El pasado 7 de abril, el Poder Ejecutivo Nacional elevó un proyecto de ley sobre Acceso a la Información Pública. Desde FUNDEPs venimos participando y haciendo seguimiento de la discusión desde que se convocó a las organizaciones de la sociedad civil a debatir sobre la cuestión.

El acceso a la información es un derecho humano fundamental y su pleno ejercicio garantiza el reconocimiento de otros derechos como ser sociales, culturales, políticos. En un sistema democrático, el derecho de acceso a la información es una herramienta clave para fortalecer la gestión pública, la rendición de cuentas y promover la transparencia en las instituciones gubernamentales. Asimismo, es un instrumento básico para la participación ciudadana ya que todas las personas tienen el derecho a pedir y recibir información a los fines de participar e involucrarse en los procesos de toma de decisión, monitorear políticas públicas y así exigir el acceso a servicios a los que tienen derecho.

En este sentido, la democracia no puede ser simplemente comprendida como el mecanismo para elegir y autorizar gobiernos. Asimismo, la función del ciudadano tampoco debe quedar reducida a escoger y sustituir grupos políticos periódicamente en el momento de las elecciones a través de su voto. El acceso a la información es una vía para empoderar al ciudadano e incluirlo en la participación democrática. Es decir, permite la proximidad entre el ciudadano y el gobierno para lo que es esencial que existan canales de comunicación en dos direcciones: desde el gobierno a los ciudadanos y desde éstos al primero.

El reconocimiento del derecho de acceso a la información ha crecido significativamente durante los últimos 20 años. Es posible afirmar que, en todas las regiones del mundo, se han propuesto nuevas iniciativas de ley con la participación de los movimientos sociales que lo promueven. Ha sido considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano vinculado a la libertad de expresión. La Corte Suprema Argentina su importancia en decisiones en casos judiciales de los últimos años como “Asociación de Derechos Civiles contra PAMI” (2012) sobre publicidad oficial, o “Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A.” (2015) sobre publicidad del contrato entre Chevron e YPF. De aquí, su importancia instrumental para la efectiva vigencia de otros derechos fundamentales como al de un ambiente sano, a la salud, a la educación y a la vivienda. A pesar de su relevancia y de dichos antecedentes Argentina no cuenta con una ley que regule el derecho de acceso a la información pública. A nivel nacional existe un decreto sobre el tema, el N°1172 del año 2003, aunque rige solo para el Poder Ejecutivo Nacional; además, está la ley N° 25.831 de acceso a la información pública ambiental aunque su foco temático la hace más restringida. Al mismo tiempo, hay numerosas normas provinciales de diversos estándares, en materia de promoción de acceso a la información pública y transparencia.

Sin embargo, en los últimos tiempos no han logrado aprobarse ninguno de los proyectos de ley discutidos a nivel nacional. Es por ello, una de las grandes deudas pendientes de la democracia Argentina estaba en generar una ley nacional de Acceso a la Información Pública que no sólo sirva como marco de referencia para la gestión pública nacional sino también para institucionalizar procesos de rendición de cuentas y procedimientos para ofrecer el acceso a la información a la ciudadanía que lo solicita.

En referencia a esto, el pasado 7 de abril, el Poder Ejecutivo Nacional elevó un proyecto de ley sobre Acceso a la Información Pública y FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) viene participando y haciendo seguimiento de la discusión desde que se convocó a las organizaciones de la sociedad civil a debatir sobre la cuestión. El día 19 de abril, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación realizaron una consulta pública sobre este proyecto donde participamos, siendo la únicoa institución de Córdoba en hacerlo. En primera instancia, celebramos que se generen esos espacios de discusión y la voluntad de las autoridades nacionales de aprobar una ley de acceso a la información pública, una deuda de larga data de la democracia argentina. En segundo lugar, destacamos numerosos aspectos positivos del proyecto, entre los que se destacan:

a) Sigue los estándares y buenas prácticas en materia de acceso a la información pública incorporando artículos que explicitan el concepto de información pública, establece Autoridades de Aplicación, funciones, competencias y procedimientos de solicitud de información, teniendo en cuenta especialmente las disposiciones de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información (OEA) y su guía de implementación, y normativa referente en el tema.

b) Establece un listado amplio de sujetos obligados a cumplir con la ley que incluyen concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios y permisionarios de uso del dominio público o las organizaciones empresariales, los partidos políticos, los sindicatos, las Universidades y cualquier otra entidad privada a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Estado Nacional, entre otros.

c) Legitima ampliamente las solicitudes de información, para cualquier persona y sin necesidad de presentar ningún motivo para hacerlo.

d) Crea un organismo centralizado para aplicar la ley, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. e) Posibilita que se presenten solicitudes por vía electrónica, lo cual para quienes estamos fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un aspecto bien importante.

f) Genera obligación de transparencia activa, con un largo número de información a hacer accesible en portales de transparencia de los órganos obligados que se extiende a información sobre compras públicas, auditorías, informes y escalas salariales entre otros puntos.

Por otra parte, consideramos que existen varios aspectos que pueden ser mejorados, a los que desde FUNDEPS, hicimos referencia en la consulta pública en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre ellos se mencionan:

g) Necesidad de asegurar la autonomía y jerarquía de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. La autoridad a cargo de una persona, los procesos de nombramiento y remoción sólo con participación del ejecutivo y la jerarquía de subsecretaría debilitan considerablemente a este órgano.

h) Ausencia de principios generales, destacando la inexistencia de algunos como el de in dubio pro acceso o de facilitación del acceso. Se establecieron algunos principios en forma dispersa dentro de la ley pero se omitió establecer un marco de referencia para la interpretación general de la ley.

i) Excesivo plazo (1 año) para la efectiva entrada en vigencia de la ley. Más allá de que poner en práctica la ley llevará esfuerzos dentro del aparato estatal a nivel nacional, un año entero parece un plazo excesivo para un tema de tanta importancia.

j) Necesidad de fortalecer mecanismos de incentivos y desincentivos en la ley para influir directamente en la cultura institucional. Esta ley, más allá de ser una larga deuda de nuestra democracia, necesitará de pasos firmes para modificar una cultura institucional en la que en muchos casos los pedidos de información pública son recibidos como reclamos o como acciones de oposición a los funcionarios públicos. Por ello, no sólo las sanciones por incumplimiento de esta ley son importantes. Se deberían incorporar mecanismos que incentiven a un efectivo cumplimiento; el cumplimiento con esta normativa podría ser una variable a tener en cuenta para evaluaciones, reconocimientos y ascensos.

k) Posibilidad de conectar las obligaciones de transparencia activa con posibilidades efectivas de participar en procesos de toma de decisiones públicas clave. Este enfoque se basa en la importancia de la información para la participación. Así, se podría establecer obligaciones especiales de transparencia activa que vayan más allá de la publicación en un portal web cuando la información es relevante para una decisión pública que afectaría a ciertas comunidades. En este sentido, se podría exigir que autoridades nacionales faciliten información de proyectos de infraestructura de órbita nacional a través de municipios, comunas y centros vecinales para que estén más cerca de las comunidades involucradas con los mismos. La idea que subyace es la posibilidad de tener acceso a la información para poder monitorear e incidir en las políticas públicas en los distintos niveles del gobierno y generar propuestas de trabajo colaborativas entre gobierno y ciudadanía. En otras palabras, sería positivo poner en discusión y debate que la ley también institucionalice mecanismos que aseguren la participación ciudadana más allá de la acción de la solicitud de información prevista.

Desde FUNDEPS, apoyamos esta iniciativa e instamos al mejoramiento de la propuesta. Esperamos contar pronto con una ley nacional de acceso a la información pública que permita fortalecimiento de nuestra democracia participativa y favorecer la efectiva vigencia de derechos humanos básicos como a un ambiente sano, a la salud, a la educación y a la vivienda.

Más información: 

Avances en una deuda de larga data en nuestra democracia (La Voz del Interior 28/04/2016)

Exposición del Director Ejecutivo de FUNDEPS, Juan Carballo, sobre la ley.

 

Contacto:

Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org 

Tenemos el agrado de presentarles nuestro nuevo Informe de Actividades 2015, un resumen de nuestras agendas de trabajo y logros del año que pasó. 

Durante el año 2015, desde FUNDEPS hemos crecido tanto interna como externamente. Nuestros voluntarios se duplicaron y las agendas de trabajo se diversificaron.

Estamos muy contentos de compartirles este nuevo formato de informe anual. El objetivo fue darle dinamismo y simplicidad a la presentación de nuestros variados trabajos, a la vez que hacer uso de la herramienta digital como modo de desarrollo sustentable.

Estamos expectantes del desenvolvimeinto de este 2016, con la idea de seguir creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Para acceder al informe haz click aquí: informe.fundeps.org; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

En el marco de un proyecto de colaboración entre la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), se llevó adelante un taller de capacitación de acceso a la información con la ONG Las Omas del barrio Chacras de la Merced.

El proyecto tiene como objetivo identificar las problemáticas sociales que afectan la vida cotidiana de los habitantes del barrio, procurando poner en evidencia que la contaminación de la planta municipal de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande es la gran causante de graves impactos sanitarios y ambientales que agravan contextos locales de desigualdad y vulnerabilidad.

Las mujeres que integran Las Omas vienen actuando en distintos espacios de participación pública desde hace más de diez años, en comisiones municipales, en redes con otras organizaciones sociales, en reclamos hacia las autoridades, en acciones judiciales y en movilizaciones sociales, con los que han logrado ciertos avances en calidad de vida para sus habitantes, pero la contaminación sigue creciendo.

El taller junto a reuniones previas con los vecinos y mujeres del barrio, pretende articular formas de trabajo en conjunto, y en especial acercar las herramientas del acceso a la información y participación ciudadana. Durante el año se harán pedidos de información a distintas reparticiones y se buscará emplazar a las autoridades municipales y provinciales responsables del mal funcionamiento de la planta para que actúen imperiosamente.

 

Contacto:

Agustin Filippi – Área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org

El martes 29 de marzo, los/as coordinadores/as de las áreas de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional y Derechos Humanos de FUNDEPS trabajaron en un taller identificando problemáticas socio-políticas con las mujeres que conforman la organización Las Omas en el barrio Chacra de la Merced km 6 1/2, Ciudad de Córdoba.

Las Omas es una organización si fines de lucro creada hace algunos años por mujeres del barrio Chacras de la Merced. En sus orígenes, la organización fue creada para ofrecer un espacio a las madres del barrio (mientras esperaban que sus hijos salieran de la escuela). Sin embrago, éstas mujeres vienen luchando hace varios años y reclamando mejoras en la calidad de vida de la comunidad. Su situación actual se ve afectada principalmente por la contaminación provocada por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande, lo que implica una violación directa del derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, entre otros.

Fundeps, en conjunto con el Foro Ambiental Córdoba, ha venido dando seguimiento a los avances de los casos judiciales, vinculados a la problemática de contaminación por el mal funcionamiento de la planta de Bajo Grande.

En esta instancia y profundizando el trabajo colaborativo con Las Omas, realizamos un taller con las integrantes de la organización donde se trabajó con la identificación de problemáticas socio-políticas del barrio y sus principales efectos-consecuencias para la calidad de vida de las personas del barrio. Este taller se enmarca en un proyecto más amplio en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que busca conectar herramientas como el acceso a la información pública con la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Entre las problemáticas identificadas y discutidas en el taller realizado en Chacras de la Merced se destacan las siguientes:

A) Mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que provoca vulneración de derechos básicos; esto generado por la contaminación del agua, del río, de la tierra, problemas y enfermedades de salud (principalmente dérmicos, gástricos y respiratorios), cambio en el paisaje y las dinámicas trabajo y familiares del barrio, desconfianza hacia las autoridades públicas por falta de compromiso de las mismas para solucionar la problemática.

B) Falta de acceso a servicios básicos (la red de agua potable no llega a todo el barrio y es muy caro, no hay cloacas, falta de iluminación publica e infraestructura vial, transporte llega con poca frecuencia y no recorre todo el barrio, recolección diferenciada de basura por sectores).

Esta fue una primera instancia de trabajo de las que se proponen para seguir acompañando a Las Omas en su reclamo para lograr una mejor calidad de vida en el barrio a través del reconocimiento del derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Desde FUNDEPS continuaremos colaborando con la organización para fortalecer ese reclamo.

 

Contacto: 

Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org 

El día 7 de marzo FUNDEPS participó de un desayuno de trabajo en el Congreso de la Nación junto con diputados nacionales, miembros de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación de universidades. El objetivo de la reunión giró en torno a la presentación y posterior debate respecto del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública (AIP), presentado por la diputada nacional Karina Banfi.

Este proyecto de ley considera que el acceso a la información es una herramienta para acceder a otros derechos y también permite la participación de los ciudadanos para lograr un gobierno abierto, basado en diálogo entre la ciudadanía y el Estado. En este sentido, se trabajaron algunos puntos centrales que se detallan en el proyecto, como ser: el Principio de máxima publicidad, la apertura de datos, la afirmativa ficta, el régimen de excepciones taxativo y claro, tiempos de reserva de la información, prueba de daño y régimen disciplinario, entre otros. 

La diputada Banfi planteó que la importancia de la ley reside en su carácter procedimental y sancionatorio, manifestando que lo principal es generar y establecer los procedimientos a los fines de que la administración pública incorpore mecanismos que den previsibilidad frente a pedidos de información. Asimismo, se estableció que el proyecto se va a debatir en comisiones, en comunicación permanente con  organizaciones internacionales y de la sociedad civil, a los fines de que participen del proceso de debate. 

Frente a la propuesta planteada, las organizaciones participantes del encuentro hicieron hincapié en los siguientes puntos: la necesidad de analizar procesos de sensibilización ciudadana en el tema de acceso a la información pública, falta de cultura política en estos temas y la necesidad de educar al ciudadano; el desafío de generar transparencia hacia adentro de la administración pública, lo que implica re estructurar los procesos en la gestión de la información; comprender a la ley de acceso a la información como un política pública; la sanción de la ley nacional como paraguas para que las provincias y municipios repliquen; la importancia de brindarle autarquía y autonomía a los órganos garantes; el uso de nuevas tecnologías y el resguardo de los archivos; la necesidad de precisar sobre solicitudes y entregas de información, publicando estadísticas sobre los pedidos de acceso a la información pública y sus respuestas, y sus respectivas publicaciones en la web.

Desde FUNDEPS se considera que el espacio creado es muy valioso para la federalización de la discusión y que la creación de una ley nacional de AIP es una gran deuda pendiente para Argentina. Sin embargo, en este marco, se plantea el compromiso de que se discuta con mayor profundidad la cuestión de la ya mencionada federalización de la ley. Como organización sin fines de lucro que trabaja a nivel local en la provincia de Córdoba, advertimos que en la presentación y discusión de esta ley se desaprovecha la oportunidad de ampliar este proceso hacia las provincias. Es importante que se amplíe el espectro, buscando que los gobiernos provinciales puedan formar parte de este proceso de debate más allá de la discusión en el Congreso de la Nación, generando marcos transparentes y participativos en todos los niveles. 

Asimismo, observamos  que uno de los grandes desafíos de ley en cuestión, es crear vías novedosas e innovadoras de participación ciudadana más allá de la creación de meros mecanismos de control ciudadano. Los estipulados por la ley para asegurar el acceso a la información pública, van desde la administración pública hacia la ciudadanía y no en ambos sentidos. En otros términos, se propone ir más allá del rol ciudadano de vigilar y controlar al gobierno e intentar generar prácticas orientadas a la participación, involucramiento e intervención del ciudadano en los diversos procesos de toma de decisiones. La idea que subyace aquí es que la ley asegure el acceso a la información para dar la posibilidad al ciudadano de monitorear e incidir en las políticas públicas en los distintos niveles del gobierno y así generar políticas de trabajo colaborativas. En resumen, consideramos que la ley debería proponer la institucionalización de mecanismos que aseguren la participación ciudadana más allá de la acción de la solicitud de información prevista.  

Desde FUNDEPS continuaremos participando del proceso de discusión, apoyando el avance de este proyecto de ley en el Congreso de la Nación y acercando sugerencias específicas de fortalecimiento, para lo cual estamos en proceso de desarrollo de un documento específico con comentarios y sugerencias al texto del proyecto.

La minuta con el resumen del encuentro se puede leer haciendo click acá.

 

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Carolina Juaneda / Área de fortalecimiento democrático y calidad institucional

carojuaneda@fundeps.org

Desde el pasado jueves 18 de febrero, FUNDEPS fue aceptado como miembro de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC). Esta red es una es una iniciativa de colaboración de más de 220 organizaciones y 50 individuos, que trabajan en más de 70 países para lograr la justicia social a través de los derechos humanos.

Todas las áreas de trabajo de FUNDEPS tienen en común que sus actividades giran en torno a la promoción, monitoreo del cumplimiento e investigación en torno a distintos derechos económicos, sociales y culturales. Es por esto, que nos da gusto anunciar que formamos parte de una red de trabajo internacional de gran escala, como lo es la Red DESC.

La Red-DESC tiene por objetivo fortalecer el campo de todos los derechos humanos, concentrándose especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales, y continuar desarrollando herramientas que faciliten su promoción, protección y cumplimiento. Por medio de la misma, sus miembros pueden intercambiar información, desarrollar una voz colectiva, fortalecer sus actividades y desarrollar nuevos mecanismos y estrategias.

Esperamos mejorar nuestra labor diaria a partir de las oportunidades que generan este tipo de espacios. Aprendiendo, cooperando y realizando actividades conjuntas dentro de la Red, con sus miembros en la región y en el mundo, es que nos encaminamos progresivamente al efectivo cumplimiento de los derechos humanos y de un desarrollo sustentable.

 

Más información:

 

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Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

En el día de ayer FUNDEPS realizó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una presentación donde plantea objeciones al Dr. Carlos Rosenkrantz como candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del procedimiento establecido por el decreto 222/03.

Desde FUNDEPS creemos que más allá de su prestigiosa formación, algunas posturas doctrinarias del candidato Rosenkrantz, en caso de llegar a ser confirmado como juez de la Corte, serían gravemente regresivas respecto de la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos y de los estándares ya alcanzados en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Una de las posturas del candidato Rosenkrantz sobre la que llamamos la atención, sostiene que los jueces no deberían remitirse en sus sentencias a los tratados internacionales de derechos humanos ni a los estándares desarrollados por organismos como la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otra postura regresiva sobre la que advertimos, es su opinión acerca de que los derechos económicos sociales y culturales no son exigibles judicialmente y que incluso no deberían estar protegidos por la Constitución.

Apoyamos asimismo las observaciones formuladas por otras organizaciones y colectivos que cuestionan tanto a Rosenkrantz como a Rosatti por haber aceptado pasivamente su designación como jueces en comisión por medio del cuestionado decreto 85/15, sin la necesaria participación del Senado. También apoyamos las objeciones formuladas a la postulación de ambos candidatos en razón de no favorecer la incorporación de juezas mujeres en el Alto Tribunal.

 

Más información:

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Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Delegados de los 20 países firmantes de la declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, se reunirán en Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015 para continuar con la negociación de un acuerdo regional sobre estas materias.

La Segunda Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, bajo la organización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Panamá, tendrá lugar en la Ciudad de Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015. Se negociarán aspectos sustantivos del instrumento regional, en especial el preámbulo y los artículos 1 a 10 del documento preliminar elaborado por la CEPAL. Además se trabajarán las propuestas realizadas por los diferentes países, como también las de los insumos recibidos por el público.

Desde Ginebra, a través de una declaración pública (22 de octubre de 2015) un grupo de expertos[1] en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para lograr un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Consideraron que “esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional y proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países”. Reconocieron la transparencia del proceso y la amplia participación pública en todo momento de las deliberaciones, resaltando esta modalidad como una buena práctica internacional relativa a la participación de diferentes actores en procesos intergubernamentales.

Los expertos afirmaron que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos y la diversidad biológica.

Sin embargo, advirtieron que si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema. Respecto a este último tema, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, en representación de los expertos dijo, “Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil”.

Desde Fundeps continuamos participando como observadores de este proceso regional a fin de lograr el más alto nivel de fortalecimiento e implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Así también, consideramos valioso y oportuno el aporte realizado por los expertos en derechos humanos de la ONU, ya que un instrumento jurídicamente vinculante proporcionará herramientas legales que aseguren el disfrute efectivo de los derechos de acceso.


[1]Los expertos forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

 

 

Contacto:

María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Fundeps, como organización miembro de la Iniciativa de Acceso (TAI), envió comentarios y sugerencias a un documento elaborado por la CEPAL, que es la base para mejorar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio.

La Iniciativa de Acceso (TAI) es la red mundial más grande de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que los ciudadanos tengan el derecho y capacidad de influir en las decisiones sobre los recursos naturales que sostienen a sus comunidades.

Como parte de la coalición global de organizaciones de la sociedad civil TAI, Fundeps envió comentarios y observaciones al Documento preliminar del Instrumento Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, elaborado por CEPAL. Este es el documento base de las negociaciones internacionales que se están llevando adelante para mejorar la cabal implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio, a través de la cual se consagran los derechos de acceso.

El equipo de trabajo de FUNDEPS, coordinó parte del trabajó sobre el documento y marcó la importancia de reformular el objetivo del acuerdo, proponiendo la siguiente redacción: “El objetivo último del presente acuerdo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y sostenible mediante la efectiva aplicación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Rio”. Entre otros aportes enviados a modo de sugerencia, cabe destacar que al texto propuesto se incorporaron conceptos como el de Justicia Ambiental,  principio de educación y congruencia, entre otras sugerencias que esperamos sean atendidas por los gobiernos partes.

Para mayor información: http://www.cepal.org/es/principio-10 

Para ver el documento preliminar del Acuerdo regional sobre el Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe con las sugerencias realizadas por Fundeps, hacé click acá.

 

Contacto:

Juan Carballo – Directo Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org.

Yamile Najle – Coordinadora del área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

A lo largo de todo 2014, hemos crecido en diversos aspectos y alcanzado objetivos y metas, que es para nosotros una satisfacción presentarles nuestro Informe de Actividades 2014. 

Durante el año 2014, hemos logrado diversificar nuestra agenda de trabajo, no solo en temas abordados sino también en la forma de llevar a cabo nuestra incidencia social. Desde la incorporación de nuevos integrantes en todas las áreas, a la participación en redes y la colaboración con nuevos socios. Realizamos investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con otras organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Estamos seguros de poder alcanzar una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en tanto trabajemos por la efectiva vigencia de los derechos humanos. Por eso desde nuestras tres áreas, apuntamos a desarrollar temáticas relacionadas a los derechos humanos con la convicción que, a través de procesos participativos y democráticos, vamos a generar un desarrollo más sustentable.

Agradecemos a todas las instituciones y los socios que confiaron en nuestro trabajo, y apuntamos a terminar este 2015 recorriendo nuevos caminos.

Los invitamos a leer nuestro informe en el siguiente link: http://bit.ly/1OzVAI7; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

De cara al año electoral, Radio Gamba, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y FUNDEPS llevan adelante la campaña #VOTACONCIENCIA. El objetivo es que todo el que desee, pueda informarse acerca del escenario electoral 2015 y pueda también despejar dudas que puedan llegar a surgir.

El 2015 es un año electoral en diversas instancias: a nivel municipal, provincial y nacional. Es por eso que se decidió impulsar por segunda vez la campaña #VOTACONCIENCIA. Se trata de un proyecto que inicialmente surgió en 2013 en el marco de las elecciones legislativas de la mano de Radio Gamba y la Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Este año, FUNDEPS se sumó con su asesoramiento y experiencia. #VOTACONCIENCIA es producto de un trabajo colaborativo entre alumnos universitarios de distintas carreras junto con los miembros de las instituciones mencionadas.

El objetivo principal de la campaña es concientizar e informar a los jóvenes sobre el escenario electoral 2015. Para tal fin se creó una plataforma donde se expone todo tipo de información: desde cuáles son los partidos y candidatos que se presentan, distintas fechas del proceso electoral, hasta entrevistas a referentes de nuestra sociedad: especialistas, líderes de movimientos sociales, sindicalistas, líderes religiosos y académicos.

Accedé a la plataforma haciendo click acá: http://www.gamba.fm/elecciones/

 

Contacto

Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org 

Nuestra fundación está participando del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Por medio de la siguiente carta, los invitamos a involucrarse en la construcción del Documento Base para la Negociación, a través de comentarios y sugerencias.

Carta de invitación

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables  (Fundeps), como socio TAI (The Access Initiative), está participando activamente en el seguimiento del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en base al Principio 10 de la Declaración de Rio. Por lo mismo, invitamos cordialmente a comentar el Documento Base para la Negociación elaborado por CEPAL, que se envía adjunto a la presente.

Nuestro equipo de trabajo se encuentra encargado de la coordinación y sistematización de los comentarios sobre el texto del preámbulo y de los artículos Nº 1 (objetivos), Nº 2 (definiciones), Nº 3 (principios), Nº 4 (ámbito de aplicación), Nº 5 (obligaciones generales) y Nº 8 (participación del público en toma de decisiones ambientales) de dicho documento. Podemos asimismo receptar o canalizar comentarios sobre todo el texto del documento.

En consecuencia, por su experticia e influencia en esta materia, y con el objetivo de obtener ideas, comentarios, objeciones y sugerencias colaborativas sobre cómo mejorar el texto para la negociación, para que se haga efectiva una amplia participación es que se realiza la presente invitación a participar comentando el documento.

Los comentarios serán recibidos para su sistematización hasta el día 10 de Julio del corriente año. También los mismos pueden mandarse directamente a la secretaria de CEPAL hasta el 31 de agosto de 2015. Por favor, ante cualquier consulta o sugerencia, no dude en contactarse con nosotros.

¡Esperamos contar con su aporte para seguir trabajando en la implementación del Principio 10 de Rio!

Un cordial saludo,
Juan Carballo, Director Ejecutivo.
Yamile Najle, Coordinadora Área de Derechos Humanos.

Vinculo al documento elaborado por CEPAL

 

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