Mientras la opinión publica rechaza cada vez más los estereotipos de género, a las marcas les cuesta adaptarse.

En tiempos de “Ni una menos” y #Metoo, las marcas buscan dejar atrás las décadas en las que la mujer objeto se usaba para vender cualquier producto. Pero aunque aquellas campañas que recurrían a las curvas femeninas como anzuelos van desapareciendo, aun se siguen filtrando estereotipos de género. Un ejemplo de esto es la campaña que hizo en España El Corte Inglés para el Día de la Madre: sobre la imagen de una mujer sonriente la gráfica la define: «97% entregada, 3% egoísta, 0% quejas, 100% madre». Las críticas se escucharon a ambos lados de la Atlántico y dejaron en evidencia que las marcas aun tienen mucho trabajo por hacer.

En este contexto, Interbrand, una consultora de marca global, presentó junto a IAE Business School los resultados de Brandaid, una investigación para identificar cómo se posiciona el marketing ante la perspectiva de género. En el estudio se realizaron 52 entrevistas en profundidad a CEOs, directores/as y gerentes/as de empresas privadas y organismos públicos. El 54% de los entrevistados son hombres y el 46% mujeres. Se analizaron 910 piezas que utilizaron 20 marcas en los últimos tres años en su comunicación externa e interna.

“La opinión pública parece estar avanzando a una velocidad mayor que las marcas. Las marcas tienen el poder de influir en la transformación del mundo e inclusive, contribuir en su mejora, pero no están logrando adaptarse en materia de género”, indica Rocío Restaino es head of Brand Strategy en Interbrand. “En Argentina, que históricamente tuvo un rol disruptivo en publicidad, encontramos que se continúa mostrando a las mujeres en roles estereotipados que perpetúan las desigualdades”.

Restaino remarca que «el problema no es cuánto están representadas las mujeres, ya que en las campañas publicitarias tienen presencia en la misma medida que los hombres. El problema es cómo”. A partir del estudio establece cinco puntos críticos.

1) El varón aparece asociado a tareas de producción, autoridad y autonomía. La mujer está vinculada a tareas de reproducción: maternidad, educación, la cocina o el supermercado.

2) No hay diversidad: todas se parecen entre sí, hay una mujer estándar.

3) Las mujeres, en general, aparecen mudas y sin voz. Incluso los locutores suelen ser varones.

4) La falta de autonomía de la mujer es muy notoria: amas de casa, madres, cuidadoras y buenas vecinas.

5) Las mujeres siempre están sonrientes y alegres a menos que sean profesionales. En ese caso se muestran serias.

-¿Por qué las marcas repiten estos estereotipos? ¿Las publicidades que representan a las mujeres de esta manera son efectivas?

-​Las repiten porque creen que funcionan y porque muchas veces no se animan a innovar. Cuando arman los focus group para testear las campañas los arman con sesgos para confirmar que el enfoque que están usando es el correcto. Pero si vas a esperar a que sea el focus group el que te diga que la campaña es sexista, llegas tarde. Las marcas tienen que mirar más allá, detectar las tendencias antes de que se hagan masivas.

Solamente en el 6% de estas piezas que participaron de la investigación las mujeres son representadas como profesionales o vinculadas a tareas laborales. En el 38% de los casos en situaciones relacionadas con la belleza/estética, 25% en situaciones familiares (mayormente relacionadas con la cocina), 23% vinculadas a su rol materno, 2% en situaciones de pareja heterosexual, 2% tomando alcohol y 5% indefinido “Es interesante pensar que pasaría si las marcas que operan en el mundo de la belleza, la alimentación y el cuidado personal se plantearan como eje estratégico contribuir a romper la relación ‘naturalizada’ entre las mujeres y este tipo de tareas. Es decir, si asumieran el desafío de incluir varones en su target, pero hacerlo con la misma intensidad con la que históricamente se han dirigido a las mujeres, y no ya como parte de una campaña táctica, one shot o marginal.”.

Melanie Tobal es licenciada en publicidad y fotógrafa de moda. Hace más de dos años creó junto a otras colegas Publicitarias.org, una comunidad que busca potenciar el liderazgo femenino y la perspectiva de género. Hoy tienen embajadoras en Chile, Perú, México y Miami.

«Hubo un avance enorme en los últimos años. Sin embargo, todavía quedan los estereotipos de género más peligrosos: los sutiles, que se repiten día a día y van formando a la cultura y a las personas», cuenta Tobal. «Son esos pequeños frames o mensajes que aún nos siguen mostrando el mismo tipo de belleza hegemónica y aspiracional (mujeres flacas, altas, blancas, etc.), que invisibilizan cualquier tipo de familia o identidad de género que no sea binaria y heterosexual, que siguen asignando roles de cuidado e higiene a las mujeres, roles de proveedores a los varones, y que fomentan expresiones de masculinidad tóxica o relaciones tóxicas, entre otros».

Una investigación de la organización Comunicación para la Igualdad y Fundeps determinó que en las agencias el área de creatividad está «masculinizada» tanto en su composición total (32% mujeres y 68% varones) como en sus direcciones (de las 13 direcciones, sólo 1 es ocupada por una mujer) .

-¿Por qué hay pocas mujeres en el área creativa de las agencias?

-A muchas estudiantes, los mismos profesores las desalientan a dedicarse a la creatividad. Repiten prejuicios del estilo «las mujeres no se bancan la presión», «las mujeres no tienen humor», «tenés que pensar como hombre», etc. También sucede que las mujeres tienen menos exposición en los medios de la industria, se las convoca menos a participar de paneles o como jurados de festivales. Finalmente, un gran obstáculo es lo mal preparadas que están las agencias para la maternidad: la mayoría no cuenta con cuestiones básicas como espacios guarderías.

Fuente: Clarín

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El analista internacional en derecho y en salud pública asegura que los países de la región están más ocupados en abrir hospitales que en frenar el avance del tabaquismo y de la obesidad.

Oscar Cabrera es contundente en afirmar que las enfermedades crónicas no transmisibles son una bomba de tiempo. El tabaquismo, la obesidad y el consumo de alcohol se traducirán en un aumento de muertes tempranas y, a la larga, en un incremento en los costos de salud.

Sin embargo, para este investigador del Instituto O’Neill de la Universidad de Derecho de Georgetown, Estados Unidos, “nuestros políticos están más preocupados en abrir hospitales y sacarse una foto” que en atender problemáticas cuyo impacto se verá a mediano y largo plazo.

Invitado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Cabrera trabajó con organizaciones cordobesas en la articulación del derecho y de la salud pública.

El diálogo con La Voz, subrayó que la Justicia debe intervenir cuando ciertos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, se ven vulnerados por determinados grupos de poder.

–Por lo general, se piensa que los litigios en salud se limitan a casos puntuales en los que algunas personas no pueden acceder a determinados medicamentos. Acá se discute sobre la independencia de poderes. Hasta qué punto el poder judicial entiende los costos de las decisiones que toma y el impacto que pueda tener en una obra social. Pero existe otra dimensión más amplia en la que la Justicia interviene para garantizar políticas públicas. Ya sea porque no se garantizan derechos o porque determinados grupos de poder intentan poner barreras.

–¿Cuáles deben ser las prioridades en salud?

–Hoy existe un movimiento, motivado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para tratar de establecer una cobertura universal. No se trata de decir a los países lo que tienen que hacer, sino de establecer reglas claras sobre qué debe cubrir el Estado y las obras sociales y cuáles serán las excepciones. Tampoco se puede cubrir todo al infinito. A veces, nuestros políticos se enfocan en reducir enfermedades para bajar los costos en salud, pero se olvidan de detener el impacto de las crónicas no transmisibles.

–¿Cuál es el riesgo?

–¿Por qué cree que cuesta que la prevención sea prioridad?

–Porque estas medidas tienen resultados a mediano y largo plazo. Un político no quiere hacer un trabajo para que el próximo que venga se lleve los beneficios. Ellos están más ocupados en lograr ventajas de alto impacto, como abrir hospitales, que cambiar normas sociales con resultados que se verán en el tiempo.

–Las leyes nacionales y provinciales no siempre representaron costos para el Estado. Sí se avanzó en fiscalizar lugares libres de humo o en dotar de ciertas infraestructuras, pero estas políticas no representaron un costo significativo. Más bien tuvieron ganancias a través de los impuestos. Los países que implementaron normas completas de control de tabaco vieron los resultados muchos años después. Tomó tiempo reducir el cáncer o el infarto. Pero en los países de la región, el juego político pasa por la inmediatez.

–Córdoba tuvo problemas con Tucumán cuando intentó regular el consumo de azúcar.

–Lo que ocurre con las enfermedades crónicas es que hay intereses económicos muy fuertes que terminan limitando el accionar el Estado. Cuando Estados Unidos intentó regular la publicidad de comida chatarra dirigida hacia los niños, hubo intereses tan grandes que ni siquiera se aprobaron normativas de carácter voluntario. Lo mismo pasa con la industria del tabaco y del alcohol, que pueden llegar a afectar el desarrollo de una política pública.

–Las provincias deben decidir si adhieren a las normas nacionales ¿Cree que esto termina limitando?

–El federalismo no debiera ser una limitación, pero se termina articulando de esa manera. Muchos grupos conservadores o sectores económicos usaron ese argumento para tratar de generar confusión. Para retrasar la implementación de normas y crear inseguridad. Pero el federalismo debiera ser lo contrario. La Nación fija un piso mínimo, un estándar de derecho y cada provincia, si verdaderamente lo quiere, puede avanzar a partir de allí.

–¿Qué diagnóstico hace sobre el aborto en Córdoba?

–Ese es un ejemplo de cómo se usan subestructuras legales para afectar derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En Argentina, con el fallo F.A.L., la Corte Suprema de Justicia estableció un piso mínimo e incorporó estándares de derecho internacional. Pero hay grupos que, con discusiones muy técnicas sobre lo legal, terminan afectando el goce efectivo de derechos, como pasó en Tucumán con una niña de 11 años.

–¿Cree que faltó voluntad política?

–No conozco en detalle la realidad de Córdoba, pero creo que, si verdaderamente hubiera voluntad política de garantizar derechos fundamentales, ya lo habría hecho.

Convenio para estudiantes de abogacía

Estudiantes avanzados de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba pueden acceder a una pasantía rentada durante enero, febrero y marzo para trabajar en Washington DC. El convenio se realiza todos los años entre Fundeps, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la UNC.

Para más información, escribir a info@fundeps.org.

Solicitaron que se les aporte información sobre si se cumplen los procedimientos que sostienen la habilitación de la empresa; adelantaron que esta presentación es el paso previo a una denuncia.

Los vecinos del barrio Las Acacias que reclaman por la radicación de La Marchesina en ese lugar, enviaron un pedido de informes al secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, solicitándole detalles sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa en ese sector de la ciudad.

La presentación ante la Provincia se hizo conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), una ONG ambientalista de Córdoba.

“Conseguimos respaldo y asesoramiento de Fundeps, que a partir de toda la información que nosotros les proveímos sobre los reclamos a la Municipalidad por la localización de La Marchesina, han redactado tres notas de pedidos de información: una al intendente Martín Gill, otra al director de Ambiente de la Municipalidad, Germán Tisera; y una al secretario de Ambiente de la Provincia”, explicaron los vecinos.

“Le dirigimos un pedido al secretario de Ambiente provincial, cansados de no obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales. Los vecinos venimos desde hace unos años reclamando a las autoridades locales su intervención en esta problemática que vulnera nuestros derechos, habiendo solicitado reuniones con la Intendencia y concejales, sin haber tenido respuesta alguna o respondiendo siempre con evasivas”, indicaron.

“En la nota enviada a Britch le contamos que en 2001 se instaló el emprendimiento industrial La Marchesina SRL, dedicado a la elaboración y comercialización de hormigón elaborado y al tratamiento de áridos, en el barrio Las Acacias, donde algunos habitamos desde hace 10 años, y desde entonces sufrimos el impacto ambiental y el deterioro en nuestra calidad de vida por la actividad de dicha empresa, ubicada a escasos metros de nuestros hogares”, señalaron los vecinos.

“Nos preocupa que la instalación de una industria de semejante envergadura -el predio ocupa aproximadamente 25.000m2- haya sido autorizada en una zona residencial en continuo crecimiento, en manifiesta violación a la normativa de uso de suelo de Villa María”, afirmaron.

“La actividad de tratamiento de áridos desarrollada por la empresa, de lunes a lunes de 7 a 18, perjudica gravemente a los vecinos, ya que el ruido continuo y la dispersión de material volátil que produce perturba la normalidad de la vida cotidiana en el barrio”, aseguraron.

“Se observan hechos que preocupan a la comunidad por los impactos que pudieran ocasionar en el ambiente, la salud y calidad de vida de las personas que residen allí, como contaminación sonora y visual; lavado de camiones y máquinas con residuos de construcción que llega a las viviendas en forma de una fina llovizna, con probabilidad de contaminación al ambiente y a los recursos hídricos; casas resquebrajadas por el uso de maquinaria de gran envergadura y el movimiento de suelo que provocan, entre otras cosas”, detallaron.

“Motivados por esta problemática ambiental, sabiendo que es un conflicto que afecta a las más de 50 personas que residen allí, y que existe una falta de transparencia y de rendición de cuentas en todo lo que se refiere a La Marchesina por parte de las autoridades locales y provinciales, nos vemos obligados a presentar este formal pedido de información”, remarcaron los vecinos.

Puntos solicitados

Entre lo solicitado a la Secretaría de Ambiente provincial se encuentra la información sobre si la actividad de la empresa fue debidamente autorizada, indicando número de expediente administrativo, fecha de habilitación y actividad autorizada.

Además, que provea información acerca de si La Marchesina ha cumplido en forma adecuada con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), esto es estudio de impacto ambiental, auditoría ambiental y audiencia pública, de conformidad a la Ley 7.343 y Decreto 2.131/00.

También le piden que explique si la empresa ubicada en prolongación Sabattini y Los Cipreses ha cumplido en los últimos cinco años con su obligación de presentar el Plan de Gestión Ambiental con la propuesta de auditoría ambiental, conforme a lo exigido por ley, indicando en su caso años de presentaciones, etapas cumplidas, cumplimiento de la normativa sobre estándares de aire y fecha de control por parte de la Provincia, observaciones efectuadas y no conformidades planteadas.

Por otra parte le pidieron que detalle si La Marchesina se encuentra habilitada para la actividad de tratamiento de áridos, indicando en su caso número de expediente, fecha de autorización y si cumplió con la Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria establecida por las leyes 7.343 y 10.208.

Otro punto que reclamaron conocer es si la Provincia realizó auditorías ambientales a la empresa en los últimos cinco años y, de ser así, que indique los resultados y conclusiones, es decir, si la empresa cumple con los criterios ambientales y normativas vigentes.

Finalmente, pidieron que se les informe si La Marchesina cumple y se adecua a los estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico, de conformidad al Decreto 847/16.

Paso previo

“Le solicitamos esta información a Ambiente de Córdoba porque la radicación de este tipo de industrias debe cumplir con un protocolo de la Provincia. La Municipalidad tiene injerencia en el uso del suelo, pero todo está regulado por leyes provinciales, y la Secretaría de Ambiente de Córdoba es la que interviene cuando el municipio va en contra de esas leyes provinciales de ambiente”, aclararon.

Los vecinos agregaron que las tres notas enviadas son parecidas, y que piden información sobre los procedimientos que sostienen la habilitación de la empresa en Las Acacias.

“Esta presentación sería el paso previo de una denuncia ante la Secretaría de Ambiente. Si la empresa está irregularmente habilitada, como sospechamos, pediremos la nulidad de la habilitación”, concluyeron.

Fuente: El Diario

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Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron el proyecto de financiamiento político que comenzará a tratar la Cámara de Diputados y advirtieron que habilitar a las empresas a aportar fondos a las campañas electorales «debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos».

n grupo de entidades no gubernamentales, académicos y expertos emitió una declaración en la que advierte sobre los riesgos de permitir que las empresas realicen aportes de campaña, algo que actualmente está prohibido y que podría habilitarse dsi la Cámara de Diputados aprueba el proyecto para reforma la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que ya tiene media sanción del Senado.

«El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general», señalaron a través de un comunicado distintas entidades entre las que se contaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

Tras advertir que «legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales sería un retroceso para nuestra democracia», las entidades subrayaron que «el fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa ‘inversión’ a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector».

Las agrupaciones señalaron que «a pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada».
Al respecto, indicaron: «Es claro que nuestro sistema electoral demanda mayor transparencia, pero el cumplimiento de este objetivo es independiente de legalizar una práctica que desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos y estimula la corrupción».

«Por el contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que asegure su publicidad y que, sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma», evaluaron las organizaciones, al tiempo que advirtieron que, además,  «la decisión de modificar este régimen a tan poco tiempo del comienzo de un nuevo período de elecciones pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral».

Para los firmantes, «la Cámara de Diputadas/os tiene la oportunidad de revisar la media sanción del Senado y abrir un proceso de debate profundo, sin condicionamientos de tiempos e intereses de corto plazo, que derive en una decisión fundada en el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y actores sociales».

Además del CEM y ACIJ, participaron en la elaboración del documento Acción Colectiva, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), entre otras organizaciones.

La declaración recibió también las firmas de académicos y expertos como Ana Castellani, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Rafael Gentili, Nicolás Freibrun, Martín Astarita, Pablo Vommaro, Sandra Torlucci, Tomás Aguerre y Martín Astarita, entre otros.

El proyecto de reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos fue aprobado por el Senado el 16 de abril pasado, luego de casi un año de negociaciones entre Cambiemos y el Bloque Justicialista en torno al contenido de la iniciativa. En la Cámara de Diputados, el oficialismo espera poder darle sanción definitiva antes de que finalice mayo.

Fuente: Política Argentina

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Afirma que no respetó la regulación vigente en materia de publicidad de cigarrillos. Desde la marca aseguran que fue una acción de marketing y que cumplió con la norma nacional.

La última edición del convocante festival de rock que se realiza desde hace años en Santa María de Punilla, el Cosquín Rock (CR), sumó una nueva polémica. Aunque esta vez tiene como principal protagonista a una firma tabacalera que comercializó sus productos en el predio del festival.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) realizó una denuncia ante la Secretaría de Salud de la Nación por considerar que la tabacalera British American Tobacco Argentina (BAT) violó la ley nacional 26.687, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta.

“Constatamos la existencia de descuentos promocionales y de promotores con un exhibidor del producto y la marca de cigarrillos Rothmans, perteneciente al grupo British American Tobacco Argentina”, explicó a La Voz Agustina Mozzoni, coordinadora del área Salud de Fundeps.

“La ley de tabaco nacional, a la cual Córdoba está adherida, prohíbe como regla general todo tipo de publicidad, con tres casos de excepción que no aplican en el caso denunciado. Peleamos por la prohibición total, sin excepciones”, agregó Mozzoni.

La organización –que busca impulsar el debate de leyes más duras para este mercado– aseguró que la misma estrategia publicitaria se advirtió en otras oportunidades. “Esta violación que se produjo en el CR también se pudo observar en la costa argentina y nos permite pensar que la industria tabacalera está desarrollando una nueva estrategia de marketing”, apuntó la referente.

La preocupación detrás de la iniciativa es el impacto negativo en materia de salud que podría generar un aumento del consumo. “Estamos permitiendo el patrocinio de tabaco en fiestas nocturnas y festivales, con ideas ligadas al glamur, la diversión, la libertad. Esto debilita la conciencia sobre la naturaleza del tabaco, que es una sustancia adictiva y mortal. Hoy es una de las principales causas de cáncer evitables”, dijo Mozzoni.

Consultados por La Voz, voceros del festival señalaron que las respuestas sobre este tema iban a estar a cargo de la tabacalera. En ese sentido, desde British American Tobacco Argentina sostuvieron que no se violó la ley nacional. “Las acciones de marketing, inclusive la realizada en CR, cumplen con la disposición vigente en términos de publicidad”, expuso ante este medio Gaspar Travaglini, representante de la firma.

A partir de la consulta de este diario, el intendente de Santa María de Punilla, Dardo Zanotti, inició averiguaciones con las áreas de Salud y Comercio de su municipio.

La ley regula la promoción del tabaco

La ley nacional 26.687 fue sancionada en junio de 2011. Regula la “publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de prevenir y asistir a la población ante los daños que produce el tabaquismo, reduciendo el consumo y la exposición, previniendo la iniciación en el vicio y concientizando a las generaciones presentes y futuras sobre sus daños”.

En su artículo 5, prohíbe expresamente la publicidad de los productos con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. El artículo 8, en tanto, impide realizar cualquier auspicio y patrocinio de marca de tabaco en todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier medio de difusión.

Esta nueva polémica llega después de que se conociera que unas 50 personas que habían asistido al festival resultaron intoxicadas presuntamente tras haber tomado agua dentro del predio.

La ley regula la promoción del tabaco