Este viernes 09 de abril, a las 12.00 h comenzará la audiencia pública por la autovía de punilla. Se realizará a través de una plataforma digital y será transmitida en vivo a través de YouTube.

En el marco del proyecto «ALTERNATIVA RUTA N°38 –TRAMO VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE” -autovía de punilla-, la secretaría de ambiente de la Provincia convocó a la correspondiente audiencia pública. Esta etapa  es obligatoria y previa a la obtención de la licencia ambiental.

Más allá de los reparos técnicos-ambientales que merece el proyecto en torno a su impacto ambiental, cuya evaluación podrá implicar la denegación (o no) de la licencia ambiental, resulta cuestionable e incluso invalidante del acto, el procedimiento seleccionado por la autoridad provincial para la realización de la audiencia pública. 

Es que la propia convocatoria establecía que para proceder a la inscripción, era necesario contar con «NIVEL 2» de Ciudadano Digital -CIDI- o en su caso obtenerlo. Luego, una vez atravesado este procedimiento, era posible inscribirse a través del servicio de «participación» de dicho portal. Todos y cada uno de estos pasos previos, requerían disponer acceso a internet, un dispositivo con una cámara e incluso conocimientos sobre tecnologías. 

Para participar de la audiencia pública -cuyo comienzo está previsto para el día de hoy- se deberá contar con un dispositivo que permita acceder a la sesión de «Google Meet» correspondiente. Ello adiciona otras variables que dificultan el acceso al procedimiento, puesto que la persona interesada en participar no solo deberá contar con una buena conexión de internet  -debido a la cantidad de personas presentes en la misma sesión- sino además con conocimientos en informática y un dispositivo tecnológico adecuado. Además, habida cuenta de la posible concurrencia de muchas personas, la administración deberá de adoptar un buen mecanismo de gestión de la sala, confiando en que la plataforma no colapse por la cantidad de participantes en línea. 

Todas estas exigencias para el ejercicio del derecho a la participación pública, además de encontrar su justificación en el contexto pandémico, se sustentan en el marco normativo creado por la Ley Provincial N°10.618 y su Decreto Reglamentario N°750/19 para la modernización de la administración. Esta normativa es la que posibilita, con base en el Art. 8vo, la posibilidad de audiencias digitales. 

Las exigencias diseñadas por la administración provincial para el goce del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales, genera ciertos interrogantes en torno a la validez del procedimiento y del consecuente acto administrativo. La participación debe ser abierta, inclusiva, garantizando condiciones propicias para que esta se pueda adecuar a las características de la población, tomando en especial consideración aquellos sectores que por una u otra causa se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El modo en que la audiencia pública digital ha sido instrumentada, parece alejarse de estos lineamientos, generando restricciones que repercuten directamente en el goce del derecho de acceso a la participación pública en asuntos ambientales, particularmente de aquellas personas que no cuentan con dispositivos, conocimientos e infraestructura necesaria.

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Juan Bautista Lopez,  juanbautistalopez@fundeps.org

En Argentina, las legislación y las políticas públicas sobre cuidados han tenido avances pero también obstáculos. En el marco del Día internacional de las Trabajadoras del Hogar y del 8vo aniversario de la promulgación de la Ley 26.844 sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, resaltamos la importancia de la legislación y regulación del trabajo de les que cuidan de forma remunerada, aunque reconocemos que aún queda un arduo trabajo en pos de su efectivización y ampliación.

En la década del ’50 aparecieron las primeras leyes vinculadas al trabajo doméstico, con el fin de definir las relaciones laborales y sus derechos como trabajadoras. 

Pero no fue sino en 2013 cuando se sancionó la Ley 26.844 que estableció un régimen especial de contrato de trabajo para las trabajadoras remuneradas de casas particulares. Esta ley regula las relaciones laborales que se entablan dentro las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no generan para el empleador un lucro o beneficio económico directo. Define a este trabajo como toda prestación de servicios de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, y el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 

En este proceso, el activismo y luego la organización sindical de las trabajadoras de casas particulares, ha sido clave en la lucha por sus derechos. La Unión de Personal Auxiliar de Casas particulares (UPACP), que engloba a las trabajadoras de casas particulares, “desarrolla sus tareas de defensa y representación de las trabajadoras/es del sector desde principio del siglo pasado. Hoy las trabajadoras/es cuentan con una ley que regula la actividad, la Nº 26.844, que equipara, como corresponde, la labor del servicio doméstico a la de trabajadores de otros gremios. Ahora las trabajadoras/es de casas particulares tenemos derecho a vacaciones, licencia por maternidad, entre todos los derechos laborales.”

Esta ley intenta poner en pie de igualdad, los derechos de las trabajadoras de casas particulares con los de cualquier otra persona trabajadora en relación de dependencia y formalizada. Sin embargo, las características del trabajo doméstico, relacionado con el ámbito de lo privado, de lo invisible, con el deber asignado a las mujeres de cuidar y de dar amor de forma desinteresada, abnegada y sin ningún tipo o con escasa remuneración y reconocimiento, dificulta que se consideren a estas actividades como un trabajo y a quienes lo realizan, como trabajadoras. 

Mercado laboral de las trabajadoras de casas particulares

La Ley 26844 no sólo establece el régimen de las trabajadoras de casas particulares sino también diferentes categoría según el tipo de trabajo que se desarrollaba en el ámbito doméstico. Estas categorías se traducen en las escalas salariales:

 

Fuente: www.upacp.org.ar/

Sin embargo, este reconocimiento lejos está de significar la efectivización de sus derechos laborales. 

Según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, en la Argentina, la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el 16,5% del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asalariadas. Es la actividad más feminizada del mercado (el 96,5% son mujeres), la que presenta la tasa de informalidad más alta (72,4%) y la que tiene los ingresos promedios más bajos del mercado, constituyéndose en las trabajadoras más pobres de toda la economía.  Esto significa que una trabajadora doméstica cobra 46 pesos por cada 100 que recibe una empleada del sector privado y 30 pesos por cada 100 que recibe una trabajadora formal. En comparación a los varones, ganan 26 pesos por cada 100 pesos que gana uno de ellos. Según la OIT, esta informalidad y precarización genera el incumplimiento de derechos y un espacio para la explotación laboral, incluso de niñas y adolescentes.

Para Candelaria Botto: “En nuestro país, donde el Estado no satisface estas necesidades, el rol de las trabajadoras domésticas se vuelve imprescindible para una gran cantidad de hogares. Sin embargo, este trabajo se da mayormente en condiciones precarias y con una baja remuneración, que deja en evidencia el poco valor social que se le da al trabajo reproductivo.”

Aun con todas estas limitaciones para el acceso a derechos, es probable que esté en mejores condiciones laborales una empleada registrada, cuyas relaciones laborales están reguladas por un marco legal.

Que la autonomía de unas no se la quite a otras

Ahora bien ¿Quiénes son las mujeres que conforman este grupo de trabajadoras domésticas?

Mercedes D´Alessandro, en su libro “Economía Femini(s)ta”, afirma que las “hadas madrinas” que sostienen la vida de quienes habitan los hogares de mayores ingresos, son mujeres en situación de vulnerabilidad y pobreza. Muchas de ellas tienen hijes a cargo y la mayoría no ha podido concluir el secundario (sólo el 2% de ellas completó una carrera terciaria o la universidad). Como resultado, el 40% de las madres pobres es trabajadora de casas particulares. 

Son mujeres que necesitan trabajar pero no están calificadas para acceder a otro tipo de empleo. Además, suele ser  una de las primeras opciones laborales para las mujeres provenientes de otros países, aunque es más destacable el porcentaje de migrantes internas entre estas trabajadoras . Muchas jóvenes ven en este empleo una forma de salir de la pobreza, pero terminan viviendo en un cuarto de servicio de una familia acomodada que no les paga aguinaldo, vacaciones o días por enfermedad. 

En este punto, es importante pensar en el tenso enlace entre las formas de cuidado remuneradas con las no remuneradas. Dada la injusta organización social que distribuye los cuidados, el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado recae principalmente sobre las mujeres. Por eso siempre es necesario que exista una mujer que cuide, para “liberar” a otra de dichas tareas. Y aquí, no sólo es la terca persistencia de la división sexual del trabajo la que atenta contra los avances a favor de una sociedad más justa y equitativa, sino que también son otros factores de desigualdad y opresión que se superponen al género. La clase y potentes procesos de racialización que aún perduran atraviesan los trabajos de cuidados. 

Como el trabajo doméstico es, en gran medida, desempeñado por mujeres pobres, campesinas, migrantes, representantes de diversas etnias, de baja escolaridad y poca instrucción, que encuentran en esta actividad un medio para subsistir, es uno de los trabajos más devaluados no sólo en términos económicos sino también, en términos sociales. Entonces, las familias con mayores ingresos, pueden recurrir al mercado para liberar tiempo, lo que implica contratar a otra mujer más pobre para que realice los trabajos domésticos y de cuidados. 

Como dice D´Alessandro: “detrás de toda gran mujer, hay otra gran mujer”

Esto nos invita a pensar los cuidados en clave feminista e interseccional, que ponga en el centro de la escena a los trabajos de cuidado y los desrromantice. Porque la falta de salarios dignos y acceso real a derechos laborales, no se compensa con gratitud y amor. 

Como dice Sol Minoldo: “¿Cuán feminista puede ser un proceso en el que unas mujeres se emancipan a costas de otras, dejando la distribución sexual del trabajo doméstico intacta?

Si hay explotación, no deja de haberla porque la trabajadora sea tratada con afecto y se le abra la confianza de nuestra vida íntima, aunque pueda notarse un poco menos. Ya es tiempo de poner en cuestión la forma en que “el amor” ha sido usado para invisibilizar que el trabajo doméstico es trabajo, lo haga quien lo haga. Que el amor no sea excusa para negar a las trabajadoras sus derechos.” 

Si bien se ha ido visibilizando  cada vez más la importancia del cuidado y de quienes cuidan -en especial durante  la pandemia-, este no se ha traducido aún en mejoras salariales para el caso del trabajo doméstico y de cuidado remunerado. Todavía tenemos una deuda con las personas que cuidan. Con las trabajadoras de casas particulares, aún hay enormes brechas sociales, culturales y económicas por saldar. Ellas realizan un trabajo imprescindible pero en condiciones precarias e irregulares, con salarios de miseria que a duras penas les alcanza para acceder a la canasta básica.Las brechas y obstáculos que enfrentan todos los días estas trabajadoras son un impedimento para el real acceso a sus derechos como trabajadoras, como mujeres y como personas.

Autora 

En vísperas del próximo viaje a China, el gobierno de Argentina negocia acuerdos de inversión en infraestructura por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará al Presidente de China, Xi Jinping, el próximo 5 de mayo. Uno de los ejes troncales del encuentro serán las negociaciones por el ingreso de la nación sudamericana al proyecto de la Ruta de la Seda y el desembarco de la tecnología 5G de la mano de Huawei. Además, se espera que se discutan otros acuerdos importantes para la relación bilateral como la ampliación del parque Caucharí de energía solar en Jujuy, proyectos de infraestructura, ganadería, inversiones y financiamiento.

Tras un 2020 caracterizado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del covid-19, el gobierno argentino avanza en acuerdos de inversión con China por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares. Argentina tiene en lista 15 proyectos de infraestructura para presentarle a China. Estos acuerdos revisten gran importancia para el gobierno nacional, principalmente, en vistas a la necesaria reactivación de la economía argentina. 

Los proyectos que Argentina da prioridad para la inversión proveniente de China son el plan de rehabilitación del sistema Ferroviario San Martín, mejoras en la línea del Ferrocarril Roca, obras de infraestructura en el ferrocarril Mitre y Urquiza, la redefinición de la red ferroviaria Belgrano Cargas y la incorporación de material rodante para pasajeros. En paralelo se discute la instalación de granjas porcinas inteligentes. Se calcula que el valor de la inversión rondaría los 3800 millones de dólares por un plazo de cuatro años, además del objetivo de producir 882 mil toneladas de carne por un valor de 2500 millones de dólares. 

Asimismo, se discute el desembarco de inversiones chinas en la minería, especialmente en la producción de cobre y litio en el norte argentino. Respecto al litio, Argentina firmó un acuerdo con Jiangsu Jiankang Automobile (JJA) para la producción de vehículos y baterías en el país. En el listado de proyectos se agregan la remodelación del puente Chaco-Corrientes, la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras, corredores viales y el desarrollo de un polo logístico en Tierra del Fuego. 

Respecto a las inversiones en energía, el presidente tiene en carpeta cinco obras troncales que requieren de grandes inversiones que pedirá al gigante asiático. Este plan elaborado por el Secretario de Energía, Darío Martinez, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, se destaca por la no inclusión de una de las obras más reclamadas por China: la construcción de la cuarta central nuclear en el país con tecnología china. Este plan de obras incluye la construcción del gasoducto del sur, la red eléctrica en AMBA, red eléctrica en la Patagonia, el gasoducto de la mesopotamia y la construcción de una central térmica. 

La construcción de la cuarta central nuclear empezó a moldearse durante el gobierno de Cristina Fernández por un valor de 12 mil millones de dólares. Con Mauricio Macri en el poder se logró bajar el costo a los 9 mil millones. No obstante, con la crisis económica y la derrota electoral de Macri el proyecto se paralizó. El arribo de Alberto Fernandez significó para China la posibilidad de discutir la concreción del proyecto. Otra obra que no aparece en este plan es la construcción de la represa hidroeléctrica de Chihuido en Neuquén. Esta obra reclamada por Rusia y China quedaría en manos de Alemania.

A un año del inicio de la pandemia en Argentina y las medidas que se han adoptado para actuar en consecuencia, el vínculo con China se ha profundizado. El mercado chino se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de carne bovina provenientes de Argentina. El comercio bilateral entre ambos países, que en el 2000 rondaba los 2 mil millones de dólares, cerró en el año 2019 en un valor cercano a los 16300 millones de dólares, con exportaciones argentinas por 7 mil millones de dólares e importaciones por 9 mil millones de dólares. Además, el gobierno argentino cerró un acuerdo con la empresa farmacéutica Sinopharm a principios de febrero para el envío de un 1 millón de dosis y se espera el arribo de otras 3 millones de dosis a finales de marzo.  

  Se espera que este nuevo impulso a la relación con China, sea estratégico, comercialmente equilibrado y que esté acompañado de la necesaria responsabilidad en materia ambiental y social.

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Mariano Camoletto 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Hoy hizo su presentación la Red Ruido con su primera investigación sobre Compras públicas en pandemia: 2020, el año de las contrataciones directas y la falta de transparencia”. 

Ruido es una red nacional conformada por periodistas, comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles de 15 provincias que se propone visibilizar contenidos de todo el país relacionados con temas de transparencia, acceso a la información pública, corrupción y producir investigaciones, informes y otros contenidos relacionados a esas temáticas. Desde Fundeps apoyamos la creación de la Red Ruido en alianza con FOPEA y con la colaboración de Poder Ciudadano. 

Estos son los resultados de la primera investigación de Ruido ¿Cómo se usaron en Argentina los fondos públicos para las compras relacionadas con la pandemia en 2020?

A través de relevamientos en portales públicos y pedidos de acceso a la información, investigó la información sobre las compras públicas en pandemia en 13 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre marzo y diciembre de 2020 para responder a las siguientes preguntas: ¿qué compraron? ¿cómo lo hicieron? ¿cuánto pagaron?

Datos destacados

  • El 92% de las compras en el marco de la emergencia sanitaria se realizaron de manera directa, según el relevamiento de Ruido en 14 provincias argentinas.
  • La provincia de Buenos Aires compró ambulancias por precios muy superiores a los del resto de los distritos.
  • Chaco pagó el barbijo N95 más caro del país.
  • Córdoba y Buenos Aires concentraron la mayor facturación en un solo proveedor.
  • Santa Cruz adquirió el litro de alcohol etílico con el costo más elevado.
  • Las provincias más opacas: Formosa, Santiago del Estero y Tucumán no hacen público ningún detalle de compras.
  • Las dificultades para acceder a la información en cada distrito.

Informes y datos provincia por provincia

  • Buenos Aires, con las ambulancias más caras del país

La información obtenida es parcial e incompleta pese a los pedidos de acceso a la información, que no tuvieron respuesta. El caso más llamativo: las ambulancias de más de $13 millones. Más información acá.

  • Catamarca, poca información y mucho jet

No hay portales públicos para acceder a las compras y la información recogida sobre gastos por Covid-19 es mínima. Un jet sanitario comprado en pandemia costó U$S 8.950.000. Más información acá.

  • Chaco, sin encuadre

Hay un portal de compras, pero es imposible saber cuáles corresponden a la emergencia por la pandemia. No se respondió el pedido de acceso a la información. Más información acá.

  • CABA, con 210 operaciones sin consignar

Es uno de los distritos mejor organizados, con la visualización de las compras públicas. Aunque hay 210 operaciones que no se pueden rastrear. Los proveedores para investigar. Más información acá.

  • Córdoba, con diferencias

Están disponibles on line casi todos los datos. El relevamiento de Ruido muestra 83% de adjudicaciones directas. El Gobierno tiene otra interpretación. Más información acá.

  • Entre Ríos: la disputa para investigar sobreprecios

Se amplió el límite para las compras directas en pandemia, hasta casi $5 millones. Y las Justicias ordinaria y federal se disputan una investigación por sobreprecios. Más información acá.

  • Formosa, la impenetrable

No hay portales web ni información de las contrataciones en pandemia. La única respuesta al pedido de acceso fue la cifra de cuánto fue el total gastado. Más información acá.

  • Mendoza, accesible

La provincia es una de las más transparentes en relación a la publicación de contrataciones. Más información acá.

  • Salta, la imprecisa

No es posible acceder a la información de las adjudicaciones finales. El Gobierno no respondió a los pedidos de acceso a la información de Ruido. Más información acá.

  • Respuesta incompleta en Santa Cruz

No publica datos oficiales de compras. Ruido los consiguió tras pedidos de acceso, que contestaron cinco de siete ministerios. Los “datos sensibles” que no se muestran. Más información acá.

  • Santa Fe, con datos confusos

No hay coincidencia entre las pocas operaciones que aparecen en el portal oficial de compras, relevadas por Ruido. Tampoco se aclara si corresponden a la emergencia por la pandemia. Más información acá.

  • Santiago del Estero: ni pagando

Es una de las provincias más opacas: no fue posible acceder a ninguna información pública, pese a los pedidos de acceso. Más información acá.

  • Tierra del Fuego: choferes Covid

Se accedió a datos parciales. Llama la atención la contratación de choferes de una secretaría, por razones de pandemia. Más información acá.

  • Tucumán: 5 años para acceder a la información

No se consiguió información relativa a ninguna compra pública de gastos en pandemia. Hay una causa sobre acceso a la información que la Justicia tucumana lleva cinco años sin resolver. Más información acá.

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Autora/es del relevamiento de Ruido

Mariela Arias (Santa Cruz), Marcela Arce (Santiago del Estero), María Ester Romero (Buenos Aires y CABA), Yamile González (Formosa), Gabriela Sánchez (Mendoza), Bárbara Maidana (Chaco y Sante Fe), Cristian Pérez y Juan Manuel González (Córdoba), Gabriel Ramonet (Tierra del Fuego), Luciano Garro (Entre Ríos), Gonzalo Guzmán (Salta Transparente), Luis María Ruiz (Tucumán), Sol Minoldo, Julieta Fantini, Andrés Vázquez, Sergio Carreras y Edgardo Litvinoff.

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Luego de la audiencia pública realizada el pasado martes 23 de marzo para discutir la candidatura de Gustavo Fuertes al frente de la Agencia de Acceso a la Información, organizaciones de la sociedad civil le solicitamos una reunión al Presidente de la Nación para pedirle que proponga a un candidato idóneo al frente de este organismo clave para garantizar la transparencia en el Estado.

Junto a ACIJ,  Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, Democracia en Red, Fundación Vía Libre y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información le solicitamos una entrevista a Alberto Fernández con el propósito de manifestarle una serie de observaciones sobre la candidatura -propuesta por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- para el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

La audiencia pública que se realizó el pasado 23 de marzo para discutir la candidatura del abogado Gustavo Fuertes al frente de la AAIP dejó en evidencia la necesidad de que sea propuesto otro perfil para el cargo. Luego de una serie de exposiciones impugnatorias de numerosas personas y organizaciones de la sociedad civil y las respuestas del candidato a las observaciones y preguntas realizadas, resultó con claridad que el candidato carece de los conocimientos y la trayectoria que demuestren su idoneidad y el compromiso que un cargo de esta relevancia requiere.

Frente a esta preocupante situación es que las organizaciones solicitamos reunirnos en forma urgente con el Presidente de la Nación, confiando en que podremos manifestarle las razones por las que debe enviarse una nueva candidatura que cumpla con los requisitos de idoneidad y autonomía para el cargo.

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

 

Comunicado conjunto de ACIJ, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundeps, Poder Ciudadano, Vía Libre y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en ocasión de la culminación de la audiencia en la que se debía discutir el conjunto de observaciones presentadas en torno al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, Gustavo Fuertes.

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública para la evaluación de la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo para la Agencia de Acceso a la Información Pública, que promueve para el puesto al Abogado Gustavo Fuertes. A contrario de lo que establece la normativa vigente, y lo que incluso debería haber ocurrido por la naturaleza del cargo en discusión, la audiencia no fue transmitida en vivo para el conjunto de la ciudadanía, lo que restringió la cantidad de oyentes y el acceso por parte de periodistas.

El candidato presentó algunas propuestas de trabajo, pero sus respuestas a las preguntas realizadas -generalmente incompletas y acotadas- demostraron la falta de saberes concretos en materia de acceso a la información y protección de datos personales, lo que corrobora que su trayectoria profesional en otras áreas del sector público no lo convierten en una persona capacitada para la tarea que se le pretende encomendar. Lejos de reafirmar que sea la persona más idónea para el cargo, el candidato reconoció en varias ocasiones la necesidad de estudiar los temas sobre los que se le preguntó y la existencia de personas con mayores antecedentes en la materia.

La audiencia dejó en evidencia lo que numerosas organizaciones de la sociedad civil plantearon en sus impugnaciones: el candidato carece de los conocimientos y la trayectoria que permitan mostrar su idoneidad y compromiso para el cargo. Decenas de oradores y oradoras expusieron a lo largo de casi 5 horas sus impugnaciones. Todas las personas que hicieron uso de la palabra coincidieron en la necesidad de que sea enviada otra candidatura que asegure el adecuado funcionamiento y la autonomía de este órgano fundamental, en tanto que no se presentó ninguna persona a argumentar en favor de la candidatura.

Las audiencias públicas deben ser una instancia de participación sustantiva de la ciudadanía que redunden en una mejor toma de decisiones del Estado. Caso contrario, se convierten en una mera formalidad. De los resultados de esta audiencia surge con claridad que la candidatura del Poder Ejecutivo para el cargo no cumple con los requisitos de la ley.

Le solicitamos al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, que retire esta candidatura y envíe la de una persona que demuestre su idoneidad y compromiso con el cargo, en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Entre los días 17 y 21 de marzo se realizó, virtualmente,  la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Distintos líderes económicos y financieros de los países miembros y del sector privado, debatieron sobre la pandemia y la recuperación económica de América Latina y el Caribe.

Cada año, el BID celebra su Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores en uno de los países miembros. Este año, la Asamblea se realizó en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y su agenda estuvo atravesada por dos temas centrales: la recuperación económica de América Latina y el Caribe frente a la crisis ocasionada por la pandemia, y la capitalización del Banco.

En primer lugar, el presidente del Banco, Mauricio Claver-Carone, afirmó el compromiso del BID en ayudar a los países a recuperarse de la actual crisis económica, reafirmando el apoyo a las necesidades de financiamiento de los gobiernos y a la asistencia para el acceso y negociación en la compra de vacunas. En base a esto, Claver-Carone apuesta por impulsar la agenda que el Banco bautizó como “Visión 2025”: reinvertir en las Américas, una década de oportunidades”.

Dicha agenda establece cinco áreas en las que el BID se enfocará en nuestra región. Estas áreas son: la integración regional, el fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la economía digital y la priorización de las respuestas a cuestiones de género y cambio climático.

Por otro lado, Claver-Carone hizo hincapié en el trabajo del Grupo BID durante  el 2020, que en respuesta a la emergencia del COVID-19, aprobó préstamos por casi US$24.000 millones, tanto a empresas como a gobiernos, alcanzando niveles récord en el otorgamiento de préstamos. Frente a esto, el presidente se refirió a la capitalización del Banco: “Les pido que reinviertan en nosotros para que podamos reinvertir decididamente en la región (…) La región tendrá un socio comprometido para ayudar a los países a enfrentar estos desafíos históricos y estar bien equipados con los recursos financieros necesarios para marcar una gran diferencia”.

La Asamblea aprobó entonces una resolución que autoriza el trabajo necesario para considerar un potencial aumento de capital de alrededor de US$80.000 millones. Este monto fue autorizado por el Senado de Estados Unidos y  fue descrito por el presidente del Banco como “la capitalización más grande de su historia”. La capitalización es un proceso que aumentará el grado de solvencia y de capacidad de otorgamiento de préstamos del BID. Mediante ésta el capital del Banco se revalorizará y le permitirá hacer frente a su necesidad de atender los problemas de financiamiento de la región.

Por último, Claver-Carone se refirió a la necesidad de la participación de las mujeres en el mercado laboral para impulsar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe y dio a conocer nuevos aportes para la región amazónica entre Colombia y Brasil para promover el desarrollo sostenible a través de un enfoque ambientalista.

Sin dudas, la Asamblea de este año nos deja un claro pronóstico de lo que será el accionar del Grupo BID en nuestra región, atravesado por las necesidades generadas por la pandemia, por una nueva presidencia del Banco y por nuevas agendas a implementar, respaldadas por la nueva capitalización. En ese sentido, vale destacar que este proceso de capitalización debería venir acompañado de una serie de necesarias reformas internas a nivel institucional, que aseguren de manera efectiva una mayor transparencia y protección de derechos sociales y ambientales en los proyectos financiados por el Banco o sus clientes. 

A su vez, se debería fortalecer el proceso de participación ciudadana y de relacionamiento con la sociedad civil. La forma en que están estructurados y planteados espacios como la propia Asamblea de Gobernadores, por ejemplo, reflejan la poca predisposición del Banco a plantear espacios efectivos de intercambio y diálogo con la sociedad civil y las comunidades afectadas. Esperamos que estos sean algunos de los puntos a revisar por parte del Banco en vistas a una eventual capitalización.

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  • Sofía Armando 

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Un grupo de más de 30 organizaciones de Córdoba elaboramos una carta expresando nuestra preocupación por la eventual designación de Juan Manuel Delgado como Fiscal General de la provincia de Córdoba.

Hoy se vota en la Legislatura de Córdoba la postulación de Juan Manuel Delgado al cargo de Fiscal General de la provincia de Córdoba. El cargo, por mandato Constitucional es propuesto por el ejecutivo provincial y debe contar con el acuerdo de la Legislatura. 

El pasado jueves 11 de marzo asistimos a la Audiencia Pública que se llevó a cabo y presentamos observaciones en algunos aspectos que consideramos críticos. En ese sentido, destacamos la falta de independencia que consideramos que existe al postular a una persona que se desempeña actualmente en el poder ejecutivo así como la falta de formación y experiencia en material penal, derechos humanos, género y diversidades y problemáticas ambientales.

En el día de hoy, más de 30 organizaciones hicimos pública nuestras preocupaciones en relación a la designación del Fiscal propuesto. Si bien retoman algunos de los puntos planteados en la Audiencia, esta carta abierta hace especial hincapié en la amenaza que advertimos en materia de vigencia de los derechos sexuales y (no) reproductivos conquistados, dadas las vinculaciones previas del candidato y sus dichos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Este jueves participamos de la Audiencia Pública para tratar la postulación del abogado Juan Manuel Delgado al cargo de Fiscal General de la Provincia de Córdoba, convocada el 04/03/2021 a través del Boletín Oficial.

La misma se llevó a cabo luego de que el gobernador Juan Schiaretti remitiera a la Legislatura Unicameral de Córdoba, mediante expediente N° 32245/P/21, la propuesta formal a efectos de solicitar acuerdo para la designación de Juan Manuel Delgado como Fiscal General de la Provincia.

Juan Manuel Delgado, es abogado, y actualmente se desempeña como Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba (desde mayo de 2019). Además, fue Secretario del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Córdoba (2012/2018), Vocal del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba (2019), Secretario de la Bolsa de Comercio (2018), y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Empresariales de la Bolsa de Comercio de Córdoba (2017-2019).

En esta oportunidad, dejamos planteados los siguientes aspectos, que consideramos sumamente preocupantes: 1) En primer lugar, la grave afectación a la calidad institucional de la provincia con la postulación para ocupar el cargo más alto del Ministerio Público a una persona que viene de ejercer como abogado dentro del poder ejecutivo, precisamente como procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba, que depende de la Fiscalía de Estado de la provincia. Esto socava fuertemente el mandato constitucional de la independencia entre los poderes del Estado; 2) En segundo lugar, y de acuerdo a la única información disponible acerca de la trayectoria del postulante, surge de forma evidente su falta de conocimiento y experiencia en materia penal, ámbito de principal actuación del Fiscal General de la provincia. Sumado a ello, tampoco se advierte en el postulante formación y/o antecedentes en derechos humanos, derecho ambiental y en perspectiva de géneros y diversidades.

Finalmente, dejamos expuesto que, más allá de la formación, experiencia y trayectoria en estos temas, que consideramos de gran relevancia, nos interesa que el postulante demuestre un compromiso con una labor activa en estas materias. El Plan de Trabajo del Fiscal General, en donde se definen las prioridades de la política criminal, debe ser público para toda la ciudadanía y debe incorporar estos temas.

Nota presentada en Legislatura de Córdoba

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Organizaciones de todo el país solicitaron una reunión urgente con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, para conversar sobre el proceso de selección de la máxima autoridad de la AAIP -órgano de control al Poder Ejecutivo en materia de acceso a la información pública- dado que el candidato propuesto no cumple con los requisitos de idoneidad para el cargo, producto de la falta de antecedentes relevantes que demuestren su conocimiento y compromiso con este derecho humano.

El pasado 17 de febrero, el Jefe de Gabinete de la Nación propuso como Director de  la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) del Poder Ejecutivo al abogado Gustavo Juan Fuertes, quien no cuenta con una trayectoria vinculada temas de transparencia, acceso a la información pública o protección de datos personales –ver cv publicado-.

La Agencia de Acceso a la Información tiene una tarea que resulta insustituible en la protección de este derecho humano, que es a su vez fundamental para una democracia de calidad en la que la ciudadanía pueda saber y participar activamente de los asuntos públicos. 

Entre sus roles se destacan no sólo el de resolver los reclamos de las y los peticionarios y monitorear la publicación proactiva de información, sino también el de garantizar que se apliquen los mejores estándares en la materia y sea estimulada una práctica ciudadana y estatal que  permita contar con un Estado Abierto basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. A esto se suma que es el órgano encargado de proteger los datos personales y asegurar que en nuestro país se respete el derecho a la privacidad. 

El correcto funcionamiento de la AAIP requiere de funcionarias y funcionarios con un alto compromiso en la temática y probada idoneidad en la materia. De lo contrario, se corre el riesgo de que sean tolerados menores niveles de transparencia y apertura de la información en manos del conjunto de las instituciones bajo la órbita del Poder Ejecutivo (organismos de la administración pública centralizada, descentralizada, empresas del Estado, empresas concesionarias de servicios públicos, universidades, partidos políticos). 

Por ello, y en el marco del proceso de selección abierto a la ciudadanía, es importante que las autoridades sean receptivas a este tipo de objeciones provenientes de la sociedad civil y brinden respuestas respecto de las preocupaciones planteadas. El compromiso del Poder Ejecutivo con el derecho de acceso a la información pública debe reflejarse en el tipo de perfil propuesto para ocupar este cargo, de lo contrario está en juego el derecho a saber.

Las organizaciones firmantes de la petición son: Acción Colectiva – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Datos Concepción – Democracia en Red – Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Fundación Conocimiento Abierto – Fundación Directorio Legislativo – Fundación Huésped – Fundación Mujeres en Igualdad – Fundación Nuestra Mendoza – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) – Fundamentos para la Educación (FundaEdu) – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) – Laboratorio de Políticas Públicas – PARES – Poder Ciudadano – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – Salta Transparente.

Está abierta hasta el 15 de marzo la recepción de observaciones sobre la candidatura propuesta, así como el período de inscripción a la audiencia pública virtual -que se realizará el 23 de marzo a las 9 hs- para la designación de la autoridad de la AAIP del Poder Ejecutivo. Es importante que la ciudadanía participe de estos procesos, que hacen al fortalecimiento de la democracia. Link de inscripción

A través de una sesión virtual, el pasado 25 de febrero el BID Invest presentó la última versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. El documento resulta clave para alcanzar una correcta y efectiva implementación de la política aprobada en abril de 2020 y que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Tras ser aprobada por el Directorio Ejecutivo el 10 de abril de 2020, el pasado 15 de diciembre entró en vigencia la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. La última versión revisada del Manual de Implementación para dicha política  fue presentada el 25 de febrero a través de una sesión virtual en la que participaron más de 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Manual de Implementación se sustenta en el Marco de Sostenibilidad del Banco compuesta por las Política de Sostenibilidad y las políticas y normas que la acompañan como la Política de Acceso a la Información, las Normas Desempeño de la CFI, la Política del MICI, entre otros. El propósito de este Manual es orientar a clientes en su accionar de acuerdo a los diferentes factores y entornos que pueden presentarse, teniendo en cuenta los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad del BID Invest. También, el Manual aborda de manera general, las actividades que contempla el ciclo de un proyecto y los mecanismos de rendición de cuentas a los que las personas y comunidades pueden acceder en caso de que el proyecto las afecte. 

Por otra parte, contempla los factores de riesgo que se pueden presentar o que ya se presentan en el entorno donde se realiza el proyecto. Entre los temas y  factores de riesgo que el Manual menciona se encuentran los grupos vulnerables, derechos humanos, la inclusión y participación de las partes interesadas en el proyecto, condiciones laborales, entre otros. 

Un avance importante es la incorporación de la Lista de Exclusión que enumera las actividades que el BID Invest no financiará por los efectos adversos ambientales y sociales. 

Sin embargo, la aplicación del Manual no es obligatoria para el Banco o para sus clientes ya que  se constituye más bien en una hoja de ruta que contempla los requisitos del Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social, y las buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas que sus clientes pueden o no aplicar. Además, si bien aborda las opciones con las que cuenta el Banco en caso de incumplimiento de la Política de Sostenibilidad por parte de sus clientes, hay poca precisión respecto a la forma y los requisitos en los que se aplicarían dichas opciones.

De esta forma, resta por verse si este manual termina resultando realmente efectivo para llenar los vacíos que ha dejado la Política de Sostenibilidad en vigencia. Para ello resultará clave no solo un fuerte compromiso por parte del Banco y sus clientes, sino también un trabajo de monitoreo y seguimiento a la efectiva implementación de la política por parte de la sociedad civil.

Más Información 

Contacto 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

Un grupo de 40 organizaciones de todo el país elaboramos una carta enviada a diferentes organismos y entidades del Gobierno Nacional expresando nuestra preocupación por la situación originada a partir de la existencia de un sistema oficioso de vacunación.

La misma estuvo dirigida al Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital y Presidente de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, César Gazzo Huck; la Ministra de Salud, Carla Vizzotti y el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero frente a la conmoción política y social originada por el sistema oficioso de vacunación en el Hospital Posadas.

Hacemos propuestas concretas de trabajo conjunto, en el marco de los principios de Gobierno Abierto, por la transparencia y la participación. Además, reafirmamos nuestra disposición para colaborar en todo lo necesario para traer tranquilidad a la población y garantizar que el respaldo a la campaña de vacunación más ambiciosa de nuestra historia permanezca inalterable.

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org