El Concejo Deliberante de Córdoba aprobaría este jueves un proyecto que prohíbe la exhibición de productos ultraprocesados en línea de cajas de supermercados, hipermercados y farmacias.

La iniciativa, presentada por Juan Pablo Quinteros -encuentro vecinal- y Nicolás Piloni -oficialismo- establece  la incorporación de una sanción a quien “exhibiere mercaderías que se encuentren clasificadas por la autoridad municipal competente como “productos ultra-procesados”, en supermercados, hipermercados y farmacias con horarios de funcionamiento amplio y formato de autoservicio, dentro de un radio de 3 (tres) metros de la caja registradora de pago o cualquier otra área de cobro localizada a los efectos.

Hace algunos años atrás la malnutrición por exceso era descrita como problema de los países desarrollados. En la actualidad este escenario ha cambiado radicalmente y la epidemia se ha extendido a una velocidad alarmante en los países de bajos y medianos ingresos. 

Las causas subyacentes a la malnutrición por exceso, enfermedades relacionadas con la ingesta excesiva de alimentos y el desequilibrio nutricional, son complejas y multidimensionales. La alimentación es producto de un conjunto de factores sociales, económicos y culturales que se ven influidos por la disponibilidad, el costo y la variedad de alimentos, junto con la costumbre, las creencias y la información a la que se accede sobre hábitos alimentarios, entre otros. En este marco, la publicidad juega un papel central, influyendo en las preferencias y hábitos alimentarios de la población. Existe evidencia clara sobre la influencia de la publicidad de alimentos no saludables en el tipo de alimentos que prefieren, piden y consumen los niños y niñas. En general, se trata de productos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar, grasas o sal. 

Cuando nos referimos a la publicidad quedan incluidas no sólo las formas tradicionales, medios de comunicación masivos y redes sociales; sino también, y muy especialmente en el caso de alimentos, la publicidad que figura en el embalaje, paquete o envase del producto, ya que es también concebido con la intención de despertar en el futuro adquirente las ganas de acceder al bien. Es allí donde la exhibición del producto cobra especial relevancia.

Las cifras alarmantes que rondan sobre la malnutrición por exceso resaltan la necesidad de que los Estados adopten medidas destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de alimentos. Es primordial el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan la creación de entornos saludables. El Estado argentino, de acuerdo a sus preceptos constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, tiene a su cargo tres tipos de obligaciones, estas son: la de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada. En esta temática puntual, la obligación de proteger es la más relevante en la medida en que exige una acción activa por parte del Estado para regular la conducta de terceros que con su actividad pueden afectar derechos fundamentales de la población.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales han publicado en los últimos años, numerosos documentos que, en base a evidencia científica libre de conflicto de interés, establecen un conjunto de medidas para regular los entornos y los productos, de modo de fomentar hábitos saludables y así detener el crecimiento de la malnutrición por exceso. Entre las medidas se encuentran: el etiquetado frontal de advertencias, medidas fiscales, el fomento del entorno escolar saludable y la restricción a la publicidad, incluyendo a la exhibición de productos como parte de ésta.

Es por ello que instamos a este Concejo Deliberante a dar un paso adelante en la restricción a la exhibición de productos ultraprocesados en las cercanías de las cajas de pago de supermercados, hipermercados y farmacias. Mediante una medida como ésta, el Estado estará protegiendo los derechos de consumidores y consumidoras, y muy especialmente, velando por la salud de niños y niñas.

Fuente de imagen: @nutricionistasderionegro

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Desde Fundeps y la Incubadora Feminista Latinoamericana, y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, abrimos convocatoria a organizaciones autogestivas y comunitarias de la provincia de Córdoba para participar de un proceso de construcción de capacidades para el fortalecimiento económico y organizacional. El mismo se realizará de forma virtual desde mayo a octubre del 2021.

Las organizaciones que lo deseen, podrán postularse para acceder a una de las 7 becas que cubren la inscripción, cuota, materiales y certificación al completar el proceso.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

Podrán aplicar aquellas personas que formen parte de una organización autogestiva y/o comunitaria, cercanas a la Economía Feminista, Economía Ecológica, Popular y Social y Solidaria. Deberán ser proyectos que ya estén en marcha o en instancia de consolidación, sin importar su rubro ni locación dentro de la provincia.

En la selección tendrán prioridad aquellas organizaciones lideradas y compuestas mayoritariamente por mujeres, personas travesti-trans y/o no binarias. Se valorará aquellas que en sus equipos de trabajo presenten paridad de género y trabajo en territorio.

¿En qué consiste el proceso?

Durante el año 2020 se llevó adelante un proyecto para visibilizar las experiencias autogestivas de Córdoba que tuviesen prácticas de Otras economías, que apunten a la sostenibilidad de la vida humana y no humana.

Para esta instancia proponemos un proceso de fortalecimiento para espacios autogestivos enfocado en su sostenibilidad económica. A partir de la mirada de la Economía Feminista y mediante instancias de construcción colectiva, aspiramos a consolidar herramientas para la sostenibilidad que partan de las necesidades, proyectos y posicionamientos de cada organización. Nuestra línea de trabajo promueve la planificación respetando los tiempos de la naturaleza, así como las necesidades de las personas y sus comunidades, poniendo la vida en el centro.

El proceso de fortalecimiento implica una carga horaria mínima de 30 horas, distribuidas en varias instancias de formatos diferentes, que inician a finales de mayo y concluyen a finales de octubre.

Para obtener información más detallada, te invitamos a descargar el programa completo acá.

Fecha límite y requisitos:

  • La convocatoria estará abierta desde el 6 hasta el 14 de mayo inclusive.

Las personas interesadas deberán:

  • Completar el este formulario.
  • Los resultados se comunicarán el 21 de mayo.

Consultas

Argentina y China avanzan en las negociaciones para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear en nuestro país, con tecnología y financiamiento chino. Funcionarios de Estados Unidos expresaron su preocupación al Presidente de la Nación en reciente visita.

El Embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martinez, y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, mantuvieron, el pasado 6 de abril, una reunión con los directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear de China (CNNC), en la que concordaron dinamizar las negociaciones para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina. 

Los representantes de Argentina y China repasaron el estado de las negociaciones para la construcción de la central nuclear en nuestro país con tecnología china. Además, exploraron la posibilidad de expandir el vínculo bilateral en otras áreas de cooperación, tales como la exportación argentina de servicios y componentes para proyectos nucleares chinos y la extensión de vida de centrales nucleares en China.

El Secretario de Energía, Darío Martinez, afirmó que “el proyecto de la IV Central Nuclear cuenta con todo el apoyo del Presidente de la Nación y se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios entre ambos países”. Asimismo, Sabino Vaca Narvaja explicó que “Argentina cuenta con una plataforma muy desarrollada en el sector  nuclear con desarrollos propios y una base científica única en la región. Lograr nuestra cuarta central nuclear, además de ampliar nuestra soberanía energética, nos va a colocar en la vanguardia de un sector con desarrollo histórico en nuestro país”. 

Por su parte, el Director Adjunto del Departamento de Energía Nuclear de NEA, Qin Zhijun, remarcó la importancia de la energía nuclear en la estrategia de desarrollo chino, en particular, considerando la necesidad de tener una matriz energética diversificada, así como la importancia de la energía nuclear frente a la lucha contra el cambio climático. 

Preocupación en Washington

El pasado 14 de abril, arribaron a la Argentina dos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzalez, y la Subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, compartieron un almuerzo junto con el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez en la Quinta de Olivos. Asimismo, por la noche, compartieron una cena con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Los funcionarios del gobierno de Joe Biden le pidieron al gobierno argentino “prudencia” en la relación con China. De igual modo, expresaron su preocupación por el proyecto para la construcción de la central nuclear Atucha III, con financiamiento y tecnología proveniente de China. 

La preocupación por parte de Estados Unidos en la construcción de la central nuclear con tecnología y financiamiento de China refleja que la Argentina no está exenta de la dinámica política actual caracterizada por la competencia entre ambos gigantes.

Atucha III, la cuarta central nuclear del país

La construcción de este proyecto está prevista a ser emplazada en el Complejo Nuclear Atucha, ubicado en Lima, partido de Zárate, a unos 100 km de la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo complejo se encuentran las centrales nucleares Atucha I y II.

Según Nucleoeléctrica Argentina S.A, en las negociaciones se contempla que el reactor a construir en la nueva central sea un Reactor de Agua Presurizada (PWR por sus siglas en inglés) Hualong HPR1000 de origen chino. ¿Cómo funcionan estos reactores? Básicamente utilizan uranio enriquecido como fuente de calor (energía térmica), que es transportada por el agua a alta presión hacia un generador de vapor, que a su vez convierte esa agua en vapor que acciona una turbina generadora de electricidad. Este es el tipo de reactor más utilizado en el mundo para generación eléctrica.

Con respecto a los riesgos, NASA asegura que “los niveles de seguridad del reactor Hualong son significativamente elevados y los riesgos de retraso durante la construcción se reducen”.

Esta nueva central sería capaz de generar 1200 MWe de energía bruta. Para poner esto en perspectiva, los reactores de Atucha I, Atucha II y Embalse generan 362 MWe, 745 MWe y 656 MWe respectivamente.

Dadas las características del proyecto en cuestión, el tipo de energía a utilizar, la controversia respecto la tecnología a usar y su impacto en el posicionamiento externo de la República Argentina en un contexto de disputa entre Estados Unidos y China, desde Fundeps planteamos la necesidad de que el Estado nacional encare el proceso de negociación de forma transparente y brinde un marco amplio de debate hacia dentro de la sociedad argentina respecto al proyecto y al uso de la energía atómica. 

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Autores
  • Mariano Camoletto
  • Andres Paratz
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El 29 de abril se celebró en Argentina el día del animal, en homenaje a Ignacio Lucas Albarracin, un abogado cordobés que desde la Sociedad Protectora de Animales, veló por sus  derechos y propulsó la primera Ley de Protección Animal en el país.

El actual contexto de crisis ambiental y climática, exige la protección animal en tanto componente fundamental de los diferentes ecosistemas desde una mirada integral. La degradación de los bosques nativos, ríos, humedales y otros biomas, necesariamente afecta a las diferentes especies que los habitan y que cumplen importantes funciones ecosistémicas. 

Además del impacto animal que ocasiona la degradación ambiental, existen hoy en día sistemas de producción, de consumo y de desarrollo científico, que asientan sus prácticas en la utilización de ciertas especies no humanas. Estos aplican métodos tortuosos que ocasionan un gran padecimiento en la corporalidad animal. Existen además ciertas prácticas o tradiciones que por su propia naturaleza se construyen sobre el sufrimiento animal. 

La visión antropocéntrica -el ser humano como centro de todas las cosas– pareciera ser el fundamento de tales prácticas, ya que ha ubicado al ser humano en la cúspide de la pirámide de especies y a los animales no humanos subordinados a su propia satisfacción.Su principal amenaza es el modelo de apropiación de la naturaleza que la especie humana ha concebido.

Al respecto, existen alternativas de producción y consumo que promueven la adopción de hábitos sustentables y no crueles para los animales. Un ejemplo de esto es la agroecología, cuyas prácticas parten de una interrelación tendiente a evitar el sufrimiento innecesario de las especies, bajo la aplicación de ciertas prácticas que liberan al animal de dolor, hambre, miedo, incomodidad y permiten expresar su comportamiento normal. 

Finalmente, algunos Estados reconocen a los animales y ecosistemas el estatus de sujetos de derechos no humanos garantizandoles cierto grado de protección jurídica. Casos judiciales como el de la Chimpancé Cecilia en Mendoza o la orangutana Sandra en Buenos Aires, han abierto en nuestro país esta línea de reconocimiento de derechos a entes no humanos. 

Sin dudas, el día del animal permite concientizar sobre la importancia del respeto y el cuidado que se merecen, de proteger a las especies en peligro de extinción o promover el aprendizaje sobre su rol como parte del ambiente. Además se trata de una oportunidad para generar interrogantes en torno al modo en que la sociedad se relaciona con otras especies, poniendo en tensión estructuras y concepciones dadas, en pos de garantizar la integridad de aquellos que en el conjunto conforman la naturaleza. 

Autoras

  • Débora Sabrina Cuello
  • Quimey Comba
  • Lucrecia Busso

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org 

El pasado 27 de abril participamos de un conversatorio con sociedad civil organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, con motivo de la reciente asunción de su nueva directora, Andrea Repetto. Participaron organizaciones de la sociedad civil, individuos y personas del sector público y académico de diferentes países. Uno de los principales puntos de discusión giró en torno a la evaluación del funcionamiento del Mecanismo recientemente realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Grupo BID.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) fue establecido en 2010 como una instancia de último recurso para que personas que se consideren afectadas por proyectos financiadas por el Grupo BID puedan acudir al mecanismo en busca de una solución. En este sentido, cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

Al inicio del conversatorio, la nueva directora se introdujo personalmente, realizó  una revisión de los hechos más destacados del 2020  e indicó cuáles serán las prioridades del mecanismo durante 2021.

Manejo de casos en épocas de COVID-19 y prioridades en la gestión durante 2021

En 2020, el MICI adoptó acciones para mitigar los impactos de la pandemia en la gestión de reclamos. Gestionó un total de 21 reclamos de comunidades potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Grupo BID en 9 países: 17 reclamos se refieren a proyectos del BID con el sector público y cuatro a operaciones de BID Invest, con el sector privado. Además, el MICI empezó, por primera vez, un proceso de resolución de disputas de forma totalmente remota en Colombia (Ruta del Cacao).

Análogamente, con la reciente asunción de Repetto como directora, se identificaron 2 áreas prioritarias durante 2021: por un lado, la apertura del mecanismo, buscando que este sea más accesible para las comunidades que lo necesitan y, por otro, el aprendizaje institucional, con el objetivo de aportar más valor al Grupo BID y reforzar su rendición de cuentas y la sustentabilidad.

Evaluación del MICI por parte de la OVE 

La OVE realizó en 2012 una primera evaluación del MICI e identificó problemas significativos en términos de su política, estructura y funcionamiento, recomendando poner fin a la fase piloto del MICI y reformular su política y estructura. Así, en diciembre de 2014 el Directorio del Banco aprobó una nueva política y estructura para el mecanismo y desde inicios de 2016 el MICI también es responsable de gestionar las solicitudes relacionadas con operaciones del BID Invest, es decir, del sector privado. 

En la  siguiente evaluación (2015-2020) se analizaron 19 casos (entre diciembre 2014 – junio 2020) y se llegó a la conclusión que el MICI, en general, está operando de conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia y que  la actual política corrigió importantes temas identificados por OVE en su evaluación de 2012 como limitantes del buen funcionamiento del MICI. De igual forma, se registró una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. OVE también destacó la consolidación de capacidades en materia de resolución de conflictos al interior del MICI. 

Sin embargo, aún hay espacio para que el MICI profundice sus esfuerzos con miras a maximizar su contribución al sistema de salvaguardias y estándares ambientales y sociales del Grupo BID.

Un tema clave que quedó pendiente es la exclusión judicial, que sigue siendo un importante factor que limita el funcionamiento efectivo y eficiente del MICI.  

OVE también encontró que algunos requisitos para poder acceder al mecanismo son difíciles de cumplir para los solicitantes, tal como la necesidad de presentar sus inquietudes a la administración antes  de  recurrir  al  MICI.  A este respecto, cabe mencionar que la dificultad  de  cumplir  con  el  requisito  de  contacto previo con la administración tuvo que ver, en gran medida, con  la  falta  de  un  sistema  de  gestión  de  reclamos  al  interior  del Grupo  BID  durante  el  periodo  bajo  evaluación (2015-2020) y hacia ese objetivo apunta una de las recomendaciones de la evaluación de OVE. 

Promoción de acceso y riesgo de represalias

OVE indicó  que el mecanismo no es aún muy conocido a pesar de los importantes esfuerzos del MICI por darlo a conocer, incluyendo un importante trabajo en el ámbito de atención al riesgo de represalias que tiene implicaciones importantes para el acceso seguro al mecanismo. Tampoco queda claro que a nivel institucional exista consenso sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo y la forma de lograrlo. Cuestión no menor, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por último, otro punto que la evaluación señala que se debe fortalecer es la independencia del mecanismo, cuestión fundamental ya que la credibilidad del mecanismo depende de su capacidad de trabajar de manera independiente. Si bien el MICI es un brazo del Directorio, su valor agregado depende de la medida en que pueda presentarle informes francos y honestos sobre los reclamos asociados a los proyectos del Grupo BID.

A partir de estas y otras observaciones, OVE realizó 5 recomendaciones, dirigidas tanto al MICI como a la administración y a los Directorios del Grupo BID. Estas incluyen: 1) implementar el sistema de gestión de reclamos ambientales y sociales de la administración del Grupo BID de manera que se articule con el MICI, 2) dejar sin efecto la exclusión judicial, 3) reforzar la independencia del MICI, 4) asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados y, por último, 5) fortalecer las capacidades internas del MICI.

Cabría preguntarse, no obstante, si las limitaciones de la actual política pueden remediarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, una medida que OVE ha descartado en su evaluación.

Desde Fundeps, creemos que este tipo de instancias es fundamental para intercambiar opiniones y posturas en relación a cómo el Mecanismo pudiera ser aún más eficiente y efectivo en sus intervenciones a las problemáticas que se presentan en nuestra región. Asimismo, consideramos que un robustecimiento del mecanismo, se traduce en una mejora del  sistema de rendición de cuentas del Grupo BID en su conjunto.

 Esperamos que se sigan repitiendo estas instancias con el transcurrir del tiempo y celebramos que el MICI esté dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo, siendo capaz de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener. 

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Autora
  • Camila Victoria Bocco
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 El Gobierno de Córdoba fue seleccionado para participar en OGP Local, un piloto mundial que busca la implementación de un Plan de Acción de Gobierno Abierto mediante la co-creación de políticas públicas con diversos grupos de interés. 

El objetivo propuesto por la provincia de Córdoba es profundizar el trabajo provincial en materia de gobierno abierto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de un trabajo articulado con distintos municipios de la provincia. De esta manera, se plantea trabajar en pos de acompañar a los gobiernos locales de Córdoba en el desarrollo de una territorialización colaborativa de los ODS, con perspectiva de género y juventudes. 

Desde la provincia, el proceso está liderado por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Coordinación, se sumaron también Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de la Mujer de Córdoba. Desde Fundeps y PARES estamos acompañando el proceso de co-creación de dicho Plan y convocamos a otros actores de la sociedad civil de la provincia a que quieran sumarse a potenciar este proceso de co-creación con la provincia de Córdoba. 

Si sos una organización de la sociedad civil, un colectivo o espacio que trabaja cuestiones de gobierno abierto, género o juventudes y querés ser parte del proceso de construcción de una Plan de Gobierno abierto Local completá este formulario.

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El pasado 29 de octubre del 2020, la Cámara de Senadores, le dio media sanción al proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, con 64 votos positivos y 3 negativos. A partir de entonces, recayó sobre la Cámara de Diputados el deber de impulsar el correspondiente tratamiento legislativo hasta lograr su sanción. Sin embargo, el procedimiento hasta el día de hoy ha experimentado una serie de marchas y contramarchas que ponen en peligro su aprobación. 

Tras intensos reclamos de las organizaciones de la sociedad civil por la falta de iniciativa de la Cámara de Diputados, se realizó una reunión informativa en el marco de las sesiones extraordinarias el 23 de febrero de este año. Allí, referentes del sector de la industria, así como representantes de las organizaciones de consumidores/as y de la salud, acercaron información y expusieron su postura en torno a las diversas regulaciones y medidas que integran la normativa en cuestión. Sin embargo, los plazos no fueron suficientes para que diputados y diputadas alcanzaran a darle curso. El debate parlamentario por el proyecto de ley, debió ser pospuesto.

Paralelamente, de manera casi sorpresiva, el Poder Ejecutivo Nacional irrumpió en el ámbito de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y del Mercosur con la presentación de otra propuesta en torno al rotulado nutricional frontal de los alimentos. Esta propuesta tiene la particularidad de ser más amigable y flexible con la industria de alimentos en tanto que no sólo modifica el sistema de perfil de nutrientes (es decir, los valores a partir de los cuales es posible considerar un comestible alto en azúcares, sodio, grasas o calorías), sino que además excluye todo el conjunto de las otras medidas que también forman parte del actual proyecto de ley. Entre ellas, las regulaciones de los entornos escolares y las cuestiones relativas a la publicidad.

Frente a este escenario, nuevamente fueron necesarios los reclamos de la sociedad civil para que la Cámara de Diputados reanudara e impulsara el tratamiento del proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable. De este modo, el pasado 6 de abril y ya en el marco de sus sesiones ordinarias, tuvo lugar la cuarta sesión informativa. En dicha oportunidad, Fundeps junto a otras organizaciones, destacamos las fortalezas que presenta el actual proyecto en materia de protección de la salud, la necesidad de que se mantenga su tratamiento parlamentario y la urgencia en que se apruebe el proyecto sin modificaciones.  

¿Por qué es importante que sea a través del Congreso Nacional y no por la CONAL?

La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en la CONAL y Mercosur implica una flexibilización de los estándares de protección en materia de salud. En este sentido, presenta importantes diferencias con el proyecto de ley

Una de ellas es la concerniente al sistema gráfico. El proyecto de ley establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados deben incluir en la cara principal del empaquetado un sello de advertencia con la leyenda “exceso en”. Sin embargo, la resolución presentada por el Ejecutivo propone su modificación por la de “alto en”. Esto no es menor ni casual, si se tiene en cuenta que la evidencia científica disponible indica que la expresión “alto en” no genera la alerta que se espera en consumidores y consumidoras, pudiendo verse, en consecuencia, disminuida la efectividad de la política. Si un diseño comestible contiene cantidades excesivas de ingredientes críticos, dicha circunstancia debe ser expresada de la forma más clara y sencilla posible. 

Una segunda diferencia está dada por el perfil de nutrientes adoptado. Éste ya no sería el de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino otro mucho más laxo que haría que productos alcanzados por sellos de advertencia de acuerdo al perfil de nutrientes de OPS, puedan verse ofrecidos en el mercado como libre de octógonos negros. La mejor evidencia científica disponible hasta el momento y, por sobre todo, libre de conflictos de interés, demuestra que el perfil de OPS permite identificar los productos que, más allá del tamaño de la porción que se considere, tienden a desequilibrar las dietas de las personas y, por consiguiente, impactar negativamente en su salud. 

Una tercera diferencia, es que la presentación del Ejecutivo al limitarse únicamente al rotulado de los alimentos, deja sin regulación puntos claves del proyecto de ley tal como lo son los entornos escolares, las cuestiones concernientes a la publicidad, las regulaciones de claims, sellos de aval, etc. El proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados se caracteriza por ser una normativa integral que busca calar mucho más profundo, pues permitiría mejorar nuestros entornos, haciendo de ellos espacios más saludables y seguros. Esto cobra una mayor relevancia si se busca proteger el bienestar y la salud de los niños, niñas y adolescentes, quienes al encontrarse en una etapa de formación y desarrollo, requieren de una protección especial por parte del Estado. 

Finalmente, resta agregar que si la propuesta del Ejecutivo sigue su curso hasta lograr su aprobación en la CONAL o Mercosur, se estaría desoyendo la voz de la sociedad representada en el Congreso Nacional. Este órgano, estatuido como el máximo bastión de la voluntad popular, tiene constitucionalmente el deber de legislar y promover medidas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, debe resaltarse que la instancia legislativa es la que permite un trabajo más participativo y un mayor control por parte de la ciudadanía. A diferencia de lo que acontece en la CONAL, cuya modalidad de funcionamiento es más hermética, y adónde la ciudadanía tiene mayores dificultades para acceder a lo que allí se delibera y resuelve. 

Debe decirse que el actual proyecto de ley, no sólo está basado en la mejor evidencia científica disponible libre de conflictos de interés, sino que también ha sido el resultado de largos procesos de discusión y de consensos entre distintos partidos políticos. Estas circunstancias permiten que este tipo de políticas puedan ser concebidas como una política de Estado, dándole más fuerza, mayor legitimidad y más posibilidades de que pueda ser sostenida a lo largo del tiempo. 

Pasaron muchos años para lograr este paso importantísimo. Hoy, las condiciones están dadas para que la Argentina tenga la mejor ley. La gran prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que actualmente afecta a la población, requiere de una política que aborde de manera más integral los problemas de salud pública. 

En este sentido, el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una medida necesaria para proteger los derechos constitucionales a la salud, a la alimentación adecuada y los derechos de consumidores/as. Es por ello que, les pedimos a nuestros diputados y diputadas que aúnen sus voluntades para que el proyecto pase pronto a dictamen y que finalmente sea ley sin modificaciones.

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Autora

Maga Merlo Vijarra

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

El pasado 17 de abril se celebró el Día Internacional de la Lucha Campesina, conmemorando el asesinato de 19 campesinos que reclamaban su acceso a la tierra y justicia en el año 1966 en el Dorado dos Carajá, Brasil. Crimen que aún continúa impune. 

El acceso a la tierra continúa siendo hoy uno de los principales conflictos al que se enfrenta el campesinado. La disputa se basa en la lucha por el acceso, el control y la reconfiguración del territorio que incluye el suelo, agua, aire, biodiversidad, comunidades, etc. En nuestra región, el principal motivo que lo ha desencadenado es el avance del agronegocio, caracterizado por estar en manos de un número reducido de empresas nacionales y trasnacionales que se articulan a través de la venta y apropiación de tierras, semillas transgénicas, pesticidas, maquinarias, hasta su efectiva comercialización (en manos de monopolios). 

El modelo productivo dominante en nuestro país, basado en la  “revolución verde”, se sustenta en una forma de producir, destructiva, descontextualizada y no vinculada a las comunidades preexistentes, la naturaleza y a las costumbres de la  región donde se desarrolla. Muestra de ello son los innumerables pasivos ambientales y sociales que genera a través del uso excesivo de agroquímicos, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de aguas superficiales y de napas, el uso inmoderado de energías fósiles, la creciente emisión de gases de efecto invernadero, el empobrecimiento de los suelos, el exterminio de la biodiversidad y la consecuente producción de alimentos carentes de nutrientes. 

A raíz de las graves consecuencias que produce tanto en la salud como en el ambiente, con el correr de los años, se han ido desarrollando distintas resistencias a esta forma de producir. Ejemplo de ello es doña Ramona Orellano de Bustamante,  símbolo de lucha para los campesinos y campesinas, que desde hace más de 15 años resiste en el norte de la provincia cordobesa en defensa de su territorio, enfrentando al poder económico, al agronegocio, al poder judicial, y al sistema que la ha vulnerado sistemáticamente.

La agroecología se presenta así como una alternativa al agronegocio, desarrollada por el campesinado, las familias campesinas y pueblos originarios. Esta otra forma de producir no es considerada sólo como un método de cultivar  alimentos sanos y de calidad nutricional, sino también como un movimiento con metas sociales, culturales y políticas que tiene como principio el respeto a la Madre Tierra. Además revaloriza el estatuto campesino, ayuda a construir independencia de los mercados desfavorables, favoreciendo el desarrollo local, sostenible y resiliente ante el cambio climático.

Pese a todos los beneficios que presenta la agroecología, y la necesidad de fomentar la agricultura familiar, campesina e indígena, y de encontrarse esta regulada tanto a nivel nacional como provincial (Ley Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba), no existen actualmente políticas públicas reales que la valoren y promuevan. Por estos motivos, es  necesario una verdadera voluntad política que atienda la urgencia de una reforma agraria, que nos lleve hacia una agricultura más sustentable, que produzca alimentos de calidad y con campesinos bien remunerados y reconocidos por su servicio a la sociedad. Sin dudas, se trata de una deuda pendiente y aún falta mucho camino por recorrer, por lo que es importante que la lucha sea reivindicada y visibilizada el pasado 17 de abril.

Fotos Ludmila Gómes (Archivo Movimiento Campesino de Córdoba)

Autoras

  • Ananda Lavayen
  • María Laura Carrizo

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Andrea Repetto ha sido nombrada por el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) para el periodo 2021–2026 e inició funciones el pasado 16 de marzo de 2021.

El pasado 5 de febrero, el BID comunicó el nombramiento de la chilena Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI para el periodo 2021–2026.  Repetto Vargas  es abogada y cuenta con más de 15 años de experiencia en  mecanismos de rendición de cuentas, promoción de derechos humanos y mediación. Fue Especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabajó como especialista en resolución de conflictos para la CAO, el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial. También ha dirigido procesos de mediación y diálogo para abordar complejos problemas de proyectos ambientales y sociales en América Latina y África del Oeste. 

Al asumir el cargo el pasado 16 de marzo, Repetto Vargas manifestó su compromiso de trabajar por un MICI «aún más abierto a todas las personas y comunidades de la región que nos necesiten» enfatizando su voluntad de «potenciar el aprendizaje institucional, que permita aportar aún más valor a la institución y reforzar así la rendición de cuentas y la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos del Grupo BID». A su vez, destacó el trabajo realizado por la directora saliente, Victoria Márquez-Mees, y de todo su equipo señalando que permitió robustecer el Mecanismo y posicionarlo como referente. 

Desde Fundeps saludamos la designación de Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI y esperamos que esta elección permita continuar el proceso de fortalecimiento y difusión del Mecanismo que ha venido teniendo lugar desde su creación en 2010.

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Autora

  • Julieta Boretti

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Este viernes 09 de abril, a las 12.00 h comenzará la audiencia pública por la autovía de punilla. Se realizará a través de una plataforma digital y será transmitida en vivo a través de YouTube.

En el marco del proyecto «ALTERNATIVA RUTA N°38 –TRAMO VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE” -autovía de punilla-, la secretaría de ambiente de la Provincia convocó a la correspondiente audiencia pública. Esta etapa  es obligatoria y previa a la obtención de la licencia ambiental.

Más allá de los reparos técnicos-ambientales que merece el proyecto en torno a su impacto ambiental, cuya evaluación podrá implicar la denegación (o no) de la licencia ambiental, resulta cuestionable e incluso invalidante del acto, el procedimiento seleccionado por la autoridad provincial para la realización de la audiencia pública. 

Es que la propia convocatoria establecía que para proceder a la inscripción, era necesario contar con «NIVEL 2» de Ciudadano Digital -CIDI- o en su caso obtenerlo. Luego, una vez atravesado este procedimiento, era posible inscribirse a través del servicio de «participación» de dicho portal. Todos y cada uno de estos pasos previos, requerían disponer acceso a internet, un dispositivo con una cámara e incluso conocimientos sobre tecnologías. 

Para participar de la audiencia pública -cuyo comienzo está previsto para el día de hoy- se deberá contar con un dispositivo que permita acceder a la sesión de «Google Meet» correspondiente. Ello adiciona otras variables que dificultan el acceso al procedimiento, puesto que la persona interesada en participar no solo deberá contar con una buena conexión de internet  -debido a la cantidad de personas presentes en la misma sesión- sino además con conocimientos en informática y un dispositivo tecnológico adecuado. Además, habida cuenta de la posible concurrencia de muchas personas, la administración deberá de adoptar un buen mecanismo de gestión de la sala, confiando en que la plataforma no colapse por la cantidad de participantes en línea. 

Todas estas exigencias para el ejercicio del derecho a la participación pública, además de encontrar su justificación en el contexto pandémico, se sustentan en el marco normativo creado por la Ley Provincial N°10.618 y su Decreto Reglamentario N°750/19 para la modernización de la administración. Esta normativa es la que posibilita, con base en el Art. 8vo, la posibilidad de audiencias digitales. 

Las exigencias diseñadas por la administración provincial para el goce del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales, genera ciertos interrogantes en torno a la validez del procedimiento y del consecuente acto administrativo. La participación debe ser abierta, inclusiva, garantizando condiciones propicias para que esta se pueda adecuar a las características de la población, tomando en especial consideración aquellos sectores que por una u otra causa se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El modo en que la audiencia pública digital ha sido instrumentada, parece alejarse de estos lineamientos, generando restricciones que repercuten directamente en el goce del derecho de acceso a la participación pública en asuntos ambientales, particularmente de aquellas personas que no cuentan con dispositivos, conocimientos e infraestructura necesaria.

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Juan Bautista Lopez,  juanbautistalopez@fundeps.org

En Argentina, las legislación y las políticas públicas sobre cuidados han tenido avances pero también obstáculos. En el marco del Día internacional de las Trabajadoras del Hogar y del 8vo aniversario de la promulgación de la Ley 26.844 sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, resaltamos la importancia de la legislación y regulación del trabajo de les que cuidan de forma remunerada, aunque reconocemos que aún queda un arduo trabajo en pos de su efectivización y ampliación.

En la década del ’50 aparecieron las primeras leyes vinculadas al trabajo doméstico, con el fin de definir las relaciones laborales y sus derechos como trabajadoras. 

Pero no fue sino en 2013 cuando se sancionó la Ley 26.844 que estableció un régimen especial de contrato de trabajo para las trabajadoras remuneradas de casas particulares. Esta ley regula las relaciones laborales que se entablan dentro las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no generan para el empleador un lucro o beneficio económico directo. Define a este trabajo como toda prestación de servicios de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, y el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 

En este proceso, el activismo y luego la organización sindical de las trabajadoras de casas particulares, ha sido clave en la lucha por sus derechos. La Unión de Personal Auxiliar de Casas particulares (UPACP), que engloba a las trabajadoras de casas particulares, “desarrolla sus tareas de defensa y representación de las trabajadoras/es del sector desde principio del siglo pasado. Hoy las trabajadoras/es cuentan con una ley que regula la actividad, la Nº 26.844, que equipara, como corresponde, la labor del servicio doméstico a la de trabajadores de otros gremios. Ahora las trabajadoras/es de casas particulares tenemos derecho a vacaciones, licencia por maternidad, entre todos los derechos laborales.”

Esta ley intenta poner en pie de igualdad, los derechos de las trabajadoras de casas particulares con los de cualquier otra persona trabajadora en relación de dependencia y formalizada. Sin embargo, las características del trabajo doméstico, relacionado con el ámbito de lo privado, de lo invisible, con el deber asignado a las mujeres de cuidar y de dar amor de forma desinteresada, abnegada y sin ningún tipo o con escasa remuneración y reconocimiento, dificulta que se consideren a estas actividades como un trabajo y a quienes lo realizan, como trabajadoras. 

Mercado laboral de las trabajadoras de casas particulares

La Ley 26844 no sólo establece el régimen de las trabajadoras de casas particulares sino también diferentes categoría según el tipo de trabajo que se desarrollaba en el ámbito doméstico. Estas categorías se traducen en las escalas salariales:

 

Fuente: www.upacp.org.ar/

Sin embargo, este reconocimiento lejos está de significar la efectivización de sus derechos laborales. 

Según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, en la Argentina, la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa el 16,5% del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asalariadas. Es la actividad más feminizada del mercado (el 96,5% son mujeres), la que presenta la tasa de informalidad más alta (72,4%) y la que tiene los ingresos promedios más bajos del mercado, constituyéndose en las trabajadoras más pobres de toda la economía.  Esto significa que una trabajadora doméstica cobra 46 pesos por cada 100 que recibe una empleada del sector privado y 30 pesos por cada 100 que recibe una trabajadora formal. En comparación a los varones, ganan 26 pesos por cada 100 pesos que gana uno de ellos. Según la OIT, esta informalidad y precarización genera el incumplimiento de derechos y un espacio para la explotación laboral, incluso de niñas y adolescentes.

Para Candelaria Botto: “En nuestro país, donde el Estado no satisface estas necesidades, el rol de las trabajadoras domésticas se vuelve imprescindible para una gran cantidad de hogares. Sin embargo, este trabajo se da mayormente en condiciones precarias y con una baja remuneración, que deja en evidencia el poco valor social que se le da al trabajo reproductivo.”

Aun con todas estas limitaciones para el acceso a derechos, es probable que esté en mejores condiciones laborales una empleada registrada, cuyas relaciones laborales están reguladas por un marco legal.

Que la autonomía de unas no se la quite a otras

Ahora bien ¿Quiénes son las mujeres que conforman este grupo de trabajadoras domésticas?

Mercedes D´Alessandro, en su libro “Economía Femini(s)ta”, afirma que las “hadas madrinas” que sostienen la vida de quienes habitan los hogares de mayores ingresos, son mujeres en situación de vulnerabilidad y pobreza. Muchas de ellas tienen hijes a cargo y la mayoría no ha podido concluir el secundario (sólo el 2% de ellas completó una carrera terciaria o la universidad). Como resultado, el 40% de las madres pobres es trabajadora de casas particulares. 

Son mujeres que necesitan trabajar pero no están calificadas para acceder a otro tipo de empleo. Además, suele ser  una de las primeras opciones laborales para las mujeres provenientes de otros países, aunque es más destacable el porcentaje de migrantes internas entre estas trabajadoras . Muchas jóvenes ven en este empleo una forma de salir de la pobreza, pero terminan viviendo en un cuarto de servicio de una familia acomodada que no les paga aguinaldo, vacaciones o días por enfermedad. 

En este punto, es importante pensar en el tenso enlace entre las formas de cuidado remuneradas con las no remuneradas. Dada la injusta organización social que distribuye los cuidados, el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado recae principalmente sobre las mujeres. Por eso siempre es necesario que exista una mujer que cuide, para “liberar” a otra de dichas tareas. Y aquí, no sólo es la terca persistencia de la división sexual del trabajo la que atenta contra los avances a favor de una sociedad más justa y equitativa, sino que también son otros factores de desigualdad y opresión que se superponen al género. La clase y potentes procesos de racialización que aún perduran atraviesan los trabajos de cuidados. 

Como el trabajo doméstico es, en gran medida, desempeñado por mujeres pobres, campesinas, migrantes, representantes de diversas etnias, de baja escolaridad y poca instrucción, que encuentran en esta actividad un medio para subsistir, es uno de los trabajos más devaluados no sólo en términos económicos sino también, en términos sociales. Entonces, las familias con mayores ingresos, pueden recurrir al mercado para liberar tiempo, lo que implica contratar a otra mujer más pobre para que realice los trabajos domésticos y de cuidados. 

Como dice D´Alessandro: “detrás de toda gran mujer, hay otra gran mujer”

Esto nos invita a pensar los cuidados en clave feminista e interseccional, que ponga en el centro de la escena a los trabajos de cuidado y los desrromantice. Porque la falta de salarios dignos y acceso real a derechos laborales, no se compensa con gratitud y amor. 

Como dice Sol Minoldo: “¿Cuán feminista puede ser un proceso en el que unas mujeres se emancipan a costas de otras, dejando la distribución sexual del trabajo doméstico intacta?

Si hay explotación, no deja de haberla porque la trabajadora sea tratada con afecto y se le abra la confianza de nuestra vida íntima, aunque pueda notarse un poco menos. Ya es tiempo de poner en cuestión la forma en que “el amor” ha sido usado para invisibilizar que el trabajo doméstico es trabajo, lo haga quien lo haga. Que el amor no sea excusa para negar a las trabajadoras sus derechos.” 

Si bien se ha ido visibilizando  cada vez más la importancia del cuidado y de quienes cuidan -en especial durante  la pandemia-, este no se ha traducido aún en mejoras salariales para el caso del trabajo doméstico y de cuidado remunerado. Todavía tenemos una deuda con las personas que cuidan. Con las trabajadoras de casas particulares, aún hay enormes brechas sociales, culturales y económicas por saldar. Ellas realizan un trabajo imprescindible pero en condiciones precarias e irregulares, con salarios de miseria que a duras penas les alcanza para acceder a la canasta básica.Las brechas y obstáculos que enfrentan todos los días estas trabajadoras son un impedimento para el real acceso a sus derechos como trabajadoras, como mujeres y como personas.

Autora 

En vísperas del próximo viaje a China, el gobierno de Argentina negocia acuerdos de inversión en infraestructura por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará al Presidente de China, Xi Jinping, el próximo 5 de mayo. Uno de los ejes troncales del encuentro serán las negociaciones por el ingreso de la nación sudamericana al proyecto de la Ruta de la Seda y el desembarco de la tecnología 5G de la mano de Huawei. Además, se espera que se discutan otros acuerdos importantes para la relación bilateral como la ampliación del parque Caucharí de energía solar en Jujuy, proyectos de infraestructura, ganadería, inversiones y financiamiento.

Tras un 2020 caracterizado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del covid-19, el gobierno argentino avanza en acuerdos de inversión con China por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares. Argentina tiene en lista 15 proyectos de infraestructura para presentarle a China. Estos acuerdos revisten gran importancia para el gobierno nacional, principalmente, en vistas a la necesaria reactivación de la economía argentina. 

Los proyectos que Argentina da prioridad para la inversión proveniente de China son el plan de rehabilitación del sistema Ferroviario San Martín, mejoras en la línea del Ferrocarril Roca, obras de infraestructura en el ferrocarril Mitre y Urquiza, la redefinición de la red ferroviaria Belgrano Cargas y la incorporación de material rodante para pasajeros. En paralelo se discute la instalación de granjas porcinas inteligentes. Se calcula que el valor de la inversión rondaría los 3800 millones de dólares por un plazo de cuatro años, además del objetivo de producir 882 mil toneladas de carne por un valor de 2500 millones de dólares. 

Asimismo, se discute el desembarco de inversiones chinas en la minería, especialmente en la producción de cobre y litio en el norte argentino. Respecto al litio, Argentina firmó un acuerdo con Jiangsu Jiankang Automobile (JJA) para la producción de vehículos y baterías en el país. En el listado de proyectos se agregan la remodelación del puente Chaco-Corrientes, la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras, corredores viales y el desarrollo de un polo logístico en Tierra del Fuego. 

Respecto a las inversiones en energía, el presidente tiene en carpeta cinco obras troncales que requieren de grandes inversiones que pedirá al gigante asiático. Este plan elaborado por el Secretario de Energía, Darío Martinez, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, se destaca por la no inclusión de una de las obras más reclamadas por China: la construcción de la cuarta central nuclear en el país con tecnología china. Este plan de obras incluye la construcción del gasoducto del sur, la red eléctrica en AMBA, red eléctrica en la Patagonia, el gasoducto de la mesopotamia y la construcción de una central térmica. 

La construcción de la cuarta central nuclear empezó a moldearse durante el gobierno de Cristina Fernández por un valor de 12 mil millones de dólares. Con Mauricio Macri en el poder se logró bajar el costo a los 9 mil millones. No obstante, con la crisis económica y la derrota electoral de Macri el proyecto se paralizó. El arribo de Alberto Fernandez significó para China la posibilidad de discutir la concreción del proyecto. Otra obra que no aparece en este plan es la construcción de la represa hidroeléctrica de Chihuido en Neuquén. Esta obra reclamada por Rusia y China quedaría en manos de Alemania.

A un año del inicio de la pandemia en Argentina y las medidas que se han adoptado para actuar en consecuencia, el vínculo con China se ha profundizado. El mercado chino se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de carne bovina provenientes de Argentina. El comercio bilateral entre ambos países, que en el 2000 rondaba los 2 mil millones de dólares, cerró en el año 2019 en un valor cercano a los 16300 millones de dólares, con exportaciones argentinas por 7 mil millones de dólares e importaciones por 9 mil millones de dólares. Además, el gobierno argentino cerró un acuerdo con la empresa farmacéutica Sinopharm a principios de febrero para el envío de un 1 millón de dosis y se espera el arribo de otras 3 millones de dosis a finales de marzo.  

  Se espera que este nuevo impulso a la relación con China, sea estratégico, comercialmente equilibrado y que esté acompañado de la necesaria responsabilidad en materia ambiental y social.

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Autor

Mariano Camoletto 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org