En el día internacional de la mujer, desde FUNDEPS invitamos a seguir luchando para sumar conquistas siempre con el mismo objetivo: la igualdad.

Conmemoramos para reflexionar sobre aquello que merece ser recordado. El 8 de marzo nos invita a pensar en rol de la mujer en la sociedad actual, su larga trayectoria de luchas y conquistas de derechos, y en todo el camino que falta recorrer, que debemos transitar hasta la meta de la igualdad

Las mujeres han resistido de diversas maneras a la desigualdad, discriminación y violencia, algunas veces con éxito y otras con fracasos. Sin embargo los tiempos de cambios llegaron y, progresivamente, las mujeres se organizaron y movilizaron, emprendiendo una lucha que no debe ser olvidada, sino que afirmada dia a dia, y cuya flama se reaviva, con mayor ímpetu, el dia de hoy.

La tragedia de la Triangle Shirtwaist Company en New York, el 25 de marzo de 1911, en la que perdieron la vida alrededor de 140 mujeres, como muchos otros eventos trágicos, marchas y reclamos, pusieron en evidencia la necesidad de oír a la ciudadanía femenina

Pero no fue sino hasta 1977 cuando la ONU invitó a los Estados a unirse en la proclama por un día internacional de la mujer. Desde entonces, se celebraron importantes Conferencias y se firmaron diversos Tratados Internacionales, entre sus principales la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), generando un compromiso de la Comunidad Internacional para prevenir, sanciona, combatir y erradicar la desigualdad, discriminación y violencias hacia las mujeres.

Si existe todavía hoy la necesidad de conmemorar el Día de la Mujer es porque no debemos olvidar que aún quedan muchas paredes por derribar y muchos espacios por abrir.  Este día representa un ideal de igualdad y respeto entre todos los géneros, un día para superar las viejas costumbres de imponer jerarquías y estereotipos, y una oportunidad para recordar el valor de construir puentes y fortalecer vínculos.

Manifestamos nuestra preocupación en relación al brutal homicidio de una persona trans en Florencio Varela, y repudia la forma en que se difundió en algunos medios de comunicación.

Repudiamos el tratamiento mediático que recibió el homicidio de una persona trans por parte del Diario Crónica. En la redacción de una noticia con fecha 23 de febrero de 2016, el medio elige referirse a la víctima utilizando el género masculino, desconociendo en absoluto la autopercepción y expresión de género de la misma y, en consecuencia, invisibilizando a la persona. Resulta preocupante que el diario haya decidido hacer énfasis en lo que, a su criterio, eran “ribetes misteriosos” de la historia: el hecho que la víctima haya salido de su domicilio con “prendas masculinas” y su cuerpo sin vida haya sido encontrado vistiendo “ropas de mujer”. Esta lógica discursiva presenta numerosos problemas: ridiculiza a la persona y sostiene una concepción binaria del género, desconociendo los principios elementales consagrados en la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género -que reconoce la singularidad existente en las diversas autopercepciones y expresiones de género-; además deja traslucir un discurso violento hacia las mujeres, en el que sutilmente expresa que resulta esperable que una persona sea asesinada por utilizar “ropa de mujer”.

El título de la nota no es menos repudiable: “Travesti peruano apareció masacrado en la calle”. En tan solo siete palabras ha logrado condensar un discurso violento, victimizante, transfóbico y xenofóbico. Asimismo, el hecho de que en el título se utilice la voz pasiva, omitiendo la autoría del hecho, da cuenta de un lógica discursiva que culpabiliza a la víctima. En el resto de la nota se reitera la alusión a la nacionalidad de la persona, resaltando que se trata de “un extranjero”. Se percibe en esta diferenciación una intención xenofóbica, tendiente a crear una diferencia entre el grupo dominante y “los otros”, que resulta sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina es destino de una considerable cantidad de inmigrantes, principalmente de origen latinoamericano. Difícil es justificar la intención del medio, cuando contamos con legislación migratoria (Ley 25871) que reconoce la migración como un derecho humano, y garantiza los derechos humanos de los migrantes en nuestro país en igualdad de condiciones con los nativos.

Por último, repudiamos el hecho de que algunos medios hicieran eco de la noticia y difundieran la existencia de una “banda caza travesti”, homologando a las personas trans con animales que pueden ser “cazados” y minimizando la gravedad del hecho, dado que no es lo mismo hablar de un “cazador” que de un homicida.

Cabe recordar que el Art. 70 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que la programación de los servicios “deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas y adolescentes”.

Lamentamos que en el tratamiento de las noticias vinculadas al colectivo de personas trans, entre otros grupos sociales vulnerados, continúen reproduciéndose discursos que cercenan sus derechos a través de representaciones que las patologizan, culpabilizan, invisibilizan y/o ridiculizan. Los medios de comunicación, en el ejercicio de su rol, deben ser conscientes de la influencia que ejercen sobre la opinión pública al producir y reproducir discursos discriminatorios y estereotipantes. Desde FUNDEPS repudiamos la forma en que se ha difundido esta noticia e invitamos a la redacción de Crónica y de los otros medios que levantaron la misma, a reflexionar sobre las consecuencias que tienen sus prácticas comunicacionales sobre la formación de prejuicios en la sociedad receptora, y a explorar formas alternativas de comunicar noticias, desde una perspectiva de respeto por los derechos humanos. Asimismo, invitamos a las audiencias a hacer ejercicio de su ciudadanía audiovisual, reclamando ante la presencia de discursos que vulneran los derechos de las personas y exigiendo comunicaciones de calidad y respetuosas de la diversidad.

 

Contacto:

Laura Carone – Área de Derechos Humanos

laucarone@fundeps.org

Desde el pasado jueves 18 de febrero, FUNDEPS fue aceptado como miembro de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC). Esta red es una es una iniciativa de colaboración de más de 220 organizaciones y 50 individuos, que trabajan en más de 70 países para lograr la justicia social a través de los derechos humanos.

Todas las áreas de trabajo de FUNDEPS tienen en común que sus actividades giran en torno a la promoción, monitoreo del cumplimiento e investigación en torno a distintos derechos económicos, sociales y culturales. Es por esto, que nos da gusto anunciar que formamos parte de una red de trabajo internacional de gran escala, como lo es la Red DESC.

La Red-DESC tiene por objetivo fortalecer el campo de todos los derechos humanos, concentrándose especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales, y continuar desarrollando herramientas que faciliten su promoción, protección y cumplimiento. Por medio de la misma, sus miembros pueden intercambiar información, desarrollar una voz colectiva, fortalecer sus actividades y desarrollar nuevos mecanismos y estrategias.

Esperamos mejorar nuestra labor diaria a partir de las oportunidades que generan este tipo de espacios. Aprendiendo, cooperando y realizando actividades conjuntas dentro de la Red, con sus miembros en la región y en el mundo, es que nos encaminamos progresivamente al efectivo cumplimiento de los derechos humanos y de un desarrollo sustentable.

 

Más información:

 

Contacto:

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

A partir de la utilización de los mecanismos establecidos por la ley 26522, y ante el decreto de intervención al AFSCA y AFTIC, desde FUNDEPS expresamos preocupación y resaltamos la importancia de los lineamientos de esta normativa.

Una decisión que afecta la autonomía y autarquía y desconoce procesos participativos para la designación y remoción de autoridades

Defendemos la autonomía y autarquía del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) establecidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y la Ley Argentina Digital 27.078. Asimismo, destacamos que esa normativa estableció procesos democráticos y participativos para la conformación y evaluación de sus autoridades cuya utilización se ha obviado.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 236/2015, el 23 de diciembre se intervino a la AFSCA y AFTIC, estableciéndose la disolución de su directorio y designando a dos interventores. El objetivo es evaluar internamente a dichos entes, para conocer si existen irregularidades y/o anomalías en su accionar y regularizar su situación. No puede pasarse por alto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Art. 14) y la Ley Argentina Digital (Art. 84), establecen procesos para la remoción de las autoridades de los órganos de aplicación de dichas normas, que garantizan la participación y representación de la ciudadanía y el derecho de defensa. En este sentido, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización son los encargados de tal función, y no el Poder Ejecutivo Nacional (a través de una intervención), que se ha arrogado tales facultades a través del DNU 13/2015.

Es necesario defender la participación y representación de la ciudadanía, considerada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, tanto para la designación como para la remoción de lxs funcionarixs de las autoridades de aplicación. Consideramos que son presupuestos fundamentales para un control democrático, para la garantía y continuidad de las políticas para la lucha contra la inequidad y la violencia.

Preocupaciones por posibles modificaciones sin las necesarias discusiones abiertas y participativas

Entre los motivos que justifican este decreto se menciona la falta de avances significativos, en “la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Se cita entre las razones a la “falta de adecuación de la normativa vigente del país a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores”. Asimismo, el decreto hace referencia a ciertas anomalías, así como la existencia de gran cantidad de expedientes paralizados en condiciones de ser resueltos y conflictos judiciales motivados por decisiones adoptadas por AFSCA y AFTIC, entre otros.

Además, es relevante hacer referencia a los dichos del Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El mismo expresó en conferencia de prensa que “la ley de medios no se iba a tocar por ahora”. En los días previos, también había afirmado frente a varios medios de comunicación que «la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno» (ver nota completa).

En este punto es preciso resaltar que la Ley 26.255 surgió a partir de un proceso democrático, por lo que esperamos que las reformas que pudieren corresponder se realicen por vía parlamentaria, respetando el origen plural y democrático de la misma. Incluso el avance en esta normativa fue reconocida a nivel internacional por el ex relator de las Organizaciones Unidas, Frank William La Rue, quien expresó: «La norma sentó las bases, no sólo para Argentina, sino también para el continente; es una ley que ha probado en la práctica ser lo correcto para democratizar el manejo de los medios y hacer avanzar la democracia« (ver nota completa).

El rol de la Ley 26.522 como marco legal e institucional a partir del trabajo de FUNDEPS

Desde FUNDEPS hemos trabajado arduamente, durante el último año, en el monitoreo de los órganos de aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos la AFSCA, con especial relación al ejercicios de las facultades otorgadas para el control de contenidos que importen discriminación o violencia mediática y simbólica de género.

Así, entre otras actividades vinculadas a este marco normativo e institucional, podemos destacar las siguientes:

Informe sobre caso de violencia mediática, 14 de abril de 2015.

Participación en audiencia pública de la Defensoría del Público, 29 de junio de 2015.

Análisis de contenido de violenciacc  mediático en spots de campañas electorales, 6 de agosto de 2015:

Denuncia a programa televisivo de Córdoba por transmisión de estereotipos nocivos desde perspectiva de género, 19 de septiembre de 2015.

Denuncia por contenido homofóbico en una entrevista en programa radial, 28 de noviembre de 2015.

En el marco de nuestro trabajo, afirmamos que AFSCA, junto con otros organismos como Defensoría del Público, el Observatorio de la Discriminación de Radio y TV, han implementado políticas tendientes a modificar los patrones socioculturales que estereotipan y denigran a la mujer, así como también los que discriminan a las personas por motivos de género u orientación sexual. Las políticas públicas de género y comunicación, si bien tienen muchos aspectos por mejorar, son valiosas en cuanto apuntan a una de las causas más profundas de la desigualdad y la violencia de género, que son los patrones socioculturales. Principalmente, desde la creación de Defensoría del Público, se ha llevado adelante una importante tarea pedagógica dirigida a productores de contenidos audiovisuales y publicidad, para educar sobre violencia mediática y simbólica, además de receptar reclamos y sugerencias de la ciudadanía y sensibilizar a la población acerca esta problemática. En este punto, el papel de AFSCA es fundamental, porque es el único organismo que en el conjunto de estas políticas que tiene facultad de sancionar en caso de que se incurriere en violencia mediática y/o simbólica.

Además de responder a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, estas políticas se han basado en legislación local, como la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que define los contenidos y modalidades de la violencia mediática y simbólica hacia las mujeres. Por otro lado, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 70 enuncia que: “la programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en (…) el sexo, la orientación sexual (…)”. A la vez en su artículo 71 dispone que los productores, distribuidores y emisores de contenidos, deben velar por el cumplimiento de varias leyes, entre ellos la antes mencionada Ley 26.485.

Por todo esto, creemos de gran relevancia que se continúe con las políticas públicas que hasta ahora se han mostrado efectivas, como las relativas a la violencia mediática y/o simbólica contra la mujer y de género.

La libertad de expresión como derecho colectivo y la intervención estatal para asegurar la pluralidad de voces

Las deficiencias del gobierno anterior en la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual son muchas. Entre ellas, se incluyen los énfasis en ciertos aspectos de la misma en desmedro de otras, el favorecimiento de medios cercanos al poder ejecutivo, el abandono del objetivo de desconcentración y alineamiento de una autoridad autónoma y autárquica al ejecutivo. Sin embargo, creemos que es positiva la opción de una mayor regulación en el ámbito de la comunicación que facilite una protección al aspecto colectivo del derecho a la libertad de expresión. En ese marco, esfuerzos enfocados en eliminar estereotipos que afectan la igualdad de género o de diversidades sexuales, no pueden realizarse adecuadamente si la única regulación es la del mercado.

Por todo esto, creemos fundamental rescatar la importancia de la intervención del estado para asegurar una pluralidad de voces en las discusiones públicas, algo que motivó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esperamos que las nuevas autoridades nacionales aseguren ese objetivo y lo hagan a través de la promoción de discusiones públicas abiertas y participativas.

 

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo – juanmcarballo@fundeps.org

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derehos Humanos – vir.pedraza@fundeps.org

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos – carotamagnini@fundeps.org

El 25 de noviembre, FUNDEPS junto a mas de cien representantes de organizaciones de la sociedad civil, militantes y activistas, debatimos sobre los puntos de una agenda integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

A partir de una mirada amplia y abarcadora de las distintas manifestaciones de la violencia que contempla la Ley 26.485 para la Protección Integral de las Mujeres, y considerando que estas violencias se expresan en el plano individual, social y estructural, consideramos que los siguientes son los puntos centrales que debe contener una agenda de trabajo para la construcción de un Plan Nacional Integral contra la violencia hacia las mujeres:

1. Es imperioso contar con mejores herramientas para un diagnóstico de la situación.
2. es necesario impulsar un proceso participativo para elaborar un Plan Integral
3. Un Plan Nacional debe seguir ciertos lineamientos para un abordaje integral
4. Diseño de políticas dirigidas a abordar las distintas manifestaciones de la violencia y su impacto en relación con discriminaciones múltiples
5. Garantizar la asignación y ejecución de presupuesto, así como el monitoreo y evaluación de las diversas políticas implementadas Nuestro trabajo y nuestro compromiso con la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, diversas, plurales, en distintas circunstancias personales, sociales, laborales y territoriales, nos comprometen con esta agenda colectiva.

Podes leer el texto completo que redactamos acá.

 

Contacto:
Virginia Pedraza / Co- coordinadora del área de Derehos Humanos
vir.pedraza@fundeps.org

En el marco del programa de fortalecimiento de organizaciones de mujeres defensoras de derechos ambientales financiado por la Unión Europea, invitados por la ONG Plurales, participamos del Encuentro de Mujeres Indígenas en la localidad de Irigoyen de la provincia de Santa, y de la Comisión de Mujeres organizada en Santa Clara, provincia de Jujuy.

Las comunidades indígenas guaraníes, con gran participación de las mujeres de estos pueblos, hace años que intentan detener los atropellos que sufren por parte de los grandes terratenientes y por nuevos adquirentes de las tierras en que viven y que históricamente les han pertenecido.

  • Comunidad Ava guaraní Estación El Tabacal. En el departamento de Orán, Salta, la comunidad “Ava guaraní Estación El Tabacal” viene resistiendo hace más de diez años los intentos de desposesión y expulsión de sus territorios por parte de Seaboard Corporation, transnacional que administra el Ingenio Azucarero San Martín del Tabacal, fundado a comienzos de siglo y hoy devenido una gran empresa agroindustrial(ver conflicto con El Tabacal). Dicho ingenio, a pesar de haber generado desarrollo económico y social para la zona, lo ha hecho históricamente sometiendo a condiciones indignas a sus trabajadores, y al mismo tiempo, ha venido pretendiendo por medios violentos de hecho y de acciones judiciales desplazar a las comunidades indígenas que ocupan las tierras lindantes al mismo denominadas “La Loma”. El tribunal de Orán tiene a su cargo la causa de interdicción posesoria desde el año 2004 y aún está pendiente la sentencia. Es importante destacar que hubo relevamientos antropológicos periciales que concluyeron en la pertenencia histórica de tales territorios a las comunidades guaraníes que actualmente viven allí.

  • Comunidad guaraní Tentague Jecobe Iyampibae. Unos 150 km más al sur, en la localidad de Santa Clara, Departamento de Santa Bárbara, Jujuy, el pueblo guaraní “Tentague Jecobe Iyampibae” se encuentra en similares condiciones de hostigamiento a sus derechos, ya que extranjeros franceses han comprado miles de hectáreas en las que habitan, y los tribunales penales de San Salvador de Jujuy los han condenado como “usurpadores” ordenando el desalojo de sus tierras a principios del año 2014(ver web de ENOTPO). Dicha sentencia fue apelada por la abogada Silvana Morel, defensora de los pueblos indígenas, por lo que se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Jujuy. En el recurso judicial fue presentado como un hecho nuevo la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que les reconoce la ocupación y la propiedad comunitaria de las 4270 hectáreas que ancestralmente han habitado, luego de los relevamientos realizados. Con estas nuevas evidencias reconocidas por el Estado Nacional, el máximo tribunal provincial no tendría más remedios que revocar la sentencia de desalojo y absolver a los condenados. Además los diferentes niveles de gobierno deberían reconocer la propiedad colectiva de las tierras a la comunidad a los fines de dar cumplimiento a las garantías constitucionales y convencionales referidas a pueblos originarios.

En recorrido por el norte argentino, el equipo legal de FUNDEPS estuvo intercambiando conocimientos y asesorando legalmente a las comunidades indígenas. También se coordinaron posibles redes de trabajo con los abogados y abogadas de las mismas y con la ONG Plurales, a los fines de poder colaborar con eventuales participaciones judiciales y con amplia difusión de las problemáticas de los territorios guaraníes del Norte argentino.

Más información:

Contacto: 

Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org

Agustín Filippi, agustinfilippi@fundeps.org

En visita a Jujuy y Salta, el equipo legal de FUNDEPS participó de encuentros con autoridades, organizaciones y comunidades indígenas de las provincias de Salta y Jujuy y de Bolivia.

Como parte del proyecto de fortalecimiento de la implementación del marco legal de protección de bosque nativo, el equipo de FUNDEPS visitó Salta y Jujuy, reuniéndose con autoridades, organizaciones y comunidades vinculadas a la temática.

Tanto la provincia de Salta como la de Jujuy cuentan con importantes zonas de bosque nativo. Estas zonas han sido deforestadas en los últimos años a pesar de la aprobación de la ley de presupuestos mínimos de protección de bosque nativo.

De acuerdo a la plataforma Global Forest Watch, estos son los datos diferenciados para cada provincia:
– Salta: 1.185.326 hectáreas deforestadas en el período 2001-2014 incluyendo 50.606 en 2014.
– Jujuy: 67.043 hectáreas deforestadas en el período 2001-2014 incluyendo 4.030 en 2014.

Los miembros del equipo de FUNDEPS nos reunimos con autoridades del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, con el Presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Cámara de Diputados de Jujuy, con la Organización No Gubernamental Bosque Modelo Jujuy y con la Sala de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Jujuy.

Asimismo, participamos de un encuentro de mujeres de comunidades indígenas de Argentina y Bolivia en el que, además de problemáticas vinculadas a bosques, se discutió sobre herramientas legales para la protección del ambiente y los derechos humanos en general. Este encuentro, organizado por Fundación Plurales, tuvo lugar en Hipólito Yrigoyen, Salta. Del mismo modo, visitamos una comunidad indígena guaraní en la localidad de Santa Clara, Jujuy.

Desde FUNDEPS, seguiremos con el trabajo de monitoreo e incidencia para el fortalecimiento del marco legal de protección de bosques nativos tanto en Córdoba como en otros provincias. Además, creemos importante conectar la problemática de bosques con otros temas de derechos humanos como salud, vivienda o derecho a un ambiente sano, en particular en grupos vulnerables como mujeres de comunidades indígenas.

 

Contacto:

 

En el programa de radio ¿Y ahora quien podrá ayudarnos? del 25 de noviembre, Ernesto Tenembaum realizó una entrevista al Doctor Abel Albino. Sus declaraciones motivaron una denuncia a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Durante la entrevista el médico dio su opinión sobre varias cuestiones como la homosexualidad, el sexo oral, el sexo anal, la masturbación, el uso de preservativos y el aborto. Muchos de estos temas han sido abordados en su libro “Gobernar es poblar ¿paternidad responsable o fornicación asistida?”. Repudiamos públicamente las expresiones del Dr. Albino que van en contra de todo tipo de tratado nacional e internacional sobre derechos humanos. Consideramos a sus expresiones de alto contenido discriminatorio y respondemos a cada una de ellas a continuación:

Sobre las prácticas sexuales…

El Dr. Abel Albino expresó en el programa:

La homosexualidad es un problema. No hay una sola causa que la determine, que se elimine y se terminó. No es una enfermedad, pero es multicausal», afirmó el médico y agregó que «hay muchas variables que determinan la homosexualidad, a veces son violaciones dentro de la familia.

Según el pediatra: «El sexo oral y anal es contra la naturaleza (…) No hay que violar el orden natural. Si a una pareja le gusta, es su problema (…) Yo sólo aconsejo no cruzar por ahí porque es peligroso. El recto no está anatómicamente hecho para eso -es un órgano de excreción, no de absorción- y trae trastornos. Lastima y lesiona». Estas afirmaciones van en contra de todo lo que se pronunció con respecto a las prácticas sexuales, en la Conferencia sobre Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994. Las mujeres y los hombres tienen derecho a:

…tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

Del mismo modo se pronunciaron en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Montevideo en el 2013, que dio como resultado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en donde fueron reconocidos los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos. En esa misma línea, en junio de 2013 fueron aprobadas por la Asamblea General de la OEA dos Convenciones –la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia-, que mencionan específicamente a la orientación sexual y a la identidad y expresión de género como categorías protegidas contra toda forma de discriminación.

Sobre la masturbación…

Continuando con su discurso el Dr. Albino siguió diciendo: «El sexo es para contribuir a la obra creadora de Dios. Hay que tener sexo responsable y hacerse cargo de los actos», y además se manifestó en contra de la masturbación: «Hay personas que se masturban y jamás tienen una relación normal, produce una tiranía, no abandona el ser humano. La masturbación es una adicción. Condiciona, angustia y hace llorar. Yo lo veo en el consultorio. Cuando tengo que aconsejar aconsejo que no lo hagan».

Entendemos que la masturbación se trata un aspecto más de la sexualidad que implica una práctica íntima de placer, a la cual tenemos derecho.  Así lo manifiesta el Ministerio de Educación de la Nación en todos los materiales que se distribuyen en el territorio del país en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral.

Sobre el SIDA…

En cuanto a los asuntos de SIDA, educación sexual y uso del preservativo, el médico respondió: «Los soluciones a los problemas del hombre, no son técnicas, son éticas. Son decisiones que debemos tomar. El preservativo no sirve para prevenir el SIDA, puede fallar». Para Albino, «el virus del SIDA se combate con conductas éticas» y, en ese sentido, sostuvo que «hay que dejar de lado el turismo sexual y se acaba el SIDA».

Estas declaraciones sobre el VIH están claramente en contra de la Ley 23.798 de Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que promueve la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación de la población.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, recomienda el uso de preservativos para la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH.

En esa línea, la distribución de preservativos se encuentra enmarcada en la Ley 25.673 bajo el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable que distribuyó 35 millones de preservativos en el año 2014 según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, siendo una de las políticas públicas principales para la reducción de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Sobre el aborto…

En la temática de aborto, dijo que es «una barbaridad» y sentenció:

Me horroriza el aborto, la madre Teresa de Calculta ya decía que es la mayor tragedia del siglo XX. La verdad es una sola, pero ahora se discute todo, hasta eso, que no hay vida hasta los 14 meses. No interesa en qué momento interrumpís una sinfonía. Empieza en la concepción, y termina en la muerte natural (…) Despedazar una persona no es bueno sea chiquita o grande como yo. Matar a un hombre, condenar a un inocente son conductas indignas.

En cuanto a esto, el mencionado Consenso de Montevideo se insta “a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.

Denuncia pública

Consideramos que estas declaraciones son de alto contenido discriminatorio y en claro desconocimiento de los avances de  los últimos años en materia de diversidad sexual e identidad de género por lo cual se hizo una denuncia a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estas declaraciones resultan violatorias de los principios de no discriminación y trato igualitario. Estos son principios básicos de los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención de los Derechos del Niño, todos ellos de raigambre constitucional en nuestro sistema jurídico desde la reforma de 1994.

Lo afirmado en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos no deja lugar a dudas: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La garantía de igualdad y no discriminación que ofrecen las normas internacionales de derechos humanos se aplica a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género u “otra condición”. Es ilegal hacer cualquier distinción en materia de derechos de las personas por el hecho de que sean lesbianas, gay, bisexual o transgénero (LGBT), como lo es también por motivo del color de la piel, la raza, el sexo, la religión o cualquier otra condición.

Nos preocupa profundamente esta concepción retrógrada y falsa proporcionada por el Dr. Albino, que va en asintonía con los grandes avances, tanto legales como sociales, que se han logrado en temas de sexualidad, diversidad e igualdad en los últimos años.

Monitoreo de medios de comunicación acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

Contacto: 

Mayca Balaguer – Área de Derechos Humanos

maycabalaguer@fundeps.org

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, desde FUNDEPS volvemos a marchar bajo la consigna #NiUnaMenos y convocamos a todos a sumarse.

El 3 de junio marchamos en contra de la violencia de género bajo la consigna #NiUnaMenos. Sin embargo, los actos de violencia hacia las mujeres siguieron siento noticia. A eso se suma la represión en el cierre del XXX Encuentro de Mujeres y la falta de una respuesta orgánica y categórica de los estados en sus tres poderes. Por eso, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer volvemos a marchar.

Las muertes provocadas por violencia de género son una epidemia que se esparce cada vez más. en nuestro país, una mujer es asesinada cada 30 horas por el solo hecho de pertenecer al género. La consigna «Ni Una Menos» es un manifiesto en contra de la violencia hacia el género femenino, a la discriminación, la invisibilización y la objetivación de la mitad de la población mundial.

Desde FUNDEPS junto con otras organizaciones, venimos trabajando arduamente en contra de esta problemática aberrante en nuestra sociedad, y principalmente en la provincia de Córdoba, a través de la coordinación de diversos acompañamientos, actividades e intervenciones, y la promoción de la sensibilización por parte del Estado y distintos actores sociales también. En concreto, como miembros del Movimiento de Organizaciones de Mujeres y Derechos Humanos de Córdoba, colaboramos en algunas de las reuniones de organización de la marcha. Es por esto que adherimos e invitamos a que todos y todas participemos de la marcha bajo esta consigna, que se convoca para el día 25 de noviembre a las 17 desde Colón y Cañada. Aquellos que quieran sumarse más tarde, la concentración será en la Ex- Plaza Velez Sarsfield desde las 19. 

«Basta de femicidios, ni una mujer menos. El machismo mata, todxs debemos ponerle un freno a la violencia»

Contacto:

Virginia Pedraza / Co – coordinadora del Área de Derechos Humanos
vir.pedraza@fundeps.org

En medio da las tragedias y las luchas en contra de la violencia hacia la mujer, los hombres también alzan su voz manifestando la  urgente necesidad de decir BASTA.

Cientos de mujeres mueren asesinadas cada año en nuestro país, y cientos de miles son violentadas física y psicológicamente. En lo que va del año han muerto 21 mujeres en la provincia de Córdoba, en la mayoría de los casos en manos de hombres con los que tenían o habían tenido vínculos afectivos y sentimentales.

No sólo las mujeres se levantan para visibilizar y terminar con la violencia, sino que los hombres también lo hacen para acompañar y demostrar que para avanzar en este camino, se necesita la fuerza de todos/as los/as ciudadanos/as. Frente a estas personas que atentan contra la vida de otras por razones sexistas, el grupo Hombres por la Igualdad se organizó para sumarse a la lucha de las mujeres por sus derechos, en contra del flagelo que el machismo nos trae como sociedad. Son hombres que se manifiestan por la paz y la igualdad porque sostienen que «la violencia no puede ser un problema de las víctimas que la sufren, sino que es una cuestión que afecta a toda la sociedad».

 Con la igualdad y la lucha contra el sexismo como motores, este grupo de varones organiza distintas actividades, entre ellas las «ruedas de hombres». Se trata de actos a la luz de las velas, en los que los hombres forman un círculo contra la violencia machista. Tras la lectura de su manifiesto invitan a las compañeras presentes a unirse en un círculo común de personas. De esa manera, además de sumar los varones a la batalla, se busca posicionar públicamente esta acción de los hombres en contra de la violencia machista

Desde Córdoba, Hombres por la Igualdad y Fundeps invitan a varones comprometidos a una concentración silenciosa contra la violencia hacia las mujeres. Dicha concentracion se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en la esquina de San Juan y Vélez Sarsfield (Patio Olmos) a las 20 hs.

Contacto:

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos / vir.pedraza@gmail.com

La ciudad de Mar del Plata, los días 10, 11 y 12 de octubre, albergó alrededor de 60.000 mujeres en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, en el que se realizaron más de 60 talleres de discusión y debate y una gran marcha de reclamo y visibilización.

Participaron un sinnúmero de mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, esparciéndose por toda la ciudad con la esperanza de lograr un avance en el ejercicio de sus derechos, en el de sus hermanas, madres, amigas, compañeras e hijas. Este ha sido el encuentro más multitudinario de nuestra historia, y es un espacio que sigue generando avances en el intercambio de experiencias, que dan lugar a la conformación de estrategias y promoción de políticas que respeten los derechos humanos de las mujeres; así podemos combatir la violencia de género, la trata de mujeres, la mortandad materna por abortos clandestinos, la desigualdad en la participación, en el acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, entre otras.

No puede dejar de nombrarse como principal evento a la imponente marcha que duró más de tres horas, y que fue una oportunidad para el reclamo, el encuentro y la invitación a participar de estos espacios por la lucha, que todavía continúa. Sin perjuicio de ello, el machismo no dejó de oírse en la represión sufrida por mujeres, niñas, niños y jóvenes frente a la Catedral de la ciudad, y por los 9 femicidios sucedidos en la última semana, dos de ellos en Mar del Plata en medio del transcurso del encuentro, y las situaciones de patoteo, agresiones y abusos que no dejaron de suceder.

Sin embargo las mujeres siguen de pie, diciendo BASTA a la violencia machista y femicida, exigiendo la respuesta de las autoridades, garantes de sus derechos, que hacen agua ante los aberrantes hechos cotidianos que son impuestos a todas. Estamos en duelo, pero también acompañamos en la construcción colectiva que propone el Encuentro Nacional de Mujeres y celebramos para que el próximo año siga multiplicándose la participación en Rosario, nueva sede para el año 2016.

 

Contacto:

Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

En el Día Internacional por el Derecho al Aborto y desde la Campaña Nacional, diversas organizaciones de Córdoba hemos firmado una Carta Abierta exigiendo al Tribunal Superior de Justicia que se pronuncie en la causa en la ha sido suspendida la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, que fuere redactada de conformidad a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «F.A.L. s/ medidas autosatisfactivas».

Carta Abierta al Tribunal Superior de Justicia

Las organizaciones que adhieren a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comprometidas con el respeto integro a los derechos humanos de las personas, y en particular con los derechos de las mujeres cordobesas, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la demora excesiva en la que incurre el  Poder Judicial al no expedirse, manteniendo suspendida la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”.

Es de público conocimiento que dicha Guía, dictada por la Provincia de Córdoba, se realizó de acuerdo al fallo F.A.L, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012, a través del cual el máximo tribunal exhortó a las autoridades provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, en nuestra Provincia, a raíz del amparo interpuesto por una asociación civil conservadora, el protocolo está paralizado desde el 13 de abril de 2012, es decir hace ya tres años y medio, por decisión del Juez en lo Civil y Comercial de 30ª Nominación, Federico Ossola. Siendo luego dicha medida ratificada por la Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil, compuesta por Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera. Lo que diera  lugar a la apelación de ésta última y que la causa fuera elevada al Tribunal Superior de Justicia, para que resolviera sobre la constitucionalidad de la guía. Los derechos a los que alcanza la medida de suspensión tienen alcance general e indeterminado, que se extiende a todas las mujeres cuyo embarazo ponga en peligro su salud o su vida y/o sea producto de un abuso sexual. El retardo en arribar a una resolución viola abiertamente los principios del debido proceso y acceso a la justicia.

El derecho a acceder a abortos en los casos permitidos por la ley es un derecho vigente en nuestra provincia que el Estado debe garantizar bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos. Si bien la judicialización de la guía no puede ser utilizado por el Estado como una excusa para no garantizar el  derecho humano al aborto (pues se trata de una mera guía de procedimientos médicos), esta situación genera una confusión jurídica que se traduce en el acceso restringido a una política pública que compromete el derecho a la salud de las mujeres. Esta confusión jurídica afecta tanto a los profesionales de la salud, que deben brindarlo, como a las mujeres, que se ven obligadas a recurrir al circuito clandestino para la realización de los abortos no punibles, pese a ser el Estado quien debe garantizar los abortos seguros, en el ámbito de la salud pública y sin dilaciones.  Esta omisión afecta a todas, y principalmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, poniendo en riesgo su salud física y psíquica, y su vida.

El retardo en fallar no sólo degenera los deberes del Estado respecto de las ciudadanas, sino que además se afectan sus derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Resulta evidente la vulneración al derecho a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia, la información, la libertad, la seguridad e integridad personal, la privacidad y a la igualdad,  constituyendo la demora en resolver esta causa, un acto de profunda violencia institucional contra todas las mujeres que, actual o potencialmente, necesiten acceder a un Aborto no Punible en la Provincia Córdoba.

Es por ello que exigimos  que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie de modo inmediato y urgente confirmando la constitucionalidad de la guía de abortos no punibles para frenar esta absurda espera que genera una inseguridad jurídica que compromete gravemente y de manera directa, la continuidad y normal prestación del acceso al derecho al aborto, cuya afectación se traduce en una clara violación de los derechos humanos de las mujeres de la Provincia de Córdoba.

 

 

Contacto: 

Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org