Gobernador argentino se pronuncia en contra de Central Nuclear Embalse

El mandatario de Córdoba dijo que la planta “fue un error” y cuestionó al Gobierno Nacional sobre la falta de consulta sobre la extensión de su vida útil.

BUENOS AIRES, Argentina – El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, declaró el 19 de julio en una entrevista radial con LT8 de Rosario, que la Central Nuclear de Embalse “fue un error”, lo que está generando una gran expectativa para la población civil y organizaciones ambientalistas que reclaman un proyecto de desnuclearización de la provincia y que se detenga el funcionamiento de esa planta.

«Nadie quiere tener una central nuclear frente a su casa, aunque nos digan que todo es seguro, que todo es fantástico», expresó el mandatario.

La Central Nuclear Embalse, se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, aproximadamente a 100 Kilómetros de la capital de provincia.

Comenzó a operar en 1984, y llegó al fin de su vida útil en marzo de 2012. Sin embargo continúa en funcionamiento y el Gobierno Nacional tiene la intención de extender su operatividad por 25 años más.

De la Sota cuestionó la falta de consultas del Gobierno Nacional al Provincial. “Tengo entendido que la empresa respectiva que depende del Gobierno habría decidido la re potenciación de la central, alegando que cuesta lo mismo sellarla que re potenciarla por otros 25 años… Habrá que discutir este tema como otros, no creo que se tomen medidas en este final de gobierno», expresó.

Del mismo modo el gobernador también se refirió a cuestiones de seguridad, afirmando que después de Chernóbil y Fukushima, todo lo relacionado con energía nuclear está, por lo menos, bajo cuestionamiento.

Respecto a esta cuestión, el Ministro de Planificación Julio de Vido expresó el año pasado en una conferencia de prensa que el accidente de la planta en Japón, que devino en un tsunami, tuvo las características propias de la sismología de ese país.

“Hubo un accidente que no tiene comparación ni ninguna posibilidad de asimilarse a la situación de Córdoba”, expresó el funcionario público.

Resistencia

Una coalición de organizaciones locales y nacionales conformaron ‘Córdoba no nuclear’ y presentaron, el año pasado, un proyecto de ley provincial para que la central de Embalse cierre definitivamente, ya que la consideran “obsoleta y peligrosa”.

La campaña organizada por la coalición logró reunir 30.000 firmas de cordobeses que apoyan la causa y el texto está esperando ser tratado por los legisladores provinciales.

La coalición Córdoba No Nuclear está integrada por: CEDHA, Eco-Sitio, FUNDEPS, Greenpeace, Fundación Hölderlin, Los Verdes y Tierra Vida.

“Ahora más de 30.000 cordobeses estamos pidiendo el cierre definitivo de la central de Embalse e instamos al Gobernador De La Sota que apoye el debate en la Legislatura para que esto así suceda”, dijo el ecologista Luis Tuninetti, de Eco-Sitio.

FUNDEPS participa de encuentro global para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos en Colombia

Este Segundo Taller global de investigación-acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos, realizado en Colombia, es coordinado por la organización Dejusticia y cuenta entre sus participantes con Yamile Najle, de FUNDEPS.

Dejusticia organiza el Segundo Taller global de investigación-acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Para llevarlo a cabo, se convocó y seleccionó a 15 Jóvenes profesionales del Sur Global involucrados en investigación, abogacía y activismo. Yamile E. Najle, coordinadora del área de Derechos Humanos de FUNDEPS ha sido elegida para participar de dicho taller, que se está llevando a cabo esta semana en Colombia.

Durante el Taller Global de Investigación-Acción de Dejusticia, se trabajará sobre las problemáticas de actualidad que enfrenta la Justicia Ambiental y los desafíos que el tema presenta para los defensores de derechos humanos. Los objetivos son entrenar a estos profesionales en diseñar, implementar y presentar su investigación orientada hacia la acción y comunicar sus resultados de forma eficaz.

La estructura del Taller incluirá presentaciones académicas, discusiones en grupo y aprendizaje vivencial, incluyendo visitas a lugares locales en donde se está abogando por la defensa de la justicia ambiental y los derechos humanos. El contenido incluirá métodos de investigación así como comunicación y escritura de los resultados de la investigación-acción en este campo. Entre los/as expertos/as internacionales se encuentran Boaventura de Sousa Santos y César Rodriguez Garavito, entre otros. Las organizaciones representadas a través de los/as participantes incluyen al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Centro para la Justicia Social de India, CONECTAS de Brasil y al Comisión de Derechos Humanos de Kenia, entre otros.

Desde FUNDEPS, creemos que la participación activa en este encuentro será muy enriquecedora ya que fortalecerá nuestra capacidad de investigación e incidencia con el objetivo de promover un desarrollo sustentable respetuoso de derechos humanos.

Más información:

– Presentación del 2do taller en sitio web de Dejusticia.

– Vídeo del primer taller global de investigación-acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos.

– Segundo Taller global de investigación acción para Defensores Jóvenes de Derechos_Humanos – Presentación cronograma y participantes.

Contacto:

Yamile Najle

yamilenajle@fundeps.org

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Comentarios al Borrador de Política Revisada del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Septiembre 2014

El presente documento fue elaborado por FUNDEPS, junto con un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, y busca acercar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al mismo MICI una serie de comentarios, sugerencias y preocupaciones en torno al actual proceso de revisión del Mecanismo que está llevando adelante la Institución (actualmente en su Segunda Fase de Consultas Públicas).

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Panorama del financiamiento para infraestructura en América Latina ¿Cuál es el contexto regional en el que se inserta el nuevo Banco de los BRICS? – Septiembre 2014

Esta publicación fue elaborada por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) conformado por Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina. El trabajo describe el panorama actual del financiamiento para infraestructura en América Latina y el Caribe, presentando a los diversos actores que se desenvuelven en este contexto, así como las tendencias hacia el debilitamiento de los marcos normativos tanto de los bancos nacionales, regionales y multilaterales, así como los marcos nacionales de los países receptores de los préstamos y el financiamiento.

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El Banco Mundial busca debilitar los estándares socio-ambientales en sus proyectos. Respuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil

La sociedad civil latinoamericana debe actuar de manera urgente frente al riesgo de debilitamiento de las salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial. Mayores precisiones en cuanto al debilitamiento de esos estándares y las respuestas desde organizaciones de la sociedad civil.

Un borrador filtrado de la propuesta del nuevo marco de políticas de salvaguardias para el Banco Mundial deja en evidencia lo que la sociedad civil venía temiendo desde el inicio mismo del proceso de revisión, en el año 2012: un evidente riesgo de debilitamiento de los estándares ambientales y sociales destinados a proteger a las personas y el medioambiente de los impactos negativos ocasionados por los proyectos financiados por el Banco.

Si bien el borrador presenta algunos avances secundarios, resulta evidente que el nuevo régimen de salvaguardias que se está proponiendo para la institución representa un claro retroceso en materia estándares socioambientales; y prácticamente echará por tierra toda una generación de logros y avances de la sociedad civil y de comunidades afectadas en pos del fortalecimiento de las mismas. A su vez, representa un peligroso precedente para otras Instituciones Financieras que actúan en la región, como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) o la CAF (Corporación Andina de Fomento/Banco de Desarrollo de América Latina), que suelen tomar al Banco Mundial como “modelo a seguir”.

Sin embargo, aún no es demasiado tarde para actuar, ya que los Directores Ejecutivos del Banco deben reunirse el próximo 30 de julio para decidir si el borrador avanza a la siguiente fase (segunda ronda de consultas) o debe ser devuelto a la Gerencia del Banco para ser modificado. Es por ello que resulta de imperiosa urgencia que la sociedad civil latinoamericana se contacte con los Directores Ejecutivos de la región que estarán reuniéndose el próximo 30 de julio a fin de expresarles su preocupación en relación al borrador de las nuevas salvaguardias y reclamarles que la misma sea enviada nuevamente a la Gerencia para su reforma.

A continuación los datos de contacto de los Directores Ejecutivos que representan a los países de la región:

  • Director de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay: César Guido Forcieri (argentino) – Correo: cforcieri@worldbank.org
  • Director de México, Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y España: Juan José Bravo Moisés (mexicano) – Correo: jbravomoises@worldbank.org
  • Director de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Republica Dominicana y otros: Roberto Tan (filipino) – Correo: rtan1@worldbank.org. Suplente: Rogerio Studart (brasileño) – Correo: rstudart@worldbank.org

Algunas Organizaciones de la Sociedad Civil ya se han comunicado con Directores Ejecutivos y funcionarios del Banco Mundial para expresar su preocupación por estos posibles cambios. Así, en una comunicación enviada el pasado 24 de julio, se expresó la oposición al borrador. A modo de ejemplo, se marcaron puntos como «la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación».

FUNDEPS ha estado siguiendo el proceso de revisión de las salvaguardias del Banco, ha mantenido una serie de reuniones de incidencia en los últimos meses (ver aquí) y a pesar de haber intentado, infructuosamente, contactarse en reiteradas oportunidades con el Director Ejecutivo argentino César Guido Forcieri, volverá a intentar comunicarse con él para expresar la preocupación en torno al borrador de las nuevas políticas de salvaguardias y la necesidad de su reformulación.

Más información:

– Carta de OSC al Directorio Ejecutivo y funcionarios del Banco Mundial – 24/07/2014

– Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «El Paquetazo: El Banc/o Mundial Amenaza Con Debilitar Sus Salvaguardas y Abrir una Brecha Hacia la Flexibilización Mundial de Estándares Sociales y Ambientales»

– Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «The World Bank Moves to Weaken its Protection for the Poor»

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

FUNDEPS participa en Cartagena + 30 sobre refugiados

Con motivo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, se inició este año en Latinoamérica, el proceso de “Cartagena +30”. FUNDEPS está contribuyendo en la redacción de la Declaración Académica de Cartagena +30, que plasmará la postura del sector académico sobre la situación del refugio en la región.

En este proceso, se busca fortalecer el marco legal internacional de protección a refugiados. Entre los lineamientos propuestos desde el área de Derechos Humanos de FUNDEPS, se encuentra la necesidad de contemplar nuevas causales de refugio, como los problemas ambientales; la incorporación de la perspectiva de género en los documentos regionales; y la importancia de crear redes de trabajo entre el sector académico y la sociedad civil, para darle utilidad práctica a los conocimientos generados.

El “refugio” es una institución creada luego de la Segunda Guerra Mundial, a los fines de otorgar protección internacional para las personas, que por temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera de su país o no quieran acogerse en la protección del mismo. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, adoptadas en el marco de Naciones Unidas, legislan a nivel internacional la cuestión del refugio.

La Declaración de Cartagena, fue firmada por algunos países de América Latina en 1984, en el contexto de conflictos centroamericanos que generaron grandes flujos de migrantes forzados. Esta declaración, además de su importancia para la región latinoamericana, marca un cambio a nivel internacional por la ampliación de los motivos por los cuales una persona puede ser considerada refugiada, incluyendo así a los conflictos internos, la intervención extranjera, la violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que alteren gravemente el orden público. De este modo, se agregan causales para que una persona pueda ser receptora de protección internacional y ayuda humanitaria.

A 30 años de ese hito, el objetivo del proceso es elaborar documentos de discusión que esbocen el progreso, los desafíos y oportunidades de la región; organizar discusiones subregionales, a nivel gubernamental, la sociedad civil y la academia; establecer el apoyo político de los gobiernos americanos e identificar posibles socios entre las instituciones regionales y la sociedad civil. Además, se busca establecer un comité de especialistas que actúen como consultores del proceso conmemorativo e identificar grupos de apoyo, incluyendo donadores y otras fuentes de financiamientos. Todo esto, orientado a aportar datos para la redacción de un documento consolidado, que se presentará en un evento conmemorativo final a nivel ministerial. Este evento, culminará con la adopción de una nueva declaración y un plan de acción.

Cartagena +30 tiene sus antecedentes, que derivaron en la adopción de dos documentos, uno en 1994 y otro en 2004: la  Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas y la Declaración y Plan de Acción México para fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina, respectivamente.

FUNDEPS participa activamente en la redacción de la Declaración Académica de Cartagena + 30, junto con universidades, profesores y académicos de la región. Esta declaración, será presentada a fines de Octubre en la Universidad Católica de Santos, en Brasil. La Declaración Académica se enmarca entre los documentos que tienen que plasmar los desafíos y oportunidades regionales, así como aportar datos, que se destinarán luego a la cumbre ministerial.

Más información:

– ACNUR Cartagena +30

Contacto:

– Carolina Tamagnini

carotamagnini@fundeps.org

Organizaciones de la sociedad civil reclaman al BID un proceso de consulta pública efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del MICI

Más de 20 organizaciones de diferentes países del mundo reclaman al Banco que la segunda fase de revisión del MICI contemple un plazo de tiempo adecuado (no menor a 60 días) para suministrar comentarios y sugerencias a la versión preliminar de la Política modificada; reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región que aseguren una participación informada; y una convocatoria amplia y descentralizada, que asegure la correcta participación de todas las comunidades e individuos que tienen interés en el Mecanismo.

El pasado lunes 07 de julio de 2014, un conjunto de más de 20 organizaciones de diferentes países del mundo, entre ellas FUNDEPS, enviaron una carta destinada al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y a los Directores Ejecutivos de la Institución. El motivo fue expresar la preocupación existente por parte de la sociedad civil en torno al futuro del mecanismo de queja del Banco: el MICI (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación), el cual se encuentra actualmente en un proceso de revisión.

El MICI, que reemplazó en el año 2010 al fallido e ineficiente Mecanismo Independiente de Investigación (MII), es el mecanismo de rendición de cuentas para las operaciones financiados por el BID. Por lo tanto, busca responder las inquietudes de individuos o comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco y que deciden anteponer una queja ante Mecanismo; y a su vez, busca mejorar los resultados sociales y ambientales de las operaciones del Banco. De allí la importancia de este mecanismo dentro del entramado institucional del BID.

Si bien la creación del MICI fue bien recibida por la sociedad civil y constituyó un claro avance en materia de transparencia y rendición de cuentas del Banco, aún existen materias pendientes para que logre constituirse en un instrumento realmente efectivo para las comunidades afectadas. En ese sentido, el proceso de revisión del MICI que decidió llevar adelante el Banco a mediados de 2013 y que, tras una serie de demoras, iniciará en las próximas semanas su segunda fase de consultas públicas, resulta una oportunidad clave para fortalecer el Mecanismo y procurar una mayor efectividad en su funcionamiento.

Sin embargo, ha circulado la información de que el Banco está contemplando, para esta segunda fase, una consulta de apenas 30 días de plazo, limitando la recepción de comentarios a la vía electrónica únicamente y sin considerar la organización de reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región, que aseguren una participación informada y efectiva, lo cual resulta preocupante. Más aún si se tiene en cuenta la importancia de que participen del proceso de consulta quienes son los verdaderos destinatarios de este Mecanismo: afectados o potencialmente afectados por proyectos del Banco, muchos de las cuales carecen de acceso a Internet o a medios electrónicos.

En consecuencia, las organizaciones firmantes de la carta plantearon la necesidad de que la Administración y el Directorio Ejecutivo del Banco promuevan, para la segunda fase de la revisión, un proceso de consulta pública efectivo y participativo, que contemple:

  • Un plazo de tiempo suficiente, no menor a 60 días, para suministrar comentarios y sugerencias a la versión preliminar de la Política modificada;
  • Reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región que aseguren una participación informada.
  • Una convocatoria amplia y descentralizada, que asegure la correcta participación de todas las comunidades e individuos que tienen interés en el Mecanismo, incluso comunidades e individuos que hayan recurrido al Mecanismo en el pasado.

FUNDEPS participará con sus aportes en esta segunda fase de consulta procurando el fortalecimiento del MICI y una mayor efectividad en su funcionamiento.

Más información:

– Carta de OSCs – Consideraciones en torno a la Segunda Fase de revisión del MICI

– Web oficial del proceso de revisión del MICI que está llevando a cabo el BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Solidarios en acción

Crece la cantidad de ONG en el país. Hay más de 16 mil registradas y otras 80 mil en informalidad. En Córdoba son casi nueve mil las que están en regla. El medio ambiente, los derechos humanos, los animales y la salud son algunos de los temas que más preocupan. ¿Qué impulsa a ser solidarios? Testimonios de los que decidieron no cruzar los brazos.

Luciana tiene 10 años. Camina 
a orillas del río Ceballos, que recorre la ciudad del mismo nombre, mientras sostiene 
una bolsa con botellas de plástico en su mano. Son desechos que el río va dejando a su paso. “Mucha gente viene acá y tira basura. Estamos haciendo una campaña para que no lo hagan más. Creo que pueden cambiar educándose, tomando conciencia”, dice esta pequeña scout que se sumó hace un año a ese grupo, que realiza tareas comunitarias todos los sábados.”A mí me gusta ayudar a los demás, por eso lo hago”, responde feliz.

Así como Luciana, otros niños, jóvenes y adultos aportan su tiempo por una causa que vale la pena. Están los que deciden armar grupos o foros en las redes sociales, los que se juntan en plazas, en su casa u otro lugar, y los que se organizan en una ONG, una organización no gubernamental. Parece que la frase tan repetida “los argentinos somos solidarios” no es sólo eso.

Según Adrián Manzi, psicólogo ­social y estudioso del tema, “el ar­gentino tiene una mirada social para crear situaciones y sortear problemas. La cultura solidaria está arraigada porque es una forma de sobrevivir, 
de estar vinculados. Desde que llegaron los inmigrantes árabes, españoles, italianos, judíos siempre tendieron 
a asociarse.”

Pero, ¿a qué llamamos solidaridad? Para Marco Leone, psicólogo y director de Aprendizaje Para el Cambio (APC) “es el amor por lo que uno no conoce. Uno tiene inquietud de pensamiento y cuidado por lo que conoce, pero también por lo que no conoce. En realidad, la solidaridad es la emoción que hace que el otro me importe aunque no lo conozca ni tenga una relación directa con él”.

La ayuda social aumenta con las ONG. Según el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (Cenoc), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, existen más de 16 mil ONG registradas, pero hay un sinnúmero de otras que aún no lo están. Según la Afip, se estima que son más de 80 mil.

Sin embargo, paralelamente al crecimiento de estas, y según un estudio de TNS Argentina, la colaboración de los argentinos con las organizaciones y entidades sin fines de lucro disminuyó respecto del año pasado: del 15 por ciento bajó al 13 por ciento, contra el 87 por ciento que no colabora.

Este descenso, dice el informe, puede estar relacionado a una percepción positiva sobre el bienestar social, que se traslada en una falta de involucramiento por parte de la sociedad.

De todas formas, las ganas de ayudar están, porque según TNS Argentina tres de cada 10 argentinos se muestran interesados en participar en tareas voluntarias en los próximos 12 meses (31 por ciento), cifra que más que duplica a la proporción de argentinos que actualmente realizan tareas voluntarias. Y son las mujeres, las que llevan la delantera con el 34 por ciento, contra 27 por ciento de los hombres.

Según la Organización de las Naciones Unidas, una Organización No Gubernamental es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que esté organizado a nivel local, nacional o internacional, con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común. Realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas públicas y alientan la participación de la comunidad.

Están organizadas en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o temas tales como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. Funcionan como asociaciones civiles, fundaciones, clubes, bibliotecas populares, centros de jubilados, cámaras, federaciones, cooperadoras, entre otras. El campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o internacional. Una de las más antiguas es La Cruz Roja, fundada en 1863.

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Link:
http://www.lavoz.com.ar/temas/solidarios-en-accion

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Análisis técnico jurídico de la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba – Ley Nº 10208 Ampliando estándares de protección ambiental. Fortalezas y debilidades – Julio 2014

En el presente documento nos proponemos trabajar más exhaustiva y sistemáticamente el texto normativo de la llamada Ley de Convivencia Ambiental. Pretendemos poner de relieve los significativos avances en el derecho ambiental local, que han generado una nueva matriz de derechos que deberán ser ejercidos por la ciudadanía y las organizaciones que propendan a la protección del ambiente y del medio social, y obligaciones que deberán ser cumplidas principalmente por las autoridades públicas responsables en la materia. Del mismo modo, resaltaremos aquellas disposiciones que entendemos carecen de sustento jurídico suficiente, y dejaremos asentado asuntos que no han sido incluidos en la ley y que son de fundamental importancia.

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Carta enviada al BID sobre «Necesidad de un proceso de consulta pública efectivo y participativo para la segunda fase de revisión de la Política del MICI» – Julio 2014

Esta carta fue enviada al Presidente Moreno y al Directorio Ejecutivo del BID en julio de 2014 por un conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil (entre ellas Fundeps), solicitando un proceso de consulta público efectivo y participativo para la segunda fase de revisión de la Política del MICI.

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Avances positivos en la nueva Ley Ambiental de la Provincia aunque con un cierre poco transparente

En la noche del miércoles 11 de Junio se aprobó la ley de ambiente de la Provincia de Córdoba. Se hicieron mejorías respecto de la anterior versión pero el proyecto final sólo se conoció en la noche del martes.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó en la noche del miércoles 11 de Junio la ley 13428, denominada Ley de Política Ambiental Provincial. La discusión incluyó un proceso participativo y abierto en el que numerosas personas e instituciones hicieron llegar sus aportes a la discusión, entre ellas FUNDEPS, a través de un documento de trabajo con observaciones críticas al proyecto. Sin embargo, este proceso se vio debilitado por un cierre en el que proyecto final no se hizo público hasta luego de ser aprobado.

En términos generales, la versión aprobada de la ley tiene muchos avances sustantivos respecto a su anterior versión. Principalmente, se acerca más a los estándares de protección de la Ley General del Ambiente de la Nación, que constituye un piso mínimo de protección ambiental. Así, se mejora las posibilidades de complementación entre los diferentes niveles.

Sin embargo, el proceso abierto y participativo concluyó con una aprobación acelerada de la ley, cuya versión final sólo se hizo conocer en la noche del martes y es por esto que desde FUNDEPS reclamamos que exista un adecuado proceso, transparente y participativo, que implique no sólo escuchar otras opiniones, sino proveer adecuada información en todas las instancias del proceso de toma de decisión. En ese marco, solicitamos que se respete el derecho a la protesta de las personas que hicieron llegar el reclamo de mayor transparencia para la aprobación de esta ley. Condenamos la violencia en todas sus formas.

Algunos de los aspectos positivos de la nueva ley incluyen los siguientes:

  • Ordenamiento Ambiental del Territorio, proceso participativo, que debe ser convocado dentro de un plazo cierto desde la sanción de la ley y debe ser elevado a la Legislatura para su aprobación parlamentaria.
  • Estudio de impacto ambiental debe ser de carácter interdisciplinario y presentado en una sola y única vez, y se establecen los requisitos . Aquel que resulte rechazado no puede reiterarse.
  • Obligatoriedad de las audiencias públicas en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, institutos de participación ciudadana y control estatal respectivamente, que están detalladamente regulados sus procedimientos.
  • Creación y ampliación del Fondo de protección ambiental, sostenimiento del Plan ambiental territorial y los planes estratégicos ambientales.
  • Elaboración de Planes quinquenales de salud y ambiente, a cargo de los Ministerios de Ambiente y de Salud, con la participación de organizaciones académicas y científicas.
  • Recomendación para promover en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la creación de Fiscalías ambientales a los efectos de practicar la investigación penal preparatoria en aquellos delitos en que se atente contra el medio ambiente.
  • Creación del Consejo de Desarrollo Sustentable, en el cual tendrán representación proporcional los municipios y comunas.
  • Facultad indelegable del Estado para el control y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental.
  • Cambio de anexo (II a I) de los proyectos vinculados a la Industria química y desmontes de bosques protectores y permanentes, que deben tener obligatoriedad de EIA y audiencia pública.
  • Inclusión de grandes semilleras y feedlots entre las actividades que deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental.

Asimismo, los aspectos negativos son los siguientes:

  • No existe una guía de confección de Estudios de Impacto Ambiental en anexo.
  • No hay un régimen claro de sanciones y sistema de responsabilidad.
  • El régimen de convocatoria a la Consulta Popular Ambiental es discrecional de los órganos políticos, a pesar de que se establece la posibilidad de que la promueva la población del área potencialmente afectada.
  • No se estableció un deber de publicar un informe ambiental anual, equivalente a la obligación a nivel nacional.
  • Atribución facultativa de la Autoridad de Aplicación para la instrumentación de la evaluación de impacto en salud.
  • No hay lineamiento para asegurar una asignación presupuestaria adecuada para esta ley.

Desde FUNDEPS se continuará analizando esta nueva normativa y se trabajará para asegurar su implementación efectiva, que asegure el respeto de los derechos a un ambiente sano y a la salud.

Más información:

– Documento de – trabajo: «Contribuciones al debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba».

Contacto: 

Agustín Filippi – Área de Derechos Humanos

info@fundeps.org

Continúa el tratamiento del proyecto de ley de política ambiental en la Legislatura Provincial

FUNDEPS participó de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia, donde se discutió especialmente sobre mecanismos de participación en el Proyecto de Ley General del Ambiente de la Provincia.

En el marco del tratamiento parlamentario del proyecto de política ambiental impulsado por el Poder Ejecutivo, y en el que FUNDEPS ha venido participando, el día 20 de Mayo se convocó a una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia. En este caso, la audiencia se realizó para que los diferentes bloques partidarios expusiesen lo que vienen trabajando en relación al Proyecto, y presentasen sus propuestas acerca de los principales instrumentos de política ambiental que se regularían en el texto normativo en debate.

El eje central de la reunión fue la discusión sobre la institución de la participación ciudadana, su alcance en materia ambiental, y su progresiva importancia desde la reforma constitucional del año 1994. El debate se centró respecto a qué mecanismos de participación deberían establecerse en el nuevo texto legal, quién tiene la potestad y el deber de convocarlos, quiénes están legitimados para solicitarlos, quiénes son los destinatarios de tales medidas de participación, en qué casos, para qué clase de proyectos productivos y/o económicos, cómo sería el funcionamiento de los mismos, qué efectos jurídicos producirían, en qué marco se insertan, cómo dialogan y se complementan con otros instrumentos de política y gestión ambiental. En fin, cuestiones sumamente relevantes a la hora de trazar políticas públicas en el territorio, teniendo en cuenta la conflictividad social creciente a nivel provincial.

Los instrumentos de participación ciudadana que se mencionaron, y que muchos de ellos ya están contemplados tanto en leyes nacionales como provinciales, fueron el acceso irrestricto a la información, la obligación tanto de las autoridades públicas como de las empresas privadas de dar a conocer y difundir públicamente información completa y veraz sobre el proyecto u obra a desarrollarse, las encuestas a la población, la consulta previa mediante la organización de talleres en los barrios o localidades que podrían verse afectados por la ejecución de actividades de impacto ambiental relevante, la audiencia pública como instancia de dialogo entre las autoridades y los ciudadanos, y la consulta popular como un mecanismo innovador a nivel provincial.

El principal foco de disputa política fue la definición acerca de la consulta popular, en qué consiste, qué implica y qué efectos produce, a pesar de lo que ya norma la ley 7811 del año 1989. El representante del bloque del Frente Cívico, Santiago Clavijo, expresó que se debería legislar sobre la consulta popular vinculante para la autorización de proyectos de alto impacto ambiental, contemplados en el anexo I del decreto reglamentario 2131/00 de la ley 7343, en el contexto del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental. La legisladora Cintia Frencia, del Frente de la Izuierda y los Trabajadores (FIT), aclaró que el llamado a consulta popular no equivale a prohibición de determinadas actividades, sino que se someten también a la decisión de la población, además de los requisitos legales que debe cumplir el emprendimiento. En el mismo sentido, Alfredo Leytes, también del FIT, sostuvo que la población, en la mayoría de los casos, recibe positivamente el arribo de actividades productivas, dado que ofrecen puestos de trabajo y desarrollo a la comunidad, mientras no traiga perjuicios mayores. Dante Heredia, presidente de la Comisión, y representante del bloque oficialista Unión por Córdoba, consideró excesivo e inflexible el criterio de legislar una consulta popular vinculante.

Los ejemplos que más se han mencionado desde el inicio de las conversaciones legislativas, y que han cobrado importancia práctica para el tratamiento del proyecto de ley, son la fábrica de Porta de Biocombustibles, su localización en el ejido urbano y los impactos negativos que viene generando sobre los barrios lindantes, y el conflicto por la radicación de la planta acondicionadora de semillas de la empresa Monsanto SAIC, que ha despertado múltiples controversias de orden científico, numerosas resoluciones judiciales e incertidumbre sobre su licencia social ambiental para localizarse.

Se espera que en el mes de junio pueda elevarse el proyecto de ley para ser sometido a votación en la unicameral, si es posible un único proyecto consensuado por todos los bloques políticos. En este marco, desde FUNDEPS abogamos por establecer los estándares más altos posibles para asegurar la efectiva vigencia del derecho a la participación ciudadana, especialmente de aquellos directamente afectados por decisiones públicas como las que se mencionaron en este debate. Por ello, recordamos nuestra preocupación por la restricción al principio de participación ciudadana a través de condicionamientos que dependen de la discrecionalidad de la Autoridad Ambiental, tal como dejamos claro en nuestro documento “Contribuciones al Debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba”.

Más información:

– Documento de trabajo: «Contribuciones al debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba».

Contacto: 

Agustín Filippi – Área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org