FUNDEPS junto con un grupo de vecinos/as y miembros del colectivo «Todos por Nuestros Arroyos» de la localidad de Alta Gracia, solicitaron participación como terceros interesados en la causa “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A. c/ Provincia de Córdoba – Ordinario”.

En la causa, iniciada en el año 2013, se discute la legitimidad de la colocación de cercamientos a un arroyo público, en beneficio exclusivo del country Potrerillo de Larreta, restringiéndose el libre tránsito a terceros y el aprovechamiento del mismo por parte de toda la comunidad. Asimismo, está en tela de juicio el verdadero alcance y sentido del carácter de dominio público del arroyo Los Paredones.

En el fallo de primera instancia de noviembre del 2017, la jueza de Alta Gracia Graciela Cerini había resuelto “desestimar la demanda incoada por EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB S.A. en contra de la PROVINCIA DE CÓRDOBA en cuanto pretende instalar alambrados sobre el Arroyo Los Paredones en el ingreso y egreso de su propiedad, debiendo demarcar el límite a lo largo de la línea de ribera”.

Sin embargo, luego determina que ello no importa simplemente autorizar el ingreso libre al curso de agua, y ordena una serie de cuestiones a la Provincia de Córdoba y a la  Municipalidad de Alta Gracia. En primer lugar, que determine cómo será el uso público del arroyo en la parte afectada. En segundo lugar, que tome las medidas de control, seguridad, y protección necesarias para lograr la armonización de los intereses en juego, pero manteniendo los cercados existentes.

En diciembre del año pasado, Potrerillo de Larreta recurrió la sentencia, remitiéndose la causa a la Cámara de Apelación de 9° Nominación de la ciudad de Córdoba, donde las partes deben expresar los agravios que les causa la resolución de primera instancia.

En la ciudad de Alta Gracia, los/as vecinos/as vienen defendiendo y reclamando sus derechos fundamentales en diferentes instancias y desde el año 2011 el colectivo “Todos por Nuestros Arroyos” ha tomado la posta. Así, ha desarrollado numerosas actividades en favor de la recuperación de los espacios públicos de los arroyos de Alta Gracia, entre ellos Chicamtoltina y sus afluentes, Estancia Vieja, Los Paredones y Coacamilin, en esta lucha en la que propietarios/as y emprendimientos inmobiliarios comenzaron a alambrar las márgenes de diferente tramos de los arroyos.

Frente a la ambigüedad del fallo, la continuidad de los alambrados sobre el arroyo y la pasividad de las autoridades provinciales y municipales, los/as vecinos/as de Alta Gracia junto con FUNDEPS decidieron intervenir en el juicio con el fin de garantizar el respeto de los derechos de incidencia colectiva por encima de los derechos individuales esgrimidos por el country y rechazar la legitimidad de los alambrados en tanto se vulnera, entre otros, el derecho al libre tránsito y el uso, goce y aprovechamiento de aguas de dominio público.

Más información:

Diario Tortuga Vecinxs firmaron por el espacio público

Redacción Alta Gracia Vecinos firmaron para que se quiten los alambre en el arroyo

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maycabalaguer@fundeps.org

mariaperezalsina@fundeps.org

Presentamos el informe completo y el resumen de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la  Fundación Heinrich Böll. Los resultados finales son producto de la investigación realizada durante el 2017 en Córdoba y Buenos Aires en la que se realizaron 50 entrevistas a empresas de medios de comunicación, sindicatos e institutos de formación periodística.

La investigación se realizó En base a los los Indicadores de Género para medios de comunicación de la UNESCO (2014) y de los objetivos planteados por la Plataforma de Acción de Beijin (1995), con  el fin de conocer la estructura laboral y las políticas de género de las empresas de medios  de comunicación, asociaciones profesionales de medios y universidades vinculadas a la comunicación  en Argentina.

La investigación ofrece los resultados del análisis de la información recabada de 30  empresas de medios, 7 sindicatos de prensa, 12 instituciones educativas, 22 trabajadoras/es de  prensa, 10 especialistas en género, 7 pedidos de acceso a la información en ambas regiones (Córdoba y Buenos Aires),  y búsquedas en páginas web y bibliotecas.

La preocupación sobre la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+ tiene especial importancia al referirnos a los medios de comunicación. Hemos llegado, por ejemplo, a conclusiones que reclaman especial atención: del total de las personas empleadas en los medios de comunicación analizados en Córdoba y Buenos Aires, las mujeres representan sólo el 30,35%. Las cifras se tornan más problemáticas al observar los cargos gerenciales y de propiedad dentro de estas empresas: el 78,28% de estos cargos son ocupados por varones. El techo de cristal existe y se contabiliza en una brecha de género del 56,56% en los cargos de mayor relevancia en los medios de comunicación, exponiendo así la perspectiva androcéntrica que atraviesa estos espacios.

Estas cifras son una señal de alerta debido al poder comercial y cultural que ostentan los medios de comunicación, destacando su rol como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de valores, al tiempo que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.

Los resultados evidencian una desigualdad de poder no sólo dentro de estas empresas de medios sino también en las organizaciones relacionadas a la comunicación (sindicatos y universidades) en las que los estereotipos de género se reproducen.

En los sindicatos, el porcentaje de mujeres afiliadas en ambas regiones es de poco más de un 24%, el cual se reduce al contabilizar su presencia en las dirigencias gremiales donde participan en un 23,29%.  

Sin embargo, esta tendencia se revierte en los espacios académicos de formación de profesionales de la comunicación: el 64,02% de las personas egresadas de estas carreras son mujeres.

Entonces si bien muchas mujeres estudian carreras relacionadas con la comunicación, superando ampliamente a los varones, esto no se refleja en una participación mayoritaria en las empresas de medios y menos en los sindicatos.

Estas desigualdades de género se hacen visibles en el techo de cristal, en la división sexual del trabajo y en la falta de una perspectiva de género traducida en políticas institucionalizadas en los casos de los medios de comunicación y sindicatos. De la misma manera, las universidades presentan falencias en asignaturas específicas y obligatorias sobre género y en planes de estudios con una perspectiva de género transversal.

La incorporación de los medios de comunicación, sindicatos y universidades de la ciudad de Córdoba enriquecen el análisis, ya que se desprenden datos que muestran cómo estas brechas de género se acentúan y amplían en la región. Del total de las personas empleadas en las empresas de medios analizadas, sólo el 23,29% son mujeres y no hay ninguna persona trans. Aún más preocupante es la situación el los altos mandos donde la presencia de mujeres se reduce a un 12%. Las cifras ofrecidas por las empresas de medios de Córdoba, se encuentran muy por debajo del promedio al analizar la participación de mujeres dentro de sus estructuras laborales. Sin embargo, el 69,04% de las personas egresadas de carreras de comunicación son mujeres, lo que en este caso supera el promedio presentado.

A partir de estos resultados, la importancia de este abordaje se fundamenta al reconocer las desigualdades de género presentes y arraigados en los medios de comunicación, pero también al reconocer su agencia democrática, los cuales deberían reflejar la diversidad de la ciudadanía, que sólo se logrará a partir de la inclusión de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+. Un mundo más justo e igualitario que aún está construcción.

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Organizaciones de medios y género

Resúmen de investigación: Organizaciones de medios y género

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Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Más de 30 organizaciones cordobesas nos dirigimos mediante un documento a las/os senadoras/es de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Carlos Caserio y Ernesto Félix Martínez para expresar la importancia de su voto a favor de la sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con el voto positivo de la Cámara de Diputados/as.

Ante algunas expresiones de los senadores y la senadora frente a este debate, en que manifestaron que adoptarían una postura distinta, presentando su propio proyecto, numerosas organizaciones de la sociedad civil consideramos importante presentar argumentos para resaltar los motivos por los cuales entendemos que su voto debe ser en apoyo proyecto de ley, tal como fue aprobado por la Cámara Baja.

En primer lugar, este proyecto es constitucional y respeta las disposiciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que está obligado el Estado argentino. Ni la Constitución Nacional ni los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino son un obstáculo para la despenalización y la legalización del aborto, por lo que es dable sostener la constitucionalidad y la convencionalidad del proyecto ley. De hecho, estas normas imponen al Estado obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos que están garantizados en este proyecto.

Además, sostenemos que la objeción de conciencia no puede ser institucional. La objeción de conciencia individual, tal como está planteada en el proyecto de ley, es una solución razonable basada en la libertad de conciencia y religiosa. Pero reconocer la pretensión de instituciones privadas de eximirse de la provisión de servicios de interrupción del embarazo es impensable, teniendo en cuenta las restricciones que genera en la libertad de conciencia individual de los profesionales que trabajan en estos establecimientos, la afectación a la libertad y derecho a la salud de las pacientes, y los costos y problemas para el sistema de salud.

Por otro lado, presentamos argumentos para sostener que el plazo de 14 semanas es un plazo razonable. Permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta este plazo no implica riesgos y está en consonancia con lo regulado por otros países que han ido mejorando sus marcos normativos.

Es importante también mencionar que la legalización del aborto no importa un problema presupuestario. Los costos de una práctica legal son mucho menores a los costos que implican las complicaciones por abortos inseguros que incluyen desde intervenciones quirúrgicas con internación y anestesia hasta varios días en terapia intensiva.

Finalmente, consideramos que este proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es coherente con la totalidad del sistema normativo vigente y es la ley que falta en una destacable lista de regulaciones en materia de derechos humanos en nuestro país.

Pero fundamentalmente, destacamos el amplio apoyo que tiene este proyecto de ley en la provincia de Córdoba. Un millón de personas nos convocamos frente al Congreso y miles en las calles a lo largo de todo el país. En Córdoba capital y en numerosas localidades provinciales nos encontramos de manera masiva en cada pañuelazo, manifestando nuestra postura.

No puede negarse que la sanción de esta ley es esperada por el pueblo cordobés, la ciudadanía argentina y la comunidad latinoamericana.

Los/as senadores/as tienen la oportunidad de convertir este proyecto en ley, consolidar derechos humanos largamente postergados, satisfacer los estándares internacionales en esta materia a los que está obligado el Estado argentino y marcar un avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país.

El proyecto de ley nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.

Senadores/as cordobeses/as: QUE SEA LEY.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

El reporte elaborado por la Coalición Latinoamericana Saludable (CLAS) fue presentado en el marco de una consulta pública que abrió la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de elaborar un informe temático sobre estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos.

El creciente número de casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por empresas ha impulsado el tratamiento de la problemática por parte de la comunidad internacional desde hace ya algunos años. En este contexto y en el marco del sistema interamericano, la CIDH se planteó recopilar información de diferentes actores/as interesados/as a los fines de elaborar un informe que considere la realidad regional, y que analice y sistematice las obligaciones y estándares interamericanos, para finalmente hacer recomendaciones en la materia.

El informe presentado por CLAS, una red que agrupa a alrededor de 300 organizaciones de Latinoamérica de la que FUNDEPS es parte, se enfoca específicamente en analizar la vinculación existente entre empresas y enfermedades crónicas no transmisibles (ENTs).

Así, en primer lugar, el informe proporciona información sobre el impacto de  dichas enfermedades en la región, con especial mención a la afectación de grupos vulnerables. En segundo lugar, se analiza el poder de influencia de empresas en el proceso de formulación de normas y políticas públicas, como obstáculo a la hora de adoptar, ejecutar y avanzar en políticas de salud para prevenir y reducir el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Al respecto, se citan como ejemplos los casos de la industria tabacalera, la industria de alimentos y la de bebidas alcohólicas.

El documento también advierte que la normativa vigente y planes de acción sancionados por los gobiernos se enfocan en la prevención de los factores de riesgo de dichas enfermedades, sin incluir una perspectiva más general sobre derechos humanos y empresas. Observa que sólo algunos países han avanzado levemente en este sentido, pese a que la evidencia internacional demuestra que las medidas más efectivas para disminuir el consumo de productos no saludables, son aquellas que controlan el accionar de las empresas que fabrican y promueven estos productos; especialmente en lo relacionado con las estrategias de marketing y promoción.

Más allá de los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para avanzar con legislaciones para la prevención de ENTs, la intervención de las empresas en el diseño e implementación de políticas públicas, como así también el lobby de la industria, constituyen un gran obstáculo para la efectiva aplicación de normas que prevengan a la población de las consecuencias en la salud del consumo de productos no saludables.

Actualmente, a nivel internacional existen instrumentos y mecanismos no vinculantes que tienen por objeto proteger los DDHH del accionar irresponsable de las empresas. Entre ellos se pueden mencionar: los Principios Rectores de Naciones Unidas (NU) sobre Empresas y DDHH, las directrices de la OCDE y el Grupo de Trabajo de NU sobre Empresas y DDHH. De igual manera, el trabajo de la CIDH se ha orientado a la búsqueda de la prevalencia de los derechos fundamentales frente al poder de las corporaciones; y es por ello, que este informe temático toma un carácter fundamental. En este marco, asimismo, en los últimos tres años, por iniciativa de algunos Estados, se ha comenzado a debatir la posibilidad de contar con un tratado internacional que efectivamente fuerce a las empresas a cumplir y garantizar el respeto de los DDHH. Consideramos que un instrumento con estas características reforzaría la normativa ya existente, a la vez que pondría fin a los abusos perpetrados.

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

El pasado 6 de abril  se entregó en la ciudad de Córdoba el premio ‘Jerónimo de la Gente’ y fue la Asociación Civil ‘Las Omas’, quien  se quedó con el primer lugar luego de la votación. El reconocimiento busca distinguir a un ciudadano, ciudadana, o agrupación de la ciudadanía; cuya labor en Córdoba busque de alguna manera abordar problemáticas sociales.

Las Omas, organización establecida en el barrio Chacras de la Merced, desde 2011 se ha dedicado a la asistencia de las vecinas en situación de pobreza y violencia. Al mismo tiempo, su presidenta, Alida Weht, ha sido quien ha tomado el bastión de la lucha contra la contaminación producida por el mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Córdoba.

El premio que Las Omas recibieron es una distinción por su trabajo incansable para mejorar la situación de las mujeres en el barrio, pero en los medios de comunicación poco se ha mencionado acerca de su inmensa labor, para mejorar y proteger el ambiente que las rodea. El intendente Mestre ha reconocido a Las Omas por un lado, pero por otro, no ha hecho nada para ayudarlas a acabar con las problemáticas derivadas de la contaminación.

Hace ya algunas semanas, se hizo conocido que la Municipalidad de Córdoba admitió que la planta no está en perfectas condiciones y que está funcionando a un 60%. Asimismo, Daniel Bardagi, Director de Redes Sanitarias y Gas, prometió que en los próximos días la planta ya estaría funcionando a la totalidad de su capacidad.

Esta posición de la Municipalidad colisiona directamente con lo expresado por los empleados que se encuentran trabajando en la EDAR, y que han declarado que la planta bajo ningún punto de vista está en condiciones de funcionar al 100%. En adición, han declarado que el líquido que ingresa a la estación no es tratado de ninguna manera y las condiciones en las que entra son las mismas que posee cuando es volcado al Río Suquía.

Estas idas y vueltas entre la Municipalidad y los empleados de la planta, no son nuevas y no hacen más que dilatar una situación que ya desde hace tiempo es insostenible. La falta de responsabilidad del gobierno municipal y el afán de ocultar una realidad que es visible hace tantos años, ha devenido en una comunidad de personas que al día de hoy se ven en una situación de extrema vulnerabilidad.  

De igual manera, la problemática de la contaminación no solo se circunscribe al área de la ciudad de Córdoba. Se ha comprobado que los volcamientos en crudo han llegado por lo menos y con seguridad a Capilla de los Remedios. Más aún, las muestras tomadas y evaluadas por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dan cuenta que las bacterias y coliformes presentes en el agua a 36 km de Bajo Grande, están en prácticamente las mismas cantidades y concentración que al momento en que salen de la planta.  Asimismo, podría existir evidencia que la contaminación ha llegado hasta la desembocadura del Río Primero en la Laguna de Mar Chiquita.

Derivado de esta contaminación, vecinos y vecinas de Chacras deben enfrentarse cada día a una infinidad de problemas, siendo la mayor parte, aquellos relacionados con la salud (enfermedades dérmicas, respiratorias y gastrointestinales). De igual manera, el ambiente viciado por el olor del agua cloacal volcada en crudo, dificulta más la vida en ese lugar.  

Desde la Municipalidad de Córdoba se ha anunciado que en los próximos días y semanas se estarán licitando tres obras de refacción en la planta por casi 300 millones de pesos. Estas refacciones corresponden al fracaso de los planes de mitigación asumidos cada año por las sucesivas gestiones municipales. De acuerdo a Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, estas refacciones y la ampliación de la planta que está en curso, no lograrán revertir o mitigar la situación de contaminación actual, en tanto no se realicen los controles necesarios sobre la red cloacal.

Luego de años de reclamos, nuevamente hemos pedimos a las autoridades que reconozcan la problemática y tomen cartas en el asunto. La situación de vulnerabilidad que vive la comunidad ubicada a la vera de la estación depuradora, es hoy por hoy, insostenible y degradante. El premio Jerónimo de la Gente, ha logrado reconocer el incansable trabajo de Las Omas, pero no ha podido tapar un problema al que ellas deben enfrentarse todos y cada uno de sus días. Luego de esta premiación, debiera existir un compromiso de los funcionarios para con las familias de esa zona y con el medio ambiente de todos los habitantes de la provincia de Córdoba.

Fuentes

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María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Del 11 al 13 de julio se realizó el Primer Taller Latinoamericano sobre Estrategias de Litigio sobre Cambio Climático y Derechos Humanos en Bogotá, Colombia. El taller fue organizado conjuntamente por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro Sabin sobre el Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia.

El evento reunió a 21 activistas y abogados/as de América Latina que trabajan en temas ambientales y de derechos humanos con el propósito  de entrenarlos sobre las nuevas e innovadoras estrategias de litigio climático en el mundo.

En este sentido, los tres objetivos principales del taller fueron:
– Analizar las bases teóricas y legales que se han utilizado en los diferentes tipos de litigio climático en diferentes partes del mundo.
– Desarrollar estrategias específicas que los/as participantes puedan adaptar a sus propios países y organizaciones.
– Establecer una red de colaboración entre activistas y organizaciones interesados en estudiar e impulsar el litigio estratégico sobre cambio climático en la región.

Durante el taller se desarrollaron distintas presentaciones relativas a la importancia de la justicia climática, los tipos de litigios climáticos existentes, principios y doctrinas legales, precedentes legales, las estrategias de litigio climáticos, así como los desafíos del litigio climáticos relativos a la jurisdicción, el factor de atribución, la relación de causalidad, la cuantificación de los daños, entre otros.

Asimismo, se presentaron las nuevas tendencias en materia de litigio climático, tomando como puntapié inicial la primera tutela sobre cambio climático y generaciones futuras de América Latina concedida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 25 niños, niñas
y jóvenes, apoyados por Dejusticia.

Más información:
https://www.dejusticia.org/tutela-cambio-climatico-colombia/
http://climatecasechart.com/

Contacto:
María Pérez Alsina –mariaperezalsina@fundeps.org

En el año 2016 se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, el programa “Justicia 2020”. Se trata de un espacio de diálogo institucional y ciudadano que busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente.

Una comisión conformada por distintos expertos en el marco de este programa (dentro del eje Civil y del equipo “Cambios procesales para un mejor servicio de justicia”) trabajó en la redacción de un anteproyecto que regula el proceso de las acciones que tienen por objeto cuestiones de afectación colectiva.

Y es que nuestro orden constitucional dispone la existencia de una tutela procesal colectiva de los derechos de incidencia colectiva desde la reforma de 1994, pero no se elaboró hasta ahora ninguna ley específica. Hasta ahora se ha aplicado lo dispuesto por la jurisprudencia, fundamentalmente por lo que estableció la Corte Suprema en el fallo Halabi del año 2009, en donde creó una nueva vía procesal para la tutela de este tipo de derechos, al aceptar por primera vez la figura de la “acción de clase”.

En dicho fallo, la Corte se refirió a la falta de regulación en materia de acciones colectivas, caracterizándola como una mora del legislador. Sin embargo, esa falta fue suplida en la práctica por los Tribunales del país, que desde hace tiempo vienen admitiendo la procedencia de estas acciones, y respecto de las que se ha litigado (y se litiga todavía) sin reglas uniformes y claras.

El Anteproyecto que se presentó a mediados de mayo en el portal del Programa Justicia 2020 surge, entonces, con el objetivo de dar uniformidad y claridad a los procesos colectivos.

Sin embargo, junto a numerosas organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación por el contenido de este borrador y solicitamos al Ministro Garavano que se abstenga de impulsar el proyecto de ley ante el Congreso Nacional.

De prosperar, este proyecto limitaría las acciones colectivas y afectaría su operatividad. Las acciones colectivas son indispensables para el reconocimiento y protección de derechos humanos fundamentales de índole colectiva. Una regulación restrictiva y dilatoria de las acciones colectivas, como la que se desprende del borrador, podría obstaculizar el avance de este tipo de reclamos, e implicaría un retroceso grave en relación con la situación actual.

Dentro de los aspectos que preocupan del anteproyecto, destacamos los siguientes:

  • Injerencia en asuntos procesales: la regulación de materia procesal local es de exclusiva competencia provincial.
  • Excesivo rigor para la determinación de la “representación adecuada”: los requisitos resultan excesivos, porque imponen a las/os afectadas/os, organizaciones y sus abogadas/os una serie de exigencias extremadamente rigurosas que significarán un límite para la presentación de las acciones colectivas.
  • Limitación de medidas cautelares: el borrador regula el dictado de medidas cautelares de tal manera que frustra su operatividad, ya que prevé que se corra traslado al destinatario, se exige fundamentación detallada y las resoluciones que las deniegan no se pueden apelar.
  • Ordinarización de los procesos colectivos
  • Establecimiento de trámites largos y engorrosos para el regristro y consolidación de la clase, incluyendo diversos procesos secundarios dentro del proceso principal,
  • Restricción a la participación de terceros
  • Regulación de la competencia
  • Falta de gratuidad.
  • Derogaciones expresas de normas procesales de índole colectiva que tienen un mayor nivel de protección de derechos colectivos. Se derogan el art. 54 de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor); y el primer párrafo del art. 32 de la ley  26.675 (Ley General de Ambiente), reemplazándolos por normas más restrictivas.

Consideramos que esta propuesta de regulación de las acciones colectivas implica un retroceso en relación a las regulaciones y prácticas actuales para asegurar el acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.  

Se debe iniciar un proceso para discutir las dificultades para el acceso a la justicia que enfrentan las organizaciones y personas usuarias de acciones colectivas, de manera que las futuras propuestas de regulación permitan efectivamente ampliar el uso y eficacia de estas acciones.

Comunicado completo de las Organizaciones de la Sociedad Civil

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Durante el mes de abril, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, disertó en el Palacio San Martín en materia de Gobierno abierto, ratificando el compromiso del Estado argentino con las políticas que promuevan el acceso fácil de la información de gestión pública a la ciudadanía. Lo hizo para presentar el lanzamiento del “Estudio OCDE sobre Gobierno Abierto en Argentina”, acompañado por la Secretaria General Adjunta de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la finlandesa Meri Kiviniemi, y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris.

El estudio de la OCDE se realizará a lo largo de este año 2018 y se espera presentarlo al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en abril del 2019. Dicho reporte presentará dos objetivos principales: primero, apoyar la implementación de estrategias e iniciativas de gobierno abierto a través de un análisis profundo del estado actual de las reformas del gobierno nacional enfocadas a fomentar la aplicación de estos principios, tanto en la administración pública nacional como provincial. Como segundo objetivo, intentará acompañar a las provincias argentinas en el proceso de mejorar sus estrategias e iniciativas de gobierno abierto, a través de un enfoque basado en datos y revisión por pares. Dicho proceso de revisión incluirá visitas a tres provincias del país, seleccionadas conjuntamente por la OCDE y el gobierno argentino.

El Gobierno Abierto es una forma de desarrollar políticas públicas de manera abierta, con el objetivo de facilitar el acceso a la información, incentivar la participación ciudadana e intensificar el sistema de rendición de cuentas. Implica una modalidad de gestión pública más transparente, participativa y que mejora la colaboración entre el Estado, el Gobierno y la Sociedad Civil.  Este movimiento tuvo sus orígenes en la Gran Bretaña de los ’70, como un movimiento que buscaba desarticular el secretismo y obscuridad burocrática que regían la política británica. Actualmente está impulsado a nivel internacional por la llamada Alianza de Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para avanzar en la promoción del Gobierno Abierto

Por otro lado, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una organización que agrupa a 35 países, entre los que se encuentran los más importantes centros económicos y financieros, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Ésta ha apoyado las iniciativas de Gobierno Abierto y ha emitido recientemente una Recomendación para que los países, tanto Miembros como no-Miembros que adhieran a la recomendación, adopten e implementen  estrategias e iniciativas  de gobierno abierto que promuevan los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas  y participación  de las partes interesadas en el diseño y entrega de políticas y servicios públicos, de manera abierta e inclusiva.

Argentina tiene una larga historia de relacionamiento con la OCDE, adhiriéndose a múltiples declaraciones y convenciones de la Organización, así como participando de órganos oficiales y el Centro del Desarrollo de la OCDE. Sin embargo, no es Miembro aún y es bien sabido que desde el gobierno nacional se desearía poder conseguir la invitación formal de la Organización para pasar a serlo, o cuanto menos  mantener las mejores relaciones posibles con quienes la integran, puesto que se trata de los países de donde proviene gran parte de la Inversión Extranjera Directa (IED). Por lo tanto, es de gran importancia para el Gobierno someterse a un estudio por la OCDE y que, sobre todo, arroje buenos resultados que puedan mejorar su imagen internacional.

Sin embargo, y más allá de lo que la importancia de este estudio de la OCDE para el gobierno nacional y los resultados que arroje, debe aclararse que aún queda mucho por andar en el camino del gobierno abierto en Argentina. Su aplicación efectiva debe basarse en el acceso abierto y fácil de la información pública por la sociedad civil, pero también debe contener mecanismos adecuados que aseguren que esta sociedad civil pueda participar e interactuar con la toma de decisiones a partir de esta información. Por último, pero no menos importante, entre las medidas debe incluirse las pertinentes a la desburocratización, que faciliten el ejercicio de las dos anteriores.

Partiendo de lo establecido en Tercer Plan de Acción Nacional para el período 2017-2019 lanzado por Ministerio de Modernización y los compromisos que este propone, puede observarse que desde el Estado argentino sólo se ha avanzado en cuanto a la primera característica de un gobierno abierto, la accesibilidad a la información por parte del público general y no sin problemas, como detalla el portal de la Open Government Partership en su sección dedicada a la Argentina.

Vale también aclarar que los movimientos relacionados con hacer efectiva y real la participación de la sociedad civil de momento parecen haberse limitado a actividades de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto y demás jornadas y relevamiento de demandas: lejos del establecimiento eficaz de mecanismos institucionales que se integren a la toma de decisiones. En cuanto a la desburocratización, se han hecho avances de la mano del uso de las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación ligadas a internet para agilizar trámites y consultas desde la sociedad hacia el Estado, como la implementación en 2016 de la Plataforma de Consulta Pública. Sin embargo, aún quedan diversos ámbitos donde la reducción de la burocracia no ha llegado, por no mencionar que aún queda por verse hasta qué punto estas herramientas sean efectivas dentro del camino hacia un gobierno abierto.

Claramente, considerando todo lo anterior, puede afirmarse que, en pos de alcanzar una toma de decisiones en políticas públicas transparente, con participación ciudadana y rendición de cuentas, deben realizarse muchos más avances que hasta ahora. Quizás el anunciado estudio de la OCDE abra una ventana para que organizaciones, expertos y la sociedad en general puedan hacer oír su voz e impulsar las medidas necesarias.

Autor:

Agustín Fernandez Righi

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

El pasado 18 de junio de 2018, dentro del marco del Proyecto AJuV- de Promoción del Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables- de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba – Argentina, se llevó adelante un conversatorio de consulta externa sobre el acceso a la justicia de personas mayores en la provincia de Córdoba, que contó con la participación de numerosas organizaciones que trabajan a nivel local en la promoción los derechos humanos de las personas mayores, incluyendo a FUNDEPS.

El Proyecto AJuV tiene como objetivo desarrollar estrategias de acción contextuales que permitan efectivizar el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad. Estas acciones consisten en: cursos virtuales de capacitación para todo el personal judicial, publicación de compendios normativos con resúmenes en lenguaje sencillo para la difusión social de derechos, eventos de sensibilización para el abordaje de la cultura jurídica en relación a los sectores vulnerables y la elaboración de protocolos de actuación para el personal judicial.

Estos últimos, serán la herramienta de consulta diaria para quienes imparten justicia en casos que involucren personas pertenecientes al grupo en condición de vulnerabilidad.

Con la finalidad de enriquecer el armado de los protocolos, el Conversatorio generó un espacio de comunicación y debate con las organizaciones y actores relevantes para la promoción del acceso a la justicia, dialogando sobre obstáculos, buenas prácticas y recomendaciones transversales a diferentes grupos en condición de vulnerabilidad en Córdoba.

Se espera que este tipo de iniciativa puedan generar índices de medición acerca de los niveles de efectividad de las políticas implementadas y que se establezcan responsables para el seguimiento y cumplimiento de las políticas que garantizan el acceso de la persona mayor a la justicia.

Autora

Laura Alesso

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org 

Las obras del Centro Ambiental de Villa Carlos Paz muestran un avance del 90% y estiman que en 30 días ya estará en funcionamiento. Mientras, continúa la preocupación de los vecinos y vecinas de Malagueño que solicitan medidas concretas para que se efectivicen la recolección diferenciada de residuos así como las campañas de concientización.

El proyecto «Centro Ambiental de Villa Carlos Paz» se está desarrollando en un predio municipal ubicado en cercanía de la Ruta Nacional 20, que lo vincula con la ciudad de Córdoba, donde hoy está funcionando el actual basural a cielo abierto. Procesará la basura de más de 100.00 habitantes de la región que incluye a Villa Carlos Paz y localidades aledañas (Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Cabalango y Malagueño).

En Centro Ambiental está integrado por tres obras: un relleno sanitario para la disposición de los residuos sólidos urbanos, una planta de separación y tratamiento de lixiviados (liquido residual tóxico de la basura) y el cierre del basural a cielo abierto existente desde hace mas 50 años.

Las obras con una inversión total de 188.403.896 pesos, están siendo financiadas a través del Programa de Gestión Ambiental de Municipios Turísticos, que ejecuta el Ministerio de Turismo de la Nación con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Estado Nacional.

La construcción del Centro Ambiental inició a mediados del año 2017 y según expresó Horacio Pedrone, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad de Carlos Paz: «Pensamos que para el segundo semestre de este año, ya tendremos en funcionamiento el nuevo Centro Ambiental de tratamiento de los residuos sólidos urbanos».

Mientras las obras avanzan rápidamente y las autoridades de Carlos Paz anuncian que a fines de agosto se dará inicio a la recolección diferenciada de residuos en la ciudad, a cargo de la empresa Cotreco, en Malagueño reina la incertidumbre y la preocupación.

Al respecto,  se manifiesta que si bien la Municipalidad de Carlos Paz ha anunciado campañas de comunicación y concientización a la comunidad sobre cómo proceder a la hora de separar y recolectar la basura, aún no se observan medidas concretas. Las autoridades de Malagueño por su parte nada dicen al respecto, y teniendo en cuenta que el Centro Ambiental se inaugurará prontamente, los vecinos y vecinas de Villa San Nicolás (Malagueño) temen que el lugar se convierta en un nuevo basural.

El proyecto prevé que una vez finalizada la construcción del Centro Ambiental comenzarían las tareas de cierre definitivo del actual basural a cielo abierto solucionando una problemática que lleva 58 años. Hasta hace poco, incluso continuaban los focos de incendio en el mismo, afectando el humo y los gases tóxicos que emanan del basural al barrio San Nicolás y demás barrios cercanos a la autopista.

Además, durante los últimos meses de diciembre y enero, el basural estuvo ardiendo por más de 80 días, y por ello vecinos autoconvocados organizaron protestas pidiendo que se declare la emergencia ambiental a raíz de la toxicidad que genera el humo de la basura en combustión.

En definitiva, el daño ambiental afecta el aire que respiran los vecinos y vecinas, y debido a las lluvias – que aumentan durante el verano y épocas de turismo -, las cenizas terminan en el dique San Roque que abastece de agua al 70% de la ciudad de Córdoba.

Desde FUNDEPS seguimos este proceso y acompañamos a la comunidad de Villa San Nicolás para que se asegure el respeto de sus derechos a un ambiente sano, a la salud y el acceso a la información y participación ciudadana. Asimismo, y como venimos manifestando desde hace un tiempo, consideramos cuestionable la localización del Centro Ambiental al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua.

Mas información

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/6/14/en-agosto-comenzaria-la-recoleccion-diferenciada-de-residuos-52986.html

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/5/15/asi-es-el-centro-ambiental-donde-se-procesara-la-basura-de-punilla-51764.html

https://lmdiario.com.ar/noticia/43262/malagueno-denuncian-problemas-respiratorios-por-los-incendios-del-basural

Contacto

María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

Gonzalo Rozagon.roza@fundeps.org

El 28 de junio se celebra el día internacional del orgullo LGBT+ en conmemoración a una serie de hechos conocidos como “disturbios de Stonewell” que marcan el comienzo de la lucha por los derechos del colectivo.

Una redada policial que perseguía a personas homosexuales que frecuentaban el bar Stonewall Inn de Nueva York dio lugar a las manifestaciones que, en 1969, fueron el hito más visible e icónico de la época en la lucha de la comunidad LGBT+.

Este 28J encuentra al colectivo continuando y profundizando esta lucha. Las organizaciones travestis y trans celebran esta fecha con la convocatoria a la tercera marcha nacional bajo la consigna: “Basta de travesticidios y transfemicidios”. Habrá movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país.

Dos sucesos importantes acompañan este día. En primer lugar, el fallo inédito e histórico del 18 de junio que condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen contra la activista travesti de derechos humanos Diana Sacayán. Fue la primera vez que la Justicia utilizó el  término “travesticidio” en los expedientes. En la sentencia, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió violencia de género. Por otro lado, el mismo día, la Organización Mundial de la Salud excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales, marcando un gran avance en el reclamo histórico del colectivo LGBT+ por la despatologización total de la transexualidad y de la diversidad humana.

Además, hoy a las 14 hs. se presentará en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca la promoción del empleo formal para personas trans y travestis en el ámbito provincial. Esta iniciativa local se enmarca en Campaña Nacional por la Inclusión Laboral trans y travestis que se lanzó en el año 2016.

En un contexto sociocultural de cada vez más respeto y tolerancia hacia los colectivos oprimidos y las minorías, aún queda mucho por hacer. Si bien no hay cifras oficiales, las organizaciones cuentan más de 40 víctimas de travesticidios y transfemicidos en lo que va del año. También preocupa el promedio de vida de la comunidad trans, que roza apenas los 35 años.

“Salimos a las calles para gritar basta de travesticidios y transfemicidios, basta de crímenes de odio, basta de muertes evitables, basta de exclusión, basta de persecución y criminalización, basta de negarnos el acceso al trabajo, exigimos la ley de cupo laboral en todo el país, por la efectiva aplicación y respeto de la ley de identidad de género, sobre todo en el ámbito de la salud, porque se entregue la medicación a personas viviendo con VIH-SIDA, y por la aprobación de una ley de reparación histórica para personas travestis y trans víctimas de la violencia institucional” manifiestan las consignas en este día del orgullo.

Autora:

Mayca Balaguer

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Tras un año de trabajo de investigación entre FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll, presentamos en Córdoba y Buenos Aires los resultados parciales obtenidos sobre la participación de mujeres y personas LGTBI en las empresas de medios de comunicación, universidades y sindicatos. Las cifras alertan sobre su escasa participación en estos sectores y la necesidad de transformar las rígidas estructuras sindicales y empresariales que dificultan su acceso y permanencia.

En el marco de unas intensas semanas en las que el movimiento de mujeres llenó de color las calles y alzó su voz reclamando derechos durante tanto tiempo postergados, el viernes 8 de junio presentamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación algunas conclusiones que visibilizan la permanencia de violencias de género dentro de uno de los ámbitos que más relevancia tienen en cuanto a su rol social: las empresas de medios.

En esta instancia, se sumaron las especialistas Pate Palero (periodista, integrante de la Red PAR), Silvana Zanelli (periodista y sindicalista CISPREN), Sandra Chaher (periodista y directora de Comunicación para la Igualdad), Rossana Rodriguez (sindicalista SATSAID seccional Córdoba), Paula Morales (docente e investigadora especialista en género y comunicación), Analía Barrionuevo (directora del Programa de Género de la UNC) y Virginia Pedraza (abogada y coordinadora del equipo de género de FUNDEPS).

Durante la charla, se debatió sobre la situación actual de las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI en el acceso a la igualdad de oportunidades profesionales en los medios de comunicación, y sobre los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a los puestos de toma de decisiones y a cargos directivos. También se propusieron posibles acciones para revertir la situación de desigualdad desde distintos espacios como las empresas de medios, sindicatos e instituciones educativas relacionadas a la comunicación y las medidas que puede tomar el Estado para abordar la problemática.

Algunos de estos puntos fueron presentados como resultados de nuestra investigación con el fin de visibilizar los ejes más problemáticos y de ponerlos en discusión durante la jornada.

Techo de cristal: las mujeres que no acceden a  cargos jerarquicos

“(…) En las primeras 1500 empresas que cotizan en Wall Street, hay más directores llamados John, Robert, William o James que mujeres directoras”. (D´Alessandro, 2017, p. 101).

La escasez de mujeres en los cargos de decisión dentro de las empresas, es un rasgo que se vislumbra en muchas de las empresas de América Latina: sólo un 4,2% ocupa direcciones ejecutivas y un 8,5% juntas directivas, mientras que la mayoría de los países la región, las mujeres participan en casi un 30% en cargos gerenciales. Las empresas de medios de nuestro país no escapan a esta tendencia.

De las 30 empresas de medios analizadas en Buenos Aires y Córdoba, las mujeres participan de un 27,72% de la propiedad y de los cargos gerenciales. Sin embargo, este porcentaje se torna más desfavorable en el caso de Córdoba: tan sólo el 12% de las mujeres ocupan estos puestos.

El panorama de los sindicatos refleja cifras igualmente preocupantes. En Córdoba, las dirigencias gremiales de sindicatos que abarcan a trabajadoras/es de medios están ocupadas por un 17,79%. Cifras preocupantes si consideramos que, en el año 2016, las mujeres egresadas de carreras periodísticas constituyeron el 69,04%, pero actualmente sólo conforman el 23,29% de las trabajadoras de los medios analizados en la ciudad de Córdoba.

En cuanto a personas trans, se pudo relevar que sólo una trabaja en medios, lo que evidencia los problemas estructurales que atraviesan a este colectivo y lo convierten uno de los más vulnerados, marginados y precarizados. Las personas trans son las más afectadas porque tienen mayores impedimentos estructurales que les dificulta obtener un trabajo digno y culminar con sus estudios. En algunos medios, hay políticas de inclusión de la diversidad para personas con discapacidad, pero no para personas trans.

Por su parte, los institutos de formación periodística evidenciaron sus falencias en cuanto a asignaturas específicas y obligatorias sobre género y de planes de estudios que contemplen la perspectiva de género como un eje transversal a todos los contenidos.

¿Por qué no hay más mujeres en los cargos jerárquicos de las empresas de medios ni en los sindicatos? ¿Qué barreras componen este techo de cristal que dificulta el acceso de mujeres a estos cargos?

Una de las falencias que se detectó dentro de las empresas de medios analizadas, es la carencia de perspectiva de género y de medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, así como su traducción en políticas institucionalizadas y sustentables que sean capaces de transformar las estructuras laborales. Esto lleva a invisibilizar y reproducir violencias, especialmente la violencia simbólica que es la que atraviesa silenciosa y latente las prácticas cotidianas dentro de las empresas de medios.

Estas violencias se hacen palpables en prácticas como la selección y promoción de personal. La falta de capacitación de las áreas de Recursos Humanos perpetúa violencias naturalizadas dificultando el ingreso, pero particularmente el ascenso de mujeres a puestos de jerarquía. En este marco, el lobby (realizado entre los mismos que ya ocupan cargos jerárquicos, la mayoría, varones) y la falta de criterios claros de promoción, son algunos de los factores que más pesan al momento de seleccionar personal para puestos de decisión.

Otra de las barreras que conforman este techo de cristal, es la división sexual del trabajo y su reproducción hacia el interior de las empresas de medios y sindicatos. Así, las mujeres ocupan cargos feminizados o se encargan de temas “blandos”, ligados a las tareas de asistencia y cuidado (y a la frivolidad) con las que se las ha asociado. Hablamos de mujeres secretarias personales, productoras, en Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, en las redacciones de áreas como salud, espectáculos y género, en Secretarías de Cultura, de Comunicación y de Género. Este tipo de tareas y temas son considerados de menor jerarquía respecto a aquellos en los que predominan los varones.

Esto dificulta que las mujeres accedan a otros que les permitan adquirir experiencia y ascender, incluso a aquellas que tienen una formación profesional superior a la de sus pares varones. De esta manera, el techo de cristal y la división sexual del trabajo imponen roles, estereotipos y prejuicios de género que son internalizados por las mujeres generando un círculo vicioso que afecta a su confianza, autoestima e iniciativa personal que desmotiva y reduce la posibilidad de hacer carrera dentro de estas empresas.

También es sabido que el trabajo en el hogar y la maternidad son los principales andamios que configuran este techo de cristal. Es esta división sexual del trabajo la que permite que los hombres se perpetúen en los espacios laborales, brindándoles más experiencia, oportunidades y posibilidades de crecimiento profesional, pero también sobrecargándolos con las presiones laborales y económicas que esto implica.

Esto es posible porque las mujeres son las más importantes y grandes sostenedoras de un sistema y de un mercado laboral de matriz patriarcal que las obliga a relegar en un segundo plano su carrera profesional para dedicarse a otro trabajo no remunerado: el del hogar. Las  mujeres que son madres y en quienes recaen las tareas de cuidado, demandan mayor flexibilidad a través de licencias extendidas, prácticas como el flex time o home office y la reducción de horas que, en algunos casos, implica una reducción salarial e inseguridad laboral. El resultado: pocas mujeres se presentan a concursos en las empresas de medios o forman parte de listas en los sindicatos para acceder a cargos de mayor jerarquía, tienen menos posibilidades que los varones, y se quedan, en el mejor de los casos, en los mandos medios o en puestos desvalorizados, teniendo salarios inferiores a los de los varones.

Inequidad de género y posibilidades de transformación

Los datos obtenidos de esta investigación demuestran la persistencia de desigualdades estructurales de género que se reproducen dentro de las empresas de medios y de los sindicatos. Sin embargo, estos espacios revelaron, en su mayoría, un claro interés por revertir esta situación. Ahora el interrogante es ¿cómo lograr espacios laborales y de activismo gremial más igualitarios? ¿cómo transversalizar la perspectiva de género en empresas de medios, sindicatos e institutos de formación periodística?

Existen problemas estructurales que le compete al Estado contrarrestarlos. Sin embargo, es importante que haya una articulación y compromiso entre diferentes ámbitos. En primer lugar, es necesario que haya políticas públicas efectivas y con perspectiva de género que aborden y contrarresten las desigualdades estructurales de género.

En segundo lugar, se requieren políticas proactivas por parte de las empresas de medios de comunicación que impliquen la incorporación de perspectiva de género que se logren institucionalizar. Es decir, que se creen oficinas de género desde donde se implementen mecanismos para denunciar los casos de violencia de género, que visibilicen la problemática y le den un correspondiente tratamiento.

En tercer lugar, adquiere importancia la capacitación interna en temas de género, lo que involucra no sólo a sindicatos y empresas de medios, sino a las instituciones educativas dedicadas a la formación de profesionales de la comunicación. Estas instituciones tienen el rol de formar profesionales que luego construirán y comunicarán interpretaciones de realidades. Grandes avances se han visto en materia educativa respecto a la incorporación de la temática de género. Sin embargo, en el caso de Córdoba, si bien se está trabajando, queda pendiente la creación de planes de estudio con perspectiva de género y de materias obligatorias que traten la temática de forma puntual.

Por último, los sindicatos cordobeses deben potenciar su rol de voceros de trabajadoras/es de las empresas de medios, focalizándose en las presiones que deben realizar hacia estas empresas, en cuanto a la oferta de capacitaciones y protección de aquellas y aquellos a quienes representa, a fin de garantizar derechos e impulsar medidas superadoras a las ya existentes. Para que esto sea realidad, es necesario que estos espacios rompan también con sus propias estructuras internas machistas

En definitiva, la mayor presencia de mujeres y personas trans en las empresas de medios y en sindicatos, implica que también se implementen  políticas públicas que apunten a alcanzar una equidad de género, la representación y diversificación y democratización de voces , la igualdad de oportunidades, la transformación en las lógicas sexistasimplicadas en la selección de personal y en el mismo mercado laboral, y la (de)construcción de espacios laborales amigables e igualitarios que eliminen la reproducción de violencias de género y la división sexual del trabajo.

Bibliografía y links:

Para ver el video completo del Conversatorio sobre la igualdad de oportunidades en medios de comunicación: https://www.facebook.com/FUNDEPS/videos/1791850930878652/

Autora:

María Cecilia Bustos Moreschi

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org