fundamental. El Banco debe establecer compromisos claros para garantizar el respeto del acceso a la información como derecho humano fundamental. El derecho a la información es también un derecho de acceso clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la consulta, participación e involucramiento de las personas y comunidades impactadas por proyectos en las decisiones que afectan o pueden tener impacto en sus formas de vida.
  • Directrices de Implementación. Preocupa que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI se dejen para ser abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de las Directrices de Implementación que no requieren obligatoriedad de cumplimiento como sí lo requiere la misma PAI. A su vez, dichas Directrices deberían ser consultadas a través de un proceso participativo significativo con la sociedad civil.
  • Ambigüedad de lenguaje. La PAI contiene mucho lenguaje ambiguo y compromisos vagos y difusos, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones, incluyendo incumplimientos y faltas graves. Asimismo, impide establecer exigencias claras para con los prestatarios y también las responsabilidades del propio Banco. La Política debe evitar la flexibilidad y ambigüedad de lenguaje para prevenir el uso de la discrecionalidad y el incumplimiento respecto de sus lineamientos. 
  • Especificación de qué información se va a publicar de manera proactiva, tiempos de divulgación, en qué formatos, canales y plazos. La PAI debe establecer claramente qué información va a publicar proactivamente, por qué canales o medios, en qué formatos y en qué plazos. A su vez, los plazos de respuesta a los pedidos de información son excesivos, reservándose el BID el derecho a extender estos plazos indefinidamente. El Banco debe definir plazos más abreviados y claros en cuanto a sus respuestas de pedidos de información, debiendo alinearse como mínimo con los estándares internacionales de aplicación actual.
  • Información de propiedad del país o del cliente. Si bien se celebra la eliminación de la “Excepción información específica de países” preocupa que otros puntos de la política puedan terminar socavando el principio de máxima divulgación y la apertura que se pretende con tal eliminación. 
  • Excepciones. Las excepciones deben ser más precisas y se deben establecer  criterios claros para su aplicación, así como la identificación de los documentos específicos o información a la que no se dará acceso en el marco de la excepción. 
  • Valoración de daño. Se celebra la inclusión de la valoración del daño para la aplicación de las excepciones. Sin embargo, se deben especificar criterios y escalas claras para delimitar su aplicación. Si no se hace un esfuerzo para definir estos criterios y procedimientos en el cuerpo de la Política (y se los deja para las Directrices de Implementación), existe el riesgo de que durante su aplicación termine primando la discrecionalidad en el uso de las excepciones por parte del Banco y  prestatarios. Se recomienda incorporar el criterio de interés público en la valoración del daño, como contrapeso al daño, y hacer públicos los resultados de la valoración de daño en cada caso en específico.
  • Datos abiertos, lenguaje simple, formatos accesibles y usabilidad de la información. La información que se divulga y se publica debe tener utilidad para quienes la solicitan, en especial para las comunidades afectadas por proyectos del BID, prestando atención a los grupos marginalizados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTIQ+, entre otros. El formato accesible, el lenguaje simple y la generación de datos abiertos están relacionados con la usabilidad de la información. Se recomienda al BID abordar el tema de formatos accesibles, lenguaje simple y datos abiertos de manera más detallada y de manera transversal en toda la PAI, teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en especial para grupos marginalizados. 

Cabe destacar que gran parte de las recomendaciones y sugerencias contenidas en el documento fueron previamente planteadas en el marco de las consultas públicas llevadas adelante por el BID, tanto de carácter virtual como presencial en Montevideo, Bogotá y Washington DC. Precisamente, desde Fundeps participamos en la consulta pública presencial en Montevideo, Uruguay el pasado 15 de noviembre de 2022.

Esperamos que los insumos vertidos por la sociedad civil sean considerados por el Banco y contribuyan a fortalecer el borrador de Política de Acceso a la Información propuesto por la institución, que dista mucho de incorporar los más altos estándares en la materia. 

Para acceder al documento completo con comentarios y sugerencias enviados al BID acceda aquí

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Actualización de la Política de Acceso a la Información – BID

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El 20 de noviembre pasado, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró como nuevo presidente del organismo al candidato brasileño Ilan Goldfajn, ex presidente del Banco Central de Brasil y actual director para el Hemisferio Occidental del FMI. Tras retirar la candidatura de Cecilia Todesca, el gobierno de Alberto Fernández apoyó al candidato impulsado por Brasil.

El pasado 26 de septiembre, siguiendo las recomendaciones del Directorio Ejecutivo, la Asamblea de Gobernadores del BID anunció el cese en las funciones ejecutivas de Mauricio Claver-Carone. Tras el anuncio, y a través de un comunicado oficial, se dió inicio al proceso de selección de la persona a cargo de la próxima presidencia de la institución.

La Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID, se encuentra compuesta por representantes de los 48 países miembros, cuyo poder de voto varía de acuerdo al capital que el país suscribe en la institución. De acuerdo con el comunicado de prensa del organismo, “para ser elegido, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales”.

De esta manera, la persona candidata debe consagrarse con la mayoría del poder de voto de los países miembros para resultar electa. El poder de voto fluctúa de acuerdo con la cantidad de acciones que posee cada Estado. El mayor inversionista es Estados Unidos, que con el 30% del total de los fondos tiene un papel clave en la elección. Le siguen Argentina y Brasil, con el 11,3% cada uno. México aglutina casi el 7,3%, Japón el 5%, Canadá el 4%, Venezuela el 3,4% y Chile y Colombia el 3,1%. El resto se divide en pequeños porcentajes de diferentes países.

El nuevo presidente del Banco asumirá sus funciones por un período de cinco años con posibilidad de ser reelegido solo en una ocasión, y será el responsable de gestionar los asuntos diarios del Banco, así como también de administrar sus operaciones junto a la Oficina Presidencial. El presidente, además, formula propuestas sobre la política general del Banco y preside las reuniones del Directorio, pudiendo votar solo en caso de empate.

Las alianzas detrás de la elección

El nuevo presidente electo se consagró con el 80,8% de los votos, y fue propuesto por el gobierno de Jair Bolsonaro en vistas de un candidato que trajera consenso a la región luego de períodos turbulentos para el Banco, tras la destitución del ex presidente Mauricio Claver-Carone por violaciones al código de ética. De esta manera y gracias al apoyo de Estados Unidos, Canadá, y a último momento de Argentina, Ilan Goldfajn logró posicionarse como el nuevo presidente del BID.

Cabe destacar el apoyo tardío de Alberto Fernandez para respaldar la candidatura del brasileño; a pesar de su intención de posicionar a Cecilia Todesca Bocco como la primera mujer y la primera argentina en presidir el BID. No obstante, como resultado del cambio en su postura y al apoyo a Goldfajn, Argentina logró quedarse con tres cargos: la Vicepresidencia de Sectores, la Gerencia de Infraestructura, y un nuevo Instituto de Género e Igualdad, que será parte de la nueva gestión del BID. 

Con préstamos anuales que rondan los 14.000 millones de dólares, el BID es la mayor fuente de financiamiento de la región y el cambio de mando es fundamental para que la institución vuelva a posicionar su atención en América Latina tras dos años de una presidencia estadounidense. 

Previo a la designación de Goldfajn, desde Fundeps y junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, presentamos una carta abierta donde instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que velen por un proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resultara designada cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Resta por ver si Goldfajn, en el transcurso de su mandato, logra estar a la altura y cumplir al menos con parte de dichos requisitos. De todas formas, consideramos que se ha desaprovechado una oportunidad histórica para posicionar finalmente a una mujer en la presidencia del Banco, una cuenta pendiente de este tipo de instituciones multilaterales. Más allá de los avances por parte del BID en generar oportunidades laborales para las mujeres y su cantidad en puestos directivos, se estima que en los directorios ejecutivos 3 de 14 sillas están ocupadas por mujeres; en las direcciones ejecutivas suplentes, de 12 sillas, solo una se encuentra ocupada por una mujer. Lo que da pie al reclamo a este tipo de organismos para promover espacios concretos de participación para las mujeres y disidencias en los puestos más jerárquicos, que permitan romper con el techo de cristal. 

 

Más información:

Autoras:

Candela Jauregui

Clara Labat

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Ante la apertura de un nuevo proceso de elección para la presidencia del grupo BID, organizaciones de la sociedad civil de la región y comunidades afectadas por proyectos,  enviamos una carta abierta con recomendaciones sobre el perfil de quien presidirá el Banco.

En la carta instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que se aproveche esta oportunidad para que la persona que resulte seleccionada sea alguien con probidad, capaz de liderar las transformaciones que hoy requiere la institución y de hacer frente de manera efectiva  a las urgencias y desafíos ambientales y sociales en América Latina y el Caribe.

Asimismo, consideramos que la descripción del puesto debe ser clara, el proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resulta elegida cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La elección está prevista para el 20 de noviembre, con un poder de voto que varía según el número de acciones que posee cada país miembro. La persona que finalmente resulte designada a la presidencia del Grupo BID tiene la oportunidad de liderar un Banco más fuerte, responsable, efectivo y, sobre todo, más cercano a los pueblos de la región, marcando el camino hacia un verdadero desarrollo sostenible e inclusivo. 

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Nuestro país recibe y ha recibido en los últimos años diversos fondos por parte de instituciones financieras internacionales a los fines de gestionar los recursos forestales existentes en nuestro territorio. ¿Cómo se planean, ejecutan y deciden?

En este contexto, no es ocioso que la sociedad civil se pregunte cuáles son los principios y normas rectoras que se toman como punto de partida para aplicar estos fondos y si estos realmente se cumplen en la ejecución. Por ello desde FUNDEPS hemos decidido llevar a cabo un monitoreo de la gestión de dos fondos que ha recibido nuestro país y que se ajustan a estas caracterisitcas: el “AR Sustainable Natura l Resources Management”, otorgado por el Banco Mundial, y el “AR – L 1067: Forest Sustainability and Competitiveness Program” otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos serán de aplicación en numerosas provincias argentinas y afectarán a gran parte del país, pero con una finalidad en común: beneficiar a la producción forestal con una mirada sustentable.

El manejo de nuestros recursos forestales ha sido históricamente marcado por el avance desmedido de la frontera agrícola, el desmonte constante de los bosques nativos, la violación de los derechos de las comunidades originarias y campesinas y la inexistencia de procesos transparentes y participativos de toma de decisión. Es por ello queenviamos numerosos pedidos solicitando información vinculada con estos dos proyectos y nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se encargan de llevar a cabo la ejecución de estos fondos.

Si bien será en nuestro informe final donde se encontrarán todas las conclusiones pertinentes, nos encontramos en la necesidad de adelantar que, tras haber vencido el plazo de ley para responder a los pedidos de información enviados a las provincias, sólo unos pocos han sido respondidos. De las respuestas que hemos recibido, en su mayoría no otorgan información relevante sobre la aplicación de los proyectos. Es sumamente complejo acceder a la información necesaria para poder evaluar los lugares en dónde se ejecutan los proyectos forestales y la desarticulación entre los organismos estatales es abrumadora.

Si bien hallamos mucha información sobre las normas que se aplican, los parámetros de evaluación y rendición de cuentas, los criterios técnicos y sobre los objetivos de los fondos, consideramos que su lectura es compleja, la información sobreabundante, lo que en la práctica la hace inaccesible y, en algunos casos, en otro idioma.

Más información:

Informacion_sistematizada_-_Proyectos_gestion_de_bosques – Banco Mundial – BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org