En los últimos años China ha incrementado sustancialmente el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Existe una preocupación en organizaciones de la sociedad civil por los estándares ambientales y de derechos humanos.
La reciente gira latinoamericana del presidente de la República Popular China Xi Jinping por los países de Brasil, Argentina, Cuba y Venezuela y los correspondientes acuerdos tanto bilaterales como multilaterales firmados por el mandatario, no hicieron más que reforzar una tendencia que se ha venido profundizando poco a poco en el transcurso de los últimos años: la creciente presencia de China en la región, traducida en un incremento sustancial en el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Las visitas oficiales que, durante 2013, realizó el presidente chino a México y diferentes países centroamericanos y del Caribe, y las visitas oficiales del anterior primer ministro chino Wen Jiabao a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en 2012 que derivaron en la creación del Fondo de Cooperación China – América Latina, son ejemplos concretos de ello.
Si se analizan los principales acuerdos firmados durante esta gira presidencial, se podrá apreciar fácilmente que el sector de infraestructura es el destino preponderante de las inversiones chinas, sobre todo en materia de transporte y energía. Así, por ejemplo, los acuerdos firmados en Argentina implicarían la inversión de más de 4.800 millones de dólares para la recuperación de ferrocarriles (ex Belgrano Cargas), el financiamiento de represas hidroeléctricas, y diversos acuerdos en materia de energía nuclear, infraestructura, agricultura e industria naval, entre otros (listado de acuerdos suscriptos). En el caso de Venezuela los acuerdos involucraron financiamiento de proyectos sociales y de infraestructura y un convenio con PDVSA para investigación de minerales, mientras que en Brasil, el mandatario chino asistió a la VI Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en donde se estableció la creación de un Fondo de Reservas y del Banco de Desarrollo de los BRICS (denominado Nuevo Banco de Desarrollo), que tiene como finalidad movilizar recursos para proyectos de infraestructura y el desarrollo sostenible en economías emergentes y en desarrollo; y se plantea como una “alternativa” al Banco Mundial y el FMI.
Si se observan los números totales, desde 2005 en adelante China ha dado créditos a la región superando los 100 billones de dólares, en un relación que muchos han definido como “mutuamente beneficiosa”, ya que por su parte China obtiene los recursos y materias primas que demanda su economía en pleno crecimiento (básicamente alimentos y recursos energéticos), mientras que los países latinoamericanos acceden a un importante y necesitada fuente de financiamiento externo.
Sin embargo, lo que no se está teniendo en cuenta en ese análisis y está siendo en gran medida soslayado por los diferentes actores tanto públicos como privados de los países latinoamericanos, son los riesgos en materia socioambiental y de Derechos Humanos que pueden traer aparejados los proyectos e iniciativas financiadas por esta vía. Los cuales, por lo general, cuentan con requisitos y estándares socioambientales más flexibles que los de las fuentes tradicionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el BID, por ejemplo. Los cuales, de por sí, continúan siendo fuertemente cuestionados desde la sociedad civil por su incapacidad de abordar efectivamente la protección del Medio Ambiente y los Derechos Humanos de las poblaciones involucradas.
A su vez, resulta muy difícil poder acceder a información certera y fidedigna acerca de las inversiones chinas (montos, condiciones, características del financiamiento, actores involucrados, etc.) tanto en la región en general como en Argentina en particular, ya que no existen actualmente una gran cantidad de actores (ya sea de la sociedad civil, como de la academia, del sector privado o incluso la esfera pública) que se dediquen a hacer un seguimiento y monitoreo pormenorizado de este tipo de financiamiento y, más importante aún, de sus impactos e implicancias en cada uno de los países.
En un escenario con estas características, donde por un lado el monto de las inversiones y créditos se incrementan exponencialmente y por el otro, la información es escasa y ambigua, algunos actores de la sociedad civil han comenzado a involucrarse en el tema procurando realizar actividades de investigación y seguimiento, e incluso elaborando herramientas que permitan una mayor comprensión de las características y particularidades de las inversiones chinas en la región.
Recientemente, por caso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador presentó el “Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior”, una herramienta teórico-práctica destinada a servir como guía para las comunidades locales y difundir parámetros en relación a derechos y sostenibilidad frente a las inversiones y créditos chinos. El documento, elaborado por Paulina Garzón, representa un gran avance para las comunidades y demás sectores de la sociedad civil involucrados y contribuye sustancialmente para una mejor comprensión de una temática de creciente relevancia para nuestra región.
Por su parte, y teniendo en cuenta esta creciente necesidad, FUNDEPS ha iniciado recientemente un trabajo de monitoreo y seguimiento de esta agenda en el marco del trabajo de investigación e incidencia que lleva adelante sobre los diferentes actores regionales del financiamiento para el desarrollo.
Más información:
CDES – Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior
Contacto:
– Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org
